Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaReputar como nula, de nulidad absoluta e insanable, a la resolución apelada en autos. Con costas por su orden.
I. Que mediante RE-2024-00427883-APN-SGAI#TFN la parte actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 3876/2023 (DV JUMA) dictada por el Sr. Jefe de la División Jurídica de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección Regional de Mar del Plata, del 12 de Diciembre de 2023, que aplica una multa de pesos diecisiete millones doce mil quinientos veinticinco con 16/00 ($17.012.525,16) en los términos del art. 46 de ley de rito, por el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2020 dejado de ingresar en su debida forma.-
Solicita se la exima de la sanción aplicada, revocándose la resolución apelada, atento a que el impuesto a las Ganancias determinado fue ingresado y que no se encuentran acreditados los presupuestos que establece la figura de la defraudación fiscal. Subsidiariamente y para el hipotético caso de que se considere aplicable sanción alguna, solicita se reencuadre la misma en la figura de omisión de impuestos del art. 45 de la ley 11.683, con la reducción a un tercio del art. 49 de la citada normativa.-
Describe que en la resolución que apela se cita la existencia de una causa penal –argumento que no había sido invocado en el sumario antecedente-, lo que entiende afecta su derecho de defensa en tanto se trata de un fundamento no invocado oportunamente.
Destaca que la resolución dictada por el Organismo, invoca el art. 20 de la Ley Penal Tributaria, considerando que se encuentra culminada la causa penal con sentencia firme y por lo tanto tiene expedita la acción administrativa para aplicar la sanción que aquí se cuestiona. Sin embargo, entiende que ello es erróneo, por cuanto la sentencia que se invoca no se encuentra firme, habiendo sido apelada por el propio Organismo Fiscal por ante la CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA, Expediente FMP 6399/2023/CA1 IMPUTADO:
FAMILIA ROMAT S.R.L Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP DGI - DIRECCION REGIONAL MAR DEL PLATA, en el que -dice- aún no recayó resolución –o al menos la misma no ha sido notificada a su parte- y por tanto no se encuentra firme, habiéndose dictado con fecha 25/10/2023 resolución que pasaron los autos para resolver, conforme la cédula que acompaña.
En consecuencia, dice que el Organismo Fiscal no tenía expedita la vía para imponer la sanción administrativa, como erróneamente invoca, por cuanto la sentencia penal aun no se encuentra firme.
Es por ello que pide que la sanción aplicada sea dejada sin efecto.
Destaca que la figura que se le imputa, defraudación fiscal, exige un ardid o intención deliberada de ocultamiento, que no ha existido en autos ni ha sido probado por el Fisco en el expediente administrativo que sirve de base de la sanción aplicada, por lo que no se dan los requisitos exigidos por aquella figura contravencional para su existencia.
Señala que omite entonces la AFIP señalar como se encontraría configurado el ardid o engaño, ya que ante la determinación del tributo por parte de AFIP, procedió a rectificar la declaración jurada ingresando el impuesto determinado en forma total e incondicional, con todos sus intereses en una clara demostración de la inexistencia de mala fe. Ello entiende que demuestra también la inexistencia de perjuicio al fisco.
Reitera el planteo subsidiariodel reencuadre de la sanción en la figura de omisión de impuestos del art. 45 de la ley 11.683, con la reducción del art. 49.
II. Que mediante IF-2024-41948035-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el recurso de apelación interpuesto por el recurrente. Señala que se aplicó una multa a raíz de las irregularidades que constató en el marco de sus atribuciones, por las que se detectó una disminución del impuesto a ingresar en base a la utilización de facturación apócrifa, la que ha impactado en el impuesto en cuestión en un monto de $ 5.670.841,72.- Señala que la recurrente aceptó el ajuste proyectado por la auditoría fiscal cursada, rectificando su declaración jurada, lo que confirma lo constatado, habiendo dejado de ingresar el impuesto resultante en su justa medida, encontrándose disminuido por el período e impuesto señalado.
Señala que los datos inexactos que consignó el recurrente, generaron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible que debía declararse en primera instancia, siendo que la inexactitud de la declaración jurada y de los elementos documentales que le sirven de base, provienen de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables.
Señala que oportunamente se dictó resolución de apertura de sumario, debidamente notificada el 09/10/2023, y le fue instruido sumario y se le otorgaron quince (15) días de plazo para que formulara por escrito su descargo y ofreciera las pruebas que hicieran a su derecho.
Entiende que la recurrente yerra en su interpretación, respecto de la ilegitimidad del acto en crisis y la ausencia de su derecho de defensa.
Señala que para poder observar la verdadera lesión de derechos de raigambre constitucional que intenta la recurrente hacer valer, no basta un mero planteamiento abstracto, sino que, en virtud del principio de trascendencia que gobierna al instituto en cuestión, es necesaria la existencia de un fin que trascienda. A su vez, también es de menester importancia invocar y acreditar la existencia de un perjuicio cierto e irreparable, supuestos que tampoco se dan en éstos actuados.
Destaca que en las actuaciones administrativas se han cumplido acabadamente con cada una de las etapas del procedimiento.
Respecto del agravio por la falta de firmeza de la causa penal, describe que el 28 de marzo de 2023 se interpuso formal denuncia penal contra la firma por el delito de evasión fiscal por el impuesto a las ganancias del período 2020 por la suma de $ 5.670.841,72,- dando lugar al inicio de la causa 6399/2023 del registro del Juzgado Federal de Azul, quedando en consecuencia a la espera del resultado de la misma a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Penal Trituraria para luego proceder.
Relata que en las actuaciones se encuentra acreditado que la instrucción penal quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 del CPPN, así con fecha 27 de abril de 2023, se puso en conocimiento de la contribuyente de la imputación formulada en dichos autos.
De lo que entiende se desprende sin mayor esfuerzo que efectivamente, en sede judicial se ponderó la existencia de la figura delictual imputada haciendo lugar a la denuncia, tipificación penal que comprende ampliamente la figura infraccional que se juzgó.
Por otro lado, señala que el 29 de mayo de 2023 el representante de la firma Familia Romat SRL, con patrocinio letrado, solicitó la extinción de la acción penal tributaria en los términos del artículo 16 de la Ley Penal, atento haber cancelado la totalidad de la pretensión fiscal.
Con motivo de lo expuesto, el Juez penal, el 31 de agosto de 2023, dicta resolución en la causa por la que dispone: “DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL y SOBRESEER, conforme lo dispuesto por el art. 16 de la Ley 27.430, art. 59 inc. 6 del C.Penal y Art. 356 inc. 1 del CPPN a ALEJANDRO ROMAT, DNI... en carácter de gerente de la firma FAMILIA ROMAT SRL... por el hecho que se le imputara en la presente causa correspondiente al Impuesto a las Ganancias período fiscal 2020 de la persona jurídica mencionada...”. Señala que dicho sobreseimiento fue solicitado por la defensa particular del imputado, habiendo sido consentido por el Ministerio Público Fiscal al contestar la vista correspondiente.
Destaca que en el punto II de la parte resolutiva del auto de sobreseimiento se indicaba que cuando estuviera firme dicho auto debía notificarse a la AFIP, lo que se encuentra perfeccionado con la recepción de la notificación electrónica de fecha 31/08/2023.
Sin perjuicio de ello, con fecha 01/09/2023 relata que presentó un pedido de aclaratoria cuya respuesta del Juzgado Penal, fue notificada electrónicamente en fecha 05/09/2023, al Organismo, en los siguientes términos: "...Sin perjuicio de carecer de legitimación para impulsar una aclaratoria, hágase constar que el criterio del Juzgado para el Régimen Penal Tributario -volcado en distintos pronunciamientos- predica que la imputación penal no alcanza en forma directa a las personas jurídicas. De modo que, las sanciones que eventualmente podría aplicárseles a estas últimas en función de dicho régimen, presuponen como condición ineludible una condena a alguno de sus representantes, en tanto resulten personas físicas. La extinción de la acción penal que se le siguiera a Alejandro Romat por su carácter de gerente de la firma Familia Romat SRL en el marco de la conducta investigada y encuadrada en el R.P.T., ha finiquitado la presente causa...". Entiende que dicha aclaración corroboró que la causa efectivamente había finalizado.
A partir de lo expuesto, manifiesta que el auto de fecha 31/08/2023 se encuentra firme en cuanto dispone el sobreseimiento de Alejandro Romat como gerente de la firma Familia Romat SRL (artículo 16° del RPT aprobado por la ley 27.430), decisión que -en ese aspecto- no fue recurrida por las partes.
Ahora bien, detalla que el Ministerio Público Fiscal, en paralelo, le postula al Juzgado Penal interviniente, que Familia Romat SRL también tendría que considerarse imputada y que, por ende, también debería ser expresamente sobreseída del mismo modo que lo había sido Alejandro Romat. Y así ha ocurrido con fecha 12/04/2024, donde la CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA, en el Expte Nro. 6399 / 2023 caratulado:
“IMPUTADO: FAMILIA ROMAT S.R.L Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE:
AFIP DGI –DIRECCION REGIONAL MAR DEL PLATA” se ha expedido señalando: “REVOCAR la resolución del 05 de septiembre de 2023, y teniendo en cuenta que se ordenó la extinción de la acción penal (resolución del 31 de agosto de 2023), ordenar el SOBRESEIMIENTO de Familia Romat SRL por la evasión del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2020, hecho que se le atribuyera en el marco de esta investigación penal, de acuerdo a lo establecido los artículos 16 de la ley 24.730, 59 inciso 6 del CP y 336 del CPPN).”
Consecuentemente, culminada la causa penal y a tenor de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Penal Tributaria, tiene la vía expedita para continuar con las acciones administrativas en cuanto dicha norma dispone: “...Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.”
El juez administrativo acatando el criterio del Juez penal, ha dado inicio al sumario en la figura defraudatoria amparado en el encuadre penal y el fallo de la causa penal de fecha 31 de agosto de 2023. Señala que el Fisco Nacional, tal como lo expresa el juez penal en la primera instancia, dicha sentencia quedó firme, toda vez que, desde ninguna de las partes habilitadas a apelar, lo hicieron.
Es decir, no hubo parte legitimada activamente, apelando el decisorio. El Fisco como parte interesada, solicitó una aclaratoria en tal sentido, y el Ministerio Público Fiscal realiza una presentación a los fines que expresamente sea mencionada la persona jurídica en la sentencia, cuestión que en ningún momento revistió el carácter de apelación en los términos de la ley procesal correspondiente. En conclusión, señala que ha quedado firme la sentencia en los términos expresados en el acto en crisis. Cita jurisprudencia del Máximo Tribunal en apoyo a su postura.
En cuanto al reencuadre de la infracción, entiende que al solicitar la extinción de la acción penal en sede penal, aceptó la imputación del delito enrostrado, el que como ya se expresara, comprende por especificidad la figura infraccional, razón por la cual, y tomando en consideración la teoría de los actos propios, no puede ahora en sede administrativa sostener que su actuación ha sido culposa, pretendiendo revertir el encuadre de su conducta cuando la ha aceptado en sede penal.
En cuanto al fondo de la cuestión, entiende que el aspecto objetivo del tipo se ha verificado en las presentes actuaciones. Así como su conducta resulta punible en virtud de la concurrencia de los elementos tipificantes, que requiere, para su configuración, la figura defraudatoria.
Finalmente, solicita se confirme el acto apelado, con expresa imposición de costas.
III. Que habiendo la parte actora ofrecido prueba documental que agregara a su escrito de inicio y que la documental en poder de la AFIP que ofreciera como prueba consiste en los antecedentes administrativos que fueran acompañados por la representación fiscal al contestar el recurso, no existiendo prueba a producir, mediante PV-2024-50924017-APN-VOCV#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala “B”. A través del IF- 2024-56774118-APN-VOCV#TFN se llamaron los mismos a sentencia.
IV. Que, en primer lugar, corresponde tratar el planteo de la actora que entiende que el proceder de la Administración es violatorio de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Penal Tributaria, toda vez que aplicó la sanción de autos sin que la sentencia penal se encontrara firme.
Corresponde recordar que el artículo 20 de la Ley Penal Tributaria dispone que: “(...) La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que se dicte la sentencia definitiva en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial que corresponda al organismo fiscal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales. Asimismo, una vez firme la sentencia penal, el tribunal la comunicará a la autoridad administrativa respectiva y ésta aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial”.
A efectos de dicho análisis corresponde describir los hechos acontecidos conforme surge de los antecedentes de la presente causa:
- El 28 de marzo de 2023 se interpuso formal denuncia penal contra Alejandro Romat en su carácter de representante legal y también contra la firma FAMILIA ROMAT SRL por el delito de evasión fiscal, impuesto a las ganancias período 2020 por la suma de $ 5.670.841,72, dando lugar al inicio de la causa 6399/2023 del registro del Juzgado Federal de Azul.
- El 29 de mayo de 2023 la actora solicitó la extinción de la acción penal tributaria en los términos del artículo 16 de la Ley Penal, atento haber cancelado la totalidad de la pretensión fiscal.
- El 31 de agosto de 2023 el Juez Penal declara extinguida la acción penal y sobresee conforme lo dispuesto por el art. 16 de la Ley 27430, art. 59 inc. 6 del C.Penal y Art. 356 inc. 1 del CPPN a ALEJANDRO ROMAT, en carácter de gerente de la firma FAMILIA ROMAT SRL.
- El 01 de septiembre de 2023 el Fisco Nacional pidió aclaratoria respecto a si la acción penal también estaba extinta para FAMILIA ROMAT SRL a lo que el Juzgado señaló que su criterio predica que la imputación penal no alcanza en forma directa a las personas jurídicas. De modo que, las sanciones que eventualmente podría aplicárseles a estas últimas en función de dicho régimen, presuponen como condición ineludible una condena a alguno de sus representantes, en tanto resulten personas físicas. La extinción de la acción penal que se le siguiera a Alejandro Romat por su carácter de gerente de la firma Familia Romat SRL en el marco de la conducta investigada y encuadrada en el R.P.T., ha finiquitado la presente causa...".
- El 06 de septiembre de 2023 el Ministerio Público Fiscal apela el resolutorio en atención a que Familia Romat SRL también tendría que considerarse imputada y que, por ende, también debería ser expresamente sobreseída del mismo modo que lo había sido Alejandro Romat.
- El 12 de diciembre de 2023 se dicta la resolución que aplica la multa aquí apelada.
- El 12 de abril de 2024, la CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA, en el Expte Nro. 6399 / 2023 caratulado: “IMPUTADO: FAMILIA ROMAT S.R.L Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP DGI –DIRECCION REGIONAL MAR DEL PLATA” revoca la resolución del 05 de septiembre de 2023, y teniendo en cuenta que se ordenó la extinción de la acción penal (resolución del 31 de agosto de 2023), ordena el SOBRESEIMIENTO de Familia Romat SRL por la evasión del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2020, hecho que se le atribuyera en el marco de esta investigación penal, de acuerdo a lo establecido los artículos 16 de la ley 24.730, 59 inciso 6 del CP y 336 del CPPN).
V. Que, ahora bien, para determinar si el proceder del Organismo resultó violatorio de la normativa citada, cabe detenerse y detallar lo acontecido en sede penal con posterioridad al dictado del resolutorio de fecha 31 de Agosto de 2023 y aclaratoria del 5 de septiembre del mismo año.
En efecto, se observa de los antecedentes que se adjuntan a la presente causa que el Ministerio Público Fiscal con fecha 6 de septiembre de 2023 interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 31 de agosto del mismo año, mediante la cual el Sr. Juez resolvió DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL y SOBRESEER, conforme lo dispuesto por el art. 16 de la Ley 27430, art. 59 inc. 6 del C. Penal y art. 336 inc. 1 del CPPN, a ALEJANDRO ROMAT, DNI. 14.591.121, en el carácter de gerente de la firma FAMILIA ROMAT SRL (CUIT 30-71023165-2) (vide objeto del recurso de apelación adjunto en IF-2024-41996428-
APN-DTD%JGM).
En virtud de dicho recurso el 12 de Abril de 2024 la Cámara revocó la resolución del 05 de septiembre de 2023, y teniendo en cuenta que se ordenó la extinción de la acción penal (resolución del 31 de agosto de 2023), dispuso el sobreseimiento de Familia Romat SRL por la evasión del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2020, hecho que se le atribuyera en el marco de esta investigación penal, de acuerdo a lo establecido los artículos 16 de la ley 24.730, 59 inciso 6 del CP y 336 del CPPN)..
Para así resolver dispuso “Que el criterio sostenido por el Juez de Grado se contrapone a las normas establecidas en el artículo 13 contenido en artículo 279 de la Ley 27.430, que siguió los lineamientos de la derogada ley 24.769, donde el legislador estableció una serie de penas para las personas de existencia ideal cuando las acciones que allí se describen sean realizadas en su nombre, con su intervención o en su beneficio. En este sentido, si la persona de existencia ideal es pasible de una sanción ─independientemente de las penas que corresponde aplicar a las personas físicas─ resulta coherente que pueda defenderse en juicio y hacer valer sus derechos con las responsabilidades y garantías otorgadas por la Constitución Nacional y la normativa procesal vigente y, consecuentemente, para el caso que corresponda, dictarse su sobreseimiento por alguna de las causales establecidas en el artículo 336 del CPPN.
Como vemos, la ley hace referencia a la fórmula del “actuar por otro” la cual, si bien la doctrina ha destacado su fracaso al toparse ante problemas como el aquí en ciernes, lo cierto es que la sanción a la cual queda sometida la firma se impondrá a las entidades de manera independiente.
De hecho, el propio legislador, luego de establecer un decálogo de sanciones que podrán imponerse al ente ideal de manera conjunta o alternativa, otorga pautas a los jueces para graduar las sanciones e inclusive otorga la posibilidad de mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un servicio en particular, para lo cual no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 1 y el inciso 3, es decir que la ley busca ─de tal modo─ incentivar a las empresas a que detecten la conducta del responsable “infiel” o que “acude” a la figura societaria para lograr ─como en el caso─ el cometido de evasión de tributos.
En otras palabras, así como la persona jurídica puede ser acusada y sancionada, también puede defenderse de la imputación en su contra, inclusive a través de un proceso interno, lo que en doctrina se conoce como compliance penal, lo cual ha sido receptado por el legislador argentino (ver, además de la ley bajo estudio, leyes 26.683, 27.401). La tesis de que la persona jurídica puede ser encontrada culpable y es susceptible de sanciones penales ha sido establecida por la propia legislación, defendida por la jurisprudencia y la doctrina, tal como ha señalado el Fiscal General al exponer sus argumentos ante esta Cámara Federal.
Si la persona de existencia ideal es susceptible de sanciones penales, incluso de forma independiente a las personas físicas, se infiere que puede presentarse en el proceso penal y hacer valer sus derechos de acuerdo con las garantías que se aplican a esta materia.
Teniendo en cuenta lo sostenido hasta aquí, debemos considerar que el artículo 16 del Régimen Penal Tributario instituido in fine por la ley 27430 establece que el beneficio de la extinción penal se otorgará por única vez por cada persona humana o jurídica obligada.
Si a ello se suma que la investigación involucró un hecho de evasión tributaria simple atribuido tanto a la persona física (socio gerente) como a la persona jurídica (Familia Romat SRL), corresponde que tanto la extinción como el sobreseimiento se extiendan a todo el objeto procesal, es decir, a todos los involucrados, pues de lo contrario la persona jurídica podría volver a hacer uso en el futuro de un instituto que está previsto sea utilizado por una única vez”.
De lo expuesto, se evidencia claramente que el pronunciamiento del 31 de Agosto de 2023 y su aclaratoria no se encontraban firmes. La causa penal respecto de FAMILIA ROMAT SRL no había concluido, en efecto, la Cámara Federal recién en el pronunciamiento reseñado expresamente dicta el sobreseimiento de la contribuyente de autos.
Cabe destacar, que se evidencia claramente de dicho pronunciamiento y de las constancias de autos que se ha iniciado denuncia penal tanto a la persona física como a la persona jurídica en los términos del art. 13 del Régimen Penal Tributario que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ello así, tal como se advierte, la sentencia definitiva respecto de FAMILIA ROMAT SRL recurrente de autos, fue dictada con posterioridad a la aplicación de la sanción por parte del Fisco Nacional, quien ha actuado entonces en clara violación a lo dispuesto en la normativa citada.
En consecuencia, corresponde reputar como nula, de nulidad absoluta e insanable, a la resolución apelada en autos. En efecto, el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que antes de la emisión del acto deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico; en tanto su artículo 14 fulmina con la nulidad al acto dictado en violación de la ley aplicable y de las formas esenciales.
En ese sentido, cabe destacar que no toda nulidad administrativa es suceptible de ser convalidada en instancias procesales sucesivas conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 205:549; 247:52; 267:393, entre otros. Algunas revisten tal entidad que resultan de imposible subsanación posterior, puesto que admitir lo contrario, importaría asumir que la Administración Fiscal se encuentra facultada a disponer de las formas y requisitos legales y procesales a su libre discrecionalidad o arbitrio, convirtiendo en letra muerta a la ley adjetiva tributaria y a las garantías constitucionales que inspiraron su dictado, conclusión que repulsa a un ordenamiento jurídico tributario donde la sumisión a la ley es un deber inexcusable impuesto tanto a los contribuyentes como a la propia Administración.
Las costas se imponen por su orden en atención a que en virtud de lo resuelto por el Juzgado Penal a la aclaratoria presentada por el Fisco Nacional, éste pudo considerarse con derecho a dictar la resolución apelada en autos.
Por ello, SE RESUELVE:
Reputar como nula, de nulidad absoluta e insanable, a la resolución apelada en autos. Con costas por su orden. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.06.04 16:27:51 ART Date: 2024.06.04 19:12:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.05 14:36:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.05 14:37:08 -03:00
Fin de la sentencia