Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2023-31220584-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias apelada en autos conforme se determina en los Considerandos de la presente. Costas a la recurrente en proporción de la atribución de la cuenta que en cabeza de ellos se hace en la presente sentencia.
2Confirmar la sanción apelada, reduciendo la misma al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
3Ordenar al Fisco Nacional que practique reliquidación de los montos que resulta adeudar el recurrente, en función de lo expuesto en la presente.
Y
I. Que a fs. 40/68vta. se interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 168/2015 de la AFIP-DGI, de fecha 19/6/2015, en virtud de la cual se determinó de oficio la obligación tributaria del recurrente frente al Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2006, con más intereses resarcitorios.
Señala que el ajuste determinado se sustenta en la atribución al contribuyente de la titularidad de una cuenta en una entidad financiera en Suiza. Sostiene que la postura fiscal carece de la precisión y fundamentos que exige la ley para iniciar un procedimiento de determinación de oficio.
Plantea en primer término la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar el período fiscal 2006. En segundo lugar, señala que desde el año 2002 es un residente de la República Oriental del Uruguay con lo cual el Fisco carece de jurisdicción y competencia para determinar impuesto sobre rentas y bienes ubicados en el exterior, por ser de fuente extranjera.
Plantea la nulidad de la vista corrida en sede administrativa lo cual, a su criterio, obstaría a la pretensión de aplicar la suspensión del término de prescripción contemplado en el artículo agregado a continuación del artículo 65 de la Ley Nº 11.683. Entiende que es nula la resolución toda vez que la vista debe incluir las impugnaciones o cargos proporcionando un detallado fundamento de los mismos, lo que considera que no ocurre en estas actuaciones. Plantea además la nulidad del posible origen de la prueba inexistente.
Subsidiariamente, plantea que en el anexo I de la resolución apelada se omite deducir en el cálculo del impuesto el mínimo no imponible de $6000 por lo que el impuesto a ingresar sería de $205.673,14. Se agravia de la sanción aunque el acto determinativo no aplique la misma y solicita se revoque la determinación apelada, con costas.
II. Que a fs. 80/101 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto. Sostiene la procedencia del ajuste, señalando que el actor durante el año 2006 permaneció en nuestro país, saliendo del mismo en dos oportunidades por breves períodos de tiempo, razón por la cual en función de lo normado por el artículo 125 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y artículos 165 (III) y 165 (IV) de su Decreto reglamentario, toda vez que el actor transcurrió más tiempo viviendo en el país que en el Uruguay, debe considerarse al mismo como una persona física residente en el país, encuadrando en el artículo 1, inciso a), de la ley del gravamen. Expresa que la prescripción planteada por el recurrente es improcedente. En cuanto al planteo de nulidad articulado por el actor señala que la resolución da cuenta del origen de los cargos, de la información financiera y bancaria solicitada en el marco del Convenio con la República Francesa. Sostiene que surge del acto apelado que se puso en conocimiento del contribuyente que la información se recibió en soporte magnético de aquél país y en el marco del convenio citado. Asevera que también de la resolución de vista surge que en la misma constan claramente las causas que han dado origen a la pretensión fiscal y la metodología utilizada para su cuantificación y su sustento legal.
Se manifiesta a favor de la validez de la prueba recabada por el Fisco. Afirma la procedencia de la determinación de oficio por verificarse en el caso un incremento patrimonial no justificado, sin que la actora haya probado que las sumas de dinero existentes en la cuenta bancaria descubierta no sean de su titularidad o que no correspondan a ingresos gravables. Sostiene igualmente la procedencia de los intereses resarcitorios reclamados. Por último, advierte la improcedencia del descargo infraccional efectuado por la actora, toda vez que los mismos son abstractos a la fecha desde que la calificación de la conducta ha quedado suspendida hasta tanto recaiga sentencia definitiva en sede penal. Solicita se confirme la determinación de oficio, con costas.
III. Que a fs. 104 se rechazó la prueba ofrecida en autos por el recurrente, se elevaron los autos a consideración de la Sala “B”, se los llamó para sentencia y a fs. 121/125 el Tribunal dictó sentencia, declarando la nulidad del acto apelado, con costas.
IV. Que, apelada la sentencia por el Fisco Nacional, el 24/02/2023 la Excma. Cámara resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto en cuanto fuera materia de agravio y revocó el pronunciamiento apelado que declaró la nulidad de la resolución A.F.I.P. – D.G.I. (DV RR1P) Nº 168/2015, disponiendo que se dicte –por intermedio de quien corresponda– un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión ventilada en estos autos, y dispuso las costas de ambas instancias en el orden en que fueron causadas (cfr. arts. 68, 2da. parte y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.-).
V. Que, devueltas las actuaciones por la Alzada, la Sala D de este Tribunal solicita el expediente para su acumulación con el EX-2023-31220584-APN-SGAI#TFN. Ello así, mediante Acuerdo Plenario del 28/02/2024 se resuelve la acumulación a las presentes actuaciones de dicho Expediente, de igual carátula.
En el marco de esas actuaciones, a través del RE-2023-31218802-APN-SGAI#TFN la recurrente apela la Resolución Nº 108/2022 (DV RR1P) del 15/12/2022, mediante la que se impone al contribuyente sanción de multa en los términos del art. 46 de la Ley 11.683 (t.v.) graduada en tres veces el impuesto a las ganancias, período fiscal 2006 dejado de ingresar.
Plantea la prescripción de la acción para aplicar la multa, toda vez que entiende que el Fisco Nacional se excedió de los 180 días de suspensión de la prescripción, desde que quedara firme la sentencia penal. A su criterio, la acción para aplicar la multa prescribió el 13/12/22, mientras que la notificación de la misma ocurrió el 15/12/22. Sostiene que la determinación de oficio que originó la sanción ha sido declarada nula por lo cual no existe omisión de impuesto a las ganancias por el año 2006 y por consiguiente, tampoco una base imponible de impuesto. Así, entiende que el acto de imposición de la multa carece de uno de los elementos esenciales para imponer la sanción.
A través del IF-2023-51456856-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto en relación a la multa.
Respecto del planteo de prescripción de la actora, señala que la denuncia penal fue interpuesta por la Subdirección General de Fiscalización de AFIP el 26/11/2014 y la comunicación de la sentencia del juzgado penal económico Nº11 donde se resolvió sobreseer al Sr. Natalio Garber fue efectiva el 30/03/22. Por ello, entiende que además teniendo en cuenta que quedaron 36 días pendientes de la prescripción original (contados desde la fecha de interposición de la denuncia penal 26/11/2014 al 31/12/2014) la prescripción para aplicar la sanción que quedara suspendida en el art. 3º de la resolución determinativa de oficio del 19/06/2015, prescribía el 2/02/2023 y no el 15/12/2022 como expusiera el recurrente.
En relación a la sanción, el Fisco destaca que la Cámara revocó la nulidad decretada por este Tribunal y, en consecuencia, existiendo base imponible del impuesto a las ganancias entiende que ésta resulta procedente y no habiendo agravio alguno de la contraparte solicita se confirme la misma, con costas.
Teniendo en cuenta el estado de la causa a fs. 386 se elevan las actuaciones a la Sala B, las que inmediatamente las pasa a dictar sentencia.
VI. Que en primer lugar, por economía procesal corresponde remitirse a los fundamentos expuestos en el pronunciamiento de fecha 10/02/2022 (vide fs. 121/125) respecto del agravio de la actora de su carácter de residente extranjero el cual fuera desechado toda vez que se acreditó que el recurrente pasó mas tiempo viviendo en nuestro país que en el Uruguay, concluyendo así que se trata de un residente de la República Argentina. Asimismo, corresponde estar al rechazo de la defensa de prescripción articulada por el contribuyente, por los argumentos allí volcados; aspectos éstos que no fueron objeto de tratamiento por la Alzada.
VII. Que corresponde entrar al análisis de la determinación de oficio apelada en autos, toda vez que la Excma. Cámara entendió que se encontraría debidamente acreditado el sustento de la Resolución determinativa apelada en esta causa, valorando la sentencia recaída en la causa N° 1652/2014 (2281), caratulada: “HSBC BANK ARGENTINA S.A. y otros s/infracción ley 24.769”, que al disponer el procesamiento y tener por probados los hechos, entendió que la propia actora no puede desconocer la titularidad de los fondos de las cuentas bancarias a su nombre, destacándose que así lo verificó el juez penal.
En efecto, señala que de las constancias agregadas a la causa surge que: a) en la referida causa: “HSBC Bank Argentina S.A. y otros s/Infracción ley 24.769”, el Juzgado Penal Económico N° 11, en su resolución de fecha 07/09/2017, señaló que correspondía atribuir en partes iguales -al Sr. Garber y a la Sra. Chait- los fondos registrados en las cuentas del exterior, los cuales alcanzaban a la suma total, en pesos, de $ 12.108.146,50. A su vez, destacó que se encontraba acreditado que esas rentas no fueron declaradas en el Impuesto a las Ganancias de los ejercicios anuales 2005 y 2006 por ninguno de los imputados, ya que ninguno de ellos presentó la respectiva declaración jurada (ver considerandos 18 y 19).
Apuntó que, los diversos elementos de prueba incorporados al expediente permiten calificar provisoriamente los hechos investigados como constitutivos de delito, previsto en el artículo 1° de la ley 24.769 pues de acuerdo a lo expresado en los distintos considerandos de la referida resolución los imputados habrían ocultado maliciosamente su obligación tributaria. Se agregó que, en función de la prueba producida, era posible estimar que los imputados eran los titulares y quienes manejaban tales fondos pues se encontraban facultados para tomar las decisiones inherentes a la disposición de aquéllos y, por lo tanto, revestían a la fecha de los hechos, la condición de sujetos obligados al pago de los impuestos.
Así las cosas, se indicó que: “teniendo en consideración tanto los elementos probatorios valorados a lo largo de esta decisión como así también las condiciones personales de GARBER y CHAIT (personas adultas en la época bajo estudio; quienes registraron ante la AFIP, como actividad desarrollada, la de “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización de sociedades anónimas”; quienes además contaron con experiencia empresarial) corresponde concluir que aquéllos intervinieron dolosamente en los hechos atribuidos, pues habrían tenido conocimiento acerca de su condición de sujetos obligados frente al Impuesto a las Ganancias como así también de la significativa incidencia que en la obligación tributaria tendría la omisión de declarar las sumas que se encontraron en el exterior al finalizar el ejercicio fiscal 2005 y de las consecuentes exigencias legales referentes a la oportuna y veraz exteriorización y pago de tal obligación impositiva” (sic). b) A su vez, la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, en su resolución de fecha 29/10/2018, en cuanto aquí interesa, apuntó que el Tribunal de la instancia anterior estimó suficientemente probada la existencia de una cuenta en el HSBC Private Bank Suisse cuyos activos podían atribuirse a Natalio Garber y a Silvia Rosa Chait.
Dicha cuenta se encontraba identificada con el código de perfil de cliente N° 5091057740 (denominada “1617 NG”) y habría registrado, como “patrimonio verificado”, al 31 de diciembre de 2005, la suma de u$s 4.046.840,41. Entendió que: “[r]especto de la existencia de la cuenta denominada “1617 NG”, del valor de los activos que se habrían ido acreditando en aquélla y de la vinculación de Natalio Garber y de Silvia Rosa Chait tanto con la cuenta como con los activos aludidos, la defensa de los nombrados no ha desarrollado argumentos suficientes para rebatir lo que el juzgado a quo expresó respecto de la fiabilidad o de la fuerza probatoria que, en el caso, al menos por el momento, cabría atribuir a los datos registrados en los archivos informáticos aportados en su momento por las autoridades de la República Francesa a las de la República Argentina y que fueron incorporados a la causa a instancias del organismo recaudador.” “En efecto, se trata de circunstancias de distinto tipo que, a esta altura de la investigación, generan un grado de convicción suficiente sobre la verosimilitud de los datos que, respecto de los imputados, surgen de los archivos informáticos aportados por el organismo recaudador, y que fueran reseñadas por el juzgado a quo […]” (sic).
Ello así, conforme el criterio de la Alzada y lo expuesto por el fuero penal se habría convalidado la existencia de la cuenta invocada por el Fisco Nacional para sustentar el ajuste cuya titularidad detentan el Sr. Garber y la Sra. Chait.
En ese sentido, conviene destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Cabe señalar que el Fisco Nacional ha obtenido información del Fisco Francés relativa a la tenencia de cuentas bancarias en el HSBC Suiza por parte de ciudadanos argentinos, la cual ha sido validada por la Alzada y la instancia penal por lo que la titularidad de los activos no se encuentra en discusión, y no ha producido prueba alguna en esta instancia tendiente a comprobar no ser titular de los fondos allí depositados. Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996). Cabe recordar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye.
Como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Ello así, se advierte que el recurrente ha dirigido su recurso a cuestionar la suficiencia de la prueba aportada por el Fisco para adjudicarle la cuenta en cuestión, pero no ha producido prueba alguna tendiente a comprobar no ser el titular de los fondos allí depositados.
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando.
VIII. No obstante lo expuesto, se advierte de la sentencia de la Excma. Cámara y constancias de la causa la existencia de dos cotitulares sobre la misma cuenta (el Sr. Garber contribuyente de autos y la Sra. Chait). Al respecto corresponde señalar que una misma cuenta no puede pertenecer en un 100% a más de un sujeto ya que el Fisco Nacional estaría cobrando en reiteradas ocasiones por una misma exteriorización de capacidad contributiva a varios sujetos.
Atento lo expuesto, corresponde asignar a cada uno de los titulares en partes iguales el 50% del saldo de las cuentas del exterior. En virtud de lo expuesto, procede confirmar parcialmente la determinación de oficio apelada en autos, debiendo estar al monto reliquidado por el Fisco Nacional a efectos de determinar la sanción de multa apelada en autos (tal como se verá en el considerando XI). Ello así, toda vez que sin perjuicio de lo dispuesto por la actora la liquidación cumple con los parámetros dispuestos en el decreto Nº314/2006.
IX. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en la proporción en que se confirma el impuesto omitido en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que en cuanto al aspecto infraccional, en primer lugar corresponde atender al planteo del recurrente en cuando considera prescripta la acción para aplicar multa por entender que el Fisco Nacional se excedió en el plazo de 180 días de suspensión de la prescripción desde que quedara firme la sentencia penal, tomando como fecha a partir de la cual cuenta el plazo, el de la sentencia, esto es el 17/3/2022.
Al respecto cabe señalar que yerra la recurrente en su afirmación. En efecto, el artículo 65 d) de la ley procedimental, establece que “...La prescripción para aplicar sanciones se suspenderá desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 del Régimen Penal Tributario, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores a la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la sentencia judicial firme que se dicte en la causa penal respectiva” (el destacado es propio).
En este sentido, cabe señalar que la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la sentencia judicial firme que se dictó en la causa penal, fue efectivizada el día 30/03/2022 (vide fs. 1 y 2 del cuerpo de sentencias en IF-2023-51450332-APN-DTD#JGM de los antecedentes administrativos, donde surge la comunicación de la sentencia del Juzgado Penal Económico Nº11).
Por lo tanto, es esa fecha (30/3/2022) la que debe tomarse a los efectos de contar el plazo de 180 días previsto en la norma antes transcripta, razón por la cual cabe concluir que la Resolución que aplica multa (del 15/12/2022), se encontraría dentro del plazo establecido por la normativa legal vigente, y en consecuencia, las acciones y poderes del Fisco no se encontraban prescriptas.
Ello así, corresponde rechazar los planteos de prescripción realizados por la recurrente sin costas (en virtud de lo dispuesto en el fallo “Bolland y Cía” de la CSJN).
XI. Que entrando al análisis de la procedencia de la multa aplicada corresponde dejar aclarado tal como se ha señalado, el Fisco Nacional aplica la sanción de multa en los términos del art. 46, no sobre el total de la determinación de oficio aquí apelada sino sobre la base del 50% de la base imponible determinada en virtud del reconocimiento en sede penal de la cotirularidad de la Sra Chait (vide reliquidación a fs. 304 del cuerpo 2 de ganancias en los antecedentes administrativos en IF-2023-51450936-APN-DTD#JGM).
En efecto en la página 22 de la resolución sumarial se establece que “resulta necesario dejar constancia que, atento lo decidido en la sentencia judicial detallada anteriormente -en cuanto a la atribución por partes iguales de la base imponible determinada de oficio- procede efectuar una reliquidación del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2006, teniendo en cuenta la atribución dispuesta por la justicia penal (50% a cada integrante de la cuenta bancaria objeto de ajuste sobre la base imponible determinada de oficio, es decir $637.120,61) Tal liquidación -que se adjunta y forma parte integrante de este acto- arrojó una base represiva de $96.277,03 a considerar para aplicar la multa”.
No obstante, dicha reliquidación efectuada a los efectos del cálculo de la multa continúa con la falta de cómputo del mínimo no imponible, lo que motiva el recálculo ordenado en el Considerando VIII precedente.
Ahora bien, con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
En el tal sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, y no existiendo agravios concretos de la actora al respecto, corresponde su confirmación. En cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, no se advierte en los actos atacados una ajustada merituación de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
En función de lo expuesto en los Considerandos precedentes, corresponde: 1) Confirmar parcialmente la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias apelada en autos conforme se determina en los considerandos de la presente, con más los intereses resarcitorios correspondientes. Costas a la recurrente en proporción a la atribución dispuesta. 2) Confirmar la sanción apelada, reduciéndola al mínimo legal, con costas, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.3) Ordenar al Fisco Nacional que practique reliquidación de los montos que resulta adeudar el recurrente, en función de lo expuesto en la presente.
Por ello, SE
1. Confirmar parcialmente la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias apelada en autos conforme se determina en los Considerandos de la presente. Costas a la recurrente en proporción de la atribución de la cuenta que en cabeza de ellos se hace en la presente sentencia.
2. Confirmar la sanción apelada, reduciendo la misma al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
3. Ordenar al Fisco Nacional que practique reliquidación de los montos que resulta adeudar el recurrente, en función de lo expuesto en la presente.
4. Se deja constancia que la presente resolución es suscripta por los miembros titulares de las Vocalias 4° y 5° en virtud de lo dispuesto en el art. 8° del Reglamento de Procedimiento (IF-2023-74067906-APN- TFN#MEC, publicado por Resolución TFN 91/2023 en el B.O. del 3/7/2023)
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2024.04.19 14:11:42 ART Date: 2024.04.19 14:23:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.19 14:24:20 -03:00
Fin de la sentencia