Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que mediante IF-2023-130248438-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2023-246-E-AFIP-DVJSAL#SDGOPII (DV JSAL) de A.F.I.P.- D.G.I. Dirección Regional Salta del 6 de Octubre de 2023 y notificada el 27 de Octubre de 2023. A través de la mencionada resolución se aplicó una multa de $3.504.250,13, equivalente al 100% (cien por ciento) del importe del tributo dejado de pagar por el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2021, en virtud del artículo 45 de la ley Nº 11.683 (texto vigente), con la reducción del segundo párrafo del artículo 49 del mismo texto legal.
En primer lugar, manifiesta que la declaración jurada del período fiscal 2021, fue presentada fuera de término toda vez que el vencimiento general fijado para la presentación de la misma fue el día 26/05/2022 (RG 4626 AFIP) y la presentó el día 10/06/2022, es decir con muy pocos días de retraso, menos de un mes, y el organismo recaudador en las resoluciones que dictó -apertura de sumario y la aplicación de la multa- reconoce su presentación, no siendo observada. Agrega que, la declaración se presentó con posterioridad a la fecha de vencimiento general del impuesto, al mismo tiempo en que se encontraba bajo inspección.
Dice que consta en el expediente administrativo, la presentación del correspondiente descargo en el que expuso una serie de argumentos y defensas que demuestran que la figura infraccional deviene inaplicable, ademas de configurar una segunda sanción sobre un mismo hecho.
Manifiesta que, existió una infracción formal, sancionada con una multa automática pero niega la comisión de una infracción material, ni dolosa ni culposa. Por ello, entiende que no puede aplicarse la multa del artículo 45 de la ley 11.683. Agrega que, la aplicación de una segunda sanción por un hecho ya sancionado, viola el principio de “non bis in ídem”.
En segundo lugar, la actora expone que la Instrucción General N°06/2007 contiene un conjunto de pautas que las áreas centrales del Organismo han establecido para que sean cumplidas por las áreas operativas. Resalta que tal instrucción contiene una clara interpretación de la Ley 11.683, efectuada por la propia AFIP –DGI, que no puede contradecirse sin vulnerar la doctrina de los actos propios y sin arrollar los principios de ejemplaridad del estado, de buena fe y de confianza legítima (sic).
Afirma que, la falta de presentación de declaración jurada no constituye la conducta idónea para configurar la infracción, pues debe ser objetivamente dificultoso detectar la maniobra mediante un rutinario y normal control y tener virtualidad para engañar al Fisco. Así ello, la mera demora -breve- en la presentación de la declaración jurada resulta atípica mientras que no se configure además una maniobra falaz susceptible de buscar inducir al fisco a error o desconocimiento de los hechos imponibles acaecidos.
Aclara que a la hora de aplicar un tipo penal debe tratarse de aquel que se adapte con mayor exactitud al hecho, postergando la utilización de tipos penales vagos, genéricos o inadecuados. Señala que en el caso de marras, la conducta de no presentar declaración jurada en el momento en el que está obligado a hacerlo es la exactamente prevista específicamente en el artículo 38 de la ley 11.683.
Advierte que el organismo no ha arrimado prueba alguna que haya actuado con una intencionalidad reprochable al registrar una demora en la presentación de la declaración jurada en cuestión. Funda en doctrina y jurisprudencia que entiende respalda su postura.
Entiende que el principio de culpabilidad, como garantía individual, se encuentra dentro del conjunto de postulados esenciales a todo estado constitucional de derecho, que opera como límite de la potestad punitiva y se traducen en condiciones necesarias tanto para la atribución penal, como para la imposición de la pena. Conforme plantea la actora, no existió una intensión defraudatoria ni omisiva al momento de declarar el impuesto, dice haber declarado correctamente el impuesto sin mediar ocultación ni omisión alguna, razón por la cual entiende, no existe el elemento subjetivo requerido para una sanción. Además, observa que se pretende graduar una sanción que toma como base el monto declarado en el impuesto, evidenciando una graduación exagerada y desproporcionada, lo que contraría el principio penal de proporcionalidad de la pena, también aplicable en materia sancionatoria. Recuerda que estamos ante una demora menor a un mes en presentar la declaración. Advierte su clara voluntad de colaborar con el Fisco Nacional toda vez que el impuesto fue correctamente declarado sin que se haya puesto en movimiento el procedimiento de determinación de oficio (sic). Expone que tanto la doctrina como la jurisprudencia han determinado que la infracción contemplada en la norma, se considerará consumada recién en el momento de correrse la vista con que se inicia el procedimiento de determinación administrativa del gravamen. En tal sentido, agrega que el organismo recaudador ha considerado que la figura requiere que la inacción del sujeto pasivo del impuesto tenga carácter definitivo, pues a su criterio la norma está dirigida a la omisión irreversible. Debiendo ser necesaria la intervención del Fisco Nacional para sustituir al contribuyente en la función determinativa de su obligación tributaria, a través del procedimiento de determinación de oficio.
Hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada con costas.
II. Que mediante IF-2024-18885546-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional se presenta y contesta el recurso deducido por la parte actora y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
Informa que del análisis de los antecedentes administrativos se desprende que a consecuencia de la fiscalización realizada por el organismo fiscal; se observó que la responsable no presentó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2021, cual fue presentada en fecha 10/06/2022. Manifiesta que, se efectuó la correspondiente apertura sumarial, la que fue notificada a la encartada el 08/08/2023, en el domicilio fiscal electrónico.
El 24/08/2023, el contribuyente presentó descargo y en fecha 06/10/2023, se aplicó sanción de multa mediante el dictado de la RESOL-2023-246-EAFIP- DVJSAL#SDGOPII.
En primer lugar, resalta que se ha merituado correctamente la conducta punible con la debida fundamentación y motivación, sin que la actora aportara elementos de prueba que excusaran su actuar salvo críticas efectuadas en forma genérica a los considerandos del Juez Administrativo interviniente.
Entiende que el encuadre de la conducta resulta procedente, toda vez que se pudo acreditar la conducta culposa de la contribuyente, con lo cual queda demostrada la clara responsabilidad de quien no incurrió en un mero error, sino de quien omitió cumplir con sus obligaciones fiscales. Y dice que de la simple lectura de la norma puede observarse que sí corresponde la aplicación de la multa para aquellos contribuyentes que omiten el ingreso correspondiente de sus impuestos, tal como ocurre en el presente y en contradicción con lo que afirma la contribuyente en su demanda.
Expresa que la recurrente no puede alterar las consecuencias de sus propios actos, ya que la conformidad dada mediante la presentación de la declaración jurada respectiva, supone el claro reconocimiento de que tenía obligación de presentar la misma, habiendo omitido hacerlo.
Expone que la omisión fue detectada a raíz de las tareas de fiscalización efectuadas por la Administración, por lo que la reparación posterior del daño ocasionado, mediante la presentación de las declaraciones juradas, aunque fuera en forma voluntaria, o para cumplir con el deber formal, no exime a la encartada de la sanción correspondiente. Y agrega que, las infracciones materiales, el bien jurídico tutelado se encuentra constituido por la percepción de la renta fiscal oportunamente y en su justa medida.
Señala que la presunta punibilidad formal alegada por la contribuyente tipifica una infracción de naturaleza distinta a la que se le imputa a la responsable en el presente, por cuanto aquella sanciona una infracción cuyo bien jurídico protegido es la “Administración Tributaria“, que si bien no se lesiona de manera directa la Renta Fiscal, se impide u obstaculiza el accionar del organismo fiscal.
Advierte que el contribuyente reitera idénticos argumentos a los expresados en sede administrativa, manifestando esa parte que que la resolución que impugna no tomó en consideración ninguno de los puntos planteados. Ese organismo recaudador entiende que es manifiestamente improcedente en virtud de que surge claramente de los motivos expuestos en el considerando del acto administrativo dictado, donde fueron contestados los puntos planteados por la contribuyente, remarcando la errónea interpretación de la normativa que realiza el contribuyente.
Remarca que que uno de los caracteres del acto administrativo es la presunción de legitimidad, que implica la suposición que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión y por ello en virtud de que se encuentra perfectamente acreditado el elemento objetivo que requiere la norma para que se configure la infracción tipificada por el artículo 45 de la Ley de Procedimientos Tributarios, por cuanto la omisión de presentación de la declaración jurada en cuestión, llevó a la recurrente a omitir el pago del tributo al momento del vencimiento del mismo.
Respecto a la presunta violación del principio del “non bis in ídem” alegada por la contribuyente, señala que nos encontramos antes la comisión de una infracción material cuya naturaleza es absolutamente distinta a la la formal alegada por la contribuyente. Y en este sentido, entiende que cabe señalar que en los ilícitos formales el legislador tiende a proteger la administración tributaria, por medio de la incriminación de la falta de colaboración con la misma para la mejor verificación, fiscalización, percepción o determinación de los gravámenes mientras que el bien jurídico aquí tutelado está dado por las rentas fiscales o hacienda pública sancionando el incumplimiento total o parcial de la obligación de pago del impuesto en tiempo y forma ocasionando un perjuicio económico a las arcas públicas.
En cuanto a lo manifestado por el contribuyente de la Instrucción General Nº 06/2007, el Fisco Nacional informa que dicho instrumento se trata de una instrucción interna de esta Administración Federal que se encuentra actualmente derogada y que, por su propia naturaleza jurídica, no tiene efectos respecto de terceros administrados resultando dicho planteo improcedente.
En tercer lugar, sobre la procedencia de la sanción y del encuadre infraccional realizado el planteo de la recurrente, el Fisco Nacional señala que la imputación alude al encuadre de la acción perpetrada en alguno de los tipos infraccionales previstos en la ley de rito fiscal, —en el caso, el Art. 45— en tanto que los antecedentes del ajuste, dan cuenta de una etapa precluida a tenor de la falta de declaración jurada. Es así que el plexo legal en cuestión demanda de la actora la carga de dirigir su actividad procesal en crear la convicción respecto a la ausencia de los extremos que conforman el tipo citado, situación que no ha logrado.
Remarca que la facultad de presentar la declaración jurada una vez abierta la Orden de Intervención no está prevista para evitar la aplicación de sanciones por incumplimientos a los deberes legales, máxime cuando éstos han sido detectados como consecuencia de una verificación fiscal iniciada por el Organismo.
Resalta que este tipo de infracciones materiales que describe la Ley N° 11.683 en su art. 45 son de comisión instantánea, quedando configuradas al verificarse la falta de presentación jurada debida al al organismo recaudador, en oportunidad de su vencimiento. Por lo tanto, el ingreso tardío del gravamen no posee la virtualidad de purgar el ilícito. Así ello, del análisis de los antecedentes de la causa entiende surge de forma palmaria la existencia de los elementos configurantes de la infracción sancionada, siendo irreprochable la actuación de los inspectores del Fisco Nacional y el criterio del juez administrativo que encuadró el accionar infraccional en las previsiones del Art. 45 de la Ley de Procedimiento Fiscal, sin que la recurrente hubiera ofrecido algún tipo de prueba idónea.
Hace reserva de caso federal, efectúa oposición a la prueba y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. Que, considerando el estado de autos, la prueba documental agregada por la actora al interponer el presente recurso y toda vez que la prueba ofrecida por la parte actora radicó en la incorporación de los antecedentes administrativos de la causa, los que fueran aportados por la representación fiscal; el Tribunal mediante PV-2024- 37393292-APN-VOCV#TFN resolvió hacer saber a las partes que la presente causa se resolverá con las constancias de autos y sus actuaciones administrativas, quedando la misma conclusa para definitiva. A través de PV-2024-39889726-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y mediante IF-2024-42602781-APN-VOCV#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que para entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde revisar los hechos constatados por la inspección actuante y expuestos en los antecedentes administrativos.
Conforme surge del informe final de inspección, acompañado por la Administración en el IF-2024-18803810- APN-DTD%JGM el Origen del caso radica en la Falta de presentación de la DJ del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2021 al vencimiento. Surge que la fecha de inicio de la fiscalización fue el 1/06/2022, y la presentación de la declaración jurada original el 10/06/2022 es decir que la declaración jurada y el pago del gravamen fue efectuado fuera de plazo y a instancias del inicio de la fiscalización.
V. Que, en primer lugar, corresponde abordar los agravios de la actora relativos a la afectación del principio de “ non bis in idem”. En ese sentido, cabe destacar que la Corte ha expresado que la violación del non bis in idem debe entenderse configurada cuando concurran las tres identidades clásicas: eadem persona (identidad de la persona perseguida), eadem res (identidad de objeto de persecución) y eadem causa petendi (identidad de la causa de persecución) (Fallos: 345:440; voto de los jueces Fayt y López en Fallos: 326:2805). Tales recaudos típicos encuentran su razón de ser en que la garantía se dirige a respetar al individuo que ya ha sufrido la persecución del Estado contra la reiteración del ejercicio de la pretensión punitiva ya sea en un proceso concluido o en trámite. Ahora bien, cabe advertir que en el caso particular la parte actora plantea la violación a este principio en razón de haber sufrido una sanción por la falta de presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -art. 38 de la ley de rito- y luego la sanción aquí apelada en los términos del art. 45 de la ley de procedimiento. Sin embargo, dicho planteo no puede prosperar toda vez que surge evidente que dichas sanciones refieren a dos infracciones diferentes.
Por un lado, el art. 38 que establece una sanción por el incumplimiento a un deber formal -falta de presentación de declaración jurada- y por el otro, el art. 45 que sanciona el incumplimiento al deber material -obligación de pago mediante falta de presentación de declaraciones juradas o de declaraciones juradas inexactas-. Ello así, se advierte evidentemente que no existe en el particular una identidad de hechos punibles ni del objeto de persecución.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el agravio de la parte actora.
VI. Que habida cuenta del análisis que antecede, cabe expedirse respecto al fondo de la cuestión, correspondiendo a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada, con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.v.).
Dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago de impuestos y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Respecto a la excusabilidad del error, cabe señalar que la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
En tales condiciones, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió ingresar el impuesto no presentó la declaración jurada correspondiente en término, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada. En cuanto a los argumentos de la actora por cuanto entiende que su conducta no encuadra en el art 45 de la ley 11.683 invocando la Instrucción General del año 6/2007 emitida por el Organismo Fiscal, corresponde señalar que no resulta acertado el criterio de la recurrente ya que su conducta queda subsumida en el 2do párrafo del art. 49 de la ley 11.683 (texto según Ley 27430, norma de jerarquía superior y de fecha posterior a la instrucción citada) que dispone: “Si un contribuyente o responsable regularizara su situación mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa en el lapso habido entre la notificación de una orden de intervención y la notificación de una vista previa conferida a instancias de la inspección actuante en los términos del artículo agregado a continuación del artículo 36 y no fuere reincidente en las infracciones, previstas en los artículos 45, 46, agregados a continuación del 46 o 48, las multas establecidas en tales artículos se reducirán a un cuarto (1/4) de su mínimo legal”.
Ello así, conforme la normativa citada, en nada modifica el hecho de que la recurrente haya presentado la declaración jurada original en lugar de una rectificativa puesto que la letra del segundo párrafo del artículo 49 de la ley 11.683, basta para desestimar el agravio deducido. Así tampoco influye, el tiempo transcurrido entre el vencimiento de su obligación y su efectiva presentación toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos excepcionales del art. 13 del mismo texto legal.
Que en función de todo lo expuesto y de las circunstancias de autos, no habiendo ofrecido prueba la actora que pudiera eximirla de la sanción aplicada, toda vez que no acredita la verificación de un error con entidad excusante, esencial, decisivo e inculpable y toda vez que la multa apelada fue adecuadamente ponderada por el juez administrativo, quien tuvo en cuenta la oportunidad en que el contribuyente presentó la declaración jurada original, por cuanto aplica la reducción prevista por el artículo 49 de la ley procedimental, y no encontrando mérito alguno para apartarse de lo resuelto por el Juzgador Administrativo, corresponde confirmar la sanción apelada, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la multa aplicada, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.05.06 12:54:15 ART Date: 2024.05.06 13:05:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.06 15:12:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.06 15:13:09 -03:00
Fin de la sentencia