Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 37.306-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las Resoluciones Nros. 279/07 (DV RRMP) y 280/07 (DV RRMP) apeladas en lo que respecta al ajuste efectuado con fundamento exclusivo en el artículo 1° y 2° de la ley 25.345 conforme el Considerando VIII y confirmarlas en lo que respecta a los restantes ajustes tratados en los Considerandos VIII, IX, X y XI en cuanto determinan impuestos e intereses resarcitorios, con costas según los respectivos vencimientos.
2Confirmar parcialmente las multas aplicadas en las Resoluciones Nros. 279/07 (DV RRMP) y 464/12 (DV RRMP), con la reducción que se determina en el Considerando XII, con costas a sus respectivos vencimientos, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
3Ordenar al Fisco Nacional que, en el término de treinta (30) días, practique reliquidación en atención lo resuelto en los puntos 1 y 2. A cuyo efecto, poner a disposición de la representación fiscal los antecedentes administrativos en la Mesa de Entradas de este Tribunal, dejándose constancia que el plazo ordenado involucra el retiro y devolución de las actuaciones administrativas.
I. Que, a fs. 94/111 se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 279/07 (DV RRMP) y N° 280/07 (DV RRMP), ambas de fecha 30/10/2007, dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la Dirección General Impositiva (Administración Federal de Ingresos Públicos).
En virtud de la Resolución N° 279/07 (DV RRMP), se le impone la obligación de ingresar en relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) la suma de pesos once mil doscientos setenta y cuatro con cuarenta y seis centavos ($11.274,46.-) de los períodos fiscales junio, julio, septiembre, octubre de 2004 y marzo de 2005 correspondiente al ajuste por operaciones en incumplimiento de ley Antievasión N° 25.345 y mod., art. 2°. A su vez, se le determinan intereses resarcitorios por la suma de pesos seis mil seiscientos cuarenta y cuatro con noventa y un centavo ($6.644,91.-). Por otro lado, en la misma resolución se le determinó de oficio la obligación de ingresar la suma de pesos treinta y tres mil uno con cincuenta centavos ($33.001,50.-) por los períodos fiscales junio de 2004 a marzo de 2005 correspondiente al ajuste por proveedores apócrifos y diferencia con los registros contables. Asimismo, se le determinaron intereses resarcitorios por la suma de pesos dieciocho mil seiscientos ochenta y seis con cuarenta y siete centavos ($18.686,47.-). Además, aplicó una multa de pesos ciento setenta y siete mil ciento tres con ochenta y cuatro centavos ($177.103,84.-) por los períodos fiscales junio de 2004, octubre de 2004 a marzo de 2005 equivalente a cuatro veces el impuesto supuestamente omitido, en los términos de los artículos 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley de rito.
En virtud de la Resolución N° 280/07 (DV RRMP), se le impone la obligación de ingresar en relación al Impuesto a las Ganancias la suma de pesos noventa y un mil ciento ochenta y cuatro con setenta y un centavos ($91.184,71.-) del período fiscal 2004 correspondiente al ajuste por operaciones por ley antievasión. A su vez, se le determinan intereses resarcitorios por la suma de pesos cuarenta y ocho mil ochocientos catorce con veintiún centavos ($48.814,21.-). Por otro lado, en la misma resolución se le determinó de oficio la obligación de ingresar la suma de pesos ciento once mil trescientos uno con veintitrés centavos ($111.301,23.-) por el período fiscal 2004 correspondiente al ajuste por otros ajustes. Asimismo, se le determinaron intereses resarcitorios por la suma de pesos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y tres con veintiséis centavos ($59.583,26.-). Asimismo, se deja expresa reserva de la aplicabilidad de la sanción que pudiera corresponder por el año 2004, en los términos el artículo 20 de la Ley N° 24.769.
A fs. 534/543, correspondiente al Expte. N° 37.306-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 464/12 (DV RRMP) de fecha 19/12/2012, dictada por el Jefe (int.) División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Centro de la AFIP, por la que se aplicó una multa equivalente a tres (3) veces el Impuesto a las Ganancias supuestamente omitido por el período fiscal 2004, por la suma de seiscientos siete mil cuatrocientos cincuenta y siete con ochenta y dos centavos ($607.457,82.-) en los términos de los artículos 46 y 47 a), b) y c) de la ley de rito.
En primer lugar, la actora plantea la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 25.345, de la Resolución General 1547 (AFIP) y de las demás disposiciones reglamentarias. Entiende que tales normas impiden a quien no utiliza los medios de pago establecidos por ellas, acreditar la veracidad de las operaciones, creando una presunción absoluta que vulnera las garantías del debido proceso, defensa en juicio, razonabilidad y el derecho de propiedad (arts. 14, 18, 28, 33, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 8 de la C.A.D.H. y jurisprudencia de la C.I.D.H.), y que además desconoce el principio de capacidad contributiva.
Seguidamente plantea que el artículo 1° de la Ley N° 25.345 está cumplido, que son inconstitucionales los requisitos adicionales agregados por la RG 1547 y que, el crédito fiscal impugnado con fundamento en los medios de pago es procedente respecto de los proveedores Comintexa S.A., Boldorini, Vergara y Duckwitsz afirmando que no se cumplió con la ley 25.345. Sin embargo, entiende que ello no fue así, puesto que sí se pagó con cheque como dice el artículo 1 de dicho cuerpo normativo y que, la normativa no exige que el cheque sea cobrado o endosado nominalmente por el proveedor. Asimismo, razona que la resolución AFIP N° 1547 incurre en un exceso reglamentario, pues pretende reglamentar sin que la ley haya habilitado tal reglamentación y que excede los recaudos previstos por dicha ley. Detalla que para el caso de las firmas Comintexa S.A., A.F. Boldorini, Timotea Vergara y J.G. Duckwitz, se trata de proveedores respecto de los que el Organismo constató la actividad que desarrollaban, que las facturas tienen CAI válido y que la AFIP los autorizó a emitir facturas.
Con respecto a la impugnación del crédito fiscal de la proveedora Rosario Argentino manifiesta que: “el acta fue labrada sin la intervención del contribuyente y ser claramente parcial, pues no consta qué fue lo que se le preguntó al Sr. Vergara ni a qué hora estuvo ni cuánto tiempo estuvo en la AFIP, lo cual es relevante al haber dos actas labradas el mismo día y por distintos fiscalizadores (sic)”.
A su vez explica que la resolución califica de apócrifas a las facturas emitidas por los proveedores Lanzetti, Maycar S.A., Angel Vairo y Cia. S.A., Maquinas y Tractores S.A. y Español Luis Alberto. Razona que las circunstancias del caso demuestran que no existe prueba alguna que demuestre el carácter de “apócrifas” que el Organismo atribuye a las facturas, sino más bien una clara ausencia de investigación de parte de la AFIP, que se ha limitado a verificar algunas formalidades en su sistema informático, cuya veracidad no consta. En otro sentido con respecto al Impuesto a las Ganancias se agravia de que los honorarios de los socios gerentes fueron asignados en un acta volante N° 5 de fecha 30/11/04 y que, de la misma surge que fueron asignados en los términos del artículo 87 inciso j) antes del vencimiento para la declaración jurada del período fiscal 2004. Agrega que los honorarios profesionales que se le impugnan, corresponden a los abonados a la profesional contadora de la firma y que se relacionan a doce recibos mensuales desde noviembre de 2003 a octubre de 2004, es decir uno por cada mes del ejercicio, totalizando $9600, casi la totalidad de los honorarios deducidos ($12.000).
En referencia con el monto deducido por el alquiler del galpón indica que, corresponde al monto efectivamente acordado y devengado. Explica que si bien la determinación de oficio impugna la suma de $241.433,45 afirmando que ello corresponde a un importe superior al que surge del contrato aportado. Ello se debe a que, dicho contrato no contempla un acuerdo posterior realizado con el locador al que accedió para mantener la posibilidad de que le alquilara la planta en el futuro, y consistente en que este último debía entregarle sumas variables en base a lo facturado, y que llegaron a representar los mencionados montos luego deducidos. A su vez remarca que, pese a que el locador no entregó facturas existen cheques que pudo identificar como entregados al locador que, si bien no los habría cobrado, los entregó en pago de sus obligaciones, con lo cual esto puede determinarse como prueba.
Por otra parte, en relación a las multas interpuestas razona que, la conducta sancionada corresponde a una sanción de naturaleza penal y que, le son aplicables los principios generales del derecho procesal penal. A su vez plantea la nulidad de los artículos 1 y 7 de la Resolución 279/07 que aplica la multa por defraudación respecto del IVA por entender que la misma fue dictada sin permitir que el contribuyente pruebe en contra de la imputación. Además, dice que conforme lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos, el administrado tiene derecho al debido proceso adjetivo, que comprende el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada. Entiende que todos estos derechos le fueron vulnerados, por ello peticiona la nulidad de la sanción aplicada.
Esgrime que, en ningún momento quiso engañar u ocultar maliciosamente su real situación ante el Fisco Nacional, y tampoco pudo inducir a error al sujeto pasivo como para que considere acreditada la materialidad de una infracción que requiere fraude, despliegue ardidoso y dolo. Agrega que la carga de la prueba incumbe a la acusación y en el caso de autos, la AFIP no acreditó los elementos constitutivos del fraude que le imputan. Sostiene que las sanciones aplicadas deben revocarse en lo que respecta a los medios de pago en virtud de que, el hecho presuntamente defraudatorio que se le atribuye, es el incumplimiento de las formas en que deben efectuarse los pagos superiores a $1.000, obligación impuesta por la Ley N° 25.345 y reglamentada por la RG 154, pero en ningún momento se desconoce la veracidad de las operaciones.
Manifiesta la inexistencia de los presupuestos de hecho del artículo 47 incisos a), b) y c) de LPT, por entender que en el caso de autos no resultan probados los indicios que habilitan las presunciones previstas en los incisos mencionadas. Relata que, no existe contradicción entre libro alguno y la declaración jurada. Tampoco está acreditada la inexactitud con incidencia grave en la materia imponible, la documentación a tener en cuenta en la declaración jurada son las facturas y comprobantes respecto a las cuales no acredita que no sean apócrifos. En este sentido indica que, en el caso de las facturas se atribuye el carácter de apócrifas en base a cuestiones del proveedor, y ahora se invoca eso como un indicio para presumir fraude, lo cual es inadmisible. Asimismo, en el caso de los demás gastos expone que están todos justificados y eventualmente, si se entendería que no, se entenderá en base a presunciones simples, con lo cual, no podría luego presumirse además y seguidamente una conducta fraudulenta. Expone que a pesar de que “formalmente” pueda existir una manifiesta disconformidad con normales legales y reglamentarias aplicables al caso – Ley N° 25345 y RG 1547 -, no puede presumirse el dolo de defraudación, ya que las operaciones existen y lo que impugna son los medios de pago utilizados. En subsidio peticiona que las sanciones aplicadas sean reducidas al mínimo legal. En este sentido relata que, en todo momento colaboró con la inspección, aportó la documentación que se le requirió, brindó explicaciones y que no se mostró remiso.
Finalmente, en ambos expedientes ofrece prueba documental, informativa y testimonial. Hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que, a fs. 136/159 se presenta el Fisco Nacional, contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio, impugna la prueba ofrecida por la apelante y acompaña los antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentando confirmando las resoluciones recurridas en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que, a fs. 192, se ordenó la apertura a prueba de la presente causa, rechazándose la oposición efectuada por el Fisco Nacional. A fs. 204/210, fs. 232 y fs. 366 obran las contestaciones del oficio diligenciado al Banco Industrial de Azul, a fs. 221 la respuesta de la firma Comintexa S.A. y a fs. 222 la contestación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Asimismo, a fs. 404 y fs. 407/409 lucen las testimoniales producidas. Es dable destacar que en el expediente acumulado N° 37.306-I no se ordenó la apertura a prueba, en virtud de que la recurrente en el punto VI de su apelación se remitió a la prueba aportada en el expediente N° 30.594-I, por ser el sumario correspondiente a la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias apelada en las actuaciones principales.
IV. Que, a fs. 616 se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, poniéndose a alegar a fs. 619. A fs. 623/626vta obran los alegatos producidos por el Fisco Nacional. Finalmente, a fs. 629 se ponen los autos a sentencia.
V. Que, conforme se deprende de autos y de las actuaciones administrativas que corren por separado, en especial del informe final de inspección obrante a fs. 74/91 del cuerpo de auditoria, los antecedentes del caso se originaron en verificar la posibilidad de existencias de proveedores apócrifos que dan lugar a gastos y/o créditos fiscales impugnables y la aplicación de la Ley 25.345 en relación a la forma de cancelación de las compras de bienes y/o servicios.
La actividad desarrollada por la sociedad es la de servicios de fumigación, plantación, resiembra, limpieza y desinfección de depósitos, manipulación de carga y transporte de carga.
El ajuste en el IVA se originó por impugnaciones de créditos fiscales provenientes de operaciones con los proveedores observados calificados como “apócrifos” y también por diferencias detectadas en los meses de julio y setiembre de 2004 entre el crédito fiscal declarado y lo registrado en el libro IVA Compras. Asimismo por la impugnación de créditos fiscales por incumplimiento a la ley 25.345 respecto de ciertos proveedores. A continuación, se detalla el análisis realizado por el Fisco Nacional de cada uno de los proveedores cuestionados calificados como “apócrifos” y posteriormente otros observados por incumplir la ley Antievasión mencionada: Maycar S.A.: manifestó mediante nota que no realizó operaciones con la firma fiscalizada. Se realizó la consulta a la base de datos sobre la validez de los comprobantes emitidos obteniendo como respuesta “CAI invalido”, posteriormente se circularizó a la imprenta que figura al pie del comprobante obteniendo como resultado que nunca realizó impresiones a la firma.
Luis Alberto Español: manifestó mediante nota que no realizó operaciones con la firma fiscalizada. Se realizó la consulta a la base de datos sobre la validez de los comprobantes emitidos obteniendo como respuesta “CAI invalido”. De la información aportada por la firma fiscalizada surge que las operaciones fueron canceladas mediante cheques que no fueron cobrados ni endosados por el proveedor.
Silvana Buitecampo / Silvana De Lanzetti: manifestó mediante nota que no tuvo relaciones comerciales con Work People SRL. Se realizó la consulta a la base de datos sobre la validez de los comprobantes emitidos obteniendo como respuesta “CAI invalido”. Asimismo, indicó que nunca realizó la actividad de transportes de carga, desempeñándose como docente desde el año 1998 en la Provincia de Santa Fe (acompaño recibo de sueldo donde consta el trabajo realizado y la fecha de ingreso). De los registros de IVA ventas surge que la operación realizada es superior a $1.000, cancelada mediante cheques que fueron identificados.
Rosario Argentino Vergara: se lo circularizó al domicilio fiscal, siendo el sobre devuelto por el correo con la leyenda “se mudó”. Se circularizó al domicilio alternativo que surge de las bases de datos, el Sr. Vergara se constituyó en las dependencias de AFIP manifestando desconocer a la firma Work People SRL, que nunca realizó la actividad de transporte de carga (como indica los comprobantes aportados por la fiscalizada), y que realizo tareas desde el año 2009 en un hotel de la localidad de Santa Teresita y que a partir del 12/2004 trabaja en relación de dependencia en Medinilla Seguridad Privada SRL. Como consecuencia de las tareas realizadas se procede a la impugnación del crédito fiscal por el carácter de apócrifo de las operaciones.
Máquinas y Tractores S.A.: se lo circularizó siendo el sobre devuelto por el correo con la leyenda “cerrado, se dejó aviso de visita” no habiendo contestado. No surge de la base de datos la existencia de domicilios alternativos. Se realizó la consulta a la base de datos sobre la validez de los comprobantes emitidos obteniendo como respuesta “CAI invalido”. Se procedió a circularizar a la imprenta que figura en el pie de los comprobantes, obteniendo como respuesta los distintos comprobantes realizados.
Angel Vairo y Cía. S.A.: se realizó la consulta a la base de datos sobre la validez de los comprobantes emitidos obteniendo como respuesta “CAI invalido”. Posteriormente se procedió a circularizar a la imprenta indicada al pie de los comprobantes, recibiendo como respuesta los comprobantes impresos al contribuyente y copia de la plantilla de impresión de los comprobantes el cual difiere del aportado por la firma fiscalizada. De acuerdo a la información brindada por la firma fiscalizada las operaciones con los proveedores mencionados fueron canceladas en efectivo o mediante cheques que no fueron cobrados ni endosados por el proveedor, concluyéndose que no se cumple con la Ley N° 25.345 y se procedió a impugnar el cómputo de los respectivos créditos fiscales.
Respecto los siguientes proveedores se impugnaron los créditos fiscales en IVA surgidas de operaciones que, en opinión de los inspectores, incumplieron la ley Antievasión, como único argumento –por el motivo que se indica en el párrafo anterior, respecto de los proveedores considerados apócrifos-: Angel Felix Boldorini, Comintex S.A., Timotea Vergara y Duckwitz Javier Gerardo.
Por otra parte, el ajuste en el Impuesto a las Ganancias se originó por ingresos en menos por diferencias entre lo registrado y facturado y lo exteriorizado en la DDJJ original; impugnación de alquileres por incumplimiento a la Ley 25.345 y en un caso por importe superior al que surge del respectivo contrato; impugnación de gastos por operaciones con proveedores incluidos en la base Apoc, por operaciones realizadas con comprobantes con CAI erróneos o desconocidas por los proveedores como así también por incumplimiento de la mencionada ley Antievasión; impugnación de diferencias en concepto de remuneraciones y cargas sociales computadas respecto de las declaraciones del Régimen de Seguridad Social presentadas; impugnación de deducciones de honorarios de socio gerente y profesionales sin comprobantes exhibidos.
De conformidad con la auditoría fiscal realizada, se procedió a verificar las siguientes cuentas de gastos del ejercicio 2004:
A) Alquileres Varios: se aportó copia del contrato de locación del galpón de la planta procesadora, el cual asciende a la suma de $130.000. El valor de locación anual ($65.000) se lo comparó con el gasto de comercialización “alquiler galpón” el cual asciende a la suma de $295.700 surgiendo un gasto deducido en exceso de $230.700. No obstante lo expuesto, se procedió a la impugnación total del gasto por no cumplir con la Ley 25.345.
Asimismo, fueron exhibidos los contratos de locación de:
Arado y disqueadora: contrato de locación por el importe de $2.000 mensuales, de los datos del padrón de AFIP, se verificó que se trata de un contribuyente que no se encuentra inscripto y que no posee maquinaria agrícola registrable a su nombre.
Tractor con aporcador: contrato de locación por el importe de $3.000 mensuales, de los datos del padrón de AFIP, se verificó que se trata de un contribuyente inscripto en la actividad “cultivo de cereales” y que no posee maquinaria agrícola registrada a su nombre.
Combis: contrato de locación por el importe de $1.562,50 mensuales por cada combi, de los datos del padrón de AFIP, se verificó que se trata de un contribuyente que no se encuentra inscripto y que no posee a su nombre los bienes identificados en el contrato.
Camión: contrato de locación por el importe de $3.000 mensuales, de los datos del padrón de AFIP, se verificó que se trata de un contribuyente inscripto en el monotributo y que no posee a su nombre los bienes identificados en el contrato.
Mesa clasificadora: contrato de locación por el importe de $1.000 mensuales, de los datos del padrón de AFIP, se verificó que se trata de un contribuyente que no se encuentra inscripto y que no posee maquinaria agrícola registrada a su nombre.
Cinta transportadora y un pop de carga: contrato de locación por el importe de $1.833,33 mensuales, de los datos del padrón de AFIP, se verificó que no se trata de un contribuyente inscripto como autónomo y que no posee maquinaria agrícola registrada a su nombre.
Posteriormente se procedió a circularizar a los locadores a efectos de respaldar los contratos aportados, no habiendo obtenido respuesta de ninguno de ellos. En virtud de lo expuesto, la inspección procedió a la impugnación de los gastos originados en los contratos de las locaciones de las combis y del camión (por ser estos bienes registrables cuya titularidad según las bases de la AFIP difiere del locador que surge de los respectivos contratos – los que no fueron localizados), permitiendo la deducción del resto de los gastos originados en los contratos de la cinta transportadora y pop de carga, de la mesa clasificadora, del tractor y del arado y disqueadora. No obstante ello, consultada la forma de cancelación de los contratos, la actora informa que los mismos se realizaron en efectivo, no aportando los comprobantes de respaldo de los pagos.
Como corolario de la auditoría realizada y con motivo del incumplimiento de los medios de pago permitidos de acuerdo a la Ley N° 25.345 es que la fiscalización procede a la impugnación de los gastos de alquileres de combi, alquileres de máquinas, alquileres tractor y alquileres galpón.
B) Honorarios: fue solicitada la documentación respaldatoria de las cuentas “Honorarios de socios gerentes” incluido en los gastos administrativos del cuadro de resultados, no aportando ningún tipo de documentación. Conforme lo establecido en el artículo 87 inc. j) de la ley del Impuesto a las Ganancias, las sumas que se destinen al pago de honorarios a directores y las acordadas a los socios administradores – con las limitaciones que se establecen en el presente inciso – por parte de los contribuyentes comprendidos en el inciso a) del artículo 69, podrán deducirse siempre que se asignen dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada anual del año fiscal por el cual se paguen. En el presente caso no pudo comprobarse la asignación de los honorarios (la firma no exhibió los libros contables) razón por la cual la fiscalización procede a su impugnación. Respecto de los “honorarios de profesionales” incluidos en los gastos administrativos del cuadro de resultados que asciende a la suma de $12.000, no fue aportada ninguna documentación (facturas, recibos, etc.), razón por la cual se procede a su impugnación.
C) Sueldos y jornales: durante la fiscalización no fue exhibido el libro de sueldos y jornales ni aportado los recibos de haberes de los trabajadores en relación de dependencia, por lo cual el actuante procedió a obtener de las bases de datos de la AFIP el monto abonado de remuneraciones exteriorizadas en las DDJJ del Régimen de Seguridad Social.
El monto de remuneraciones así obtenido asciende a la suma de $23.973,95.- y por cargas sociales a la suma de $6.482,38.- dichos montos fueron comparados con los que surgen del cuadro de gastos que ascienden a la suma de $24.347,98.- y $7.836,86.-, surgiendo así una diferencia a favor del fisco.
D) Repuestos y reparaciones: se procedió a la impugnación del gasto proveniente de las operaciones con los proveedores considerados apócrifos: Maycar S.A., Silvana Lanzetti, Rosario Argentino Vergara, cuyo análisis fue expuesto previamente, al mencionar el tratamiento en IVA.
E) Verificación de los medios de pago: se solicitó el detalle de los medios de pago utilizados para la cancelación de operaciones de compra mayores a $1.000. La asesora de la parte actora manifestó de forma verbal que las mismas se realizaban en su mayoría en efectivo y el resto a través de cheques de terceros o en su defecto cheques propios al portador. Posteriormente, fue aportado un detalle de la forma de cancelación de las operaciones más relevantes. Los cheques emitidos fueron realizados sin indicar beneficiario.
Se procedió a circularizar al Banco Industrial Azul Ltda. a efectos de obtener copia del frente y dorso de los cheques involucrados. De las copias recibidas se verificó que los mismos no fueron cobrados ni endosados por el proveedor, sino por personas o firmas diferentes de las que surgen del detalle de beneficiarios de los pagos que entregó la fiscalizada, lo que impide, a criterio de los Fiscalizadores, demostrar por parte de la contribuyente, el cumplimiento de la Ley 25.345, procediéndose a la impugnación del gasto de las operaciones con los siguientes proveedores: Comintexa S.A., Angel Felix Boldorini, Timotea Vergara y Duckwitz Javier, los que también fueron ajustados en el IVA., adicionándose en el Impuesto a la Ganancias a Simón Manuel – Simón Manuel H. Asimismo y conforme lo expuesto previamente, se recuerda que también fueron impugnados los gastos derivados de las operaciones que dieron origen a los alquileres (combi, maquinas, tractor, camión, galpón) por incumplimiento de la Ley 25.345.
VI. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VII. Conforme lo expuesto, en primer término, corresponde expedirse en torno al planteo de nulidad efectuado por la recurrente, adelantando que este argumento carece de fundamentos legales suficientes para sustentar la petición.
En efecto para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras.
En ese sentido el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de esa garantía y que la misma ha sido conculcada.
Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
En esa tónica debe destacarse que, en relación a lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Se observa que la resolución cumple con dichos requisitos al lucir motivada y fundada en sus argumentos. Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos. En definitiva, se observa que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que hace al fondo mismo de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal y excede el marco de la nulidad planteada. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (conf. CSJN, “Bolland y Cía S.A.”, 21/2/13).
VIII. Que seguidamente, resulta oportuno pronunciarse sobre los agravios efectuados por la actora con respecto a los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en base a la Ley 25.345 (“ley antievasión”).
La AFIP determinó ajustes en IVA (algunos periodos fiscales de los años 2004 y 2005, conforme lo expuesto) y en el Impuesto a las Ganancias (periodo fiscal 2004) con más sus intereses y multa para el caso del IVA, como consecuencia de impugnar créditos fiscales computados por aquél en el primero de tales tributos y costos/gastos deducidos respectivamente. Tales impugnaciones se fundaron en que el accionante no estaría cumpliendo con los medios de pagos previstos en tal ley para cancelar las respectivas operaciones.
Al respecto, cabe destacar que con fecha 19/03/2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo “Mera, Miguel Ángel” se expidió sobre el particular, confirmando el criterio de la Excma. Cámara en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley N° 25.345.
Así la Corte destacó que “...la objeción constitucional formulada por el a quo se funda en que la aplicación de esa norma -en casos como el sub examine en que está acreditada sin margen de duda la veracidad de las respectivas operaciones en las que el accionante efectuó pagos en efectivo a sus proveedores- distorsionaría la situación del contribuyente frente a los impuestos en los que se le efectuaron los ajustes: en el tributo a las ganancias se le impedirían deducir gastos necesarios para la obtención de las ganancias con lo cual se gravaría una utilidad ficticia y desproporcionada con la que verdaderamente el legislador ha querido gravar con el tributo; y frente al IVA se desnaturalizaría el cotejo entre débitos y créditos al excluirse la posibilidad de computar éstos últimos. En síntesis, la cámara juzgó irrazonable que el incumplimiento de deberes de carácter formal -como los establecidos en el art. 1° de la citada ley 25.345- puedan acarrear tales consecuencias.”. Por otro lado, en dicha causa al referirse a la presunción absoluta establecida por el artículo 2° de la ley antievasión y su inconstitucionalidad, nuestro más alto Tribunal menciona que “...en ese contexto cabe recordar que esta Corte ha establecido que las presunciones “requieren un uso inteligente, concreto y racional” y que su utilización debe limitarse “a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen” (conf. “Hermitage”, Fallos: 333:993, considerando 12). Asimismo hizo notar en el citado precedente -para declarar la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta en un caso en el que se había demostrado que el contribuyente no había obtenido ganancia alguna en el período examinado- que el legislador no había dado “fundadas razones para impedir la prueba de que, en un caso concreto, no se ha obtenido la ganancia presumida por la ley” (considerando 14), y concluyó en que “el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso” (considerando 16).
Finalmente concluye que “... es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas -y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales en el IVA— por motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez (confr. Fallos: 312:2467; 314:1293, considerando 4°, y sus citas); de manera que también, desde esta perspectiva, se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada.”
A ello, se debe destacar que no surge constancia en las presentes actuaciones ni en los antecedentes administrativos el hecho que el Fisco Nacional cuestione la veracidad de las operaciones, sino que simplemente impugnaron los créditos fiscales en IVA provenientes de las operaciones realizadas con los proveedores Comintexa S.A., Angel Felix Boldorini, Timoteo Vergara y Javier Gerardo Duckwitsz y también los gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias por las operaciones con tales proveedores y Simón Manuel – Simón Manuel S.H. que provenían de las operaciones cuya cancelación el Fisco Nacional entendió que se efectuaron fuera de lo previsto en el artículo 1° de la ley 25.345.
Por lo expuesto corresponde revocar las Resoluciones N° 279/07 (DV RRMP) y la N° 280/07 (DV RRMP) referidas al IVA periodos fiscales 06, 07, 09, 10 del 2004 y 03 del 2005 e Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2004, respectivamente, en lo que se refiere a los ajustes efectuados con único fundamento en los artículos 1° y 2° de la ley 25.345 - impugnación de gastos originados en los contratos de la cinta transportadora y pop de carga, de la mesa clasificadora, del tractor y del arado y la disqueadora - y confirmarlas en aquellas cuestiones que exceden a los cuestionamientos de dicha ley – impugnación de gastos por contratos de las locaciones de las combis y del camión-. En cuanto al alquiler del galpón de la planta corresponde revocar el ajuste hasta la suma del alquiler anual que surge del contrato aportado, confirmando la diferencia relativa al exceso deducido por la recurrente sin documental de respaldo aportada. Con costas a sus respectivos vencimientos.
IX. Que en relación a los proveedores considerados apócrifos, cabe concluir que la impugnación de los mismos ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la efectiva realización de las operaciones.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores y que ellos realizaron operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones, por los proveedores impugnados siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Con respecto a la prueba producida cabe indicar que la misma resulta a todas luces insuficiente para rebatir los cuestionamientos realizados por el Fisco Nacional y que sirvieron de base para la realización de los ajustes que se discuten en los presentes actuados.
En cuanto a las pruebas informativa y testimonial producida nada agregan para confirmar la existencia y cuantía de las operaciones cuyos créditos fiscales en IVA y gastos en el Impuesto a las Ganancias fueron impugnados, conforme las observaciones e inconsistencias que se destacaron previamente.
Entrando al análisis de los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia de Impuesto al Valor Agregado, es dable recordar que conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual expresa que, la impugnación de los proveedores apócrifos se basó en el incumplimiento por parte de estos de meras cuestiones formales, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando la impugnación de las operaciones en ellas consignadas.
No obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda impugnar las operaciones cuestionadas por el incumplimiento de meras formalidades como por ejemplo el CAI, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores cuestionados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los productos y servicios involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que hay una clara ausencia de investigación por parte de la AFIP y que las impugnaciones se basaron en la alegación de meras formalidades.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido recientemente a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50- M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de que el Organismo Fiscal solamente se limitó a verificar cuestiones formales sobre la calidad de las facturas apócrifas y que no existe ningún elemento de prueba que demuestre dicho carácter. Pero lo cierto es que estas cuestiones resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
En el caso de autos la prueba producida no logra acreditar que los proveedores Rosario Argentino Vergara, Silvana Lanzetti, Maycar S.A., Maquinas y Tractores S.A., Luis Alberto Español y Angel Vairo y CIA S.A. hayan efectivamente entregado los bienes o prestado los servicios que dan cuenta las facturas impugnadas por el Fisco Nacional. En ese sentido, de la prueba producida informativa y testimonial, no logró acreditar la realidad del vínculo comercial invocado, no permiten acreditar que las operaciones comerciales que dieron lugar al cómputo de los créditos fiscales por parte de la actora hayan sido efectivamente celebradas con los proveedores impugnados. A mayor abundamiento, la actora no alcanzó a evidenciar el circuito comercial desplegado para tener por existentes a las operaciones impugnadas que permita inferir que fueron efectivamente realizadas. En función de ello, corresponde confirmar la resolución que determina el IVA, con costas.
Que, seguidamente corresponderá analizar los ajustes efectuados por impugnación de gastos en el Impuesto a las Ganancias, como resultado de la tacha de apócrifo de los proveedores y de las respectivas operaciones con Rosario Argentino Vergara, Silvana Lanzetti y Maycar S.A.
En lo que aquí interesa, el art. 17 de la LIG prevé que "Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga", mientras que el art. 80 de la citada ley dispone que "Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina".
A su vez, el artículo 55 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias establece que cuando las circunstancias del caso evidencien que tales erogaciones se han destinado al pago de servicios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, podrá admitirse la deducción del gasto en el balance impositivo, sin perjuicio del impuesto al que hace referencia el artículo 37.
Que cabe poner de relieve que en la determinación del impuesto a las ganancias se reiteran los fundamentos de la resolución que así lo hace por el Impuesto al Valor Agregado. No obstante, dichos razonamientos no alcanzan a desvirtuar en sustancia las operaciones discutidas con Maycar S.A., Silvana Lanzetti, Rosario Argentino Vergara, en tanto no se trata aquí de la adquisición de mercaderías o prestación de servicios a proveedores, sino de establecer, según la realidad económica, la procedencia de la deducción de los gastos en que indispensablemente se haya incurrido para obtener las ganancias gravadas o mantener y conservar la fuente que las produce. Que atento lo expuesto y tal como surge del análisis realizado respecto de la prueba señalada, no se contaría con elementos suficientes a efectos de considerar la existencia real de las operaciones comerciales involucradas en los ajustes de marras, más allá de quienes hubieran sido los reales prestadores de los mismos. En ese sentido, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del Impuesto al Valor Agregado, sino que en virtud de la normativa del Impuesto a las Ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes y servicios, han sido efectivamente recibidos para su posterior venta, de la prueba aportada no surge que sin las compras impugnadas no se hubiera podido realizar las ventas declaradas por la recurrente, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste.
X. Que resta ahora referirse a los restantes ajustes relativos a ingresos omitidos y gastos computados en exceso. En cuanto a los créditos fiscales de IVA computados en exceso en julio y setiembre de 2004 respecto de los registros de IVA compra, al no haberse presentado agravio concreto y frente a la falta de prueba aportada o evidencia existente en estas actuaciones en sentido contrario, solo cabe su confirmación.
En lo relativo a la diferencia en menos de ingresos declarados en el Impuesto a las Ganancias y el exceso de gasto computado por sueldos y jornales, al no haberse presentado agravio concreto y frente a la falta de prueba aportada o evidencia existente en estas actuaciones en sentido contrario, también solo cabe su confirmación. En cuanto al ajuste efectuado respecto de los honorarios profesionales que no contaban con documentación de respaldo, cabe indicar que en esta instancia, la actora aporta los correspondientes recibos emitidos por la profesional interviniente (fs. 9 y sgtes.), ante lo cual este Tribunal considera que corresponde revocar el ajuste, no resultando suficiente las observaciones del Fisco Nacional relativas a la falta de libros rubricados y numeración correlativa de algunos de dichos comprobantes, cuestionándose que los servicios hayan sido efectivamente efectuados y/o abonados. Cabe, imponer las cosas por su orden, en razón de haberse aportados en esta instancia los mencionados comprobantes respaldatorios. Ahora bien, con respecto los honorarios de socios gerentes, la recurrente no ha podido probar la asignación de los honorarios de conformidad con lo reglamentado en el art. 87 inc. j) de la ley de impuesto a las ganancias, dado que según el Acta de la reunión N° 5 del 30/11/2004 (fs.4) carece de eficacia probatoria, al no contar con firmas certificadas y no encontrarse incorporada en el libro de Acta de la Sociedad, cuya fecha de rúbrica es posterior a la fecha en la que según tal Acta habría tenido lugar dicha reunión. Por lo expuesto, corresponde su confirmación, con costas.
XI. Que, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios y en la parte que se confirma, según lo expuesto previamente, sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XII. Sentado ello, cabe entonces analizar si las multas aplicadas en autos, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a), b) y c) de la Ley 11.683, respecto de la parte que se confirma, conforme lo expuesto previamente. Que cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Ahora bien, las formas genéricas del fraude son el ardid y el engaño, que tienen como finalidad hacer creer a la víctima o mantenerla en la creencia o reforzarla en su creencia de que lo que no es verdadero lo es. Pero el ardid o el engaño han de ser “idóneos”, esto es aptos para inducir a error, en el caso, al organismo especializado en la fiscalización y recaudación tributaria.
Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008).
Que con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo fiscal se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no solo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria. Nada ha aportado la actora que permita derribar los indicios referidos por el Fisco Nacional.
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en las respectivas resoluciones y que particulariza en el ajuste practicado, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. Cabe destacar, en este orden de ideas, que la conducta de la recurrente constituye una maniobra por la que se perjudicó al Fisco Nacional, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista en el citado artículo 46, la que corresponde confirmar.
La recurrente no ha aportado elemento alguno que permita desvirtuar las presunciones correctamente utilizadas por el Fisco Nacional.
No obstante ello, en cuanto al quantum de las sanciones aplicadas si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en los actos atacados una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarlas en cuatro o tres veces –según el caso- el impuesto omitido, por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas en este aspecto se imponen a la actora en la proporción de las multas que se confirman y por su orden en la parte que se reducen.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar las Resoluciones Nros. 279/07 (DV RRMP) y 280/07 (DV RRMP) apeladas en lo que respecta al ajuste efectuado con fundamento exclusivo en el artículo 1° y 2° de la ley 25.345 conforme el Considerando VIII y confirmarlas en lo que respecta a los restantes ajustes tratados en los Considerandos VIII, IX, X y XI en cuanto determinan impuestos e intereses resarcitorios, con costas según los respectivos vencimientos.
2. Confirmar parcialmente las multas aplicadas en las Resoluciones Nros. 279/07 (DV RRMP) y 464/12 (DV RRMP), con la reducción que se determina en el Considerando XII, con costas a sus respectivos vencimientos, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
3. Ordenar al Fisco Nacional que, en el término de treinta (30) días, practique reliquidación en atención lo resuelto en los puntos 1 y 2. A cuyo efecto, poner a disposición de la representación fiscal los antecedentes administrativos en la Mesa de Entradas de este Tribunal, dejándose constancia que el plazo ordenado involucra el retiro y devolución de las actuaciones administrativas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.05.06 13:12:29 ART Date: 2024.05.06 15:14:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.06 16:40:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.06 16:41:10 -03:00
Fin de la sentencia