Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 28/44vta., se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la resolución N° 144/2010, de fecha 12/11/2010, a través de la cual el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Microcentro de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, resuelve determinar de oficio el Impuesto Sobre los Bienes Personales – acciones y particiones societarias – periodos fiscales 2007 y 2008, por la suma de $ 1.149.431,08 y de $972.650,16, respectivamente, con más la suma de $688.126,07 para el periodo fiscal 2007 y de $ 349.505,62 para el periodo fiscal 2008, en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $919.544,68 para el periodo fiscal 2007 y de $778.120,13 para el periodo fiscal 2008, equivalente al 80% del impuesto omitido, con sustento en el art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
En primer término, expone los argumentos de hecho y de derecho que motivaron el ajuste fiscal.
A lo largo de su escrito de apelación, la recurrente se agravia de la resolución puesta en crisis, por cuanto la interpretación que efectúa el Fisco Nacional para determinar el impuesto, no se condice con la interpretación que entiende correspondiente la contribuyente sobre qué balance corresponde utilizar a los efectos de la determinación de la base imponible, esto es, el comercial o el impositivo.
Para ello, sostiene que las conclusiones a las que arriba la AFIP no constituyen una derivación razonada y fundamentada del derecho vigente sino simples afirmaciones de tipo dogmático sin explicar el por qué se debe tomar el balance comercial cuando la norma no lo menciona como pauta para determinación del impuesto, puesto que no se puede sostener que la norma es clara cuando no precisa cual es la especie del género a que se refiere, dado que la misma no puntualiza si lo hace con referencia al balance comercial o al balance impositivo, toda vez que de ello se deriva la aplicación - o no – del ajuste por inflación.
Asimismo, aduce que la AFIP resolvió sin sustento alguno no hacer lugar a la prueba informativa ofrecida en la instancia anterior cuando la misma fue propuesta para demostrar la improcedencia de atribuir al Poder Ejecutivo la emisión de un acto de directa implicancia impositiva, toda vez que considera que ello provocaría un aumento de la base imponible del impuesto en cuestión.
Afirma que la inaplicabilidad de la remisión al Impuesto a las Ganancias dispuesta por el art. 31 del Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto a los Bienes Personales con fundamento en que posee parámetros propios para la valuación de los bienes, carece de respaldo legal toda vez que dichos parámetros se refieren exclusivamente al balance sin dedicar una sola palabra a la valuación de los bienes que lo componen. Respecto a las multas por omisión aplicadas, solicita se dejen sin efecto por cuanto, en atención al principio de personalidad de la pena, habría una falta del elemento subjetivo toda vez que no se observarían indicios objetivos de una conducta que permita tener por existente dicho aspecto.
Por otro lado, con relación a los intereses resarcitorios expresa que los mismos no corresponden en atención a que, en los términos del artículo 509 del Código Civil, no le corresponde la atribución de la mora por no haberse producido culpa alguna pues habría no habría omitido las diligencias que exige la naturaleza de la obligación. Ofrece prueba informativa. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 390/403 se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Se opone a la prueba ofrecida. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. A fs. 411 se abre la presente causa a prueba, haciendo lugar a la prueba informativa solicitada. A fs. 417/435vta. luce contestación del oficio librado a la Procuración General del Tesoro de la Nación. A fs. 437/438 se encuentra agregada la contestación del oficio dirigido a la Administración Federal de Ingresos Públicos y afs. 451/491 obra contestación del oficio dirigido al Ministerio de Justicia de la Nación. A fs. 524 se presenta el Fisco Nacional informando que la recurrente en fecha 29/04/2016 fue presentada en concurso preventivo y en fecha 16/09/2019 fue decretada su quiebra. Asimismo, a fs. 530, la representación fiscal hace saber a este Tribunal que dicho proceso falencial se encuentra tramitando por ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 3, Secretaría N°6, bajo el número expediente N° 8030/2015.
Por su parte, a fs. 545 se presenta el Cdor. Pedro Bernardo Passarini, en su carácter de síndico de la recurrente. A fs. 547 se clausura el periodo probatorio y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”. A fs. 551, se dispone como medida para mejor proveer se libre oficio al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 3 Secretaria N° 6, a efectos de que el Magistrado a cargo del proceso concursal informe a este Tribunal respecto de los conceptos verificados por la AFIP en el proceso falencial en trámite, el estado actual de dicha verificación y si la resolución de verificación se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, acompañando, en su caso, la documentación que considere pertinente.
A fs. 553/558 obra agregada la contestación del oficio efectuada por el Juez Comercial, quien informa a este Tribunal que, en lo referido a la recurrente “en los autos " CCI COMPAÑIA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A. S/QUIEBRA S/ INCIDENTE POR AFIP" (8030/2015/3) se resolvió con fecha 07.02.2022 hacer lugar al pedido de la AFIP y declarar verificada la suma de:(a) $ 3.367.949,54 con privilegio general (art. 246 inc. 4° de la LCQ), con más la suma de $12.596.418,16 con carácter quirografario (art. 248 de la LCQ) y (b) 9.000.387,86 con carácter condicional ($ 2.122.081,24 con privilegio general y $ 6.878.306,62 como quirografario), resolución que se encuentra firme. (…)” A tales efectos, acompaña la resolución que dispone la verificación del referido crédito.
Asimismo, conforme surge de dicha contestación, los montos determinados en la resolución N° 144/2010, objeto del presente recurso, se encuentran incluidos dentro de la suma total informada, con carácter condicional, atento encontrarse pendiente de resolución dicha causa (vide fs. 507vta.)
A fs. 559 se ponen los autos a alegar. A fs. 564/565vta., obran los alegatos del Fisco Nacional, no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado.
Finalmente, a fs. 568 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis, es decir, determinar si a los efectos de la valuación del activo y del pasivo, para la liquidación del tributo en cuestión correspondiente a las acciones y participaciones societarias, resulta aplicable el balance comercial o el balance impositivo.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Corresponde señalar que la ley N° 25.585 modificó el título VI de la Ley N° 23.966 referente al Impuesto sobre los Bienes Personales, incorporando a continuación del artículo 25 de la ley del tributo, un artículo sin número que dispone que el gravamen correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley N° 19.550, cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior, y/o sociedades y/o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, domiciliada en el exterior, será liquidado o ingresado por las sociedades regidas por la Ley 19.550 y la alícuota a aplicar será del 0,50 % sobre el valor determinado de acuerdo con lo establecido por el inciso h) del artículo 22, no siendo de aplicación en este caso el mínimo exento dispuesto por el artículo 24. El impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo.
Por su parte, el inciso h) del artículo 22 de la ley del tributo fue sustituido por la Ley N° 23.966, prescribiendo el nuevo texto que “Cuando se trate de acciones se imputarán al valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida. (…)”
Que además, el Decreto N° 988/03 introdujo cambios a la reglamentación del tributo (Decreto N° 127/96 y sus modificatorios), a los efectos de su adecuación a las reformas introducidas por las Leyes Nros. 25.585 y 25.721, fijándose en el segundo párrafo del artículo sin número agregado a continuación del artículo 20 del reglamento que el gravamen se liquidará considerando el importe que surja de la diferencia entre el activo y pasivo de la sociedad correspondiente al 31 de diciembre del año respectivo, previendo en el artículo 22 del mismo, el mecanismo para aquellas empresas que no lleven registraciones que les permita confeccionar balances en forma comercial.
Por lo tanto, del análisis de las normas citadas, se concluye que la ley N° 25.585 establece que las entidades que lleven registraciones contables que les permitan confeccionar balances en forma comercial, deberán calcular el valor patrimonial proporcional correspondiente de las acciones a partir de los valores del activo y pasivo expuestos en los respectivos estados contables.
Que el Decreto N° 1269/02 (B.O 17/7/2002), modificó el artículo 10 de la Ley N° 23.928 por el que se derogaron todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Conforme la nueva redacción, la derogación no comprende a los estados contables, disponiéndose que en lo sucesivo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N° 19.550 (t.o. Decreto N° 841/84) y sus modificatorias, deberían confeccionarse en moneda constante, derogando el Decreto 316, del 15 de agosto de 1995, que prohibía a los organismos de contralor, la recepción de dichos estados que contuvierean toda forma de ajuste.
En función de ello, la Inspección General de Justicia dictó la Resolución N° 11/02 (B.O: 22/4/03), por la que dispuso que los estados contables correspondientes a ejercicios finalizados a partir del 1/5/ 2002 deberían ser presentados en moneda constante.
Que, en consecuencia, no se aprecia en autos la falta de claridad y certeza de las normas que alega la recurrente ni los criterios contradictorios del Fisco Nacional sobre el particular, habida cuenta que el citado organismo sentó la posición que sustenta en autos, en el Dictamen (DAT) N° 60/2003, de fecha 29/8/2003.
Que, en tal sentido, se ha pronunciado esta Sala en su anterior composición, al sentenciar en la causa N° 24.590-I, “El Marisco S.A.” de fecha 3/7/2006, donde se señalara que la Ley N° 25.585 establece que las acciones deben valuarse al valor patrimonial proporcional correspondiente al balance comercial ajustado según las normas contables.
Que en cuanto a la manifestación de la recurrente referida a que la autoridad administrativa no admite en la liquidación del Impuesto a las Ganancias el ajuste por inflación sobre el balance comercial histórico, no hace al caso en discusión en autos por tratarse de distintos tributos y que el supuesto en examen estaba previsto en las normas legales referidas al Impuesto sobre los Bienes Personales en forma precisa, contemplando expresamente que a los efectos liquidatorios de este tributo las acciones deben valuarse al valor patrimonial proporcional correspondiente al balance comercial ajustado según las normas contables (en igual sentido, esta Sala “B” -en su anterior composición- in re “Conexport S.A.” sentencia del 9/02/2007 y, asimismo, el criterio fue replicado por esta Sala –en conformación parcial- en la causa “Unifrio S.A.” del 01/11/2012).
Por su parte, en relación a la prueba informativa producida en las presentes actuaciones, no logra conmover los fundamentos volcados por el Fisco Nacional relativos al ajuste realizado, razón por la cual, sólo cabe disponer su confirmación.
En este contexto, la evaluación de los distintos fundamentos obrantes en la presente causa y de los antecedentes administrativos, resulta suficiente para confirmar el acto apelado en cuanto a la determinación del Impuesto a los Bienes Personales – acciones y particiones societarias –, con costas.
V. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria.
Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en la medida que se confirma el acto apelado.
VI. En lo que respecta al ámbito infraccional cabe señalar que el art. 45 de la ley de rito tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”.
En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Cabe señalar que en estas actuaciones no se encuentra controvertido que la contribuyente, atento la deficiente determinación del gravamen, presentó sus declaraciones juradas relativas al Impuesto a los bienes personales responsable sustituto -acciones y particiones societarias-, de manera inexacta, por lo que en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción.
En este sentido, cuadra indicar que quien haya presentado una declaración inexacta, omitiendo el pago del impuesto resultante, queda incurso en el ilícito material de omisión de impuesto al concurrir los presupuestos esenciales (conforme art. 13, ley de rito). Ahora bien, ello no implica que no deba analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los fines de su configuración, en cada caso en particular.
Como ya se señaló, en relación con el elemento subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración la culpa, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo fue declarar datos en las declaraciones juradas que no representaban la verdadera situación fiscal de la contribuyente.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”. En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En efecto, si bien la actora manifiesta que de los análisis efectuados por ella demuestran una extremada diligencia, toda vez que recurrió al texto expreso de la norma y a sus antecedentes para dilucidar el real sentido de su aplicación, nada ha aportado al respecto constituyendo éstas meras afirmaciones de la recurrente. Ello así, del examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante, quien no ha presentado pruebas o invocado factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable.
No obstante, en lo que respecta al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarlas en un 80% del impuesto omitido, por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 45 de la ley procedimental.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2024.03.19 23:46:23 ART Date: 2024.03.20 10:44:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.20 12:00:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.20 12:00:55 -03:00
Fin de la sentencia