Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Y
I. Que mediante RE-2023-127019157-APN-SGAI#TFN la parte actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 de la Ley N° 11.683, contra la Resolución N° 1216/23 (DV JUTU), dictada el 21/06/23 por la Sra. Jefa Int. de la División Jurídica de la Dirección Regional Tucumán, Dirección General Impositiva de la AFIP, que aplica una sanción de multa de $1.035.798,34, por el Impuesto al Valor Agregado, período fiscal enero de 2020, en los términos del art. 45 de la ley de rito, graduada en el 200% del impuesto dejado de ingresar. Plantea la nulidad por ser la sanción arbitraria, ilegítima y vulnerar derechos constitucionales. Entiende que el acto citado posee serios defectos de forma, de procedimiento y sobre todo en la motivación.
Destaca que la imprecisión y el escueto detalle de los supuestos montos omitidos constituyen un vicio de la motivación del acto, los cuales vienen siendo reiterados desde el inicio del sumario. Manifiesta que se vulnera la garantía del debido proceso, toda vez que la imputación debe ser clara y precisa.
Expresa que resulta de aplicación al caso el art. 49 de la Ley N° 11.683, que prescribe que si un contribuyente rectificare sus declaraciones juradas antes de corrérsele la vista del artículo 17 y no fuere reincidente en las infracciones del artículo 46 ni en la del artículo 46.1, las multas de estos últimos artículos y la del artículo 45 se reducirán a 1/3 de su mínimo legal. Se agravia que dichas defensas no fueron siquiera consideradas en los considerandos y en la parte resolutiva del acto impugnado, lo que implica un vicio en el elemento causa, tornándola nula de nulidad absoluta.
Agrega que la firma tenía como única obligación verificar si las facturas se encontraban autorizadas por la AFIP mediante la utilización del servicio de internet, y no la de constatar que sus proveedores incumplen con sus obligaciones impositivas formales y materiales ante el organismo recaudador, información –dice- a la cual no tiene acceso.
Manifiesta que todos los pagos realizados están netos de las retenciones que correspondían, actuando la firma conforme lo requieren las normas tributarias. En ese sentido, considera que los hechos descriptos para presumir la existencia de facturas apócrifas son insuficientes y que el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los proveedores no resulta un impedimento para que los mismos continúen desarrollando sus actividades. Al respecto, dice que el fisco utilizó indicios basados en supuestas irregularidades del proveedor, que escapaban por completo a su esfera de incumbencia como adquirente de los bienes.
Con relación al elemento subjetivo de la sanción, destaca que el supuesto pasivo inexistente no constituye un hecho cierto probado por el Fisco Nacional del cual pueda derivarse la existencia de una conducta dolosa, por lo que el ente fiscal se valió de presunciones no previstas legalmente y de meras conjeturas para sostener la existencia de dicha conducta. Con respecto a los proveedores cuestionados en el sumario y no indicados con precisión en el acto recurrido, manifiesta que las compras incurridas son propias del giro de la empresa y dada la relación de causalidad existente en dichas erogaciones para mantener, obtener y conservar la ganancia gravada, las compras impugnadas son deducibles sin limitaciones y sin topes numéricos en el impuesto en cuestión. Al respecto, a pesar que los servicios estaban prestados y adeudados parcialmente al cierre de los balances, obro de buena fe procedió en primera medida a presentar las correspondientes Declaraciones Juradas rectificativas de los períodos en cuestión del Impuesto al Valor Agregado, y el saldo resultante fue incluido en un plan de pagos. Agrega que tampoco se observa de los considerandos del acto el pertinente dictado del dictamen jurídico previo, exigido en el art. 7 inc. d) de la Ley N° 19.549.
Señala que el Fisco no examinó debidamente la prueba ofrecida. Por último, en cuanto al error excusable resalta que se debe valorar el actuar del contribuyente y sus antecedentes, y en el caso se acredita un comportamiento fiscal razonable.
Solicita la morigeración de la multa, ya que –dice- el accionar del Fisco se presenta como manifiestamente ilegítimo, la sanción administrativa debe respetar el principio de proporcionalidad entre la pena establecida por la norma y la conducta infractora, cuyo vicio vulnera los artículos 82 y 3 de la Constitución Nacional. Finalmente solicita, se revoque el acto, con costas.
II. Que mediante IF-2024-18279409-APN-DTD#JGM el Fisco contesta el traslado del recurso conferido, ratificando en todos sus términos la resolución apelada.
Señala que el origen de la misma radica en la instrucción de sumario, dispuesta por resolución de fecha 13/06/22, a través de la cual se le imputara a la actora de autos la conducta prevista por artículo 45 de la Ley 11.683. Detalla que la contribuyente presentó la declaración jurada del IVA, período fiscal enero 2020, con montos inexactos, habiéndose constatado ventas no declaradas, como consecuencia de pasivos no justificados, no aportando la encartada prueba alguna que desvirtuase dicha imputación, habiéndose detectado por otra parte egresos no registrados y a partir de lo cual se estimaron ventas no declaradas (v. informe final de inspección, fs. 2/7 a.a.), ajustes reconocidos por la propia contribuyente en el marco de la OI/C.V N° 2057549, mediante presentación de declaración jurada rectificativa, encontrándose acreditada la base fáctica de la omisión de ingreso de impuesto a su vencimiento por la suma de $517.899,17, tal como da cuenta la propia instrucción sumarial.
Señala que el contribuyente, haciendo uso de su derecho de defensa y luego de la prórroga concedida, presentó digitalmente, con fecha 09/02/23, escrito de descargo obrante en las actuaciones administrativas. Cita la normativa pertinente que sustenta su postura, en cuanto a la graduación de la sanción, habida cuenta que la contribuyente resultara reincidente en la comisión de infracciones materiales, registrando sumario N° 567808, con multa notificada el 06/09/2019, la cual quedó firme con anterioridad al vencimiento del período fiscal en trato (fecha de configuración de la infracción), de acuerdo a lo prescripto en el artículo 45 de la Ley 11.683, en su texto legal vigente en ese momento, se procedió a graduar la sanción en el doscientos por ciento (200 %) del impuesto omitido declarar e ingresar oportunamente.
Rechaza el planteo de nulidad invocado por la actora, ya que de manera alguna la contraparte ha resultado colocada en estado de indefensión en el transcurso del procedimiento sumarial ni tampoco al momento de recurrir en apelación en la presente instancia.
Así, no puede dejar de destacarse que el rectificar voluntariamente sus declaraciones juradas -aunque se alegue que ello se debió a la intención de dar por concluida la inspección- implica la aceptación de la procedencia del ajuste y del gravamen correlativo.
Alega que tampoco acreditó un perjuicio cierto e irreparable. Referido al fondo de la cuestión y tal como surge de la propia resolución atacada, precisa que la misma no constituyó una mera invención antojadiza, sino que se basó en el presupuesto fáctico, al detectarse la presentación de la declaración jurada del IVA, correspondiente al período fiscal enero de 2020, con montos inexactos, por cuanto se determinaron ventas no declaradas por la responsable, como consecuencia de pasivos no justificados, no aportando la encartada prueba alguna que desvirtuase dicha imputación.
En tal sentido entiende que no es cierto que se haya recurrido a presunciones no previstas por la ley, ya que el artículo 18, inciso f) de la ley N° 11.683 expresamente contempla los incrementos patrimoniales no justificados, los cuales pueden surgir a raíz de pasivos cuya autenticidad no sea demostrada.
Por lo demás, agrega que resulta por completo desechable la alegación de error excusable eximente de sanción que también ensaya la recurrente y que se agota en la mera declamación y sin atinar siquiera a desarrollar argumentación de hecho alguna al respecto.
Por último, en cuanto a la morigeración de la multa que impetra la sumariada, tal la solicitud resulta por completo improcedente, ya que la contribuyente es reincidente, registra sumario el cual quedó firme con anterioridad al vencimiento del período fiscal en trato (fecha de configuración de la infracción). Por ende solicita se confirme en todos sus términos la sanción aplicada, con costas.
III. Que, toda vez que la parte actora no ofrece prueba, se hace saber a las partes que se resolverá la causa con las constancias de autos, y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y seguidamente se pasan los autos para sentencia (vide IF-2024-26605943-APN-VOCV#TFN ).
IV. Que de las actuaciones administrativas (vide informe final de fiscalización obrante en IF-2024-18273691- APN-DTD#JGM) surge que, la actividad principal declarada por el inspeccionado es Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero NCP (CIUU: 241009), el caso se origina "por inconsistencias en las Ventas Totales declaradas en el I.V.A. (Gravadas y Exentas) las cuales son inferiores a la sumatoria de las Compras, Remuneraciones y Contribuciones a la Seguridad Social, período 01 a 12/2020 (RECO negativo).
Por otro lado, señala que a la fecha de inicio de la fiscalización, contaba con la presentación de todas las DDJJ de IVA del período 2020. La única DJ que arroja saldo a pagar corresponde a Enero 2020 con un monto a ingresar de $436.028,32. El saldo técnico a favor del contribuyente a 12/2020 asciende a $4.253.775,mientras que el saldo de libre disponibilidad arriba a $2.185.015,35. Del cálculo efectuado por la fiscalización con el fin de determinar el RECO negativo del período 2020, surge un monto total de $40.706.292,70 a justificar. En relación al crédito fiscal, se controló el libro IVA compras contra la base de contribuyentes no confiables, no se detectaron casos APOCS para reportar. Se cruzaron las DDJJ de IVA con el libro IVA compras detectando diferencias por un total de $1.720.544,6 de crédito fiscal computado en exceso en las DDJJ.
La diferencia más importante se observa en el mes de 03/2020 donde el contribuyente copió el mismo monto de crédito fiscal que corresponde al mes de 02/2022. Se obtuvo el listado de facturas electrónicas emitidas a Sermetal SRL y de aquellos comprobantes de compras informados por terceros en sus regímenes de información (previamente depurados para evitar duplicaciones). Este listado fue cruzado con los libros IVA compras aportados. De esto surgen 223 comprobantes por $3.849.976,89 de compras netas no registradas en los libros (previamente se procedió a depurar aquellas facturas 2020 registradas en los libros de 01/2021, 02/2021 y 03/2021). Así, la fiscalización entiende que existen ventas no declaradas por el mismo valor, lo que genera un DF omitido de $808.495,15.
A su vez, que corresponde el cómputo del CF sobre las compras mencionadas el cual asciende a $663.087,53 En resumen, neteando del Crédito Fiscal computado en exceso el que corresponde a facturas no registradas, surge una reducción del crédito fiscal computado en exceso por $1.057.457,09. Se procedió a cruzar los montos del libro IVA ventas aportado contra las DDJJ de IVA, de dicho cruce surge una diferencia de $5.797,20 en el monto de ventas de enero siendo superior la información de las DDJJ que lo que surge de libro IVA ventas. Se considera como válido el monto de ventas de $57.240.597,32 atento a que es el que surge de las DDJJ presentadas por el contribuyente. Se observó que los pasivos comerciales de Sermetal SRL se incrementaron entre 2019 y 2020 en $32.974.973,02.
Se procedió a circularizar a los proveedores Proyectos Metalúrgicos SRL CUIT 30-70772880-5, Monetti Rodolfo CUIT 23- 24409881-9 Y Gottardi Esteban CUIT 23-24409881-9 quienes suman deuda por $37.803.364,32 y representan un 85,15% del pasivo comercial total declarado por el fiscalizado.
Por lo expuesto anteriormente, determinó ventas omitidas por la impugnación de pasivos por un neto de $13.576.971,10. El ajuste total de ventas genera un incremento de débito fiscal de $3.659.659,08: Ajuste de ventas Diferencias de pasivos comerc., Diferencias de otros pasivos, Vtas. S/ egresos no registrados ($11.576.971,10; $2.000.000,00; $3.849.976,89; respectivamente lo que suma $17.426.947,99). Del control realizado sobre las retenciones y percepciones de IVA se determinó una diferencia de $17.785,73 a favor del contribuyente.
Todo ello concluyó en un saldo a ingresar ajustado de $953.927,49 lo que descontando el saldo base generó una diferencia de $517.899,17, la que conformada por el contribuyente originó la multa de autos.
V. Que procede en primer término analizar el planteo de nulidad articulado por la actora al sostener la nulidad del acto administrativo y del procedimiento. Cabe señalar, en primer lugar, que los ajustes determinados en autos por el Fisco Nacional se sustentan en ventas no declaradas, como consecuencia de pasivos no justificados. Por otro lado, cabe tener presente que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Rspecto de lo estrictamente formal, la resolución sumarial de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Más aún, respecto de la falta de dictamen jurídico previo planmteada por la actora, no se evidencia su necesidead en autos toda vez que quien firma el acto administrativo es de profesión abogada.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal ( vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada referente al Impuesto al Valor Agregado periodo fiscal enero 2020, con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683, graduada en 200% del impuesto dejado de ingresar. En primer lugar, cabe dejar sentado que la parte actora solicita la reducción de la sanción, en virtud de haber rectificado y pagado el tributo previo a la vista, y por otro lado, entiende que no corresponde la graduación en el 200% por no existir en el caso el supuesto de reincidencia.
Ello así, cabe recordar que el art. 45 de la ley de rito, luego de la reforma introducida por la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017) dispone “Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren:
a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas- (…)”.
Luego dispone, “cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir (…)”.
Al respecto, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas. Se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”. En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Por su parte, el art. 49 de la ley de rito regula los supuestos de reducción y eximición de sanciones pero condicionando su aplicación a que el contribuyente o responsable no fuere reincidente en infracciones materiales. Debe señalarse que no se encuentra controvertido en autos que la contribuyente, como consecuencia del procedimiento de fiscalización, presentó la declaración jurada relativa al período en crisis del Impuesto al Valor Agregado.
En efecto, en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, en atención a que la recurrente presentó la declaración jurada, que luego rectifica conforme los ajustes de la fiscalización, admitiéndose de esta forma la materialidad de la infracción. Vale decir, previo a la fiscalización de referencia, la recurrente presentó declaración jurada inexacta y por tanto, no ingresó el gravamen en su justa medida, en efecto tampoco cuestiona o argumenta en contrario. Ahora bien, ello no implica que no deba analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los fines de su configuración, en cada caso en particular.
Como ya se señaló, en relación con el aspecto subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En el caso de autos, la parte actora no esgrime ningún argumento para exculparse, mucho menos aporta elementos probatorios o factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable.
En virtud de ello, el examen de los hechos y las constancias obrantes en autos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante.
VII. Que, ahora bien, corresponde evaluar si la graduación al 200% impuesta por la AFIP es ajustada a derecho. Para ello resulta necesario determinar si en el caso particular hubo “reincidencia” en los términos establecidos en el segundo párrafo del art. 45 de la Ley de rito.
Ello así, cabe señalar que la ley 11.683 desde la modificación introducida por la Ley 27.430 contiene una definición de “reincidencia”. En efecto, el artículo agregado a continuación del artículo 50 de la ley de procedimiento dispone “Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley, cometiera con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso”. Conforme surge de fs. 21/22 de los antecedentes administrativos la parte actora tiene antecedentes sumariales, relativos al impuesto al valor agregado. La actora no desconoce que datan de noviembre de 2019 y que tal como informa el Fisco -y la parte no niega- estaría firme.
Teniendo en cuenta los términos expuestos en la normativa y los antecedentes sumariales destacados por el Fisco Nacional corresponde confirmar la graduación de la pena en el 200%. Ello así, siendo reincidente, no podría caber la aplicación de la eximición de sanción peticionada por la actora en los términos del art. 49 de la ley de rito, el que -como ya se señalara ut supra- expresamente dispone que su aplicación queda supeditada a que el contribuyente o responsable no fuere reincidente en infracciones materiales.
Por ello, SE
Confirmar la sanción apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2024.03.19 10:11:18 ART Date: 2024.03.19 14:18:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.19 15:26:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.19 15:26:54 -03:00
Fin de la sentencia