Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
I. Que mediante RE-2023-37182120-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 032/2023 DV SRR1 de fecha 15/03/2023, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos I, de la Dirección Regional Sur de la Dirección General Impositiva en virtud de la cual se dispuso determinar de oficio la obligación del recurrente frente al Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia del período fiscal 2020, más intereses y aplica multa equivalente al ciento por ciento (100%) del aporte determinado conforme lo dispuesto por el art. 45 de la ley 11.683. En primer lugar, opone excepción de litispendencia, con la demanda judicial que se encuentra en trámite por ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, en la que se ha cuestionado la validez constitucional del nuevo impuesto denominado Aporte Solidario y Extraordinario (conforme ley 27.605), en tanto se verifican los presupuestos jurídicos que hacen a su progreso y que, en consecuencia, conllevan a la paralización del presente proceso a fin de evitar sentencias contradictorias.
En cuanto al fondo del asunto sostiene que no se discuten los aspectos numéricos del ajuste notificado por el Fisco Nacional, sino la inexistencia de los presupuestos básicos para la legitimidad del cobro del impuesto presuntamente adeudado, por carecer el contribuyente de la capacidad contributiva necesaria que justifique el pago de las sumas reclamadas, y por resultar la pretensión de cobro expuesta en la determinación de oficio apelada claramente inconstitucional por resultar la misma confiscatoria, violatoria del principio de igualdad y violatoria de principio de legalidad tributaria, tal como va a ser desarrollado a la largo del presente recurso de apelación.
Afirma que el hecho de que esta obligación de pago establecida por la ley sea “por única vez”, no le quita en nada su naturaleza impositiva, atento a que la periodicidad en el pago, o la vocación de permanencia no ha sido nunca un elemento que caracterice ni defina a las obligaciones tributarias.
Indica que estamos frente a un impuesto que grava el patrimonio de las personas físicas residentes en el país (o aquellos que residen en determinadas jurisdicciones consideradas no cooperantes o perdieron la residencia después del 31 de diciembre de 2019), o el patrimonio ubicado en el país de las personas físicas no residentes, con alícuotas que llegan hasta el 5,25% del total del patrimonio considerado como la base imponible, y que toma para la valuación de los activos que conforman el patrimonio gravado los criterios de valuación establecidos por la ley del impuesto a los bienes personales.
Manifiesta que la inconstitucionalidad por confiscatoriedad es palmaria, cualquiera sea la comparativa que se realice para la medición de la capacidad contributiva del contribuyente. En este caso el impuesto patrimonial que se debería pagar representa lisa y llanamente una amputación de sus bienes, es confiscatorio sin necesidad de mayor análisis.
Señala la ausencia total de capacidad contributiva para hacer frente al pago del tributo creado por la ley 27.605. Describe que se da claramente un supuesto de confiscatoriedad que importa vulnerar todas las garantías constitucionales en que se basan los principios básicos de la tributación.
Deja sentado que el impuesto que se pretende cobrar es inconstitucional, en tanto se pretende establecer una obligación de pago que también es violatoria del principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y de la garantía innominada de la interdicción de la irrazonabilidad consagrada, entre otras normas, en el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Afirma que la renta total obtenida por el contribuyente en el período fiscal 2020, producto de los bienes gravados por el aporte solidario ($ 5.960.801,07) representa el 38% del total de lo que el propio contribuyente debería terminar pagando en concepto de “Aporte Solidario”. Y, los guarismos que arroja esta comparación son aún más gravosos si tomamos en cuenta la comparación entre la renta obtenida por los activos (única renta existente en este supuesto) y la suma de los impuestos patrimoniales que el contribuyente debería pagar correspondientes al período fiscal 2020, esto es, la suma del impuesto a los bienes personales más el “Aporte Solidario”.
Destaca que la relación entre la sumatoria de los impuestos patrimoniales a pagar en el año 2020 ($ 24.856.323,64), frente a la renta obtenida en el mismo período ($5.960.801,07), es de un 416,99%, número que exime de cualquier otro comentario. Es decir, aún sin considerar lo abonado en concepto de impuesto a las ganancias -y mucho menos descontado los gastos mínimos necesarios para la vida del contribuyente y su grupo familiar-, el pago del impuesto patrimonial absorbe (más de 4 veces) la totalidad de la ganancia obtenida por el contribuyente en el período fiscal en que debe pagar el “Aporte Solidario” junto con los otros impuestos patrimoniales que debe abonar en el mismo período fiscal.
Sostiene que la inconstitucionalidad por confiscatoriedad es palmaria, cualquiera sea la comparativa que se realice para la medición de la capacidad contributiva del contribuyente y también para establecer los ratios de absorción de su renta por parte de la suma de los impuestos patrimoniales que pretende cobrarse para el período fiscal 2020.En este caso afirma que el impuesto patrimonial que se debería pagar representa lisa y llanamente una amputación de sus bienes, lo cual claramente es confiscatorio sin necesidad de mayor análisis.
Afirma que nos encontramos frente a un supuesto en donde claramente la retroactividad de la ley 27.605, en cuanto crea una obligación de pago extra sobre el impuesto al patrimonio ya oportunamente pagado por el contribuyente antes de la sanción de esta ley, importa la vulneración del principio constitucional que garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada de acuerdo a lo previsto por la CSJN en la doctrina del efecto liberatorio del pago y, además, importa también un supuesto de inconstitucionalidad por violación del principio de Seguridad Jurídica en cuanto importa una garantía sobre la interdicción de la arbitrariedad en el accionar del Estado frente al Administrado.
Indica que agravia a la recurrente la intimación practicada por el Fisco Nacional de los (mal)
denominados intereses “resarcitorios”, por no existir mora culpable en su obrar, presupuesto esencial para la procedencia de los mismos. En este aspecto debe tenerse en cuenta el sentido e interpretación que debe darse al artículo 37 de la ley 11.683, ya que si bien es cierto que por ser las obligaciones tributarias de plazo cierto y producirse la mora en forma automática por el solo vencimiento del plazo de pago, también es cierto que debe considerarse el segundo elemento configurativo de la mora, que consiste en el obrar culposo como elemento agregado al retardo material en el pago.
En cuanto a la aplicación de multa manifiesta que no existe deuda alguna en cabeza del contribuyente lo que, desde ya, determina la improcedencia de cualquier pretensión sancionatoria por parte del organismo fiscal.
Alega que existe una incertidumbre constitucional sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica. La complejidad de la cuestión y la seria divergencia de criterios entre las partes contendientes, pone de manifiesto que la conducta de la recurrente no estuvo imbuida de la subjetividad requerida por el tipo del artículo 45.
Acompaña documental. Ofrece prueba informativa y pericial contable, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante IF-2023-68433154-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas.
La representación fiscal manifiesta que se constató que la actora omitió presentar su declaración jurada relativa al Aporte Solidario y Extraordinario previsto por Ley N° 27.605, habiéndose detectado que al 18/12/2020 poseía bienes gravados por el aporte de marras, que superaban el mínimo exento dejando en consecuencia de declarar e ingresar el importe pertinente.
Con respecto a la excepción de litispendencia afirma que no se dan en el caso de autos circunstancias que justifiquen la declaración de litispendencia, ni la suspensión del trámite de la causa, por lo que corresponde rechazar la excepción opuesta por la actora, con costas.
Alega que en lo que respecta a la naturaleza jurídica del Aporte solidario y extraordinario, resulta que se encuentra enmarcado en las contribuciones del art. 4º de la CN; contribución que los Constituyentes le dieron como instrumento o herramienta al Estado a fin de obtener los recursos necesarios para hacer frente a los gastos de la Nación. Ello se advierte al considerar las particulares características del mismo, relacionadas con su ingreso por única vez, la situación de emergencia en la que se enmarca y la asignación específica determinada. Indica que la Ley N° 27.605 ha sido dictada en ejercicio de facultades conferidas por la Constitución Nacional. Asimismo, en el caso que nos ocupa resulta evidente que se encuentran reunidos los presupuestos fácticos de la emergencia económica y social, debiendo remarcar que una decisión que no apreciara las circunstancias extraordinarias de la situación financiera del Estado Nacional en un contexto de emergencia podría resultar equivocada y perjudicial para el bienestar general de la Nación, más aún debe considerarse como un factor determinante en la resolución de controversias la emergencia sanitaria y económica que el país enfrenta y las irreparables consecuencias que provocaría adherir a una decisión que desfinancie al Estado imposibilitando la asistencia a la población y el cumplimiento de sus funciones.
Sostiene que al aporte en cuestión se le ha dado el carácter de “solidario” puesto que su finalidad ha sido la de morigerar los efectos adversos que trajo aparejada la pandemia del Covid–19, tanto en lo económico como en lo social y en lo sanitario, requiriéndose a tal efecto una mayor participación estatal y, particularmente, una asignación de recursos sobre el sistema sanitario en general y sobre los sectores de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia.
Afirma que en la especie, no cabe duda de que el mentado Aporte se creó al único efecto de combatir las disvaliosas consecuencias que implicó y que implica la pandemia Covid–19 y la propagación de esta enfermedad que, como es de público conocimiento, repercutió a nivel social, económico, sanitario, entre otros aspectos. Como ya se ha expresado, al día de hoy se desconoce la real magnitud de estas consecuencias al ser este un hecho sin precedentes en la historia contemporánea, tal como la conocemos.
Sostiene que no existe afectación a garantías constitucionales, sino una reglamentación u ordenación del ejercicio de derechos en los términos del art. 28 de la CN, pues no existe un derecho adquirido a que no se altere el régimen normativo del país.
Alega que la actora se esfuerza en estimar el doble efecto que tendría la carga derivada del Aporte Solidario y la del Impuesto a los Bienes Personales. Una vez más, las afirmaciones de la recurrente no siguen los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando no se demuestran diametralmente opuestos.
Sostiene que no corresponde la combinación de las distintas obligaciones que frente al Estado posee un sujeto determinado a los fines de invocar la supuesta confiscatoriedad, pues las mismas poseen hipótesis de incidencia distintas, a tal punto que diversos contribuyentes pueden estar alcanzados por algunas sin subordinarse a otras. En estos términos, toda la prueba rendida u ofrecida por la parte actora no alcanza para demostrar que el régimen impugnado es inconstitucional, atento la cuantía y el volumen de su patrimonio, y su ineficacia al momento de demostrar adecuadamente que ello le producirá un daño irreparable.
Manifiesta que a los efectos del examen de confiscatoriedad no es relevante si existe o no “desprendimiento patrimonial” para cancelar el presente aporte (lo normal es que así sea), sino que la carga absorba una parte sustancial de la renta o el capital. Y tal como se ha explicado, en el caso de autos corresponde relacionar esa carga con el valor intrínseco (y actualizado) de los bienes que, precisamente, constituyen el objeto de la obligación a cancelar.
Sostiene que el Aporte Solidario, además de gestarse desde el inicio como excepcional y por única vez, posee dos grandes objetivos: Por un lado, engrosar las cargas públicas para combatir los desafíos generados por la pandemia (y cuya materialización del Gasto Público resulta evidente y de público conocimiento); por el otro, fomentar el reingreso de capitales extranjeros al país para desarrollar la matriz económica y productiva local. Afirma que las distinciones contempladas por la ley que crea el Aporte no afectan el principio de igualdad alegado, máxime teniendo en consideración que el Aporte busca recaer sobre los patrimonios de mayor volumen, a los fines de paliar los efectos de la pandemia, con el fin adicional de alentar la repatriación de bienes para reactivar la matriz económica y productiva.
Manifiesta que el Aporte es una contribución que se aplica sobre los activos del aportante y no sobre la renta. Por lo tanto, el análisis relacionado con la magnitud de la carga fiscal en cuestión debe hacerse con relación al valor de los mismos y no a su utilidad económica.
Indica que el Fisco Nacional detectó que la actora había omitido presentar en tiempo y forma la declaración jurada determinativa del Aporte Solidario y Extraordinario por el período 2020 establecida por la Ley 27.605, cuyo vencimiento operó en fecha 16/04/2021, y haber dejado de ingresar el referido Aporte en su justa medida- fue encuadrada en las previsiones del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus mod.). Afirma que conforme las constancias del expediente, el accionar de la actora encuadra objetivamente en la figura descripta, habida cuenta que se halla admitida la falta de presentación de la Declaración Jurada determinativa del Aporte Solidario y Extraordinario en el período 2020, en tiempo y en forma. No obstante, acompaña antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que mediante INLEG-2023-96983963-APN-VOCV#TFN este Tribunal resuelve rechazar la excepción de litispendencia opuesta por la recurrente, con costas.
En otro orden, mediante PV-2023-35345619-APN-VOCV#TFN, se confirió traslado a la recurrente de la oposición efectuada por el Fisco Nacional a los medios probatorios ofrecidos, y ésta por IF-2023- 102500279-APN-DTD#JGM contestó solicitando se rechace la misma.
El Tribunal por PV-2023-109897871-APN-VOCV#TFN declaró que devino inoficiosa la audiencia prevista en el artículo 173 de la Ley Nº 11683, se abrió la causa a prueba, haciendo lugar a la prueba pericial contable. Asimismo, por IF-2024-14817800-APN-DTD#JGM los peritos presentan el informe pericial contable.
IV. Que en atención al estado de la causa, por PV-2024-22091089-APN-VOCV#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2024-27100839-APN- VOCV#TFN los pone para alegar, la parte actora presenta su alegato mediante IF-2024-28242625-APN- DTD%JGM y el Fisco Nacional a través del IF-2024-33278384-APN-DTD%JGM. Finalmente, mediante IF- 2024-41848297-APN-VOCV#TFN se llaman los autos para sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada. Se observa de las actuaciones administrativas que el presente cargo surge con motivo de las verificaciones fiscales realizadas, por las que se constató que la contribuyente omitió presentar su declaración jurada relativa al Aporte Solidario y Extraordinario previsto por Ley N° 27.605, habiéndose detectado que al 18/12/2020 poseía bienes gravados por el aporte de marras que superaban el mínimo exento, dejando en consecuencia de declarar e ingresar el importe pertinente.
El cargo formulado tiene su origen a partir de información obtenida de las bases de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la declaración jurada del Impuesto a los Bienes Personales presentada por la contribuyente del asunto en el ejercicio fiscal 2019.
Consecuentemente, en el marco de la fiscalización iniciada mediante OI 1.927.728 de fecha 04/05/2021, se procedió a la apertura de la misma mediante F.8000/I N° 0710002021024306807, y se libró requerimiento mediante F.8600/I N° 07100020211024305004, cuyo vencimiento se fijó para el 18/05/2021. Todo lo cual fue notificado al domicilio fiscal electrónico de la contribuyente, constancia N° 0243456633/2021 En dicho requerimiento se le solicitó a la recurrente respecto del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia, creado por la Ley N 27.605, lo siguiente:
1. Aportar los papeles de trabajo de la declaración Jurada, acuse de presentación y comprobantes de pago correspondientes.
2. Detalle de los bienes gravados por la mencionada Ley al 18/12/2020 y valuados a esa fecha de acuerdo a lo establecido en dicha norma y su Decreto Reglamentario N 42/2021.
3. Poner a disposición la documentación respaldatoria de cada uno de los bienes informados en cumplimiento de lo requerido en el punto anterior y de su valuación al 18/12/2020.
4. Informe las donaciones efectuadas en los 180 días anteriores al 18/12/2020, indicando apellido y nombre y CUIT del beneficiario, monto de la donación, detalle de los bienes donados. Asimismo aporte documentación respaldatoria de las donaciones realizadas.
5. Detalle valorizado y documentación respaldatoria de aportes a trust, fideicomisos o fundaciones de interés privada y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipa sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.605.
6. Indique las modificaciones acaecidas en el porcentaje de su participación en sociedades y demás participaciones, entre la fecha de cierres del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad al 18 de diciembre de 2020 y esta última fecha.
7. Detalle de la variación de los bienes exteriorizados en su DDJJ BP 2019 y la tenencia al 18/12/2020, de corresponder.
Con fecha 06-05-2021 la fiscalización recibió una carta documento suscripta por su apoderado, manifestando que la misma interpuso ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal una demanda cuestionando la constitucionalidad de la obligación de pago establecida por la Ley 27.605, autos “DEMARIA Manuela C/EN-AFIP LEY 27.605 Proceso de Conocimiento Expte. N° CAF 4957/2021” que tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N. 5, indicando que una vez emitido pronunciamiento definitivo sobre la cuestión debatida ante el Poder Judicial de la Nación, la contribuyente procederá a adecuar su comportamiento a lo resuelto en dicho proceso judicial en forma inmediata. Que, previo pedido de prórroga, con fecha 03/06/2021 mediante presentación digital 202100624913 la contribuyente presentó detalle de los bienes gravados por la mencionada Ley al 18/12/2020 y valuados a esa fecha de acuerdo a lo establecido en dicha norma y su Decreto Reglamentario Nro. 42/2021. Asimismo pone a disposición la documentación de respaldo. En la nota acompaña constancias de valuación fiscal de inmuebles, constancias de valor de plaza de inmuebles del exterior, extractos bancarios, cuenta custodia NEIX al 18/12/2020 y extractos de cuentas de inversión situadas en el exterior. Manifiesta que no efectuó donaciones, no posee participaciones en sociedades, ni en trust, ni realizó variaciones cualitativas entre los bienes declarados en DDJJ Bienes Personales 2019 y el 18/12/2020.
Surge de las actuaciones administrativas que con fecha 14/09/2021 el juzgado interviniente rechazó la medida cautelar pretendida por la contribuyente.
Consecuentemente con fecha 3/11/2021 se publicó en el sistema Publicador de Comunicaciones No sistémicas, en el domicilio fiscal electrónico de la contribuyente, la determinación del Aporte Solidario Extraordinario que corresponde tributar, ascendiendo a $ 15.674.965,74 mediante F.8400/1- N 0710002021061269902 de fecha 2111/2021, otorgando 5 días hábiles para su aceptación o rechazo (Fs. 297 a 299). No fue presentada la DDJJ correspondiente, ni pagado el aporte solidario, ni acogimiento a plan de facilidades.
VII. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho.
Previo a adentrarnos en las particularidades de la causa conviene resumir, en su parte pertinente, la normativa involucrada.
Así, el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (...)”.
El art. 3° aclara que “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $ 200.000.000.
Cabe señalar en primer término que sin perjuicio del nomen iuris utilizado por el legislador, el Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27605 se encuentra incluido dentro del concepto de “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” al que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional. En efecto, se trata de “una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos” (CSJN, in re “Cladd Industria Textil S.A. Y otro c/Estado Nacional -SAGPYA resol. 91/03”, sentencia del 4/8/2009; “Camaronera Patagónica S.A. C/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, del 15/4/2014).
Tiene dicho el Alto Tribunal que para arribar a la caracterización de un tributo, cabe prescindir de la denominación asignada por las normas y atender sólo a su naturaleza, pues no se trata de un problema terminológico sino sustancial (Fallos 303:640); y que para definir su carácter debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide (Fallos 280:176).
En ese sentido el Máximo Tribunal ha dicho que “la norma define un presupuesto de hecho que, al verificarse en la realidad del caso concreto, da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones establecidas por ella, siendo que tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado y que su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares afectados, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia” (CSJN, in re “Pablo Horvath c/Nación Argentina”, Fallos 318:676, sentencia del 4/5/1995).
En función de esa doctrina jurisprudencial cabe concluir que de las previsiones de la ley como de las de su decreto reglamentario, surge que el Aporte en cuestión constituye una contribución de carácter pecuniario, obligatoria, impuesta unilateralmente por el Estado mediante el dictado de una ley en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional según el procedimiento consagrado en la Constitución Nacional, en circunstancias excepcionales en el contexto de una emergencia sanitaria.
El destino de los fondos recaudados no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la Ley 27605. Tampoco la clasificación formulada por la Secretaría de Hacienda mediante la resolución 22/2021, que en su artículo 1° dispone incorporar “... el concepto ‘12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’ en la clase ‘12.9 Otros’ del tipo ‘12. Ingresos no tributarios’ del clasificador de recursos por rubros”, forma obstáculo para considerar al aludido aporte como un tributo, dadas las circunstancias apuntadas más arriba en orden a la real naturaleza de dicho aporte–que se subsume en los términos que definen el tributo- (véase CNCAF, Sala I, en los autos “T.,S. c/ EN -AFIP- ley 27605 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022). En definitiva se trata de una calificación que conduce a un encuadre y tratamiento administrativo de los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la gabela, que carece de virtualidad y efectos a los fines de mudar la naturaleza y rasgos esenciales de la misma - definidos por vía legal-, proceder que por lo demás, le está vedado llevar a cabo al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria (en tal sentido, CNCAF, Sala II, in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio c/ EN AFIP Ley 27605 s/Amparo Ley 16.986, sentencia del 14/02/2023).
Sentado ello y entrando al análisis de los agravios constitucionales esbozados por la parte actora, los que deben ser analizados en esta instancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley 11683, debe recordarse que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 345:951). La Corte Suprema sostuvo que “el control de constitucionalidad, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en que tal derecho –cuya función social se ha de tener presente- se halla con la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el hecho de serlo” (Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/07/2009).
La Corte ha dicho también que “…escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301). Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder (Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293)” (“HERMITAGE S.A. C/ PEN – MeyOS”, 15/06/2010).
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, cabe considerar la condición de las personas que soportan los impuestos en orden al carácter y magnitud de la riqueza (arg. Fallos: 207:270). Cabe recordar que la igualdad en materia tributaria alude a establecer gravámenes idénticos a los contribuyentes en condiciones análogas (arg. Fallos: 138:313), lo cual comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación específica sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (arg. Fallos: 149:417).
Así pues, en el precedente “Unanué” (Fallos: 138:313) se dejó sentado que: “...la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución, importa, en lo relativo a impuestos, establecer, que en condiciones análogas deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes. Fallos: tomo 132, página 198 y los allí citados. Que en ese mismo orden de ideas ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos que la garantía constitucional mencionada no se propone erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases como serían si se hicieran depender de diferencias de color, raza, nacionalidad, religión, opinión, política u otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes (Bell's Gap Railward Cº.V. Pennsylvania 134 U. S. 232). Que, en consecuencia, cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (Cooley On Taxation 3ª ed. página 75 y siguientes; Willonghby, On The Constitucion, página 593)”. En el precedente “Drysdale” (Fallos: 149:417), la CSJN afirmó: “Que la igualdad ante la ley, impuesta en el precepto citado, comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Y en materia impositiva esta Corte ha establecido reiteradamente que la observancia de aquél principio se cumple cuando en condiciones análogas se imponen gravámenes iguales a los contribuyentes”.
Asimismo corresponde señalar que en lo relativo al principio de capacidad contributiva, se ha señalado en distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la misma debe ser entendida como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular, a partir de la existencia de una riqueza en su posesión, siendo que constituye la causa jurídica del tributo (conf. Jarach, Dino, El Hecho Imponible, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, ps. 85/86, 91, 102/103, 119; citado por la Sala III de la CNCAF en la causa 5267/2021; P., S. O. c/ EN-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO).
En el caso de la Ley 27.605, que aquí nos ocupa, puede advertirse que el hecho imponible ha sido establecido en base a un criterio de manifestación directa de capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo en virtud de la existencia de un determinado patrimonio, y siendo que la contribución será igual para todas las personas de igual capacidad contributiva. Ello así, es dable concluir en la ausencia de arbitrariedad en las clasificaciones realizadas por el legislador al definir el hecho imponible.
Dicho ello, cabe analizar el agravio sustentado por la parte en cuanto a la pretendida alegación de confiscatoriedad del aporte determinado por el Fisco Nacional.
En particular, en relación al supuesto de confiscatoriedad, se ha señalado inveteradamente que, para que ésta exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros). Bajo tales pautas, y como ha dicho esta Sala B en otros antecedentes (“Casino de Misiones”, del 19/07/2019), debe interpretarse que la confiscatoriedad no puede ser establecida sino a consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condicionan su aplicación, en definitiva, la violación del derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado, debiendo estarse al valor real de los bienes, no a su valuación fiscal, y considerar su productividad posible, esto es, su capacidad productiva potencial (Fallos: 314:1293 ya citado y sus citas). En esa línea conceptual se ha establecido asimismo, que la comprobación del índice de productividad es "siempre indispensable" (Fallos: 209:114) o un "elemento de juicio primordial e insustituiblemente necesario para estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del impuesto" (Fallos: 220:1082).
También se ha sostenido que la doble imposición no importa por sí misma violación constitucional (Fallos: 210:500, 257:127, 263:534, 327:1729, entre otros).
Cabe considerar que la manifestación de capacidad contributiva escogida por el legislador para establecer el ASE es el capital, patrimonio o riqueza -aunque únicamente sobre los bienes-; no cabe considerar las rentas o ganancias reales que haya obtenido la recurrente, como elementos para establecer la posible confiscatoriedad en este tributo patrimonial.
En ese sentido, la Corte ha dicho que “la presunta conformidad de las leyes nacionales o provinciales con las normas constitucionales, que es el principio cardinal de la división, limitación y coordinación de los poderes en nuestro régimen institucional, no debe ceder -por transgresión a ese principio y a esas normas- sino ante una prueba contraria tan clara y precisa como sea posible y particularmente cuando se trata de impuestos creados por el Poder Legislativo en virtud de sus facultades no discutidas, cabe tener presente que el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar no de una mera estimación personal, aunque ella emane de peritos ilustrados y rectos, ni de circunstancias puramente accidentales y eventuales, sino de una relación estimada entre el valor del bien gravado y el monto de ese gravamen, al margen de accidentes transitorios y circunstanciales sobre la producción el aprovechamiento de aquél” (Fallos 207:238; replicado por la Corte en “Gómez Alzaga, Martín Bosco c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 21/12/1999).
En definitiva, en palabras de la Corte (in re “Gómez Álzaga”, antes citado), “...surgen principios básicos aplicables en casos semejantes: a) el carácter confiscatorio de los tributos debe relacionarse con el valor real y actual del bien o su potencialidad productiva; b) esta apreciación de una situación fáctica no debe surgir de una mera calificación pericial de la racionalidad presunta de la explotación sino de la comprobación objetiva de los extremos indicados precedentemente; y c) la acreditación del agravio constitucional debe ser clara y precisa, esto es, inequívoca.” (el destacado es propio).
Es por ello que la posible consideración de las rentas potenciales en el análisis de confiscatoriedad del ASE, sería viable frente a la intención de establecer una valuación de determinados bienes, a partir de la potencialidad de rentas -flujos futuros de rentas estimadas-, cuando dicha valuación difiera de la valuación fiscal establecida a los fines de este Aporte.
Nada de ello se encuentra debidamente acreditado en las presentes actuaciones.
Corresponde analizar igualmente los puntos de pericia ofrecidos por la parte actora que tienden a demostrar la confiscatoriedad del aporte determinado. En efecto, entrando al análisis del informe pericial producido en autos, los puntos de pericia propuestos por la parte actora están dirigidos a que los expertos informaran el porcentaje de la renta declarada por el contribuyente en los períodos fiscales 2019 y 2020 que sería absorbida por el pago de la sumatoria del Impuesto a los Bienes Personales de esos períodos y el Aporte Solidario (punto 1 y 2 del Informe Pericial IF-2024-14817800-APN-DTD#JGM).
Asimismo corresponde señalar que no se advierte que el informe pericial Contable producido en las presentes actuaciones haya arrimado la información que se ha estimado prudente a la luz de la doctrina emanada en los fallos citados anteriormente, habida cuenta que nada dice respecto del valor real de los bienes que la actora posee, ni respecto del valor potencial estimado de sus bienes a partir de los flujos de rentas o ingresos que producirían aquellos bienes. Es decir, no se encuentra acreditado que del importe del ASE determinado por el Fisco Nacional, resulte una absorción sustancial de los bienes alcanzados por aquél, en los términos requeridos en los precedentes jurisprudenciales de nuestro Alto Tribunal antes citados.
En definitiva, la escasa idoneidad probatoria del informe contable conlleva a que la pretensión deducida carezca de la prueba “clara y precisa” o “concluyente” que ha exigido la Corte, razón por la cual no puede acogerse el planteo de la recurrente en autos.
Ello así, cabe confirmar la resolución apelada con costas.
VII. Que, respecto de los intereses resarcitorios cabe precisar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo tanto, se confirman los intereses fijados en la determinación recurrida, con costas.
VIII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental. En ese sentido, es sabido que dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
Por su parte, el segundo artículo agregado mediante la ley 27.430 a continuación del artículo 50 de la ley de rito, incorpora que se entenderá por “error excusable” cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Y continúa, en orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. En el caso de autos, nada de ello ha sido acreditado.
En tales condiciones, en el caso particular, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto corresponde confirmar la resolución apelada en autos en todos sus términos. Con costas.
Por ello SE RESUELVE:
Confirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.05.06 12:50:45 ART Date: 2024.05.06 13:04:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.06 15:11:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.06 15:12:28 -03:00
Fin de la sentencia