Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 35.025-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos. Con costas a la vencida.
I. Que a fs. 62/69 se presenta la actora e interpone recurso de apelación conforme los F.4 glosados a fs. 1 y 2 contra las resoluciones N° 145/2018 (DV RSAL) y la N° 146/2018 (DV RSAL), ambas de fecha 19/12/2008, suscriptas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Mediante la Resolución N° 145/2018 (DV RSAL) se le impugna la declaración jurada correspondiente al Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2015 y se le determina la obligación tributaria por la suma de $ 11.204.759,09 con más la suma de $13.490.529 en concepto de intereses resarcitorios.
Mientras que a través de la Resolución N° 146/2018 (DV RSAL) se le impugnan las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 02/2014 a 01/2015 – ambos extremos inclusive- por la suma de $ 5.865.716,58 con más la suma de $8.653.598,11 en concepto de intereses resarcitorios.
En ambas resoluciones se dispone diferir la iniciación del sumario tendiente a la aplicación de la multa, conforme lo establecido por el art. 20 de la Ley 24.769.
Expone los antecedentes que motivaron los ajustes efectuados por el Fisco Nacional.
En primer término, corresponde destacar que en el escrito de apelación interpuesto por la recurrente solo hace referencia a la Resolución N° 146/2018 (DV RSAL).
Plantea la nulidad de la resolución apelada por carecer de motivación en atención a que el Fisco Nacional descalifica su postura en base a fundamentos aparentes y de extrema generalidad, los cuales se agravan por la falta de valoración de prueba o por efectuar una valoración absurda, circunstancia ésta que, según entiende la recurrente, demostraría ilegitimidad y arbitrariedad.
A lo largo de su escrito de apelación sostiene que las pruebas aportadas en la instancia anterior no fueron valoradas por el Fisco Nacional con la verdadera dimensión y fuerza que ellas poseen, por lo que considera que la etapa probatoria allí producida constituyó una mera formalidad.
También se agravia del método utilizado por la fiscalización para determinar las obligaciones tributarias puesto que pese a contar con la información suficiente para trabajar en la auditoria con bases ciertas constituidas por los registros de IVA Ventas e IVA Compras, desarrolló su postura sobre la base de presunciones arribando a la cifra que se le reclama.
Indica que de la circularizaciones a los proveedores el Fisco Nacional “nada obtuvo como información de los mismos acerca de la verdadera identidad del comprador” (sic.), ni que tampoco resultan suficientes como para demostrar el modus operandi en el rubro cárnico en una zona que entiende de escaso o nulo control público. En idéntico sentido se pronuncia respecto de lo informado por el SENASA, puesto que solo permitiría afirmar la salida de los animales desde el propietario pero no así la llegada de los mismos y su posible manipulación por terceros que pudieran usufructuar el nombre del frigorífico.
Efectúa reserva de caso federal. Ofrece prueba instrumental y testimonial. Finalmente solicita se declare la nulidad de las actuaciones y se revoque la resolución apelada con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 80/91vta. se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo de su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la apelante. Hace reserva del caso federal. Concede autorizaciones y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la actora.
A fs. 103 la recurrente desiste de la prueba testimonial ofrecida.
A fs. 112 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y a fs. 117 se ponen los autos a sentencia.
III. Que corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
De los antecedentes administrativos, en particular del Informe Final de Inspección obrante a fs. 493/507 del Cpo. III del Legajo Impuesto al Valor Agregado, la presente causa tiene su génesis en la OI N° 1521728 en el cruce resultado de las acciones relacionadas con “La cadena de valor de la producción y comercialización de hacienda y carne vacuna – Etapa 3- Análisis del comportamiento fiscal – Establecimientos faenadores- Periodo 2014 – Año calendario”, cuya hipótesis de investigación radica en la omisión de exteriorizar ingresos y compras computables en el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2015 y en los correspondientes créditos y débitos fiscales del Impuesto al Valor Agregado durante los periodos fiscales 02/14 a 01/15.
Que la aquí recurrente es una persona jurídica organizada bajo la forma de sociedad anónima cuya actividad principal es la de matanza de ganado bovino y con actividades secundarias de procesamiento de carne de ganado bovino; matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne; Matanza de animales ncp y procesamiento de su carne, elaboración de subproductos cárnicos ncp; venta al por mayor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos; venta al por mayor de abonos fertilizantes y plaguicidas; venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados y de venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas.
A su vez, consta que cierra su ejercicio fiscal el 31 de enero de cada año y que al momento del inicio de la inspección tenía presentadas sus declaraciones juradas originales en los impuestos cuestionados. Que confeccionados los requerimientos de práctica por parte de la fiscalización, la contribuyente de autos aportó los libros IVA Ventas y Compras. En cuanto al Impuesto a las Ganancias no acompañó el Libro Diario General y Mayores Contables, ni tampoco aportó los papeles de trabajo para la determinación de la base imponible del referido tributo. No obstante, ante la presunción de la omisión de compras y a los fines de verificar la carga impositiva de la contribuyente, la inspección recurrió a la información brindada y surgida de las circularizaciones efectuadas a los proveedores que constan en los registros del Libro IVA, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y de la Secretaría de Control Comercial Agropecuario (ex ONCAA) y a la consulta de las bases informáticas de la propia AFIP.
En base a ello y de la diferencia entre las compras informadas por los proveedores con las declaradas por la contribuyente (que no se encuentran justificadas en la existencia de bienes de cambio del activo), con más el margen de utilidad declarado por la misma, la fiscalización entendió que representa un indicio razonable que responde a una presunción simple a las que alude el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal por resultar ventas netas omitidas.
Del análisis de las respuestas de los proveedores circularizados y de las facturas de compras puestas a disposición por la recurrente, se compuso un monto de compras de hacienda vacuna imputables al periodo fiscal 2015 que ascendió a $78.947.500,74 más compras de porcinos por $ 2.763.328,77. A su vez, teniendo en cuenta el total de compras netas ($40.355.143,20) que conforman el costo de la mercadería vendida según balance y según la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2015, la documentación relevada por la inspección y la información brindada por los proveedores, se pudo observar que del total de compras netas declaradas por la recurrente en su primera declaración jurada rectificativa del periodo fiscal 2015 - las que ascienden a un total de $ 40.355.143,20 se pudo corroborar mediante documentación respaldatoria relevada, que sólo son compras imputables la suma de $14.373.715,21.
Habiéndose verificado la existencia de compras omitidas, la AFIP determinó el ajuste de ventas presuntas omitidas a partir de aquellas compras a las que se le adicionó un margen de utilidad bruta sobre el costo de mercadería vendida que asciende al 17,0865% (según lo exteriorizado por la recurrente en su primera declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias 2015), obteniendo así las ventas netas omitidas por $75.607.185,39 y el total de ventas por $ 117.032.169,24 y determinándose un saldo a favor del Fisco Nacional de $ 11.204.759,09 (vide fs. 621 del Cpo. Legajo de Impuesto a las Ganancias de los antecedentes administrativos).
En lo que respecta al IVA, sobre los créditos fiscales se relevaron aquellos que fueron consignados en las declaraciones juradas del IVA presentadas antes del inicio de la inspección, los cuales se constató que fueron declarados a la alícuota del 21%. Por otro lado, conforme se pudo observar del Libro IVA Ventas, se consignaron ventas al 21% y otras al 10,5 %, todas en la columna del 21%, por lo que se relevaron cada uno de los registros del libro para obtener el total de ventas por cada alícuota, para así calcular los porcentajes declarados durante los periodos 02/2014 a 01/2015 (vide fs. 454 del legajo de IVA de los antecedentes administrativos). A su vez, del importe neto omitido calculado, se le aplicó un porcentaje de participación mensual, dando como resultado los ingresos omitidos de cada mes. También, sobre los ingresos omitidos se le aplicó la alícuota declarada correspondiente, resultando los débitos fiscales omitidos al 10,5% y al 21%. A los débitos fiscales declarados se le adicionó los débitos omitidos determinados por la inspección. A su vez, se verificó que durante el periodo fiscal 2014 la contribuyente declaró débitos fiscales inferiores a los registrados en el libro IVA Ventas, cuya diferencia asciende a $48.997.31. (vide fs. 485 del legajo IVA de los antecedentes administrativos). En cuanto a los créditos fiscales, se relevaron los Libros IVA Compras aportados por la contribuyente por medio del cual se pudo constatar que del total de las facturas registradas existen algunas correspondientes a periodos fiscales anteriores, los cuales se procedió a solicitar a la recurrente que acompañe dichos documentos, los que no fueron aportados debidamente, por lo que la fiscalización compuso tales créditos fiscales de cada periodo fiscal de la sumatoria de aquellos que surgen de las compras compuestas por inspección y de los de los libros IVA Compras correspondientes a gastos y que corresponden a las facturas de los periodos bajo inspección. En conclusión, con el ajuste a los débitos y créditos fiscales y con las retenciones y percepciones sufridas que surgen de la base de AFIP y considerando los saldos a ingresar en las declaraciones juradas originales presentadas, es que se llegó a una diferencia de impuesto a ingresar de $ 5.865.716,58 en el IVA por los periodos fiscales observados.
IV. Que en primer lugar corresponde abocarse al tratamiento del planteo de nulidad opuesto por la actora, respecto de la resolución apelada en autos, por cuanto entiende que resulta ilegitima y arbitraria por carecer de motivación.
Que, en primer lugar, corresponde destacar que la resolución recurrida en autos, aparece satisfaciendo los requisitos establecidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. La misma efectúa un tratamiento y análisis de los hechos constatados por la fiscalización actuante y el derecho aplicable al caso, no advirtiéndose elementos que hagan suponer que carece de motivación.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y Expte. N° 35.025-I 4 civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros). Que, asimismo, en las actuaciones administrativas labradas por el Fisco Nacional y en la resolución de vista se exponen en forma clara en que se basan los ajustes efectuados, situación que se repite en la resolución apelada. No se advierte la falta ni la afectación al elemento motivación que debe contener todo acto administrativo. En efecto, en el acto atacado se exponen claramente los hechos y elementos tenidos en cuenta por el Fisco Nacional para sostener la postura fiscal, actuando el organismo recaudador en el marco de las normas que reglamentan su función de fiscalización y de determinación de oficio, el contribuyente fue notificado del inicio del proceso determinativo con la respectiva resolución de vista en los términos del artículo 17, contestando finalmente la misma exponiendo las razones por las cuales consideraba improcedente la postura fiscal, argumentos que han sido tratados por el juez administrativo en la resolución recurrida.
En definitiva, se observa que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, debiendo tenerse presente que la mera discrepancia con la decisión del Fisco, en cuanto a la interpretación de los hechos ocurridos y la aplicabilidad de la ley, no resulta un fundamento válido para determinar la nulidad del acto.
En consecuencia, no corresponde acoger los agravios de nulidad articulados por la recurrente.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
A su vez, al no ser planteada la excepción como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re "Colorín- IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI" sentencia del 2 de Julio de 2013).
V. En lo que respecta al fondo de la cuestión, tal como se señalara oportunamente la recurrente, al momento de dar inicio a las presentes actuaciones acompaña las resoluciones N° 145/2018 (DV RSAL) y la N° 146/2018 (DV RSAL), su escrito de apelación únicamente se dirige a la última mencionada.
Que el legislador, ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Que toda determinación sobre base presunta debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que, “probabilísticamente”, se acerque más a la real magnitud del hecho imponible.
Que por otra parte, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. “Armotec SACIFIC”, TFN, Sala B, 10/02/1999).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que las reglas contenidas en el artículo 18 de la ley 11683 (t.o. citado) refieren a presunciones legales “iuris tantum”, cuya consecuencia es la de revertir la carga de la prueba. Así, el efecto fundamental de la presunción de marras es dispensar de la prueba del hecho presumido al favorecido por ella. Cuando resulta de aplicación una de estas presunciones, el que se beneficia con ella no debe probar sino el hecho antecedente, la ley suple su actividad y tiene por acreditada la conclusión, y la carga probatoria pesa sobre quien niega el hecho antecedente o la aplicabilidad de la presunción a su caso.
Que en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo.
Conforme lo descripto precedentemente, corresponde señalar que en virtud de las diferencias ente las compras informadas por los proveedores circularizados y las declaradas por la recurrente que no se encuentran justificadas en las existencias de bienes de cambio del activo, es que el Fisco Nacional entendió que representan un indicio razonable en los términos del primer párrafo del art. 18 de la ley de rito, el cual dispone que “La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida. Podrán servir especialmente como indicios: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente, y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que ésta obtenga de información emitida en forma periódica por organismos públicos, mercados concentradores, bolsas de cereales, mercados de hacienda o que le proporcionen —a su requerimiento— los agentes de retención, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, cualquier otra persona, etcétera.”, de lo cual, se infirió que dicha diferencia con más el margen de utilidad declarado por la accionante, corresponde a ventas omitidas.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que en este orden de ideas, respecto del acto determinativo apelado debe tenerse presente que en oportunidad de sentenciar en la causa "Emerson Argentina S.A.I.C.", la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que "...las resoluciones emanadas de la DGI gozan de presunción de legitimidad- art. 12 de la ley 19549-. Por consiguiente, la carga de la prueba pesa sobre aquel que impugna, el que debe demostrar los errores que la descalifican; esta conclusión concuerda con lo sostenido por la Corte, en el sentido de que cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba en relación a las que se aplican en los demás juicios..." (sent. Del 30/9/74).
Que cabe destacar que si bien este Tribunal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 164 de la ley 11683 tiene "amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...", es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica "llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de igualdad procesal" -CNACAF, Sala 2°, "Tamileyfú SRL", sent. del 27/6/72-, debiendo las partes instar el procedimiento en la etapa probatoria, a fin de que el juzgador obtenga el grado más elevado de certeza luego del análisis de la prueba producida.
Respecto a los argumentos de la recurrente, en razón a que la presente causa se refiere a una verdadera cuestión de hecho y prueba, corresponde a la recurrente en ejercicio de su derecho de contradicción desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo debiendo aportar prueba concreta y fehaciente, resultan ser meras manifestaciones mediante las cuales demuestra su disconformidad con el proceder del Fisco Nacional, por lo tanto no resultan suficientes para rebatir la postura de este último. A ello sumado que si bien ofreció prueba testimonial (vide punto VII inc. b) de su escrito de apelación), conforme fs. 104 se tuvo por desistida a la misma. En este contexto debe señalarse que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que, siendo ello y no habiendo la actora intentado mínimamente desvirtuar las argumentaciones de hecho y derecho en que se fundan los ajustes proyectados en las resoluciones recurridas, cabe concluir que corresponde su confirmación, con costas.
VI. Que por su parte, no habiendo tampoco expresado la actora agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.05.15 18:30:33 ART Date: 2024.05.15 21:30:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.16 12:53:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.16 12:54:48 -03:00
Fin de la sentencia