Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 42.736-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
Y
I. Que mediante IF-2023-16317704-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 175/2022 (DV RRSF) dictada, en fecha 20/12/2022, por el Sr. Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Santa Fe de la A.F.I.P-D.G.I., en virtud de la cual se dispuso determinar de oficio la obligación del recurrente frente al Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia (“ASE”) del período fiscal 2020, más intereses y aplica multa equivalente al ciento por ciento (100%) del aporte determinado conforme lo dispuesto por el art. 45 de la ley 11.683.
Manifiesta que las actuaciones iniciadas por el Fisco Nacional tienen origen en la Orden de Intervención Nº 1.925.749, ello producto de que la recurrente encomendó con anterioridad a un profesional en ciencias económicas un análisis de la incidencia del ASE y evaluar su confiscatoriedad. Explica que notificó a la AFIP la conducta que asumiría frente a la nueva gabela y su decisión de accionar judicialmente a fin de que se declare su inconstitucionalidad.
Expone que el resultado del análisis técnico que fue encomendado por su mandante al profesional fue plasmado en una certificación contable de fecha 25 de marzo de 2021 de la cual, dice la recurrente, surge que el tributo creado por la ley 27.605 absorbe de modo confiscatorio, un 57,51% de la rentabilidad de los bienes gravados. Señala que decidió acompañar al Fisco dicha certificación contable y anoticiarlo de su decisión de no presentar la declaración jurada, de no efectuar el pago del ASE y de no presentar la Declaración Jurada informativa. Explica que el Fisco Nacional dio inicio a la fiscalización que derivara en el procedimiento de determinación de oficio y en el dictado de la resolución aquí recurrida, notificando la apertura de la Orden de Intervención Nº 1.925.749 respecto del ASE correspondiente al período 2020 y formulando el requerimiento de la documentación pertinente.
Asimismo, describe que en fecha 13/05/2021, la actora interpuso una acción de inconstitucionalidad por ante el Juzgado Federal de Rafaela solicitando que, por las razones esgrimidas en dicha presentación, se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad en el caso de la ley 27.605, actualmente en trámite bajo la caratula “Garnero, Carlos Antonio c/AFIP-DGI s/Acción Mera Declarativa de Inconstitucionalidad” (Expte. Nº 7966/2021).
Declara que, la División Revisión y Recursos dictó la Resolución Nº 67/2022 (DV RRSF) de fecha 05/07/2022 mediante la que corrió vista de las actuaciones a la actora e instruyó sumario infraccional imputando la figura del art. 45 de la ley 11.683, procedimiento que concluye con el dictado del acto aquí recurrido.
Opone excepción de nulidad, en los términos del inc. h) del art. 171 de la ley 11.683 (t.o. en 1.998 y sus modif.) para que sea resuelva con el fondo de la causa. Manifiesta esa parte que el procedimiento en sede administrativa debe ser declarado nulo en cuanto a la determinación del impuesto y aplicación de pena de multa por violación de esenciales garantías constitucionales durante su tramitación.
Entiende que, conforme las disposiciones vigentes de los arts. 75, inc. 22) y 109 de nuestra Carta Magna y jurisprudencia vigente del Máximo Tribunal, la AFIP no está facultada para dictar el acto en recurso y, con su accionar, ha viciado de nulidad absoluta e insanable al mismo.
Expone que, los trámites administrativos que regula la determinación de obligaciones tributarias y la aplicación de sanciones son contrarios a la Constitución Nacional ya que no respetan los principios de que un mismo juez no puede instruir la causa y a su vez ser juez del juicio. Y, asimismo, agrega la actora, que tampoco los jueces administrativos pueden aplicar multas como se pretende en el caso. Siendo las violaciones operadas durante el procedimiento administrativo no subsanables con el posterior control judicial o revisión.
Todo ello en contradicción con el principio de independencia e imparcialidad del juzgador, atentando contra las garantías del debido proceso y defensa en juicio; cita jurisprudencia y doctrina que entiende sustentan su planteo. Plantea la improcedencia de la determinación de oficio que proviene de la alegada inconstitucionalidad del ASE. Expone que mediante la ley 27.605, ha sido creado un nuevo impuesto y no un “aporte solidario”, ya que regula una obligación coactiva impuesta por una ley del Estado con varios destinos específicos, muchos de los cuales no guardan relación alguna con los fines supuestamente perseguidos.
Afirma que, luego de ser evaluada la constitucionalidad en el caso concreto, el ASE luce violatorio de los principios de no confiscatoriedad, razonabilidad, capacidad contributiva e igualdad.
Agrega que el nuevo bloque constitucional ha derogado tácitamente la norma del art. 185 de la ley 11.683; manifiesta que este Tribunal puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, al igual que todos los Órganos del Estado se encuentran obligados a efectuar el control de convencionalidad y de constitucionalidad. Plantea la confiscatoriedad del tributo, manifiesta que ello ha sido demostrado de modo fehaciente mediante la prueba pericial rendida en las actuaciones previas en sede administrativa, la cual se adjuntó como documental en los presentes actuados, arrojando una absorción del ASE sobre las rentas producidas por los bienes gravados en el año 2020 por un total de un 67,46%. Además, informa que si a ello se le suma el impacto que sobre tal rentabilidad produce el impuesto sobre los bienes personales (incluido impuesto sobre acciones y participaciones societarias) del mismo período, la absorción asciende a un 74,03%. Asimismo, respecto de los bienes localizados en el exterior, el ASE implica una absorción del 158,12%.
Aclara que, sólo se midió a fines de demostrar la confiscatoriedad, el impacto sobre la rentabilidad de los bienes gravados sumando el impuesto sobre los bienes personales puesto que este grava la posesión de los mismos bienes que el ASE y en su conjunto ocasionan una afectación patrimonial descomunal. Pero ello no equivale a la impugnación de un tributo por doble imposición ya que, en rigor, no podría haberla cuando el sujeto impositor es el mismo.
Advierte que, como la confiscatoriedad en el caso ha sido probada, el Fisco Nacional cuestiona la validez de la prueba rendida, atacando el resultado de la pericia con argumentos insustanciales. Explica que si bien el Organismo destaca la existencia de diferencias entre el informe de aseguramiento y el informe pericial las que, más allá de existir, son mínimas y, entiende la actora, no modifican un ápice el resultado confiscatorio del tributo. Siendo la diferencia entre el tributo liquidado según pericial y según determinación de oficio es de apenas $33.674.- equivalente a un 0,20% del impuesto.
En el mismo sentido, agrega que el Fisco Nacional cuestiona también el porcentaje de renta derivada de la participación en la sociedad Gracagro SA, donde sostiene el organismo fiscal que debería computarse, en función de tal participación, un 25% de las rentas obtenidas en el ejercicio por la sociedad y sumarle los resultados no asignados del ejercicio anterior, resultando inadmisible. Así tampoco, resultaría procedente la observación formulada en la resolución en recurso sobre el no cómputo de resultados anteriores respecto de Gracagro SA o resultados acumulados en Denevall SA puesto que se trata de ganancia de ejercicios anteriores no distribuidas, las que funcionan como una reserva. Cita jurisprudencia variada.
En cuanto a la violación del principio de capacidad contributiva entiende que el ASE supera los límites tradicionalmente tomados en cuenta para resguardar este principio rector de la materia tributaria, por lo que debe dejarse sin efecto el cargo formulado por la inconstitucionalidad del impuesto pretendido.
Manifiesta que la afectación no se debe medir restringiendo su análisis al valor de los bienes gravados sino al modo en que el tributo incide sobre la rentabilidad de los mismos en un todo. Expone que la eventual venta de uno de los bienes gravados para afrontar el pago es la única posibilidad, ya que la alternativa del plan de pagos ofrecido en su momento en nada conmueve esta situación toda vez que el total del desembolso se debía realizar en un breve lapso, dentro del mismo periodo fiscal, lo que en nada alivia la carga confiscatoria Expone que, la alícuota con la que el ASE grava a la actora excede todo parámetro de razonabilidad respecto de la capacidad contributiva que sostiene un impuesto de tipo patrimonial; remarca que si bien está admitido tomar el patrimonio como indicador de capacidad contributiva, gravarlo por encima de su capacidad efectiva de generar rentas implica indefectiblemente su destrucción. Funda su postura en jurisprudencia variada.
Se agravia en cuanto a la violación de los principios de igualdad y razonabilidad al conferir, el ASE, un trato más gravoso a sujetos con la misma capacidad contributiva que poseen bienes localizados en el exterior por cuanto ello no representa ningún criterio diferenciador razonable.
Plantea que, la norma establece escalas directas, fijando alícuotas para cada tramo sin que se establezca un criterio que permita aplicar la alícuota de cada escala inmediata superior sobre el excedente de la precedente para cuantificar el impuesto sobre bienes ubicados en el país. Asimismo, señala, que si tuviera la totalidad de sus bienes en el país en lugar de que algunos bienes se encuentren en el exterior, tributaría a una alícuota 53% menor. En el mismo orden expone que, si todo su patrimonio estuviera radicado en el país, pagaría una alícuota del 2,5% (y, por el excedente de cuatrocientos millones, a una del 2,75%) pero, por tener parte de sus bienes en el exterior, sufre sobre estos una alícuota del 3,75% que, además, se establece en función de la base imponible integrada por los bienes del exterior más los del país. Y declara que, la reducción de alícuotas mencionadas se alcanza por repatriación de activos financieros, lo que no resulta útil para ello ya que no todos los bienes que los sujetos poseen en el exterior constituyen activos financieros, lo que pone en evidencia el propósito de hostilizar a quienes cuentan con patrimonio en el extranjero, reflejando un trato discriminatorio injustificado.
Plantea la violación del principio de razonabilidad al interpretar que el acto de gobierno no guarda relación adecuada entre los medios elegidos y los fines perseguidos por el ASE.
Manifiesta que ni la emergencia sanitaria ni la solidaridad invocadas para crear el inconstitucional ASE lucen como habilitantes del mismo toda vez que la emergencia sanitaria fue declarada en el país cuando la pandemia no existía. Asimismo, señala que en el caso se ha optado por crear un nuevo impuesto al patrimonio, que se suma a los ya vigentes, gravando al patrimonio bruto, no neto, todo lo que conlleva a la destrucción de la fuente generadora de renta como es el patrimonio o el capital en lugar incentivar su crecimiento en aras de la prosperidad del país. Esto ahonda la irrazonabilidad por la manifiesta inadecuación entre medios y fines. Finalmente cita jurisprudencia en apoyo de su postura, ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado con costas.
II. Que mediante IF-2023-48885590-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar manifiesta que la acción meramente declarativa de inconstitucionalidad que presentó la contribuyente ante el Juzgado Federal de Rafaela, en trámite bajo el Expte. 7966/2021, en cual solicitó una medida cautelar en relación al ASE, fue rechazada el 15/06/2021. Agrega que, la nulidad planteada por la actora en relación al procedimiento y resolución determinativa aquí apelada, basa sus agravios en la inconstitucionalidad de la ley 11.683 y Dto 618/97. A ello, la representación fiscal entiende que no asiste razón al presentante, ya que no puede invocarse la nulidad por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar.
Expone que, en el acto recurrido no se han transgredido las normas aplicables, encontrándose fundado en los hechos y antecedentes que le sirven de causa, expresándose en forma concreta las razones que indujeron a su emisión.
Aclara que, la efectiva violación del art. 18 de la C.N. no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior; dice que la actora parece ignorar las facultades que posee el juez administrativo, enmarcado en la normativa aplicable, específicamente en lo que refiere a los arts. 17 y 74 de la ley 11.683 habiéndose respetado todos y cada uno de los pasos y requisitos del procedimiento establecido sin vulnerar garantía alguna de la contraparte.
Afirma que la apelante discrepa con la conclusión a la que arribó el Juez administrativo acerca de la calificación de su conducta, lo que no constituye una cuestión que afecte la validez del acto, sino que integra el fondo mismo de la cuestión que se está debatiendo, encontrándose en la especie frente a un típico caso de “nulidad por la nulidad misma", tratado reiteradamente por la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal y Cámaras de Apelaciones.
Alega que si bien la contribuyente alega la afectación de principios constitucionales (tales como el de no confiscatoriedad, el derecho de propiedad, etc.) no logra probar en modo alguno cómo es que éstos resultarían violentados en el caso concreto de autos, por lo que su planteo -además de improcedente- deviene abstracto. Manifiesta que el Aporte en trato no es un “impuesto”, sino que se enmarca en las contribuciones previstas en el art. 4 de la Constitución Nacional, a la vez que las mismas se erigen como uno de los recursos de los que dispone el Estado para hacer frente a los gastos de la Nación, gastos que -como se sabe- sufrieron un impacto por un hecho sin precedentes en la historia moderna, como es la pandemia producida por el Covid-19 y la propagación de tal enfermedad.
Sostiene que más allá del duelo semántico que pretende instalar la actora, no se advierte que dicho argumento pueda tener alguna finalidad conducente a acreditar el planteo que realiza respecto de la inconstitucionalidad del ASE. De tal manera, afirma que este planteo no implica impedimento constitucional para el Estado a fin de obtener los recursos necesarios para su subsistencia en esta situación de absoluta excepcionalidad, máxime cuando no ha podido demostrar la violación a ningún principio constitucional.
Indica que el agravio de confiscatoriedad alegado por la accionante no puede tener acogida favorable, siendo que, para ello, la actora debería haber llevado a cabo una actividad probatoria a partir de la cual surja con absoluta nitidez que el aporte solidario absorbe una porción sustancial de su capital, lo cual resulta de dificultosa comprobación al considerar la magnitud de la base de determinación que acoge la norma cuestionada, en su particular caso. Entiende que las pruebas aportadas y ofrecidas en el marco del procedimiento determinativo, así como la ofrecida en esta instancia no resultan suficientes a los efectos pretendidos.
Manifiesta que el Aporte bajo estudio solo contempla aquellos patrimonios más acaudalados, siendo que el legislador ha optado por gravar aquellas manifestaciones de riqueza más grandes a fin de obtener financiamiento para asistir a aquellos sectores del país que más han sufrido y sufren las consecuencias de la Pandemia en cuestión.
Afirma que se observa la no afectación del principio de no confiscatoriedad que rige en la materia, en tanto no absorbe una parte sustancial del capital de la recurrente. Asimismo, por el contrario, se aplican alícuotas mínimas sobre patrimonios de muy alto valor con el fin específico de atender una emergencia sanitaria -económica y social- sin precedentes en el país y en el mundo, tal como lo conocemos. Indica que el agravio de confiscatoriedad merece una acabada actividad probatoria de la cual surja con absoluta nitidez que el aporte solidario absorbe una porción sustancial del capital de la actora.
Manifiesta que se dejó en claro que la pericia producida en sede administrativa presenta deficiencias que le restan valor probatorio, las cuales fueron detalladas por el Juez Administrativo en la resolución apelada y a las que se remite en merito a la brevedad. En definitiva, dice que no existen dudas de que el Aporte Solidario debe aplicarse sobre los activos de la actora y no sobre la renta. Por lo tanto, el análisis relacionado con la magnitud de la carga en cuestión debe hacerse con relación al valor de los mismos y no a su utilidad económica.
Sostiene que el planteo de la actora es, además, incongruente, teniendo en cuenta el criterio temporal utilizado en la Ley 27.605. Indica que el aporte Solidario no es una obligación de carácter anual; por el contrario, es de índole extraordinaria y por única vez.
Alega que los argumentos de la actora deben ser descartados teniendo en consideración que el ASE tiene una base netamente patrimonial, independientemente de la capacidad de generar ganancias de los bienes alcanzados. El hecho imponible está dado por la titularidad de dichos bienes como manifestación de capacidad contributiva, y no en la capacidad de generar ganancias de los mismos. En efecto, no existe imperativo legal ni constitucional alguno que compulse al legislador a considerar como único instrumento de medición de la capacidad contributiva a los ingresos netos, o de una renta, como pretende la recurrente.
Con respecto a los intereses resarcitorios manifiesta que no requerir los intereses liquidados estaría creando una excepción o privilegio a favor del recurrente. Ello, por cuanto han sido establecidos en virtud de las disposiciones legales, que son aplicables a todos los contribuyentes en igual situación.
En lo relativo a la aplicación de la multa manifiesta que la acción desplegada por la sumariada se ajustó acabadamente a la figura típica reseñada, habida cuenta que la responsable no presentó la declaración jurada del Aporte de marras, omitiendo con ello su ingreso. Aclara que la ponderación efectuada por el juez administrativo resulta incontrovertible por la contraparte, advirtiéndose claramente en la especie la recta configuración de los elementos requeridos por el tipo infraccional aplicado.
Acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que mediante PV-2023-73752326-APN-VOCV#TFN se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba pericial contable y la prueba informativa. En IF-2023-112336901-APN-DTD#JGM se produce la prueba pericial contable. En IF-2023-107186394-APN-VOCV#TFN se produce la prueba informativa, que consistió en conocer el estado procesal de la acción declarativa iniciada ante la justicia federal, quien informó que se encontraba con autos para alegar. En atención al estado de la causa, por PV-2023-151616958-APN-VOCV#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2024- 13593835-APN-VOCV#TFN los pone para alegar, la parte actora presenta su alegato mediante IF-2024- 17552394-APN-DTD#JGM y el Fisco Nacional a través del IF-2024-19347655-APN-DTD#JGM. Finalmente, mediante IF-2024-31752963-APN-VOCV#TFN se llaman los autos para sentencia.
IV. Que del análisis de las actuaciones administrativas se observa que se remitió F 8.000/1 N° 0250002021023080107 a la recurrente comunicando el inicio de fiscalización y F 8600/1 N° 0250002021023258004, solicitando información y/o documentación necesaria para llevar a cabo la tarea fiscalizadora (DDJJ y comprobante de pago del aporte, detalle de los bienes gravados por la ley al 18/12/2020 y su valuación juntamente con la documentación respaldatoria, las donaciones efectuadas 180 días anteriores al 18/12/2020, de corresponder, entre otros elementos), notificados electrónicamente el 29/04/2021, a través de e ventanilla acorde a lo establecido en el art.100 inciso g) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1.998 y sus modificaciones). El fiscalizado incorpora en su escrito un "Informe de aseguramiento de contador público independiente sobre la incidencia porcentual del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia creado por la ley 27.605 y del Impuesto sobre los Bienes Personales sobre la renta producida por los activos que conforman la base imponible de los mismos" realizado por el Contador Público Nacional Luis Parolín, en el cual opina acerca de la incidencia del mencionado aporte como así también realiza la determinación (estimada) del mismo y aporta la documentación respaldatoria de los bienes que incorpora como base para el cálculo del aporte. Al momento de su confección no se encontraban vencidas las DDJJ Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre los Bienes Personales 2020.
El 23/09/2021 el contribuyente dió cumplimiento al requerimiento cursado acompañando papeles de trabajo del Impuesto sobre los bienes personales.
Con la información contenida en el "informe de aseguramiento" presentado por el contribuyente en el marco del Expte. 7966/2021, la aportada en Presentaciones digitales, la documentación correspondiente a las contestaciones de las circularizaciones efectuadas y la información obrante en las bases del organismo (DDJJ presentadas por el contribuyente y la derivada de los respectivos regímenes de información), el inspector actuante confecciona los papeles de trabajo con el detalle de sus bienes en el país y en el exterior, (base del aporte), y su valuación de acuerdo a la normativa aplicable.
El agente fiscalizador ha detectado inconsistencias en la valuación de los bienes efectuada en el ANEXO 1 -A- del "informe de aseguramiento", las que se detallan seguidamente:
(1) - Participaciones Sociales en Argentina - Participación del 50 % en CEREALES AGROMAC SRL (Patrimonio Neto según Estado de Situación Patrimonial al 30/06/2020 de $ 4.575.027,71) -valor asignado $ 2.287.513,86. En este punto el informe de aseguramiento presentado al Juzgado Federal consigna un importe de $ 228.751,39.
(2) -Participaciones Sociales en Argentina —Patrimonio Unipersonal- valor asignado $ 32.269.013,66, según Anexo Documental IX (f° 198 Cuerpo Auxiliar Documentación Demanda Expte 7966/2021 N11). En este punto el informe de aseguramiento consigna $ 31.652.249,36.
(3) - Inmuebles en Colonia Belgrano (Santa Fe): el área fiscalizadora toma en cuenta el avalúo fiscal actualizado conforme a la DD.JJ. Imp. Bienes Personales 2020, a saber: $ 386.145,56, $ 21.818,88 y $ 192.016,57, total $ 599.981,01. El informe de aseguramiento consigna $ 86.000 para los tres (3) inmuebles.
(4) -Créditos en Argentina - Créditos por Cesión de Acciones GARAGRO SA CU1T 30-71539489-4. El valor asignado $ 12.096.433,44, resulta de valorizar los 4.368 quintales de soja (que Garagro S.A. informó adeudar al rubrado en su Presentación Digital del 03/01/2022) según la cotización prevista en el Contrato de Cesión de Acciones aportado (ésto es, el precio promedio del quintal de soja, en condiciones de Cámara al cierre del Mercado de la Plaza de Rosario de tres días hábiles de operaciones tomados diez días corridos previos al vencimiento indicado para cada cuota) -Ver fs. 12, 19 y 20 Cuerpo Auxiliar Circularizaciones N° 1- (5) - Participación Societaria en Denevall SRL (Balance cerrado 30/06/2020). Valor asignado $ 21.895.652,81. A los efectos del cálculo se tomó como base los Estados Contables de la firma Uruguaya Denevall SRL aportados en el "Informe de aseguramiento..." donde se observa que el Patrimonio Neto ascendía a $ 32.417.668 (Pesos Uruguayos). A dicho valor se le detrajeron los inmuebles (incluidos en el rubro "propiedades, planta y equipos") que ascienden a $ 20.644.864 (pesos uruguayos) ya que los mismos se declaran por separado como inmuebles del exterior, arribando a un valor de Pesos Uruguayos $ 11.772.804 (de los cuales el Sr Garnero posee el 95%). Su participación al tipo de cambio a la fecha del Estado Contable (U$D 42,212 por $ Uruguayo) equivale a U$S 264.952,24, los que fueron pesificados según el tipo de cambio de referencia al 18/12/2020 de $82,64. Así surge un total de bienes en el país y en el exterior de $ 496.595.336,66.
V. Que, corresponde a este Tribunal por lógica precedencia abordar el planteo de nulidad articulado por la actora. Ello así, cabe señalar que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
En cuanto a la nulidad opuesta por la actora por considerar violado el principio del juez imparcial, al tratarse del mismo funcionario el que llevó adelante la actividad de instrucción y el que dictó la resolución determinativa, invocando la doctrina emanada de nuestro Alto Tribunal en el caso Llerena. (CSJN, "Llerena Horacio Luis s/abuso de armas y lesiones —arts. 104 y 89 del Cód. Penal causa 3221", 17/05/2005, fallos 328:1491, entre otros) y lo dispuesto por los tratados internacionales, cabe remitirse a lo resuelto por esta Sala “B” con fecha 30/8/2012 en los autos “VIETTO, Mario Antonio” y con fecha 10/7/2019 en el Expte. N° 42.736-I, caratulado: “SUKERMAN BERNARDO s/apelación – IVA” y su acumulado N° 42.737-I”, donde se sostuvo “Que respecto de la falta de independencia e imparcialidad, que advierte la recurrente en el carácter de juez administrativo del que está investida la funcionario firmante de la resolución recurrida, la que aparece en la relación jurídicotributaria como acreedor y con su actuación al determinar el tributo viola el art. 109 de la C.N.
Al respecto, cabe destacar que la actuación llevada a cabo por la Administración Fiscal ha sido dentro de un procedimiento administrativo que no reviste naturaleza judicial, y que se encuentra expresamente reglado en la Ley N° 11.683.” “Que, asimismo, respecto de las garantías que a favor del administrado surgen del artículo 8°, apartado 1, del Pacto de San José de Costas Rica, de rango constitucional, cabe recordar lo que al respecto expresara la Alzada en la causa “Colfax S.A. (TFN 11.715-I) c/Fisco Nacional s/medida cautelar” de fecha 12/5/2000, al expresar que “...la previsión contenida en la invocada cláusula del Pacto de San José de Costa Rica relativa a la necesaria intervención de un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, se exhibe plenamente satisfecha, desde que, en la especie, la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación responde a tales exigencias.” “Que el procedimiento tributario es un procedimiento de comprobación que lleva a cabo la Administración tributaria con el fin de determinar el tributo, liquidar sus accesorios y, en su caso, aplicar multa.
Culmina en un acto administrativo cuya naturaleza no es jurisdiccional. Aquí -como señala Carnelutti- la Administración “juzga y manda para el desenvolvimiento de un interés en conflicto y no para la composición del conflicto: se trata de un juicio y un mandato de parte, no de un juicio y de un mandato imparciales, puesto que la autoridad administrativa es uno de los sujetos en conflicto, mientras que la autoridad judicial se halla sobre los sujetos en conflicto”.” “Que, con respecto a la inconstitucionalidad alegada por la recurrente, cabe hacer notar que el artículo 185 de la ley de rito impide a este Tribunal una declaración en contra de la validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras, excepto que hubiera un fallo del Más Alto Tribunal en ese sentido, pero obviamente se puede examinar la cuestión y pronunciarse por la afirmativa.
El recurso ante la Alzada judicial y el caso federal aseguran el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad efectuado por los contribuyentes.”
Cabe recordar que en similar sentido la Sala “C” de este Tribunal in re “Jockey Club Asociación Civil”, sentencia del 29/04/2010, sostuvo que “...si la imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad, la aplicación de este principio al ámbito administrativo, llevaría a la conclusión de impedir la realización de cualquier actividad administrativa jurisdiccional por parte de los funcionarios de los organismo del Estado, quienes por cumplir debidamente su función dentro de la esfera administrativa con dependencia funcional y remunerativa de la administración revisten una parcialidad manifiesta”, concluyendo en consecuencia que “...es en el ámbito de los procesos jurisdiccionales: Tribunal Fiscal como órgano separado de la administración activa y en la instancia judicial en que el juzgador opera como un tercero imparcial frente al fisco y el contribuyente, y donde cobra plena vigencia la garantía cuyo resguardo es solicitado por el recurrente para la instancia administrativa, donde dicho planteo carece de todo asidero.”
Asimismo, es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Cabe señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que si bien fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual solicitó que sea tratado como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho.
Previo a adentrarnos en las particularidades de la causa conviene resumir, en su parte pertinente, la normativa involucrada.
Así, el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (...)”.
El art. 3° aclara que “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $200.000.000.
Cabe señalar en primer término que sin perjuicio del nomen iuris utilizado por el legislador, el Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27605 se encuentra incluido dentro del concepto de “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” al que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional. En efecto, se trata de “una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos” (CSJN, in re “Cladd Industria Textil S.A. Y otro c/Estado Nacional -SAGPYA resol. 91/03”, sentencia del 4/8/2009; “Camaronera Patagónica S.A. C/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, del 15/4/2014).
Tiene dicho el Alto Tribunal que para arribar a la caracterización de un tributo, cabe prescindir de la denominación asignada por las normas y atender sólo a su naturaleza, pues no se trata de un problema terminológico sino sustancial (Fallos 303:640); y que para definir su carácter debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide (Fallos 280:176).
En ese sentido el Máximo Tribunal ha dicho que “la norma define un presupuesto de hecho que, al verificarse en la realidad del caso concreto, da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones establecidas por ella, siendo que tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado y que su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares afectados, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia” (CSJN, in re “Pablo Horvath c/Nación Argentina”, Fallos 318:676, sentencia del 4/5/1995). En función de esa doctrina jurisprudencial cabe concluir que de las previsiones de la ley como de las de su decreto reglamentario, surge que el Aporte en cuestión constituye una contribución de carácter pecuniario, obligatoria, impuesta unilateralmente por el Estado mediante el dictado de una ley en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional según el procedimiento consagrado en la Constitución Nacional, en circunstancias excepcionales en el contexto de una emergencia sanitaria.
El destino de los fondos recaudados no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la Ley 27605. Tampoco la clasificación formulada por la Secretaría de Hacienda mediante la resolución 22/2021, que en su artículo 1° dispone incorporar “... el concepto ‘12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’ en la clase ‘12.9 Otros’ del tipo ‘12. Ingresos no tributarios’ del clasificador de recursos por rubros”, forma obstáculo para considerar al aludido aporte como un tributo, dadas las circunstancias apuntadas más arriba en orden a la real naturaleza de dicho aporte–que se subsume en los términos que definen el tributo- (véase CNCAF, Sala I, en los autos “T.,S. c/ EN -AFIP- ley 27605 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022). En definitiva se trata de una calificación que conduce a un encuadre y tratamiento administrativo de los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la gabela, que carece de virtualidad y efectos a los fines de mudar la naturaleza y rasgos esenciales de la misma -definidos por vía legal-, proceder que por lo demás, le está vedado llevar a cabo al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria (en tal sentido, CNCAF, Sala II, in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio c/ EN AFIP Ley 27605 s/Amparo Ley 16.986, sentencia del 14/02/2023).
Sentado ello y entrando al análisis de los agravios constitucionales esbozados por la parte actora, los que deben ser analizados en esta instancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley 11683, debe recordarse que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 345:951).
La Corte Suprema sostuvo que “el control de constitucionalidad, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en que tal derecho –cuya función social se ha de tener presente- se halla con la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el hecho de serlo” (Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/07/2009).
La Corte ha dicho también que “…escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301). Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder (Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293)” (“HERMITAGE S.A. C/ PEN – MeyOS”, 15/06/2010).
En cuanto a los agravios de la actora relativos a la afectación del principio de razonabilidad al conferir un trato mas gravoso a sujetos que poseen bienes localizados en el exterior, corresponde analizar las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo referente a la razonabilidad de selección de las clasificaciones o categorías en materia tributaria, las que están relacionadas con el principio de igualdad. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, cabe considerar la condición de las personas que soportan los impuestos en orden al carácter y magnitud de la riqueza (arg. Fallos: 207:270). Cabe recordar que la igualdad en materia tributaria alude a establecer gravámenes idénticos a los contribuyentes en condiciones análogas (arg. Fallos: 138:313), lo cual comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación específica sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (arg. Fallos: 149:417).
Así pues, en el precedente “Unanué” (Fallos: 138:313) se dejó sentado que: “...la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución, importa, en lo relativo a impuestos, establecer, que en condiciones análogas deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes. Fallos: tomo 132, página 198 y los allí citados. Que en ese mismo orden de ideas ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos que la garantía constitucional mencionada no se propone erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases como serían si se hicieran depender de diferencias de color, raza, nacionalidad, religión, opinión, política u otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes (Bell's Gap Railward Cº.V. Pennsylvania 134 U. S. 232). Que, en consecuencia, cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (Cooley On Taxation 3ª ed. página 75 y siguientes; Willonghby, On The Constitución, página 593)”.
En el precedente “Drysdale” (Fallos: 149:417), la CSJN afirmó: “Que la igualdad ante la impuesta en el precepto citado, comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Y en materia impositiva esta Corte ha establecido reiteradamente que la observancia de aquél principio se cumple cuando en condiciones análogas se imponen gravámenes iguales a los contribuyentes”. Asimismo corresponde señalar que en lo relativo al principio de capacidad contributiva, se ha señalado en distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la misma debe ser entendida como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular, a partir de la existencia de una riqueza en su posesión, siendo que constituye la causa jurídica del tributo (conf. Jarach, Dino, El hecho imponible..., ob. cit., ps. 85/86, 91, 102/103, 119).
En el caso de la Ley 27605, que aquí nos ocupa, advierto que el hecho imponible ha sido establecido en base a un criterio de manifestación directa de capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo en virtud de la existencia de un determinado patrimonio y que luce legítima la técnica utilizada por el legislador en cuanto formó categorías de contribuyentes de acuerdo con su alta capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo, siendo que la contribución será igual para todas las personas de igual capacidad contributiva. Ello así, es dable concluir en la ausencia de arbitrariedad en las clasificaciones realizadas por el legislador al definir el hecho imponible.
Dicho ello, cabe analizar el agravio sustentado por la parte en cuento a la pretendida alegación de confiscatoriedad del aporte determinado por el Fisco Nacional.
En particular, en relación al supuesto de confiscatoriedad, se ha señalado inveteradamente que, para que ésta exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros). Bajo tales pautas, y como ha dicho esta Sala B en otros antecedentes (Casino de Misiones, Sala B del 19/07/2019), debe interpretarse que la confiscatoriedad no puede ser establecida sino a consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condiciona su aplicación, en definitiva, la violación del derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado, debiendo estarse al valor real de los bienes, no a su valuación fiscal, y considerar su productividad posible, esto es, su capacidad productiva potencial (Fallos: 314:1293 ya citado y sus citas). En esa línea conceptual se ha establecido asimismo, que la comprobación del índice de productividad es "siempre indispensable" (Fallos: 209:114) o un "elemento de juicio primordial e insustituiblemente necesario para estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del impuesto" (Fallos: 220:1082). También se ha sostenido que la doble imposición no importa por sí misma violación constitucional (Fallos: 210:500, 257:127, 263:534, 327:1729, entre otros).
Cabe considerar que la manifestación de capacidad contributiva escogida por el legislador para establecer el ASE es el capital, patrimonio o riqueza –aunque únicamente sobre los bienes-, no cabe considerar las rentas o ganancias reales que haya obtenido la recurrente, como elementos para establecer la posible confiscatoriedad en este tributo patrimonial.
En ese sentido, la Corte ha dicho que “la presunta conformidad de las leyes nacionales o provinciales con las normas constitucionales, que es el principio cardinal de la división, limitación y coordinación de los poderes en nuestro régimen institucional, no debe ceder -por transgresión a ese principio y a esas normas- sino ante una prueba contraria tan clara y precisa como sea posible y particularmente cuando se trata de impuestos creados por el Poder Legislativo en virtud de sus facultades no discutidas, cabe tener presente que el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar no de una mera estimación personal, aunque ella emane de peritos ilustrados y rectos, ni de circunstancias puramente accidentales y eventuales, sino de una relación estimada entre el valor del bien gravado y el monto de ese gravamen, al margen de accidentes transitorios y circunstanciales sobre la producción el aprovechamiento de aquél” (Fallos 207:238; replicado por la Corte en “Gómez Alzaga, Martín Bosco c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 21/12/1999).
En definitiva, en palabras de la Corte (in re “Gómez Álzaga”, antes citado), “...surgen principios básicos aplicables en casos semejantes: a) el carácter confiscatorio de los tributos debe relacionarse con el valor real y actual del bien o su potencialidad productiva; b) esta apreciación de una situación fáctica no debe surgir de una mera calificación pericial de la racionalidad presunta de la explotación sino de la comprobación objetiva de los extremos indicados precedentemente; y c) la acreditación del agravio constitucional debe ser clara y precisa, esto es, inequívoca.”
Nada de ello se encuentra debidamente acreditado en las presentes actuaciones.
En efecto, entrando al análisis del informe pericial producido en autos, en primer lugar se observa que el monto de bienes que forman parte de la base para el cálculo del Aporte Solidario y el importe que hubiere correspondido ingresar que informan los auxiliares contables, resultan cercanos a los montos determinados por el Fisco Nacional. En efecto, el Fisco Nacional determina un monto a ingresar por concepto de ASE en la suma de $ 16.516.918,53 en tanto que de la pericia surge que el monto sería de $ 16.483.244,08; esto es una diferencia de $ 33.674,45, tal como lo señala la propia parte actora en su escrito recursivo. Esta diferencia se origina en la diferencia de valuación respecto del inmueble Colonia Belgrano (correspondiente a bienes en el país) y en la participación social de la firma Denewall (correspondiente a bienes en el exterior).
En este aspecto se observa que la valuación del inmueble Colonia Belgrano que se consigna en la pericial contable es de $ 86.000; en tanto que en la determinación de oficio se toma el monto de $599.981,01. Del informe pericial no surgen las razones del monto consignado, mientras que en el acto apelado y en las actuaciones administrativas se observa que el monto de $599.981,01 responde al avalúo fiscal actualizado conforme a la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes personales del período 2020 (vide fs. 39 de las actuaciones agregadas en IF-2023-48889329-APN-DTD#JGM). Ello así, este Tribunal ha de estar a los montos consignados por el Fisco Nacional.
En cuanto a la participación social en la firma Denewall la pericial contable consigna el monto de $ 21.271.790,53 en tanto que en la determinación de oficio se consigna la suma de $ 21.895.652,81. Que conforme se observa en la pericial, se ha tomado en cuenta que la participación del 95% representaba en pesos uruguayos la suma de 11.184.163,80 la que convertida a dólar a razón de $u 43,25 (cotización al 30/6/2020) por dólar da la suma de U$S 257.403,08, la cual convertida a pesos argentinos al 30/06/2020 resulta en $ 21.271.790,50. La diferencia con el Fisco Nacional radica en la cotización del dólar al 30/06/2020 para la conversión del peso uruguayo. Según consigna el juez administrativo en el acto apelado, la cotización que toma es de $u 42,212, valor que es el informado en los Estados Contables de Denevall SRL (vide fs. 199 del Cuerpo Auxiliar Demanda Expte 7699/2021 Nro. 1 y fs. 216 del Cuerpo Nº 2, que obran agregados en IF-2023-48890727-APN-DTD#JGM e IF- 2023-48892537-APN-DTD#JGM), la que coincide con la información publicada en el sitio web del Banco Central de la República Oriental del Uruguay para la cotización del dólar billete al día 30/06/2020 (vide fs. 65 de las actuaciones agregadas en IF-2023-48894238-APN-DTD#JGM), lo que pudo ser verificado por este Tribunal en la página web de dicha entidad (vide https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e- Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx), razón por la cual habrá de estarse a la valuación consignada por el Fisco Nacional.
Ahora bien, sentado ello, teniendo en cuenta que la diferencia antes expuesta representa un escaso valor en relación a los montos en juego, corresponde analizar igualmente los puntos de pericia ofrecidos por la parte actora que tienden a demostar la confiscatoriedad del aporte determinado. En efecto, entrando al análisis del informe pericial producido en autos, los puntos de pericia propuestos por la parte actora están dirigidos a que los expertos informaran el porcentaje de la renta declarada por el contribuyente en el período fiscal 2020 que sería absorbida por el pago de la sumatoria del Impuesto a los Bienes Personales de ese período y el Aporte Solidario (punto 9 del Informe Pericial IF-2023-112336901-APN-DTD#JGM). Igualmente, realiza un cálculo sobre la absorción respecto de los bienes localizados en el exterior.
Ello así, no se advierte que el informe pericial producido en IF-2023-112336901-APN-DTD#JGM haya arrimado la información que se ha estimado prudente a la luz de la doctrina emanada de los fallos antes citados, habida cuenta que nada dice respecto del valor real de los bienes que la actora posee, ni respecto del valor potencial estimado de sus bienes a partir de los flujos de rentas o ingresos que producirían aquellos bienes. Es decir, no se encuentra acreditado que el importe del ASE determinado por el Fisco Nacional, que se ajusta a los parámetros de la ley, resulte una absorción sustancial de los bienes alcanzados por aquél, en los términos requeridos en los precedentes jurisprudenciales de nuestro Alto Tribunal antes citados.
En definitiva, la escasa idoneidad probatoria del peritaje contable conlleva a que la pretensión deducida carezca de la prueba “clara y precisa” (Fallos: 207:238) o “concluyente” (Fallos: 314:1293 y sus citas) que ha exigido la Corte, razón por la cual no puede acogerse el planteo de la recurrente en autos.
Ello así, cabe confirmar la resolución apelada con costas.
VII. Que, respecto de los intereses resarcitorios cabe precisar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo tanto, se confirman los intereses fijados en la determinación recurrida, con costas.
VIII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental. En ese sentido, es sabido que dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
Por su parte, el segundo artículo agregado mediante la ley 27.430 a continuación del artículo 50 de la ley de rito, incorpora que se entenderá por “error excusable” cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Y continúa, en orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. En el caso de autos, nada de ello ha sido acreditado.
En tales condiciones, en el caso particular, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada.
En virtud de lo anteriormente expuesto corresponde confirmar la resolución apelada en autos en todos sus términos. Con costas.
Por ello SE
Confirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.04.08 12:22:59 ART Date: 2024.04.08 12:46:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.08 13:40:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.08 13:41:13 -03:00
Fin de la sentencia