Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-17414515-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y, en consecuencia, declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N°09 073 IT14 000630 J, de la firma INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A. en las actuaciones SIGEA N° 12206-13807-2010, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Rechazar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas opuesta por la actora por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 09 073 IT14 000630 J. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
3Revocar la Resolución N° RESOL-2022-8550-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 22/12/2022, en la actuación SIGEA N° 12206-13807-2010. Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-56000887-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 29 de Mayo de 2024 PESCARMONA S.A.
Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2023-17414515--APN-SGASAD#TFN:
“INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A. C/DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”,
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° RESOL-2022-8550-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 22/12/2022, en la actuación SIGEA N° 12206-13807-2010, en cuanto condena a la actora al pago de una multa equivalente a $ 167.849,46 formulándole cargo, así como a la aseguradora SMG CÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S 41.149,66 (Derechos de Exportación, Tasa de Estadística e IVA), atento a encontrarla responsable de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en virtud de la mercadería importada temporariamente mediante destinación N° 09 073 IT14 000630 J, con vencimiento el 25/04/2011.
II. Fundamentos de la apelación: Mediante el IF-2023-17414444-APN-DTD#JGM, en fecha 15/02/2023, se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la resolución antes citada. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos que dieron origen a la causa. A continuación, explica que el procedimiento fue indebidamente llevado por el servicio aduanero, con afectación a la garantía del plazo razonable. Destaca la aplicación supletoria de la Ley N° 19.549 y entiende que la Aduana notificó la resolución apelada fuera del plazo previsto en la ley para exigir el tributo que pretendía percibir. Cita jurisprudencia. Opone que operó la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. En relación al fondo de la cuestión, explica que con las constancias obrantes en las actuaciones administrativas quedó comprobado que se reexportó la totalidad de la mercadería importada mediante la DIT en trato, cuestión que imposibilita reproche infraccional alguno. Subsidiariamente, impugna la liquidación tributaria. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2023-50977916-APN-DTD#JGM, en fecha 05/05/2023, la representación fiscal contesta el traslado del recurso y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Luego de relatar los hechos del caso, formula una negativa general. Defiende la plena vigencia de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer penas. Cita jurisprudencia. En cuanto al fondo de la cuestión, se expide en relación al régimen de excepción al que la importadora se adhirió y a la carga de la prueba. Afirma que no se encuentra acreditada la reexportación ni la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente. Argumenta que la liquidación tributaria es legítima y cita el fallo “Volkswagen Argentina S.A.” de la CSJN. Asimismo, explica la procedencia de la tasa de interés aplicable y de los intereses conforme lo dispone el C.A. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-13807-2010 (archivo embebido al IF-2023-113981689-APN-DTD#JGM) se inician a fs. 1/11 con las constancias vinculadas a la solicitud de cancelación de la destinación. A fs. 12/14 se encuentra el acta de denuncia N° 349/2015. A fs. 16 y 17 se efectuaron el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 25 se instruye sumario, en fecha 23/12/2016. A fs. 26 se formula nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 32 se agrega impresión de pantalla de la consulta de la garantía afectada a la operación y la póliza a fs. 33/34. A fs. 56/57 se dispone correr vista de todo lo actuado (notificada a fs. 40/41). A fs. 42/76 la actora contesta vista y aporta documentación. A fs. 82/87 se adjunta la resolución aduanera apelada (notificada a fs. 88/89). A fs. 90/91 vta. se adjunta el formulario F4 y la actora da cuenta del recurso presentado ante este Tribunal.
V. Que en fecha 27/05/2024, por PV-2024-54815703-APN-VOCXXI#TFN, se elevan los autos a la Sala “G” y, en la misma fecha, pasan a sentencia (IF-2024-54815413-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que, previo a todo, corresponde tratar la excepción de prescripción opuesta por la actora en el escrito de apelación.
Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario (obrante a fs. 25 de las actuaciones administrativas) se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se efectuó, en forma previa a su dictado, el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos (fs. 16/17).
Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 25/04/2011 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2012.
Que en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 23/12/2016, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 22 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 9 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 894/2017) dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (26/12/2016) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 22/12/2022- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 02/02/2023 (Comunicación/notificación 23001NOTI024310H, fs. 88), cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que en relación al cómputo de los plazos prescriptivos, la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, puntualizó que-en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
VII. Que el temperamento a adoptar respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones resulta diferente, a la luz del análisis que a continuación se efectúa.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 25/04/2011 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2012. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 23/12/2016). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 24/12/2016, finalizando el 24/12/2021.
Que ahora bien, el art. 17 de la Ley N° 27.562 dispone la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.”, es decir del 26/08/2020 al 26/08/2021. Que en atención a ello, el nuevo plazo debe computarse desde el 24/12/2016 al 26/08/2020 y luego reiniciar el cómputo a partir del 26/08/2021. En efecto, del 24/12/2016 al 26/08/2020 transcurrieron 3 años, 8 meses y 2 días.
Es decir que del plazo quinquenal restaban cumplirse 1 año, 3 meses y 29 días los que debían computarse una vez que cesara la suspensión de la ley citada. Posteriormente, del 26/08/2021 a la fecha del dictado de la resolución aduanera apelada (22/12/2022) transcurrió 1 año, 3 meses y 25 días.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones y, como consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
VIII. Que debiendo abordar el fondo de la cuestión, cabe determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
IX. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
X. Que el Decreto N° 1330/04- a cuyo amparo se autorizó la operación en trato- establece que la mercadería “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6)
Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Por razones debidamente justificadas, el mencionado Organismo podrá autorizar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, cuando la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA comunique que el usuario ha presentado un informe técnico preliminar respecto del proceso de perfeccionamiento industrial involucrado, conforme las condiciones que establece el presente decreto. A los fines enunciados, los beneficiarios deberán contar con un dictamen o informe técnico elaborado por un organismo científico o tecnológico, cuya especialización y competencia sea acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación que se solicite. La Autoridad de Aplicación dispondrá los procedimientos y requisitos técnicos-administrativos para la implementación de lo establecido en el presente artículo.” (Art. 15)
XI. Que analizada la documentación obrante en las actuaciones administrativas, en particular los permisos de embarque agregados a fs. 50/71 y el CTC N° 6632/2009 (fs. 72/76) se desprende que la mercadería importada mediante la destinación en trato “manufacturas de hierro o acero” (400 unidades), bajo la P.A. 7326.90.00 fue debidamente reexportada a través de los permisos de embarque Nros. 09 038 EC03 008776 G, 09 084 EC03 000448 S, 10 038 EC03 000606 F y 10 038 EC03 001971 L, oficializados en fechas 17/11/2009, 19/08/2009, 20/01/2010 y 05/03/2011, es decir, antes del vencimiento de la DIT. Cabe precisar que los cuatro permisos tienen la P.A. 8410.90.00, y a través de ellos, la actora reexportó la mercadería, ya que todos cuentan con la hoja de descarga, de la cual surge la referida destinación y el CTIT antes aludido.
Que ello fue explicado en forma detallada por la actora en el punto “iv.3. Acredita reexportación de los insumos” del recurso de apelación (IF-2023-17414444-APN-DTD#JGM) y se ve reflejado en el cuadro incluido en la página 8.
Que, con relación al CTIT, resulta aplicable para el producto importado bajo la P.A. 7326.90.00 (coincidente con la de la DIT bajo análisis) y para el producto exportado bajo la P.A. 8410.90.00. Que, en cuanto al contenido del informe adjunto a fs. 78 (Nota N° 1066/2022 – SE OPRE) que, a su vez, remite y ratifica los términos de la denuncia de fs. 13, no se advierte que exista la alegada imposibilidad de determinar el insumo final en el CTIT (Cfr. acta de denuncia de fs. 13 que reza que no se puede determinar la reexportación del producto importado “…POR NO ENCONTRARSE TIPIFICADO EN INSUMO FINAL EN EL C.T.I.T.-”)
Que, por el contrario, los insumos empleados coinciden con los códigos Nros. 78194, 78551, 78604 y 78196 cuya descripción es “buje autolubricado” que responde a la P.A. de la mercadería importada por la destinación en trato (P.A.7326.90.00) y en él también se determina la relación insumo-producto, siendo el producto final el del Código 691-042 (P.A. 8410.90.00) que es la incluida en los permisos de embarque tenidos en consideración y aportados por la actora en oportunidad de contestar la vista conferida.
XII. Que a todas luces corresponde tener presente que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, de aplicación supletoria, dispone (artículo 7°) cuáles son los requisitos esenciales del acto.
Que entre ellos podemos encontrar la causa, es decir, los antecedentes de hecho y de derecho; el objeto que debe ser cierto, física y jurídicamente posible y decidir todas las peticiones formuladas y la motivación, entendida como la expresión de las razones que llevan al órgano a su dictado. Que en relación a este requisito, la jurisprudencia de la CSJN y destacada doctrina ha enfatizado que no se trata de un mero rigorismo formal, sino que posee una relación estrecha con el principio de juridicidad y con el debido derecho de defensa, ya que permite al administrado conocer las razones fácticas y jurídicas que lo sustentan. Se erige como una exigencia propia del sistema republicano de gobierno (Cfr. Sacristán, Estela, “La Motivación como requisito esencial del acto administrativo”, en Ediciones RAP, Acto Administrativo y Reglamento, 2002).
Que la resolución aquí puesta en crisis no cuenta con fundamentos suficientes que sustenten válidamente la configuración de la infracción endilgada, máxime cuando la actora aportó al momento de contestar la vista conferida, la documentación aduanera que acredita la reexportación total de la mercadería, en los términos expuestos en el considerando precedente.
Que, más allá de la mera alusión al informe técnico y a la denuncia a la que aquel remite, no se advierten elementos en el acto administrativo puesto en crisis que den cuenta del incumplimiento del régimen de importación temporal al que la actora se adhirió.
Que por todo lo expuesto, no cabe más que revocar la resolución objeto del recurso, con costas a cargo del Fisco.
Que, en virtud de todo lo expuesto, VOTO POR:
1).- HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por la actora y, en consecuencia, declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N°09 073 IT14 000630 J, de la firma INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A. en las actuaciones SIGEA N° 12206-13807-2010, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- RECHAZAR la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas opuesta por la actora por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 09 073 IT14 000630 J. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
3. REVOCAR la Resolución N° RESOL-2022-8550-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 22/12/2022, en la actuación SIGEA N° 12206-13807-2010. Costas a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por la actora y, en consecuencia, declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N°09 073 IT14 000630 J, de la firma INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A. en las actuaciones SIGEA N° 12206-13807-2010, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- RECHAZAR la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas opuesta por la actora por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 09 073 IT14 000630 J. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
3. REVOCAR la Resolución N° RESOL-2022-8550-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 22/12/2022, en la actuación SIGEA N° 12206-13807-2010. Costas a cargo del Fisco.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2024.05.29 09:44:48 ART Date: 2024.05.29 11:24:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.29 11:24:48 -03:00
Fin de la sentencia