Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2023-49081966-APN-SGAI#TFN
I. Que mediante RE-2023-41528512-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 inciso b) de la Ley 11.683, contra la Resolución SEFI N° 826.451, dictada con fecha 13 de marzo de 2023 por la Jefa (int.) de la División Jurídica de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Dicha resolución fue dictada en el sumario DJCM N° 208/2023 imponiendo una multa de $ 895.289,82 por aplicación de los artículos 46 y 47 incisos a) y b) del citado texto legal, equivalente al doscientos por ciento (200%) del impuesto al valor agregado omitido correspondiente a los períodos fiscales 01/2017 a 05/2018, 07/2018 a 12/2018, 03/2019, 01/2020, 02/2020, 04/2020, 06/2020 a 08/2020, 10/2020, 11/2020, y 03/2021 a 05/2021.
Mediante RE-2023-41530556-APN-SGAI#TFN (en el marco del EX-2023-49081966- -APN-SGAI#TFN acumulado a las presentes actuaciones) recurre la Resolución SEFI N° 826.450, dictada con fecha 13 de marzo de 2023 por la Jefa (Int.) de la División Jurídica de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el sumario DJCM N° 209/2023 y por la que se impuso una multa en los términos de los artículos 46 y 47 incisos a) y b) del citado texto legal, en la suma de $ 156.536,38 equivalente al doscientos por ciento (200%) del Impuesto a las Ganancias omitido por los períodos fiscales 2017 y 2020.
Solicita que se revoquen los actos administrativos que recurre y se dejen sin efecto las multas aplicadas. En primer lugar, plantea la nulidad de las actuaciones por inexistencia de orden de fiscalización como antecedente necesario para la aplicación de una sanción, dado que su falta ha impedido al contribuyente tomar conocimiento de las cuestiones planteadas, resultando por ello nulo todo lo actuado.
Entiende que no se cumplió con el requisito del inciso b) del artículo 7 de la ley 19.549, según el cual el acto administrativo “deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable”, como así tampoco con el requisito del inciso d) del mismo artículo, en virtud del cual “antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico”.
Resalta que también se afectó indebidamente el derecho de la contribuyente al debido proceso adjetivo, reconocido en el inciso f) del artículo 1 de la ley de procedimientos administrativos.
Asimismo, plantea la improcedencia de las multas aplicadas toda vez que en las resoluciones no se ha considerado que la contribuyente se encontraba inscripta en el régimen de monotributo, el cual le permitía no presentar las declaraciones juradas de los impuestos. Describe que la señora María Elina Marciano cumplía regularmente con los pagos de dicho régimen. No obstante ello, por cuestiones de economía procesal resolvió presentar las declaraciones juradas dada su actividad de gerente de sociedad de responsabilidad limitada, sin haber actuado de manera dolosa en momento alguno, siendo por eso improcedente la aplicación del artículo 46 de la ley 11.683.
Manifiesta que a efectos de aplicar la sanción contemplada en el precepto aludido, el ente recaudador debe acreditar no solo la conducta omisiva sino también la conducta engañosa o maliciosa mediante hechos externos y concretos. Al respecto, la AFIP debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe ser cierto y no meramente probable o conjetural, debiendo ser unívoca la vinculación entre el soporte fáctico y el hecho presunto, sin margen razonable para una consecuencia distinta.
Entiende que no existiendo en estas actuaciones responsabilidad subjetiva no procede multa alguna, y corresponde que se revoquen los actos apelados, con costas.
Señala que para el caso improbable que, a pesar de lo expuesto, se considerara que corresponde confirmar las sanciones, solicita que se aplique el artículo 49 de la Ley No. 11.683 atento que el monto que originó las sanciones fue satisfecho sin necesidad que el Juez Administrativo haya tenido que dictar resolución determinativa de oficio, ni que se haya tenido que perseguir el cobro del mismo por la vía judicial. Detalla que el juez administrativo hace referencia a una causa del año 2013, por la cual no hace lugar a la solicitud efectuada oportunamente de reducción de la multa, al respecto indica que la referencia realizada, se encuentra claramente prescripta, por lo que no corresponde considerar a la misma como causal que impida la reducción de la sanción. Asimismo, hace notar que en las resoluciones sólo se hace referencia al supuesto antecedente, no habiendo aportado prueba, por lo que se encuentra en estado de indefensión y niega su existencia.
Agrega que es de aplicación el artículo 51 del Código Penal, que prevé que “…El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos… 3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción para las condenas a pena de multa o inhabilitación…”. Resulta claro por ello que el supuesto antecedente de 2013 invocado en las resoluciones no es aplicable para el cómputo de la sanción en las resoluciones recurridas. Finalmente, ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoquen los actos apelados y se dejen sin efecto las multas aplicadas, con costas.
II. El Fisco Nacional mediante IF-2023-88119309-APN-DTD#JGM e IF-2023-88120004-APN-DTD#JGM contesta los recursos y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En cuanto al planteo de nulidad de la actora señala que conforme luce del informe final del 03/02/2023 obrante a fojas 1 de las actuaciones sumariales, el contribuyente estuvo bajo verificación Nº 1346355. Así ello, señala que la actora no puede negar conocimiento de la citada verificación ya que conforme luce de fojas 03 de los antecedentes administrativos, la contribuyente, el 15/10/2021 dio respuesta al segundo requerimiento cursado, y el 28/10/2021 presentó las declaraciones juradas rectificativas conforme el ajuste propuesto (vide fojas 05). En ese orden de ideas, resalta que cuando señala que la falta de la correspondiente orden de intervención impidió el adecuado ejercicio de su derecho de defensa, se trata de una mera afirmación que contiene conceptos errados y situaciones fácticas inexistentes.
Soslaya hechos incontrastables que son haber contestado uno de los requerimientos cursados en el marco de la verificación iniciada; así como que conformó el ajuste de inspección “allanándose a la pretensión fiscal”. Conforme la teoría de los actos propios y en consonancia con los artículos 13, 70 y siguientes de la Ley Nº 11.683, la ahora apelante no puede desconocer las consecuencias que en materia sancionatoria acarrean su accionar.
Agrega que si la actora no estaba de acuerdo con las conclusiones arribadas por el Fisco Nacional respecto del ajuste que sustentó las sanciones, pudo no aceptar el ajuste y discutirlo en el marco del procedimiento de determinación de oficio.
En tercer lugar, señala que no hay lugar a dudas que pudo ejercer su derecho de defensa durante todo el procedimiento, en particular al momento de conferirle la vista del sumario, contestando con fecha 28/02/2023 que se allanaba a la pretensión fiscal (ver fojas 14 cuerpo sumarial).
Por todo ello, solicita se desestimen los agravios, rechazando el planteo de nulidad esgrimido por la actora, con costas.
En relación a los demás agravios de la actora, recuerda que la actividad de director o administrador de sociedades tributa al régimen de autónomos exclusivamente bajo el régimen general de autónomos del decreto 1866/2006 en tanto la actividad se encuentra excluida del Régimen Simplificado o “Monotributo” (Decreto Nro. 1/2010, artículo 4°).
El elemento objetivo del tipo sancionatorio se encuentra debidamente acreditado, atento que la recurrente presentó una declaración jurada original en cero (0), ocultando su realidad económica.
Por más que haya presentado una declaración jurada rectificativa, ello no la enerva de la sanción puesto que la declaración engañosa se tradujo en una detracción del tributo que debía ingresar la apelante oportunamente a las arcas fiscales; es decir, se produjo una merma injustificada en la recaudación de los impuestos, generada en la conducta desplegada por la actora. En síntesis concluye que el hecho de que un contribuyente rectifique sus declaraciones juradas en el marco de una fiscalización, no impide la configuración de una conducta dolosa anterior.
Agrega que la actora no ofrece prueba alguna para enervar el elemento subjetivo.
En efecto, para que sea viable el error excusable, éste debe ser probado, y como lo ha señalado la Corte, quien pretenda exculparse en el campo fiscal con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta (“Morixe Hnos. SACI” 20.08.96). Teniendo en cuenta las consideraciones, dice que la actora no ha acreditado la inexistencia de su accionar doloso, ni en el marco del procedimiento administrativo ni en esta instancia de apelación ante este Tribunal.
Sobre la reducción peticionada destaca que no procede en tanto la existencia de un antecedente firme -la Resolución Nº 1250/2013- y en lo que a la pretensa aplicación del artículo 51 del Código Penal, señala que prevalece la aplicación la ley especial, Ley N.º 11.683, sobre la general.
Por todo lo expuesto, solicita el rechazo de la nulidad impetrada, así como la confirmación en todas sus partes de las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que, previa intimación a las partes a los fines de que manifiesten si consideran que la audiencia prevista en el art. 173 de la ley 11.683 deviene inoficiosa mediante PV-2023-124865897-APN-VOCV#TFN, la representación fiscal ratifica su oposición respecto de las pruebas ofrecidas por la parte actora realizada al momento de contestar los recursos de apelación. Por su parte, la recurrente contesta el requerimiento, considerando que la citada audiencia deviene inoficiosa. Que habida cuenta lo manifestado por las partes y que sus argumentos respecto de los hechos sobre los que versa la presente causa y respecto de las medidas probatorias ofrecidas se encuentran debidamente desarrollados en los escritos de inicio y de responde producidos por la actora y la representación fiscal, respectivamente, como así también que la actora ha tenido la posibilidad de contestar la oposición formulada a la prueba por la representación fiscal; se concluye que de conformidad con la facultad establecida en el artículo 35 del Reglamento de Procedimiento (IF-2023-74067906-APN-TFN#MEC, publicado por Resolución TFN 91/2023 en el B.O. del 3/7/2023), la audiencia preliminar de prueba deviene inoficiosa y corresponde a este Tribunal se pronuncie respecto de la admisibilidad de las pruebas ofrecidas en autos, haciendo lugar a la oposición articulada por la representación fiscal a la producción de las medidas probatorias ofrecidas por su contraria, atento la improcedencia de la pericia contable por ésta última propuesta.
Finalmente, se hace saber a las partes que la presente causa y su acumulada serán resueltas con las constancias de autos y sus respectivas actuaciones administrativas.
A través de PV-2023-153310699-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y mediante IF-2024-18894548-APN-VOCV#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que, en principio, corresponde destacar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que con respecto a la nulidad planteada por la recurrente en base a una supuesta indefensión por la falta de una orden de intervención por parte del Fisco Nacional, corresponde adelantar que la misma no puede prosperar. En principio, cabe señalar que para que prospere la excepción de nulidad debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable.
Tal como expone reiterada jurisprudencia, “…para la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a una indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar…” (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica – AMET. C/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/Amparo”, CSJN, 05/10/1995, T. 324, P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 06/02/01, T.324, P.151; “Simijosky Juan c/E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. Y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 09/10/96, entre otros).
En el caso particular, el agravio consiste en la falta de notificación de la orden de intervención. En ese orden, cabe destacar que la Ley 27.430 modificó la Ley Nº 11.683 incorporando como art. 36.1 “A efectos de verificar y fiscalizar la situación fiscal de los contribuyentes y responsables, la Administración Federal de Ingresos Públicos librará orden de intervención. En la orden se indicará la fecha en que se dispone la medida, los funcionarios encargados del cometido, los datos del fiscalizado (nombre y apellido o razón social, Clave Única de Identificación Tributaria y domicilio fiscal) y los impuestos y períodos comprendidos en la fiscalización. La orden será suscripta por el funcionario competente, con carácter previo al inicio del procedimiento, y será notificada en forma fehaciente al contribuyente o responsable sujeto a fiscalización.
Toda ampliación de los términos de la orden de intervención deberá reunir los requisitos previstos en el presente artículo.
En los mismos términos, será notificada fehacientemente al contribuyente o responsable, la finalización de la fiscalización.
La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el procedimiento aplicable a las tareas de verificación y fiscalización que tuvieran origen en el libramiento de la orden de intervención. En el transcurso de la verificación y fiscalización y a instancia de la inspección actuante, los contribuyentes y responsables podrán rectificar las declaraciones juradas oportunamente presentadas, de acuerdo con los cargos y créditos que surgieren de ella. En tales casos; no quedarán inhibidas las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinar la materia imponible que en definitiva resulte.
El art. 36.2 agrega “Lo dispuesto en el artículo anterior no resultará de aplicación cuando se trate de medidas de urgencia y diligencias encomendadas al organismo recaudador en el marco del artículo 21 del Régimen Penal Tributario, requerimientos individuales, requerimientos a terceros en orden a informar sobre la situación de contribuyentes y responsables y actos de análoga naturaleza, bastando en estos casos con la mención del nombre y del cargo del funcionario a cargo de la requisitoria de que se trate”.
En el caso particular, surge de las actuaciones administrativas que la fiscalización se inicia con un requerimiento individual a la parte actora, la que ante ello decide conformar el ajuste fiscal y rectificar sus declaraciones juradas. Ello así, no caben dudas que la actora estaba en pleno conocimiento de lo que se le requería y el ajuste efectuado por lo que el actuar del organismo recaudador se entiende ajustado a derecho. En definitiva, más allá de sus afirmaciones no se advirten en el caso una violación al derecho de defensa o al debido proceso. En atención a lo señalado, no puede acogerse el planteo de nulidad articulado, correspondiendo su rechazo, sin costas en este caso en atención a lo dispuesto por el Máximo Tribunal en el fallo “Bolland”.
VI. Que, para entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde revisar los hechos constatados por la inspección actuante y expuestos en los antecedentes administrativos.
De las actuaciones administrativas surge que, el presente caso tuvo su origen en el Cargo de Verificación N° 1.346.355 efectuado por la Sección Verificaciones de la Agencia N° 8 de la Dirección Regional Centro atento que se procedió a la verificar la presentación de la declaración jurada en cero cuando por el período 2017 presentaban movimiento y la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de la declaración jurada del período 2020.
Que en consecuencia, la responsable rectificó y presentó, según correspondía, las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias -períodos bajo análisis-, conformando el criterio fiscal, hecho este que implicó un reconocimiento explícito de las irregularidades detectadas.
Que el contribuyente presenta defensa por el sistema de "Presentaciones digitales" el día 28/02/2023 en esta División Jurídica de la Dirección Regional Centro, se allana a la pretensión fiscal y solicita a su vez se gradúe la multa en el mínimo legal.
Cabe agregar que tal como surge de las actuaciones administrativas SEFI Nº826450 por Resolución del 03/02/2023 la Administración exime de sanción al contribuyente de autos por el período fiscal 2020 por la suma cancelada de ($37.123,94) en los términos de la Ley 27.541 (y modif.) quedando la base sancionatoria en la suma de $78.268,19 por el impuesto a las ganancias, período fiscal 2017.
En el impuesto al valor agregado también se verificó la presentación de las declaraciones juradas en cero cuando en los hechos presentaban movimiento, las cuales también son rectificadas.
VII. Que, corresponde así a este Tribunal resolver si se ajustan a derecho las multas aplicadas referente al Impuesto a las Ganancias 2017 -toda vez que el período 2020 fue eximido por el propio Fisco- e Impuesto al Valor Agregado 01/2017 a 05/2018, 07/2018 a 12/2018, 03/2019, 01/2020, 02/2020, 04/2020, 06/2020 a 08/2020, 10/2020, 11/2020, y 03/2021 a 05/2021, con sustento en el artículo 46 de la Ley N° 11.683, graduadas en 200% de los impuestos dejados de ingresar.
Ello así, cabe recordar que el art. 46 de la ley de rito, luego de la reforma introducida por la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017) dispone “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta seis (6) veces el importe del tributo evadido”.
Debe señalarse que no se encuentra controvertido en autos que la contribuyente, como consecuencia del procedimiento de fiscalización, presentó las declaraciones juradas relativas a los períodos en crisis del Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado en cero.
En efecto, en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, en atención a que fue, como consecuencia de la fiscalización efectuada, que la recurrente presentó las declaraciones juradas, que luego rectifica conforme los ajustes de la fiscalización, admitiéndose de esta forma la materialidad de la infracción.
Vale decir, previo a la fiscalización de referencia, la recurrente presentó declaraciones juradas inexactas y por tanto, no ingresó los gravámenes en su justa medida, en efecto tampoco cuestiona o argumenta en contrario. Corresponde agregar que la presentación de la declaración jurada original por parte de la contribuyente sin movimiento, sabiendo en forma fehaciente que posee base imponible para someter al gravamen, es decir, consciente de su incorrección y falsedad habilita a suponer -prima facie- la existencia de una actitud engañosa, toda vez que sus declaraciones juradas no revelan su verdadera situación impositiva, habiendo sido necesaria la intervención fiscal para que la actora declarara el impuesto que en realidad le correspondía, sin que la puesta a disposición del personal verificador de la documentación y libros respectivos ni la posterior presentación de declaraciones juradas rectificativas resulte suficiente para eximir de responsabilidad al contribuyente. Que así lo expuesto, cabe puntualizar que la sola rectificación de las Declaraciones Juradas no implica de por sí la aplicación directa de sanción, por considerar tal conducta como demostrativa de una voluntad previa de defraudar ni, por el contrario, pueda ser entendida como eximente de toda pena. Toda pretensión punitiva debe basarse en elementos de convicción lo suficientemente contundentes que justifiquen la aplicación de la sanción (en tal sentido, Sala "B" in re “ Barbaricca, Oscar A.”, sentencia del 1/11/2001).
No obstante, cabe advertir que la previsión legal contenida en el artículo 13 de la Ley Nº 11.683 señala que “la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad”.
Es preciso señalar la doctrina sentada por este Tribunal y la Sala “B” en particular, en distintas oportunidades, que expresa que la rectificación realizada luego de iniciado el proceso de fiscalización por parte del Organismo recaudador, podrá ser voluntaria, pero nunca espontánea (ver al respecto sentencia de la sala “D” in re “Nextell Corp. S.A. de fecha 31/10/2003 y, anteriormente, sentencia de esta Sala in re “Hector Castaggeroni y Cía”, sentencia del 20/11/02), donde se dijo que resulta dudoso calificar de espontánea a una rectificativa que incorpora con exactitud las observaciones de la inspección por lo que denota una aceptación conceptual de las impugnaciones formuladas y, a todo evento, destacar que tal circunstancia en nada enerva la operatividad de la previsión legal contenida en el artículo 13 de la ley de rito antes citado (cfr. “Banco de Balcarce Limitado, TFN, Sala “A”, 9/12/1997). Ver en tal sentido, sentencia de esta Sala “B”, “Establecimientos Faraón S.A.”, del 9/3/04. En definitiva, la presentación de las rectificativas no excusa su conducta de haber presentado las originales con una liquidación de impuesto que no se condice con la realidad de sus operaciones. Más aún con saldo 0 (cero), sabiendo fehacientemente que poseía base imponible para someter al gravamen, es decir, consciente de su incorrección y falsedad, pues lo único que logra el contribuyente con tal conducta es evitar una multa automática formal, como la prevista en el artículo 38, pero arriesgando ciertamente, en el futuro, la imposición de las sanciones materiales previstas en los artículos 45 y 46 todos de la ley 11.683, sin dudas mucho más gravosas que la primera.
Con relación a las multas por defraudación aplicadas, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. A efectos de facilitar la probanza de ese elemento subjetivo, el legislador estableció presunciones en el artículo 47 de la ley ritual, en las cuales a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos), se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Se vislumbra que el recurso interpuesto por la actora, sólo se agota en expresar meras afirmaciones dogmáticas, advirtiéndose que la recurrente no ha aportado prueba en esta instancia que derribe las presunciones legalmente establecidas.
En estas circunstancias, se considera adecuado el encuadre de la conducta de la actora en las presunciones previstas en los incisos a) y b) del citado artículo 47 de la ley procedimental y, ante la falta de prueba idónea en contrario, corresponde confirmar las sanciones impuestas con sustento en la figura dolosa del artículo 46 de la ley ritual, la que por otra parte aparece razonablemente graduada.
VIII. Que en cuanto a la pretendida aplicación de reducción o eximición previstas en el artículo 49 de la ley procedimental.
Cabe recordar que éste dispone “Si un contribuyente o responsable que no fuere reincidente en infracciones materiales regularizara su situación antes de que se le notifique una orden de intervención mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa, quedará exento de responsabilidad infraccional”.
Asimismo, el segundo párrafo del artículo 50.1 establece que “se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley, cometiera con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso”.
De los actos apelados y de las actuaciones administrativas (vide fs. 25 de los antecedentes administrativos IF- 2023-88084223-APN-DTD#JGM) surge que el contribuyente de autos presenta una multa firme por Resolución Nº 1250/2013 del día 25/02/2014 lo cual acredita su reincidencia impidiendo la aplicación de la citada norma correspondiendo confirmar los actos apelados en autos, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar los actos apelados en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.03.01 13:01:44 ART Date: 2024.03.01 13:12:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.01 13:54:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.01 13:54:56 -03:00
Fin de la sentencia