Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
I. Que mediante RE-2023-87530470-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 117/2023 de fecha 22/06/2023, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia de la Dirección General Impositiva en virtud de la cual se dispuso determinar de oficio la obligación del recurrente frente al Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia del período fiscal 2020, más intereses y aplica multa equivalente al ciento por ciento (100%) del aporte determinado conforme lo dispuesto por el art. 45 de la ley 11.683.
En primer lugar, manifiesta que con fecha 29/04/2021, la AFIP inició un procedimiento de fiscalización contra la actora a los fines de verificar, el cumplimiento en la declaración y el pago del Aporte.
Alega que la recurrente promovió una Acción Declarativa en los términos del art. 322 del CPCCN contra el Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional y la AFIP, a fin de hacer cesar su estado de incertidumbre con relación a la pretensión de la AFIP de aplicar y exigir a la recurrente el pago del Aporte, solicitando que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad de la normativa cuestionada y de la pretensión del Fisco Nacional de perseguir su cobro, por ser violatorio de las garantías y principios constitucionales de no confiscatoriedad (arts. 17, 28 y 33 de la Constitución Nacional), capacidad contributiva (arts. 4, 16, 17, 28 y 33 de la Constitución Nacional) e igualdad en materia tributaria (art. 16 de la Constitución Nacional).
Señala que con fecha 08/04/2022, presentó en esa causa un Informe Pericial Contable solicitado tanto por la actora como por la AFIP (en adelante, el “Informe Pericial Contable”), de donde surge en forma cabal que los datos aportados por el Informe Contable acompañado por la actora eran en gran parte correctos, habiendo sido convalidados en su totalidad por la Sra. Perito de la causa y conformados por la demandada -AFIP-. Indica que sin perjuicio de ser mínimas las diferencias arrojadas entre el Aporte liquidado en la resolución apelada ($71.592.304,92.-) y aquel liquidado en el Informe Pericial Contable ($69.802.129,39.-), concluye que es el segundo el que debe primar.
Sostiene que la AFIP desarrolla toda la fundamentación de su Resolución en que no sería de su competencia, como organismo descentralizado de la Administración Pública, abocarse a resolver sobre la constitucionalidad y/o aplicabilidad de la normativa cuestionada por la recurrente en autos. Asimismo, que rechaza todos sus fundamentos contra la pretensión fiscal y, que, decidió ignorar la prueba documental oportunamente aportada (en especial, el Informe Pericial Contable) como así también rechazar la producción de la prueba informativa ofrecida.
Manifiesta que la Resolución merece ser nulificada. Ello, toda vez que la misma reviste graves y manifiestos vicios e irregularidades que no pueden ser jamás convalidados, so pena de ocasionar un grave perjuicio a la actora, al encontrarse vulnerado el debido proceso adjetivo contemplado por el art. 18 de la Constitución Nacional, el cual debe regir en todo procedimiento administrativo como el de marras.
Señala que el Fisco Nacional intentó probar a través de prueba documental e informativa el claro carácter confiscatorio del Aporte, lo cual conlleva directamente a la improcedencia de la pretensión fiscal. No obstante, el Fisco hizo caso omiso a dicha prueba, es más, dice que tan desprolijo fue el Fisco al analizar las cuestiones probatorias del procedimiento, que hizo referencia a una prueba pericial contable que no se ofreció. Indica que hasta el propio Fisco Nacional ha reconocido que el Aporte constituye un verdadero impuesto, más allá de la denominación que se le ha decidido acordar, y que sólo evidencia una suerte de neoplatonismo muy en boga, en el sentido de pretender atribuirle a las palabras, neologismos o giros lingüísticos un poder conformador de la realidad, más allá de lo que ésta es (como si por llamarlo “Aporte”, que es algo esencialmente voluntario, se pueda escamotear su naturaleza impositiva, y como si el adjetivo “solidario” pudiera aplicarse a una situación compulsiva).
Señala que conforme surge del Informe Pericial Contable que se acompañó a estos autos, de aplicarse el Aporte ($69.802.129,39) a su caso concreto, este absorbería el 105% de su renta (gravada, no gravada o exenta a efectos del impuesto a las ganancias; equivalente a $66.112.712.,96.-) durante el año fiscal 2020, incluyendo las utilidades provenientes de los bienes que se intentan alcanzar con el Aporte. Es decir, el Aporte excedería los límites razonables de imposición, resultando confiscatorio, al producirse una absorción por parte del Estado de la totalidad de la renta que se obtuvo y que pudo razonablemente extraerse de la posesión de los bienes, e incluso de los ingresos totales del contribuyente. Es más, el Aporte absorbería parte del capital de la recurrente. Alega que tal como surge del Informe Pericial Contable acompañado a estos autos, el Aporte sumado con la carga tributaria del Impuesto sobre los Bienes Personales produce una carga fiscal total de $97.306.760.02.-. Por ende, el efecto del Aporte sumado a la carga tributaria del Impuesto sobre los Bienes Personales constituye un cercenamiento aún mayor del patrimonio de la actora, ya que en conjunto absorberían el 147% de las ganancias (gravadas, no gravadas y exentas). Es decir, la incidencia de los impuestos sobre el patrimonio (Bienes Personales y Aporte Solidario) sobre la renta obtenida, arrojaría que se absorbe más de la totalidad de la renta de esta parte, generándose, por parte del Estado, una ilegítima apropiación en el capital de su representado.
Alega que las rentas obtenidas por la recurrente, detalladas en el Informe Pericial Contable, son también las que razonablemente pudieron obtenerse de los bienes gravados por el Aporte. Dejando de lado que el Aporte grava también bienes que no tienen naturaleza productiva (por ejemplo, la vivienda propia), no podría cuestionarse -y de hecho, ello no ha sido objetado por el Fisco- que la recurrente ha destinado de modo diligente su patrimonio a inversiones razonables, de las cuales no pudo haberse extraído más renta de la que evidentemente se extrajo. Es decir, no podría en modo alguno imputarse a la recurrente desidia o abandono en la administración de sus bienes, de manera que sólo es posible concluir que la ganancia que obtuvo (y que el Aporte absorbe en su totalidad) es la que razonablemente podría haber obtenido. Por lo demás, vale aclarar que esto en ningún momento fue objetado o siquiera insinuado por el Fisco Nacional.
Afirma que obra acompañado al Recurso como “Anexo IV” una carta emitida por el Sr. Martiniano Arnone, Senior Vicepresident de Private Banking del Banco Santander International (sucursal Miami, Estados Unidos de Norteamérica), de donde surge que la rentabilidad de su portafolio de inversiones fue negativa (es decir, arrojó pérdidas) fundamentalmente por efecto del derrumbe de valor y cotización de los bonos soberanos argentinos en el marco de la reestructuración de la deuda nacional llevada a cabo en ese año por el mismo Estado que hoy pretende recaudar este Aporte.
Sostiene que partiendo de la base de que la capacidad contributiva es el fundamento legítimo del impuesto, incluso si hubiere un fin extrafiscal en la distinción -que, en el caso, no existe, pues la normativa cuestionada indica que la finalidad del Aporte es recaudar fondos para “morigerar los efectos de la pandemia” y aplicarlos a destinos específicos-, la potestad legislativa no puede hacer diferencias arbitrarias que impliquen beneficios que no son legítimos o persecuciones discriminatorias.
Alega que para que sea procedente la liquidación y el reclamo de intereses resarcitorios como los pretendidos por el Fisco en estas actuaciones, debe operar, antes que todo, “la mora” en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente, circunstancia que no se ha configurado en el presente caso. Sostiene que el segundo de los elementos constitutivos del estado de mora se configura cuando el retardo en que se haya incurrido para el cumplimiento de la obligación sea imputable al contribuyente a través de una conducta dolosa o culposa. Por consiguiente, la falta de imputación al deudor de responsabilidad excluye la configuración de la mora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, no naciendo -en consecuencia- la obligación de pago de recargos por parte del deudor.
En cuanto a la multa aplicada sostiene que la sanción de autos contra la recurrente resulta irrazonable y arbitraria, por cuanto la conducta de la actora no encuadra en el ilícito tipificado en el art. 45 de la LPT. Indica que la recurrente no ha ignorado sus obligaciones ni ha sido negligente o irresponsable a este respecto. Es más, conforme a una exégesis armónica y criteriosa de la normativa aplicable, de los preceptos constitucionales que nos rigen, y de la pacífica jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal Federal, interpretó razonablemente que no le correspondía declarar y abonar el Aporte reclamado por el Fisco.
Acompaña documental. Ofrece prueba informativa y pericial contable, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante IF-2023-120502645-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas.
En primer lugar, afirma que con motivo de la fiscalización llevada a cabo por personal de la AFIP y en base a los elementos existentes en las actuaciones, se constató que el contribuyente es responsable del Aporte Solidario Extraordinario, habiéndose detectado que poseía bienes que superaban el mínimo exento, dejando en consecuencia de declarar e ingresar el Aporte Solidario y Extraordinario.
Rechaza la excepción de litispendencia incoada por la actora toda vez que sólo se advierte identidad de sujetos, circunstancia que no habilita la procedencia de dicha excepción.
En cuanto al planteo de nulidad esbozado por la actora manifiesta que no hay argumento atendible alguno de la apelante respecto de la alegada (y no acreditada) inobservancia por parte del Fisco Nacional de los requisitos contemplados en la ley de procedimientos administrativos. Por ello, niega categóricamente que aquella se haya encontrado -o se encuentre actualmente- en estado de indefensión alguno o que se haya desconocido su legítimo derecho de defensa.
Con relación a las los agravios relacionados la vulneración del principio de no confiscatoriedad alegado y de la violación del derecho de propiedad, capacidad contributiva, razonabilidad, igualdad, todo ello, en el marco de una determinación de oficio, sostiene la improcedencia de tales planteos por ante este Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación, atento lo dispuesto expresamente por el art. 185 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.). Indica que el aporte en crisis ha sido dictado por una ley del Congreso Nacional en circunstancias excepcionales, y que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados. Cita jurisprudencia.
Señala que se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital.
Manifiesta que en lo que respecta a la naturaleza jurídica del Aporte Solidario y Extraordinario, resulta que se encuentra enmarcado en las contribuciones del art. 4° de la CN; contribución que los Constituyentes le dieron como instrumento o herramienta al Estado a fin de obtener los recursos necesarios para hacer frente a los gastos de la Nación. Ello se advierte al considerar las particulares características del mismo, relacionadas con su ingreso por única vez, la situación de emergencia en la que se enmarca y la asignación específica determinada. Destaca que al Aporte bajo estudio se le ha dado el carácter de "solidario" puesto que su finalidad ha sido la de morigerar los efectos adversos que trajo aparejada la pandemia del Covid-19, tanto en lo económico como en lo social y en lo sanitario, requiriéndose a tal efecto una mayor participación estatal y, particularmente, una asignación de recursos sobre el sistema sanitario en general y sobre los sectores de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia.
Alega que este carácter solidario no responde a cuestiones dialécticas, sino que se apoya sobre principios y valores establecidos en nuestra Constitución Nacional y en pactos internacionales con igual jerarquía. Es decir, gran cantidad de normas remiten al valor de solidaridad, valor que, al mismo tiempo, remite al principio de igualdad y al concepto de bien común como valor fundamental de nuestra Carta Magna.
Manifiesta que se encuentra acreditado en autos que la aplicación de la normativa en crisis no implica en el caso del actor, que el aporte resultante absorba parte sustancial de su patrimonio, ni que éste alcance valores aparentes o ficticios que lesionan el derecho de propiedad, configurándose de esta forma la situación jurídica de confiscatoriedad. Entiende erróneo el abordaje que el actor realiza respecto del consumo de su renta, puesto que dicha mirada no se condice con la pauta que el legislador ha escogido para determinar su capacidad de contribución, no siendo dicha decisión legislativa revisable judicialmente”.
Afirma que en el presente caso se aplicó los intereses resarcitorios que establece el art. 37 de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), que tienen el carácter de resarcitorios de daños y perjuicios y según lo prescribe la norma citada, corresponde su aplicación en forma objetiva y de pleno derecho.
Con respecto a la aplicación de multa sostiene que la circunstancia fáctica que justifica en el caso la aplicación de la multa es la falta de presentación de la declaración jurada original. En el caso la actora omitió declarar e ingresar el tributo en su justa medida, el que ha sido determinado a instancia de la fiscalización interviniente tiempo después del momento en que debió ser declarado e ingresado.
Señala que en las presentes actuaciones, se pudo constatar que la contribuyente incurrió en la no presentación de la declaración jurada, por cuanto omitió declarar el Aporte Solidario y Extraordinario, dejando por lo tanto de ingresar el mismo en su justa medida.
Acompaña antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida. Ofrece perito contador, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que mediante IF-2023-134387889-APN-VOCV#TFN este Tribunal resuelve rechazar el planteo de suspensión planteado por la recurrente.
IV. Que en atención al estado de la causa, por PV-2024-17391661-APN-VOCV#TFN se declaró que devino inoficiosa la audiencia prevista en el artículo 173 de la Ley Nº 11.683, t.o. Vigente; se tuvo por agregada la prueba documental, sin perjuicio de su oportuna valoración al momento de resolver la causa; no se hizo lugar a la prueba informativa ofrecida en el punto VII (ii) primer párrafo por ser inoficiosa, toda vez que el estado de la causa que tramita sobre los autos caratulados “Goitia, Nicolas Alberto c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad” (Expte: FCT N°1266/2021) puede ser consultado por este Tribunal, mediante la Pagina WEB del Poder Judicial de la Nación, sección “Consulta de Causas”. Asimismo, no se hizo lugar a la prueba informativa ofrecida en el punto VII (ii) segundo párrafo y a la prueba pericial contable ofrecida por la actora por ser inoficiosa, toda vez que este Tribunal ya ha tenido acceso a la pericia celebrada en la causa “Recurso de Queja Nº 3 Goitia, Nicolas Alberto c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad” (Expte: FCT N°1266/2021/3) fs. 6/6 "otros - Anexo VII Informe Pericial contable (presentado 23/11/2023 14:00)" a fin de corroborar su concordancia con la prueba ofrecida como documental. En virtud de lo señalado se hizo saber a las partes que las presentes actuaciones se resolverán con las constancias de autos y los antecedentes administrativos acompañados por la representación fiscal, quedando la causa conclusa para definitiva.
Por PV-2024-21746961-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B”, Finalmente, mediante IF-2024-34978372-APN-VOCV#TFN se llaman los autos para sentencia.
V. En cuanto al planteo de nulidad articulado por la actora cabe señalar en primer lugar que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Cabe señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la recurrente. Se observa de las actuaciones administrativas que el presente cargo surge con motivo de haberse analizado en forma pormenorizada la composición y radicación de los bienes declarados para Bienes Personales del año 2019 y los incorporados en el año 2020, con los datos obrantes en la base del Organismo Fiscal a efectos de verificar la valuación de cada uno, según se detalla a continuación: - BIENES INMUEBLES EN EL PAIS: La valuación de los inmuebles de su propiedad es coincidente con la valuación expuesta en la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales y la documental obrante en los sistemas.
- AUTOMOTORES: Se obtuvo información de la base de datos de esta AFIP-DGI, en relación con los automotores de titularidad del inspeccionado, los cuales son coincidentes con los automotores que figuran en el detalle de bienes sujetos al Aporte Solidario y Extraordinario. Se verificó que el valor declarado por el inspeccionado al 18/12/2020 es coincidente con la valuación que surge de la tabla de valores de referencia que elabora Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, correspondiente al 31/12/2020.
Que con fecha 21/03/2023 fue aportado el recibo de pago de la patente de la motocicleta que corresponde al modelo declarado en el detalle de bienes sujetos al Aporte, por lo que se toma como base dicha valuación para el Aporte Solidario.
- CRÉDITOS EN EL PAÍS; De acuerdo con lo declarado por el inspeccionado,, corresponden a créditos con las firmas: 1) Solanas SA, CUIT N,9 33-659888/9-9; 2) Ceshma SA CUIT N° 30-71094699-6; 3) JAF SRL, CUIT N.º 30-71407840-9; 4) Casinos del Litoral SA, CUIT 33-68747085-9; y 5) Casinos del Chaco SA, CUIT N 30- 71476971-1. La valuación informada por el Contribuyente al 18/12/2020, es coincidente con lo declarado en el Impuesto sobre los Bienes Personales del período 2020 en el rubro créditos.
- PARTICIPACIONES SOCIETARIAS FN EL PAÍS: Para la valuación de las mismas se consideró los Estados Contables del último ejercicio cerrado a la fecha del A.S.y E de las sociedades en las que posee participación y se cotejó dicha información obrante en base de datos de esta AFIP con respecto a lo declarado por el inspeccionado, aplicándose el porcentaje de participación que posee en las mismas.
Con respecto a la firma El Estribo S.A., se observó que la valuación informada por el inspeccionado en el detalle de bienes sujetos al Aporte coincide con lo expuesto en la Declaración Jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales 2020.
Del análisis de la documentación aportada por el inspeccionado en Presentación Digital N° 202300259057, surge que el inspeccionado declara en el detalle de las valuaciones socetarias el mismo importe que surge del calculo realizado por la actuante, siendo éste cálculo mayor al monto originalmente presentado por el responsable en el detalle de bienes y sus valuaciones para el cálculo del Aporte Solidario.
Se considera la valuación informada por la recurrente en dicha Presentación Digital, que es coincidente con el cálculo realizado por la inspección.
También se observó en bases de datos del Organismo que las firmas: 1) Fanic S.R.L., CUIT N 30-71163820-9 posee CUIT Inactiva desde el 13/09/2012, sin presentación de Declaraciones Juradas tanto en IVA como en Ganancias y la ultima presentación de Estados Contables corresponde al periodo fiscal 2010, sin actividad comercial en dicho período; y 2) Acqua SRL, CUIT N. 3071152305-3 tiene disolución en el período 2016 según surge de los Estados Contables y posee baja definitiva de impuestos a partir del periodo 10/2016 por motivo cese de actividades"..
- DEPÓSITOS EN DINERO EN EL PAIS; Se cotejó el saldo de las cuentas corrientes, cajas de ahorro en pesos, en dólares y en euros al 18/12/2020 de los resúmenes bancarios aportados por el inspeccionado con respecto a lo declarado por el mismo en el detalle de bienes sujetos al A.SyE. A los efectos de valuar el saldo en dólares (USD) en cajas de ahorro, se le aplicó el tipo de cambio comprador (T,C 8264) que surge de la tabla devaluación de divisas al 18/12/2020 elaborada por esta AFIP DGI en su página oficial, Micrositio Aporte Solidario y Extraordinario. No surgen observaciones que formular. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS EN EL EXTERIOR: Al 18/12/2020 posee participación en las siguientes firmas: 1) Nicor Corp (MF 91638) - BELICE,2) Akira Comercial LTD (NIF 80427) - BELICE, 3) Río de la Plata S.A. - RUC 2090797-1-755096 – PANAMA, 4) Akira Panama S.A. - RUC 2272216-1-785390 – PANAMA, 5) MAI GROUP – RUC 80078703-0 – PARAGUAY.
Que se analizó la documentación aportada por el inspeccionado en la Presentación Digital N 202300259051, la Declaración Jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales presentada por el inspeccionado y a información obrante en la base de datos AFIP-DGI.
- CREDITOS EN EL EXTERIOR: Posee créditos por cobrar con la firma Akira Panama S.A. en la cual tiene participación.
Del análisis de la documentación aportada y la información obtenida de la bases informáticas obrantes AFIP-DGI se han confeccionada papeles de trabajo, concluyendo que el contribuyente resulta alcanzado por el Aporte Solidario y Extraordinario al 11/12/2020 (Ley N° 27.605).
VII. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho.
Previo a adentrarnos en las particularidades de la causa conviene resumir, en su parte pertinente, la normativa involucrada.
Así, el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (...)”.
El art. 3° aclara que “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $ 200.000.000.
Cabe señalar en primer término que sin perjuicio del nomen iuris utilizado por el legislador, el Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27605 se encuentra incluido dentro del concepto de “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” al que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional. En efecto, se trata de “una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos” (CSJN, in re “Cladd Industria Textil S.A. Y otro c/Estado Nacional -SAGPYA resol. 91/03”, sentencia del 4/8/2009; “Camaronera Patagónica S.A. C/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, del 15/4/2014).
Tiene dicho el Alto Tribunal que para arribar a la caracterización de un tributo, cabe prescindir de la denominación asignada por las normas y atender sólo a su naturaleza, pues no se trata de un problema terminológico sino sustancial (Fallos 303:640); y que para definir su carácter debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide (Fallos 280:176).
En ese sentido, el Máximo Tribunal ha dicho que “la norma define un presupuesto de hecho que, al verificarse en la realidad del caso concreto, da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones establecidas por ella, siendo que tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado y que su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares afectados, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia” (CSJN, in re “Pablo Horvath c/Nación Argentina”, Fallos 318:676, sentencia del 4/5/1995). En función de esa doctrina jurisprudencial cabe concluir que de las previsiones de la ley como de las de su decreto reglamentario, surge que el Aporte en cuestión constituye una contribución de carácter pecuniario, obligatoria, impuesta unilateralmente por el Estado mediante el dictado de una ley en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional según el procedimiento consagrado en la Constitución Nacional, en circunstancias excepcionales en el contexto de una emergencia sanitaria.
El destino de los fondos recaudados no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la Ley 27605. Tampoco la clasificación formulada por la Secretaría de Hacienda mediante la resolución 22/2021, que en su artículo 1° dispone incorporar “... el concepto ‘12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’ en la clase ‘12.9 Otros’ del tipo ‘12. Ingresos no tributarios’ del clasificador de recursos por rubros”, forma obstáculo para considerar al aludido aporte como un tributo, dadas las circunstancias apuntadas más arriba en orden a la real naturaleza de dicho aporte–que se subsume en los términos que definen el tributo- (véase CNCAF, Sala I, en los autos “T.,S. c/ EN -AFIP- ley 27605 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022). En definitiva se trata de una calificación que conduce a un encuadre y tratamiento administrativo de los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la gabela, que carece de virtualidad y efectos a los fines de mudar la naturaleza y rasgos esenciales de la misma -definidos por vía legal-, proceder que por lo demás, le está vedado llevar a cabo al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria (en tal sentido, CNCAF, Sala II, in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio c/ EN AFIP Ley 27605 s/Amparo Ley 16.986, sentencia del 14/02/2023).
Sentado ello y entrando al análisis de los agravios constitucionales esbozados por la parte actora, los que deben ser analizados en esta instancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley 11683, debe recordarse que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 345:951).
La Corte Suprema sostuvo que “el control de constitucionalidad, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en que tal derecho –cuya función social se ha de tener presente- se halla con la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el hecho de serlo” (Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/07/2009).
La Corte ha dicho también que “…escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301). Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder (Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293)” (“HERMITAGE S.A. C/ PEN – MeyOS”, 15/06/2010).
En relación al agravio planteado respecto a la violación al principio de igualdad, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, cabe considerar la condición de las personas que soportan los impuestos en orden al carácter y magnitud de la riqueza (arg. Fallos: 207:270). Cabe recordar que la igualdad en materia tributaria alude a establecer gravámenes idénticos a los contribuyentes en condiciones análogas (arg. Fallos: 138:313), lo cual comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación específica sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (arg. Fallos: 149:417).
Así pues, en el precedente “Unanué” (Fallos: 138:313) se dejó sentado que: “...la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución, importa, en lo relativo a impuestos, establecer, que en condiciones análogas deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes. Fallos: tomo 132, página 198 y los allí citados. Que en ese mismo orden de ideas ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos que la garantía constitucional mencionada no se propone erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases como serían si se hicieran depender de diferencias de color, raza, nacionalidad, religión, opinión, política u otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes (Bell's Gap Railward Cº.V. Pennsylvania 134 U. S. 232). Que, en consecuencia, cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (Cooley On Taxation 3ª ed. página 75 y siguientes; Willonghby, On The Constitución, página 593)”. En el precedente “Drysdale” (Fallos: 149:417), la CSJN afirmó: “Que la igualdad ante la impuesta en el precepto citado, comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Y en materia impositiva esta Corte ha establecido reiteradamente que la observancia de aquél principio se cumple cuando en condiciones análogas se imponen gravámenes iguales a los contribuyentes”.
Asimismo corresponde señalar que en lo relativo al principio de capacidad contributiva, se ha señalado en distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la misma debe ser entendida como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular, a partir de la existencia de una riqueza en su posesión, siendo que constituye la causa jurídica del tributo (conf. Jarach, Dino, El hecho imponible..., ob. cit., ps. 85/86, 91, 102/103, 119).
En el caso de la Ley 27.605, que aquí nos ocupa, advertimos que el hecho imponible ha sido establecido en base a un criterio de manifestación directa de capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo en virtud de la existencia de un determinado patrimonio y que luce legítima la técnica utilizada por el legislador en cuanto formó categorías de contribuyentes de acuerdo con su alta capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo, siendo que la contribución será igual para todas las personas de igual capacidad contributiva. Ello así, es dable concluir en la ausencia de arbitrariedad en las clasificaciones realizadas por el legislador al definir el hecho imponible.
Dicho ello, cabe analizar el agravio sustentado por la parte en cuento a la pretendida alegación de confiscatoriedad del aporte determinado por el Fisco Nacional.
En particular, en relación al supuesto de confiscatoriedad, se ha señalado inveteradamente que, para que ésta exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros). Bajo tales pautas, y como ha dicho esta Sala B en otros antecedentes (Casino de Misiones, Sala B del 19/07/2019) , debe interpretarse que la confiscatoriedad no puede ser establecida sino a consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condiciona su aplicación, en definitiva, la violación del derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado, debiendo estarse al valor real de los bienes, no a su valuación fiscal, y considerar su productividad posible, esto es, su capacidad productiva potencial (Fallos: 314:1293 ya citado y sus citas). En esa línea conceptual se ha establecido asimismo, que la comprobación del índice de productividad es "siempre indispensable" (Fallos: 209:114) o un "elemento de juicio primordial e insustituiblemente necesario para estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del impuesto" (Fallos: 220:1082). También se ha sostenido que la doble imposición no importa por sí misma violación constitucional (Fallos: 210:500, 257:127, 263:534, 327:1729, entre otros).
Cabe considerar que la manifestación de capacidad contributiva escogida por el legislador para establecer el ASE es el capital, patrimonio o riqueza –aunque únicamente sobre los bienes-, no cabe considerar las rentas o ganancias reales que haya obtenido la recurrente, como elementos para establecer la posible confiscatoriedad en este tributo patrimonial.
En ese sentido, la Corte ha dicho que “la presunta conformidad de las leyes nacionales o provinciales con las normas constitucionales, que es el principio cardinal de la división, limitación y coordinación de los poderes en nuestro régimen institucional, no debe ceder -por transgresión a ese principio y a esas normas- sino ante una prueba contraria tan clara y precisa como sea posible y particularmente cuando se trata de impuestos creados por el Poder Legislativo en virtud de sus facultades no discutidas, cabe tener presente que el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar no de una mera estimación personal, aunque ella emane de peritos ilustrados y rectos, ni de circunstancias puramente accidentales y eventuales, sino de una relación estimada entre el valor del bien gravado y el monto de ese gravamen, al margen de accidentes transitorios y circunstanciales sobre la producción el aprovechamiento de aquél” (Fallos 207:238; replicado por la Corte en “Gómez Alzaga, Martín Bosco c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 21/12/1999).
En definitiva, en palabras de la Corte (in re “Gómez Álzaga”, antes citado), “...surgen principios básicos aplicables en casos semejantes: a) el carácter confiscatorio de los tributos debe relacionarse con el valor real y actual del bien o su potencialidad productiva; b) esta apreciación de una situación fáctica no debe surgir de una mera calificación pericial de la racionalidad presunta de la explotación sino de la comprobación objetiva de los extremos indicados precedentemente; y c) la acreditación del agravio constitucional debe ser clara y precisa, esto es, inequívoca.” (el destacado es propio).
Es por ello que la posible consideración de las rentas potenciales en el análisis de confiscatoriedad del ASE, sería viable frente a la intención de establecer una valuación de determinados bienes, a partir de la potencialidad de rentas –flujos futuros de rentas estimadas-, cuando dicha valuación difiera de la valuación fiscal establecida a los fines de este Aporte.
Nada de ello se encuentra debidamente acreditado en las presentes actuaciones.
Asimismo, corresponde señalar que, no se advierte que el informe pericial Contable producido en la causa judicial “Goitia, Nicolas Alberto c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad” (Expte. FCT N° 1266/2021) agregado como Anexo III en las presentes actuaciones haya arrimado la información que se ha estimado prudente a la luz de la doctrina emanada en los fallos citados anteriormente, habida cuenta que nada dice respecto del valor real de los bienes que la actora posee, ni respecto del valor potencial estimado de sus bienes a partir de los flujos de rentas o ingresos que producirían aquellos bienes. Es decir, no se encuentra acreditado que el importe del ASE determinado por el Fisco Nacional, resulte una absorción sustancial de los bienes alcanzados por aquél, en los términos requeridos en los precedentes jurisprudenciales de nuestro Alto Tribunal antes citados.
En cuanto a lo manifestado por la parte actora respecto de la existencia de una diferencia entre el Aporte liquidado en la resolución apelada ($ 71.592.304,92) y el liquidado en el Informe Pericial Contable que estamos analizando ($ 69.802.129,39), y respecto de lo cual que éste último es el que debe primar, cabe señalar que este Tribunal ha podido constatar que la diferencia apuntada surge como consecuencia de haberse consignado un monto distinto en la valuación de las Participaciones Societarias del recurrente. En efecto, el Fisco consigna un monto de $ 841.793.813,40 en tanto que la perito consigna un monto de $782.121.295,58. Que si bien la perito informa los porcentajes de esas tenencias, en forma coincidente con el Fisco Nacional, no surge de la pericia ni de sus anexos, como arriba la experta contable a ese monto. Por el contrario, el monto consignado por el Fisco Nacional se encuentra sustentado en la documentación relevada por el organismo fiscal en sus bases de datos como de los Estados Contables que fueran aportados en las actuaciones administrativas (vide Cuerpo II de los antecedentes administrativos glosados en el IF-2023-120492203-APN-DTD#JGM de las presentes actuaciones) y en la documentación aportada por el propio contribuyente mediante la Presentación Digital 202300259057 glosada en IF-2023-120491820-APN-DTD#JGM de este expediente electrónico.
Que ello así, la pretensión de la actora en este aspecto, tampoco puede prosperar, por no encontrarse debidamente respaldado el dato numérico consignado por la perito, lo que obsta a su consideración por parte de este Tribunal. En definitiva, la escasa idoneidad probatoria del informe contable conlleva a que la pretensión deducida carezca de la prueba “clara y precisa” o “concluyente” que ha exigido la Corte, razón por la cual no puede acogerse el planteo de la recurrente en autos.
Ello así, cabe confirmar la resolución apelada con costas.
VIII. Que, respecto de los intereses resarcitorios cabe precisar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo tanto, se confirman los intereses fijados en la determinación recurrida, con costas.
IX. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental. En ese sentido, es sabido que dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
Por su parte, el segundo artículo agregado mediante la ley 27.430 a continuación del artículo 50 de la ley de rito, incorpora que se entenderá por “error excusable” cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Y continúa, en orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. En el caso de autos, nada de ello ha sido acreditado.
En tales condiciones, en el caso particular, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto corresponde confirmar la resolución apelada en autos en todos sus términos. Con costas.
Por ello SE RESUELVE:
Confirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.04.15 16:48:21 ART Date: 2024.04.15 18:34:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.15 18:59:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.15 18:59:24 -03:00
Fin de la sentencia