Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2023-109026049-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar los actos apelados respecto del ajuste tratado en el Considerando VII de la presente y confirmar los ajustes determinados respecto del proveedor impugnado de conformidad con el Considerando VIII y IX. Con costas.
2Confirmar la multa aplicada en la Resolución RESOL-2023-52-E-AFIP-DVJUN#SDGOPII, reduciéndola al mínimo legal. Con costas, salvo en la parte en que se reduce la multa, en la cual se imponen por su orden.
3Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente.
I. Que mediante IF-2023-109025930-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2023-51-E-AFIP-DVJUN#SDGOPII acompañada en el RE-2023-109020933-APN- SGAI#TFN correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2019, de fecha 15/09/2023, dictada por el Jefe (Int.) de División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Junín de la Dirección General Impositiva, con más intereses resarcitorios, difiriendo el pronunciamiento sobre el aspecto sancionatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Régimen Penal Tributario.
En su acumulado por IF-2023-109102255-APN-DTD#JGM recurre la Resolución RESOL-2023-52-E-AFIP- DVJUN#SDGOPII acompañada en RE-2023-109097001-APN-SGAI#TFN referida al Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales enero de 2018 a diciembre 2019, con más intereses resarcitorios y una multa por los períodos fiscales mensuales julio, agosto y septiembre del año 2018 y julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del año 2019 conforme lo establece el artículo 46 y el 47, incisos a), b) y c), de la Ley 11.683. En lo relativo al EX-2023-109026049-APN-SGAI#TFN y EX-2023- 109102334 -APN-SGAI#TFN los agravios resultan ser análogos en lo referente al ajuste relativo al Incremento patrimonial no justificado donde manifiesta que PMSA es una empresa dedicada a la actividad frigorífica (faena, distribución y exportación de carne) con establecimiento en General Pico, Provincia de La Pampa. Asimismo, cumple con los elevados estándares que le son demandados por el mercado internacional, para realizar adecuadamente su actividad comercial. Alega que las acreditaciones bancarias que surgen de la propia documentación acompañada por PMSA, se corresponden con pagos realizados por la empresa SOUTH AGRIBUSINESS S.A. (en adelante “SASA”) por deudas contraídas con PMSA en virtud de mercadería que esta última le vendió durante el año 2018. En base a lo anterior, señala que el 22 de noviembre de 2018, SASA le entregó a PMSA, en forma de garantía de pago, cuatro (4) cheques con fecha de pago diferida a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, a saber: Cheque N° 382371, vencimiento 31/05/2019; Cheque N° 382372, vencimiento 30/06/2019; Cheque N° 382373, vencimiento 31/07/2019; y Cheque N° 382374, vencimiento 31/08/2019, por el importe total de $27.799.310,16. Señala que durante el procedimiento de determinación de oficio se acompañó el recibo de cobranza que emitió PMSA al recibir los cheques de SASA y del cual surgen también las retenciones que le realizaron en concepto de Impuesto a las Ganancias por $467.215,30.
Indica que se informó que con posterioridad a la entrega de los cheques y durante el 2019, SASA canceló las deudas que tenía con PMSA mediante transferencias bancarias (puesto que los cheques emitidos aún no se habían cobrado) y, por tal motivo, PMSA pasó a tener una deuda con SASA de $29.046.671,24 que sería cancelada contra la entrega de mercadería una vez finalizada la zafra de liebre de dicho año. Se aclaró, en este punto, que de la referida deuda, $27.799.310,16 estaban representados por los cheques de pago diferido que habían sido entregados por SASA a PMSA y que esta última tenía en su poder, pero no podía cobrar porque no estaba vencida la fecha de cobro estipulada.
Indica que la AFIP-DGI no ha realizado el menor esfuerzo de comprobar la veracidad de la operatoria explicada por su mandante respecto de la cancelación de las deudas mediante la entrega de los cheques oportunamente recibidos.
Sostiene que la AFIP-DGI niega la existencia de documentación respaldatoria, incluso cuando surge de los propios registros contables que los cheques con pago diferido fueron devueltos y que adicionalmente hubo una transferencia bancaria destinada a cancelar la deuda con SASA. Asimismo, fue confirmado por la prueba pericial realizada y el oficio contestado por SASA.
Manifiesta que con relación a la entrega de cheques de pago diferido no pueden considerarse como un “anticipo” hasta que la fecha de cobro de los mismos se encuentre vencida, pues sólo en ese momento podrá utilizarse ese dinero. Con anterioridad a tal suceso, la tenencia de los cheques no es más que una mera garantía de cobro. Asimismo, con relación a la ausencia de operaciones comerciales con SASA durante el período 2019, ello es perfectamente coincidente con la finalización de la relación comercial que le comunicó PMSA a SASA luego de que su mandante obtuviera, en el mes de mayo de 2019, su habilitación para exportar en planta y decidiera realizar operaciones de comercio exterior por su cuenta.
Manifiesta que se evidencia que el ajuste practicado y que aquí se recurre no es más que el resultado de una postura meramente recaudatoria, teñida de arbitrariedad, que evidencia el alejamiento de esa AFIP-DGI respecto de las constancias acompañadas en el expediente administrativo y la realidad económica de la operatoria realizada que se encuentra debidamente documentada y probada.
Sostiene que no sólo presentó toda la documentación referida a las transferencias de cuenta corriente con la empresa SASA, con lo cual de plano debe desecharse cualquier indicio de ocultamiento o engaño, sino que además acompañó las registraciones contables de devolución de cheques y el comprobante de transferencia del saldo remanente. Adicionalmente, produjo prueba informativa y pericial que avalan cada uno de los extremos de la operatoria descripta, pero la AFIP-DGI no dedicó ni un solo párrafo de las Resoluciones a su evaluación y convalidó sin más el ajuste pretendido por el área de fiscalización.
Con relación a la aplicación de intereses resarcitorios, manifiesta que no puede configurarse el supuesto de mora culpable a la recurrente pues el criterio seguido por la AFIP-DGI en relación a la existencia de ventas omitidas se aleja absolutamente de la realidad material de los hechos.
En lo relativo al ajuste en el Impuesto al Valor Agregado del proveedor impugnado por el Fisco Nacional manifiesta que los argumentos brindados por esa AFIP-DGI son infundados e improcedentes para sostener el ajuste pretendido y solo pretenden hacer caer sobre la actora las consecuencias del ineficiente desempeño de las funciones del Fisco Nacional en el cumplimiento de sus tareas, tal como se desarrollará a continuación: En primer lugar, indica que tal y como surge de la propia base e-APOC de la AFIP-DGI el proveedor Pérez Eduardo Miguel fue incluido en dicho registro en fecha 25 de septiembre del 2020 (se adjunta constancia de la base e-APOC de AFIP-DGI como Anexo III). Alega que se lo incluyó en dicha base casi un año después de que la actora celebró la última compra de liebres de los períodos ajustados.
Afirma que PMSA no tuvo forma de constatar tal condición de apócrifo y no resultan reprochables las compras realizadas por haber sido efectuadas de buena fe. Máxime si se tiene presente que las facturas entregadas a la recurrente emitidas por el mismo fueron realizadas mediante el sistema de comprobantes electrónicos de la propia AFIP-DGI, motivo por el cual no existía un solo indicio que llevara a PMSA a dudar de su veracidad. En efecto, la propia AFIP-DGI fue garante de la veracidad de las facturas emitidas por el proveedor Pérez Eduardo Miguel a través de su sistema informático, motivo por el cual, resulta irrisorio que en esta instancia pretenda argumentar que tales comprobantes no se condicen con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de IVA para el cómputo del crédito fiscal.
Alega que los motivos por los cuales el proveedor Pérez Eduardo Miguel fue incluido en la base e-APOC están relacionados con hechos que se encuentran absolutamente fuera del control de PMSA al momento de realizar las compras. Así, resultaría irrisorio que su mandante, so pretexto de evitar la posible impugnación de créditos fiscales, tenga que verificar respecto de sus proveedores: 1) cómo realizaron las “compras de armas o balas” para cazar las liebres; 2) si están al día con el “pago de impuestos”; o 3) cuál es el modelo de automotor de su propiedad.
Afirma que esa repartición fiscal pasó por alto la documentación acompañada durante el procedimiento de fiscalización con la que PMSA demostró la efectiva adquisición de la mercadería comprada al proveedor Pérez Eduardo Miguel, a saber: a) Detalle de comprobantes emitidos y recibidos, por las operaciones realizadas con proveedor Pérez Eduardo Miguel; b) Detalle de comprobantes de recepción de carga por medio de Guías de Tránsito Interno de Caza Comercial de Liebre Europea y Zorro Gris confeccionadas por el acopiador para el traslado por el transportista de las liebres al frigorífico; y c) Planillas tituladas DETALLE DE GUIAS DE TRANSITO INTERNO DE CAZA COMERCIAL DE LIEBRE EUROPEA Y ZORRO GRIS RECIBIDAS informando la cantidad de liebres recibidas, el acopio y el sub-acopiador/cazador y el detalle de las facturas de Pérez Eduardo Miguel. Asimismo, la propia respuesta de los Bancos da fe de que los cheques librados por PMSA por la adquisición de las liebres fueron a nombre del proveedor Pérez Eduardo Miguel.
Afirma que si los cheques fueron cobrados por personas allegadas al proveedor Pérez Eduardo Miguel (ex -esposa RAMIREZ, MARIA DE LOS ANGELES; hijo PEREZ, BRIAN WILLIAM; amigas SALINAS, MARIA RITA y VALDIVIESO, JESICA VANINA; entre otros), la actora no puede responder por tales hechos.
Alega que no debe pasarse por alto que el ajuste pretendido por esa repartición fiscal únicamente recae sobre los créditos fiscales tomados durante los periodos ajustados, más no se ha realizado ajuste alguno sobre el Impuesto a las Ganancias y Salidas No Documentadas. Ello así, pues toda la prueba proporcionada durante la inspección da cuenta de que efectivamente las operaciones de compra de liebres fueron reales y la mercadería efectivamente se introdujo en el proceso de producción de PMSA, motivo por el cual no se puso en duda que la mercadería fue efectivamente comprada y por tal razón no se ajustaron los tributos referidos.
Manifiesta la improcedencia de las presunciones contenidas en los incisos a), b) y c) del art. 47 y la nulidad de acto administrativo que impone la multa Acompaña documental cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y ofrece prueba, formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar a los recursos de apelación en todas sus partes y se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta los sendos recursos por IF-2023-141661278-APN-DTD#JGM e IF- 2023-141660897-APN-DTD#JGM, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone se rechacen los planteos de la recurrente y se confirmen los actos apelados, con costas.
Respecto del EX-2023-109026049-APN-SGAI#TFN manifiesta que la fiscalización actuante concluyó -luego de analizar la documentación aportada por la fiscalizada como así de sus dichos y de la vinculación detectada entre las empresas-, no se acreditan motivos suficientes para justificar el origen de las acreditaciones bancarias, por los siguientes motivos:
-No existen durante el ejercicio operaciones comerciales con la firma SOUTH AGRIBUSINESS S.A C.U.I.T. N.º 30-71113928-8 que justifiquen la necesidad de realizar anticipo de clientes.
-De la cuenta corriente de SOUTH AGRIBUSINESS S.A. (C.U.I.T. N.º 30-71113928-8) y listado de movimientos que denomina Mayor Contable con el detalle de los créditos como Cobranza y los débitos como Movimientos de Fondos - Devolución cheque SOUTH AGRIBUSINESS S.A. que aportara la fiscalizada se constató que Patagonia Meat S.A. recibe transferencias de sumas de dinero de SOUTH AGRIBUSINESS S.A. durante el ejercicio hasta llegar a un saldo a favor de esta en el período 06/2019 de $21.811.690,75 y que la firma transfiere sumas de dinero a la firma SOUTH AGRIBUSINESS S.A. en los períodos fiscales 06/2019, 07/2019, 08/2019; 11/2019 y 12/2019 hasta cancelar el saldo de la cuenta.
Señala que de acuerdo a los elementos aportados por la misma, se puede concluir que: los movimientos bancarios acreditados por la firma resultarían ser una simulación acreditada para permitir el ocultamiento de operaciones que hubieran visibilizado inconsistencias en las ventas declaradas.
Alega que la revisión de los resúmenes bancarios aportados, la fiscalización interviniente constató la existencia de un crédito por el importe de un cheque rechazado, que justificaría acreditaciones bancarias además de las transferencias entre cuentas del mismo titular. De todo lo expuesto resulta que de las acreditaciones bancarias depuradas contra las ventas declaradas resultan diferencias por acreditaciones bancarias sin justificar del ejercicio fiscal 2019 por un monto de $24.425.098,91.
Indica que se le imputa haber confeccionado la declaración jurada relativa al Impuesto a las Ganancias, correspondiente al período fiscal 2019 en forma engañosa y el ajuste tiene su origen en diferencias por acreditaciones bancarias sin justificar en el ejercicio fiscal 2019, las que se traducen en ventas omitidas más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida por aplicación de las previsiones del artículo 18 inciso g), punto 1) de la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Afirma que basta observar las tareas realizadas por el personal auditor, como así también en el marco del procedimiento determinativo al abrir a prueba las actuaciones administrativas, y se admitió la prueba documental, informativa y pericial contable ofrecida en su descargo. Surge claro así, que no ha sido sino que luego de analizar la documentación aportada por la firma, sus dichos y la vinculación detectada por la fiscalización entre las SASA y PAMSA-, que se determinó que la operatoria que alegaba la actora no lograba justificar el origen de las acreditaciones bancarias.
Indica que ni de los escritos de defensa presentados ni del informe pericial aportado por la contribuyente surgen nuevos argumentos que puedan desvirtuar el ajuste realizado. Los datos que aportó en los mencionados escritos no se apartan de lo ya analizado por la inspección actuante ni agregan ningún dato suficiente como para torcer la postura fiscal. Que igual conclusión se arriba del escrito presentado por la firma South Agribusiness S.A., como respuesta al oficio diligenciado por la firma Patagonia Meat S.A.
Alega que en el caso de marras, han sido expuestos los motivos que originaron los cargos que se le efectuaron a la responsable, con una clara identificación del articulado sobre el cual versa el criterio del Organismo Fiscal, como así también aquellas observaciones en cuanto a las pruebas aportadas y ofrecidas, las cuales resultaron deficientes a los fines de lograr la carga probatoria que le compete a la apelante.
Asimismo afirma que los intereses -en contraposición a las afirmaciones del recurrente- constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en las cancelaciones de sus obligaciones tributarias, resultando aplicables de acuerdo con el art. 37 de la ley de procedimientos tributarios.
En lo relativo al EX-2023- 109102334 -APN-SGAI#TFN en primer lugar destaca respecto del planteo de nulidad del acto administrativo que impone la multa en el Impuesto al Valor Agregado, esbozado por la recurrente, que en las actuaciones administrativas no se han transgredido las normas aplicables, encontrándose fundado en los hechos y antecedentes que le sirven de causa, expresándose en forma concreta las razones que indujeron a su emisión, contrariamente a lo alegado por la actora.
Manifiesta que no abunda remarcar que si bien es cierto que la presencia del dolo, como elemento requerido para la configuración del tipo de defraudación fiscal debe ser acreditada por el Fisco como titular de la acción punitiva de que se trata, ello no implica que la intención de evadir el pago del impuesto por parte del sujeto activo de la infracción no pueda ser razonablemente inferida en función de la propia naturaleza del ilícito imputado. Sostiene que la actuación atacada reúne todos los requisitos esenciales enumerados en el art. 7° de la ley 19.549 de procedimiento administrativo. Dicha actuación ha sido emitida dentro de los lineamientos de la normativa vigente, carriles dentro de los cuales se expresó en forma concreta las razones que indujeron a emitirla, completándose el esquema con el hecho de haber sido dictada por autoridad competente. Tiene un objeto cierto, física y jurídicamente posible, versando sobre todos los aspectos esenciales que hacían a la cuestión de fondo y que conllevaban directamente al tema en discusión en la forma en que fue resuelto.
Con respecto a la cuestión de fondo manifiesta que el ajuste practicado por el Fisco Nacional se fundamentó -en parte- en el hecho de que en el marco de la fiscalización que se realizara al contribuyente, se detectaron graves irregularidades que generaron serios reparos respecto de la validez de la facturación correspondiente a una serie de operaciones presuntamente celebradas con Pérez, Eduardo Miguel, habiéndose concluido en la inexistencia de las mismas -con la consecuente impugnación de los créditos fiscales improcedentemente computados en las declaraciones juradas originales del tributo y períodos en trato-.
Afirma que habiéndose efectuado una exhaustiva tarea de fiscalización, fundadamente se dio inicio al pertinente procedimiento de determinación de oficio de deuda fiscal, se corrió la correspondiente vista de los cargos efectuados, habiéndose finalmente concluido que las inconsistencias detectadas respecto de referido proveedor, se procedió a la impugnación de los créditos fiscales registrados por no dar cumplimiento a los requisitos dispuestos en el art. 12 de la ley del Impuesto al Valor Agregado.
Con respecto a la aplicación de multa manifiesta que se ha probado en estos actuados la existencia de un ardid por parte de la contribuyente para inducir a error a este Fisco, el cual ha sido detectado y acabadamente probado en esta instancia. Todo lo cual llevó al Juez administrativo, acertadamente, a confirmar en su totalidad la imputación infraccional esbozada en el sumario instruido ya que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo requeridos por el artículo 46 de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones). Acompaña documental y se opone a la prueba solicitada por la recurrente.
Por lo expuesto solicita se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas a la actora.
III. Que por INLEG-2023-150645091-APN-VOCVI#TFN se resuelve acumular el expediente EX-2023-
109102334- -APN-SGAI#TFN al que lleva el Nº EX-2023-109026049- -APN-SGAI#TFN.
Que mediante PV-2024-18187658-APN-VOCV#TFN se resuelve abrir la causa a prueba, resolviendo hacer lugar a la prueba informativa, no hacer lugar a la prueba pericial contable propuesta en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 9 de aquella ofrecida en relación al recurso correspondiente a la resolución determinativa de I.V.A. y en los puntos 1, 2, 3 y 6 de la relativa al recurso correspondiente a la resolución determinativa de Ganancias, toda vez que los mismos ya se encuentran contestados en la pericia contable ya producida en sede administrativa (Vide fs.2394/2398 de las A/A).
Que en cuanto al punto 6) ofrecido en el marco del recurso correspondiente a la resolución de I.V.A. no se hizo lugar al mismo atento que ello surge del acto apelado (Vide página 11 de la resolución aquí recurrida). Tampoco se hizo lugar al punto 10 de la pericia ofrecida en relación al ajuste de IVA como tampoco el 8 de la pericia del recurso correspondiente a la resolución determinativa de Ganancias por resultar improcedentes. 7.- Por otra parte se resolvió que atento resultar improcedente la producción de una pericia contable a fin de que los expertos informen lo peticionado en los puntos 7 y 8 (I.V.A.) y 4 y 5 (Ganancias), reconviértese dicho medio probatorio en prueba informativa a cuyo fin se ordena que se libre la apelante el oficio correspondiente a la A.F.I.P. a fin de que se informe lo solicitado en los citados puntos.
En IF-2024-29944771-APN-SGAI#TFN, IF-2024-29844325-APN-SGAI#TFN obra la producción de prueba informativa.
IV. Que en atención al estado de la causa por PV-2024-46862833-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B” y pasan para alegar. Producidos los alegatos por las partes, mediante IF-2024- 66904491-APN-VOCV#TFN llama autos para sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada.
Surge de las actuaciones administrativas la inspección actuante procedió a consultar el Sistema Informático del Organismo Fiscal -Base E-Fisco SITER, Capítulo A- obteniendo el detalle de las acreditaciones bancarias (fs. 233 Cuerpo Impuesto a las Ganancias).
Por otra parte, la inspección señala que constató -luego de obtener la información de la base E-Fisco- que los depósitos bancarios en el ejercicio fiscal 2019 son superiores a los ingresos por ventas declaradas, aun considerando las transferencias entre cuentas del mismo titular.
En virtud de ello, la inspección actuante procedió a solicitar a la empresa mediante Requerimiento F. 8600/I N.º 0330002021069426004 de fecha 10 de Diciembre de 2021 que informara sobre el origen de las diferencias de acreditaciones bancarias no justificadas del ejercicio fiscal 2019 y que aportara la documentación respaldatoria correspondiente. A tal fin se le acompañó una planilla titulada “Detalle de Ingresos Bancarios sujetos a Justificación” (fs. 234/235 Cuerpo Impuesto a las Ganancias).
La firma el día 20 de Diciembre de 2021 en respuesta al requerimiento supra citado efectúa Presentación Digital de Multinota Principal N.º 202101421267 (fs. 237/255 Cuerpo Ganancias) y Presentaciones Digitales complementarias Nros. 202101421353 y 202101421701 (fs. 256/297 Cuerpo Impuesto a las Ganancias), en respuesta al requerimiento N.º 0330002021069426004, mediante la cual adjunta nota manifestando que el origen de las diferencias de acreditaciones sujetas a justificación del ejercicio fiscal 2019 corresponde a anticipos de clientes de SOUTH AGRIBUSINESS S.A. Aporta archivos de la cuenta corriente del citado ejercicio fiscal 2019 del cliente anteriormente mencionado, emitida por la misma, archivo de planilla sin título que la menciona como mayor contable del 01/01/2018 al 31/12/2019 y comprobantes de cobranzas de SOUTH AGRIBUSINESS S.A. del ejercicio fiscal 2019.
Posteriormente, la firma mediante Presentación Digital de Multinota Principal N.º 202200054641 del 18 de enero de 2022 adjunta archivos de resúmenes del Banco de La Pampa de los períodos fiscales 01/2019, 02/2019, 04/2019 a 06/2019, 08/2019 y 10/2019, verificándose que corresponden a los movimientos bancarios que se detallan en la cuenta corriente de SOUTH AGRIBUSINESS S.A. (fs. 298/348 Cuerpo Impuesto a las Ganancias). La inspección actuante, procedió a extraer de la base de datos del Organismo Fiscal el Padrón Único de Contribuyentes y Responsables de la contribuyente SOUTH AGRIBUSINESS S.A. (C.U.I.T. N.º 30-71113928-8) y de los integrantes de la sociedad, obteniéndose la siguiente información: presidente Agosti, Tomás Estanilao (C.U.I.L. N° 23-35273014-9), con domicilio: Coraceros N.º 1595 de la localidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires; accionista y apoderado legal y fiscal: Agosti, Ignacio Estanilao (C.U.I.T. N.º 20-31252409-1), con domicilio en Establecimiento Rural 0 de la localidad de Embajador Martini, provincia de La Pampa; y Agosti, Patricio Hugo (C.U.I.T. N.º 20-24445437-3), en carácter de accionista, con domicilio en Av. Arturo Jauretche N.º 1373 Piso 2°, Dpto. 7 de la localidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
La inspección interviniente observó que el accionista de la firma PATAGONIA MEAT S.A, señor Agosti, Ezequiel Estanilao (C.U.I.T. N.º 20-32359645-0), tiene fijado su domicilio fiscal y legal en Av. Arturo Jauretche N.º 1373, Piso 2, Dpto. 7 de la localidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, al igual que Agosti, Patricio Hugo (C.U.I.T. N.º 20-24445437-3), accionista de SOUTH AGRIBUSINESS S.A.. Asimismo se observa que el apellido AGOSTI se repite en el presidente y accionistas de la firma Patagonia Meat S.A. y la de South Agribusiness S.A., observándose una vinculación entre las empresas.
La fiscalización actuante concluyó -luego de analizar la documentación aportada por la fiscalizada como así de sus dichos y de la vinculación detectada entre las empresas-, no se acreditan motivos suficientes para justificar el origen de las acreditaciones bancarias, por los siguientes motivos:
- No existen durante el ejercicio operaciones comerciales con la firma SOUTH AGRIBUSINESS S.A (C.U.I.T. N.º 30-71113928-8) que justifiquen la necesidad de realizar anticipo de clientes.
- De la cuenta corriente de SOUTH AGRIBUSINESS S.A. (C.U.I.T. N.º 30-71113928-8) y listado de movimientos que denomina Mayor Contable con el detalle de los créditos como Cobranza y los débitos como Movimientos de Fondos - Devolución cheque SOUTH AGRIBUSINESS S.A. que aportara la fiscalizada se constató que Patagonia Meat S.A. recibe transferencias de sumas de dinero de SOUTH AGRIBUSINESS S.A. durante el ejercicio hasta llegar a un saldo a favor de esta en el período 06/2019 de $21.811.690,75 y que la firma transfiere sumas de dinero a la firma SOUTH AGRIBUSINESS S.A. en los períodos fiscales 06/2019, 07/2019, 08/2019; 11/2019 y 12/2019 hasta cancelar el saldo de la cuenta.
En virtud de lo detallado, y de acuerdo a los elementos aportados por la misma, se puede concluir que: los movimientos bancarios acreditados por la firma resultarían ser una simulación acreditada para permitir el ocultamiento de operaciones que hubieran visibilizado inconsistencias en las ventas declaradas. Por otra parte, de la revisión de los resúmenes bancarios aportados, la fiscalización interviniente constató la existencia de un crédito por el importe de un cheque rechazado, que justificaría acreditaciones bancarias además de las transferencias entre cuentas del mismo titular.
Que de todo lo expuesto resulta que de las acreditaciones bancarias depuradas contra las ventas declaradas resultan diferencias por acreditaciones bancarias sin justificar del ejercicio fiscal 2019 por un monto de $24.425.098,91.
Por otro lado la fiscalización actuante procedió a analizar la documentación aportada por la contribuyente con la información extraída de las bases de datos del Organismo Fiscal, analizando también las declaraciones juradas presentadas.
Que en el presente caso se observó que computó crédito fiscal derivado de operaciones de compra de liebres realizadas al contribuyente Pérez, Eduardo Miguel (C.U.I.T. N.º 23-23203395-9), el cual se encuentra incluido en la base e-apoc del Organismo Fiscal bajo la condición “Usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera” desde el 2 de Enero de 2017 (ver padrón del Contribuyente obrante a fs. 1456/1459 Cuerpo IVA). Es decir, el supuesto proveedor no posee la capacidad operativa, económica y financiera para haber realizado las operaciones comerciales de venta de liebres a la firma fiscalizada, conforme a las pruebas recabadas y/o colectadas por la inspección actuante, por lo que corresponde impugnar el crédito fiscal derivado de dichas operaciones de compra de liebre.
Que en primer término cabe decir y señalar que el proveedor cuestionado fue incluido en la base eapoc del Organismo Fiscal, luego de la fiscalización que se llevara adelante bajo la O.I. N.º 1.838.165, concluyéndose en la misma que se trata de un contribuyente de los considerados “USINA SIN CAPACIDAD OPERATIVA, ECONÓMICA Y/O FINANCIERA”, luego de verificarse, entre otras cosas:
1. Se encuentra inscripto como Apicultor (actividad principal), y como actividades secundarias: Caza y repoblación de animales de caza (Código 17010) y Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (Código 461011).
2. Para la caza y comercialización de liebres sólo tiene permiso de caza para la campaña 2019, permiso otorgado por la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa.
3. No existen constancias de gastos relacionados con la actividad de caza y comercialización de liebres, sea compras de armas o balas, etc., ni elemento alguno que permita corroborar que haya cazado y vendido 49.860 liebres en la campaña 2018 y 40.231 en la campaña 2019, conforme a las facturas emitidas.
4. Todos los proveedores de Eduardo Miguel Pérez -obtenidos en base a la información del Libro IVA Compras aportado por el nombrado y del Régimen Informativo de Compras Compras-Ventas: R.G. N° 3685- que fueron circularizados, respondieron que jamás operaron con el nombrado.
5. Se constató que es usuario de facturas apócrifas, verificándose que el total de compras y/o gastos se encuentran documentados a través del uso de facturas apócrifas en un 97,36% del total de las operaciones compras registradas.
6. Se verificó que no efectúo ingreso o pago de impuestos desde el año 2013, incluyendo la deuda en cinco planes de pago, los cuales se encuentran todos caducos por falta de pago.
7. En cuanto al circuito financiero, no se condicen los ingresos por bancos con las supuestas operaciones de venta o prestaciones de servicios brindadas, ya que son significativamente menores a las acreditaciones bancarias.
8. Posee solo dos rodados: uno Marca Mercedes Benz, Modelo Sprinter, modelo año 1977, Dominio: UJF597, y uno modelo año 1978, Dominio WZM136, sin identificar unidad (fs. 85 Cuerpo Anexo del Proveedor)
9. Posee el 50 % de un bien inmueble (fs. 86 Cuerpo Anexo del Proveedor) Que lo detallado surge del informe final de la fiscalización llevada adelante mediante la O.I. N.º 1.838.165, obrante a fs. 1186/1200 cuerpo IVA y a fs. 417/431 del cuerpos Antecedentes de Fiscalización O.I. N.º 1.838.165.
Por otra parte, la inspección interviniente procedió a analizar y verificar el circuito financiero de las operaciones documentadas entre el proveedor observado y la firma Patagonia Meat S.A., solicitándole -sin perjuicio de contar con documentación acompañada o remitida por misma firma citada al Banco de la Pampa mediante requerimiento F. 8600/I N.º 0330002021043639802 “...copia de frente y dorso de los cheques depositados en esa institución bancaria referido al contribuyente PATAGONIA MEAT SA C.U.I.T. N.º 30-71023536-4 con domicilio en calle 13 N.º 2250 (6360) General Pico, provincia de LA PAMPA, referido a la Cuenta Corriente N.º 200-1-21.829/0 del banco de La Pampa, de acuerdo a detalle que se adjunta, conteniendo fecha de débito, número de cheque, importe y cuenta corriente” (fs. 1068 Cuerpo IVA).
La citada entidad bancaria respondió el requerimiento brindando la información peticionada vía Presentación Digital N.º 202101070662 de fecha 01 de Septiembre de 2021 y vía Presentación Digital N.º 2021011522252 de fecha 06 de Octubre de 2021. Adjunta a su respuesta copia del frente y dorso de los cheques (fs. 12/669 Cuerpo Anexo I Circularización Banco de la Pampa).
Obran a fs. 1076/1093 Cuerpo IVA planillas tituladas “RESULTADO DE CRUZAMIENTO DE BANCOS”
confeccionadas por la inspección actuante, en las que se detallan: la fecha de débito de cada cheque, el número del mismo, importe, cuenta de origen, fecha de confección del cheque que se extrae de la visualización de la imagen del cheque, a la orden de quien se paga, nombre de quien realiza el primer endoso, nombre de quien realiza el ultimo endoso y fecha de cobro del mismo.
Del análisis de los cheques, la inspección actuante constató:
1. Todos los valores fueron emitidos a la orden de PEREZ EDUARDO MIGUEL C.U.I.T. N.º 23-23203395-9;
2. A simple vista, se observa que la firma que realiza el primer endoso de cada cheque a nombre del contribuyente PEREZ EDUARDO MIGUEL posee rasgos diferentes entre ellas (fs. 201, 209, 237, 351, 469, 473, 487, 537, 565, 593 del cuerpo de Cruzamiento de Información Bancos).
3. De la totalidad de los cheques emitidos a nombre de PEREZ EDUARDO MIGUEL, solo cuatro (4) cheques pudieron haber sido cobrados por el mismo, por cuanto no se observan endosos en ellos.
La inspección actuante procedió a detectar quienes cobraron la mayor cantidad de los cheques (ver Planillas tituladas “DETALLE DE CHEQUES COBRADOS PARA CRUZAMIENTO DE INFORMACIÓN” obrante a fs. 1095/1110 Cuerpo IVA).
Conforme surge de las planillas supra citada, surge que los cheques fueron cobrados por las siguientes personas:
1. NEIMANN, NORBERTO HORACIO (C.U.I.T. N.º 20-16118075-1); 2. RODRIGUEZ, LUIS ENRIQUE (C.U.I.T. N.º 20-28009771-4 ); 3. PEREZ, BRIAN WILLIAM (C.U.I.T. N.º 20-38796396-1); 4. SALINAS, MARIA RITA (C.U.I.L. N.º 27-28782956-1); 5. RAMIREZ, MARIA DE LOS ANGELES (C.U.I.L. N.º 23-
25526550-4); 6. VALDIVIESO, JESICA VANINA (C.U.I.T. N.º 27-31574590-5); 7. RODRIGUEZ, MARCOS EZEQUIEL (C.U.I.T. N.º 20-28677591-9); 8. MARQUEZ, FERNANDO JAVIER (C.U.I.L. N.º 20-27616426-1). Se le solicitó a las personas nombradas anteriormente que informaran en concepto sobre el cual cobraron y/o endosaron los cheques, especificando cual fue la operación por la cual se recibieron dichos cheques, solicitando copia de las mismas y todo otro dato de interés y aportar los datos identificatorios de la persona que entregó los mismos o de la forma que recepcionó. De las respuestas obtenidas surge la siguiente información: NEIMANN, NORBERTO HORACIO (C.U.I.T. N.º 20-16118075-1): a fs. 1125/1127 cuerpo IVA, obra solicitud de información y constancia de notificación en el domicilio fiscal electrónico Nro. 00000000000271561704/2021 de requerimiento y citaciones. El 04 de Enero del año 2022 se recibió Presentación Digital de Multinota Principal N.º 202200005032 (fs. 1128/1132 del citado cuerpo) solicitando el otorgamiento de una prórroga de 10-15 días, para reunir la documentación necesaria.
Nunca cumplió con el requerimiento, es decir no brindó información alguna.
RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE (C.U.I.T. N.º 20-28009771-4): a fs. 1133/1136 cuerpo IVA obra solicitud de información y constancia de notificación al domicilio fiscal electrónico Nro. 00000000000271561709/2021 de requerimiento y citaciones. A fs. 1137/1140 del citado cuerpo obra Presentación Digital de Multinota Principal N.º 202200005069 solicitando una prórroga de 15 días, para reunir la documentación respaldatoria. Nunca cumplió con el requerimiento, es decir no brindó información alguna.
PEREZ, BRIAN WILLIAM (C.U.I.T. N.º 20-38796396-1): a fs. 1141/1143 cuerpo IVA obra solicitud de información y constancia de notificación en el domicilio fiscal electrónico Nro. 00000000000271561687/2021 de requerimiento y citaciones. Mediante Presentación Digital de Multinota Principal N.º 202200031168 de fecha 11 de Enero de 2022 informa que esos cheques surgen de operaciones realizadas entre su padre -Eduardo Miguel Pérez- y la empresa PATAGONIA MEAT S.A. Que esos valores fueron cobrados por él en un intento de darle una “ayuda” a su padre en el cobro de los mismos, ya que en esos momentos no se permitía cobrar valores por medio de la caja de los bancos por valores mayores a $50.000,00, por lo cual algunos de los cheques que le entregaban eran cobrados por él. Que los mencionados cheques cobrados fueron entregados por su padre y en algunos casos retirados por él mismo en la sede administrativa de la empresa PATAGONIA MEAT S.A., la cual se encontraba en calle 13 esquina 44, no contando con datos identificatorios de las personas que le entregaban los mismos ya que eran empleados de la empresa y no siempre fueron entregados por la misma persona. SALINAS, MARIA RITA (C.U.I.L. N.º 27-28782956-1): a fs. 1148/1149 cuerpo IVA obra solicitud de información notificada por correo postal. Mediante Presentación Digital de Multinota Principal N.º 202200040871 de fecha 13 de Enero de 2022 informa que los cheques en cuestión surgen de operaciones realizadas entre Eduardo Miguel Pérez y la empresa Patagonia Meat S.A. Que esos valores fueron cobrados por ella en un intento de darle una “ayuda” a su amigo -Eduardo Miguel Pérez- en el cobro de los mismos, ya que en esos momentos no se permitía cobrar valores por medio de la caja de los bancos por valores mayores a $50.000,00, por lo cual algunos de los cheques que se le entregaban eran cobrados por ella.
Que esos cheques cobrados por ella fueron entregados por Eduardo Pérez. No cuenta con datos identificatorios de las personas que le entregaban los mismos y que desconoce la operatoria de la empresa. El día 13 de Enero de 2022 la inspección actuante recibe otra Presentación Digital de Multinota Principal N.º 202200040878 (obrante a fs. 1150/1157 del citado cuerpo), con idéntico texto de presentación digital anterior recibida bajo N.º 202200040871.
RAMIREZ, MARIA DE LOS ANGELES (C.U.I.L. N.º 23-25526550-4): a fs.1158/1159 y 1159 vta. del cuerpo IVA obra solicitud de información notificado por correo postal. Mediante Presentación Digital de Multinota Principal N.º 202200040906 de fecha 13 de Enero de 2022 (fs. 1160/1163 del citado cuerpo), informa que los cheques surgen de operaciones realizadas entre Eduardo Miguel Pérez, quien fuera su esposo en ese momento y la empresa Patagonia Meat S.A. Que dichos valores fueron cobrados por ella en un intento de darle una “ayuda” a su ex esposo en el cobro de los mismos, ya que en esos momentos no se permitía cobrar valores por medio de la caja de los bancos por valores mayores a $50.000,00, por lo cual algunos de los cheques que le entregaban eran cobrados por ella. Dichos cheques cobrados por ella fueron entregados por Eduardo Pérez y que no cuenta con datos identificatorios de las personas que le entregaban los mismos y además que desconoce la operatoria de la empresa emisora. En fecha 13 de Enero del año 2022 se recibe otra Presentación Digital de Multinota Principal N.º 202200040910 obrante a fs. 1164/1167 del citado cuerpo, con idéntico texto de presentación digital anterior recibida bajo el N.º 202200040906.
VALDIVIESO, JESICA VANINA (C.U.I.T. N.º 27-31574590-5): a fs. 1168/1170 cuerpo IVA obra solicitud de información y constancia de notificación en el pertinente domicilio fiscal electrónico Nro. 00000000000271561717/2021 de requerimiento y citaciones. El día 16 de Febrero del año 2022 se recibe Presentación Digital de Multinota Principal N.º 202200177750 (fs. 1171/1177 del citado cuerpo), informando que los cheques detallados no se debieron a ninguna operación comercial específica, ya que, por una relación de amistad utilizó su cuenta para que el señor Eduardo Miguel Pérez pueda hacerse de efectivo. Dichos valores fueron cobrados por ella en un intento de darle una “ayuda” al nombrado Pérez, amigo de la familia, ya que en esos momentos no se permitía cobrar valores por valores mayores a $50.000,00, por lo cual algunos de los cheques que le entregaban eran cobrados por ella. Que quien ha efectuado las operaciones comerciales con esos valores es el señor Pérez y quien debería tributar por los mismos.
RODRIGUEZ, MARCOS EZEQUIEL (C.U.I.T. N.º 20-28677591-9): a fs. 1178/1181 cuerpo IVA obra solicitud de información y constancia de notificación al domicilio fiscal electrónico Nro. 00000000000271561696/2021 de requerimiento y citaciones. La contribuyente que nos ocupa no dio respuesta al mismo.
MARQUEZ, FERNANDO JAVIER (C.U.I.L. N.º 20-27616426-1): a fs. 1182/1183 cuerpo IVA obra solicitud de información y constancia de notificación en el domicilio fiscal electrónico Nro. 00000000000271561696/2021 de requerimiento y citaciones. El mismo no dio respuesta a la solicitud requerida.
Asimismo, la inspección actuante mediante requerimiento F.8600/I N.º 0330002022031391702 de fecha 23 de Mayo de 2022 -obrante a fs. 1184 del cuerpo IVA- le solicitó a la Dirección General de Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa que informara acerca de los permisos solicitados u otorgados como cazador, indicando la fecha de solicitud y otorgamiento desde Enero del año 2016, tipo de permiso peticionado por el señor PEREZ EDUARDO MIGUEL (C.U.I.T. N.º 23-23203395- 9), como así las características de los permisos otorgados. En fecha 28 de Septiembre de 2022 se recibió contestación de la Dirección General de Recursos Naturales – Subsecretaria de Asuntos Agrarios – Ministerio de Producción de la Provincia de La Pampa, informando que la Dirección General de Recursos Naturales a partir del corriente año – 2022- otorga permisos de manera digital siendo en años anteriores confeccionados en cartón, y que al revisar sus archivos encontró el registro de dos permisos de caza comercial de liebre europea, librados al mencionado, otorgados en los años 2019 y 2021, y que respecto al año 2022, no hay registro de que lo haya obtenido. Con anterioridad al año 2019 tampoco existen datos que indiquen autorización o permiso para la caza comercial de liebre europea, atento lo cual, no estaría autorizado a cazar ni, en consecuencia, tampoco a vender los animales que según Patagonia Meat S.A. dice que le vendió. (fs. 1185 cuerpo de IVA).
En virtud de los elementos de prueba reunidos por la inspección actuante, se verificó que Pérez, Eduardo Miguel - proveedor observado-, carece de capacidad operativa, económica y financiera para haber cazado y vendido la cantidad de liebres facturadas a la firma Patagonia Meat S.A., por lo que corresponde impugnar el crédito fiscal derivado de las operaciones documentadas con dicho proveedor.
VI. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto solicita la nulidad del acto administrativo Resolución N° RESOL-2023-52-E-AFIP-DVJUN#SDGOPII en cuanto impone la multa correspondiente al Impuesto al Valor Agregado argumentado que ni en la resolución de vista el juez administrativo ha realizado una aplicación concreta, fundada y circunstanciada con los hechos, de los artículos 46 y 47 de Ley 11.683, optando por utilizar, masivamente, diversos incisos del artículo 47 (a, b y c) sin mayores precisiones y siguiendo las recomendaciones del área de fiscalización.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II , 9/10/96, entre otros).
Respecto a las restantes objeciones nulificantes que plantea la actora, cabe señalar que desde lo estrictamente formal, las resoluciones apeladas en autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Por otra parte ha fundado su pretensión en los elementos recabados por la fiscalización.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VII. Que en primer lugar corresponde analizar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional que se originan en la omisión de declarar ventas en los períodos fiscales enero de 2018 a diciembre 2019 en el Impuesto al Valor Agregado y en el período fiscal 2019 del Impuesto a las Ganancias, como consecuencia de haberse detectado diferencias no justificadas entre los depósitos bancarios depurados por la fiscalización y sus ventas exteriorizadas en dichos períodos fiscales, por aplicación de las prescripciones del articulo 18 inc. g) de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Ello así, el caso a cuya resolución es llamado este Tribunal se basa en determinaciones de oficio practicadas por el Organismo Fiscal con fundamento en la presunción establecida por el artículo 18 en su inciso g), a saber, incremento patrimonial no justificado.
Que el legislador, ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Que toda determinación sobre base presunta debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que, “probabilísticamente”, se acerque más a la real magnitud del hecho imponible.
Sentado ello corresponde señalar que el Fisco Nacional concluye que “los movimientos bancarios acreditados por la firma resultarían ser una simulación acreditada para permitir el ocultamiento de operaciones que hubieran visibilizado inconsistencias en las ventas declaradas” y concluye “de todo lo expuesto resulta que de las acreditaciones bancarias depuradas contra las ventas declaradas resultan diferencias por acreditaciones bancarias sin justificar del ejercicio fiscal 2019 por un monto de $24.425.098,91”.
Cabe adelantar que tal afirmación del Fisco no se encuentra debidamente respaldada en los hechos de la causa, ni la fiscalización actuante ni el juez administrativo en los actos recurridos, han intentado explicar como llegan a tal conclusión.
En efecto, la AFIP pretende por un lado afirmar la existencia de una vinculación entre las empresas a fin de poner un manto de sospecha sobre la actividad desarrollada entre ellas, a partir de la coincidencia del apellido (Agosti) entre los integrantes de SASA con el presidente de la contribuyente de autos, sin ahondar en otras circunstancias, por lo cual es dable concluir que no resulta un argumento válido para arribar a dicha conclusión. Por otra parte, aún cuando se hubiera acreditado una vinculación familiar entre los miembros de ambas sociedades, ello por sí solo no alcanza para invalidar la actividad que pudieran desarrollar ambas firmas.
Por otra parte, corresponde señalar que conforme surge de las actuaciones administrativas South Agribusiness SA le entregó a la recurrente, en forma de garantía de pago, cuatro (4) cheques con fecha de pago diferida a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, a saber: Cheque N° 382371, vencimiento 31/05/2019; Cheque N° 382372, vencimiento 30/06/2019; Cheque N° 382373, vencimiento 31/07/2019; y Cheque N° 382374, vencimiento 31/08/2019, por el importe total de $27.799.310,16.
Asimismo, con posterioridad a la entrega de los cheques y durante el año 2019, South Agribusiness SA canceló las deudas que tenía con la recurrente mediante transferencias bancarias y, por tal motivo, pasando ésta a tener una deuda con South Agribusiness SA de $29.046.671,24 que sería cancelada contra la entrega de mercadería una vez finalizada la zafra de liebre de dicho año.
En la pericial contable producida en sede administrativa se dejó sentado que “De acuerdo a la documentación contable analizada y en particular el Libro Mayor Auxiliar “SOUTH AGRIBUSINES” S.A.”, la empresa PATAGONIA MEAT S.A. recibió garantías de pago (cheques de pago diferido) y luego transferencias (en concepto de anticipos de ventas futuras) desde el 23 de noviembre de 2018 hasta el 28 de agosto de 2019. Todos los registros se encuentran identificados en la columna “HABER” (créditos), constatándose seis (6) importes en la columna “DEBE”; tres (3) de ellos por $6.950.000 (en total $20.850.00), uno (1) por $6.949.310,15, uno (1) por $985.511,10, uno (1) por $70.000 y uno (1) por $218.850, verificándose así SALDO por $0,00 (cuenta saldada) al 31 de diciembre de 2019.
Adicionalmente, se constató que las primeras cuatro (4) sumas referenciadas anteriormente, corresponden a cuatro (4) cheques que la firma SOUTH AGRIBUSINESS S.A. había entregado en concepto de garantía de pago, tal como lo demuestra el recibo de cobranza de fecha 22 de noviembre de 2018 (ver punto 14 del apartado I del presente informe pericial) y que posteriormente fueron devueltos a SOUTH AGRIBUSINESS S.A. en fecha 15/06/2019, 16/07/2019, 13/08/2019 y 19/08/2019.
Cabe agregar que, oportunamente, por cada uno de los cheques entregados a PATAGONIA MEAT S.A., la empresa SOUTH AGRIBUSINESS S.A. practicó la correspondiente retención en el Impuesto a las Ganancias”. En tal sentido, corresponde señalar que es el mismo Fisco Nacional quien deja sentado que la recurrente recibió transferencias de sumas de dinero de South Agribusiness S.A. durante el ejercicio hasta llegar a un saldo a favor de esta en el período 06/2019 de $ 21.811.690,75, y que la firma transfiere sumas de dinero a la firma SOUTH AGRIBUSINESS S.A. en los períodos fiscales 06/2019, 07/2019, 08/2019; 11/2019 y 12/2019 hasta cancelar el saldo de la cuenta, circunstancia esta que resta sustento al ajuste practicado por el Fisco Nacional en este sentido. Además, conforme surge del Anexo III que acompaña la actora en el caso de marras la misma obtuvo la habilitación para exportar en planta finalizando de esa forma su relación comercial con South Agribusiness SA, lo que justifica que la recurrente procediera a cancelar los montos a favor que aquella tenía. Asimismo, la habilitación para exportar además ha quedado acreditada con la prueba informativa producida en esta instancia en IF-2024-29944771-APN-SGAI#TFN de donde surge que de la información brindada por el aplicativo Sistemas Tributarios (Dirección de Informática Tributaria) la firma exportadora “PATAGONIA MEAT S.A.” (CUIT N° 30-71023536-4) realizó su solicitud de alta para operar como Exportador en Planta desde la localidad de General Pico (LP) en fecha 16/06/2019; y que mediante RESOL-2019-12-E-AFIP-ADGEPI#SDGOAI se AUTORIZÓ la habilitación como operador de cargas de exportación en planta con fecha 19/06/2019, registrando su ALTA DEFINITIVA en el Sistema Informático MALVINA (SIM) desde el 26/06/2019, lo que corrobora lo manifestado por la actora respecto del cese de actividad comercial SASA.
Que, por otra parte, en base a las consultas practicadas en Sistema DISCOVERER WS y Sistema Infomático MALVINA (SIM), la firma “PATAGONIA MEAT S.A.” (CUIT N° 30-71023536-4) registró su primera exportación directa desde la localidad de General Pico (LP) -jurisdicción de esta Div. Aduana- en fecha 05/07/2019 mediante la DDT 19090EC01000470J.
Finalmente, corresponde hacer mención al oficio contestado por South Agribusiness S.A. donde dejó sentado que “con relación a la información solicitada, lo primero que debemos decir que a consecuencia de la mercadería entregada por PATAGONIA MEAT S.A. a mi mandante, durante el año 2018, esta contrajo una deuda de $28.266.525. Por tal motivo, en forma de garantía de pago, SOUTH AGRIBUSINESS S.A. le entregó, en el mes de noviembre de 2018, cuatro cheques de pago diferido a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019 por el importe total de $27.799.310.16.
Posteriormente, a la entrega de los cheques mi mandante canceló su deuda con PATAGONIA MEAT S.A. y le terminó quedando un crédito a favor de $29.046.671,24, de los cuales $27.799.310,16 estaban representados por los cheques entregados por SOUTH AGRIBUSINESS S.A.
Dicho crédito, iba a ser cancelado contra la entrega de mercadería una vez finalizada la zafra de liebres del año 2019. No obstante, en el mes de mayo de dicho año, PATAGONIA MEAT S.A. le informó a mi mandante su intención de finalizar la relación comercial y a efectos de cancelar su deuda, le devolvió los cheques de pago diferido que se le habían entregado y por la diferencia realizó un depósito de $1.247.361,10”.
Adjunto a dicho oficio la empresa oficiada acompaña los asientos contables de PMSA que dan cuenta de la anulación de los cheques que oportunamente entregara a la recurrente.
En las condiciones expuestas, es aplicable el constante criterio conforme al cual las facultades conferidas al organismo fiscal por el art. 16 y ss. de la ley 11683 (t.o. 1998 y modif. art. 23 y ss. del t.o. 1978), no autorizan decisiones discrecionales (Fallos - 264:99), desde que, cuando existe error en la consideración de los elementos que sirvieron de base a la estimación, o ausencia de un procedimiento racional y objetivamente adecuado a las circunstancias del caso, la determinación así practicada carece de debido sustento (en tal sentido, TFN, Sala C, en los autos “Yabra, Alberto s/recurso de apelación”, sentencia del 09/08/2000).
Que en este sentido, las probanzas documentales aportadas en sede administrativa como la prueba pericial contable allí producida y la referida en autos conforme se analizara en los párrafos precedentes, forman un plexo probatorio que lleva a la convicción de que se encuentra desvirtuada la presunción contemplada por el artículo 18 inc. g) de la Ley N° 11.683, por lo que se impone, sustancialmente, la revocación de los ajustes que con tal sustento efectuara el Fisco Nacional en los actos recurridos, con costas.
VIII. Que corresponde ahora tratar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional referido a la impugnación de la operatoria de la actora con el proveedor impugnado, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referidos a la tacha de apócrifo del proveedor cuestionado.
Que entrando al análisis de la impugnación del citado proveedor, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto anteriormente en el Considerando V de la presente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de un sujeto sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Asimismo conforme se desprende del Informe Final de Inspección correspondiente al proveedor Perez Eduardo Miguel se destacó que el contribuyente tendría el permiso de caza N° 0014, otorgado por el gobierno de La Pampa -Dirección de Recursos Naturales, para la campaña 2019, no habiendo aportado para los años anteriores. Aclarando que, de acuerdo a las facturas emitidas electrónicamente aportadas por el inspeccionado, habría cazado y vendido 49.860 liebres para la temporada 2018 y 40.321 liebres para la temporada 2019, no constatando en las compras gastos relacionados con esta actividad (compras de armas, balas, etc) ni tampoco elemento alguno que permita ratificar que el mencionado haya realizado la captura de esa cantidad de liebres.
En tal sentido se observa a modo de ejemplo que si bien las facturas N° 0003-00000138, N° 0003-00000142 y N° 0003-00000143 figuran facturadas liebres por el proveedor Perez Eduardo Miguel en el detalle de Guia de Tránsito de Caza Comercial de Liebre Europea no figura el proveedor impugnado como cazador. En otros casos como pueden ser las facturas N° 0003-00000139, N° 0003-00000140, N° 0003-00000141, N° 0003-00000144 figura el proveedor como cazador dentro de un grupo mas amplio de cazadores (fs. 936/944 IF-2023-141967377-
APN-DTD#JGM).
Asimismo y tal como lo evidenció la fiscalización actuante, el acopio de las liebres que están facturadas por Pérez Eduardo Miguel Cuit 23-23203395-9 lo realizó la propia recurrente y el contribuyente Neiman Norberto Horacio CUIT 20-16118075-1, este último es quien aparece -entre otros- cobrando los cheques emitidos a nombre de Pérez. De la totalidad de las liebres incluidas en las facturas de Perez Eduardo Miguel CUIT 23-23203395-9, el Señor Perez figura como cazador de solo una cantidad mínima, en tanto que las restantes liebres, fueron entregadas a otros cazadores, no surgiendo elementos que permitan justificar la razón por la cual aparece aquél facturando a la recurrente.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en cuanto ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió del proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000.
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B” (en otra formación) confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....". Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
No obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por el proveedor impugnado, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que haya sido el verdadero proveedor de los bienes involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con el proveedor indicado en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Ello así, resultando ajustados a derecho los ajustes determinados por impugnación del proveedor en IVA, corresponde su confirmación. Con costas.
IX. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en la proporción en que se confirman dichos impuestos, con costas. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que resta tratar el aspecto sancionatorio con relación a la multa por defraudación aplicada en el Impuesto al Valor Agregado en la proporción en que se confirma el ajuste determinado.
Sentado ello y entrando al análisis de la sanción aplicada en autos, corresponde señalar que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no solo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal, mas allá de las presunciones invocadas del art. 47, deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que, en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en los actos recurridos una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Las costas en este aspecto se imponen a la vencida, salvo en la parte en que se reduce la multa, en la cual se impone por su orden Que, por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar los actos apelados respecto del ajuste tratado en el Considerando VII de la presente y confirmar los ajustes determinados respecto del proveedor impugnado de conformidad con el Considerando VIII y IX. Con costas.
2. Confirmar la multa aplicada en la Resolución RESOL-2023-52-E-AFIP-DVJUN#SDGOPII, reduciéndola al mínimo legal. Con costas, salvo en la parte en que se reduce la multa, en la cual se imponen por su orden.
3. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.07.03 14:56:24 ART Date: 2024.07.03 15:21:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.07.03 15:32:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.07.03 15:32:25 -03:00
Fin de la sentencia