Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas.
I. Que, a fs. 187/211vta., se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 102/2014 (DV RJUN), de fecha 31/10/2014, emitida por el Jefe de División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Junín de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le modifican los saldos de libre disponibilidad y se le determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto al Valor Agregado periodo fiscales 01/2009 a 09/2010 –ambos extremos inclusive- por la suma de total de $1.359.237,59, con más la suma de $2.244.214,87 en concepto de intereses resarcitorios. Asimismo, se deja constancia que se difiere la instrucción del sumario y aplicación de sanción de multa para los períodos fiscales 04/2009, 05/ 2009, 07/2009, 08/2009, 12/ 2009, 01/2010, 03/2010, 04/ 2010 y 07/ 2010, conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 24.769.
En primer término, manifiesta que las informaciones y pruebas recabadas por la fiscalización con respecto a los presuntos proveedores (como ser, la falta de localización en sus respectivos domicilios fiscales, el no poseer bienes de uso o bienes registrables, o que no cuente con empleados en relación de dependencia o cuentas bancarias bajo su titularidad, ni que haya cancelado en su totalidad los montos facturados), no resultan suficientes para convalidar la impugnación de los créditos fiscales en el IVA, puesto que dichas cuestiones le resultan ajenas a su dominio.
Indica que la simple inclusión del emisor de facturas o comprobante similar en la base apoc, no basta para impugnar las operaciones, sino que son necesarios otros elementos de convicción, por cuanto que el Fisco Nacional tiene la carga de probar la autenticidad de los indicios colectados al momento de la fiscalización, pero que, no obstante ello, no ha demostrado que las compras efectuadas a los presuntos proveedores sean apócrifas y mucho menos que se observe una maniobra fraudulenta, en un intento claro de evitar el pago del impuesto en su justa medida, mediante la utilización de usinas de facturas apócrifas.
Advierte que las impugnaciones de las operaciones efectuadas se basan en presunciones que, dados determinados indicios, podrían ser apócrifos, los cuales a su entender no resultarían ser suficientes e implican un argumento de probabilidad que únicamente sirve para inferir.
Afirma que no resulta conducente y pertinente la ausencia de localización de los proveedores impugnados como prueba de cargo de la falta de autenticidad y veracidad de las operaciones, por resultarle meramente contingente y posterior a la fecha de las mismas, argumentando que el domicilio fiscal es aquel que fue declarado ante AFIP, cuya verificación a cargo del organismo se encuentra condicionada al cumplimiento de determinados requisitos estrictos establecidos en la RG AFIP N° 10/1997.
Señala que resulta relevante la prueba de la cancelación de las operaciones a través de cheques ya que de ella surge acreditada la sustantividad y autenticidad de las compras realizadas, puesto que el medio de pago no solo acredita el cumplimiento de la normativa (Leyes 23.435 y 25.413 y la RG AFIP N° 1547/2003), sino que además identifican al proveedor como beneficiario del pago, aun cuando haya transferido el cheque a terceros, destino que, a su entender, le resulta inoponible toda vez que cumplió con las normas precitadas y que coloca al organismo en condiciones de verificar su circuito económico.
Remarca que las vigencias de las autorizaciones de impresión de facturas, las Resoluciones Generales AFIP N° 100/1998 y N° 1575/2003, condicionan las mismas a una serie de requisitos que de no ocurrir, el contribuyente no tiene posibilidad alguna de instrumentar con arreglo al ordenamiento existente ninguna operación comercial, por lo que tales autorizaciones informan que se tratan de contribuyentes genuinos que “ (…) dan al adquirente la señal de que su proveedor ha logrado sortear felizmente determinados controles tributarios siendo ello un factor que le entrega una cuota de tranquilidad acerca de la pulcritud del documento que está recibiendo por la operación concertada, lo cual en términos más o menos precisos, se puede establecer que ha sido garantizado por el Ente recaudador.” (sic). A ello sumado que, a su entendimiento, el hecho de la falta de publicación de los proveedores en la base apoc a la fecha de las operaciones impugnadas, excede lo meramente informativo y genera una apariencia jurídica, de modo que las irregularidades que a posteriori se detecten en su conducta fiscal resultan inoponibles al adquirente de buena fe.
Si bien se agravia especificamente de cada uno de los proveedores cuestionados, lo cierto es que en todos los casos expone idénticos argumentos relacionados con que los mismos fueron incluidos en la base apoc y excluidos del Registro de Operadores de Granos luego de celebradas las últimas operaciones impugnadas, que la fiscalización no realizó observaciones en cuanto al CAI el cual se encontraba vigente al momento de emitirse las facturas, que las mercaderías fueron entregadas directamente al exportador, por lo que le resultan inoponibles las supuestas irregularidades encontradas en la carta de porte, así como también el destino dado a los cheques con los que se cancelaron las operaciones.
Ahora bien, en el caso particular, con respecto a la firma Infuagro SA, agrega que le efectuó las retenciones correspondientes al 100% en el IVA y computado como crédito fiscal. A su vez, indica que si bien se concluyó que no se pudo determinar el destino del cobro de los cheques con que cancelaron las operaciones, es la propia fiscalización la que reconoce que constató que los mismos fueron depositados en la cuenta corriente a nombre del presunto proveedor, lo cual implica no solo que el pago se haya acreditado sino también su ingreso al patrimonio. Por su parte, en relación a Comitur SA., señala que si bien la resolución puesta en crisis advierte de irregularidades en la CAI como “inválidos o inexistentes”, la misma lo es sobre dos notas de créditos y nueve facturas registradas en el periodo fiscal 05/2010 por un IVA de $60.883,18, mientras que el crédito fiscal impugnado asciende a $441.880,22 (computado en los periodos 03/2010, 04/2010 y 05/2010).
A su vez, explica que la intervención de la firma corredora Agroespigar SRL, da cuenta de la autenticidad de las compras impugnadas, toda vez que tanto de la prueba pericial producida en la instancia anterior como del art. 36 de la Ley N° 25.028, establece como obligación del corredor es la de comprobar la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios en los que interviene y su capacidad legal para celebrarlos.
Remarca que los cheques utilizados como medios de pago, no solo dan cuenta del cumplimiento de las normas (Ley N° 25.345 y 25.413 y de la RG AFIP N° 1547/2003) sino que además permiten identificar a los proveedores como beneficiarios de los mismos, aun cuando los hayan transferido a terceros, pese a que haya tomado los debidos recaudos a los efectos de evitar la circulación y transmisión de los mismos, hecho que le resulta inoponible.
Por otro lado, sostiene que la falta de contestación de los transportistas circularizados no constituye prueba conducente para tener por desconocido el transporte toda vez que, conforme la manifestación de la voluntad establecida en el art. 919 del Código Civil, se trata de un mero indicio que no descarta que el mismo se haya realizado.
Resalta que, si bien los transportistas tienen obligación de contestar las circularizaciones efectuadas y las respuestas son en carácter de declaración jurada, su falta de contestación no puede ser considerada por el Fisco Nacional como un desconocimiento de los servicios, toda vez que, en sentido contrario, colocaría al actuante en una situación de prueba diabólica.
Por su parte, en relación a aquellos transportistas que negaron haber realizado los fletes, señala que no puede obviarse la realización de los mismos cuando el cereal comercializado fue entregado al exportador, lo cual indica que este no solo verificó el transporte de las mercaderías sino los datos consignados en las cartas de porte, cuyo control excede a la recurrente.
Explica que por las operaciones impugnadas practicó las retenciones correspondientes, las que para el hipotético caso que se confirme la resolución apelada, solicita se detraiga del crédito fiscal impugnado las retenciones y compensaciones efectuadas, puestos que estas carecerían de causa.
Afirma que, al modificarse el monto utilizado, el ajuste se aparta de la naturaleza jurídica de la libre disponibilidad del saldo a favor establecido en el art. 24 de la Ley del IVA, ya que el mismo establece que una vez utilizados únicamente puede ser modificado, disminuido o anulado por la impugnación de su composición, es decir, por la existencia –o no- de las retenciones, percepciones y demás ingresos directos que lo integran. Cita jurisprudencia a su favor. Ofrece prueba documental y pericial contable. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, a fs. 228/232, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Impugna la prueba documental del apelante. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que a fs. 244, se abrió a prueba de la presente causa y a fs. 251 se hace lugar a la prueba pericial contable. A fs. 271/312 se acompañó el informe pericial contable.
A fs. 356 se clausura el período probatorio en las presentes actuaciones y se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B”
A fs. 366/377vta. y a fs. 379/381 obran agregados los alegatos producidos por la parte actora y por el Fisco Nacional, respectivamente.
Finalmente, a fs. 382 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
En cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional al ajuste debatido en el expediente. De conformidad con lo que surge de las presentes actuaciones y de los antecedentes administrativos que se tienen a la vista, la recurrente se encuentra inscripta en la AFIP declarando como actividad principal la venta al por mayor en comisión y consignación de granos, servicios de almacenamiento y deposito, cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas NCP, engorde de corrales, venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas, venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura, servicios de transporte de mercaderías a granel incluido el transporte por camión sisterna.
Cabe mencionar al respecto que el cargo que se le imputa es haberse tomado créditos fiscales en forma improcedente por compras de cereales a los proveedores: Agronuevo Cereales SA, Infuagro SA, Midal SRL, Campus y Cerealis SA, Prato y Dupuy SA, Comitur SA y Comercial Río Santiago SRL.
En ese contexto, la fiscalización pudo determinar que los mencionados proveedores carecen de capacidad operativa, económica y financiera y la consecuente imposibilidad fáctica de que los mismos hayan efectuado las operaciones de compraventa de cereales documentadas en las operaciones impugnadas.
Sentado ello, resulta oportuno enunciar las distintas tareas de fiscalización llevadas a cabo por personal del Organismo a través de las cuales se han detectado las siguientes anomalías:
1. Agronuevo Cereales SA: se encuentra incluida en la base apoc desde el 20/01/2009, es decir con anterioridad a la realización de las operaciones cuestionadas, por haberse detectado irregularidades en la cadena de comercialización, (ver fs. 5 del Cuerpo de Antecedentes del Proveedor).
Para ello, la fiscalización pudo dar cuenta de que la firma presentó declaraciones juradas en el IVA, por montos muy significativos tanto en débitos como en créditos fiscales como así también generando saldos a favor de gran cuantía (ver fs. 48/54 Cuerpo Antecedentes N° 1) No posee importes pagados en concepto de Impuestos ni de los recursos de la Seguridad Social. En cuanto a este estos últimos tiene presentadas declaraciones juradas sin movimientos, lo que indicaría que no posee empleados (ver fs. 14/15 y fs. 47 del Cuerpo Antecedentes N° 1). No posee bienes inmuebles registrables (fs. 17 del citado cuerpo del proveedor) y con relación a los bienes muebles registrables, específicamente rodados, se pudo observar que solo fue titular de camiones, por período corto de tiempo, dos meses aproximadamente. (ver fs. 16 del citado cuerpo del proveedor). De la consulta a las cuentas bancarias que posee la firma surgen montos acreditados por $5.833.011 en el año 2007, $10.528.634 en el año 2008 y $4.726.184 en el año 2009 (ver fs. 21/28 del Cuerpo Antecedentes N° 1). De la información obrante en el Citi Compras surge que posee informados montos muy importantes de operaciones realizadas con distintas firmas, no constando entre ellas la firma verificada (fs. 31/33 Cuerpo Antecedentes N° 1). En cuanto a lo relacionado con el SICORE (Retenciones sufridas) de IVA surgen montos informados muy significativos durante el año 2007, y en la apertura de los mismos constan las operaciones realizadas con la firma verificada (ver fs. 34/40 del citado Cuerpo Antecedentes N° 1), que resultan demostrativos de la verdadera situación de la firma proveedora.
2. Infuagro SA: es una firma que se encuentra inscripta bajo la actividad de venta por mayor en comisión o consignación de cereales desde mayo de 2007, venta por mayor de cereales desde mayo 2007, venta por mayor de aceites y grasas desde mayo 2008 y de elaboración de aceite y grasas vegetales refinadas desde mayo 2008. Se encuentra incluida y/o informada en la base apoc desde el 29/11/2011 con fiscalización terminada, bajo la condición "Sin Capacidad Financiera" (ver fs. 4 del citado Cuerpo N° 2 Antecedentes del Proveedor) y excluida en el Registro Fiscal de Operadores de Granos establecido por la Resolución General N° 2300 desde el 29 de junio de 2009 por inconducta fiscal (fs. 5 de citado Cuerpo del Proveedor), habiendo realizado varias de la operaciones con posterioridad a que se encontrara excluida del Registro citado.
De los elementos colectados por la fiscalización, pueden observarse presentaciones de declaraciones juradas realizadas en los distintos impuestos, en el caso del IVA hasta abril de 2009 por montos muy significativos, tanto en Débitos como en Créditos Fiscales, así también generando saldos a favor de gran cuantía. Pagos en concepto de Recursos de la Seguridad Social solamente por el año 2008 que no guardan relación con las ventas declaradas. No pose bienes inmuebles o bienes muebles registrables. En las cuentas bancarias que posee a firma surgen montos significativos acreditados por $ 1.185.511 en el año 2008 y $ 39.926.783 en el año 2009, cuyo titular de la mayoría de las cuentas bancarias que posee la firma es el Señor José Ignacio Licari, el cual en los registros del Fisco Nacional aparece como "prestanombre" (fs. 42/47 del citado cuerpo).
En la información del Citi Compras posee informados montos muy importantes de operaciones realizadas con distintas firmas, no constando entre ellas la contribuyente de autos (fs. 25/28 del citado cuerpo) y en lo que respecta al SICORE (Retenciones sufridas) de IVA, también existen informados montos muy significativos durante el año 2008, y en la apertura de los mismos constan las operaciones realizadas con la firma verificada (fs. 1 y fs. 29/32 del citado cuerpo).
3. Midal SRL: se dedica a la actividad de venta por mayor en comisión o consignación de cereales desde abril de 2008, incluida en la base apoc desde el 17/05/2010 con fiscalización terminada, bajo la condición "Sin Capacidad Económica" y excluida en el Registro Fiscal de Operadores de Granos establecido por la Resolución General N° 2300 desde el 8 de octubre de 2009 por inconducta fiscal (fs. 3 Cuerpo Anexo A del Proveedor).
Conforme surge de la documentación acompañada por la actora, surge que mayoría de las operaciones se realizaron en el mes de mayo y junio, es decir, con posterioridad a la inclusión del proveedor en la base apoc, por lo que la fiscalización entendió que poseía pleno conocimiento de la situación fiscal de Midal SRL (vide Libro I.V.A. Compras obrante a fs. 27/258 Cuerpo Verificación de IVA y Planilla de fs. 337/338 Cuerpo Anexo A del Proveedor).
En particular, se pudo constatar que la actividad económica efectivamente desarrollada por la empresa no se corresponde con la cantidad de granos comercializados. El contribuyente ha sido habilitado como acopiador, pero la planta habilitada por el ONCCA, se observó sin actividad y vacía en las visitas realizadas por los agentes de este Organismo Fiscal. Asimismo, se desprende de las actuaciones realizadas, que la firma incumplió de informar la Cartas de Porte emitidas y/o recibidas según Régimen de Información R.G. conjunta Nros. 2324 (AFIP) y 4956 (ONCCA), que no justificó el origen de 14.114 toneladas de cereal comercializados con sus propias cartas de porte y que adquirió cereal a proveedores sin capacidad económica. A ello sumado que no existe en los domicilios declarados y/o denunciados por ella misma y que se pudo verificar que los socios y/o responsables de la firma "son personas de situación económica marginal" (ver informe de fs. 72/76 del citado cuerpo Antecedentes).
4. Campus y Cereales SA: la firma se dedicaría a la venta por mayor en comisión o consignación de cereales, encontrándose incluida en la base apoc desde el 21/11/2011con fiscalización terminada, bajo la condición "Sin Capacidad Económica" y excluida en el Registro Fiscal de Operadores de Granos establecido por la Resolución General N° 2300 desde el 19/11/2009 por inconducta fiscal (vide fs. 3 del citado cuerpo del proveedor). Asimismo, del informe obrante a fs. 44/58 del citado cuerpo, surgen todas las irregularidades detectadas que hacen imposible que la firma desarrollara la actividad en el mercado, habiéndose concluido que carece de la capacidad operativa, económica y financiera para hacerlo.
Asimismo, puede observarse que las operaciones impugnadas fueron realizadas en marzo, abril y septiembre de 2010, es decir, luego que la empresa se encontrara excluida del Registro de Operadores de Granos (ver fs. 27/258 Cuerpo Verificación de IVA y Planilla de fs. 127 Cuerpo Anexo A del Proveedor).
Tampoco posee bienes inmuebles o muebles registrables y declaró un solo empleado en relación de dependencia en el período de tiempo que va desde el mes de noviembre de 2009 a febrero de 2010 y tres empleados a partir de marzo de 2010, por lo que la fiscalización entendió que no posee relación con el volumen del cereal comercializado.
En el caso particular, la firma presenta constantes cambios de domicilio fiscal, a saber: El 28 de abril de 2009, se inscribe con domicilio fiscal en Araoz N°1193, Piso 20 Dpto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2) El 22 de octubre de 2009, cambia el domicilio fiscal a calle Figueroa Alcorta N° 285, Piso 11, Dpto. D, Barrio Centro Norte de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; y 3). El 22 de febrero de 2010, cambia su domicilio fiscal a calle Rodríguez Peña N° 343, Piso l, Dpto. C, Barrio Alberdi Norte de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; 4) El día 25 de febrero de 2010, cambia nuevamente su domicilio fiscal a calle San Martín N° 702 piso 1° Dpto. 4°, ciudad de San Miguel de Tucumán (ver informe de fs. 44/58 del citado cuerpo).
5. Prato y Dupuy SA: Es una empresa que se dedicaría a la actividad de venta por mayor en comisión o consignación de cereales. Posee baja en el Impuesto a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta. Bienes Personales – Acciones y Participaciones -, aportes de la Seguridad Social, Operadores RG 3569 y Convenio Gremial Cerealero. A su vez, se encuentra inscripta en IVA, Régimen de Información, SICORE e Impuesto a las Ganancias (vide fs. ½ del Cpo. Prato y Dupuy SA de los antecedentes administrativos).
Que efectuó ventas a la firma verificada en los períodos Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Diciembre de 2009, Enero y Marzo de 2010, conforme surge del Libro I.V.A. Compras (fs. 27/258 Cuerpo principal IVA y Planilla de fs. 198/199 Cuerpo Antecedentes del Proveedor), pero tal como se expresara la presidenta de la firma Constanza Mariana Prato, en Acta formulario F. 8400/L N° 033000201148333402, deja sentado lo siguiente: 1) "Que la empresa desarrolló la actividad de Acopio de Cereales hasta Marzo de 2009, fecha que la firma discontinuó la actividad, no efectuando ningún tipo de operación desde entonces", 2) "Que con posterioridad a esa fecha la Planta de Silos ubicada en Ruta N° 5 KM 157,5, fue alquilada a la firma Agrocomercial Argentina S.A.", 3) Puesta a disposición a la señora Constanza Mariana Prato, las facturas de ventas de cereal a la firma Desdelcampo S.A. responde: "Que no efectuó las operaciones indicadas con la firma ya que las facturas exhibidas del punto de venta 0002 no corresponde a la firma Prato y Dupuy S.A., porque el formato es distinto de las facturas que emitía cuando estaba en actividad. Con relación al punto de venta 0003, si bien el formato es de la firma, indica que no realizo tales operaciones" y aclara que "desde marzo de 2009, la firma Prato y Dupuy S.A. no solicito autorización alguna para emitir nuevas facturas".
En particular, respecto del circuito financiero surge que la forma de pago se instrumentó bajo la entrega de cheques de la firma Agroespigar SRL, conforme surge de la documentación acompañada por el Banco Credicoop. Ltda., se observa que las firmas -endosos- en nombre y representación por la empresa Prato y Dupuy S.A., que las mismas no se encuentran aclaradas, figurando como autorizados o apoderados los firmantes, pero que conforme surge del simple cotejo del acta obrante a fs. 31 con los cheques en cuestión, ninguna firma coincide, ni siquiera es parecida a la de la presidenta de la presunta proveedora.
6. Comitur SA: Se encuentra inscripta bajo la actividad de venta por mayor en comisión o consignación de cereales, con alta en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Aportes de la Seguridad Social e IVA (vide fs. 2 del Cpo. Comitur SA de los antecedentes Administrativos).
Se encuentra incluida en la base apoc desde el 02/09/2010 bajo la condición "Sin Capacidad Económica" (fs.10 del citado cuerpo del Proveedor), habiendo sido incluida junto con otras empresas (Explotación y Consultoría Ptouaria S.A., Chipre S.A., Productora Losana S.A.) en la referida base luego de la fiscalización e informe realizado por la División Investigación Rosario Sur ( fs. 31/66 Cuerpo Antecedentes del Proveedor), firmas que se encontraban relacionadas entre sí en la comercialización de cereales, concluyendo que se trata de un contribuyente ficticio "Usina de Facturas Apócrifas" y que Se encuentra excluida en el Registro Fiscal de Operadores de Granos establecido por la Resolución General N° 2300 desde el 5/06/2009 por incorrecta conducta fiscal (fs. 10 del citado cuerpo del proveedor).
Por su parte, la fiscalización pudo constatar que presentó declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y ganancia mínima presunta hasta el período fiscal 2010. Asimismo, presentó las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado desde octubre de 2010 hasta diciembre de 2012 sin movimientos; y las declaraciones juradas de Bienes Personales-Acciones y participaciones hasta el periodo fiscal 2008; y Aportes de la Seguridad Social hasta el periodo fiscal mayo de 2011 (fs. 12 Cuerpo Antecedentes del Proveedor). A su vez, surgen acreditaciones bancarias de gran importancia en cuanto los montos (fs. 14 del citado cuerpo).
Asimismo, del informe efectuado oportunamente por la Dirección Regional Santa Fe, surge que se trata de una “Usina de Facturas Apócrifas”, toda vez que habiéndose determinado que se trata de una empresa dedicada al "blanqueo de cereales" adquiridos en el mercado marginal, la que realiza constantemente cambios de Jurisdicciones entre el periodo abril de 2009 hasta agosto de 2010, y actualmente se encuentra inscripta en la Agencia N° 8 de la Dirección Regional Centro, ello desde el 12/08/2010 (ver fs. 2, 9 y 33 del citado cuerpo), lo cual demuestra ha cambiado constantemente de domicilio fiscal.
7. Comercial Rio Santiago SRL: Se encuentra inscripta bajo la actividad de venta por mayor en comisión o consignación de cereales.
Se encuentra incluida en la base e-APOC desde el 01/06/2010 con fiscalización terminada, bajo la condición "Sin Capacidad Económica" (vide fs. 3 del citado cuerpo del Proveedor), y que fue incluida junto con otras empresas luego de la fiscalización e informe realizado por la División Fiscalización N° 2 de la Dirección Regional Mercedes (vide fs. 127/133 Cuerpo Antecedentes del Proveedor), concluyendo que se está en presencia de un contribuyente ficticio "Usina de Facturas Apócrifas".
En el presente caso, en los domicilios informados por la firma y por sus representantes, los mismos no pudieron ser localizados, ya que conforme surge de las actas que oportunamente fueron labradas, resultan ser de baja categoría y humildes, a ello sumado que en algunos casos en el mismo domicilio funcionaba la administración de varias firmas, entre las cuales se encuentra Braquin S.A. y Agrícola 5 de Enero S.R.L, ambas incluidas en la base apoc siendo catalogadas como "Usina de Facturas Apócrifas".
Ahora bien, detallados cada uno de los proveedores en cuestión, corresponder dejar en claro que entre ellos existen premisas en común que llevaron al Fisco Nacional a impugnar las operaciones por considerar que las firmas anteriormente referenciadas como apócrifas, a saber:
Ante los indicios de estar frente a firmas ficticias, oportunamente la fiscalización se apersonó en varias oportunidades tanto a sus domicilios fiscales como a los domicilios de sus integrantes y de sus representantes legales, no obteniendo respuesta concreta alguna.
Por su parte, con relación al circuito financiero, pudo constatar que los cheques entregados por la contribuyente de autos pertenecen a la firma Agroespigar SRL, siendo ésta última la intermediaria de las operaciones de ventas de la firma Desdelcampo S.A. Circularizado el Banco Credicoop Coop. Ltda., para que remita copia de frente y dorso de los cheques dados en pago, se pudo observar que los cheques fueron cobrados por Acyre S.R.L., Agrop. Monte León S.A., Ampamil S.A., Ca!ing Card, Campos Cereales S.A., Comercial Río Santiago S.R.L., Consignataria Chacabuco S.A., Edisbon S.A., Infin Sociedad de Bolsa S.A., Logística Metropolitana S.A., Meatrading S.A., Pelaia S.A., y Vidal Cereales S.A. Circularizadas aquellas de mayor significancia, las cartas fueron devueltas en su totalidad por distintas circunstancias, ya sea por rechazo, cerrado, plazo vencido, etc. Por tal motivo, el personal verificador decidió circularizar a las firmas más relevantes (Acyre SRL, Campos Cereales SA y Vidal Cererales SA), no pudiendo localizar a los responsables de las firmas ni a sus integrantes, por lo que no se pudo determinar el motivo de la entrega de los cheques a las distintas firmas que cobraron, ni el destino de los mismos.
En relación al circuito cereal, de las cartas de porte acompañadas por la contribuyente de autos, se circularizó a los propietarios de los camiones que figuraban en las mismas, teniendo como respuesta: “rechazo de la correspondencia”, “acuse de recibo, recibido y no contestado”, “nota sin contestación ni acuse de recibo de rechazo”, “notas contestadas desconociendo las operaciones”. Por tal motivo, se concurrió al domicilio de sus propietarios quienes en su mayoría informaron no haber realizado el transporte de cereal mencionado en las cartas de porte. A su vez, de la base de datos del organismo, surge que las patentes consignadas como camión, corresponden a automóviles.
V. Que, según lo expuesto, las impugnaciones efectuadas por el Organismo Fiscal respecto de los proveedores Agronuevo Cereales SA, Infuagro SA, Midal SRL, Campus y Cerealis SA, Prato y Dupuy SA, Comitur SA y Comercial Río Santiago SRL, se encuentran debidamente sustentadas en la existencia concomitante de una serie de indicios graves, precisos y concordantes que llevan a realizar serios reparos sobre la validez de los comprobantes de compras, considerando la facultad de los proveedores mencionados para concretar efectivamente las operaciones de venta de granos a la recurrente.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores y que ellos realizaron operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones, por los proveedores impugnados siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que entrando al análisis de los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia de Impuesto al Valor Agregado, es dable recordar que conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora por los cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando la impugnación de las operaciones en ellas consignadas.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores cuestionados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los productos involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables al Fisco Nacional por cuanto no habría verificado la veracidad de los domicilios fiscales informados al momento de su inscripción ante el organismo.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.”. Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas o que dicho proveedor no se encuentre excluido del Registro de Operadores de Granos, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
En el caso de autos la prueba producida no logra acreditar que los proveedores hubieran efectivamente provisto los bienes de que dan cuenta las facturas impugnadas por el Fisco Nacional toda vez que del informe pericial obrante a fs. 271/312 únicamente se remite a informar cada una de las retenciones practicadas, los importes no retenidos y el crédito fiscal computado para cada una de las operaciones impugnadas. No obstante ello, no logra demostrar en modo alguno la realidad fáctica de las operaciones en cuestión con los proveedores cuestionados. En definitiva, la recurrente no presentó en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditada la realidad integral de las operaciones con los proveedores en cuestión. Contrariamente, son palmarias las oscuridades e irregularidades que llevan irremisiblemente a reconocerles la entidad pretendida. Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de los créditos fiscales; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones. En virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativa- que permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas con los supuestos proveedores, este Tribunal considera que no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto. Que en atención a lo solicitado por parte de la actora en cuanto a la detracción de las retenciones y compensaciones efectuadas a los proveedores cuestionados, cabe poner de resalto que en casos como el presente cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que solo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional. Además, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Molinos Río de la Plata SA”, el 25/8/2015, la aquí recurrente carecería de legitimación para efectuar el citado reclamo.
VI. Que, no habiendo agravios concretos respecto de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. (cfr. CSJN, CITIBANK NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2024.03.19 23:47:06 ART Date: 2024.03.20 10:46:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.20 12:01:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.20 12:02:16 -03:00
Fin de la sentencia