Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2022-104672820-APN-SGAI#TFN
I. Que mediante IF-2023-131511162-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº S/ DV JUR DRCII/45/258/2023, firmada por la Jefa Int. de la División Jurídica de la Dirección Regional Centro II de fecha 05 de julio de 2023, por la que se aplica una multa en el Impuesto sobre los Bienes Personales, período fiscal 2021, conforme lo dispuesto por el artículo 45, inciso a) de la ley 11.683, por considerar que se dejó de ingresar la suma de $8.481.132,49 (PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 49/100), graduando la aplicación en 1/4 del monto del tributo supuestamente omitido, suma que asciende a $2.120.283,12 (PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 12/100).
Sostiene que la resolución apelada no hace más que reiterar las que entiende ilógicas consideraciones efectuadas por el Fisco en la resolución de corrida de vista sumarial, sin justipreciar adecuadamente la prueba como su argumentación en sede administrativa. Expresa que el ente fiscal no ha analizado y menos refutado las argumentaciones técnicas expuestas en su escrito de descargo a la instrucción del sumario conferido. Indica que las presentes actuaciones se originaron en el marco de la Orden de Intervención Nº 2069846. Dicha fiscalización tiene origen – según expresa en el Informe Final de Inspección– donde se observó que en el periodo fiscal 2021 por el Impuesto sobre los bienes personales no se presentó la declaración jurada respectiva a pesar de surgir constancia de titularidad de bienes a su nombre. De idéntico modo, dice, lo expresa la resolución que notifica la instrucción de sumario.
Afirma que la fecha de apertura de la inspección data del 10/08/2022, donde se le requirió la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales por el período fiscal de 2019 (sic). Tal como surge del informe, dice que procedió de modo espontáneo a la presentación de la declaración jurada por dicho período el 26/08/2022. Además de concretar la presentación de la DDJJ indica que aportó a la inspección todos los papeles de trabajo de la misma, en relación a inmuebles, bienes en el exterior y documentación respaldatoria de títulos valores. Tanto la declaración jurada presentada como los papeles de trabajo y documentación respaldatoria, según dice, no fue observada y menos objetada por el fisco.
Manifiesta que a partir de los hechos sucedidos (argumentando ello en cuestiones relativas a la pandemia y las presentaciones realizadas por los Consejos Profesionales sobre prórroga de plazos a esos fines) en el marco de la inspección la multa se encuentra mal encuadrada en el art. 45 atento a que la misma es tan solo una demora en la presentación de la declaración jurada la cual fue inmediatamente completada, por lo que en caso de verificarse una falta parece más adecuada el encuadre de la misma en la del art.38 de la ley 11.683.
Destaca que no se evidencia a la fecha de instrucción del sumario la verificación del elemento objetivo que denote la falta de ingreso del impuesto, como la falta del elemento subjetivo en su accionar.
Alega que tanto la resolución instrucción de sumario como la que aplica la multa en ningún momento hacen referencia a los elementos fácticos que llevaron al juez administrativo a presumir la conducta dolosa invocada. Se limitan a hacer una mera insinuación de supuestos que no resultan aplicables a los hechos del caso ni a la figura infraccional que pretende aplicar.
Entiende que junto con la resolución del fondo del asunto se debe declarar la nulidad del acto administrativo mediante el cual se determinó la multa aquí discutida, pues el mismo adolece de un vicio en un elemento esencial, tal como es la motivación o fundamentación, conforme el art. 7º de la ley 19.549.
Alega que al contribuyente le restan muy pocas opciones frente al Estado en su rol recaudador. En este caso en particular, la presentación de la declaración jurada ha ocurrido a instancias de esa Administración. De considerar el Fisco que se ha materializado el aspecto objetivo de la infracción, también en el aspecto subjetivo deberá poner en tela de juicio su rol. Sostiene que tales circunstancias llevaron a su parte a considerar que no ha habido materialización del ilícito que se pretende endilgar, sino por la clara connivencia del actuar fiscal (sic). Manifiesta que el acto administrativo objeto de este recurso no está motivado y carece de causa. El acto administrativo cuestionado es nulo, en virtud de carecer de causa, constituyendo la falta de ésta un vicio insanable.
Por último, solicita se revoque el acto con costas.
II. El Fisco Nacional mediante IF-2023-131511162-APN-DTD#JGM contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar, manifiesta que de la resolución surge específicamente no sólo detalle de la fiscalización realizada, sino además que efectivamente la recurrente procedió a la regularización de su situación fiscal, pero luego de la intervención del fisco, esto es, no fue sino a instancias del Fisco Nacional que cumplió con la obligación vencida oportunamente.-
Respecto de la crítica que formula a la pretendida nulidad y/o arbitrariedad del acto y más allá de resaltarse que esta parte argumental, es nada más que una reiteración de las críticas a la cuestión de fondo – lo que torna inconducente su pertinencia como tal - lo que hace a los verdaderos aspectos que deben merituarse para imputarle la imperfección al acto apelado que alega la recurrente y reiterando que esa argumentación remite en realidad al debate de los hechos de fondo y no a una crítica concreta de faltas u omisiones en el dictado del mismo y el trámite preexistente; corresponde señalar que la resolución atacada ha sido dictada en un todo conforme con las normas procedimentales contenidas en la ley de rito (ergo, no existió violación al derecho al debido proceso adjetivo); que el Fisco Nacional basó su accionar en una estricta aplicación de las normas legales. Afirma que las infracciones materiales que describe la Ley 11.683, en sus artículos 45 y 46, son de comisión instantánea al verificarse la falta de ingreso en oportunidad del vencimiento. En consecuencia, la infracción descripta en el tipo infraccional del art. 45 se perfecciona en su faz objetiva con el acaecimiento del plazo general para el cumplimiento de la obligación, que consiste en la presentación correcta de la declaración jurada respectiva y pago del impuesto en término.
Sostiene que desde el punto de vista subjetivo se configuró la infracción a título de culpa, por cuanto las circunstancias objetivas que rodearon el incumplimiento y el deber de previsión que es inherente a todo obligado y/o responsable, se encuentra holgadamente probado y acreditado en autos, por cuanto la recurrente no adoptó los recaudos conducentes a la satisfacción oportuna de la obligación a su cargo.
Manifiesta que el criterio adoptado por la actora no encuentra sustento legal, pues, las normas analizadas no ofrecen atisbo de duda, verificándose en el caso la conducta típica requerida y la afectación al bien jurídico protegido por la norma aplicada, por lo que el encuadre infraccional en el art. 45 resulta ajustado a derecho. En suma, no puede la actora pretender en forma justificada la revocación de la resolución apelada, como así tampoco excusarse válidamente de la responsabilidad endilgada. Por último y a tenor de todo lo expuesto precedentemente sostiene que no le asiste razón a la recurrente en cuanto afirma que no corresponde aplicar multa alguna. Hace reserva de caso federal, efectúa oposición a la prueba y solicita se confirmen los actos, con costas.
III. Que mediante PV-2023-138919662-APN-VOCV#TFN se intima a las partes a los fines de que manifiesten si consideran que la audiencia prevista en el artículo 173 de la Ley 11.683 deviene inoficiosa. Escuchadas las partes, a través de la PV-2023-153099326-APN-VOCV#TFN este Tribunal concluye que de conformidad con la facultad establecida en el artículo 35 del Reglamento de Procedimiento (IF-2023-74067906-APN-TFN#MEC, publicado por Resolución TFN 91/2023 en el B.O. del 3/7/2023), la audiencia preliminar de prueba deviene inoficiosa, se tiene por agregada la prueba documental, sin perjuicio de su oportuna valoración al momento de resolver la causa, no se hace lugar a la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, por considerarla inoficiosa, tampoco se hace lugar a la prueba informativa ofrecida por ser inoficiosa, toda vez que el estado de la causa “CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS CABA Y OTROS c/ EN-AFIP-LEY 20628 23966 s/AMPARO LEY 16.986” Expte Nro. 36979/2022 puede ser consultada mediante la pagina WEB del Poder Judicial de la Nación - sección, “consulta de causas”, y dejando sentado que la causa referenciada se ha vuelto abstracta y que por lo tanto se remitirá a lo resuelto por la establecido por la Resolución General AFIP Nº 5192/2022, la cual fue publicada en el Boletín Oficial en fecha 24/05/2022. Por último, se hace saber a las partes que las presentes actuaciones se resolverán con las constancias de autos y de los antecedentes administrativos, quedando la causa conclusa para definitiva.
Finalmente, por PV-2024-14185670-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala B y mediante IF-2024-17297042-APN-VOCV#TFN pasan a sentencia.
IV. En cuanto al planteo de nulidad articulado por la actora cabe señalar en primer lugar que respecto de lo estrictamente formal, la resolución de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Que cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, las resolución apelada en autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que el planteo de nulidad efectuado por la actora debe ser rechazado, atento que de la resolución en examen surge la explicitación de la causa que motiva su dictado, es decir, la descripción de los hechos que dan origen a la sanción, la conducta que se le imputa al contribuyente y la normativa aplicable al caso según el criterio del juzgador. Por lo demás, debe tenerse presente la doctrina que surge de los pronunciamientos de esta Sala -en su anterior conformación- en los que se expresó que "...de la lectura de sus considerandos" (se refiere al acto apelado) "puede afirmarse que el mismo se encuentra fundado en las circunstancias de hecho y de derecho que el juez administrativo invoca y, como reiteradamente tiene dicho este tribunal, sólo la ausencia de este requisito del acto administrativo ameritaría su nulidad cuando el derecho de defensa en juicio se encontrare fatalmente afectado; pero no así, cuando tal elemento está presente a pesar de su discutible corrección. (cfm "Cooperativa de Trabajo Integral- Coop. Ltda. s/ apelación IVA", sentencia del 09/12/02, entre otros)
Que en este sentido la doctrina de nuestro más Alto Tribunal (fallos 205:549; 247:52; 267:393, entre otros) ha expuesto que “cuando la restricción de la defensa ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esta restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional procura de justicia”. Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Cabe señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que conforme se desprende de las actuaciones administrativas y del Informe Final de Inspección obrante en IF-2023-131510250-APN-DTD#JGM, el origen de la presente es que la División Investigaciones del Ente fiscal observó que en el período 2021, con relación al Impuesto sobre los Bienes Personales, el contribuyente no declaró oportunamente importe alguno en concepto de bienes, surgiendo constancias de titularidad de bienes a su nombre. En consecuencia, se le requirió al contribuyente la presentación de la ddjj pertinente, la que no se encontraba presentada a esa fecha, con los papeles de trabajo correspondientes. Con fecha 26/8/22 la actora presentó la ddjj requerida, con la documentación respaldatoria, que no mereció observación por parte de la fiscalización. Finalmente, se le corrió vista sumarial al contribuyente de autos, y luego de su descargo, el Fisco Nacional emitió el acto aquí recurrido.
VI. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente una multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental.
Dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago de impuestos y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
En tales condiciones, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió ingresar el impuesto no presentando la declaración jurada correspondiente y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada. Tampoco justifica la actora en concreto como la pandemia le imposibilitó cumplir en tiempo y forma con la presentación de la declaración jurada respectiva, cuya presentación se había extendido hasta el 14/7/2022 (vide RG 5229/2022), teniendo en cuenta que para ese año se habían flexibilizado las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria, dando por finalizado el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio dando lugar al Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, facilitando la libre circulación y tendiendo a la normalización del funcionamiento económico y social (en igual sentido, esta Sala in re “EX-2022-104672820-APN-SGAI#TFN caratulado: “ROQUE MARTIN CESPERE s/Recurso de Apelación”; de fecha 2/3/23).
Que en función de todo lo expuesto y de las circunstancias de autos, no habiendo ofrecido prueba la actora que pudiera eximirla de la sanción aplicada, toda vez que no acredita la verificación de un error con entidad excusante, esencial, decisivo e inculpable y toda vez que la multa apelada fue adecuadamente ponderada por el juez administrativo, quien tuvo en cuenta la oportunidad en que el contribuyente ejerció su derecho a rectificar, por cuanto aplica la reducción prevista por el artículo 49 de la ley procedimental, y no encontrando mérito alguno para apartarse de lo resuelto por el Juzgador Administrativo, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar el acto apelado, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.02.23 10:51:57 ART Date: 2024.02.23 16:00:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.23 19:49:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.23 19:50:17 -03:00
Fin de la sentencia