Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 23.924-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Disposición N° 1062/2007 (AD PASO) dictada en la Actuación N° 12315-2119-2006/1, declarando que el importe del cargo N° 101/03 asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 40.664,22), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 29/05/2003 hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas a la actora.
2Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-17710545-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 20 de Febrero de 2024
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados:, expediente N° 23.924-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 5/7 se presenta el Sr. CARLOS DEMETRIO TELLECHEA, por derecho propio, e interpone recurso de apelación contra la Disposición Nº 1062/2007 (AD PASO) dictada en la Actuación SIGEA Nº 12315-2119-2006/01 en cuanto resolvió no hacer lugar a la impugnación interpuesta y confirmar el cargo Nº 101/03 por la suma de $ 64.854,43 en concepto de tributos por la destinación suspensiva de tránsito de importación N° 99 042 MANI 002619 M con TRAS N° 002180 D, 002181 E, 002182 F, 002183 G y 002184 H, en los términos de los arts. 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del C.A. Señala que las circunstancias acaecidas a partir del robo a mano armada del medio transportador resultan un típico caso de fuerza mayor, que de ningún modo puede entenderse como una obstaculización al servicio aduanero por parte de la víctima. Expresa que la operación afectada no puede importar un arribo fuera de término que responsabilice al transportista o agente de transporte dado que dicho tránsito, debe necesariamente suspenderse a raíz del hecho acontecido y anoticiado. Plantea que la hipótesis prevista en la última parte del art. 315 del C.A. es ilusoria como determinante de la responsabilidad que se le atribuye ya que se trata de una situación improbable en tanto nadie que obtenga la mercadería importada mediante un robo puede comercializarla en el mercado formal (porque carece del estampillado) ni en el informal. Asevera que el hecho delictual se encuadra en la figura del contrabando prevista en los arts. 863, 864 inc. a) y 865 inc. d) del C.A. Sostiene que no se puede responsabilizar en el plano tributario a la víctima de un hecho ilícito. Apunta que el propio cuerpo normativo establece los responsables frente a un ilícito -arts. 777 y 782 del C.A.-, incluyendo al beneficiario, es decir, quién pudiere utilizar la mercadería, pues la persona que realiza un hecho gravado con tributos es deudora de éstos. Considera que, de haber un hecho imponible éste recae sobre los sujetos que cometen el contrabando por tratarse de mercadería extranjera, sin libre circulación en el país. Cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 23/25vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. Niega todos y cada uno de los hechos, afirmaciones, derecho y documentación que no sean objeto de su expreso reconocimiento o surja de la prueba documental. Destaca que no se encuentran controvertidos en autos los hechos que dieron lugar a la formulación del cargo sino sólo la interpretación efectuada por el juez administrativo de la normativa que resulta aplicable al caso en cuestión. Esgrime que se ha aplicado la presunción establecida en el art. 310 del C.A. a los fines tributarios, que resulta independiente de la justificación que pueda efectuar el apelante (caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra) para deslindar su responsabilidad infraccional. Invoca lo dispuesto por los arts. 315, 311 y 312 del C.A. Precisa que a través de la responsabilidad tributaria en cabeza del transportista se intenta garantizar al fisco el abono de los tributos correspondientes, ante cualquier situación en que la mercadería objeto de la destinación se incorpore en el circuito económico. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Que a fs. 39 se declara la causa de puro derecho, a fs. 42 se elevan los autos a Sala G, y a fs. 43 se pasan a sentencia.
IV. Que la Actuación Nº 12315-2119-2006/1 se inicia con la impugnación deducida por la firma “REBESQUINI S.A. TRANSPORTES contra el cargo N° 101/03 formulado en virtud de lo dispuesto en el art. 315 última parte del C.A. (fs. 1/2). A fs. 8/10 obra copia del cargo en cuestión, por la suma de $ 64.854,43 notificado al interesado el 14/06/2003. A fs. 11/12 consta la impugnación presentada por el Sr. Carlos Demetrio Tellechea contra el cargo Nº 101/03. A fs. 15/24 se glosa copia del Sumario de Prevención Nº 880/99 instruido por la Aduana de Paso de los Libres el 26/01/1999. A continuación obran copias oficiales de: aforo de la mercadería (fs. 25/27), constancias de salida de zona primaria aduanera (fs. 30/41), MANI Nº 99042MANI002619 M, carta de porte (fs. 42/50) constancia policial de denuncia del 21/01/1999 (fs. 51), y presentación efectuada por el agente de transporte ante el servicio aduanero el 21/01/1999 dando aviso del robo acaecido (fs. 52/53). A fs. 54 obra constancia de notificación personal del cargo por parte del ATA el 14/05/2003. A 55 se tienen por deducidos los procedimientos de impugnación y se provee la prueba ofrecida. A fs. 61/64 se emite el Dictamen Nº 911/07. A fs. 66/68 se dicta la Disposición Nº 1062/2007 (AD PASO), que se notifica al Sr. Tellechea y a REBESQUINI S.A. TRANSPORTES, el 15/11/2007 y el 20/11/2007, respectivamente (fs. 69/71).
V. Que corresponde resolver si la Disposición N° 1062/2007 (AD PASO), que confirmó el cargo N° 101/03 formulado al Sr. Carlos Demetrio Tellechea en su condición de agente de transporte aduanero, en concepto de tributos, con fundamento en los arts. 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del C.A., en relación a la mercadería amparada por la destinación suspensiva de tránsito de Importación N° 99 042 MANI 002619 M con TRAS N° 002180 D, 002181 E, 002182 F, 002183 G y 002184 H, se ajusta a derecho.
Que no se encuentra discutido en autos el incumplimiento del tránsito de importación TRAS N° 99 042 MANI 002619 M, del camión dominio patente IFM5936 y semirremolque IBV0329. Tampoco se encuentra discutido, que la accionante aduce que ello fue consecuencia del robo de la mercadería objeto de la destinación aduanera.
Que así las cosas, la cuestión controvertida en la presente causa se circunscribe, entonces, a la procedencia o no de la exigencia tributaria que formula el servicio aduanero.
Que la operación de tránsito de importación se encuentra regulada en los arts. 296 y sgtes. del C.A., y constituye un régimen en virtud del cual se autoriza que la mercadería importada, es decir, aquella ingresada al territorio aduanero pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la Aduana por la que hubiere arribado hasta otra Aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 C.A.).
Que el art. 308 del C.A. establece “Cuando algún siniestro produjere el deterioro, destrucción o pérdida irremediable de la mercadería sometida al régimen de tránsito de importación, la persona a cuyo cargo se encontrare en ese momento el medio de transporte debe dar aviso de inmediato al servicio aduanero y adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad de la mercadería y las condiciones que permitieren ejercer eficazmente el control aduanero”. Que el art. 315 del C.A. exime de responsabilidad tributaria en caso de incumplimiento del tránsito, cuando las mercaderías se pierden “irremediablemente”, no habiendo entrado al circuito económico, y si se efectúa la comunicación prevista en el art. 308 del C.A.
Que a continuación, el mismo artículo no exime del pago de tributos si la mercadería en cuestión puede potencialmente ser utilizada por un tercero.
Que no quedan dudas de que la segunda parte del art. 315 del C.A. funciona como excepción a la situación planteada en la primera parte, y que el sentido de esa excepción (la posibilidad de empleo de la cosa por un tercero) comprende especialmente a la mercadería hurtada o robada. Trata los supuestos de siniestros en que por su naturaleza (como en el caso de autos, el robo a mano armada), pese a no poder ser recuperada por su propietario, la mercadería ingresa a plaza de forma irregular.
Que, según la interpretación literal de la citada norma, basta al respecto la mera posibilidad del empleo de la mercadería por un tercero, sin que sea necesario, en manera alguna, demostrar su empleo efectivo o económico de manera real, ya que la norma no requiere esa prueba o demostración. Es más, presume su importación a consumo sin admitir prueba en contrario.
Que, en tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido en numerosos fallos que la finalidad de la exigencia de pago de tributos de la mercadería perdida para el documentante como consecuencia del robo, es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo.
Que en conclusión, el siniestro que afectó a la mercadería involucrada en autos (en el caso, el robo) alegado por la actora, a luz de la normativa expuesta, no puede ser considerado como un supuesto de pérdida irremediable de la misma - excepción para la que se previó la no sujeción al régimen tributario aduanero (art. 315 del C.A.)- y en consecuencia la misma se presume irregularmente importada para consumo.
Que, a su turno, nuestro Máximo Tribunal efectuó una interpretación del mencionado régimen, aconsejando distinguir, para un caso análogo al de autos, “la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta por el itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción (...) de la de quien ha cumplido con los deberes de custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas” (CSJN, “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI).
Que, por lo tanto, autorizó, en ese orden de ideas -en una interpretación extensiva del plexo normativo-, la posibilidad de la presentación de prueba en contrario, más allá de aquélla que se encuentra dirigida a derribar el presupuesto que la condiciona -esto es, que pueda ser (al menos) potencialmente utilizada por un tercero-.
Que, sentado ello, debe entenderse que el robo o hurto de la mercadería constituyen contingencias que no son ajenas a la operatoria de transporte, y si bien pueden considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, en el caso que la mercadería pueda ser utilizada por un tercero, dicho hecho no opera per se como eximente de la responsabilidad tributaria, sino que debe probarse, en la especie, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa ritual, como así también el debido cuidado de la mercadería.
VI. Que debe tenerse presente que se trata de mercaderías de origen extranjero sujeta al pago de tributos, y que la presunción establecida en el art. 315 in fine del CA, encuentra su fundamento en la necesidad de evitar que con el régimen de importación de tránsito se perpetren maniobras que afecten la renta fiscal.
Que pretender que debe ser la Aduana quien debe demostrar el no cumplimiento de las obligaciones de los sujetos responsables por la existencia de caso fortuito o fuerza mayor o la acreditación del no cumplimiento de sus deberes de custodia respecto de la mercadería introducida, poniendo en su cabeza la carga negativa de la prueba, implicaría en razón de la cantidad y magnitud de las operaciones que se realizan en el ámbito del país, imponerle una obligación de cumplimiento extremadamente dificultosa y la inexistencia de la presunción misma dispuesta por el legislador para todo aquél que acreditase un robo.
Que, por lo demás, la recurrente es aquella que está en mejores condiciones de probarlo. Es por ello, que las normas vigentes, de la manera más adecuada a la lógica y a la razón, imponen esa carga -onus probandi- de demostrar el cumplimiento de las obligaciones, a los propios beneficiarios de los regímenes de importación o de exportación. Que si bien, la CSJN en "Tevelam S.R.L." estableció que "si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades (...) no cabe responsabilizar a la actora por el pago de los tributos...", cabe destacar que dicha premisa lógica procedía, justamente, de diversas aristas fácticas del caso, como fue, en especial, la demostración por la parte actora en las instancias previas (debiendo destacarse la prueba en sede aduanera) del contundente cumplimiento de sus deberes de cuidado y custodia de la mercadería proveniente de zona extranjera, que implicó, sobre el caso particular y a partir de allí, naturalmente, la inversión de la carga de la prueba hacia el Fisco a fin de desvirtuar ello último.
VII. Que sentado ello, corresponde ahora analizar los hechos en razón de las probanzas que fueron arrimadas a estos autos.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas, los esfuerzos probatorios de la actora se limitaron al aviso efectuado a la Aduana informando el robo del medio de transporte a través de la confección de una Nota y el agregado de la copia de la denuncia policial (fs. 51/53 de los ant. adm.).
Que, el aviso a las autoridades aduaneros fue efectuado recién en fecha 21/01/1999, y el robo, de conformidad con lo declarado en la denuncia, se produjo el 19/01/1999 a las 09:00 hs. en Av. Lugones y Sarmiento, Capital Federal. Por lo tanto, no fue cumplido el requisito de dar aviso inmediato a las autoridades aduaneras, tal como lo exige el art. 308 del C.A.
Que en ese entendimiento, la recurrente no acreditó ante esta instancia ni en sede aduanera, probanza alguna que pudiese llevar a la suscripta a una razonable convicción de eximirla de la responsabilidad tributaria, ni se han reunido los extremos de hecho y prueba convocados en el fallo “Tevelam S.R.L.”, por lo que no corresponde al caso su aplicación. En efecto, no se encuentra debidamente acreditado que la recurrente haya cumplido con los deberes de guarda y de custodia de la carga que se exigen en el precedente citado, ya que no indicó qué medidas adoptó para resguardar la mercadería en tránsito, ni aportó prueba alguna al respecto.
Que en este sentido se ha pronunciado nuestra Alzada, en causas análogas a los presentes autos, en las que no se había acreditado debidamente que se hubiese cumplido, por parte de los sujetos comprendidos en el art. 312 del C.A., con los deberes de guarda y de custodia de la mercadería, por lo que no resultó de aplicación la doctrina sentada por nuestra CSJN en Fallos 335:2549 (ver en este aspecto, “Capovila, Abel José c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”, Sala V, sent. de fecha 12/07/2016; “Molinos Rio de la Plata S.A. c/DGA s/Recurso directo de Organismo Externo”, Sala IV, sent. de fecha 16/6/2016; “DM Transporte e Logística Internacional S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo” Sala I, sent. de fecha 18/12/2014; entre otros).
VIII. Que, en otro orden de ideas, al tratar la cuestión tributaria que nos ocupa, nada tiene que ver la cuestión penal en la que se investigue el delito de contrabando porque, por disposición de ley, se ha puesto a los beneficiarios del régimen del tránsito como responsables de la exigencia tributaria, y esos son los sujetos pasivos de dicha obligación (art. 312 C.A).
IX. Que en relación a los sujetos que deben responder por los tributos adeudados, el art. 312 del C.A. considera al transportista y a su agente de transporte aduanero como deudores principales de las obligaciones tributarias, mientras que al cargador, al que tuviere derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen como responsables subsidiarios de esas obligaciones, con independencia de la situación de quienes realizaron los actos ilícitos que originaron el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir, sin perjuicio de que el hecho gravado haya sido realizado por otro. De esta forma el Código los hace responsables por deuda ajena, con la finalidad de proteger los intereses fiscales. Destacada jurisprudencia de este Tribunal señala que resulta obvio que el criterio interpretativo expuesto en las normas aduaneras “no resulta inequitativo para el transportista (o para su agente solidariamente responsable, arts. 312 y 780 del C.A.), en el sentido de que éste resulta responsable (tributariamente) por un hecho que en rigor le es ajeno; y no resulta inequitativo porque es obvio que, quien transporta bienes bajo su custodia y guarda, debe, razonable y previsoriamente, constituir un seguro que cubra tanto el riesgo de la destrucción total o parcial de la mercadería (esto frente al titular de la mercadería) como el riesgo del robo de la mercadería (esto último -reitero, en caso de robo- frente al titular por el valor de la mercadería, y -en la parte correspondiente- frente a la aduana por el importe de los tributos que corresponden por el juego armónico de los arts. 311 y 315 del C.A.)” (conf. “Ardoino S.A. c/Dirección General de Aduanas s/rec. de apelación”, Expte. Nº 21.775-A, Sala G, sentencia del 6/4/2009, con una composición diferente a la actual; entre otros).
X. Que, en este estado del análisis, con relación a los rubros IVA adicional e impuesto a las ganancias que se reclaman en estos autos, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
“Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Que, la C.S.J.N sostuvo que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, resulta de aplicación al caso el criterio sustentado por el más Alto Tribunal, y dado que en la causa el plazo al que hace referencia la CSJN ha precluido, corresponde revocar la exigencia formulada por la Aduana respecto de los rubros IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas al Fisco.
XI. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la determinación tributaria de fs. 8 y 25/27 de las act. adm., conforme se detalla a continuación:
CARGO N° 101/03 DERECHOS IMPORTACION 19,00% 16.899,26 TASA DE ESTADISTICA 0,50% 444,70 IVA 21,00% 23.320,26 TOTAL $ 40.664,22
En consecuencia, la deuda tributaria por el cargo N° 101/03 asciende a PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 40.664,22).
Que sobre el importe nominal de los tributos adeudados procede el pago de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero.
Que los intereses deben computarse desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación del respectivo cargo a la actora que data del 14/05/2003, (ver constancia de fs. 54), es decir desde el 29/05/2003 hasta la fecha de efectivo pago.
Que sobre el importe de tributos que se confirma corresponde imponer las costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
Por ello, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Disposición N° 1062/2007 (AD PASO) dictada en la Actuación N° 12315-2119-2006/1, declarando que el importe del cargo N° 101/03 asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 40.664,22), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 29/05/2003 hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas a la actora.
2. Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas al Fisco.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, se encuentran adecuadamente reseñados en los considerandos I a IV del voto de la Dra. Sarquis, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. En las condiciones indicadas cabe recordar que el art. 315 del C.A. dispone: “La mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero”.
La disposición transcripta realiza una distinción entre la hipótesis de la mercadería “irremediablemente perdida por algún siniestro” que tuvo lugar durante su transporte, en alusión a aquella situación donde no existiría posibilidad alguna de que la mercadería pudiera ser utilizada en el mercado interno y, como consecuencia de ello, los responsables no estuvieran sujetos al pago de los tributos que gravaren la importación para consumo (primera parte del art. 315 del C.A.), y aquella otra en donde la mercadería no pueda considerarse “irremediablemente perdida”, pues “…pese a no poder ser recuperada por su propietario, pudiere ser empleada por un tercero” (segunda parte del art. 315 del C.A.), circunstancia que supuestamente haría referencia a la situación de hurto, o de robo.
III. En ese entendimiento del asunto, es dable traer a colación lo resuelto por la CSJN, en el caso “TEVELAM S.R.L. c/ DGA (TFN 22427-A)” del 11/12/2012, en donde luego de describir el régimen, transcribiendo la normativa aplicable al caso (Capítulo VI, Título II, Sección III del C.A.) afirmó que: “…el sistema descripto no puede conducir a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha mediado una sustracción -y por el solo hecho de que aquélla pudiera ser utilizada por un tercero- no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro”.
En este sentido, nuestro Máximo Tribunal agregaría la pertinencia de “…recordar que según lo ha mantenido en forma constante […], “...cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de su texto, conduzca a resultados concretos que no armonicen con el ordenamiento jurídico restante o arriba a consecuencias reñidas con los valores por él tutelados, la interpretación debe integrarse al conjunto armónico del referido ordenamiento...” (Fallos: 326:3679). “Asimismo, reiteradamente ha afirmado que los textos legales no deben ser considerandos a los efectos de establecer su alcance y sentido aisladamente, sino como un todo coherente y armónico, como partes de una estructura sistemática considerada en su conjunto, teniendo en cuenta, además de la letra, la finalidad perseguida por aquéllos, y adoptando un sentido que concilie y deje a todas sus disposiciones con valor y efecto (ver, Fallos: 323:2117; 324:1481; 325:1731; 327:769, entre muchos otros y disidencia del juez Petracchi en Fallos: 312:2192)” (ibid.).
Agregando (en el considerando 11) que, “…una interpretación prudente y respetuosa de los principios precedentemente referidos -acorde, por lo demás, con el criterio fijado por el Tribunal en materia de presunciones iuris et de iure (Fallos: 333:993)-, aconseja distinguir la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino, se aparta del itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319 del C.A.), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción, en cuyo caso no podría alegar una razón eximente de su responsabilidad tributaria fundada en un hecho imprevisible e irresistible, de la de quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas como el denunciado en estas actuaciones (…)”.
Y concluye: “...si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas [...], no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento”. (ibid.).
IV. En ese orden de ideas, podemos entrever que la CSJN ha fijado una serie de pautas interpretativas con el fin de analizar, en qué condiciones, no corresponde condenar al pago de los tributos cuando existe un robo en tránsito. Así es que, no corresponderá el pago de los tributos cuando haya una sustracción de la mercadería amparada por una destinación en tránsito, cuando:
-El beneficiario del régimen comunica el siniestro conforme al art. 308 del C.A.
-La aduana no ha desacreditado el hecho del robo denunciado.
-La aduana no ha constatado o acreditado el incumplimiento de los deberes de custodia del transportista.
V. En ese marco interpretativo, considero pertinente analizar si los hechos alegados y la prueba colectada en autos, encuadran con los extremos requeridos en la causa TEVELAM.
VI. En relación a esta cuestión, cabe señalar que del análisis de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12315-2119-2006/1, no se encuentra ninguna indicación de que el itinerario de tránsito, previamente establecido por la Aduana, haya sido alterado de ninguna manera. Esto se puede comprobar al revisar el itinerario detallado a fs. 49/50 del expediente administrativo, que incluye los puntos de Pasos de los Libres, Concordia, Gualeguaychú, Zárate y Buenos Aires. Tampoco se ha demostrado que se haya incumplido el deber de custodia sobre la mercadería.
Asimismo, el robo fue debidamente denunciado en la Comisaría Seccional 51 de la Policía Federal, formulada por el chofer del camión con fecha 19/01/1999 e informado a la Aduana en virtud de los deberes a cargo de los responsables de la carga en cumplimiento de lo normado en el art. 308 del C.A. con fecha 21/01/1999 (ver la denuncia policial de fs. 51 y Nota de fs. 52/53 de las act. adm).
Adicionalmente, cabe destacar que el robo fue explícitamente contemplado por la aduana en:
-El Dictamen Jurídico N.° 911/07 de fs. 61/64 de las act. adm. en varios pasajes:
“Respecto al cobro de tributos a las mercaderías robadas bajo el régimen de MIC-DTA (…)”.
“(…) el robo de las mercaderías in itinere debió ser un riesgo a prever (…)”.
“El beneficiario del régimen de Tránsito Internacional, que es desposeído mediante robo del vehículo transportador y/o de la mercadería que contenía el mismo, es responsable, frente al fisco, del pago de los tributos que gravan la importación para consumo en territorio aduanero, ello en razón de que el robo de la mercadería sujeta al régimen de importación suspensiva de tránsito de importación, no configura el supuesto de pérdida o destrucción total de la mercadería (…)”
-En la Disposición N.° 1062/2007 de fs. 66/68 de las act. adm., que aquí se apela, “(…) habiéndose obstaculizado dicho mecanismo como consecuencia del robo que sufriera la mercadería (…)”.
VII. A tenor de lo expuesto y a la luz del estándar interpretativo comentado del fallo de la CSJN con respecto al art. 315, segunda parte del C.A., no corresponde responsabilizar a la actora al pago de los tributos exigidos, en virtud de que, se ha denunciado y comunicado el robo de la mercadería a la aduana, el que no ha sido desacreditado y del cual no se ha probado el incumplimiento de los deberes de custodia.
VIII. De manera que, por la forma en que se resuelve la presente se torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Revocar la Disposición N.º 1062/2007 dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en la actuación SIGEA N.º 12315-2119-2006/1 y, por ende, el cargo N.º 101/03, con costas.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE
1. Confirmar parcialmente la Disposición N° 1062/2007 (AD PASO) dictada en la Actuación N° 12315-2119-2006/1, declarando que el importe del cargo N° 101/03 asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 40.664,22), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 29/05/2003 hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas a la actora.
2. Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas al Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2024.02.19 19:16:54 ART Date: 2024.02.19 20:47:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.20 10:15:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.20 10:16:12 -03:00
Fin de la sentencia