Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2020-10859688-APN-SGAI#TFN
I. Que a fs. 34/63 -en el marco del Expte. N° 47.016-I- se interpone recurso de apelación contra la Resolución 4/2016 (DV R1II), de fecha 16/6/2016, dictada por el Jefe (Int.) de División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Centro II por la que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2008 y 2009, con más sus intereses resarcitorios.
A fs. 348/381 -en el marco del Expte. N° 48.453-I- se interpone recurso de apelación contra la Resolución 123/2017 (DV MRRI), de fecha 30/11/2017, dictada por el Jefe (Int.) de División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Microcentro por la que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 con más sus intereses resarcitorios. A fs. 458/467vta -en el marco del Expte. N° 48.457-I- se interpone recurso de apelación contra la resolución 124/2017 (DV MRRI), de fecha 30/11/2017, dictada por el Jefe (Int.) de División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Microcentro por la que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta períodos fiscales 2012, 2013 y 2014.
A fs. 753/795 se interpone recurso de apelación en el Ex-2020-10859688-APN-SGAI#TFN contra la Resolución 166/2019 (DV R1II), de fecha 20/12/2019, dictada por el Jefe (Int.) de División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Centro II por la que se aplicó una multa en el Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2008 y 2009, con fundamento en el art. 45 de la Ley 11.683.
En primer lugar, indica que la presente controversia nace de la impugnación por AFIP de las diferencias de cambio computadas por TESA a los efectos del Impuesto a las Ganancias, a partir de la revaluación anual de los saldos impagos de préstamos contraídos en dólares con Companhia de Interconexao Energética (CIEN). Alega que (a) el Fisco no reparó en las innumerables circunstancias económico-financieras que impidieron a TESA cumplir regularmente con el pago de los préstamos, consecuencia de la crisis económica que sufrió Argentina, i.e. devaluación de la moneda nacional, régimen legal de emergencia pública, intervención del Estado en los contratos energéticos alterándolos sustancialmente, imposibilidad de llevar a cabo las prestaciones contractuales, "pesificación" de los contratos celebrados en dólares, etc. Particularmente dice que la AFIP omite completamente considerar la repercusión negativa que tuvo en la situación financiera de la Empresa la utilización de sus líneas de transporte para la importación de energía para abastecer el mercado local. Un “hecho del príncipe” que, por su gravedad, puso a TESA en la necesidad de renegociar los préstamos e incluso capitalizar parcialmente los intereses que devenga.
Afirma que los préstamos fueron concedidos por CIEN a TESA para la construcción de parte del sistema de conexión internacional de energía eléctrica entre Brasil y Argentina; (b) TESA como constructor, operador y a cargo del mantenimiento de esa obra iba a ser el concesionario en forma exclusiva —otorgada la concesión por el Estado Nacional- de tal servicio público; (c) la concesión exclusiva -por parte del Estado Nacional- del servicio público referido iba a ser remunerado por un canon a ser pagado a TESA por la iniciadora Comercializadora de Energía del Mercosur S.A. (CEMSA), y luego por los beneficiarios del sistema de transmisión, siendo este el único ingreso de TESA y generador de capacidad contributiva. Con el producido de este canon TESA iba a pagar sus préstamos con CIEN y, una vez cancelado y soportados los costos de mantenimiento y operación de la concesión exclusiva del sistema de conexión internacional Brasil-Argentina, podría TESA tener ciertas utilidades. Indica que las operaciones de exportación a Brasil celebradas entre CIEN y CEMSA —cuyo suministro se encuentra actualmente interrumpido- son las que dieron lugar a la celebración de los correspondientes Contratos de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contratos COM) de los Sistemas de Transporte de Energía de Interconexión Internacional con TESA. Menciona que es un negocio jurídico complejo, por lo que en la medida en que no se cumpliera con la puesta a disposición de la potencia con la entrega de energía cuando fuera convocada, las firmas brasileñas abonarían a CIEN los precios acordados, lo que la colocaría en una situación idéntica a CEMSA y Costanera (al no efectuar CIEN el pago del precio a estas últimas, estas tampoco dispondrían de fondos para el pago del canon a la recurrente).
Manifiesta que debería considerarse que a pesar del devengamiento contable practicado por TESA en sus balances, no existió renta gravable alguna, dada la incertidumbre causada por el propio Estado Nacional sobre los ingresos de la compañía. Así pues, dicha incertidumbre, considerada bajo el efecto del tiempo transcurrido -casi una década- revela que el álea a la que se ha sometido la percepción de ganancia alguna por parte de TESA obsta a cualquier tipo de devengamiento impositivo de renta. Ante ello, sostiene que deviene abstracta la discusión sobre la deducibilidad de las diferencias de cambio.
Señala que el Fisco hace un incorrecto encuadre de las transacciones celebradas entre TESA y CIEN, sugiriendo que los préstamos concertados en verdad constituyen aportes de capital. La pretendida interpretación de los mutuos a la luz del principio de realidad económica -a entender del Fisco- tiene su origen en la supuesta obtención de un beneficio con la simulación de mutuos.
Manifiesta que es inconsistente la aseveración del Fisco en cuanto a que en función del principio de realidad económica se desprende que el contribuyente pretendió hacer pasar aportes de capital por mutuos para valerse de la deducción de diferencias de cambio, en cuanto al tiempo de concertar los mutuos no había motivos para suponer la variación del mercado cambiario y las consecuentes deducciones por diferencias de cambio que ésta admitiría.
Afirma que las resoluciones determinativas rechazan, a partir del análisis de la conducta de las partes durante el transcurso de su relación jurídica, la deducción de las diferencias de cambio e intereses originados en los mutuos sobre la base de entender que el negocio se estructuró sobre figuras jurídicas inadecuadas.
Alega que ha probado que los fondos provenientes de los contratos de mutuo fueron destinados a solventar la construcción de obras de infraestructura atinentes a su actividad, por lo que una recta interpretación de los arts. 68, 80, 81 y 87 de la Ley del Impuesto a las Ganancias debe llevar a considerar admisible la deducción de intereses y diferencias de cambio efectuada por TESA. En contraste, el anormal cumplimiento de los contratos de mutuo (que reitera, fue generado por el difícil contexto económico vigente en ese entonces), no es considerado por los aludidos artículos como una causa válida para rechazar la deducción, por lo que corresponde revocar la postura fiscal en este aspecto.
Esgrime que el Fisco no ha controvertido, en momento alguno, la verificación de ambos elementos tipificantes en los acuerdos de mutuo celebrados por la Empresa y CIEN: (i) autorización de uso, cuya finalidad última estaba ordenada a la construcción de una obra de ingeniería para la prestación de un servicio público; y (ii) interés fijado como precio de la citada autorización de uso en los contratos de mutuo. Por su parte, en lo que concierne a los aportes de capital a cuenta de las futuras suscripciones de acciones, precisó que se trata de una transacción que no se hallaba regulada al momento de concertarse el mutuo bajo análisis, sin perjuicio de que este tipo de operaciones era corriente y plenamente aceptada. Aún careciendo de reglamentación específica, la doctrina coincidía en que se trataba de un aporte que quedaba encuadrado en el régimen de contribuciones dinerarias a la sociedad concebido en la Ley de Sociedades Comerciales.
Afirma que no hay una vocación de permanencia de los fondos en la sociedad, sino que por el contrario, los mismos fueron directamente aplicados a la construcción de una obra pública de ingeniería comprometida con el Estado Nacional, y al tiempo que no pudieron ser íntegramente devueltos fueron cancelados por medio de capitalizaciones -tal como prevé el artículo 18 de la LIG-. En segundo lugar, no fue objeto de las transacciones afrontar dificultades financieras; bien por el contrario, la Empresa contrató préstamos con CIEN para financiar la obra de ingeniería antes descripta. En tercer lugar, tampoco puede entenderse que el aportante tuvo intención de acceder o incrementar la participación social y gozar de eventuales beneficios de socio en tanto ya detentaba el 99% de las acciones de la Empresa y concertó el mutuo en condiciones de mercado.
Alega que conforme surge de la documentación acompañada por la recurrente en anteriores presentaciones, y que obran agregadas en las presentes actuaciones, TESA contabilizó los préstamos que ahora se analizan y el devengamiento de los intereses y las diferencias de cambio fueron contabilizados en forma corriente. A más de ello, TESA incluyó los préstamos de CIEN en las declaraciones de deuda presentadas oportunamente ante el BCRA, en los términos de la Comunicación "A" 3602. Asimismo señala que no sólo se fueron contabilizando los intereses y las diferencias de cambio, sino que al mismo tiempo TESA fue provisionando los intereses a cancelar, constituyendo la correspondiente provisión para ello, lo cual demuestra claramente que la deudora tenía voluntad de pago.
Señala que la pretensión del Fisco Nacional es arbitraria en tanto exige requisitos ad hoc para tener por configurado un préstamo, haciendo un ejercicio equivocado de aplicación del principio de realidad económica (y prescindiendo del principal elemento económico para tener por configurado un préstamo, a saber: el interés de mercado conformado por los estudios de precios de transferencia que lo validan), y recaracterizándolos como aportes de capital.
Afirma que la inspección alega que del hecho de que los pasivos cuestionados fueron capitalizados, se desprendería la intención de permanencia de los fondos. Manifiesta que lo cierto es que la falta de cumplimiento en término no configura una cuestión "voluntaria". Si la empresa no tuvo fondos para pagar -por la situación coyuntural de la Argentina, que la obligó a modificar su modelo de negocio, y por la contumacia del Estado Nacional en pagar a TESA por la utilización de su línea eléctrica- afirmar que había voluntad de permanencia de las remesas es inexacto (en realidad había voluntad de pagar el préstamo pero no había fondos disponibles para ello), y afirmar que se incumplía voluntariamente porque en realidad se consideraba que las remesas constituían aportes es falso (se incumplía en realidad porque no había caja que pudiera destinarse para tales fines, puesto que la falta de pago por parte del Estado Nacional hizo que TESA se encontrara imposibilitada de devengar ganancia alguna).
Sostiene que el Fisco pretende extraer de la dificultad de afrontar las deudas, por razones ajenas a la Compañía, consecuencias fiscales tendientes a la recaracterización de préstamos, omitiendo el principal dato al respecto, la capacidad financiera de repago del préstamo que tuvo la Empresa.
Afirma que los importes de los mutuos que han generado las deducciones aquí discutidas, así como sus intereses, han sido mantenidos en todo momento como pasivos. Si bien los intereses de los mutuos en cuestión, en determinadas ocasiones, han sido capitalizados (esto es, adicionados al monto principal del pasivo) ni tales intereses ni los préstamos que los han generado han sido convertidos en capital social de la Empresa. Prueba de todo lo dicho precedentemente, resultan los pagos efectuados por la Empresa. Tales pagos -dice- han sido contabilizados, y surgen de los documentos acompañados en la instancia de fiscalización.
Destaca que es erróneo que el Fisco insista en el supuesto incumplimiento de la Empresa y la vocación de permanencia de los fondos en las arcas de la misma cuando, ante la imposibilidad de afrontar la cancelación total del empréstito con un desembolso -atribuible en gran medida a la coyuntura económica del país- la Empresa obtuvo sucesivas renovaciones por las que se prorrogó la fecha de restitución y capitalizaron los intereses, generando nuevos préstamos.
Alega que el Fisco afirma que la capitalización de los préstamos acreditada por TESA (y que no ha sido cuestionada por el Fisco) no reúne los requisitos exigidos por la LIG para ser considerada 'cancelación'. Para así opinar, el Fisco manifiesta que en las capitalizaciones acordadas entre CIEN y TESA, la primera no tuvo la "disponibilidad" de los fondos. Basta repasar la literalidad del artículo 18 de la LIG para advertir que la referida disponibilidad no es un requisito imprescindible para tener por percibida una ganancia en el caso de “capitalización”. En efecto, tal norma establece el requisito mentado únicamente para el caso de acreditación de los fondos en las cuentas del titular.
Sostiene que si bien es cierto que al momento en que se solicitaron los préstamos el capital social de la empresa era $12.000, no puede pasar desapercibido que los préstamos fueron utilizados por la Empresa para la adquisición de bienes de uso, por lo cual debe concluirse que en forma simultánea con la recepción de los préstamos, TESA se encontraba incrementando sus activos. Esta circunstancia era conocida por CIEN, quien sabía que el destino de los fondos sería únicamente la adquisición de bienes de uso. Alega que es sorpresivo como el mismo Estado Nacional pudo haber encargado a la Empresa la provisión de un servicio público y la construcción de una obra de infraestructura si una de sus delegaciones, la AFIP, iba a impugnar los medios por los que lógicamente solicitara financiamiento para su consecución.
Indica que el Fisco omite cualquier parámetro objetivo de comparación para cuantificar el nivel de endeudamiento; bien por el contrario, ni siquiera considera cual es el objeto y provecho de incurrir en el citado endeudamiento.
Indica que si se esta en presencia de un "aporte de capital" como sostiene el Fisco, nunca se podrían haber pagado ni capitalizado intereses (y menos aún efectuarse retenciones a beneficiarios del exterior), ya que los aportes de capital, en su esencia, no generan intereses. Consecuentemente, las retenciones efectuadas por la Empresa resultan improcedentes por cuanto lo único que podría haberse pagado/capitalizado son los supuestos "aportes de capital" efectuados por CIEN, pagos que no generan la obligación de retener (a diferencia del pago de los intereses).
En cuanto al Expte. N° 48.453-I los agravios respecto al fondo de la cuestión resultan ser análogos. Agrega, la actora el planteo de prescripción de las acciones y poderes del Fisco para exigir el pago del Impuesto a las Ganancias reclamado por el período fiscal 2010. Indica que conforme lo prescribe el art. 57 de la ley 11683, el inicio del cómputo de prescripción respecto de ese período ocurrió el 1.1.12 y, por lo tanto, la prescripción operó el día 31/12/2016. Ello, en virtud de que la suspensión por un año dispuesta por el art. 17 de la Ley 26.860, no resulta aplicable al caso bajo examen.
En cuanto al Expte. N° 48.457-I la actora manifiesta que en fecha 18.5.17 el Subdirector General de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la AFIP dictó la Instrucción N° 2/2017 (en adelante, la "IG 2 17" , que ratifica el criterio sostenido por la recurrente en la presente apelación.
Cabe destacar que, para determinar la doctrina resultante (punto III de la IG 2/17), la Instrucción se remite a los fallos "Hermitage S.A." y "Diario Perfil S.A.", ambas sentencias del Máximo Tribunal, recordando la inconstitucionalidad del Título V, art. 6 Ley 25.063 que estableció el IGMP. Ello, por considerar que de la norma surgía una presunción de renta, fundada en la existencia de activos en poder del contribuyente, existiendo una marcada desconexión entre el hecho imponible y la base imponible.
Señala que la CSJN indicó que el legislador, sin tener en cuenta las modalidades propias que pueden adquirir explotaciones tan diversas, ha supuesto —sobre la base de la existencia y mantenimiento de activos- que dichas explotaciones, en todos los casos, obtendrán una renta equivalente al 1% del valor de estos, sin dar fundadas razones para impedir la prueba de que, en el caso concreto, no se ha llegado a obtener la ganancia presumida por la ley. Manifiesta que lo anteriormente expuesto resulta plenamente aplicable a la recurrente, cuya actividad de suministro de energía eléctrica ha venido atravesando una situación particular, tal como se describiera en el Capítulo IV. Por ello, no podría aplicársele sin más el IGMP, desde que la Empresa no ha logrado obtener ganancia alguna y, en consecuencia, carece lisa y llanamente de capacidad contributiva.
Sostiene que resulta asimismo importante destacar que la IG 2/17 también reconoce, al citar la sentencia de "Diario Perfil S.A.", que no es necesaria la demostración de la imposibilidad de los activos de generar la renta presumida por la ley sino que basta, simplemente, con el hecho de que la renta en el período involucrado no haya existido.
Alega que la recurrente probó la existencia de quebranto impositivo mediante la presentación de Declaraciones Juradas por el Impuesto a las Ganancias y ofreció prueba conducente a fin de corroborar lo dicho en la documentación acompañada, es que no corresponde considerar a dichos documentos carentes de validez sin permitir que se produzca la prueba tendiente a acreditar justamente lo contrario. Indica que actuar en este sentido resulta violatorio del derecho de defensa de la recurrente contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Sostiene que el IGMP que pretende obligar compulsivamente a la Empresa a obtener rentabilidades debe tener en cuenta que la recurrente se encuentra en la imposibilidad -no culposa- de obedecer, es decir, no le puede ser atribuida la inexistencia de ganancias respecto de los activos declarados en los períodos fiscales 2012, 2013 y 2014 ya que ha registrado quebrantos derivadas de los denominados "hechos del príncipe", como ya se expuso, causados exclusivamente por las intervenciones del Estado Nacional mediante regulaciones arbitrarias en el mercado energético, impidiendo la obtención de recursos a TESA. Por lo tanto, debe entenderse que los activos no se encuentran sujetos al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Afirma que dicha Resolución pretende gravar a TESA con un impuesto que implica directamente (en caso de considerarlo igualmente aplicable a pesar de las defensas de hecho y derecho que ha invocado) que la actora tenga que recurrir a sus activos para poder afrontar el pago del tributo. Dicha situación se revela como confiscatoria, no solo porque no tiene en cuenta la real capacidad contributiva de TESA, sino porque implica en los hechos el consumo de los activos que grava.
Con respecto al Expte N° 2020-10859688-APN-SGAITFN la actora plantea la prescripción de las facultades de la AFIP-DGI para aplicar la multa operó el 3.12.2015, respecto del período 2008 y el 3.12.2016 respecto del período 2009, es decir incluso antes de formularse denuncia penal (lo que tuvo lugar el 23.12.2016), contrariamente a lo que sostiene la AFIP-DGI en la página 17 de la Resolución N° 166 aquí apelada.
Manifiesta que no se ajusta a derecho el criterio fiscal en cuanto sostiene que respecto del período 2008, que la comisión de una nueva infracción reprimida por la LPT provoca en todos los casos la interrupción de la prescripción.
Para el Fisco Nacional, la infracción material del período 2009 habría producido la interrupción del curso de la prescripción corrida del período fiscal 2008. A su vez, indica que la declaración jurada del IG por el período fiscal 2008 fue rectificada el 4.2.2014. Ambas justificaciones resultan desacertadas a criterio de la apelante. Indica que no puede más que agraviarse la recurrente por la aplicación de la multa en tanto resulta evidente e incuestionable a estas alturas que TESA ingresó correctamente el IG por los períodos fiscales 2008 y 2009, y por tal, no se configuró objetivamente la infracción imputada; y no accionó negligentemente o imprudentemente, por lo que no se configuró la infracción desde el punto de vista subjetivo.
Reitera que la falta de pago del préstamo de TESA a CIEN obedece a la razón de que TESA —justamente por la intervención del Estado Nacional en el mercado energético- no ha percibido en estos años su único ingreso, destinado desde el inicio al pago de los préstamos. Es justamente el hecho de un tercero —el propio Estado, en ejercicio de su actividad regulatoria- el que impidió a TESA cancelar el préstamo en su integridad. La mentada vocación de permanencia invocada por el fisco no existe, y la deuda remanente de TESA con CIEN obedece a regulaciones del Estado Nacional sobre el sistema eléctrico que privan a la recurrente de su único ingreso. Afirma que no caben dudas de que la operación que concertaron TESA y CIEN se trataba de un empréstito legítimo y de ningún modo puede ser re-caracterizado como un aporte de capital, ya que ello no se tradujo en los hechos, pero más importante aún, tampoco fue la intención de las partes. La congruencia entre la "intentio facti" y la "intentio iuris" de TESA y CIEN no sólo queda ampliamente comprobada en función de lo antes dispuesto, sino que se desprende con claridad de la coherencia de la conducta en las circunstancias particulares que afectaron la relación contractual de las partes.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, formula reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 131/153, 391/416, 521/543, 907/943 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirmen los actos apelados, con costas.
En primer lugar, señala que el origen del ajuste radica en la detección de deducciones improcedentes realizadas por la contribuyente, en sus declaraciones juradas del impuesto, correspondientes a sumas en concepto de Intereses y "Diferencias de Cambio"; atento verificarse que los mismos provienen de remesas de fondos que la contribuyente manifiesta tienen el carácter de préstamos otorgados por su controlante Compañía de Interconexión Energética (CIEN); en tanto que a criterio del Fisco y por aplicación del principio de realidad económica, tales remesas se asimilan a aportes de capital, dada la vinculación económica entre ambas firmas, entre otros fundamentos.
Afirma que lo que intenta mostrarse es que los emolumentos remesados a la recurrente, tenían el fin de específico de capitalizarla para realizar puntualmente la tarea por la cual había sido creada. Esa capitalización fue realizada por su controlante, poseedora del 99,99% de las acciones, en un marco que le implicó asumir el "riesgo empresario", otro elemento determinante de los aportes de capital.
Destaca que el recurrente sostiene que el Fisco Nacional argumenta la no existencia del mutuo, en la falta de pago total del mismo. Expresa que no ha sido ni el contexto económico ni las circunstancias de pago, las consideradas por el Fisco para la recalificación de estas remesas; sino hechos puntuales que van mucho más allá del aspecto netamente monetario.
Afirma que en la toma de decisiones relacionadas con la conveniencia de los contratos "de préstamo", su forma de devolución y demás menesteres, es la controlante la que tiene el poder, en función a su intervención como accionista y -dadas las circunstancias previas relativas a la constitución de la recurrente - queda claro que ese control se deriva no sólo por la tenencia accionaria, sino porque la creación de Transportadora de Energía SA, fue al sólo efecto de satisfacer los intereses de esa controlante.
Alega que la fecha cierta de los mutuos, su protocolización, los intereses pactados, etc, no pasan de ser caracteres meramente formales, que, si bien son necesarios, no son de por sí aptos para demostrar la verdadera naturaleza de las operaciones cuando nos encontrarnos con entes en una posición extrema de dominación que distorsiona la realidad aparente derivada de los contratos celebrados.
Sostiene que la legislación mencionada fija como requisito para que un gasto sea considerado pagado, no sólo su capitalización, sino la disponibilidad del mismo por parte de su beneficiario, circunstancias que no se verifican en las presentes actuaciones por parte de CIEN; de hecho, los fondos deberían haber estado a disposición de la Compañía al momento de la capitalización de los intereses, hecho no acontecido ya que tal como lo manifestara la propia encartada, la empresa se encontraba atravesando serias dificultades financieras, por lo tanto no contaba con fondos líquidos para efectuar los mentados pagos.
Respecto al agravio que refiere a los mutuos entre empresas vinculadas, afirmando que el Fisco estaría prohibiendo la contratación de mutuos entre partes vinculadas y desconociendo el art. 14 de la LIG.- indica que lo que se evalúa no es establecer si la tasa de interés pactada sería como la pactada entre partes independientes (para lo que resultaría aplicable el régimen de precios de transferencia); sino la caracterización que cabe otorgar a las remesas, a partir de la valoración de la prueba agregada.
Manifiesta que las consideraciones a ese respecto expuestas por la recurrente, no revisten ningún elemento argumental más allá de lo puramente dogmático; en la medida que además y en relación a los dictámenes que allí también cita, se trata de cuestiones que no constituyen base de análisis de la cuestión fáctica sometida a debate.- En cuanto al Expte. N° 48.457-I manifiesta que el llamado Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta es, en realidad un impuesto a los activos, igual al creado por la Ley N° 23.760, que rigió en nuestro país hasta el año 1995, sin que se haya declarado su inconstitucionalidad. La única diferencia que existe entre el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y el Impuesto a los Activos es que ahora la ley permite compensar el Impuesto con los pagos hechos por el Impuesto a las Ganancias y, viceversa. Es una modalidad que aporta más justicia a la tributación.
Manifiesta que el mero cotejo del Activo con el Pasivo a fin de obtener el Patrimonio Neto de la parte actora, no muestra siquiera mínimamente que estos bienes no han producido renta. Ello en tanto el patrimonio neto de una sociedad se entiende como aquel perteneciente a los dueños de la empresa, o como el valor resultante de la diferencia entre los bienes y derechos de la empresa y las deudas o compromisos que posee a una fecha dada, o como la diferencia entre la totalidad de los rubros activos y de los rubros pasivos.-
Sostiene que en los hechos puede suceder que lo que se estructura como un préstamo entre empresas vinculadas, en realidad ante determinadas características está indicando que se asemeja a un aporte efectuado para inyectar capital en el giro operativo pero bajo la apariencia de un préstamo, generalmente proveniente de entidades vinculadas del exterior.
Afirma que estas características de aporte en lugar de préstamo pueden advertirse cuando los montos de deudas resultan elevados en relación con el capital de la compañía, con sus activos fijos o con el volumen de operaciones, demostrando que quien los efectúa se encuentra sujeto al riesgo empresarial local considerando que ni siquiera se toman recaudos respecto de algún tipo de garantía de sus acreencias. Asimismo abonan esta postura la extemporaneidad en el cumplimiento de los servicios de deuda o directamente el no cumplimiento, la ausencia de plazos expresos de devolución, las renovaciones automáticas, situaciones éstas, entre otras que pueden presentarse y no se condicen con la naturaleza de un préstamo, surgiendo que la empresa local difícilmente podría comportarse en condiciones análogas si se endeudara con entidades Independientes del mercado.
Alega que aún cuando CIEN y Transportadora de Energía SA. son entes diferentes desde la óptica estrictamente jurídica; resulta imposible soslayar la situación de dominación que ejerce la firma foránea sobre la actora a efectos del análisis de la presente controversia. Y que en función del porcentaje de tenencia accionaria en poder de CIEN, ésta es controlante casi absoluta sobre las decisiones que adopte la accionante. Indica que es en virtud de lo expuesto que, a los fines de rebatir el correcto análisis de la operatoria cuestionada realizado por el Fisco Nacional, resulta inocuo el intento de la apelante sustentado únicamente en las cláusulas de los contratos de mutuo celebrados, esto es, aspectos eminentemente formales que no pueden primar por sobre la realidad económica y la verdadera intención de las partes.
Manifiesta que los hechos que hacen al cuestionamiento de los mentados pasivos, que para el Fisco no son tales socavan la posición de la actora en cuanto al supuesto estado de inexistencia de capacidad contributiva en relación al tributo particular; por el simple hecho que ese argumento parte de una base fáctica que claramente no es la que la realidad económica muestra y en donde esa capacidad contributiva se ve distorsionada y disfrazada. Así, es claro que la posición del antecedente de la Corte, para ser aplicado al caso de autos debe atenerse a los hechos puntuales de cada caso, en la medida que el propio pronunciamiento referencia a una casuística indudable a la hora de evaluar los elementos que lo llevan a la conclusión final.
Por último, considera que la sanción aplicada resulta procedente y correctamente ponderada por el Juez Administrativo, por lo que solicita su confirmación.
Solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. A fs. 175 se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba testimonial, informativa y pericial contable. A fs. 189, 190, 590, 591, se produce la prueba testimonial. A fs. 202, 203, 206, 207, 208, 1058, 1120/1122, 1126/1127, 1149, 1313, 1433/1551 obra prueba informativa. A fs. 235/256, 604/629vta, 630/654vta, 1219/1235 obra prueba pericial contable.
A fs. 1806 se clausura el período de instrucción. A fs. 1813 se elevan los autos a consideración de la Sala B y pasan para alegar. A fs. 1830/1859 y 1860/1869 obran alegatos de la actora y Fisco Nacional, respectivamente. A fs. 1870 pasan los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar corresponde tratar el planteo de prescripción efectuado por la recurrente en el Expte. N° 48.453-I.
Que, la ley 11.683, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Cabe dejar sentado que conforme se desprende de las constancias de autos respecto del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2010, el término comienza a computarse desde el 01/01/2012.
Que, teniendo en cuenta lo indicado supra, corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción.
La Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) dispuso en su artículo 17 dispuso: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir los impuestos por el período fiscal citado precedentemente, no se encuentra prescripto.
Toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N., in re: “Colorín IMSSA (T.F.N. 24.123-I) c/D.G.I.”, sentencia del 2 de julio de 2013).
V. Que conforme surge de las actuaciones administrativas relativas al Expte. N° 47.016-I con motivo de la verificación fiscal realizada a la recurrente TRANSPORTADORA DE ENERGIA S.A., CUIT N°30-70752931-4, se detectaron diferencias a favor del Organismo, por lo cual correspondió otorgar vista de las actuaciones administrativas y liquidaciones del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2008 y 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones) a fin de que formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho, en relación con los cargos formulados.
La contribuyente presentó las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2008 - rectificativa N° 1- el 4/02/2014 y por el período fiscal 2009 el 12/05/2010, sujetas a verificación. En el marco de la fiscalización efectuada a la actora, con fecha 13/12/2012 se efectuó requerimiento mediante Formulario F 8600/1 N° 064000201289437104 (Vide fojas 05 cuerpo N° 1, principal, Orden de Intervención N° 801.420).
En dicha requisitoria se solicitó: 1) Exhibir libros contables y societarios rubricados y los libros IVA Ventas y compras del período 2009 a la fecha. 2) Aportar balance de publicación y balance de sumas y saldos del ejercicio 2009 con el detalle del número y el nombre de cada una de las cuentas que lo integran. 3) Aportar del F 713 del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2009, los papeles de trabajo con los ajustes efectuados y la documentación avalatoria correspondiente para su confección, con indicación y referencia normativa de los ajustes efectuados a Columna I y a Columna II.".
La fiscalización actuante efectuó un análisis del rubro Deudas Financieras, contenido en el Pasivo no corriente de los Estados Contables correspondientes al ejercicio comercial cerrado al 31/12/2009 el cual ascendía a la suma de $ 159.448.629. (Vide fojas 17, cuerpo N° 1, principal, Orden de Intervención N°801.420).
De acuerdo al informe de fiscalización la contribuyente solicitó dos créditos significativos a los fines de financiar las obras de construcción del Segundo Sistema de interconexión internacional de alta tensión entre Argentina y Brasil a su casa matriz (CIEN) celebrándose dos contratos de mutuo por u$s 1.500.000 en el mes de mayo de 2001 y por la suma de $ 28.800.318 en el mes de 07/2001 (pág. 5 vista Expte. 47.061).
Posteriormente, en el mes de diciembre del año 2001, la prestataria efectuó la devolución de la suma de U$S 8.030.000 y en el mes de marzo del 2002 nuevamente se devuelven al prestamista la suma de U$S 1.500.000. En el mes de julio de 2002 la asamblea de accionistas de Transportadora de Energía S.A. dispuso un aumento de capital a través de la capitalización parcial de la deuda mencionada por u$s 15.000.000.-
Teniéndose en cuenta las devoluciones, la capitalización de la deuda mencionada y los intereses devengados y no cancelados al mes de diciembre de 2009, el monto adeudado por los préstamos contraídos en el período 2001 era de $ 1.537.678,64 para el primero de los préstamos y $ 7.402.063,61 para el segundo préstamo del año 2001. Asimismo en el año 2003 celebró un nuevo contrato de mutuo con su casa matriz -CIEN-, por la suma de u$s 566.386,66 por el cual se obtuvieron sucesivas prórrogas para su cancelación y con fecha 19/12/2008 fue cancelado en su totalidad y además se pagaron intereses resarcitorios generados en el mismo por la suma de U$S 246.496,12.
El año 2006 Transportadora de Energía S.A celebró un nuevo contrato de préstamo con su casa matriz, recibiendo la suma de u$s 23.057.020,61 incrementando de ese modo las deudas con su controlante.
Según surge de las actuaciones de fiscalización la conformación de los préstamos recibidos de su casa matriz al cierre del ejercicio 2009 y que no fueron cancelados es la siguiente:
a) préstamo de 05/2001 por la suma de U$S 1.537.453,61.
b) préstamo de 07/2001 por la suma de U$S 7.402.063,84.
c) préstamo de 2006 por la suma de U$S 23.057.020,61.
Entonces, los préstamos recibidos de su casa matriz al 31/12/2009 que se encuentran pendientes de cancelación suman U$S 31.996.538,06 que al tipo de cambio 3,80 totalizaron la suma de $ 121.586.844,80.
Cabe agregar además que las deudas originadas en los préstamos mencionados anteriores al 31/12/2009 se conforman según se detalla a continuación:
a) cuenta 211040 "Deuda tendido red" u$s 976.927, cotización 3,80, total de $3.712.322,60.
b) cuenta 212505 "Deuda préstamo" u$s 31.996.538 ,06, cotización 3,80, total de $ 121.586.844,40. c) cuenta 212060 "Deuda intereses" u$s 9.963.627, cotización 3,80, total de $37.861.782.
En relación a la cuenta 212060 Intereses, se verificó que los devengados por los préstamos detallados junto con las diferencias de cambio generadas por los mencionados intereses, fueron ajustados por columna II en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2009.
Sin embargo, las diferencias de cambio generadas por la valuación de los pasivos correspondiente a la cuenta 212505 "Deuda préstamo" y 211040 "deuda tendido de red" que no fueron cancelados y que son computadas en el Balance Impositivo de la firma como pérdida, no fueron ajustadas revirtiendo el resultado.
La deducción por diferencias de cambio en el Balance Impositivo del período fiscal 2009 alcanza la suma de $11.102.797,40 generada por la deuda mantenida con su casa matriz CIEN y $ 338.995,60 generada por la deuda por tendido de red.
En relación a la verificación de las deudas analizadas, se solicitó la ampliación de la Orden de Intervención al año 2008, por lo que la contribuyente aportó la copia de los Estados Contables del ejercicio cerrado al 31/12/2008 (Vide fojas 282 a 308 cuerpo N° 2, principal, Orden de Intervención N° 801.420). Que las deudas originadas en los préstamos anteriores al 31/12/2008 con su controlante Compañia de lnterconexao Energética S.A, se conformaban según el siguiente detalle:
a) cuenta 211040 "Deuda tendido red" u$s 976.927, cotización 3,453, total de $ 3.373.328,93.
b) cuenta 212505 "Deuda préstamo" u$s 31.996.538 ,06, cotización 3,453, total de $ 110.484.047. c) cuenta 212060 "Deuda intereses" u$s 7.465.808 cotización 3,463, total de $ 25.779.435,02.
Respecto de la cuenta 212060 Intereses, se verificó que los devengados por las préstamos mencionados junto con las diferencias de cambio generadas por los intereses, fueron ajustados por columna II en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2008 por un importe de $ 7.439.570,85, que surge por diferencia entre el saldo inicial y final de la referida cuenta.
La fiscalización actuante concluyó que tal procedimiento es incorrecto, toda vez que de acuerdo con lo verificado, el saldo final en los mayores de dicha cuenta contiene las variaciones que provocan su reducción por dos pagos de intereses efectuados durante el ejercicio. En razón de ello corresponde revertir a columna 1 anulando la impugnación de los intereses y sus diferencia de cambio efectuada por la contribuyente por la suma de $ 7.439.570,85.
La contribuyente dedujo en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2008 en relación a los intereses devengados por los citados préstamos la suma de $ 11.032.922 consistiendo en intereses que ascienden a la suma de $8.565.372,37 y diferencias de cambio de los mismos por la suma de $2.467.550,31. En el mismo sentido dedujo en el mismo Balance Impositivo, la suma de $ 10.175.158,78 correspondientes a las diferencias de cambio por las deudas que posee la firma con su sociedad controlada y que fueron detalladas, consistiendo en el importe de $ 9.878.172,97 relativo a la cuenta 212.505 "Deuda Préstamos" y por $ 296.985 relacionadas a la cuenta 211.040 "Deuda tendido red".
En lo relativo al Expte. N° 48.453-I conforme surge de las actuaciones administrativas el personal actuante de la División Fiscalización N° 2 de esta Dirección Regional Microcentro, en el marco de la Orden de Intervención N° 1.387.914, efectuó diversas tareas de auditoria fiscal.
Al respecto, la fiscalización le solicitó a la encartada mediante requerimientos labrados a tal efecto que aportara y/o exhibiera, entre otros elementos, los siguientes: Libros Contables y Societarios; Estados Contables debidamente certificados por los Ejercicios 2010 a 2014; papeles de trabajo con el detalle pormenorizado de los ajustes efectuados a la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2010 a 2014; detalle de la conformación de los pasivos en los citados períodos fiscales; Mayores contables por los ejercicios fiscales 2010 a 2014 de: Cuenta 'Préstamo Cien" (212.050); Cuenta "Intereses Préstamo Cien" (212.060); "Diferencia de Cambio generada por Pasivos - Cien" (555.040); "Intereses Sociedades Art. 33" (557.000); "CIEN" (211140). Vide fojas 4 y 183— Cpo. Impuesto a las Ganancias.
La administrada en cumplimiento de lo solicitado aportó la documentación pertinente, correspondiente entre otras cosas a: fotocopias del Libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas" N° 1 Rubrica N° 15176-01 del 06/03/2001, del cual surgen los accionistas; fotocopias del Libro de Actas de Directorio N° 3 y N° 4 vinculadas con la asignación de autoridades y con los Mutuos celebrados con CIEN; y fotocopias del Libro de Actas de Asambleas N° 1 y 2. Vide fojas 5 a 182; 184 a 207, 219 a 261 y 277 a 362 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias.
La contribuyente aportó fotocopias de la siguiente documentación: Contrato de Mutuo de fecha 10/05/2010 por un monto de U$S 500.000.- a ser devuelto en un plazo de 1305 días (con vencimiento el 05/12/2013), sujeto a una tasa LIBOR más 5,25% anual. La fecha cierta del contrato es del 14/05/2010, registrado contablemente en el folio 215 del libro Diario rubricado N°3 por $ 1.948.000,00.- con cargo a la cuenta del Banco Río Santander New York (fs. 367 a 370 Cpo. Gcias.); Contrato de mutuo de fecha 27/08/2010 por un monto de U$S 500.000.- a ser devuelto en un plazo de 1206 días (con vencimiento el 15/12/2013), sujeto a una tasa LIBOR más 5,25% anual. La fecha cierta del contrato es del 27/08/2010, registrado contablemente en el folio 234 del libro Diario rubricado N°3 por $ 1.966.000,00.- con cargo a la cuenta del Banco Río Santander New York (fs. 375 a 378 Cpo. Gcias.); Contrato de mutuo de fecha 14/12/2010 por un monto de U$S 500.000.- a ser devuelto en un plazo de 1087 días (con vencimiento el 05/12/2013), sujeto a una tasa LIBOR más 4,25% anual. La fecha cierta del contrato es del 15/12/2010, registrado contablemente en el folio 257 del libro Diario rubricado N° 3 por $ 1.985.500,00.- con cargo a la cuenta del Banco Río Santander New York (fs. 379 a 382 Cpo. Impuesto a las Ganancias). Asimismo, la encartada aportó documentación respaldatoria en fotocopia vinculada con las siguientes adendas: 3° Adenda del 03/03/2011, referida a intereses por mora en relación al mutuo de fecha 28/12/2006; 1° Adenda del 03/03/2011 referida a intereses por mora por el mutuo de fecha 10/05/2010; 1° Adenda del 03/03/2011, referida a intereses por mora por el mutuo de fecha 27/08/2010; y 1° Adenda del 03/03/2011, referida a intereses por mora relacionados con el mutuo de fecha 14/12/2010. Vide fojas 365 a 366, 371 a 374 y 383 a 384 del Cuerpo Ganancias.
La fiscalización concluyó entre otras cosas que: 1) Si bien existen Contratos de Mutuos efectuados en Brasil donde se establecen los plazos para su devolución y la tasa de interés correspondiente, los mismos no han sido cumplidos, ratificando dicha situación al observarse que el presunto préstamo tiene su origen en el año 2001, habiéndose observado la capitalización de una parte del mismo en 07/2002, así como en 10/2013 y 12/2014 y, que sólo durante 12/2001, 03/2002 y 12/2008 la contribuyente realizó pagos parciales de la deuda.
Asimismo, la fiscalización ha observado de los Contratos aportados que la fecha de vencimiento de 12/2008 ha sido modificada por 12/2013, con lo cual -a su criterio- se pone de manifiesto la vocación de permanencia; 2) no se han observado pagos efectivos de Intereses durante los períodos 2001 a 2014 (excepto en el 2008 que hubo un pago parcial); la firma continúa adeudando intereses, ratificando dicha situación al efectuar la devolución de los mismos a Columna II; 3) se constató que la empresa devenga intereses, calculados sobre el presunto préstamo, observándose que los mismos fueron devengados y no pagados, siendo que por aplicación del artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la responsable no podría computarse en el futuro importe alguno en concepto de intereses debido a que no se trataría de préstamos entre partes independientes, sino que podría asimilarse a aportes de capital por parte de su accionista mayoritario; 4) con respecto a la Vinculación económica, los inspectores detallaron que según emerge del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, los accionistas resultan ser Compañía de Interconexión Energética (CIEN) con 11.999 acciones y Endesa Brasil Participaçoes Ltda. con 1 acción, a partir del período fiscal 2002 se produce el aumento de capital mediante capitalización de la deuda correspondiendo al accionista CIEN 55.511.999 acciones y a Endesa Brasil Participaçoes Ltda. 1 acción, y a partir del período fiscal 2007 Endesa Argentina S.A. reemplaza a Endesa Brasil Participaçoes Ltda. con 1 acción.
En lo relativo al Expte. N° 48.457-I conforme se desprende de las actuaciones administrativas se concluyó entre otras cosas que la sola existencia de quebrantos en el Impuesto a las Ganancias no resulta suficiente por sí sola para dejar de ingresar el impuesto, agregando además que, en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2012 a 2014 la recurrente no acreditaría efectivamente la existencia de pérdidas o de quebrantos, todo ello como consecuencia de los ajustes efectuados en las otras fiscalizaciones, y quedaría por lo tanto sin efecto el argumento utilizado con el fin de desvirtuar la presunción legal establecida en la Ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. (vide Informe Final de Investigación obrante de fojas 283 a fojas 304 del Cuerpo Investigación).
Ahora bien, en el marco de las tareas de fiscalización llevadas a cabo en la Orden de Intervención, el personal actuante de la División Fiscalización N° 2, le solicitó a la recurrente mediante requerimiento labrado a tal efecto que aportara y/o exhibiera, entre otros elementos, los siguientes: Libros Contables y Societarios; Estados Contables debidamente certificados por los Ejercicios 2012 a 2014 entre otros; papeles de trabajo con el detalle pormenorizado de los ajustes efectuados a las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta períodos fiscales 2012 a 2014 (vide foja 4 - Cpo. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta). Asimismo la administrada en cumplimiento de lo solicitado aportó la documentación pertinente, correspondiente entre otras cosas a los papeles de trabajo de las declaraciones juradas por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, de los cuales surge el siguiente Activo "según Balance": Por el periodo fiscal 2012 de $ 252.816.126.-; por el período fiscal 2013 de $ 265.905.124.-; y por el período fiscal 2014 de $ 274.045.570, considerando respectivamente como “Bienes No Computables" dichas sumas en cada uno de los períodos en cuestión, con lo cual no genera impuesto a ingresar (vide fojas 8 a 10 del Cuerpo Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta). Asimismo, la fiscalización actuante observó que el total de bienes que la contribuyente consideró en sus papeles de trabajo como "No Computables" en el impuesto en trato, coincide con el 'Total del Activo" que surge de los Estados Contables aportados para los períodos fiscales 2012 y 2013; situación que no se observa en el período fiscal 2014, en el cual surge de los Estados Contables al 31/12/2014 un Total del Activo de $ 254.101.405.-, monto que ha sido tenido en cuenta a los efectos de efectuar los pertinentes ajustes impositivos (vide fojas 11, 14 y 21 del Cuerpo Impuesto la Ganancia Mínima Presunta).
De acuerdo a la Nota presentada con fecha 30/05/2014 ante la Agencia N° 68, la contribuyente manifiesta que ha consignado como no computables a todos sus bienes, porque los mismos no tienen potencialidad para producir ganancias, ni siquiera la renta mínima presumida por el legislador, por lo que no pueden ser considerados computables a los fines de la determinación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Asimismo agrega que en el período fiscal 2013, al igual que viene sucediendo desde el año 2008, la empresa exhibió resultados económicos e impositivos negativos (quebranto), que dejan al descubierto la ausencia de potencialidad de producir renta de los activos de la Compañía.
Ahora bien por todas las circunstancias expuestas, el personal fiscalizador en su Informe Final de Inspección observó que el accionar de la recurrente no resultaría procedente, atento que tras el análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Hermitage S.A. c/Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - Ley 25,063", citado por la contribuyente destacaron que "... los efectos de la inconstitucionalidad del cobro del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, es para el caso particular y concreto del agraviado (Hermitage S.A.), porque es el que se ha visto y probado que se han lesionado sus derechos. Tanto es así que ni siquiera este precedente sirve en forma automática para el propio contribuyente ante otros supuestos".
Los inspectores además afirman que la cuestión fundamental que aborda este fallo es si la existencia de quebrantos es óbice para la aplicación del tributo y, en tal caso, si esto constituye un obstáculo insalvable para la aceptación constitucional del mismo.
Entonces, del análisis efectuado al caso en particular, surge -a criterio del Fisco- que el citado pronunciamiento tampoco resulta de aplicación para la rubrada, en tanto la misma no ha demostrado efectivamente en el transcurso de la fiscalización la existencia de quebrantos, por lo que queda sin efecto el argumento utilizado por la contribuyente.
Al respecto cabe señalar que del análisis de la contabilidad efectuado por los inspectores actuantes de la firma Transportadora de Energía S.A., surge que los quebrantos declarados, tienen su origen en la simulación de pasivos, con el sólo fin de omitir el pago del tributo resultante en el Impuesto a las Ganancias - períodos fiscales 2012 a 2014-, por lo que han sido "prima facie" impugnados por el Organismo, como así también en la fiscalización realizada por el Organismo vinculada al Impuesto a las Ganancias período fiscal 2002, bajo la Orden de Intervención N° 196.438, relacionada con el mismo ajuste, la cual se encuentra apelada ante este Tribunal bajo el Expediente N° 33.096-I.
VI. Que, en principio, corresponde destacar que “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, no analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I; como tampoco están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Corresponde señalar que la AFIP basó su ajuste en el principio de la realidad económica, recalificando los préstamos como aportes de capital, por el hecho de ser CIEN accionista mayoritario de Transportadora de Energia SA y por la falta de pago de la deuda contraida en el plazo estipulado, verificándose así, a criterio del Fisco Nacional, la vocación de permanencia de los fondos recibidos y de esa forma impugna la deducción de las diferencias de cambio e intereses propias de los préstamos.
Es dable señalar que en el caso de marras tal como reconoce el Fisco Nacional en la resoluciones apeladas la recurrente efectúo pagos para cancelar parcialmente el capital, habiendo efectuado el pago de US$ 8.030.000 y de US$ 1.500.000 en los meses de diciembre de 2001 y marzo de 2002, con su correspondiente retención en el Impuesto a las Ganancias (fs. 9 vta Resolución 4/2016).
Por otra parte además de las cancelaciones parciales mencionadas anteriormente se realizaron cancelaciones parciales de capital e intereses en el cual consta detallados los intereses de la Cuenta N° 212.060 como tambien del Préstamo CIEN Cuenta N° 212.050 conforme surge del informe pericial obrante en autos a fs. 604/629 (vide punto VI).
Asimismo de la pericial contable se evidencia que ambos peritos son contestes en que se han presentado los estudios de precios de transferencia correspondiente a los ejercicios 2010 a 2014, según reflejan los formularios exhibidos y que hacen referencia a operaciones de préstamos. De los mismos surgen que los intereses pactados no diferirian de los que hubieran sido utilizados por empresas independientes en transacciones similares (condiciones arm´s lenght).
Por otra parte, conforme surge de las perciales contables obrantes a fs. 235/256 y 1219/1253 que la recurrente presentó los estudios de precios de transferencia correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y también 2009 dando cuenta de que las transacciones de la compañia con empresas vinculadas del exterior durante los ejercicios fiscales en cuestión han sido pactadas a precios de mercado, es decir como entre partes independientes (criterio arm´s lenght).
Asimismo, dicho informe pericial deja sentado que en los Estados Contables de la recurrente por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, de la Nota 9 (transcripta a folios 51 y 52 del Libro de Inventarios y Balances N° 1) se indica que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un crédito a la sociedad por hasta la suma de USD 40.000.000 en dos tramos con el objeto de financiar obras de construcción del segundo sistema de interconexión internacional de alta tensión entre Argentina y Brasil.
Por otra parte surge de las periciales que de los registros exhibidos a los expertos se visualizan registradas las retenciones realizadas en ocasión de efectuar la cancelación de intereses adeudados a CIEN.
En definitiva, de lo hasta aquí expuesto surge que el Fisco Nacional no cuestiona desde lo formal los contratos de mutuo celebrados por la recurrente con su controlante y que fueron aportados en la instancia de fiscalización; tampoco el ingreso de fondos ni su aplicación; ni la existencia de cancelaciones parciales, como así tampoco remesas en concepto de pago de intereses de dichos mutuos; no ha cuestionado que las tasas pactadas no respondan a operaciones de mercado entre partes independientes.
Todo ello, hace aplicable al presente caso la doctrina que emana del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Transportadora de Energía S.A.", de fecha 26/12/2019, donde compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Procuración y en el cual se analizaban los mismos préstamos que estan en discusión en el caso de marras. En tal sentido dejó sentado que "se ha omitido tomar en cuenta las cancelaciones parciales de capital realizadas por TESA (por ejemplo, las de fechas 1/11/2001 por US$ 715.265,15; 20/12/2001 por US$ 8.030.000; 31/03/2002 por US$ 1.500.000; entre otras). Estos pagos, que están fuera de debate y cuya consideración fue eludida tanto por el Fisco como por las instancias de grado, obligarían -cuanto menos- a segmentar la recalificación del contrato cuestionado, tomando como mutuo la parte en que fue cancelado, y como aporte de capital la restante (dicho ello desde la lógica del Fisco que, como he señalado, no comparto)."; y agregó además que: “...del mero incumplimiento de un acuerdo no se puede derivar sin más y sin considerar las circunstancias de cada caso, una mutación en la naturaleza jurídica de un instituto, ya que ello importaría, derechamente, dejar librada la sustancia jurídica de todo acto a lo que pudiera suceder a la postre, es decir supeditando toda conclusión a lo que los hechos ulteriores determinasen”. En el mismo caso se agrega: “...debo poner de manifiesto que el Fisco ha privado de toda relevancia al hecho de que, precisamente por tratarse de dos empresas fuertemente vinculadas entre si, se han respetado todos los lineamientos legales a fin de evitar la aplicación de normas correctivas de estas situaciones -las que, básicamente, buscan evitar el fraude fiscal-. De esta manera, los contratos fueron celebrados atendiendo las pautas relativas a la independencia de las partes - aportando los respectivos estudios de precios de transferencia- y las normas que regulan el problema de la infracapitalización. Debe ponerse de resalto que en momento alguno el Fisco cuestionó el accionar de ambas firmas desde esta perspectiva de las normas anti fraude”.
Se agrega allí que: “...el principio de la realidad económica, previsto en los ya citados arts. 1º y 2º de la ley de rito fiscal, ha sido tratado en reiteradas ocasiones por V.E., como por ejemplo en la causa de Fallos: 328:130, “Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe v. Dirección General Impositiva”, del 22/2/2005, en el que afirmó que “para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 2º de la ley 11.683). Ello, en consonancia con el principio de la realidad económica, al que alude el art. 1º del citado ordenamiento”. Y para la aplicación del instituto se requiere que existan motivos serios por los cuales quepa dejar de lado la configuración de un determinado negocio jurídico para reencuadrarlo en aquel otro que mejor se adecue a la sustancia económica del asunto o a la auténtica intención jurídica de las partes intervinientes, circunstancias que, por lo ya expuesto, considero que no se hallan en la presente especie”. A igual conclusión corresponde arribar en la causa aquí en estudio.
Al respecto se agrega en el precedente que se viene analizando que “Además, también ha dicho con firmeza esa Corte, en Fallos: 319:3208, "Autolatina Argentina S.A. (T.F. 12.463-I) v. Dirección General Impositiva", del 27/12/1996, que "sin desconocer la significativa importancia que tiene en esta materia el principio de la 'realidad económica', su aplicación no puede conducir a desvirtuar lo establecido específicamente por las normas legales que regula concretamente la realidad tributaria. Una conclusión contraria afectaría el principio de reserva o de legalidad (...), supondría paralelamente un serio menoscabo al de seguridad jurídica (...), e importaría prescindir de la 'necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria' (...)". En lo relativo a los argumentos del Fisco Nacional por cuanto entiende que Compañia de Interconexeao Energetica fue el único aportante de los fondos y a su vez es su controlante, con el 99% de tenencia del capital social corresponde señalar que la CSJN dejó sentado que "El Fisco basó ello exclusivamente en señalar que, de acuerdo con el art. 18 de la ley del gravamen, debe existir una real puesta a disposición de tales fondos para CIEN. Sin embargo, este aserto omite el hecho de que CIEN es controlante al 99,99% de TESA, por lo cual no se advierte óbice para que aquélla elija el momento en que podrá hacerse con las acciones que quedaron a su disposición al tiempo de ser emitidas, al estar en manos de su propia controlada."
Asimismo también resulta aplicable al presente caso lo señalado por la CSJN en el fallo precedentemente citado donde se dejó sentado que "el Fisco basó su ajuste también en afirmar que se trata de un aporte de capital puesto que nadie hubiera prestado a TESA en las condiciones en que lo hizo CIEN, debido a que su capital social era de $12.000. Por una parte, los hechos desmienten este aserto, toda vez que TESA alegó haber recibido un préstamo de parte del Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 40.000.000 durante 2001 y 2002, el cual no fue objeto de ajuste ni de consideración alguna. Este hecho no fue desmentido ni cuestionado por el Fisco (ver resolución determinativa, fs. 4 vta., 5º párrafo).”
Asimismo, corresponde hacer mención a la contestación por parte de ABB Asea Brown Boveri (Brasil) obrante a fs. 1774/1785, bajo su actual donominación Hitachi Energy Brasil Ltda. En tal sentido indica que existió un contrato principal y diversos subcontratos que tenían como objeto implementar la compleja operación de construcción de la Línea y Sistema de Transmisión de Energía entre Rincón (Argentina) Ita/Sc (Brasil), que ello involucró a las empresas CIEN (Compañia de Interconexión Energética), ABB Power Systems AB (ABB Suecia) y la entonces ABB Ltda (ABB Brasil) que celebraron el "Master Turnkey Agreement". Que con posterioridad, el 11/12/1998, se celebró el contrato ("Implementation and Ratification Agreement") entre la CIEN, ABB Power Systems AB (ABB Suecia) y la entonces ABB Ltda (ABB Brasil), ABB Argentina y la CTM. Sentado lo expuesto corresponde señalar que los préstamos impugnados fueron integrados al giro de la empresa para la construcción de la línea de interconexión a la que se encontraba obligada contractualmente la recurrente. Ello así, en función de la doctrina emanada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación antes referida, cabe concluir que los argumentos del Fisco Nacional limitados a la falta de devolución total de los fondos recibidos de la empresa del exterior, carecen de entidad, por lo que corresponde revocar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia del impuesto a las ganancias.
Atento lo expuesto corresponde revocar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional aquí analizados, con costas.
VII. Por otra parte en lo relativo al ajuste efectuado en el Expte. N° 48.457-I corresponde señalar que la cuestión litigiosa de autos debe examinarse dentro del cuadro argumental abierto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Hermitage S.A.", de fecha 15/6/2010 (Fallos 333:993), por cuanto resulta un viraje en la jurisprudencia mayoritaria que le antecedió, así como el apuntalamiento de una vía plausible para la revisión de la constitucionalidad en cada caso concreto del impuesto que aquí se trata.
Que en dicho pronunciamiento, luego de un extenso desarrollo de los Antecedentes Parlamentarios correspondientes a los debates que precedieron el dictado de la ley del gravamen, la Corte puntualizó que "La peculiaridad que se presenta en el caso, es que tanto quienes presentaron la propuesta de ley, como algunos de los oponentes a ésta, manifestaron su coincidencia acerca de que con el tributo creado se trataba de captar la capacidad contributiva de una renta mínima cuya existencia el legislador presumía en términos absolutos, con abstracción de que esa renta efectivamente se haya generado y, por consiguiente, sin aceptar la posibilidad de una demostración en contrario...".
Allí la Corte señaló que: "14) Que, en el caso, sobre la base de la alegada necesidad de inducir al pago del impuesto a las ganancias y asegurar al fisco la recaudación de un ingreso mínimo -argumento del legislador-, o bien, con sustento en que quien mantiene un activo afectado a una actividad empresaria es porque, al menos, obtiene una rentabilidad que le permite su sostenimiento -argumento del mensaje de elevación n° 354-, se ha contemplado en la hipótesis de incidencia del tributo la presunción de obtención de una ganancia mínima que no es posible derribar mediante prueba en contrario. "
"Como fue señalado en el considerando 10 de la presente -y a diferencia de los casos precedentemente citados-, el tributo en examen pesa sobre un universo de actividades heterogéneas -sin consideración a particularidad alguna- y sobre innumerables formas de organización de los recursos humanos. Prueba de ello, lo constituyen los diferentes supuestos fácticos que el Tribunal tiene ante sí...."
"Sin embargo, el legislador, sin tener en cuenta las modalidades propias que pueden adquirir explotaciones tan diversas, ha supuesto -sobre la base de la existencia y mantenimiento de sus activos- que dichas explotaciones, en todos los casos, obtendrán una renta equivalente al 1% del valor de éstos, y no ha dado fundadas razones para impedir la prueba de que, en un caso concreto, no se ha obtenido la ganancia presumida por la ley." "15) Que, la iniquidad de esta clase de previsión, se pondría en evidencia ante la comprobación fehaciente de que aquella renta presumida por la ley, lisa y llanamente, no ha existido."
Concluyó entonces en ese caso el Alto Tribunal "16) Que, en las condiciones relatadas en este pronunciamiento, corresponde concluir que el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso, lo que así se declara."
El Máximo Tribunal ha dejado establecida la pauta rectora a tener en cuenta a fin de subsumir posteriores casos en la doctrina allí establecida, esto es, la comprobación fehaciente de que la renta presumida por la ley no ha existido.
Tal como lo señalara esta Sala (en su anterior conformación parcial) en los autos "Mellinas Hnos. S/apelación - Ganancia Mínima Presunta", sentencia del 13/5/2013, atento que la doctrina sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación remite ineludiblemente al examen y valoración de las pruebas rendidas en autos, a fin de discernir si -tal como lo pretende la recurrente- se encuentra afectado en el caso concreto el principio de capacidad contributiva, corresponde pues el análisis de las probanzas colectadas en estos actuados. A tales efectos, cabe recordar que en la causa “Diario Perfil”, donde se discutía la restitución de las sumas abonadas en concepto de los anticipos 1 a 7 del impuesto a la ganancia mínima presunta del ejercicio 1999, alegando que en ese período tuvo un resultado contable negativo, el Alto Tribunal sostuvo que la allí actora había registrado “pérdidas en sus balances contables correspondientes a los períodos 1998 y 1999 (hasta el 30/9)” y un quebranto en su declaración jurada del impuesto a las ganancias en el primero de esos períodos. Parece claro que, contrariamente al criterio que sostiene el Fisco Nacional en estos actuados, el dato determinante para revocar la sentencia y admitir el recurso de queja deducido por la parte allí actora fue la prueba de que en los períodos examinados existió pérdida en los balances contables (en igual sentido lo ha interpretado la Sala I de la Alzada in re “La Inversora SA y otros”, sentencia del 22/10/2020).
Además cabe señalar que conforme surge de la pericial contable producida en esta instancia obrante a fs. 630/654 ambos peritos son contestes en que la recurrente ha sufrido pérdidas contables y fiscales registrando quebrantos para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Por otra parte conforme surge del punto 13 de la pericial contable le asiste razón a la recurrente por cuanto los ingresos de TESA no han evolucionado mientras que los egresos registrados por la compañía han cedido significativamente.
Por otra parte corresponde señalar que en cuanto a la potencialidad de sus activos corresponde señalar que le asiste razón al criterio esbozado por la perito de la parte actora por cuanto CTM y TESA dejaron de recibir ingresos, no sólo por la inversión realizada, sino tampoco por la operación y mantenimiento de las instalaciones a su cargo, se vieron en la imperiosa necesidad de contar con fondos para continuar con la prestación de servicio. La falta de ingresos les impidió recurrir a los mercados normales de financiamiento.
Asimismo destaca en este contexto excepcional de falta de ingresos, CTM y TESA debieron destinar sus limitados ingresos al cumplimiento de las obligaciones vinculadas con la prestación del servicio público de transporte de energía eléctrica de interconexión internacional, postergando el pago de los préstamos otorgados por CIEN quien, debido a las circunstancias descriptas, aceptó la necesidad de renegociar los préstamos e incluso capitalizar parcialmente los intereses que se devengaron.
Ello así, en función de la doctrina emanada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación antes referida, en atención a los balances aportados por la actora en autos, ha quedado acreditado que la renta presumida por la ley no ha existido en cabeza de la recurrente, por lo que corresponde revocar la resolución apelada analizada en el presente considerando, con costas.
VIII. Que en atención a la forma en que se resuelve, deviene inoficioso pronunciarse sobre los agravios vertidos respecto de la multa aplicada en la Resolución 166/2019, atento haberse revocado el ajuste en que se sustenta la misma.
IX. En atención a lo expuesto, corresponde revocar la totalidad de los actos recurridos en autos. Con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar los actos apelados, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.04.12 17:01:16 ART Date: 2024.04.12 20:04:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.15 08:12:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.15 08:12:51 -03:00
Fin de la sentencia