Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-108710093-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Nº 264/2023 (AD CAMP) recaída en el expediente SIGEA N° 13289-9338- 2005 y hacer lugar al reclamo de repetición formulado por PBBPOLISUR S.R.L. de acuerdo a lo dispuesto en el considerando XI.- de la presente, con más los intereses devengados desde el 30/03/2005 hasta la fecha de la efectiva puesta a disposición de los fondos, en los términos del art. 811 del C.A.
2Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-23506474-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 5 de Marzo de 2024 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Miguel N. Licht para dictar sentencia en el expediente EX-2023-108710093--APN-SGASAD#TFN: “ PBBPOLISUR S.R.L. c/ DGA s/RECURSO DE APELACION”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Determinar si la Resolución N° 264/2023 (AD CAMP) dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de Campana, recaída en el expediente SIGEA N° 13289-9338-2005, se ajusta a derecho en cuanto no hace lugar al procedimiento de repetición por la suma de U$S 1.553,66, en concepto de derechos de importación, respecto de la destinación 04 008 IC04 001809 Z.
II.-Fundamentos de la apelación: Que mediante el RE-2023-108708640-APN-SGASAD#TFN la actora se presenta, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la resolución aludida. A continuación, desarrolla sus agravios. En primer lugar, afirma que el arancel externo común (en adelante, AEC) debió haber sido eliminado una vez vencido el plazo establecido en la Decisión CMC N° 67/00, es decir el día 01/01/03, atento que la misma corresponde a la última norma con plazo de vigencia internalizada por nuestro país. Agrega que la tácita prórroga de dicho arancel resulta violatorio de normas internacionales (Tratado de Asunción y al Protocolo de Ouro Preto), así como del principio de legalidad. Aduce que ello convierte al importe pagado en demasía en ilegítimo e incausado, razón por la cual solicita su devolución, así como de los correspondientes intereses. En el mismo sentido, recuerda los fines de creación del MERCOSUR y de los procedimientos necesarios para poder validar la creación de un tributo aduanero. Explica que existe un impedimento para nuestro país en la aplicación del aumento del 1,5% del AEC luego del 31/12/2003. Cita jurisprudencia. Solicita la revisión e inaplicabilidad de la doctrina de la CSJN en el caso “Cencosud”. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y peticiona que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: En fecha 28/12/2023 la representación fiscal contesta el traslado del recurso (IF-2023-153876619-APN-DTD#JGM) y acompaña las actuaciones administrativas. Inicialmente, por imperativo procesa, niega todos y cada uno de los hechos y afirmaciones esgrimidas por la actora. Se opone a la solicitud de devolución impetrada por la recurrente, y explica que, mediante Nota Nº 558/05 la Dirección de Asesoría Legal Aduanera ha sostenido que las directivas de la Comisión de Comercio de Mercosur, así como las resoluciones y decisiones del Grupo Mercado Común del Consejo Mercado Común respectivamente, no integran el derecho positivo nacional, sino que deben ser internalizadas por medio del procedimiento previsto en la legislación interna de cada país. Desconoce los montos reclamados y solicita la aplicación de la doctrina de la CSJN en el precedente “CENCOSUD”. En relación a los intereses, afirma que la tasa de interés aplicable fue fijada por una resolución del Ministerio de Economía, siendo improcedente fijar una diferencial. Cita jurisprudencia. Finalmente ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
IV. Pruebas acumuladas: A fin de resolver la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, se considerarán, principalmente, las constancias obrantes en las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-9338-2005 (archivo embebido al IF-2023-153874586-APN-DTD#JGM).
V. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas se inician con el pedido de repetición incoado por la actora (en fecha 30/03/2005), en relación a los montos abonados vinculados a la DI N° 04 008 IC04 001809 Z, cuyas constancias obran a fs. 47. A fs. 16 la Aduana de Campana decidió que no correspondía la devolución solicitada (Nota N° 1620/2010 – DE OABA). A fs. 17/18 se agrega el Dictamen N° 97/11 (DV DRTA). A fs. 53 y vta. se encuentra la resolución aduanera apelada.
VI. En fecha 22/02/2024 se elevan las actuaciones a la Sala “G” (PV-2024-18932002-APN- VOCXXI#TFN) y en fecha 26/02/2024 (IF-2024-20029447-APN-VOCXXI#TFN) pasan a sentencia.
VII. La actora, mediante la destinación antes citada oficializada en la Aduana de Campana (09/08/2004) documentó la importación para consumo de diversas mercaderías, por las cuales el S.I.M liquidó automáticamente en concepto de derechos de importación de extrazona – rubro que aquí interesa – la alícuota del 13,5 % y esos tributos fueron efectivamente abonados por la actora (conforme consta en la documentación de la destinación en cuestión, en los cuales se detalla la letra “P” en el rubro “derechos importación” liquidados por el SIM, sin que ello haya sido objeto de observación alguna, en esta instancia, por parte de la demandada).
Que, no encontrándose previsto a la fecha de los registros, otro procedimiento idóneo a efectos de cuestionar la liquidación tributaria que automáticamente practica el S.I.M. más que con la información aportada por el documentante, la recurrente presentó la solicitud de devolución de los importes que consideraba abonados en demasía, fundando su pedido de repetición en sus presentaciones que lucen agergadas en las actuaciones administrativas.
VIII. Que, a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, sigo lo expresado por el Dr. Krause Murguiondo (con varias citas de dichos de la Dra. García Vizcaíno) en diversos votos de su autoría, en sendas causas de cuestiones estrictamente análogas a la de estos autos (criterio totalmente aplicable, “mutatis-mutandi” al caso de autos).
Que en tal sentido dice el Dr. Krause Murguiondo: “Que, conviene recordar que el Tratado de Asunción, aprobado mediante la ley 23.981, en su art. 1 dispone que el Mercado Común implica 'la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países...; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales; la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes...; el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración' -el destacado me pertenece-, y se funda en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes -art 2º-”.
“Que el Protocolo de Ouro Preto, aprobado el 17/12/94 y vigente desde el 15/12/95 para los cuatro países integrantes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de dicho Tratado – del que forma parte integrante –, y en atención a la dinámica implícita en todo el proceso de integración, reguló una nueva estructura institucional del Mercosur para el cumplimiento de los objetivos propuestos, creando nuevos órganos, precisando y ampliando la competencia de los existentes. En su art. 2, dispuso que los órganos con capacidad decisoria, de naturaleza intergubernamental, son el Consejo del Mercado Común (C.M.C.), el Grupo Mercado Común (G.M.C.) y la Comisión de Comercio del MERCOSUR (C.C.M.)”.
“Que como ya fuera sostenido en diversos precedentes, entre ellos en los expedientes Nº 22.780-A y 22.565-A, ambos caratulados 'Sancor C.U.L. c/D.G.A. s/recurso de apelación', dictados con fecha 30/04/08 y 22/04/08, respectivamente, el suscripto considera que las cláusulas de este Tratado son meramente programáticas, compartiendo en dicho aspecto lo sostenido por la Dra. Catalina García Vizcaíno en la sentencia dictada con fecha 12/08/05 en el expediente Nº 18.476-A, de igual carátula, aún cuando en dichos precedentes se debatiera sobre la procedencia de la imposición de derechos de exportación, por parte de nuestro país, para el comercio intrazona con los demás Estados parte del Mercosur”.
“Que la solución no cambia en el presente caso, por cuanto el marco normativo invocado por las partes para resolver el fondo del asunto, involucra normas emanadas de un órgano creado en función del citado Tratado, referidas al Arancel Externo Común, herramienta por la cual se fija de común acuerdo entre los Estados partes del Tratado, el sistema arancelario con relación a las importaciones de terceros países”. “Que en los precedentes citados quien suscribe ha sostenido que por el art. 31 de la Constitución Nacional Argentina se establece el principio de jerarquía de las normas, al disponer: '...Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación ...'”.
“Que la reforma de 1994, en el art. 75 inc. 22, especifica que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. A su vez el inc. 24 del art. 75 se refiere a los tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a entidades supraestatales, en las condiciones allí establecidas, reconociendo a las normas que se dicten en su consecuencia jerarquía superior a las leyes”.
“Que respecto al mentado principio, la Dra. María Angélica Gelli, en su libro 'La Constitución de la Nación Argentina, Segunda edición ampliada y actualizada' Ed. La Ley del año 2003, (pag.593) opina que 'la reforma constitucional, dispuso expresamente que todos los tratados están por encima de las leyes, sean bilaterales; multilaterales, acuerdos de integración o Concordatos con la Santa Sede...'. Asimismo, al comentar el art.75 inc. 24 (pág. 600) manifiesta respecto de la Integración Supraestatal, la jerarquía y los alcances que 'El fenómeno de integración supraestatal en diversos niveles, supone una transformación de la soberanía tal como se la concebía cuando nacieron los estados nacionales en el siglo XV y que se definían a si mismos con relación a la extranjería representada por las otras naciones...'”. “Que sin perjuicio de la supremacía de los tratados internacionales, derivado de las normas constitucionales precitadas, cabe señalar, que no se advierte de la estructura institucional dada al Mercosur que los estados partes cedan o deleguen competencias pertinentes a favor de organismos comunitarios que, con su accionar independiente posibiliten la operatividad de las decisiones adoptadas en su seno”. “Que el Dr. Basaldúa ('Mercosur y derecho de la integración', Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, págs. 573, 654 y ) explica al respecto que el carácter intergubernamental atribuido a los órganos con capacidad decisoria – que resultaba igualmente de la integración dispuesta para cada órgano –, implica que al no tratarse de órganos supraestatales, las normas que dictan no constituyen tampoco un derecho supraestatal que se imponga por sí mismo a las normas de los Estados miembros del Mercosur, careciendo, en principio, de aplicación directa, por lo que deben ser receptadas o incorporadas al orden jurídico de cada Estado Parte mediante el procedimiento que corresponda a la naturaleza de la norma de que se trate, siguiendo el procedimiento previsto a tal efecto en cada caso, conforme lo expresa el art. 42”. “Que, además, el sistema de adopción de decisiones previsto en el art. 37 de dicho Protocolo, así como la normativa emanada tendiente a regular la incorporación de la normativa MERCOSUR al ordenamiento interno de cada Estado Parte (entre ellas Decisiones C.M.C. 23/00, 20/02) corrobora lo hasta aquí expuesto”.
“Que, tal como lo señala Dra. Catalina García Vizcaíno, citando a Cassagne ('Derecho Administrativo' – homenaje a Miguel S. Marienhoff –, Buenos Aires, 1998, Lexis Nexis nº 1701/001026), 'el derecho tributario originario del MERCOSUR está conformado por el Tratado de Asunción y los Protocolos de Brasilia y Ouro Preto y sus anexos (cabe agregar el Protocolo de Olivos)... no puede asimilarse a una constitución frente al déficit institucional del MERCOSUR, que no es todavía una integración comunitaria...' concluyendo que si bien es un tratado fundacional, reviste los caracteres de un Tratado marco, por el cual se establecen 'los mecanismos y parámetros esenciales para llegar a la formación de un mercado común entre las partes, aunque por una vía evolutiva y dinámica a la que los tratados sólo otorgan ciertas bases institucionales flexibles'”.
“Que, en consecuencia, se considera que el derecho derivado, constituido por las normas dictadas por los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, en la realidad operativa del Mercosur que le reconoce a dichos órganos el carácter de intergubernamentales, no reviste carácter supraestatal con la jerarquía reconocida, en virtud de la reforma constitucional del año 1994, por el inc. 24 del art. 75 de nuestra Constitución Nacional”.
“Que, sentado lo expuesto, cuadra reseñar que mediante el Decreto 2275/94 (B.O. 30/12/94), nuestro país incorporó al orden jurídico nacional la Decisión 22/94 adoptadas en el ámbito MERCOSUR, por el Consejo del Mercado Común, relativa a la adopción de un Arancel Externo Común y 24/94, relativa al Régimen de Adecuación”.
“Que a partir de allí se sustituyó la Nomenclatura del Comercio Exterior (N.C.E.) y se adoptó, en el orden nacional, la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que figura como Anexo I al mencionado Decreto, vigente desde el 1º de enero del año 1995, que contiene los niveles arancelarios tanto para el comercio intrazona – Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera –, como para el de extrazona, con su correspondiente arancel externo común, derechos de importación y reintegros, de conformidad a lo acordado con los restantes países miembros del MERCOSUR que adoptaron procedimientos idénticos a tal fin”.
“Que, por el Decreto 998/95 (B.O. 29/12/95, vigente desde el 1º de enero de 1996), que modificó al Decreto 2275/94, se contempla la aprobación del Arancel Externo Común (A.E.C.) basado en la Nomenclatura Común del MERCOSUR, ajustándose a la II Enmienda de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, adoptada por el Consejo de Cooperación Aduanera (Organización Mundial de Aduanas)”.
“Que por la Decisión 15/97 del Consejo Mercado Común, de fecha 15/12/97, se aprobó, transitoriamente, a partir de 1998, el incremento, general y uniforme, del Arancel Externo Común en tres puntos porcentuales, autorizando a los Estados Parte a disponer la modalidad y extensión del incremento al momento de la incorporación de dicha Decisión a los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales y disponiendo que su vigencia no podía extenderse mas allá del 31/12/00. A tal efecto, en el ámbito interno, se dictó la Resolución MEyOSP 12/98 (B.O. 08/01/98), por la que se dispuso ajustar el D.I.E. correspondiente a todo el universo arancelario de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), con algunas excepciones y aclaraciones, elevándolo en un 3%, hasta el 31/12/99, luego prorrogado hasta el 31/12/00 mediante la Resolución ME 21/99 (B.O. 30/12/99)”.
“Que, a su turno, por la Decisión C.M.C. 67/00, se mantuvo para el año 2001 – desde el 01/01/01 y por un período máximo de dos años –, el incremento transitorio previsto en la Decisión C.M.C. 15/97, reduciendo la alícuota a 2,5 puntos porcentuales, exigiendo su incorporación a los ordenamientos jurídicos de los Estados parte antes del 31/01/01. Dicha decisión fue adoptada en el ámbito interno, en el plazo convenido, mediante el dictado de la Resolución MEyOSP 1088/00 publicada en el Boletín Oficial con fecha 02/01/01, sin que se prevea expresamente la fecha de finalización de su vigencia”.
“Que por la Decisión C.M.C. 6/01, se redujo el incremento transitorio del A.E.C. en un punto porcentual para el año 2002 – quedando fijado en 1,5% –, previendo que podría aplicarse el mismo desde el 01/1/02 y que los Estados parte debían incorporarla antes del 31/12/01. En el ámbito interno, con fecha 26/04/02, el Poder Ejecutivo Nacional dicta el Decreto 690/02 (B.O. 02/05/02), por el cual, entre diversas medidas, se dispuso ajustar el texto de la N.C.M. a la modificaciones introducidas por la III Enmienda a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (conforme Resolución G.M.C. 65/01), sustituyendo el Anexo I del Decreto 2275/94, modificado por el Decreto 998/95, y adoptar el referido incremento para todas las las posiciones arancelarias de dicha Nomenclatura, con las excepciones allí previstas”.
“Que, conforme a las modificaciones dispuestas por el citado decreto, referidas a la estructura de la N.C.M. así como al nivel del arancel externo común, de su Anexo I surge que para la posición arancelaria que aquí nos ocupa, 3105.40.00.190R, se preveía un derecho de importación extrazona discriminado en un 6% correspondiente al A.E.C. y en un 1,5% correspondiente al incremento transitorio del mismo. La alícuota del 7,5% fue la liquidada por el S.I.M., al tiempo del registro del D.I. Involucrado”. “Que, finalmente, en lo que hace a la cuestión debatida en autos, la Decisión C.M.C. 21/02, del 06/12/02, dispuso prorrogar el incremento fijado en 1,5% por la decisión antes citada para el año 2003 (concretamente hasta el 31/12/03), estableciendo en su art. 4, que dicha norma debía ser incorporada a los ordenamientos jurídicos nacionales de cada Estado parte antes del 31/01/03”.
“Que la Resolución MEyP 603/03 (B.O. 23/12/03), vigente desde el 24/12/03, en su art. 2, dispuso mantener, sin límites temporales, el incremento transitorio del art. 3 del decreto 690/02 para las posiciones arancelarias de la N.C.M., detalladas en su Anexo I”.
“Que merece destacarse que entre las consideraciones efectuadas para su dictado se encuentra expresamente referenciada la Decisión C.M.C. 21/02, por la cual se acordó prorrogar hasta el 31/12/03, se reitera, la vigencia del incremento transitorio del Arancel Externo Común – y, en consecuencia, del D.I.E. – establecido por las Decisiones 15/97, 67/00 y 6/01 del Concejo del Mercado Común”.
“Que, en efecto en sus considerandos se expresa 'Que por la Decisión Nº 21 de fecha 6 de diciembre de 2002 del Consejo del Mercado Común se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2003 la vigencia del incremento temporario del Arancel Externo Común establecido por las Decisiones Nº 15 de fecha 15 de diciembre de 1997, Nº 67 de fecha 14 de diciembre de 2000 y Nº 6 de fecha 22 de junio de 2001 del Consejo del Mercado Común'”.
“Que la interpretación lógica y razonable de dicha norma lleva a concluir que todos los bienes que clasifiquen en posiciones arancelarias comprendidas en su Anexo I resultan alcanzados por el incremento transitorio del AEC dispuesto en el art. 3 del Decreto 690/02, sin que se contemplen excepciones respecto del resto del universo arancelario que, paralelamente, se encuentren consignados en el Anexo II de dicho Decreto” (el subrayado me pertenece).
“Que la posición 3105.40.00.190R, por la que se clasificó la mercadería importada en la destinación que nos ocupa, no fue incluida en el listado que conforma el Anexo I de la Resolución MEyP 603/03, de lo cual no cabe sino inferir que, para todas aquellas posiciones que no fueron expresamente individualizadas en el citado Anexo se dejó sin efecto el incremento transitorio del AEC, en un 1,5%, conforme había sido acordado en la Decisión C.M.C. 21/02”.
“Que basta lo hasta aquí señalado para concluir que la mercadería importada para consumo por la operación de importación aquí involucrada se encuentra exceptuada del incremento del A.E.C.” “Que la interpretación que efectúa la demandada, en cuanto expresa que el incremento transitorio del AEC fue recién dejado sin efecto mediante el dictado de la Resolución MEyP 607/04 (B.O. 6/9/04) deja sin sustento la previsión contenida en la resolución del año 2003 antes citada, ello es, la discriminación contenida en dicho anexo respecto de la mercadería que continuaba alcanzada por el incremento. Por lo demás, merece destacarse que la demandada omite considerar que la Resolución 603/03 se refirió al incremento en trato”.
“Que la solución a la que se arriba, resulta conforme a reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema, que prescribe que las normas jurídicas deben ser interpretadas siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 296:372; 297:142; 300:1080, entre muchos otros)”.
“Que, ello así, el art. 1 de la Resolución MEyP 607/04, en cuanto dispuso 'Déjase sin efecto el incremento transitorio de UNO COMA CINCO (1,5) puntos porcentuales aplicables al Arancel Externo Común (A.E.C.) y al Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) dispuesto, respectivamente, por el Artículo 3 del Decreto N° 690 de fecha 26 de abril de 2002 y por el Artículo 1 de la Resolución N° 12 de fecha 6 de enero de 1998 del ex – MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, sus normas modificatorias y complementarias', sólo pudo referirse, a las mercaderías correspondientes a las posiciones insertas en la Resolución 603/03, que eran las únicas a cuyo respecto se habría mantenido el incremento del art. 3 del Decreto 690/02” (el subrayado es propio).
IX. Que, siguiendo el criterio expuesto en el capítulo antecedente elaboro el siguiente cuadro:
X. Que por lo hasta aquí expuesto, se concluye que a la fecha de registro de la destinación indicada en el cuadro precedente, no se encontraba vigente el incremento transitorio del arancel externo común, equivalente al 1,5%, por no estar incluida la mercadería en el Anexo I de la Resolución MEyP 603/03 (B.O. 23/12/03). En consecuencia, el pago efectuado por la importadora por dicho rubro y en el referido porcentaje “con” incremento (esto es, 13,5%) en la destinación mencionada constituye un pago efectuado sin causa al Fisco (en cuanto al porcentaje de 1,5% en cada una de dichas alícuotas) y, como tal, torna procedente la devolución reclamada.
XI. Que, cabe poner de relieve que en el caso de autos, los tributos cuya restitución se admitió precedentemente, fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 23.905. En consecuencia, conforme la doctrina esbozada por nuestro Máximo Tribunal “...la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues - de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos en los términos del Decreto 214/02 (...) el art. 809 del Código Aduanero -que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamenteestablece expresamente que la Aduana 'devolverá directamente los importes que hubiere percibido indebidamente en concepto de tributos' (el subrayado no corresponde al original). En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco una deuda en dólares” (CSJN, “Cencosud S.A. (TF 29535-A) vs. Dirección General de Aduanas”, 15/05/2014).
Que, por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la repetición presentada por la actora mediante la Actuación SIGEA Nº 13289-9338-2005, respecto de la DI 04 008 IC04 001809 Z.
XII. En virtud de las consideraciones expuestas, VOTO por:
1. REVOCAR la Resolución Nº 264/2023 (AD CAMP) recaída en el expediente SIGEA N° 13289-9338- 2005 y hacer lugar al reclamo de repetición formulado por PBBPOLISUR S.R.L. de acuerdo a lo dispuesto en el considerando XI.- de la presente, con más los intereses devengados desde el 30/03/2005 hasta la fecha de la efectiva puesta a disposición de los fondos, en los términos del art. 811 del C.A.
2. Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. REVOCAR la Resolución Nº 264/2023 (AD CAMP) recaída en el expediente SIGEA N° 13289-9338- 2005 y hacer lugar al reclamo de repetición formulado por PBBPOLISUR S.R.L. de acuerdo a lo dispuesto en el considerando XI.- de la presente, con más los intereses devengados desde el 30/03/2005 hasta la fecha de la efectiva puesta a disposición de los fondos, en los términos del art. 811 del C.A.
2. Costas a cargo del Fisco.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Miguel Nathan Licht, por encontrarse en uso de licencia la Dra. Claudia B. Sarquis (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2024.03.05 18:30:49 ART Date: 2024.03.05 20:42:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.05 20:43:50 -03:00
Fin de la sentencia