Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2022-87845275-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en las presentes actuaciones, con costas.
I. Que, a fs. 38/51, la actora interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76, inciso b) de la Ley N° 11.683, contra la Resolución N° 27/2008 (DV RRMR) de fecha 26/03/2008, dictada por el jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, por la que se resolvió determinar de oficio y con carácter parcial la obligación tributaria de $3.214,27, en concepto de impuesto al valor agregado (IVA) por los períodos fiscales 06/2004 a 09/2005, y se aplicó una multa de $6.428,54 equivalente a dos veces el importe del tributo evadido de acuerdo a lo previsto en los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y en concepto de intereses resarcitorios se determinó la suma de $1.981,41. A fs. 82 luce agregado el Expte. N° 31.552-I y a fs. 119/132 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 28/2008 (DV RRMR) de fecha 26/03/2008, dictada por el jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, por la que se resolvió determinar de oficio y con carácter parcial la obligación tributaria de $336.875,17, en concepto de Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2004 y 2005 y se aplicó una multa de $174.496,10 equivalente a dos veces el importe del tributo evadido respecto del período fiscal 2004 de acuerdo a lo previsto en los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y concepto de intereses resarcitorios se determinó la suma de $201.316,43. A fs. 306 luce agregado el Expte. N° 34.150-I y a fs. 339/355 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 31/2010 (DV RRMR) de fecha 23/09/2010, dictada por el jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, por la que se resolvió determinar de oficio y con carácter parcial la obligación tributaria de $453.645,20, en concepto de Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2004 y 2006 y se aplicó una multa de $64.131,62 periodo fiscal 2004, de acuerdo a lo previsto en los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y en concepto de intereses resarcitorios $384.764,14.
A fs. 398 luce agregado el Expte. N° 34.149-I y a fs. 436/453 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 130/2010 (DV RRMR) de fecha 23/09/2010, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, por la que se resolvió determinar de oficio y con carácter parcial la obligación tributaria de $20.497,47, en concepto de Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2004 a 06/2009 y se aplicó una multa de $40.994,94 equivalente a dos (2) veces el importe del tributo evadido respecto de los períodos 09/2004, 03/2005, 03/2006, 04/2006 y 05/ 2006 de acuerdo a lo previsto en los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y en concepto de intereses resarcitorios $21.260,02.
A fs. 519 luce agregado el Expte. N° 42.749-I y a fs. 535/552 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 42/2015 (DV RRMR) de fecha 05/03/2015, dictada por el jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, por la que se aplicó una multa de $499.254,24 por el período fiscal 2005 en concepto de Impuesto a las Ganancias equivalente a dos veces (2) el tributo evadido, conforme lo establecido por los artículos 46 y 47 inciso b) de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Que mediante el N° RE-2022-87841704-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación en el EX- 2022-87845275- -APN-SGAI#TFN, contra la Resolución 110/2022 (DV RRMR) de fecha 04/08/2022, dictada por el jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, por la que se aplicó una multa de $843.158,78 equivalente a dos (2) veces el tributo evadido por el período fiscal 2006 en concepto de Impuesto a las Ganancias.
La actora relata los antecedentes del caso, indicando que como consecuencia de la fiscalización practicada dichas determinaciones están realizadas sobre hipotéticas diferencias, las que se establecen con total arbitrariedad, sin tener vinculación alguna con las declaraciones juradas presentadas, ni tampoco con sus movimientos bancarios; a pesar de que ambos elementos fueron aportados y corroborados por la AFIP.
En primer lugar, la actora plantea la nulidad absoluta de todas las resoluciones apeladas, por estar viciado el procedimiento, ya que se ha denegado la prueba ofrecida por el contribuyente, en las mismas resoluciones en donde se realizan las determinaciones de oficio, no cumpliendo la Administración con el procedimiento legal para tal denegatoria, afectando seriamente el derecho de defensa.
Alega que la Administración imputa a la recurrente la presentación de declaraciones juradas consignando datos inexactos, incurriendo en omisiones y eludiendo ingresar el gravamen a su vencimiento y justa medida. A fin de un mejor orden de exposición de los agravios se procederá a desarrollarlos en relación a las particularidades de cada expediente agrupándolo cuando sean similares.
I. a) En cuanto a los Exptes. Nº 31.550-I y N°31.552-I, los agravios pueden resumirse de la siguiente forma: Manifiesta que la Administración yerra al afirmar que las firmas proveedoras Agro Rouillon S.A, Kroten S.A., Agropecuaria Apea S.R.L., Agro San Ignacio S.R.L. y Tierra Adentro S.A. revestían el carácter de testaferros utilizados para blanquear operaciones y créditos fiscales en las etapas de comercialización.
La actora indica que operó como comisionista en consignación, facturando correctamente y realizando todo el movimiento dinerario de manera bancarizada – de acuerdo a lo establecido por las disposiciones vigentes-, no merituándose que actuó expresamente como intermediario, situación que tiene claro fundamento, ya que las empresas objetadas con las que operaba se encontraban autorizadas debidamente por la AFIP para actuar en el comercio de granos mediante su inscripción en el Registro Fiscal de Operaciones de Granos, pero que recurrían a los servicios del Sr. Ponce porque no poseían habilitación para operar en la Bolsa de Cereales.
Plantea que lo resuelto por AFIP carece de sustento legal y razonabilidad, y que la estimación de oficio se aparta de las atribuciones legales que le concede el art. 18 de la Ley 11.683, convirtiendo al acto que ordena la instrucción de sumario por las infracciones, en un acto administrativo sin causa.
Manifiesta que el acto que impulsa las determinaciones de oficio e imputa las presuntas diferencias, carece de razonabilidad, al no detallar los fundamentos de hecho y de derecho por los que se hace responsable al Sr. Ponce por diferencias en IVA e Impuesto a las Ganancias con empresas que AFIP consideró como “inexistentes”. Además, indica que no existe elemento alguno que permita presumir que el Sr. Ponce formó parte de las otras empresas cuestionadas, y que no puede responder por deuda ajena, ni solidariamente (como lo establecen los arts. 6° y 8° de la ley 11.683), ya que esas hipótesis no fueron evaluadas en el expediente.
La actora indica que no surge ningún indicio, ni por incremento patrimonial, ni por los movimientos bancarios que puedan hacer presumir una diferencia en los montos de IVA de la magnitud que el Fisco pretende, y que las cifras calculadas en la estimación consignan montos irreales y alejados de lo que fue su actividad como comisionista.
Subsidiariamente a la nulidad planteada, se agravia cuando se pretende sustentar que el Sr. Ponce actuaba por su propia cuenta, y no como en realidad lo hizo en carácter de intermediario recibiendo una comisión. La actora expone que la documentación aportada respalda su actividad de intermediario, que la facturación contiene una manifestación expresa de que la mercadería vendida no era de su producción ni de su propiedad, actuando como consignatario/comisionista de cereales; que los proveedores cuestionados se encontraban correctamente habilitados por la AFIP a través del Registro Fiscal de Operadores para actuar en tal condición y en cada contrato de venta registrado por el Sr. Ponce en la Bolsa de Cereales manifestaba asimismo su carácter de comisionista o consignatario, no siendo posible exigirle al contribuyente otro elemento de prueba, ya que actuaba con todas las prevenciones que dispone la Resolución General N°1394/2008 de la AFIP en sus artículos 31 y 32, encontrándose el mismo correctamente inscripto en el “Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas, como “Otros” operadores (desde el 1° de diciembre de 2004, e incluso al serle exigidos otros requisitos formales en julio de 2005 queda definitivamente inscripto por resolución N°225/05 Agencia Pergamino) y además está inscripto en la AFIP con la CUIT 20-26142005-9.
Indica que la AFIP no considera que las operaciones que se impugnaron fueron realizadas con empresas debidamente inscriptas, y ni siquiera se menciona que estas operaciones están respaldadas con pagos efectuados por operaciones bancarias a través de transferencias o pagos por cheques, también aportadas como prueba por el contribuyente.
La actora sostiene que la AFIP no evaluó que de ese movimiento bancario surgen los porcentuales de comisión que le correspondió y que ella coincide exactamente con el declarado ante la AFIP en las DDJJ del Impuesto al Valor Agregado realizadas para los períodos que van desde junio de 2004 a septiembre de 2005, y que no existe otra forma de instrumentar las operaciones.
Se agravia ya que la AFIP reproduce textualmente lo expuesto en la vista N° 98/07 respecto al análisis de los proveedores originada por la Orden de Intervención N°157.964, pero no evalúa la defensa o descargos que hace el contribuyente respecto a cada una de esas empresas.
Indica que ninguno de los planteos efectuados en el descargo presentado referidos a las empresas que AFIP considera “testaferros”, fue respondido, ni siquiera analizado en la resolución que aquí se impugna, dejando de lado uno de los principios fundamentales del procedimiento administrativo, cual es el “derecho de ser oído” y “el derecho a una decisión fundada”, no respetando la “evaluación de la vista” que dispone el art. 17 de la ley 11.683. La actora se agravia cuando la administración considera “...que el hecho de haber presentado declaraciones juradas, no impide al fisco efectuar tareas de fiscalización...”, ya que no cuestiona que se realice la tarea de fiscalización, pero muy distinto dice es pretender descalificar su actividad de intermediario, cuando surge de toda la documentación aportada.
Expone que no fue un contribuyente incauto que no hubiera verificado si los proveedores eran empresas habilitadas para intervenir en el proceso de comercialización de granos.
Indica que en todo momento cumplió con las exigencias legales impuestas por la Administración, y ahora ésta pretende retroactivamente por vía de revisión objetar las autorizaciones que ella misma dio a los operadores cuando los inscribió en el Registro de Operadores y cuando aceptó el cambio de su domicilio fiscal. Se agravia por considerar que la inscripción del contribuyente “...es una manifestación espontánea y voluntaria del ciudadano...” y que “...la Administración Federal- luego de una serie de controles formales-otorga o no (de buena fé) dichas inscripciones y/o autorizaciones...”. Si bien es cierto que la inscripción es una manifestación del contribuyente, no cabe duda que en lo referente al caso la situación no es tal, y fue planteado por el Sr. Ponce en su descargo respecto de cada una de las empresas proveedoras e ignorado por la repartición al momento de evaluar en la resolución impugnada.
La actora sostiene que, la Administración no puede eludir la responsabilidad por el control formal de los proveedores cuestionados.
Se agravia que AFIP pretenda imputar al Sr. Ponce el deber de control respecto a las autorizaciones dadas por la repartición e indica que quien tiene el mecanismo para ejercer el control de la operatoria comercial de una empresa es la AFIP, y no el contribuyente, quien tiene un limitado acceso a información confidencial. Por otra parte, verificar la autenticidad de las operaciones no implica en medida alguna saber si el domicilio fiscal de la empresa denunciado en AFIP, es correcto o no, pudiendo solo verificar si su situación ante la AFIP es correcta al momento de realizar las operaciones.
La actora sostiene que las operaciones fueron reales y la intervención del Sr. Ponce fue como comisionista, desprendiéndose de las constancias de operaciones bancarias, facturas, constancias, etc; quedando perfectamente determinado que el contribuyente no recibió el importe total de las operaciones (sino solo la comisión), por lo que resulta absolutamente abusivo.
Se agravia que la Administración cuestione la instrumentación de la facturación poniendo seriamente en duda la real existencia de las operaciones e indica que la mecánica de las operaciones queda clara y no hay duda de que no adeuda diferencia alguna por IVA como la AFIP pretende imputar.
Se agravia que se pretenda justificar los ajustes realizados por la detección de irregularidades comprobadas con cada una de las firmas observadas y que ello pueda llevar a la AFIP a que considere que las analiza en función al principio de la realidad económica, conforme a los artículos 1 y 2 de la ley N° 11.683. Si bien el acto que impulsa de determinación de oficio, imputando las presuntas ganancias y diferencias de IVA al Sr. Ponce, carece de razonabilidad, ya que no hay fundamentos de hecho, ni de derecho, que permita establecer diferencias por las operaciones con las empresas proveedoras consideradas por la AFIP como “...inexistentes...”, siguiendo el principio de la realidad económica se demuestra que este contribuyente no percibió otra cosa que comisiones, que surgen de los movimientos bancarios y de su patrimonio.
Indica que con el análisis que hace la Administración se intenta cargar la estimación de oficio por Impuesto al Valor Agregado y por Impuesto a las Ganancias al Sr. Ponce como responsable por deuda propia, obviando la existencia de los proveedores, para lo cual no hay en toda la investigación prueba o indicio alguno que permita establecer que el contribuyente haya intervenido o participado en la “creación” de estas empresas que hoy la Administración pretende considerar “inexistentes”.
Se agravia cuando la AFIP considera que de las constancias de autos se extraen una serie de indicios y coincidencias injustificadas por el responsable que en un conjunto permiten concluir la existencia de una maniobra a fin de obtener beneficios fiscales derivados a la documentación emitida, refiriendo que no se aportó prueba fehaciente que pudiera hacer variar el criterio sustentado al iniciar el presente procedimiento, cuando en realidad aconteció lo contrario, ya que el contribuyente agrega toda la documentación y constancias (movimientos bancarios y justificativos) que establecen su intervención como intermediario, y no hay elemento alguno en la investigación que demuestre la existencia de negligencia, ya que se tomaron todos los recaudos legales en el momento de realizar cada operación.
Sostiene que la Administración pretende desligarse de su responsabilidad de control, indagando al Sr. Ponce, las omisiones de otros contribuyentes, por las que no puede ni debe responder.
Se agravia que la AFIP deniega la prueba ofrecida, no cumpliendo la Administración con el procedimiento legal para denegarla, tal como se refiere en el planteo de nulidad, afectando seriamente el derecho de defensa, haciendo caso omiso a las disposiciones legales al respecto art. 35 Decreto 1397/79 y arts. 46 y 47 del Decreto 1759/72.- Indica que la apreciación unilateral de la Administración de que las pruebas ofrecidas no permiten desvirtuar el ajuste propuesto por la inspección y así se procede a desestimar las mismas, no hace más que violar el derecho de defensa del Sr. Ponce.
La actora manifiesta que la Administración en caso de haber denegado la prueba debió hacerlo por resolución fundada, que a su vez pudo haber sido objeto del recurso de reconsideración previsto en el art.84 dec. 1759/72. La prueba ofrecida en su oportunidad y denegada incorrectamente por la Administración es ofrecida nuevamente cumpliendo en el caso con lo dispuesto por el art. 166 de la Ley de Procedimiento Tributario.
La actora se agravia de la liquidación practicada al iniciarse el procedimiento, la que entiende carece de sustento legal y razonabilidad; apartándose la Administración Federal de las atribuciones legales que le concede el art. 18 de la Ley 11.683, lo que convierte a la misma en un acto administrativo sin causa.
Sostiene que, las determinaciones de oficio que imputa las presuntas diferencias de IVA y Ganancias al Sr. Ponce, carecen de razonabilidad, ya que no existen fundamentos para descalificar su actividad como intermediario por el cual percibe solo una comisión que es la que ha declarado ante la AFIP, por la cual ha tributado. Manifiesta que no hay prueba alguna que permita determinar que el contribuyente haya intervenido o participado en la “creación” de las empresas proveedoras, a las que ahora la Administración considera “inexistentes”. La actora expone que si el Sr. Ponce no intervino en la formación de esas empresas, la Administración Federal no debería calificarlas como “...testaferros para blanquear operaciones y créditos fiscales en las etapas de comercialización...”, y menos aún establecerle al contribuyente una determinación de oficio por diferencias de IVA y Ganancias como deuda propia.
Tampoco cabe entender que el Sr. Ponce deba responder por deuda ajena, ni solidariamente (como lo establecen los arts. 6 y 8 de la Ley 11.683), siendo que estas hipótesis no fueron evaluadas en la investigación de la Administración.
Expone que la Administración toma valores presuntos sin base cierta y descalifica absolutamente el carácter de intermediario del contribuyente, aplicando presunciones sobre indicios que de ninguna manera permiten formar una opinión sobre la existencia de los hechos que imputa.
Indica que no hay presunciones simples ni legales que puedan atribuir al Sr. Ponce las diferencias de IVA y Ganancias que se le imputan, cuando está demostrado su movimiento tanto por las facturaciones, habilitaciones, transferencias bancarias; no surgiendo ningún indicio, ni por incremento patrimonial, ni por los movimientos bancarios que puedan hacer presumir una diferencia como la que el Fisco pretende, indicando que las cifras calculadas en la planilla anexa a la estimación de oficio refieren montos irreales, que no se condicen con la actividad realizada.
Se agravia también de la aplicación de la multa de (2) dos veces el importe del tributo que se considera evadido prevista en el art. 46 de la Ley 11.683, con referencia a las anunciadas en el inciso b) del art. 47 de la referida ley de rito, porque manifiesta que no debió tributar los impuestos que se determinan de oficio, tampoco corresponde entonces considerar que se encuentra configuradas las presunciones de defraudación por haber dejado de oblar intencionalmente el impuesto en su justa medida.-
Por todos los fundamentos expuestos solicita se revoquen las Resoluciones N° 27/2008 (DV RRMR) y N° 28/2008 (DV RRMR). Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, formula reserva del caso federal.
I. b) En cuanto a los Exptes. 34.149-I y N° 34.150-I, los agravios pueden resumirse de la siguiente forma: La actora manifiesta que formuló descargo con fecha 02/09/2010, planteando defensa por considerar la existencia de litispendencia y/o violación al principio de estabilidad al ampliar una anterior determinación que se encuentra aún sin resolución definitiva en trámite por ante el Excmo. Tribunal planteando además que la imputación -como deuda propia- por presuntas diferencias por débitos de IVA en la DDJJ y diferencias de Impuesto a las Ganancias en la DDJJ, indicando que son efectuadas con total arbitrariedad, pretendiendo hacerlo responsable por deuda ajena de las empresas proveedoras Los Chamanes SH, Surco Agropecuaria SRL y Agro Santa Isabel S.R.L. Reitera lo expuesto en cuanto a su rol de intermediario, la carencia de sustento legal y razonabilidad de los actos recurridos y que la estimación de oficio se aparta de las atribuciones legales que le concede el art. 18 de la Ley 11.683, además de violar el principio de “estabilidad" y "litispendencia", convirtiendo al acto que ordena la instrucción de sumario por las infracciones, en un acto administrativo sin causa.
La actora en dichos expedientes reitera que el acto que impulsa los actos que determinan de oficio e imputan las presuntas diferencias, carecen de razonabilidad, al no detallar los fundamentos del hecho y de derecho en que se sustenta para considerar como inexistentes a las empresas proveedoras.
Sostiene que, no existe elemento alguno que permita presumir que el Sr. Ponce formó parte de las otras empresas cuestionadas, y que no puede responder por deuda ajena, ni solidariamente (como lo establecen los arts. 6° y 8° de la ley 11.683), ya que esas hipótesis no fueron evaluadas en el expediente.
La actora reitera en estos expedientes que, no surge ningún indicio, ni por incremento patrimonial, ni por los movimientos bancarios que puedan hacer presumir una diferencia en los débitos de IVA y presumir una ganancia en el Sr. Ponce de la magnitud que el Fisco pretende, y que las cifras calculadas en la estimación de oficio consignan montos irreales y alejados de lo que fue su actividad como comisionista.
Subsidiariamente a la nulidad planteada, se agravia en cuanto en las resoluciones apeladas se rechaza el planteo de litispendencia o estabilidad en forma contraria a derecho, sin fundamento, ni argumentación o sustento jurídico.
La actora manifiesta que los trámites son distintos, ya que se generan por determinaciones realizadas en expedientes distintos y justamente ello es lo que hace que se afecte el principio de litispendencia o estabilidad, ya que la AFIP pretende con estas nuevas determinaciones de oficio, complementar otras que aún no se encuentran firmes, y no se encuadran en las excepciones previstas en el art. 19 inc. a) o b) de la ley 11.683 para permitir generar una nueva determinación.
La actora expone que cuando la Administración se refiere a las posibilidades de modificar la fiscalización anterior -a la que unilateralmente consideró parcial- de acuerdo a lo establecido por el art. 19 inc. a) o b) de la ley 11.683) dice que "...es claro la aparición de nuevos elementos... esto es la detección por parte de esta Administración Federal del carácter de apócrifos de presuntos proveedores distintos a los impugnados...", lo cual, según la actora, corrobora lo sustentado, respecto que se está planteando una misma cuestión, contra el mismo contribuyente y con los mismos argumentos de la que se encuentra aún pendiente de resolver por el Excmo. Tribunal en el Expte. Nº 31.550-I y N°31.552-I.
Sostiene que la AFIP pretende sustentar las determinaciones de oficio, considerando al Sr. Ponce como productor -o más bien desconociendo a los proveedores del grano por considerarlos apócrifos- y de allí determinar la anulación de los gastos generados por la facturación de sus proveedores y de los créditos de IVA tomados por la facturación de sus proveedores, los que se encuentran cuestionados en los expedientes pendientes de resolución en dicho Tribunal, no encontrando nuevos elementos de juicio, ni comprobado un error, omisión o dolo como lo exige el art. 19 inc. a) o b) de la ley 11.683.-
Indica que la propia AFIP considera estas determinaciones como complementarias y con el mismo fundamento que las realizadas anteriormente, más se refiere a documentación que expresamente reconoce haber tenido para su análisis y a disposición con la orden de inspección 160342, incluyendo períodos comprendidos en las anteriores, y proyectando las determinaciones anteriores a años posteriores.
La actora sostiene que la AFIP pretende ampliar la determinación anterior, después de haberla notificado al interesado y estando aún pendiente de resolución final, afectando de esta manera el derecho subjetivo adquirido por el contribuyente, y violando lo dispuesto por el art. 18 de la ley de Procedimientos Administrativos 19.549. Por todos los fundamentos expuestos solicita se revoquen las Resoluciones N° 31/2010 (DV RRMR) y N° 130/2010 (DV RRMR). Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, formula reserva del caso federal. I.-c) En cuanto a los Exptes. N°42.749-I y N° EX-2022-87845275- -APN-SGAI#TFN, los agravios pueden resumirse de la siguiente forma:
La actora indica que formuló un descargo con fecha 04/03/2015 y fecha 14/07/2021 planteando defensa, ya que las multas que pretendía aplicar la AFIP eran por supuestas infracciones respecto de las determinaciones de oficio de impuesto a las ganancias que no se encuentran firmes, por encontrarse en trámite el recurso de apelación y nulidad ante el Tribunal Fiscal de acuerdo a lo previsto en el art. 76 inc. b de Ley 11.683 (t.o 1998) en la Sala “B”, Vocalía de la 6° Nominación en autos caratulado “PONCE PABLO RAFAEL” expediente N° 31.550-1 y acumulados (siendo los acumulados los expedientes 31.552-1, 34.149-1, 34.150-I); planteado en tal ocasión que devenía improcedente la aplicación de cualquier sanción, al no estar determinado -con firmeza- que hubiera alguna declaración jurada falsa o inexacta.-
Sostiene que ha ingresado oportunamente y en la justa medida el tributo que correspondía liquidarlo de acuerdo con las leyes vigentes, no existiendo sustracción -total o parcial- de la materia imponible, como tampoco evasión de impuesto. Además se planteó en el descargo la “Carencia de tipificación, sustento legal y razonabilidad, porque la determinación de la infracción que pretende establecer la AFIP, para imponer la sanción que aquí se cuestiona (como infracción material), se aparta de la tipificación que establece el art. 47 de la Ley 11.683; ya que no existen declaraciones juradas -presentadas por el Sr. Ponce- que consignen datos inexactos y/o ponga grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, ni tampoco declaraciones que puedan considerarse engañosas o con ocultamiento malicioso, ni contradicción entre los libros, registraciones, documentos y las declaraciones juradas.
No obstante las formulaciones planteadas en los descargos, dice que ninguna de ellas fue considerada en las resoluciones 42/2015 y 110/2022, ni siquiera la AFIP hace referencia alguna al descargo en los considerandos de las resoluciones apeladas; procediendo en forma totalmente arbitraria y discrecional, ignorando el planteo del Sr. Ponce, cercenando el derecho de defensa, emitiendo una declaración nula carente de valor jurídico, al no fundamentar el rechazo de las cuestiones planteadas en el descargo que sostengan la imputación de la Administración.
Subsidiariamente a las nulidades planteadas, se agravia de las resoluciones de las determinaciones de oficio, conforme se indica seguidamente.
La actora, en primer lugar, se agravia por cuanto las resoluciones apeladas no hacen consideración alguna al planteo de suspensión de la tramitación del sumario por infracción, sin fundamento, ni argumentación o sustento jurídico.
Indica que la AFIP dice “... que según resulta de las determinaciones de oficio oportunamente efectuadas, es indudable que el responsable ha incurrido en las infracciones que se le atribuyen, presentando la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período 2005 y 2006, consignando datos inexactos, incurriendo en omisiones y eludiendo ingresar el tributo a su vencimiento y en su justa medida...”; cuando ello es una imputación que se encuentra pendiente de resolución; dicha determinación de oficio no se encuentra firme por estar en trámite el recurso ante el Tribunal Fiscal.
Manifiesta que, presentó las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias y abonó el tributo correspondiente determinado en ellas, en tiempo y forma.
Afirma que, en su momento, la determinación de oficio que hizo AFIP por la cual dictó la Resolución 28/2008 y 31/2010, carece de todo sustento, y así se determinará el recurso de apelación y nulidad que tramita en el expediente N°31.550-I y acumulados.
Indica que de la prueba que ofrece en el marco del Expte N° 31.550-I, surge de la documentación agregada y de la pericial contable desarrollada – la que fue realizada conjuntamente por peritos designados por ambas partes-, el circuito físico de la mercadería (remitos, facturas, etc.), como también el económico (emisión y entrega de cheques, débitos y depósitos en cuentas bancarias, etc.), lo que hace a la veracidad de las operaciones realizadas, en donde el Sr. Ponce actuó solo como comisionista en consignación.
Se agravia de que la imposición de las multas, está absolutamente ligada a la resolución del expediente N°31.550- I, por lo que de ninguna manera puede llevarse adelante la imposición de las multas sin afectar los más elementales principios consagrados por nuestro orden jurídico.
Plantea que, AFIP consideró las determinaciones de oficio dispuestas por la Resolución N° 28/2008 y N° 31/2010 como cierta y firme, cosa que no es y que entiende que se está ante un claro caso de necesidad de suspensión de la tramitación del sumario por infracción, por la aplicación de las multas dependiendo de lo que se resuelva en las determinaciones de oficio establecidas por dichas resoluciones.
Indica que la AFIP no evalúa la defensa y el descargo que hace el contribuyente; no teniendo en cuenta que está pendiente de resolución las aseveraciones que hace la AFIP respecto a la inexactitud y/u omisiones en las declaraciones juradas; que los planteos efectuados por el Sr. Ponce en los descargos presentados, no fueron rebatidos o descalificados, ni siquiera tratados, por lo que las Resoluciones N° 42/2015 y N° 110/2022, carecen de sustento jurídico válido; al haber dejado de lado uno de los principios fundamentales del procedimiento administrativo, cual es el “derecho de ser oído” y “el derecho a una decisión fundada”.
Sostiene que, las multas en cuestión no son de aplicación automática, ya que requiere la sustanciación de un sumario dispuesto por Juez Administrativo (art. 70), cuya iniciación debe ser notificada al imputado (art. 71) para que pueda invocar su defensa; de modo tal que la ley asegure la subjetividad de la sanción y el principio del debido proceso legal garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Indica que la AFIP ni siquiera consideró los descargos del Sr. Ponce, y aplicó automáticamente las multas sin tener siquiera comprobada falsedad alguna en las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente. Al no haber tenido en cuenta las pruebas ofrecidas en el descargo, genera un motivo para que se revoquen las resoluciones apeladas.
Se agravia de que se le quiera determinar, en la presente instancia, la responsabilidad por la comisión de las infracciones por haber dejado de pagar lo que considera una imputación carente de sustento ya que no está determinada la existencia de diferencia alguna en sus declaraciones juradas por estar en trámite dicho expediente. Sostiene que, en las determinaciones de oficio por las que se imputan las sanciones, la Administración ha partido de una premisa infundada, considerando sujetos tildados de apócrifos a las empresas proveedoras, sin fundamento alguno que permita imputar al contribuyente, ocultamiento de ganancias o consignación de datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, por lo que deviene en inaplicable la tipificación de conducta que se pretende respecto al encuadre en el art. 47 inc. b) de la Ley 11.683. La actora afirma que tributó correctamente, consignando los datos exactos, tal como surge de la documental agregada en la causa N° 31.550-I y que actuó como comisionista en consignación habiendo facturado correctamente y realizado todo el movimiento dinerario de forma bancarizada, de acuerdo a lo establecido por las disposiciones vigentes.
Indica que las operaciones fueron reales y la intervención del Sr. Ponce fue como comisionista, desprendiéndose de las constancias de operaciones bancarias, facturas, constancias, etc.; quedando perfectamente determinado que el contribuyente solo obtuvo ganancias por las comisiones por las que presentó la declaración de ganancias en forma correcta, y tributó en tiempo y forma.
Argumenta que, si bien a diferencia de lo que ocurre en derecho penal ordinario que presume la inocencia del acusado en tanto no se pruebe su culpabilidad, en las infracciones tributarias y particularmente en la defraudación, se produce una inversión de la carga de la prueba, siendo el imputado quien debe probar su inocencia. Ahora bien, la actora dice que deben existir serios indicios en la comisión del delito.
Sostiene que no existe ninguna infracción comprobada, ni presentación de declaraciones juradas contradictorias, ni anotaciones del contribuyente que puedan crear la presunción de fraude; no puede imputarse ninguna “consignación de datos inexactos”, puesto que se han deducido gastos con comprobantes que los respaldan (las operaciones efectuadas por el Sr. Ponce son con personas habilitadas por la AFIP y los movimientos de dinero se hicieron con intervención bancaria) no hay operaciones que impliquen una declaración incompleta; se han presentado los resúmenes y movimientos bancarios requeridos por la AFIP, se han cumplido las intimaciones que la Administración hizo y se demuestra que no existe incremento patrimonial no justificado; todo lo cual surge de lo aportado en el Expte. N° 31.550-I, que en esta instancia la AFIP ni siquiera consideró, pese a haber sido ofrecido como prueba por el contribuyente en el descargo.
Se agravia de que la Administración estableció que “...ha dejado de oblar intencionalmente el impuesto en su justa medida...”, no obstante que la AFIP reconoce que las operaciones por las que calcula la diferencia de ganancia no son inexistentes, y que la falta de cumplimiento del proveedor es una circunstancia ajena al contribuyente, así lo refiere en la Resolución N° 31/10 que se encuentra en el Expte N°31.550-I que el Sr. Ponce ofreció como prueba cuando dice “...el hecho que su proveedor o prestador de servicios haya incurrido en alguna de las inconsistencias o irregularidades detectadas (falta de presentación de declaraciones juradas o las haya presentado en cero, inexistencia de domicilio, desconocimiento de las operaciones) circunstancia ajena al contribuyente de autos...”, no obstante en la determinación objetada, se pretende dar por establecido que el Sr. Ponce, no pagó intencionalmente el impuesto.
La actora se agravia de que se encuentren configuradas las presunciones de defraudación enumeradas en el inciso b) del artículo 47 de la ley 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones con las penas establecidas en el artículo 46, ya que para que se considere la existencia de esta presunción supone que debe haber una "contradicción grave" entre los libros y registraciones y los datos que surgen de las declaraciones juradas o que se aporten a la AFIP para que en cumplimiento del art. 20 de la Ley 11.683 (t.o. 1978) pueda efectuar la liquidación administrativa a la que está autorizada según la naturaleza del gravamen; procedería esta presunción (como lo establece el inc. a del art. 47) cuando no se presentan declaraciones juradas o las presentadas no coinciden con los registros, o cuando reflejan a una falsa contabilidad, o en otros supuestos como la falta de anotación en los libros obligatorios, de los negocios, actos, operaciones o transacciones económicas en las que se hubieren anotado cifras distintas de las verdaderas, o como se complementa con el inc. b), que extiende la presunción al caso en que los libros o registraciones consignen datos falsos o incompletos que se vinculen con la determinación del tributo. Ninguna de estas situaciones es la de este caso, por lo que no cabe a la Administración aplicar sin más consideraciones esta presunción.
Expone la actora que la defraudación fiscal -como infracción de tipo dolosa- requiere de un elemento intencional que se exteriorice en una declaración engañosa o una ocultación maliciosa al liquidar los impuestos. El dolo en la calificación de la conducta del responsable debe ser ponderado en consonancia con el conjunto de circunstancias que permitan, en la convicción del intérprete, encontrar configurada la intención de defraudar al fisco; situación que claramente no existe en esta causa.
Se agravia en cuanto la Administración no haya considerado que la documentación respaldatoria aportada es formalmente válida; para lo cual adquiere relevancia el criterio expuesto por este Tribunal en reiteradas oportunidades, en cuanto a la aplicación del principio de la buena fe en la interpretación de las normas y de los hechos atinentes a las relaciones del fisco con los contribuyentes y la falta de oponibilidad de las observaciones efectuadas a los proveedores.
Indica que acompañó la documentación que tenía en su poder para probar las operaciones cuestionadas. La AFIP no desconoció la autenticidad de dicho documental. En relación a las facturas impugnadas, no adujo su falta de autenticidad, sino que las tildo de apócrifas en base a una serie de presunciones que, a la luz de todo lo expuesto en el expediente 31.550-1, se ven desvirtuadas por la prueba desarrollada.
La actora se agravia en cuanto a la carencia de tipificación para la aplicación de las multas, la falta de sustento legal y de razonabilidad; ya que la determinación de las multas que la AFIP propicia, no se encuadran en lo establecido en el art. 47 inc. b de la Ley 11.683, ya que no existen en las declaraciones juradas presentadas consignación de datos inexactos que pongan grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible. Tampoco se encuentra presente la conducta que tipifica el art. 46 de la Ley 11.683 ya que las declaraciones presentadas no son engañosas o con ocultamiento malicioso, y tampoco existe contradicción entre los libros, registraciones, documentos, movimientos bancarios, con las declaraciones juradas.
La actora se agravia, en cuanto la AFIP establezca una supuesta vinculación con otras empresas en las determinaciones de oficio de las Resoluciones N° 28/2008 y N° 31/2010 (DV. RMRR); por las que imputan las infracciones y sanciones, partiendo de una premisa falsas e infundadas, respecto a que las firmas Agro Rouillon S.A, Kroten S.A., Agropecuaria Apea S.R.L., Agro San Ignacio S.R.L., y Tierra Adentro S.A., revestían el carácter de testaferros utilizados para blanquear operaciones y créditos fiscales en las etapas de comercialización y con respecto a las firmas Los Chamanes SH, Surco Agropecuaria SRL y Agro Santa Isabel SRL, con el fin de ocultar y disimular actos jurídicos y hechos atribuidos a otros sujetos, para la generación de crédito fiscal inexistente y posibilitar su cómputo en el impuesto, concluyendo que existía una maniobra a fin de obtener beneficios fiscales, sin fundamento alguno que permita imputar al contribuyente ocultamiento de ganancias o consignación de datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, por lo que deviene en inaplicable la tipificación de las conductas que se pretenden respecto al encuadre en el art. 47 inc. b) de la Ley 11.683.
Manifiesta que ninguna de las circunstancias aludidas respecto a estas empresas puede autorizar a la AFIP a considerar que el Sr. Ponce consigne datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible como lo prescribe el art. 46 y 47 inc. b) de la Ley 11.683.
Por todo lo expuesto solicita se declare la nulidad de las Resoluciones N° 42/2015 y N° 110/2022 (DV. RRMR) y/o en su caso revocándolas dejando sin efecto las determinaciones de multas. Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, formula reserva del caso federal.
II. Que, a fs. 62/79, 142/159, 365/381, 468/483vta, 571/585 y 700/714 se presenta el Fisco Nacional, contestando los recursos interpuestos y solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos.
Indica que la nulidad que pide la actora es una sanción de tal gravedad que sólo debe ser admitida en aquellos casos en que la causa de invalidez del acto surge en forma manifiesta e indubitable. Debe además tratarse de un vicio que afecta al acto en sus elementos esenciales (confr. Ley 19.549 art. 7, 8 y 14). En tal sentido, el art. 7 de la ley citada, establece como requisitos esenciales del acto administrativo, los siguientes: competencia, causa, objeto, procedimientos, motivación y finalidad.
De la simple lectura de las resoluciones en crisis surge claramente que las mismas han sido dictadas por la autoridad administrativa competente.
Asimismo, se han cumplido los procedimientos legales establecidos en el marco de las determinaciones de oficio; otorgándosele a la parte actora el plazo fijado por la ley a los efectos de que formule la defensa pertinente, no arrimando a autos elementos que permitan desvirtuar las imputaciones formuladas.
Por último, y en cuanto a la finalidad de los actos administrativos en cuestión, corresponde mencionar que en virtud de lo estipulado en la normativa vigente, se procedió a determinar de oficio las obligaciones fiscales correspondientes a los mencionados períodos fiscales, surgiendo saldos de impuesto a pagar a favor del Fisco; habiéndose liquidado además los correspondientes intereses resarcitorios y aplicado las multas en virtud de lo dispuesto en los artículos 46 y 47 inc. b) de la Ley de Procedimiento Tributario.
Asimismo, indica que no pueden proceder los agravios referidos al tratamiento dado a la prueba; por eso mismo la AFIP ha ponderado exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, resultando de dicho análisis que los argumentos utilizados por la recurrente no han sido decisivos para enervar el criterio fiscal. Destaca que las actuaciones apeladas son válidas, eficaces y ajustadas a derecho, reuniendo todos los requisitos intrínsecos y extrínsecos exigidos por la normativa vigente que hacen a su viabilidad y aplicación y no poseen ningún defecto que haga a su anulabilidad o nulidad.
Por otra parte, se refiriere a la queja del contribuyente en cuanto a que, habiéndose denegado la prueba ofrecida en las mismas resoluciones en donde se realizan las determinaciones de oficio, se estaría afectando su derecho de defensa. Sin embargo, no debe perderse de vista que del cotejo de las actuaciones administrativas se observa que la actora formuló sus agravios por las determinaciones de oficio sin que se advierta que, con motivo de la circunstancia apuntada, el contribuyente haya visto menoscabado su derecho de defensa, toda vez que los informes de inspección y de los escritos recursivos surge que la actora tuvo participación activa durante la auditoría fiscal.
Sostiene el Fisco Nacional que en modo alguno se violentó garantía alguna consagrada en la Constitución Nacional, ya que la responsable conoció perfectamente y en su totalidad los cargos formulados y la información colectada en la inspección, tuvo derecho a ser oído y a ofrecer las pruebas que estimó conducentes y obtuvo una resolución debidamente fundada, todo ello en riguroso cumplimiento de las normas vigentes.
Indica que la presunción de legitimidad del acto administrativo no impide que los jueces declaren su nulidad a pedido de parte afectada. Pero dicha sanción para el acto debe provenir de un vicio que implique una irregularidad grave.
No advierte entonces en qué medida no se ajustaría a derecho el procedimiento realizado, ya que tuvo la oportunidad de desvirtuar en forma fundada cada uno de los cargos o impugnaciones que le formulara la autoridad fiscal.
Finalmente, y respecto a la imputación que efectúa la recurrente en relación a que a que existiría –a su criterio- “...un prejuzgamiento inadmisible y violatorio del derecho de legítima defensa”, por cuanto la Sala B de este Excmo. Tribunal, en el expediente N°31.550-I de igual carátula, resolvió hacer lugar a la producción de la prueba, cabe destacar que el procedimiento llevado a cabo por la AFIP en la instancia administrativa fue ajustado a derecho y siguiendo los lineamientos previstos por la ley 11.683 y normas concordantes. Todo lo cual no se contradice con la facultad de discrecionalidad y de establecer la verdad de los hechos y de resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes que le atribuye el artículo 164 de la ley 11.683 (t.v.) al Tribunal Fiscal.
Expone el Fisco Nacional que de acuerdo a lo dicho por el Tribunal, ni la norma vigente ni la jurisprudencia emanada del Tribunal Fiscal en modo alguno avalan la pretensión del contribuyente, por lo que sólo resta a desestimar el planteo de nulidad formulado, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Sostiene que, la totalidad de los argumentos de la actora de manera alguna permiten desvirtuar los cargos formulados, ya que resultan ser meras manifestaciones sin respaldo en pruebas categóricas, las que se encuentran refutadas ampliamente por las constataciones efectuadas durante la fiscalización. Las pruebas aportadas resultan insuficientes y tornan ineficaz la construcción teórica desarrollada en la defensa, que correspondía al apelante aportar los elementos que pusieran de relevancia el error en la pretensión fiscal, circunstancia que no se ha verificado.
Indica que, las resoluciones apeladas, como actos administrativos, gozan de presunción de legitimidad por imperio legal, por lo que incumbe a quien la impugna, la demostración de los hechos que sustentan su pretensión, lo cual no ha sido logrado en este caso.
En tal sentido dice el Organismo fiscal que la carga de la prueba pesa sobre el contribuyente. Consecuencia ineluctable de que la misma debe justificar lo que determina mediante sus declaraciones juradas. En tal sentido, la apelación sólo se limita a criticar el proceder del Fisco sin aportar verdaderos elementos que sustenten sus argumentos.
Conforme lo expone el Fisco nacional, la actora plantea que la autoridad fiscal no ha evaluado los descargos que efectuó el contribuyente. Sin embargo, la verdad objetiva no es ni más ni menos la que surge de manera indubitable de los antecedentes que se acompañan. Y esa verdad a la que dice la AFIP arribó, la que no ha logrado ser desvirtuada por la apelante mediante pruebas hábiles al efecto, siendo que en el acto administrativo quedaron claramente expuestas las constantes inconsistencias detectadas, que fundamentaron el ajuste practicado. Plantea que la actora no se ha agraviado de la aplicación de los intereses resarcitorios, y sostiene que sean confirmados por haber quedado consentidos y firmes, pasados en autoridad de cosa juzgada. No obstante, aclara que dicho concepto resulta ajustado a derecho y que se aplica expresamente el texto legal vigente. Indica que la actora expresa su queja respecto de la aplicación de las sanciones de los artículos 46 y 47 inc. b) de la Ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones), la materialidad de los hechos han sido detallados descriptas en las resoluciones recurridas, habiendo sido acreditadas con los instrumentos obrantes en los antecedentes administrativos que se acompañaron encontrándose el elemento dolo perfectamente probado, al haberse comprobado que los montos declarados por la parte actora en su declaración jurada son inexactos, constituyendo ello, una maniobra (mediante el engaño) destinada a ingresar los tributos en menor cuantía que la debida. En el caso de autos, las diferencias detectadas por la inspección actuante han sido de tamaña significación que llevaron sin dudas al Fisco Nacional a considerarlas configurativas de la presunción de una “voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas”, descriptas en el inciso b) del artículo 47 de ley 11.683 (t.v). Debiendo agregar en autos, la consignación de datos inexactos ha tenido una grave incidencia en la determinación del impuesto a ingresar.
Indica que, el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito; c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones iuris tantum tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria.
Esto es, expone la representación fiscal, que la consecuencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Fisco probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha obrado con dolo y será éste que deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa.
Sostiene que, en autos el contribuyente no ofrece prueba alguna que brinde convicción suficiente para eximirla de la responsabilidad; limitándose únicamente a realizar manifestaciones genéricas acerca de su accionar. Los hechos tal como han acaecido en el presente caso son los portadores de las intenciones: son los que revelan la subjetividad y por ende la sanción ha sido correctamente impuesta atendiendo a esos hechos que han revelado intencionalidad y han perjudicado al Fisco.
En síntesis, el Fisco afirma que no cabe lugar a dudas que la responsable ha actuado con pleno conocimiento de su conducta y mediante un medio comisivo que redundó en un directo y evidente menoscabo de la recaudación tributaria, produciendo un daño al bien jurídico tutelado por la misma y esta actitud subjetiva es lo que el derecho declara idóneo para acarrear responsabilidad penal para la configuración de la defraudación.
Concluye, que los hechos probados y tenidos en miras por el Juez Administrativo tienen la virtualidad exteriorizante del dolo requerido en la jurisprudencia invocada; ante lo cual “...su impunidad sólo podía apoyarse en la correcta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el derecho vigente”, la cual no ha sido probada en estos obrados.
Cita jurisprudencia y doctrina, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la producción de prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Con fecha 17/06/2009 el Tribunal en Pleno resolvió la acumulación del Expte. N° 31.552-I.
A fs. 180 en el marco de los expedientes Nº 31.550-I y N°31.552-I se ordenó la apertura a prueba haciendo lugar a la prueba informativa y pericial contable propuestas por la actora. A fs. 189/255 obra la contestación de oficio del Banco Credicoop y a fs. 265/290 se acompañó el informe pericial contable.
Con fecha 12/10/2011 el Tribunal en Pleno resolvió la acumulación del Expte. N° 34.150-I y con fecha 18/09/2012 el Tribunal en Pleno resolvió la acumulación del Expte. N° 34.149-I.
A fs. 505 en el marco de los expedientes N° 34.150-I y N° 34.149-I se ordenó la apertura a prueba haciendo lugar a la prueba informativa y pericial contable propuestas por la actora. A fs. 505 se tuvo por desistida la prueba informativa al Correo Argentino y a fs. 512 se tuvo por decaído el derecho a producir la prueba informativa y la prueba pericial contable en el marco de los expedientes acumulados N° 34.150-I y N° 34.149-I.
Con fecha 26/11/2015 el Tribunal en Pleno resolvió la acumulación del Expte. N° 42.749-I. Con fecha 09/11/2022 la Sala “B” resolvió la acumulación del Expte. N° EX-2022-87845275- -APN-SGAI#TFN (fs.720).
Por ello, a fs. 728 se tiene por producida la prueba en el marco del expediente N° 31.550-I, se clausura el período probatorio y se elevan las presentes actuaciones a la Sala “B”.
A fs. 734 se ponen los autos a disposición de las partes para alegar. A fs. 746/750 se encuentran agregados los alegatos producidos por la parte actora y a fs. 740/744vta por el Fisco Nacional.
Finalmente, a fs. 751 se llaman los autos para sentencia.
IV. Los actos determinativos que se recurren en estas actuaciones tienen origen en la fiscalización que el Organismo fiscal realizó a la recurrente, quien manifiesta que su actividad consistiría en conectar al productor con el exportador o corredor y en algunos casos con otros consignatarios, actuando como un simple intermediario, sin planta de acopio, conectando las partes intervinientes en la operación, recibiendo como retribución una supuesta comisión por su gestión. Sin embardo, el Fisco Nacional expresa que los dichos de la recurrente no se condicen con la documentación de respaldo de las operaciones en que intervendría la recurrente, consistente en facturas de venta tipo “A” con membrete de los proveedores observados, lo cual según AFIP, no se compadece con la actividad expuesta por la actora.
El personal fiscalizador se abocó al análisis de los supuestos proveedores: AGRO ROUILLON S.A., KROTEN S.A., AGROPECUARIA APEA S.R.L., AGRO SAN IGNACIO S.R.L., TIERRA ADENTRO S.A., AGRO SANTA ISABEL S.R.L., LOS CHAMALES S.H. y SURCO AGROPECUARIA S.R.L., concluyendo que ellos era inexistentes (apócrifos) procediendo a impugnar créditos fiscales en IVA y deducciones en el Impuesto a las Ganancias y determinar diferencias a ingresar en tales gravámenes, intereses resarcitorios y multas que constan en los actos aquí apelados.
En relación a los proveedores impugnados seguidamente se destacan las observaciones que llevaron al Organismo Fiscal a concluir que no eran reales:
A) AGRO ROUILLON S.A. - CUIT N° 30-70869294-4:
La División de Investigación y la Dirección de Análisis Fiscalizaciones especializadas (DAFE), intentó la búsqueda de los responsables de la firma, labrándose actas en el domicilio fiscal, constituido primero en CABA, y luego en su nuevo domicilio fiscal en la Ciudad de Rosario, resultando infructuosa la intención de entrevistar a los mismos, pudiendo concretarse únicamente con los propietarios de los locales donde alquilaban oficinas de tipo "virtual" que hacía las veces de receptor de correspondencia y secretariado.
Ante éstas irregularidades y el incumplimiento a requerimientos cursados, notificados en los términos del Artículo 100, Inciso b) de la Ley N° 11.683, (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), la DAFE dio de baja a ésta contribuyente del Registro Fiscal de Operadores de Granos desde Mayo de 2005.
Se debe aclarar que las operaciones impugnadas con esta contribuyente corresponden a los períodos marzo de 2005 y abril de 2005, en tanto que la baja operó en mayo de 2005.
Otra de las inconsistencias observadas es la falta de retenciones del Impuesto a las Ganancias, conforme a la normativa en vigor al momento de la operación, esto es, Resolución General N° 830, Art. 17 y su modificatoria, Resolución General N° 884/00, Art. 3. La aplicación de la aludida retención resulta procedente en función de las operaciones que surgen de la documentación respaldatoria formalmente aportada.
Con respecto a los medios de pago, la fiscalización observó que en su mayor parte la cancelación de las operaciones se perfeccionó mediante transferencias bancarias, no pudiendo completarse la auditoría de dichos pagos con la prueba del verdadero destinatario de los fondos depositados en las referidas cuentas.
B) KROTEN S.A. - CUIT N° 30-70868272-8:
Se trató de localizar a los responsables de la firma, cuyos domicilios fiscales fueron constituidos primeramente en la CABA y luego en la Ciudad de Santiago del Estero y, ante la falta de cumplimiento a los requerimientos cursados, se la dio de baja del Registro Fiscal de Operadores de Granos, en septiembre de 2005.
Cabe señalar las similitudes de ésta firma con la analizada precedentemente, esto es AGRO ROUILLON S.A., a saber: 1) las dos sociedades fueron constituidas en la CABA, con un mes de diferencia, en la Escribanía de Graciela L. V. JORGE y luego cambiaron su domicilio, una a la Ciudad de Rosario y la otra a la Ciudad de Santiago del Estero; 2) las dos son integradas por personas domiciliadas en Rosario; 3) en relación a la operatoria con el contribuyente de autos, ambas confeccionan iguales notas respecto a las retenciones del Impuesto a las Ganancias; 4) la modalidad de pago es la misma, ya que las operaciones son abonadas por transferencias electrónicas a la CBU de KROTEN S.A., no pudiendo completarse la auditoría de dichos pagos con la prueba del verdadero destinatario de los fondos depositados en las referidas cuentas. La firma no posee capacidad económica.
C) AGROPECUARIA APEA S.R.L. - CUIT N° 30-70861940-6:
Respecto de esta firma se presentaron similares dificultades a las expuestas precedentemente en cuanto a la localización del real responsable a cargo de la comercialización.
La fiscalización actuante, conforme surge del Cuerpo Anexo N° 2 de este proveedor, y a través de una nota de compromiso de efectuar retención, obrante a fs. 31, suscripta supuestamente con el proveedor, concluyó conforme a los testimonios reflejados en actas, del carácter apócrifo de los comprobantes emitidos.
En efecto, localizada la persona que figura como emisor de los mismos, el Señor Américo Avelino GUTIÉRREZ, negó su participación en los mismos, indicando que la firma que aparecía en el mismo no le pertenecía, situación corroborada al suscribir el acta pertinente, 013 N° 0057862/63, fs. 29 a 32, resultando un elemento valioso de prueba a fin de corroborar la irregularidad de la documentación analizada.
Además, en el acta aludida, expone que participó efectivamente en la constitución de la sociedad, en calidad de "prestanombre", percibiendo por dicha figuración una determinada suma de dinero, quedando de tal manera comprobada la maniobra falaz en cuanto a la constitución de esta persona jurídica. La firma posee condición de usina de única actividad venta de facturas.
D) AGRO SAN IGNACIO S.R.L., CUIT N° 30-70144332-9:
Esta contribuyente fue investigada y fiscalizada por Dirección Regional Rosario, concluyendo que sus últimos integrantes son insolventes, que la planta de silos que poseen está cerrada y con signos de abandono, conforme surge de fs. 264/65 del Cpo. División investigación N° 2.
Además, del informe de inspección de la referida Dirección Regional Rosario, obrante a fs. 171/195 deI Cpo. IVA N° 1, surge como apoderado el Señor Héctor David CABRERA, era quién abonaba los alquileres del inmueble declarado como domicilio de la empresa y también retiraba las cartas de porte, constatándose que la documentación presentada que lo acreditaba como apoderado era falsa y el crédito fiscal incluido en las declaraciones juradas provenía también de sociedades irregulares como resultado de fiscalizaciones anteriores (AGRÍCOLA RÍO SALADO S.R.L., LA ARIPUCA S.R.L., CONTIGIANI Oscar, LOS CHAMANES entre otros) y que existían pagos con cheques a favor de AGRO SAN IGNACIO S.R.L., que finalmente eran cobrados por la misma persona que los emitía, demostrándose que la sociedad estaba creada para simular operaciones gravadas efectuadas por otros contribuyentes, tal como surge del informe final de inspección, habiendo operado con el contribuyente en junio de 2004 y julio de 2004. La firma no posee capacidad económica y se encuentra en base apoc desde el 02/01/2004.
E) TIERRA ADENTRO S.A., CUIT N° 33-70856928-9:
De acuerdo a la copia del contrato constitutivo, el Señor Fernando Gutiérrez poseedor de la mayoría de las acciones societarias, cede o transfiere las mismas al Señor José Juan Carlos Procopio, fs. 17 del Cpo. Anexo N° 4 el 20/11/04.
Además de requerimientos cursados obrantes a fs. 140 y siguientes del Cpo. Anexo N° 4, a la firma PRODUCTOS ARGENTINOS S.R.L., de la localidad de SANTA TERESA, SANTA FE, se constataron órdenes de pago a favor de TIERRA ADENTRO S.A., firmadas por el Señor Femando GUTIÉRREZ en carácter de presidente de la firma. No obstante, esta persona cedió sus acciones el 20/11/04, y los documentos aludidos tienen fecha 02/05, debiendo destacarse como otra inconsistencia la falta de similitud a simple vista de las firmas estampadas en la aludida cesión y las órdenes de pago, circunstancia que se suma a las inconsistencias detectadas y que permiten poner en duda la real titularidad del responsable de la operatoria investigada. La firma no posee capacidad económica.
F) LOS CHAMANES S.H. CUIT N° 33-70832449-9:
La firma se encuentra inscripta desde el 15/05/2003 declarando como actividad principal, cultivos industriales no clasificados en otra parte y como actividad secundaria venta por mayor de cereales. Los socios de la misma, Belis Fabián, CUIT 20-23811700-4 y Caballero Ariel - CUIT N° 20-23281490-0 se inscriben solo en el Régimen de Seguridad Social.
Se verifica la falta de presentación, por parte de ambos, de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, no posee bienes registrables, ni depósitos bancarios, no se exteriorizan retenciones sufridas ni se hallan inscriptos los socios ni la sociedad en el Registro Fiscal de Operadores en la Compra-Venta de Granos y Legumbres.
De las bases de datos surge para el período 05/2003 a 07/2003, un débito fiscal de $ $1.310.050,45 y declara $ 582.986,84. El monto de retenciones sufridas según las bases de datos asciende a $ 1.375.138,93 mientras que lo declarado es $ 1.587,62.
Que el domicilio fiscal declarado, sito en Corrientes N° 729, piso 8 of. 812, pertenece al estudio jurídico de Daniel Nardi. Se intentó citar a los integrantes de la firma por pieza postal, siendo estas devueltas. Que el domicilio fiscal del Sr. Belis Fabián, sito en Av. Génova N° 855, coincide con el legal declarado, y es inexistente. El domicilio de Av. Génova N°636 declarado por el Sr. Caballero Ariel como legal y fiscal, también fue informado por el correo como inexistente.
Que en síntesis la conclusión de los fiscalizadores, expone que se trata de un nuevo contribuyente, inscripto con el fin de ocultar y disimular actos jurídicos y hechos imponibles atribuibles a otros sujetos, para generación de crédito fiscal inexistente. La firma no posee capacidad económica.
G) SURCO AGROPECUARIA S.R.L., CUIT N° 30-70953318-1:
Se localizó al socio gerente en su domicilio de residencia, de condiciones humildes, el cual manifestó ser cadete, evidenciando ser un individuo insolvente interpuesto a fin de evadir impuestos.
En el domicilio fiscal declarado y luego actualizado, no pudo ser localizada. El titular del domicilio actual desconoce haber cedido en alquiler el predio a Surco Agropecuaria S.R.L.
La empresa no posee bienes registrables y no ha presentado declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. Desde su inscripción solo ha ingresado al fisco $ 294,10 en concepto de IVA período 06/2006. La firma no posee capacidad económica.
H) AGRO SANTA ISABEL S.R.L. CUIT N° 30-70895360-8:
No se la ha podido localizar en domicilio fiscal ni en el alternativo; tampoco posee bienes registrables. En atención a las declaraciones juradas presentadas en el Impuesto a las Ganancias no exteriorizan ingresos ni situación patrimonial.
Con Respecto a las declaraciones juradas, no presenta ni de Bienes Personales ni Ganancia Mínima Presunta. Solo registra pagos en IVA por $ 600 (10/04, 11/04 y 02/05) y de Regímenes de Seguridad Social.
Posee acreditaciones bancarias, siendo las del período 2008 de $ 72.000.66 coincidentes con las del socio Fernández Néstor Camilo.
No existen presentaciones de los balances generales ante la Inspección General de Justicia.
Los integrantes de la sociedad no poseen solvencia patrimonial ni cumplimiento formal ante la administración. La firma no posee capacidad operativa.
A partir de lo expuesto, se concluye que las sociedades proveedoras mencionadas no tienen capacidad operativa ni económica para concretar las operaciones que se documentan con los comprobantes impugnados, hecho que sumado al endeble circuito de pagos sólo permite concluir que las operaciones en cuestión no pudieron haber sido realizadas en razón de la imposibilidad material de aquellas para concretarlas.
V. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que, primer término, corresponde expedirse en torno al planteo de nulidad efectuado por la recurrente, quien manifiesta que los actos apelados carecen de razonabilidad, al no detallar los fundamentos de hecho y derecho en que se sustentan; que también existe una falta de sustento legal y razonabilidad; que la estimación de oficio se aporta de las atribuciones legales del art. 18 de la ley de rito; que no fueron respondidos ni siquiera analizados ninguno de los planteos efectuados en el descargo, además de haberse denegado la prueba ofrecida, entre otros cuestionamientos que llevan a la recurrente a considerar que los actos resultan nulos.
En principio cabe recordar que para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras.
En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de ese derecho y que la misma ha sido conculcada. Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
Que, respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto a los actos administrativos, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. La recurrente conoció perfectamente y en su totalidad los cargos formulados y la información colectada en la inspección, tuvo derecho a ser oído y a ofrecer las pruebas que estimó conducentes y obtuvo una resolución debidamente fundada.
Con respecto al argumento que le denegaron la prueba ofrecida en instancia administrativa, cabe indicar que la recurrente cuenta en instancia de este Tribunal con la posibilidad de ofrecerla y de hecho así lo hizo e incluso con respecto a algunas pruebas, se desistió y en otras se dio por decaído el derecho a producirla, por la propia responsabilidad de ella.
En cuanto a la valoración que hizo el Juez Administrativo de los argumentos aportados para rebatir el sustento de los ajustes realizados, no se observan aspectos reprochables en la valoración realizada y en todo caso están sujetos a revisión en esta instancia.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. En atención a lo señalado precedentemente, no puede acogerse el planteo de nulidad articulado. No se imponen costas autónomas.
Cabe recordar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013 en el que expresó que “tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. Fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó “como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal” (conf. Sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con él a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia”.
VII. La actora plantea también la violación del principio de estabilidad y litispendencia por avanzar en determinaciones respecto de temas ajustados en periodos previos que están aún en discusión.
Al respecto cabe indicar que no se observa que el accionar del Organismo Fiscal haya excedido sus posibilidades legales en avanzar respecto de los facultades de verificación y determinación en relación a periodos fiscales posteriores con criterios que sustentaron ajustes en periodos previos que se encontraban también en discusión en este Tribunal, todo lo cual terminó formando parte de los presentes actuados. Por ello, tampoco corresponde hacer lugar a dichos planteos.
VIII.-Que, en relación al fondo del asunto, cabe concluir que la impugnación de dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la efectiva realización de las operaciones por parte de los proveedores cuestionados por el Fisco Nacional.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores y que ellos realizaron operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones, por los proveedores impugnados siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Con relación a la actividad declarada por la recurrente consistente en el rol de intermediario, comisionista o consignatario, según lo expone de manera reiterada en los recursos interpuestos, lo cierto es que le asiste razón al Fisco Nacional que en la práctica se observan facturas de venta tipo “A” con membrete de los proveedores cuestionados, indicativas de operaciones de compraventa que no se compadecen con la actividad expuesta por la actora.
IX. Que entrando al análisis de los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia de Impuesto al Valor Agregado, es dable recordar que conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que, formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando la impugnación de las operaciones en ellas consignadas.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores cuestionados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los productos involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros o que no es su obligación verificar el domicilio comercial de sus proveedores.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas o que dichos proveedores se encuentren inscriptos, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados. En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resulta inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
En el caso de autos la prueba producida no logra acreditar que las empresas cuestionadas, hayan efectivamente sido los proveedores de bienes que dan cuenta las facturas impugnadas por el Fisco Nacional supuestamente emitidas por aquellas, dada la falta de capacidad económica y operativa de las mismas.
Específicamente en relación a las pruebas informativa y pericial producidas en estas actuaciones no aportan elementos concretos y contundentes que permitan acreditar que dichas empresas realmente existían como empresas en marcha y realizaron las operaciones que supuestamente se facturaron a la recurrente, dados los cuestionamientos que el Fisco Nacional realizó a partir de las tareas de fiscalización realizadas. Que, en virtud de lo expuesto y no habiéndose podido corroborar que los emisores de las facturas hayan sido los reales y efectivos proveedores de los bienes, no procede el cómputo de crédito fiscal en función de las inconsistencias detectadas en aquellos, y toda vez que la actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribó el Fisco a través de la inspección realizada, acreditando la efectiva realización por parte de las nombradas de las operaciones, corresponde confirmar las resoluciones que determinan el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
X. Que en cuanto a las determinaciones del Impuesto a las Ganancias, en lo que aquí interesa, el art. 17 de la LIG prevé que “para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga", mientras que el art. 80 de la citada ley dispone que "Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina".
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos siendo que justamente no se pudo probar el circuito comercial de los bienes adquiridos ni el económico, es decir no se comprobó la real concreción de las operaciones -su sustantividad-, ni tampoco se pudo verificar el verdadero destino de los fondos supuestamente empleados para abonar las hipotéticas transacciones. En cuanto a las pruebas producidas en estos actuados no logran acreditar que las operaciones, independientemente de quienes fueran sus proveedores, realmente hubieran existido y en la cuantía que exponen los comprobantes impugnados.
Que atento lo expuesto, no se contaría con elementos suficientes a efectos de considerar la real existencia de las operaciones respaldadas con los comprobantes impugnados involucrados en los ajustes referidos al Impuesto a las Ganancias, corresponde su confirmación.
XI.-Que, no habiendo agravios, concretos en materia de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XII. Que, resta resolver respecto de las multas aplicadas en las resoluciones apeladas en estas actuaciones, conforme artículos 46 y 47 inciso b) de la ley de rito, graduadas en dos veces el impuesto omitido, que se originan en los ajustes en materia de impuestos se confirman según las consideraciones vertidas en los puntos precedentes. Cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Ahora bien, las formas genéricas del fraude son el ardid y el engaño, que tienen como finalidad hacer creer a la víctima o mantenerla en la creencia o reforzarla en su creencia de que lo que no es verdadero lo es. Pero el ardid o el engaño han de ser “idóneos”, esto es aptos para inducir a error, en el caso, al organismo especializado en la fiscalización y recaudación tributaria.
Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11.683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008).
Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
A su vez, el artículo 47 inciso b) de la ley de rito, prevé que “Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas (…) b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”.
No puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en las respectivas resoluciones y que particularice en el ajuste practicado, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. Cabe destacar, en este orden de ideas, que la conducta de la recurrente constituye una maniobra por la que se perjudicó al Fisco Nacional, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista en el citado artículo 46. Cabe indicar que la prueba ofrecida no resulta pertinente para desvirtuar los aspectos que sirvieron de base al organismo fiscal para fundar las presunciones activadas en materia sancionatoria.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en las presentes actuaciones, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.04.17 09:28:24 ART Date: 2024.04.17 11:15:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.17 12:02:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.17 12:02:54 -03:00
Fin de la sentencia