Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 20.661-I
I. Que a fs. 260/274 la firma ALL FOOD S.A. interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 283215, 283217, 283259, 283476, 283275, 283276, 283297, 283318, 283255, 283256, 283257, 283295, 283319, 283235, 283236, 283337, 283296, 283315, 283316 y 283317, dictadas por la Dirección Regional Devoluciones a Exportadores de la AFIP-DGI, por las que se le determina la impugnación de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 07, 08, 09, 10, 11 y 12/2006; 03, 04, 08, 09 y 10 de 2007; 09/2008 y 06, 07, 11 de 2009, por un monto total de $525.383,82 (pesos quinientos veinticinco mil trescientos ochenta y tres con ochenta y dos centavos) y se le intima la devolución del referido importe con más sus intereses resarcitorios. Explica que la empresa comercializa porotos de distinto tipo, maní seleccionado, maní para alimento animal, maní pisingallo, garbanzos, lentejas y arvejas; y que con el fin de realizar diversas operaciones de exportación durante los periodos fiscales en crisis, procedió a adquirir bienes de distintos productores.
Sostiene que las referidas operaciones fueron verificadas por la AFIP - División Operaciones B de la Región Exportadores, concluyendo que la totalidad de los casos, de acuerdo con los análisis realizados y la documentación aportada, correspondía conformar los créditos fiscales solicitados, dejando en cada resolución la reserva de su derecho de impugnar los mismos –conforme las facultades conferidas por la ley de rito- si se comprobaba su inexistencia o ilegitimidad.
Expone que, seguidamente y sin mediar procedimiento de fiscalización, el organismo fiscal impugnó de modo absolutamente anormal el crédito correspondiente a las operaciones concertadas con los proveedores AGRO NUEVA CEREALES S.A, CINGOLANI MIGUEL A, COMITUR S.A., CONFINAGRO S.R.L, DINAMICA EMPRESARIA S.R.L, HEREDIA RAUL O, OPEGRA S.A. y TORRES LUIS A.
Entiende que tal proceder significa la vulneración de debido proceso, toda vez que no se llevó adelante el procedimiento de determinación de oficio a los fines de comprobar la efectiva inexistencia o ilegitimidad de las operaciones tal como lo esgrime la demandada, emitiendo sin más las resoluciones que aquí recurre. Hace hincapié en el incorrecto accionar de la fiscalización, toda vez que en primera instancia procedió a conformar los créditos de exportación cuya devolución había requerido, para luego y sin mayores comprobaciones, proceder a impugnarlos por encontrarse sustentados en comprobantes emitidos por proveedores categorizados como apócrifos.
Considera que –erradamente- la administración tributaria ahora pretende efectuar una doble impugnación, es decir, por un lado los actos administrativos que tuvieron por cumplidos los requisitos que permitieron aprobar el reintegro de los créditos fiscales facturados por los proveedores, y por la otra, impugnar los créditos fiscales atribuibles sin fundamentación legal alguna y mediante un procedimiento totalmente atípico en la especie. Asegura que la anomalía de los actos atacados es evidente, no mencionándose en los actos que recurre cual fue el procedimiento seguido ni cuál es el remedio defensivo con el que cuenta el contribuyente para impugnarlo. Explica que, encontrándose firmes las resoluciones que conformaron la existencia de los créditos fiscales vinculados a la operación de exportación atento haberse verificado la procedencia de los mismos, estamos frente a un procedimiento de determinación de diferencias en el Impuesto al Valor Agregado sin seguirse el procedimiento de determinación de oficio legalmente establecido.
Agrega que las resoluciones recurridas carecen de fundamentación suficiente, pues no surge de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, ni de la documentación obrante en sede de la empresa, ni de los informes efectuados por los funcionarios fiscales que actuaron en el análisis de los reintegros por exportaciones, cuáles serían los motivos de la impugnación de los créditos fiscales.
Por todo ello, solicita se declare la nulidad de las resoluciones en crisis.
En subsidio, y para el improbable caso de que no prospere el planteo de nulidad que propone, presenta agravios en contra de la pretensión fiscal. Ello así, sostiene que no existe precepto alguno en la ley de IVA que subordine el derecho a la restitución del crédito fiscal del exportador al cumplimiento de las obligaciones sustantivas por parte de los terceros con los que la firma operó, y cita jurisprudencia que sustentaría su defensa. Añade que, en ningún momento, se cuestionó la veracidad de las operaciones, la forma de pago de las mismas, la efectiva retención de los impuestos hacia los proveedores y el traslado y entrega de la mercadería; y que, inesperadamente, se procedió a efectuar la determinación de oficio debido a la inclusión en la base E-APOC de los sujetos con los que había concretado las operaciones que se le impugnan, haciendo hincapié en que aquella inclusión fue dispuesta mucho tiempo después de la celebración de aquellas. Al respecto, destaca que mal puede ponerse en cabeza de la empresa la obligación de controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de terceros.
Cita jurisprudencia y doctrina, agrega prueba documental y ofrece pruebas informativas y pericial contable. Hace reserva del Caso Federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 286/310 la representación fiscal contesta el recurso.
En primer lugar, opone como de previo y especial pronunciamiento, excepción de incompetencia en razón de la materia, por tratarse de un acto vinculado con solicitud de devolución de IVA –crédito fiscal- atribuibles a operaciones de exportación.
En subsidio, y para el improbable caso de que este Tribunal no acogiera la excepción solicita la confirmación de las notas de comunicación de rechazo de las devoluciones intentadas por el contribuyente, con costas. En efecto, rechaza el planteo de nulidad y los agravios de fondo intentados por la recurrente, y sostiene que el organismo fiscal no ha vulnerado el derecho de defensa ni debido proceso, toda vez que ha respetado el procedimiento previo establecido en la ley y las comunicaciones han sido dictadas con el debido fundamento.
Cita jurisprudencia, agrega los antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la apelante. Hace reserva del Caso Federal y solicita se confirmen los actos en pugna, con costas.
III. Que en atención a la excepción interpuesta por la demandada, a fs. 312 se confiere traslado a la actora de la misma, obrando a fs. 315/321 su contestación.
Que seguidamente, a fs. 322 se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “B” para el tratamiento de la cuestión previa, obrando agregada a fs. 327/329 sentencia mediante la cual este Tribunal se declaró incompetente para conocer en la presente causa.
Que a fs. 330 la parte actora apela el referido pronunciamiento y expresó agravios a fs. 335/340, contestando los mismos la demandada a fs. 353/359.
Que a fs. 365 se elevaron los autos a conocimiento de la Alzada, la que emitió sentencia la Excma. Cámara el 17 de agosto de 2017 (vide fs. 383/383vta.) revocando el pronunciamiento.
Que devueltas las actuaciones a este Tribunal, a fs. 389 se ordenó abrir la causa a prueba, ordenándose la producción de las probanzas ofrecidas por la actora.
Seguidamente a fs. 400, se dió por decaído en derecho de la actora a producir las pruebas ordenadas oportunamente.
Que visto el estado de autos, a fs. ----- se elevan a conocimiento de la Sala “B” y a fs. ---- se ponen para el dictado de sentencia.
IV. Que en primer término, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por los cuales sostiene que los actos recurridos carecen de los requisitos esenciales del acto administrativo como ser motivación y causa, además de vicios del procedimiento.
Que al respecto, cabe advertir que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que teniendo en consideración lo estrictamente formal, los actos recurridos en autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Debe señalarse que los requisitos intrínsecos del acto administrativo recurrido en autos deben analizarse a la luz de las previsiones de la Resolución General Nº 2000/06, sus modificatorias y complementarias, en cuyo marco ha sido dictado.
Dicha resolución general establece las condiciones, requisitos, plazos y formalidades que deben observar los exportadores y otros responsables, a fin de poder solicitar el reintegro del gravamen atribuible a operaciones de exportación y a las actividades u operaciones que reciban igual tratamiento.
En este orden de ideas, cabe destacar que la Resolución General Nº 2000/06 (AFIP), en su artículo 24, dispone que " El juez administrativo procederá a detraer los montos correspondientes de los importes consignados en la solicitud, cuando: a) Surjan inconsistencias como resultado de los controles informáticos sistematizados, a partir de los cuales se observen situaciones donde: 3. Los proveedores informados integren la base de contribuyentes no confiables.4. Se compruebe la falta de verosimilitud de las facturas o documentos equivalentes que respaldan el pedido...”
De ello se desprende que en el caso, el Fisco Nacional ha seguido el procedimiento fijado a efectos del dictado de los actos recurridos en autos, lo cual tal como lo expresara la Alzada en su pronunciamiento de fs. 383/383vta, no obsta a que los actos dictados sean igualmente revisables en sede de este Tribunal.
Por otra parte, cabe señalar que en el caso bajo análisis, la apelante omitió toda referencia a las defensas que se habría visto imposibilitada de esgrimir y es por ello que no procede declarar la nulidad planteada, puesto que las formas procesales han sido creadas para garantizar los derechos de las partes y no son formalidades sacramentales cuyo incumplimiento lleva inexorablemente implícita la sanción de nulidad. Ello equivaldría a declarar la nulidad por la nulidad misma, socavando el interés de los litigantes y la recta administración de justicia (en tal sentido, esta Sala in re "COMBUSTIBLES ARGENTINA S.A. s/recurso de apelación", Expediente N° 20.661-I, sentencia del 7 de junio de 2013).
Por último, debe tenerse presente que la disconformidad de la apelante con la forma en que resolviera el juez administrativo, es una circunstancia que hace al fondo mismo de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal y excede el marco de la nulidad planteada.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad incoado, sin costas. Ello así, habida cuenta de que si bien fue planteado como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, no se le ha otorgado dicho tratamiento y además se advierte que el planteo perseguía la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo... En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que entrando al análisis del fondo de la cuestión traída a decisión de este Tribunal, surge del Informe final de investigación (obrante a fs. 61/70 del Actuación Nro. 10925-987-2012, Cuerpo con copias certificadas de inspección ALL FOOD S.A.) que “El presente cargo se basa en el INFORME DE INVESTIGACIÓN de fs. 92 a 98 del cuerpo de antecedentes y con origen en la Nota N° 1324/10 (DV FI 3 PAL) por la cual la Dirección Regional Palermo División Fiscalización N° 3 remite informe por el cual se pone en conocimiento a esta Regional que el contribuyente ALL FOOD S.A, exportador inscripto en Agencia N° 68, ha efectuado operaciones de compra con la firma CONFINAGRO S.R.L, incluida en la base eapoc, bajo la condición SIN CAPACIDAD ECONOMICA.
Habiendo efectuado la consulta al Sistema Efisco, opción cruce Citi Compras, E-Apoc y cruce Sicore – E-APOC, se obtuvo como resultado operaciones con proveedores observados de la contribuyente en los periodos 01/2005 a 12/2009; asimismo, debiéndose observar que parte de las operaciones pudieron estar incluidas en las solicitudes de reintegro de crédito fiscal de IVA por exportaciones RG 2000/06. A continuación se transcribe detalle de proveedores incluidos en la base e-apoc: SOTO VICTOR HUGO, OPEGRA SOCIEDAD ANONIMA, CONFINAGRO SRL, HEREDIA RAUL OSCAR, CINGOLANI MIGUEL ANGEL, AGRO NUEVO CEREALES S.A., COMITUR S.A., MIDAL SRL, TORRES LUIS ALBERTO. Todo ello fue motivo que se generara el cargo por los Impuestos al Valor Agregado 08/2006 a 11/2009- 01/2010 y 12/2010 (…)
Que en efecto, corresponde indicar que forman parte de los antecedentes de la causa cada uno de los legajos de investigación de los proveedores observados, en los cuales se detallan las labores de la auditoría fiscal que llevaron a darlos de bajo del Registro de Operadores de Granos e incluirlos en la base E-APOC del Fisco, en atención a la serie de irregularidades detectadas en cada uno de ellos:
(i) OPEGRA S.A. (vide Actuación Nro. 10925-987-2012/1 “Cuerpo con pantallas de OPEGRA S.A”) se caracterizó a la contribuyente como una “usina única actividad venta de facturas” y “sin capacidad económica” indicándose su inclusión en la base de datos E-apoc, pues:
- Se cursaron requerimientos a la contribuyente en su domicilio fiscal, sin que sean contestados. Que en fecha 07/05/2009 se concurrió nuevamente al referido domicilio siendo atendidos por una persona de sexo masculino que no se identificó e indicó verbalmente “que en dicho domicilio funciona el Estudio contable del Dr. Malata y que la empresa Opegra S.A es cliente de dicho estudio…”, labrándose el acta F. 8400 023 N° 0161745. - Se procedió a consultar acerca de los domicilios alternativos de la contribuyente y se dejó constancia de que de los sistemas del organismo no surgen otros domicilios. Ante tal situación, se visitaron los domicilios de los integrantes de la sociedad, informándose que en fecha 07/05/2009 se visitó el domicilio fiscal perteneciente al Presidente de la rubrada el Sr. Julio Felipe Polleri, siendo atendidos por persona de sexo femenino que no se identificó y manifiesta verbalmente “que desconoce al Sr. Polleri y que ella alquila el departamento a través de una inmobiliaria desconociendo al propietario del inmueble”, labrándose acta en F. 8400 023 N° 0161746. Luego, en fecha con fecha 08-05-09, se visitó el domicilio alternativo del Presidente de la sociedad, ubicado en Ayacucho 1477 51 piso dpto "A" de la CABA., no habiéndose localizado al mismo. Posteriormente, se consultó al encargado del edificio, quien se negó identificarse y manifestó verbalmente que el Sr. Polleri se mudó aproximadamente hace dos años y que desconoce su actual domicilio, labrándose acta F. 8400 023 Nº 0161750. -De la consulta a la base E-Fisco de esta Administración, surgió que no poseía automotores de ninguna naturaleza, tampoco Propiedades que conformen su patrimonio.
-En lo relativo a las cuentas bancarias, la información se obtuvo del sistema E-fisco que indicaba que posee cinco cuentas bancarias: 1) Caja de Ahorro N° 04250141001 del Banco Itau Argentina SA cuyo primer mes informado es 11/2005, mientras que el último mes informado es 12/2007, sin movimiento y un saldo de cuenta de $0,00; 2) Caja de Ahorro N° 80160205395 del Nuevo Banco Suquia SA. cuyo primer mes informado es 05/2004, mientras que el último mes informado es 09/2007. 3) Cuenta Corriente Especial para Personas Jurídicas Sin Interés N° 04250141001 del Banco Itau Argentina SA. cuyo primer mes informado es 12/2006, mientras que el último mes informado 08/2009, con un saldo de cuenta de $25.526,00; 4) Cuenta Fondo Desempleo Trabajadores de la Industria de la Construcción N° 00975009716 del Banco de Galicia y Buenos Aires SA. cuyo primer mes informado es 02/2006, mientras que el último mes informado es 10/2006, sin movimiento y un saldo de cuenta de $0,00; 5) Cuenta Corriente Sin Interés N° 00000205395 del Banco Macro SA. cuyo primer mes informado 10/2007, mientras que el último mes informado 11/2008, y con un saldo de cuenta de $0,00.
- Se deja constancia de que, ante la falta de contestación de los requerimientos cursados, no pudo obtenerse información con respecto a proveedores con los que operó, ni los bienes o servicios que se le prestaron ni el efectivo ejercicio de la actividad que lleva a cabo;
En razón de ello, se concluye en que la investigada no cuenta con capacidad económica y reviste las características de una empresa inscripta al solo efecto de facturar crédito no legítimo, dictaminándose la conveniencia de incluirla en la base E-apoc del Fisco Nacional.
(ii) CONFINAGRO S.R.L (vide actuación Nro. 10925-987-2012/3 “Cuerpo con pantallas CONFINAGRO S.R.L) se deja constancia de que el origen de la inspección radica en la Nota Nro. 775/07 ( DI ANFE) del 16/04/2007 en la que se menciona que “… a raíz del seguimiento permanente que efectua la Dirección de Análisis de Fiscalización especializada, se observa para la contribuyente del asunto, y según surge de las bases de datos que no efectua las retenciones de ganancias, lo que encuadraría dentro de la definición de ‘incorrecta conducta fiscal’, establecida por el art. 39 de la mencionada RG 1394/02 y sus modificatorias…”, asimismo se destaca que “Confinagro S.R.L tiene como proveedor a un operador ‘observado’ (se presume que sería una figura creada a efectos de blanquear operaciones marginales de granos) como lo es el contribuyente Madagro SRL (CUIT 30-70812469-5) de baja del Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas el 01/10/2003)”.-
-Se dejó constancia de que la verificada no pudo ser localizada en su domicilio fiscal, como así tampoco en el domicilio alternativo que surge del Padrón general de contribuyentes.
-Asimismo, la Sra. Graciela Noemi Acuña (CUIT 27-24204464-4), accionista de la firma, tampoco pudo ser contactada, habiendo incumplido con una serie de requerimientos cursados. Respecto a ella, se indicó que se encuentra inscripta en la categoría “A” del Monotributo y realizó durante el año 2007 compra-venta de divisas por un total de $2.160.571,00; agregándose que no posee propiedades ni tampoco acreditaciones bancarias por más de $8000 mensuales.
- Se informó que de las bases obrantes en el organismo surge que los montos por acreditaciones bancarias son muy superiores a los ingresos informados en la respectiva declaración jurada del periodo 2007.
- Presentó DDJJ de IVA informando débitos y créditos fiscales elevados, pero con una relación DF/CF igual o similar a 1. Se registra un único pago de $249,92 para todo el año 2006.
-No posee bienes registrables.
-Las retenciones practicadas en los periodos 2006 y 2007, por el Impuesto al Valor Agregado son realizadas a la firma MADAGRO S.R.L quien figura en la base E-apoc, en condición “sin capacidad económica” con fiscalización terminada –fecha de detección 03/04/2006.
-Desde diciembre de 2005 a Diciembre de 2006, la contribuyente declaró un solo empleado. Ya en el año 2007, no consignó ningun empleado.
-Visualizadas las DDJJ de IVA correspondientes a los periodos bajo analisis, se observaron pocos movimientos hasta el mes de agosto 2006 en que surgen créditos y debitos significativos y por montos similares. En ningún caso se determina saldo a ingresar, y en diciembre de 2007 arrastra un saldo de libre disponibilidad por un monto de $ 346.078,86.
-Respecto al Impuesto a las Ganancias, se constató la presentación de las DDJJ de los años 2006 y 2007, las cuales arrojaban un saldo a favor de la verificada por los montos de $76.593,70 y $ 42.916,72, respectivamente. -En cuanto a los medios de pagos, se observaron mecanismos que no cumplen con los lineamientos dispuestos por la ley Nº 25.345.
-Se dejó constancia de que la información relevada surge de los sistemas del organismo y de la remitida por los proveedores con los que operó, ello así ante la falta de respuestas a los sucesivos requerimientos y sin haber localizado a la empresa, se labró la pertinente acta de infracción.
Que en virtud de lo auditado, se deja constancia de que se trata de un contribuyente con resistencia a la fiscalización, y se concluye que se trata que no demuestra capacidad económica suficiente para realizar las prestaciones de servicios que ha facturado, ni cuenta con bienes que permitan presuponer que posee capacidad para prestar el servicio de venta al por mayor en comisión o consignación de cereales.
(iii) COMITUR S.A. (vide fs. 06/13 de la actuación Nro. 10925-987-2012/7 – Cpo. con pantallas de Comitur S.A.) se indica que la investigación tiene su origen en razón de lo informado por la Dirección Regional de Santa Fe como posible empresa dedicada al blanqueo de cereales adquiridos en el mercado marginal, dejándose constancia de que:
-La firma fue suspendida del Registro de Operadores de Granos, sugiriéndose su exclusión definitiva por su inconducta fiscal, toda vez que no actuó como agente de retención, efectuó un uso indebido de cartas de porte que le fueron autorizadas como acopiador consignatario y registra numerosas operaciones con un serie de proveedores que se encuentran incluidos en la base E-apoc.
-No registra bienes de su titularidad.
-Se informaron acreditaciones bancarias en los periodos fiscales 2009, 2010 y 2011 por montos significativos que ascienden a $436.895, $29.819987 y $38.333.246, respectivamente.
-Luego de varias visitas al domicilio fiscal declarado, se constató que se trataba del domicilio del Cr. Norberto Antonio Festenese (CUIT 20-07671615-4), quien declara como actividad principal la de Servicios de Contabilidad y Teneduría de Libros, Auditoria y Asesoría Fiscal (CIU 7 41.200). Se destacó que el sujeto se encuentra incluido en la Base E-Apoc del organismo por falta de capacidad operativa, y nunca fue localizado en el mismo. Se cursó Nota a la administración del Consorcio Propietarios Perú 84 CUIT 30-5341955-2, requiriendo sobre la Unidad ubicada en piso 2, puerta 30 del edificio en cuestión, datos del propietario incluyendo domicilio y teléfono de contacto, no habiendo recibido respuesta a la fecha.
-Se visitó el domicilio legal sito en la calle Constitución 1717, piso 9no., departamento "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio coincidente con domicilio el fiscal de Moisés Kástica, accionista y presidente de Comitur S.A., al que se concurrió el día 30/08/2010, en dos oportunidades, labrándose sendas actas con Moisés Kástica y su conviviente; ésta última manifestó que Kástika era jubilado percibiendo el haber mínimo, que su actividad era la de vendedor en forma particular, que no es una persona de recursos y que no posee bienes, ni propiedades ni participación en ninguna empresa y que habita en ese domicilio, que es una casa particular de su titularidad.
Que ese mismo día, se realiza una nueva visita, en esta oportunidad se labró Acta Nº 71000201021344601-4701- 3501 en la que Kástica manifestó: que se ha jubilado en el año 2007 aproximadamente, que realiza trámites variados para distintas personas por lo cual recibe un importe de $ 2.000, que presta servicios en el estudio contable de Alejandro Gerding en la calle Arturo Jauretche 654, departamento Nº 3 de la localidad de Guernica y que con anterioridad concurría a la calle Manuela Pedraza 58, que se entrevistaba con Alejandro Gerding en un bar cercano a la AFIP en donde le firmaba todo lo que le pedían, que cumplió con el rol de accionista y presidente de Comitur S.A. pero sólo firmaba como tal en un bar de Salta y Perón, que siempre trató con Alejandro Gerding. Que siendo consultado acerca del movimiento comercial de la firma, sus clientes y proveedores, la existencia de una planta de acopio, los empleados, el domicilio de la administración de la firma Comitur S.A. y sobre su conocimiento de Silvio Gáspero, el otro socio de Comitur S.A., así como sobre el movimiento de fondos de la sociedad manifiestó: que no recordaba proveedores o clientes pues todo estaba en contaduría y aclaró que nunca tuvo trato directo con aquellos, que tiene conocimiento de que la firma alquilaba una planta de acopio en la Provincia de la Pampa por haber concurrido a la misma aproximadamente en el año 2007/2008, que el movimiento comercial lo desconocía, que no conocía el movimiento real de la empresa, sólo conoce los trámites frente a la AFIP, que cree que la firma tenía tres o cuatro empleados, que el domicilio de la administración era el del estudio contable de Alejandro Gerding, que conoce a Silvio Gáspero por haberlo visto en varias oportunidades, y que sabe que vive en Córdoba; que respecto del movimiento de fondos, en algunos casos firmaba las chequeras en blanco y en otros, firmaba los cheques ya cubiertos por la administración. Según información de las bases informáticas del Organismo, Moisés Kástica ha efectuado presentaciones de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y SICORE Retenciones y/o Percepciones, todas sin movimiento, no registrándose pagos por concepto alguno y no habiendo efectuado ni sufrido retenciones de la firma de la cual es integrante. Asimismo, se pudo observar que no posee Inmuebles, y únicamente se informa un automóvil, marca Ford Escort, año de fabricación 1995.
-Que respecto al accionista Silvio Gáspero, según la información obrante en los sistemas informáticos del Organismo surge que ha efectuado declaraciones juradas en el Impuesto a las Ganancias, del IVA y del Impuesto sobre los Bienes Personales, no registrándose pagos por ningún concepto desde el año 2007 a la fecha de la auditoria.
El 02/09/2010 se concurrió a su domicilio fiscal sito en la calle Combate de los pozos 625, piso 6to., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a esa fecha era el domicilio fiscal de la firma. En esa oportunidad, los actuantes fueron atendidos por Jorge Miguel Oller, DNI 12.613. 724, en su carácter de presidente de la firma Explotación y Consultoría Pecuaria S.A., labrándose Actas Nº 7100020102165181-2101-1901 en la que manifiestó desconocer a la firma COMITUR y al Sr. Gáspero.
Con fecha 07/09/2010 se concurrió al domicilio alternativo del Sr. Gáspero, informado como tal en las bases del Organismo, sito en la calle San Martín 1151 de la localidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, siendo atendidos por Carlos Eduardo Centeno, DNI 6.657.239 y labrándose Acta Nº 71000201022587501 en la que el sujeto manifestó que era inquilino del local ubicado en dicho domicilio, que el local donde desarrollaba su actividad era de propiedad de Jorge Char (quien figura como empleado de Comitur S.A), que alquilaba el frente derecho de la propiedad mientras que el frente izquierdo y fondo era alquilado por Silvio Gáspero, quien desarrollaba la actividad de servicios de salones de baile.
Asimismo se visitó en Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el domicilio de la calle Constitución 934, piso 2do, oficina 6, por tratarse de otro domicilio alternativo de Silvio Gáspero, con resultado negativo. -Se indica que la firma COMITUR informó en oportunidad de ingresar al Registro Fiscal de Operadores de Granos que contaba con una planta de acopio ubicada en la localidad de Alpachiri, provincia de La Pampa, arrendada desde el 07/02/2009 hasta el 06/02/2010 según contrato suscripto con la firma NOVICK INSAUSTI S.A.
Atento a ello, se concurrió al domicilio de la calle Ortiz de Ocampo 2635, piso 2do., departamento D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio fiscal de la firma Novick lnsausti S.A cuyo representante manifestó que si bien posee una planta de silos ubicada en la localidad de Alpachiri, Provincia de La Pampa la misma estaba fuera de funcionamiento y que con la firma Comitur S.A. mantuvieron conversaciones sobre la posibilidad de alquilar la planta, lo que no se concretó.
Por otro, lado los actuantes concurrieron el 15/12/2010 a la localidad de Alpachiri, Provincia de La Pampa, a la planta situada en la calle Malvinas Argentina sin número, en la que observan una Planta de silos en cuyo frente luce un cartel que dice "Novich lnsausti SAAIC Cereales", labrándose acta con quien se identificó como empleado de la citada empresa, el Sr. Manuel Alfredo Cuadrado Libreta de Enrolamiento Nº 7.369.564 que dijo desarrollar tareas de cuidador, y manifestó por Acta Nº 071000201044671001 que la planta se encuentra inactiva desde el mes de Agosto del año 2008, en el momento que cesó la locación que poseía con la firma Trimag S.A.; manifestó asimismo que la planta actualmente se encuentra en venta o en alquiler, que no conoce a la firma Comitur S.A., que no tenía conocimiento que dicha firma haya operado la planta. Posteriormente, se confirmó de las bases del organismo que Manuel Alfredo Cuadrado se encuentra efectivamente en relación de dependencia con la firma Novich lnsausti SAAIC.
-Con respecto a las cuentas bancarias, se circularizó a las entidades con las que operó según información surgida del sistema del organismo. De las respuestas emitidas por el Banco Santander Rio se constató que las acreditaciones en la cuenta provienen de los clientes (usuarios) y que el dinero era retirado en efectivo con cheques de caja.
En razón de la auditoria efectuada, conforme las inconsistencias e irregularidades descriptas y tantas otras que se detallaron, se sugiere su inclusión en la base E-Apoc por carecer de capacidad económica y operativa. (iii) AGRO NUEVO CEREALES S.A (vide fs. 03/17 de la actuación Nro. 10924-987-2012/6 del Cpo. con pantallas de Agro Nuevo Cereales S.A ) se deja constancia de que:
-Las actuaciones se originan a raíz de la detección de inconsistencias a propósito de sus operaciones en el marco del Registro de Operadores de Granos.
-Se deja constancia de que se visitaron todos los domicilios fiscales informados como así también los correspondientes a sus autoridades, haciéndose hincapié que en el transcurso de la investigación la firma efectúa cambios sin que sea posible ubicarla.
-Se le cursaron sucesivos requerimientos que fueron contestados parcialmente y que de ellos surge que se trata de un contribuyente con domicilio fiscal inexistente o incorrecto, que tiene resistencia pasiva a la fiscalización, que la realidad económica, en virtud de los relevamientos de la información recepcionada como asimismo la que surge de los sistemas del organismo, indican que la actividad efectivamente desarrollada no se corresponde con el comercio de granos, teniendo en cuenta las dificultades informadas que impiden conocerla e realidad. -Se presume que ha desarrollado maniobras para apropiarse del IVA -en la cadena de comercialización de granosconsistente en la utilización de contratos apócrifos de arrendamiento de inmuebles rurales y/o alquiler de plantas de acopio, por parte de determinados sujetos o sociedades especialmente creadas a los fines de ser incorporado en el Registro de Operadores de Granos.
- Se deja informado que la verificada nunca ha exhibido documentación alguna, que solicitó permanentes prórrogas, que declaró personal en relación de dependencia solamente en los períodos 12/05 y 01/10 en adelante, que no se ha podido localizar el asiento de sus operaciones, habiéndose visitado todos los domicilios como se explicó mas arriba; que registra permanentes cambios de domicilio, siendo el ultimo verificado una casa de familia, del cual no se exhibió contrato de locación. No se ha podido examinar libros legales y de comercio como tampoco documentación respaldatoria de ningún tipo, atento las denuncias efectuadas por robo y los reiterados pedidos de prórroga; registra reiterados cambios de autoridades; se constata la celebración de Contratos de Venta de Cereales a Futuro con empresas cuyos apoderados no existen en la base de datos del organismo. Se concluyó que, teniendo en miras lo establecido en la Instrucción General Nº 748/2005 (DI PYNF) y lo detectado durante la verificación practicada se podría inferir que la contribuyente se hallaría encuadrada en el punto 2.2.10 "Con irregularidades en la cadena de comercialización", que corresponden a los intermediarios que blanquean operaciones de compra y por lo general, carecen de valor agregado en función de las ventas registradas. No poseen capacidad financiera y económica.
Como consecuencia de lo descripto anteriormente, se solicitó además que se le efectúe "marca en sistema reproweb, bloqueo de visualización de certificado de Inscripción por Internet y bloqueo en el sistema de emisión de nuevas solicitudes de facturas".
(iv) RAUL OSCAR HEREDIA (vide fs. 03/10 de la actuación Nro. 10925-987-2012/2 Cpo. con pantallas de Heredia Raúl Oscar) se informa que el origen del cargo se encuentra en el Operativo Soja 2007, considerando las inconductas fiscales que surgen de hechos acaecidos con posterioridad a la medida cautelar interpuesta por el verificado, con el fin de evaluar la continuidad o no en el Registro de Operadores de Granos.
En ese marco, se informa que se denegó la ampliación de plazos solicitada por el contribuyente en la nota de fecha 18/05/2007, otorgándoles un plazo único de 3 (tres) días. Se deja constancia de que se abrieron dos órdenes de intervención al contribuyente en el transcurso de las cuales lo visitaron en cinco oportunidades y nunca se encontró siquiera el local abierto y que nunca aportó documentación alguna, manteniéndose su exclusión del registro.
(v) MIGUEL ANGEL CINGOLANI (vide fs. 03/24 de la actuación Nro. 10925-987-2012/5 Cpo. con pantallas de Cingolani Miguel Ángel) del informe efectuado se concluye que el contribuyente no posee la capacidad operativa para desarrollar la actividad que declara, por lo que no puede generar el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, siendo los aspectos más importantes que permitieron arribar a tal conclusión, los siguientes:
- Si bien ante la AFIP se inscribe en la actividad como PRODUCTOR (Cultivo de Soja y Cultivo dd Girasol) y como VENTA AL POR MAYOR EN COMISION O CONSIGNACION DE CEREALES, ante el ONCA solamente esta dado de alta como PRODUCTOR - Las operaciones con el fiscalizado TORRES en el período Diciembre/2008 a Abril/2009, están respaldadas con liquidaciones C1116 C y B, lo cual indica que CINGOLANI actuó como PRODUCTOR.
- De las consultas efectuadas en la BASE E- FISCO no consta que posea Inmuebles Rurales propios. -No ha podido demostrar que posee campos arrendados, ya que si bien aporta cuatro (4) contratos de arrendamientos, realizadas las tareas investigativas de los mismos, se desprende claramente que dichos contratos no son reales. En consecuencia, no ha podido demostrar su capacidad de poder producir granos para comercializarlos.
- En el supuesto que los hubiera adquirido, inclusive a RE NARCISO, titular de las cartas de porte, debería haber practicado retenciones de IVA y de GANANCIAS. De la consulta de las bases E-fisco surge que ha presentado una sola declaración jurada del SICORE, correspondiente a octubre/2008 en la cual informa que únicamente ha practicado retenciones a Mariela Eva PETRACCA (CUIT Nº 27-27038444-2), la que se encuentra incluida en la Base E-APOC.
(vi) LUIS ALBERTO TORRES (vide fs. 03/72 de la actuación Nro. 10925-987-2012/4 Cpo. con pantallas de Torres Luis Alberto) se indica que como resultado de la auditoría llevada adelante se llegó a la conclusión de que en el periodo 07/2005 a febrero/2008 el contribuyente no tuvo la capacidad económica para realizar la operatoria respaldada con liquidaciones de compra en comisión al proveedor apócrifo CENTRO CEREALES S.A. y su posterior venta a distintos exportadores, todas a través del corredor DIAZ RIGANTI CEREALES S.R.L como así tampoco se corresponden con la operatoria normal y habitual que tiene en periodos fiscales anteriores. Respecto de las operaciones con el resto de los proveedores apócrifos, no son relevantes en comparación con las de CENTRO DE CEREALES S.A y no existirían elementos que permitan demostrar que forman parte de un mismo modus operandi.
En consecuencia, no se determina una deuda al fiscalizado por cuanto se incluyen los antecedentes de esta fiscalización como anexo de la Orden de Intervención Nro. 399350 bajo la cual se elevan las actuaciones para el mismo sea incluido en la Base APOC, de acuerdo con la Instrucción General Nro. 748/2005 (DI PYNF) puntos 2.2.10 – con irregularidades en la cadena de comercialización, sin perjuicio de efectuarle denuncia penal que corresponda por su participación en la maniobra, todo ello sustentado en las serias irregularidades detectadas en su conducta fiscal con respecto al grueso de las operaciones cumplidas con un sinnúmero de proveedores caracterizados como apócrifos por la administración tributaria.
VI. Que en ese orden de razonamiento, es dable indicar que la impugnación de las operaciones con los proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia (concomitantemente) de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional y que determinaron la inclusión de todos ellos en la base E-APOC.
Que siendo en el presente contexto aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", cabe señalar que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores (no de su situación fiscal o la identidad definitiva del mismo) y acreditar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas o documentación equivalente de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud.
Que en esta inteligencia debe recordarse que esta Sala tiene dicho que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma Sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Que todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento dictado in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de esta Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/8/91), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....". En suma, corresponde al recurrente acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, por distintas vías, independientes de la identidad del presunto proveedor, circunstancia que la actora no ha demostrado, no habiendo aportado elementos de prueba que permitan evidenciar el circuito comercial desplegado para tener por existentes a las operaciones impugnadas.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores en las adquisiciones cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que efectuó la verificación aspectos formales de las operaciones impugnadas.
Que no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar razonablemente de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio o documentación equivalente que dé cuenta de que han proveído los bienes en cuestión, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando la impugnación del crédito fiscal en ellas consignados.
Que en efecto, teniendo en cuenta que en el presente caso se observa que, no obstante haberse ordenado la producción de las medidas probatorias ofrecidas por la actora, fue su propia negligencia la que dejo decaer su derecho, no obrando en autos probanzas que logren desvirtuar la tesis fiscal, debiendo por ello confirmarse los actos apelados, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Regístrese, notifíquese. Cumplido procédase a su impresión para ser agregada al expediente papel. Date: 2024.07.02 14:01:11 ART Date: 2024.07.03 14:37:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.07.03 15:09:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.07.03 15:10:44 -03:00
Fin de la sentencia