Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 23.218-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el artículo Nº 1 de la Resolución Nº 363/14 (AD LAPL), recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12591-131-2009, en cuanto impone la pena de multa, la que asciende a un total de QUINCE MIL DOS CON 44/100 ($ 15.002,44). Costas en un 75% a cargo del Fisco y en un 25% a cargo de la actora.
2Revocar el art. Nº 2 de la referida resolución, en cuanto intima el pago de tributos. Con costas.
I. Que, a fs. 9/13, se presenta la firma SKF ARGENTINA SA, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 363/14 (AD LAPL), dictada enfecha 13 de junio de 2014 en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12591-131-2009, por la cual se la intima al pago de multa y tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, en relación a la destinación de importación temporaria DIT Nº 06 033 IT11 000948 L. Sostiene que el saldo de mercadería en supuesta infracción pertenece a los residuos del proceso productivo y no a insumos sin transformar. Reconoce que la nacionalización de los mismos se realizó en forma extemporánea. Solicita se fije sólo una multa pero en su mínima escala, de acuerdo al valor de la mercadería “saldo”, ya que los tributos fueron abonados al momento de la oficialización. Manifiesta que, debido al vencimiento del plazo de permanencia, no se pudo imputar los residuos a la DIT, por encontrarse bloqueado informáticamente el despacho de importación a consumo 09 033 IC82 000609 W. Reitera su solicitud de aplicación de una multa, sobre el correcto valor de la mercadería en infracción que, insiste, son residuos resultantes del proceso de trasformación y no insumos sin transformar, como lo ha hecho la Aduana. Reafirma que los tributos fueron abonados al momento de su oficialización de acuerdo a la nueva clasificación arancelaria. Solicita se aplique precedentes IEF y FRISHER. Ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto la resolución aduanera, con costas a la contraria.
II. Que, a fs. 24/28, la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Niega todos y cada uno de las afirmaciones manifestadas por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Sostiene que, de las actuaciones administrativas, no se ha probado que se haya regularizado la totalidad de la importación laboral en trato, señalando que existe mercadería pendiente de reexportación o nacionalización, lo que demuestra que el cargo por tributos y la multa impuesta se hallan ajustados a derecho. Menciona que la nacionalización de los residuos fue documentada extemporáneamente en fecha 02/10/2009, lo que impidió la regularización en término de la importación temporal. Que ello deja a ese saldo pendiente en infracción y sobre el mismo se calcula la multa y tributos a abonar. Que respecto a la documentación de importación a consumo de residuos de importación temporaria para transformación, en el campo reservado para indicar las destinaciones que se cancelan, figura 0, por lo que no es posible relacionar esa descarga con los insumos exportables. Menciona la documentación requerida para acreditar la cancelación de la DIT. Que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Que dada la falta de reexportación en término o nacionalización de la mercadería temporalmente importada, es que corresponde la sanción impuesta. Por último, destaca que la tramitación de las actuaciones administrativas ha seguido todos los pasos reglados por el Código Aduanero. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas N° 12591-131-2009, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12591-131-2009 se inician a fs. 1 con la denuncia efectuada mediante Nota Nº 501/09 de fecha 11/06/2009. A fs. 5 obra carpeta de la destinación 06 033 IT11 000948 L. A fs. 7 se encuentra la determinación de tributos y multa. A fs. 9 con fecha 22/07/2009 se dispone la instrucción del sumario, y se corre vista de todo lo actuado a la firma importadora y a la compañía de seguros Chubb Argentina de Seguros S.A. A fs. 10/23 la importadora presenta su descargo y acompaña documentación. A fs. 31/35 contesta la compañía de seguros. A fs. 41 obra Nota 002/14 de fecha 08/01/2014, que ratifica que la DIT no fue cancelada en tiempo y forma. A fs. 42 se reliquidan los tributos y la multa. A fs. 43/44 se encuentra copia certificada de la póliza Nº 815788, emitida por Aseguradora de Cauciones S.A. Compañía de Seguros. A fs. 47 se informa que la garantía constituida para la obligación tributaria correspondiente a la DIT 06033IT11000948L fue sustituida por la Póliza Nº 815788. A fs. 63/65 obra Dictamen Jurídico Nº 268/14. A fs. 66/69 se dicta la Resolución Nº 363/14 (AD LAPL) de fecha 13/06/2014, apelada en autos.
IV. Que corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho, en lo que ha sido materia de recurso.
Que no resulta controvertido que mediante la destinación 06 033 IT11 000948 L, la firma importadora SKF ARGENTINA SA documentó la importación temporaria de 10.460 kilogramos de mercadería – tubos – ubicada en la posición arancelaria 7304.51.10.900 W, al amparo del régimen previsto en el decreto 1439/96, por un plazo de permanencia cuyo vencimiento operó en 04/09/2007.
Que por el régimen suspensivo al que se acogió la propia firma, la mercadería documentada quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia – conf. artículo 250 CA – o eventualmente, a convertirse su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del CA.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del despacho que nos ocupa – Res. ANA 127/92 y sus modificatorias –, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos permisos de embarque.
Que, al no existir – en principio – constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los referidos documentos aduaneros que permitan acreditar la cancelación de la mercadería sometida al régimen suspensivo (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. Que, en el presente caso, se formuló denuncia – y, consecuentemente, se instruyó sumario – por considerar el Fisco que no se habría regularizado un saldo de 4.974,77 kilogramos de la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la destinación objeto de autos. En oportunidad de presentar el descargo administrativo, la firma acompañó como prueba documental copia simple de la destinación 09 003 IC82 000609 W, oficializada en 02/10/2009, que documenta, según afirma, la importación a consumo de los residuos originados en el proceso productivo en el que fueron utilizados los referidos insumos.
Que, efectuado el análisis de la contestación efectuada por la importadora y la documentación acompañada, la DGA, mediante Nota Nº 2/14 (R) de fecha 08/01/2014, y teniendo en cuenta la extemporaneidad de la destinación de importación a consumo, reconocida por la propia firma en su descargo, concluyó que la destinación no habría sido cancelada en tiempo y forma y, por ende, corresponde la sanción. A continuación, se practicó nueva liquidación de los tributos y multa.
Que la importadora reconoce que la nacionalización de los insumos se produjo con posterioridad al vencimiento de la destinación de importación temporaria, por lo que no cuestiona la condena de multa, pero sí solicita que, por un lado, se fije la misma en su mínima escala, y determinada sobre el supuesto nuevo valor de esa mercadería nacionalizada – y no el insumo –, a la que corresponde una nueva posición arancelaria; por otro lado, manifiesta que ha cancelado los tributos, por lo que solicita se deje sin efecto la exigencia de pago de los mismos.
V. Que asiste razón a la actora por cuanto, si bien es cierto que la conducta típica y punible se configura al producirse el vencimiento del plazo de permanencia otorgado, ello da lugar a la sanción de multa, pero no necesariamente origina una exigencia tributaria ya que, como alega la parte en el presente caso, los tributos pudieron haber sido abonados al documentarse la operación en la que la mercadería en infracción fue importada o exportada para consumo.
Que resulta imprescindible entonces, a efectos de determinar si se encuentran efectivamente cancelados los tributos correspondientes a los 4.974,77 kilogramos en infracción, analizar la relación entre la destinación de importación temporaria 06 033 IT11 000948 L y la destinación de importación a consumo 09 033 IC82 000619 W, junto con el CTC 123716/03.
Que, no obstante no es posible considerar la hoja de descarga ya que, al haberse vencido la temporaria en crisis, se produce un bloqueo informático que impide imputar la destinación a cancelar, lo cierto es que, de la compulsa del Certificado de Tipificación y Clasificación surge que, para el proceso productivo de los insumos afectados al presente, clasificados en la PA 7304.59.10.100Y, se autoriza un porcentaje de mermas equivalente al 47,56%, y dicho porcentaje efectivamente equivale a la cantidad de 4.974,77 kilogramos – unidades importadas para consumo –, de un total de 10.460 kilogramos – unidades importadas temporariamente –.
Que, asimismo, cabe aclarar que, contrario a lo dicho por la Aduana en sentido de que ambas destinaciones no pueden “relacionarse”, en el despacho de importación a consumo sí se consignó el número de destinación temporaria que se estaría cancelando.
Que, en consecuencia, encontrándose acreditada la identidad entre el saldo de mercadería importada temporariamente – tubos de hierro o acero – mediante el DIT 06 033 IT11 000948 L y aquélla – residuos de hierro o acero – que fuera importada para consumo mediante la IC 09 033 IC82 000619 W, corresponde tener por cancelados los tributos y revocar así la exigencia tributaria.
VI. Que, en lo que respecta a la pena multa, cabe recordar que el único agravio versa sobre la base imponible, ya que la actora reconoce en todo momento la comisión de la infracción. Entonces, si bien la firma pretende que se calcule la liquidación sobre el valor en aduana de los “residuos”, es decir, el que resulta de la operación de importación a consumo, lo cierto es que la infracción se configuró en relación a la mercadería sometida al régimen de importación temporaria, esto es los insumos ingresados al amparo de la DIT 06 033 IT11 000948 L, por lo que la liquidación practicada en instancia administrativa resulta, en ese aspecto, ajustada a derecho. Que, no obstante ello, sobre el quantum de la multa – que en autos fue calculada en cuatro veces el mínimo legal –, corresponde dejar sentado que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, por mayoría, ha declarado la inconstitucionalidad de la figura de la “reincidencia” en los autos “Argañaraz, Pablo” con fecha 8/5/12 (Causa Nro. 13.401) criterio que he compartido en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/D.G.A. s/apelación” expte. Nº 23.218-A y su acumulado “PILAR PARTES S.A. c/D.G.A. s/apelación”, expte. Nº 23.226-A, que tramitara por ante la Vocalía de la 16a Nominación (Sala “F”), entre otras, en tanto su aplicación produce un agravamiento de la condena en violación al principio de culpabilidad (arts. 18 y 19 de la C.N.) y al ne bis in idem (arts. 14.7 del P.I.D.C. y P.).
Que, sin embargo, habiéndose pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 27/05/14 en los autos caratulados “Martín Salomón s/ causa N° 11.835", donde desestimó la cuestión relativa al planteo de inconstitucionalidad del régimen de agravación de la pena por reincidencia, por remisión al criterio que había sostenido al resolver los autos "Gómez Dávalos" (Fallos: 308:1938), "L'Eveque" (Fallos: 311:1451) y "Gramajo" (Fallos: 329:3680) -especialmente, considerandos 12 a 18 del voto del juez Petracchi-, por razones de economía procesal, y sin perjuicio de la opinión del suscripto sobre el particular, corresponde adoptar el criterio propiciado por el Alto Tribunal.
Que, sentado ello, debe contemplarse lo preceptuado por el art. 915 del C.A., que dispone que deberán considerarse las circunstancias, naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor. En ese sentido, el servicio aduanero sancionó a la firma importadora, al pago de una multa igual a cuatro veces (4) el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en infracción. Que, en cuanto a los antecedentes del infractor, el art. 927 del C.A., contempla el supuesto de aquel que habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero, cometiese una nueva infracción aduanera, calificándolo como “reincidente”. No puede soslayarse que la propia norma indica que debe tratarse de un condenado por medio de una resolución firme.
Que, a su vez, el art. 928, inc. a), del C.A., establece que, en el caso de tratarse de una infracción, la condena anterior no se tiene en cuenta a los efectos de atribuir el carácter de “reincidente”, cuando hubieren transcurrido cinco años desde la fecha en que quedare firme la resolución definitiva que la impuso.
Que, en el caso que nos ocupa, la infracción fue configurada el día 04/09/2007, fecha de vencimiento del plazo fijado para la regularización de la mercadería importada temporariamente al amparo de la destinación N° 06 033 IT11 000948 L. La condena impuesta por el servicio aduanero tuvo en cuenta los antecedentes infraccionales computables de la firma importadora relativos a los expedientes SIGEA N° 12039-108-2008; N° 12039-466- 2007; N° 12039-696-2007; N°12634-787-2005; Nº 12034-414-2005; Nº 13289-37840-2005; Nº 12039-1210- 2006; Nº 12228-661-2009; Nº 12098-1824-2009; Nº 13289-12255-2005; y Res. 1555/01 Aduana Buenos Aires, conforme surge de la compulsa de las constancias de autos. Se advierte que todos los antecedentes citados quedaron firmes con fecha posterior a la fecha de configuración de la infracción de marras. En consecuencia, no se ha acreditado la reincidencia de la actora. Así las cosas, en ejercicio de las facultades previstas en los arts. 915 y 916 del C.A, resulta procedente reducir la multa impuesta a una sola vez el importe de los tributos. Que, por último, se deja a salvo el criterio asumido por el Dr. Pablo Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes de la Vocalía de la 16°Nominación (vgr. “Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el artículo Nº 1 de la Resolución Nº 363/14 (AD LAPL), recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12591-131-2009, en cuanto impone la pena de multa, la que asciende a un total de QUINCE MIL DOS CON 44/100 ($ 15.002,44). Costas en un 75% a cargo del Fisco y en un 25% a cargo de la actora.
2. Revocar el art. Nº 2 de la referida resolución, en cuanto intima el pago de tributos. Con costas. Regístrese. Notifíquese a la Dra. Ailin Cecilia Spalleta (27-26435533-3) y al Dr. Félix Guillermo Daglio (20- 26095721-0). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2024.03.04 13:57:53 -03:00 Date: 2024.03.04 14:05:04 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.04 14:05:04 -03:00
Fin de la sentencia