Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 20.440-I
I. Que a fs. 03/16 la Sra. Silvia Viviana Porta presenta recurso de apelación contra la Resolución N° 122/2018 (DV RRMR) emitida por la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI el 26 de junio de 2018, mediante la cual se le determina de oficio el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 01/2015 al 03/2017 –ambos inclusive- en la suma de pesos dos millones ciento sesenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco con noventa y dos centavos($2.161.645,92), con más la suma de pesos un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres con cincuenta y cinco centavos ($1.756.853,55) en concepto de intereses resarcitorios, y le aplica una multa por la suma de pesos cuatrocientos doce mil seiscientos noventa y dos con treinta y cuatro centavos ($412.692,34) tipificando su conducta en las previsiones de los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley de rito. Expresa que el procedimiento de determinación de oficio fue conducido por el organismo fiscal con estricto rigor formal, desnaturalizando los fines que lo inspiran, esto es el de garantizar el derecho de defensa y la búsqueda de la verdad material. Asimismo, plantea la nulidad del acto apelado por carecer de fundamentación y por vulneración del debido proceso.
Manifiesta que, respecto de los proveedores Patricia FERRARI, Sabrina VALLEJOS, MARTÍNEZ –sin especificar si se refiere a Lilia o Carlos Alberto-, Daniel Raúl SANTA CRUZ, Víctor Luis PASCUALI y Juan Hipólito LUNA, existe una ausencia de soporte probatorio e ilación lógica entre el indicio y la conclusión (inexistencia de las operaciones) y ratifica la validez de la facturación. En relación a SANTA CRUZ y PASCUALI, sostiene que si tales sujetos confeccionaban o compraban material a otros talleres, tal hecho no desvirtúa la existencia de las operaciones. Y a su turno, que la impugnación de MARTÍNEZ y LUNA sólo tiene como fundamento el no haberlos ubicado en sus domicilios en la visita realizada por los inspectores. Hace hincapié en la incongruencia en que incurre la Administración tributaria, pues por un lado, autorizó a los proveedores impugnados a emitir facturas y/o no los incluye en la base de proveedores no confiables; y por otro, procede a impugnar el crédito fiscal surgido de las operaciones por aquellos concertadas.
Concluye que las supuestas inconsistencias detectadas sólo tienen como sustento una manifestación unilateral, y que en tal sentido, el déficit probatorio no puede sustituirse trasladando la carga al contribuyente. Por último, se agravia de la sanción que se le endilga. Esgrime que en materia de ilícitos por defraudación debe observarse el elemento subjetivo y que para aplicar dicha figura es el ente fiscal quien debe acreditar el proceder engañoso; en esa línea, que tal elemento no puede tenerse por acreditado con la “presunta” contradicción de los libros, registraciones y antecedentes con las declaraciones juradas. Ello así, sostiene que no se ha configurado la conducta infraccional tipificada en la norma, debiendo dejarse sin efecto la multa aplicada.
Cita jurisprudencia. Agrega prueba documental y ofrece prueba informativa y periciales técnica y contable. Formula reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 76/93 la representación fiscal contesta el recurso. Por las razones de hecho y de derecho que invoca, ratifica la legitimidad y procedencia de la determinación practicada y la sanción impuesta. En tal sentido, rechaza el planteo de nulidad intentado por la actora, asegurando que la resolución en crisis contiene todos los elementos propios del acto administrativo.
Cita jurisprudencia y doctrina. Acompaña los antecedentes administrativos y se opone a los medios probatorios ofrecidos por la recurrente. Hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 115 se rechaza la producción de las medidas probatorias ofrecidas por la parte actora. Que visto en estado de autos, a fs.134 se elevan a consideración de la Sala “B” y a fs.139 se ponen para el dictado de sentencia.
IV. Que por cuestiones de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal analice el planteo de nulidad intentado por la recurrente con relación a la falta de fundamentación y vulneración del debido proceso. Que cabe advertir que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el Fisco Nacional para encuadrar la conducta fiscal de la recurrente, no resulta sustento a la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo en base a las normas que considera aplicables es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
Que como sostuvo esta Sala in re “Siev Publicidad S.A.” (sentencia del 01/04/2004) debe rechazarse la defensa opuesta por la apelante en cuanto a la falta de fundamentación del acto determinativo puesto que “el juez administrativo se encuentra investido de las facultades necesarias para decidir la cuestión conforme a su criterio, independientemente de lo alegado por las partes y siempre que su decisión sea fundada, situación ésta que se verifica en autos al sustentarse las resoluciones en los hechos y antecedentes del caso y en el derecho aplicable”.
Que además, cabe considerar que este Tribunal ha sostenido in re “Mirror Holding S.A” (fallo del 15/09/06, expte. Nº 20.440-I) que: “...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como “in extenso”, en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho...”.
Que así ello, cabe recordar que “(…), la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que “las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág. 646)” (vide CNACAF, “Dadea, Marta Elisa s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984).
Por lo expuesto, debe rechazarse el planteo de nulidad interpuesto por la recurrente.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma.
Que en este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que seguidamente, corresponde a este Tribunal expedirse sobre el fondo de la cuestión traída a su conocimiento.
Que en ese orden del análisis, en primer lugar cabe referirnos a los motivos expuestos por el organismo fiscalizador para sustentar la impugnación de los créditos fiscales por las operaciones que la recurrente atribuye a sus proveedores.
Que en efecto, a fs. 307/326 del Cuerpo N° 2 del Impuesto al Valor Agregado que integra los antecedentes administrativos de la causa obra agregado en Informe Final de Fiscalización en el que se consignan las inconsistencias detectadas en cada uno de los sujetos impugnados, a consecuencia de las cuales fueron incluidos en la Base E-APOC del organismo por carecer de capacidad económica, patrimonial y financiera, a saber: (i) Respecto a los proveedores Cesar Horacio ROSA, FARIAS MARIANELA, FARIAS NICOLÁS Y FARIAS MARCIANO SH; RANGER COMPANY S.R.L. y Raúl Osvaldo COZI:
Todos ellos no informan operaciones con la Sra. Porta o desconocen su persona, manifestando no haberle realizado compras ni pagos. (Cuerpo N° 5 Respuestas a Circularizaciones fs. 902/903; Cuerpo 6 Respuestas a Circularizaciones fs. 1010 y Alcance N° 18597-83-2017/2 fs. 14/15)
Que de la copia de las facturas entregadas por los proveedores precedentemente referidos que fueron cotejadas con registradas por la recurrente y pertenecientes a las fechas cuestionadas, se observa que fueron emitidas a nombre de otros contribuyentes y que la numeración y los conceptos consignados no se corresponden con las operaciones cuestionadas.
Se agrega que la firma FARIAS MARIANELLA, FARIAS NICOLÁS Y FARIAS MARCIANO SH manifestó haber sido objeto de una inspección ya que le habían duplicado facturas como así también que la firma no tiene actividad comercial desde enero 2015 (Cuerpo 6 Respuestas a Circularizaciones fs. 1010)
Se indica que tales sujetos, dadas las irregularidades detectadas en su condición tributaria, fueron incluidos en la base E-APOC con fecha posterior a las operaciones (ii) Con relación a los proveedores Patricia FERRARI, Sabrina VALLEJOS, Lilia MARTINEZ y Daniel SANTA CRUZ, se indica que fue el Sr. Pascuali quien los inscribió ante AFIP, que les pagaba mensualmente $ 2.500 y que no habían realizado la actividad de confección de prendas, no teniendo en su poder la clave fiscal. (Cuerpo 2 Impuesto al Valor Agregado fs. 241; 242; 243 y 246 respectivamente)
(iii) En el caso del Sr. Víctor PASCUALI, se deja constancia de que manifestó conocer a la Sra. Porta y haberle emitido facturas. Se sostiene que, si bien su actividad era en esa época la de “servicio de preparación de prendas”, el verificado expresó que “no tenía empleados ni estructura como para haber realizado el servicio de confección” (sic). Se concluye que, teniendo en miras sus declaraciones juradas y demás elementos atinentes a su condición tributaria, no contaba con capacidad para realizar los servicios facturados (Cuerpo 2 Impuesto al Valor Agregado fs. 244 y Cuerpo 1 Respuestas a Circularizaciones fs. 141)
(iv) En cuanto a los proveedores Carlos Alberto MARTINEZ y Juan LUNA, se indica que no fueron ubicados en sus domicilios fiscales, constatando en ambos casos que se encontraban en barrios humildes. Por otra parte, de la consulta a las bases de AFIP no surgía que tengan capacidad para desarrollar la actividad objeto de la facturación. Además, cabe agregar que los fiscalizadores confeccionaron un detalle de las IP desde las cuales se emitieron las facturas electrónicas y presentaron las declaraciones juradas y se constató que fueron hechas con diferencia de minutos entre una y otra y desde la misma IP. Esta situación se verificó en los últimos 7 proveedores: Ferrari; Vallejos; Pascuali; Luna; Santa Cruz, Martínez Lilia y Martínez Carlos Alberto. (Cuerpo 2 Impuesto al Valor Agregado fs. 312 y fs. 225/236)
Asimismo, se deja constancia de que se requirió a la recurrente que aporte la documentación que sustente las operaciones concertadas con los referidos proveedores, la que cumple arrimando los comprobantes de sus facturas de compra correspondientes al período fiscalizado, Libro IVA compras e IVA ventas; remitos, Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado, Acuses y resultados de consultas realizadas al sitio “Validez de comprobantes” y “facturación apócrifa”. En algunas de estas no figura fecha de consulta y en otras consta que fueron realizadas en el año 2018, es decir con posterioridad a la fecha de fiscalización. (Cuerpo 4 Impuesto al Valor Agregado fs. 699; 703; 707; 711; 723; 727; 731; 778 y 782 entre otras)
Que como resultado del estudio de la documentación aportada y a la luz de las serias irregularidades detectadas en los sujetos observados, se procedió a impugnar los créditos fiscales surgidos de las operaciones supuestamente concertadas por la Dra. Porta con aquellos.
VI. Que en razón de lo merituado en el considerando precedente, conviene adelantar que la impugnación efectuada por el Fisco Nacional resulta procedente, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones por parte de los proveedores cuestionados, sustentada esencialmente en la ausencia de capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registra la parte actora.
Que conforme surge de las constancias obrantes en los antecedentes administrativos y en los presentes autos, la recurrente no ha logrado acreditar que las operaciones hayan sido realizadas por los sujetos impugnados, siendo que no se cuestiona aquí la efectiva y real existencia de las operaciones, ni el desarrollo de la actividad, sino más precisamente que las mismas hayan sido efectuadas por los sujetos que en la documentación observada figuran como proveedores.
A ello, cabe agregar que las probanzas rendidas en el expediente administrativo resultaron inconducentes pues no aportaron nuevos elementos que permitan desvirtuar las inconsistencias que el Fisco Nacional detectó en cada uno de los sujetos con los que supuestamente había operado la Sr. Porta, quedando incólumes las impugnaciones del crédito fiscal computado por la demandada.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que como en el presente caso se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos y no un indicio sino un conjunto de indicios que concomitantemente actúan y se relacionan a fin de formar la convicción en el juzgador de que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra defraudatoria fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que, si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Que respecto a las afirmaciones de la actora en la cual las operaciones fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000.
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que, formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los otros indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe destacar que en el caso de autos se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los productos involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Que corresponde dejar sentado que la postura por la cual la actora manifiesta que dichos proveedores se encuentren inscriptos, resulta claramente insuficiente para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y para acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados.
Que en efecto, los meros cumplimientos de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos, ante los indicios expuestos, para tener por acreditada la existencia de las operaciones que allí se consignan, tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que por lo merituado, ante la ausencia de probanzas que logren desvirtuar la tesis fiscal, corresponde confirmar la determinación de oficio del Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales 01/2015 a 03/2017 –ambos inclusive- , con costas a la recurrente.
VII. Que por último, corresponde dar tratamiento al aspecto infraccional del acto en crisis.
Que según surge de la resolución apelada, se aplicó al recurrente una multa en los términos de lo establecido en los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley N° 11.683.
Que tal como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. Nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
Que si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el artículo 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del artículo 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
Que por lo tanto, si se analiza la presunción utilizada en la especie a la luz de las maniobras desplegadas por la actora en la utilización de facturación manifiestamente apócrifa, se comprende que se trata de hechos suficientes para calificar la gravedad de la incidencia en la determinación de la materia imponible que imputa el Fisco Nacional.
Precisamente, se observa que la presunción se encuentra debidamente activada, pues se ha corroborado la existencia de declaraciones juradas en las que se han consignado datos inexactos –léase, derivados de comprobantes que pretenden respaldar operaciones insinceras por haber sido supuestamente cumplidas por sujetos considerados apócrifos- que tuvieron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible. Que en tal sentido, correspondía a la parte actora demostrar la falta de atribución subjetiva, cuestión que no acaece en la especie, pues su defensa y las probanzas rendidas oportunamente se han direccionado a insistir en que toda la operatoria estaba documentada, que los proveedores eran reales, negando que su conducta pueda considerarse defraudatoria.
Que a ello, cabe agregar que la actora no puede ampararse en el desconocimiento de la ley para excusar su accionar, en razón de lo dispuesto en el artículo 8 del C.P.C.C.N. que dispone “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico”. Tampoco puede invocar un error de interpretación, ya que la norma es clara y no da motivos de duda en torno a su significado.
Que ello así, no puede negarse que la pretensión fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por el encartado ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que, más allá de encontrarse acreditada vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por el contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al organismo recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo. Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditada en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar el encuadre y la graduación de la multa aplicada al contribuyente, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese. Notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregada al expediente papel. Date: 2024.06.24 14:17:24 ART Date: 2024.06.24 14:49:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.25 10:34:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.25 10:34:44 -03:00
Fin de la sentencia