Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
I. Que mediante RE-2023-66767256-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la RESOL-2023-118-E-AFIP-DVRRME#SDGOPII de fecha 19/5/2023, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que determina el Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia (“ASE”) con más sus intereses resarcitorios y aplica multa graduada en el 100% del aporte dejado de ingresar con fundamento en el art. 45 de la Ley 11.683.
En primer lugar, afirma que la norma que establece el aporte, cuestionada en autos, establece una obligación tributaria de contenido y efecto claramente confiscatorio, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, y a los criterios y parámetros definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en numerosos precedentes, y por ende tal norma deviene en el presente caso inaplicable, al violar la garantía constitucional de no confiscatoriedad.
Manifiesta que las normas impugnadas atentan contra la garantía innominada de razonabilidad por su manifiesta inadecuación entre los medios y fines perseguidos, y por resultar excesivamente desproporcionada. Sostiene que también resulta violatoria del principio de igualdad, al establecer categorías jurídicas discriminatorias, injustas e irrazonables y generando inequidades que afectan en forma palmaria dicha garantía constitucional. Indica que el monto del aporte solidario representa el 50,28% de las utilidades reales (denominadas en el informe como “renta neta real”) producidas por los bienes gravados del contribuyente, y el 38,28% de las utilidades teóricas (denominadas en el informe como “renta neta real ajustada por rentas teóricas”) que los mismos supuestamente generarían. Agrega que si además se suma el monto de las obligaciones derivadas del aporte solidario al Impuesto sobre los Bienes Personales del último ejercicio liquidado a la fecha (2019) -ya que ambos tributos recaen sobre análoga manifestación de capacidad contributiva- el monto de los impuestos señalados absorberían el 70,07% de las utilidades “reales”, y el 53,35% de las utilidades reales ajustadas por las teóricas o potenciales, todo lo cual demuestra que el aporte es, tanto individualmente como en su conjunción con el impuesto a los bienes personales, un tributo claramente confiscatorio.
Alega que el efecto confiscatorio que tiene el aporte sobre el patrimonio de la recurrente no se agota en sí mismo, sino que ello ni siquiera redunda en la obtención de los fines propuestos en la Ley 27.605, pues el resultado de esa exacción no se destina a la realización de gastos extraordinarios ocasionados por la crisis sanitaria, sino para engrosar programas existentes desde muchos años antes de producirse la Pandemia, cuyos efectos, se supone, el ASE vendría a morigerar.
Sostiene que del Informe Especial acompañado como prueba documental surgen en definitiva las siguientes conclusiones: (i) la información a partir de la cual se elaboró dicho Informe es absolutamente consistente, desde el momento en que la “base imponible” del ASE está constituida fundamentalmente por un conjunto de bienes ya declarados y valuados ante la AFIP DGI, (DDJJ de Bienes Personales Acciones y Participaciones de ejercicios anteriores) respecto de los cuales el organismo no ha formulado observaciones, como así también de Estados Contables de empresas de ejercicios previos. Así también, las fuentes para considerar y medir la rentabilidad de ciertos bienes, son absolutamente ciertas, fácilmente contrastables, y sus valuaciones han sido correctamente realizadas en base a similares parámetros previamente aplicados en relación con AFIP.
Afirma que los cálculos de los ratios de confiscatoriedad son consistentes, puesto que surgen de: a) el monto del aporte a pagar, según ley 27.605, b) la rentabilidad “real” de los activos, medida sobre bases sólidas y precisas, detalladas en el Informe Especial, c) adicionalmente, y aun cuando ciertos bienes no hubieron generado utilidades reales, se les “estimó” una renta presunta para mostrar otro índice, coincidiendo en todos los casos en que el ASE termina recayendo sobre parte del capital, toda vez que los bienes alcanzados no produjeron renta alguna en el período.
Alega que los distintos ratios de confiscatoriedad, indican que el aporte solidario termina absorbiendo una parte sustancial de la rentabilidad de los bienes (rentabilidad real o teórica) fenómeno que se acrecienta cuando se considera de modo conjunto, el impacto producido en el Aporte Solidario y el Impuesto a los Bienes Personales, que recaen sobre similar manifestación de capacidad contributiva.
Manifiesta que el tratamiento impositivo diferencial que propone la norma impugnada resulta arbitrario, toda vez que el mismo no se sustenta en una razón válida que permita inferir que la localización de los bienes, por sí sola, importa una riqueza mayor que justifica un incremento en la imposición. En efecto, la carga impositiva adicional no guarda relación alguna con la capacidad contributiva y, en consecuencia, configura una manifiesta desigualdad entre contribuyentes violatoria de lo previsto en el art. 16 de la CN.
Esgrime que el importe determinado conforme la ley 27.605, que castiga a los contribuyentes con patrimonio - declarado- en el exterior con una alícuota más gravosa, es un 67,5% superior al importe determinado sobre un contribuyente que tuviese ese mismo patrimonio, pero todo dentro de las fronteras del país.
Destaca que al momento de efectuar observaciones a la prueba pericial contable producida en la causa judicial, se aprecia divergencias respecto de las participaciones sociales en la empresa NOSSIRAS S.A. En efecto, de las observaciones realizadas por parte de AFIP al informe pericial, podemos observar que, en los cuadros que acompañan indicando la valuación de cada uno de los bienes, el organismo recaudador ha tomado en cuenta, dentro de los bienes del exterior, la participación en la sociedad Nossiras S.A. Ahora bien, este criterio no es el correcto, ya que por aplicación del artículo 24 del Decreto reglamentario 127/96 de Bienes Personales, el contribuyente ha considerado el valor de dicha participación en cero ($0) y por lo tanto no debería tenerse en cuenta en la base para el cálculo del aporte solidario.
Plantea la improcedencia de los intereses resarcitorios.
Con respecto a la aplicación de multa alega que la falta de presentación de una declaración jurada y pago de una obligación que se asienta sobre la violación -en el caso concreto- de la Constitución Nacional, no encuadra en el tipo objetivo del art. 45 de la ley 11.683.
Afirma que pese a la evidencia del efecto confiscatorio que, para el caso concreto, posee el Aporte, la Administración despliega su accionar desligándose del planteo. Afirma que es evidente que el Congreso Nacional, y luego el Poder Ejecutivo y el órgano recaudador, han sancionado un complejo normativo que ha obligado a muchos contribuyentes a acudir a la Justicia mediante la interposición de “acciones declarativas de certeza”.
Sostiene que los hechos constitutivos de error excusable en el presente caso (en el supuesto de que la determinación tributaria quedase firme, y la CSJN se pronunciase sobre la constitucionalidad del aporte) son aquellos que habrían llevado al contribuyente a tomar la decisión de litigar en el fuero federal para obtener certeza sobre su postura, la que aun hoy considera correcta, más allá de los procedimientos del organismo recaudador. Acompaña documental. Ofrece prueba pericial contable. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante IF-2023-102759768-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas.
Manifiesta que mediante el artículo 1° de la Ley Nº 27.605 se creó, con carácter de emergencia y por única vez, de manera obligatoria, un aporte extraordinario que recaerá sobre las personas mencionadas en el art. 2° -entre los cuales, conforme inciso a), se encuentra el aquí actor-, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley, los que serán determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma.
Afirma que el sujeto del aporte se regirá por los criterios de residencia en los términos y condiciones establecidos en los artículos 116 a 123, ambos inclusive, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, estableciendo el artículo 3° que la base imponible se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley -18/12/2020-.
Expresa que al aporte bajo estudio se le ha dado el carácter de “solidario”, puesto que su finalidad ha sido la de morigerar los efectos adversos que trajo aparejada la pandemia del Covid 19, tanto en lo económico como en lo social y en lo sanitario, requiriéndose a tal efecto una mayor participación estatal y, particularmente, una asignación de recursos sobre el sistema sanitario en general y sobre los sectores de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia y el ASPO. Este carácter solidario no responde a cuestiones dialécticas, sino que se apoya sobre principios y valores establecidos en nuestra Constitución Nacional y en pactos internacionales con jerarquía tal. Es decir, gran cantidad de normas remiten al valor de solidaridad, valor que, al mismo tiempo, remite al principio de igualdad y al concepto de bien común como valor fundamental de nuestra Carta Magna.
Alega que la naturaleza jurídica del Aporte, lo constituye en un concepto indiscutiblemente disímil del Impuesto a los Bienes Personales, por lo que su existencia no altera las obligaciones de estos últimos y por ende no se verifican consecuencias contrapuestas entre ellos. Sobre esta base, afirma que la norma bajo análisis, reglamentaria del derecho de propiedad, no lo lesiona, sino que lo regula con el fin de atender una situación extraordinaria que exhibe más que nunca las desigualdades sociales y que exige una actuación rápida y eficaz del Estado a fin de resguardar el derecho humano primordial de la población argentina, que es el derecho a la vida. Afirma que no existe afectación a garantías constitucionales, sino una reglamentación u ordenación del ejercicio de derechos en los términos del art. 28, CN, pues no existe un derecho adquirido a que no se altere el régimen normativo del país.
Alega que el Aporte Solidario es razonable, pues recae sobre los patrimonios de mayor y excepcional porte económico de todo el país. Es razonable, pues se impone de manera excepcional y por una única vez. Manifiesta que el aporte impugnado tampoco repugna al principio de capacidad contributiva, ello toda vez que fue creado en armonía con dicho principio y pensado para que aquellos patrimonios más acaudalados y que reflejan mayores manifestaciones de riqueza, contribuyan a atenuar las repercusiones que implicó y que implica la enfermedad del Covid-19, que, como se dijo, trajo importantes consecuencias sobre distintos sectores del país. En ese orden de ideas, y siendo que este instituto refiere a una cuestión esencialmente basada en hechos y pruebas, debe afirmarse que la actora no ha acreditado de qué manera se vería conculcado este principio a partir de las constancias de la causa.
Destaca que la “confiscatoriedad” que fundamenta la contraria en términos absolutamente teóricos, no se complementa siquiera con cálculos aproximativos y no se conoce entonces cómo fue realizado el cálculo con el cual pretende aseverar que el actor se vería sometido a un presupuesto como el que plantea. Sentado ello, y tal como ya fuera sostenido ut supra, tanto el derecho de propiedad, como los demás derechos reconocidos en la Constitución Nacional revisten el carácter de relativos, puesto que están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio.
Manifiesta que en cuanto a este principio y a la categoría realizada por el legislador, tanto la doctrina como la jurisprudencia han convalidado la creación de categorías tributarias siempre que no resulten arbitrarias o irrazonables, al tiempo que ha expresado que la mentada igualdad implica igualdad de tratamiento frente a la ley y frente a igualdad de circunstancias. Sostiene que la actora se agravia por cuanto considera que, la condición de localización del bien, como base de cálculo del Aporte, resulta violatoria del principio de igualdad. Alega que las diferenciaciones que efectúa el articulado de la ley N° 27.605 al respecto y que, entre otros conceptos, grava con una alícuota diferencial sus bienes situados en el exterior; resulta aplicable al universo de sujetos obligados que se encuentren en la misma situación, quienes también tributarán conforme los parámetros establecidos en la ley. Ello así, la categoría realizada por el legislador, por la cual distingue a aquellos contribuyentes que poseen bienes situados en el exterior, no solamente es legítima -puesto que se encuentra realizada de acuerdo a los parámetros fijados por la CSJN en reiterados fallos citados ut supra-, sino que responde a criterios de política económica, implementada a través del sistema legislativo.
En cuanto a los intereses resarcitorios afirma que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto –o que lo ha hecho por un monto inferior al debido- en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia.
Con respecto a la aplicación de multa manifiesta que la omisión del pago del Aporte Solidario mediante la falta de presentación de declaración jurada a su respectivo vencimiento, es la que constituye el sustrato material de la sanción aplicada por el Fisco Nacional con encuadre en la figura del artículo 45 de la ley de procedimiento fiscal, conforme resulta de aplicación por mandato del art. 9 de la ley que estableciera la referida obligación (N° 27.605). Y es a partir de dicha omisión, de declarar e ingresar la citada contribución, que se ha acreditado que la recurrente ha dejado de ingresar en concepto de Aporte Solidario la suma que resulta objeto del acto determinativo y debate en las presentes actuaciones. -
Acompaña antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida y solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que mediante PV-2023-118714269-APN-VOCV#TFN se resuelve abrir a prueba y hacer lugar a la prueba pericial contable ofrecida por la actora. Mediante RE-2024-14040092-APN-DTD#JGM los peritos presentan el informe y la documentación complementaria. En atención al estado de la causa por PV-2024-31754784-APN- VOCV#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF- 2024-36342427-APN-VOCV#TFN los pone para alegar, habiendo alegado las partes, mediante IF-2024-
50924703-APN-VOCV#TFN llama autos para sentencia.
IV. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada.
El presente cargo surge con motivo de haber detectado la falta de presentación de la declaración jurada de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia – Ley N° 27.605-, habiéndose detectado que poseía bienes que superaban el mínimo exento, dejando en consecuencia de declarar e integrar dicho aporte.
Respecto del Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27.605, mediante requerimiento N° 0120002021023233904, notificado el 30 de abril de 2021, se le solicitó:
1. Aportar los papeles de trabajo de la declaración jurada, acuse de presentación y comprobantes de pago correspondientes.
2. Detalle de los bienes gravados por la mencionada Ley al 18 de diciembre de 2020 y valuados a esa fecha, de acuerdo a lo establecido en dicha norma y su Decreto Reglamentario Nº 42/2021.
3. Poner a disposición la documentación respaldatoria de cada uno de los bienes informados en cumplimiento de lo requerido en el punto anterior y de su valuación al 18 de diciembre de 2020.
4. Informe las donaciones efectuadas en los CIENTO OCHENTA (180) días anteriores al 18 de diciembre de 2020, indicando apellido y nombre y CUIT del beneficiario; monto de la donación, detalle de los bienes donados. Asimismo, aporte documentación respaldatoria de las donaciones realizadas.
5. Detalle valorizado y documentación respaldatoria de aportes a “trust”, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.605.
6. Indique las modificaciones acaecidas en el porcentaje de su participación en sociedades y demás participaciones entre la fecha de cierre del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad al 18 de diciembre de 2020, de corresponder.
7. Detalle de la variación de los bienes exteriorizados en su declaración jurada del Impuesto Sobre los Bienes Personales del período fiscal 2019 y la tenencia al 18 de diciembre de 2020, de corresponder.
Que el 14 de mayo de 2021, mediante presentación digital, el contribuyente aportó documentación e información en respuesta a lo solicitado, manifestando que no presentó la declaración jurada ni abonó el impuesto objeto de la fiscalización, ya que considera que el “aporte/impuesto” es inconstitucional y que el 16 de abril de 2021 puso en conocimiento de la Administración, la decisión de interponer en la Justicia Federal, una “acción meramente declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad” y que solicitó una medida cautelar ante el Juzgado Federal N° 4 de Mendoza, Causa N° 4201/2021, autos caratulados: “TERRANOVA, EDUARDO RAÚL C/PEN Y AFIP P/acción mera declarativa de certeza”. Presentó un archivo con el detalle de los bienes alcanzados por el ASE al 18 de diciembre de 2020, valuados a la fecha indicada; puso a disposición la documentación de respaldo de los citados bienes, pidiendo prórroga por alguno de ellos; acompañó acta de donaciones, efectuadas en los ciento (180) días anteriores al 18 de diciembre de 2020, certificadas por escribana; copia de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2019 del Fideicomiso Aldeas de Pueyrredón; copia de aportes al Fideicomiso E1 y copia de recibo de aportes al Fideicomiso E1.
El 22 de octubre de 2021, se realizó un nuevo requerimiento, solicitando en relación a los bienes exteriorizados en la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2019: 1. Copia de las escrituras que acrediten la titularidad de las propiedades inmuebles. 2. Copia del boleto del Impuesto Inmobiliario, con el avalúo fiscal del período 2017, de cada una de las propiedades declaradas. 3. Documentación de respaldo de los importes expuestos dentro del rubro Créditos en el país y en el exterior. 4. Resúmenes de cuenta que respalden los saldos consignados en el rubro Depósitos en Dinero, en el país y en el exterior. 5. Documentos respaldatorios de las inversiones en entidades financieras. 6. Documentos respaldatorios de la valuación de las participaciones en sociedades del exterior.
El 12 de noviembre de 2021 y 13 de diciembre de 2021, el responsable aportó, a través del servicio presentaciones digitales, la documentación e información requerida por la fiscalización.
Que del análisis de la documentación aportada, surgió la necesidad de contar con documentos adicionales para determinar las valuaciones de los bienes alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario, por lo cual se labró un nuevo requerimiento el 30 de mayo de 2022, el que fue cumplido por el contribuyente mediante presentación digital del 28 de junio de 2022.
Que a efectos de determinar la valuación de los inmuebles alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario, se procedió conforme a los términos establecidos en el Título VI, artículo 22 de la Ley 23.966, de Impuesto Sobre los Bienes Personales (t.o en 1997 y sus modificatorias), es decir, se consideró el mayor valor entre el valor residual y el avalúo fiscal 2017, actualizado por el coeficiente previsto en su artículo 27 al 18 de diciembre de 2020.
De los diecinueve (19) inmuebles alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario - coincidentes con los declarados por el contribuyente en su declaración jurada del Impuesto Sobre los Bienes Personales del período fiscal 2019 e informados en respuesta al requerimiento de fiscalización-, se observó que, dieciocho (18) fueron adquiridos durante los años 1987 y 1998, siendo el valor residual de estos inmuebles menor al avalúo fiscal 2017 actualizado, por lo que se valuaron por avalúo fiscal 2017, actualizado por el coeficiente correspondiente. Respecto al inmueble restante, adquirido en el año 2019 -conforme al boleto de compra-venta aportado por el responsable una vez amortizado, resultó mayor al avalúo fiscal 2017 actualizado, por lo que se valuó al valor residual. Respecto al avalúo fiscal 2017, se observó que en la declaración jurada del Impuesto Sobre los Bienes Personales del período fiscal 2017, tomó valores superiores en los inmuebles identificados con los números de orden 13, 14, 15, 16 y18 -fs. 08 del cuerpo de documentación aportada por el fiscalizado y fs. 144 del cuerpo principal-, por lo cual se tomó como avalúo fiscal los valores consignados en la declaraciones juradas mencionadas (fs. 67 a 71 cuerpo principal).
Que las participaciones en el capital de las sociedades TyP INVERSORA S.A., e IMPRINT S.A., fueron valuadas conforme a lo establecido en el artículo 1° del Decreto 42/2021 que reglamenta la Ley 27.605, aplicando el porcentaje de participación sobre el Patrimonio Neto de la sociedad correspondiente al último ejercicio comercial cerrado con anterioridad al 18 de diciembre de 2020.
Que los créditos en el país: FIDEICOMISO E1, FIDEICOMISO ALDEAS DE PUEYRREDÓN, GUÍA D S.A., MAMBA S.A., IMPRINT S.A. y BENEFICIO FISCAL FIDEICOMISO E1; las inversiones financieras en el país: FIMA PREMIUM CLASE A; el dinero en cuentas bancarias y en efectivo en el país, se valuaron conforme al detalle aportado por el responsable.
Que los bienes en el exterior, participaciones sociales: en PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S.A., CELVINY S.A. (Uruguay), CAS INMOBILIARIO S.A. (Colombia), PUBLICIDAD SARMIENTO HOLDINGS S.L. (España), NOSIRAS S.A. (Uruguay) y LEADA INVESTMENTS S.A. (Uruguay) y créditos y debentures: CELVINY S.A. (Uruguay), SARMIENTO HOLDINGS S.L. (España), Otros Créditos Ecuador (PUBLICIDAD SARMIENTO SUC. ECUADOR), BONNIE BIO (Panamá) y Anticipo Dpto. Uruguay; se valuaron conforme al detalle aportado por el responsable, los que fueron cotejados con la información sistémica que surge de la base de datos del Organismo.
Del análisis realizado, se verificó un crédito identificado por el responsable como “BENEFICIO FISCAL FIDEICOMISO E1”, que corresponde al excedente de aporte de inversión -Ley 27.349 y RG 4193 (AFIP) y que fue declarado como un crédito “gravado” por el contribuyente en su declaración jurada del Impuesto Sobre los Bienes Personales del período fiscal 2019; por lo que se consideró alcanzado por el Aporte Solidario y Extraordinario (fs. 53 y 161). Además, se verificó un depósito en dinero en el exterior (euros), que fue informado por el contribuyente con un porcentaje de participación al CINCUENTA POR CIENTO (50%), pero en el resumen aportado figura como único titular; por lo que se tomó la participación al CIENTO POR CIENTO (100%).
Por lo expuesto, se confeccionó la pertinente liquidación del Aporte Solidario y Extraordinario que se acompañó a la vista oportunamente conferida.
Que mediante RESOL-2022-186-E-AFIP-DVRRME#SDGOPII del 11 de noviembre de 2022, notificada el 14 de noviembre de 2022, se le confirió la vista de los cargos fiscales, lo que derivó con posterioridad en la resolución apelado en autos.
V. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho.
Previo a adentrarnos en las particularidades de la causa conviene resumir, en su parte pertinente, la normativa involucrada.
Así, el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (...)”.
El art. 3° aclara que “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $ 200.000.000.
Cabe señalar en primer término que sin perjuicio del nomen iuris utilizado por el legislador, el Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27605 se encuentra incluido dentro del concepto de “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” al que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional. En efecto, se trata de “una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos” (CSJN, in re “Cladd Industria Textil S.A. Y otro c/Estado Nacional -SAGPYA resol. 91/03”, sentencia del 4/8/2009; “Camaronera Patagónica S.A. C/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, del 15/4/2014).
Tiene dicho el Alto Tribunal que para arribar a la caracterización de un tributo, cabe prescindir de la denominación asignada por las normas y atender sólo a su naturaleza, pues no se trata de un problema terminológico sino sustancial (Fallos 303:640); y que para definir su carácter debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide (Fallos 280:176).
En ese sentido el Máximo Tribunal ha dicho que “la norma define un presupuesto de hecho que, al verificarse en la realidad del caso concreto, da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones establecidas por ella, siendo que tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado y que su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares afectados, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia” (CSJN, in re “Pablo Horvath c/Nación Argentina”, Fallos 318:676, sentencia del 4/5/1995). En función de esa doctrina jurisprudencial cabe concluir que de las previsiones de la ley como de las de su decreto reglamentario, surge que el Aporte en cuestión constituye una contribución de carácter pecuniario, obligatoria, impuesta unilateralmente por el Estado mediante el dictado de una ley en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional según el procedimiento consagrado en la Constitución Nacional, en circunstancias excepcionales en el contexto de una emergencia sanitaria.
El destino de los fondos recaudados no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la Ley 27605. Tampoco la clasificación formulada por la Secretaría de Hacienda mediante la resolución 22/2021, que en su artículo 1° dispone incorporar “... el concepto ‘12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’ en la clase ‘12.9 Otros’ del tipo ‘12. Ingresos no tributarios’ del clasificador de recursos por rubros”, forma obstáculo para considerar al aludido aporte como un tributo, dadas las circunstancias apuntadas más arriba en orden a la real naturaleza de dicho aporte–que se subsume en los términos que definen el tributo- (véase CNCAF, Sala I, en los autos “T.,S. c/ EN -AFIP- ley 27605 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022). En definitiva se trata de una calificación que conduce a un encuadre y tratamiento administrativo de los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la gabela, que carece de virtualidad y efectos a los fines de mudar la naturaleza y rasgos esenciales de la misma -definidos por vía legal-, proceder que por lo demás, le está vedado llevar a cabo al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria (en tal sentido, CNCAF, Sala II, in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio c/ EN AFIP Ley 27605 s/Amparo Ley 16.986, sentencia del 14/02/2023).
Sentado ello y entrando al análisis de los agravios constitucionales esbozados por la parte actora, los que deben ser analizados en esta instancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley 11683, debe recordarse que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 345:951).
La Corte Suprema sostuvo que “el control de constitucionalidad, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en que tal derecho –cuya función social se ha de tener presente- se halla con la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el hecho de serlo” (Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/07/2009).
La Corte ha dicho también que “…escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301). Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder (Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293)” (“HERMITAGE S.A. C/ PEN – MeyOS”, 15/06/2010).
En cuanto a la afectación al principio de igualdad, cabe señalar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, cabe considerar la condición de las personas que soportan los impuestos en orden al carácter y magnitud de la riqueza (arg. Fallos: 207:270). Cabe recordar que la igualdad en materia tributaria alude a establecer gravámenes idénticos a los contribuyentes en condiciones análogas (arg. Fallos: 138:313), lo cual comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación específica sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (arg. Fallos: 149:417). Así pues, en el precedente “Unanué” (Fallos: 138:313) se dejó sentado que: “...la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución, importa, en lo relativo a impuestos, establecer, que en condiciones análogas deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes.
Fallos: tomo 132, página 198 y los allí citados. Que en ese mismo orden de ideas ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos que la garantía constitucional mencionada no se propone erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases como serían si se hicieran depender de diferencias de color, raza, nacionalidad, religión, opinión, política u otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes (Bell's Gap Railward Cº.V. Pennsylvania 134 U. S. 232). Que, en consecuencia, cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (Cooley On Taxation 3ª ed. página 75 y siguientes; Willonghby, On The Constitución, página 593)”.
En el precedente “Drysdale” (Fallos: 149:417), la CSJN afirmó: “Que la igualdad ante la ley, impuesta en el precepto citado, comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Y en materia impositiva esta Corte ha establecido reiteradamente que la observancia de aquél principio se cumple cuando en condiciones análogas se imponen gravámenes iguales a los contribuyentes”.
Asimismo corresponde señalar que en lo relativo al principio de capacidad contributiva, se ha señalado en distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la misma debe ser entendida como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular, a partir de la existencia de una riqueza en su posesión, siendo que constituye la causa jurídica del tributo (conf. Jarach, Dino, El Hecho Imponible, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, ps. 85/86, 91, 102/103, 119; citado por la Sala III de la CNCAF en la causa 5267/2021; P., S. O. c/ EN-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO).
En el caso de la Ley 27.605, que aquí nos ocupa, se advierte que el hecho imponible ha sido establecido en base a un criterio de manifestación directa de capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo en virtud de la existencia de un determinado patrimonio, y siendo que la contribución será igual para todas las personas de igual capacidad contributiva. Ello así, es dable concluir en la ausencia de arbitrariedad en las clasificaciones realizadas por el legislador al definir el hecho imponible. Dicho ello, cabe analizar el agravio sustentado por la parte en cuanto a la pretendida alegación de confiscatoriedad del aporte determinado por el Fisco Nacional.
En particular, en relación al supuesto de confiscatoriedad, se ha señalado inveteradamente que, para que ésta exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros). Bajo tales pautas, y como ha dicho esta Sala B en otros antecedentes (Casino de Misiones, del 19/07/2019), debe interpretarse que la confiscatoriedad no puede ser establecida sino a consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condiciona su aplicación, en definitiva, la violación del derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado, debiendo estarse al valor real de los bienes, no a su valuación fiscal, y considerar su productividad posible, esto es, su capacidad productiva potencial (Fallos: 314:1293 ya citado y sus citas). En esa línea conceptual se ha establecido asimismo, que la comprobación del índice de productividad es "siempre indispensable" (Fallos: 209:114) o un "elemento de juicio primordial e insustituiblemente necesario para estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del impuesto" (Fallos: 220:1082).
También se ha sostenido que la doble imposición no importa por sí misma violación constitucional (Fallos: 210:500, 257:127, 263:534, 327:1729, entre otros).
Cabe considerar que la manifestación de capacidad contributiva escogida por el legislador para establecer el ASE es el capital, patrimonio o riqueza –aunque únicamente sobre los bienes-, no cabe considerar las rentas o ganancias reales que haya obtenido la recurrente, como elementos para establecer la posible confiscatoriedad en este tributo patrimonial.
En ese sentido, la Corte ha dicho que “la presunta conformidad de las leyes nacionales o provinciales con las normas constitucionales, que es el principio cardinal de la división, limitación y coordinación de los poderes en nuestro régimen institucional, no debe ceder -por transgresión a ese principio y a esas normas- sino ante una prueba contraria tan clara y precisa como sea posible y particularmente cuando se trata de impuestos creados por el Poder Legislativo en virtud de sus facultades no discutidas, cabe tener presente que el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar no de una mera estimación personal, aunque ella emane de peritos ilustrados y rectos, ni de circunstancias puramente accidentales y eventuales, sino de una relación estimada entre el valor del bien gravado y el monto de ese gravamen, al margen de accidentes transitorios y circunstanciales sobre la producción el aprovechamiento de aquél” (Fallos 207:238; replicado por la Corte en “Gómez Alzaga, Martín Bosco c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 21/12/1999).
En definitiva, en palabras de la Corte (in re “Gómez Álzaga”, antes citado), “...surgen principios básicos aplicables en casos semejantes: a) el carácter confiscatorio de los tributos debe relacionarse con el valor real y actual del bien o su potencialidad productiva; b) esta apreciación de una situación fáctica no debe surgir de una mera calificación pericial de la racionalidad presunta de la explotación sino de la comprobación objetiva de los extremos indicados precedentemente; y c) la acreditación del agravio constitucional debe ser clara y precisa, esto es, inequívoca.” (el destacado es propio).
Es por ello que la posible consideración de las rentas potenciales en el análisis de confiscatoriedad del ASE, sería viable frente a la intención de establecer una valuación de determinados bienes, a partir de la potencialidad de rentas –flujos futuros de rentas estimadas-, cuando dicha valuación difiera de la valuación fiscal establecida a los fines de este Aporte.
Nada de ello se encuentra debidamente acreditado en las presentes actuaciones.
En efecto, entrando al análisis del informe pericial producido en autos y el informe especial producido en sede administrativa, los puntos de pericia propuestos por la parte actora están dirigidos a que los expertos informaran la rentabilidad “real” de los activos detalladas en el Informe Especial. Adicionalmente, y aun cuando ciertos bienes no hubieron generado utilidades reales, se les “estimó” una renta presunta para mostrar otro índice, el de rentas netas reales ajustadas por teóricas que sería absorbida por el pago de la sumatoria del Impuesto a los Bienes Personales de ese período y el Aporte Solidario (Anexo V ratios de confiscatoriedad IF-2023-151179776- APN-DTD#JGM), y el importe del ASE si la totalidad de los bienes estuvieran en el país.
Asimismo corresponde señalar que, no se advierte que la prueba producida haya arrimado la información que se ha estimado prudente a la luz de la doctrina emanada en los fallos citados anteriormente, habida cuenta que nada dice respecto del valor real de los bienes que la actora posee, ni respecto del valor potencial estimado de sus bienes a partir de los flujos de rentas o ingresos que producirían aquellos bienes. Es decir, no se encuentra acreditado que el importe del ASE determinado por el Fisco Nacional, resulte una absorción sustancial de los bienes alcanzados por aquél, en los términos requeridos en los precedentes jurisprudenciales de nuestro Alto Tribunal antes citados.
Respecto a lo manifestado por el recurrente en cuanto a que existiría una divergencia respecto de la valuación de las participaciones sociales de la empresa Nosiras S.A., cabe señalar que conforme se desprende de las actuaciones administrativas que la fiscalización tomó a los efectos de la valuación la documentación de respaldo que fuera aportada por el contribuyente mediante presentación digital del 12/11/2021, atento que no fue posible obtener información y/o documentación adicional a tales efectos, lo que tampoco ha acontecido con la prueba producida ante esta instancia. En efecto, si bien se advierte en la pericial contable que el monto total consignado como Participaciones Sociales en el Exterior es inferior a la consignada por el Fisco Nacional y que en el detalle de bienes no se menciona la participación social en dicha empresa, no se encuentra explicitado por los expertos la razón por la cuál no la han considerado. Lo mismo ocurre con los rubros Créditos y depósitos en entidades financiera en el exterior, donde los peritos consignan montos inferiores a los del Fisco Nacional; en tanto que se observa la existencia de rubros en los que la valuación de los peritos ha sido mayor que la considerada por el Fisco Nacional en la determinación efectuada, así por ejemplo en el rubro propiedades inmuebles y créditos en el país; todo ello sin mayores explicitaciones por parte de los peritos intervinientes. En cuanto a las valuaciones de los bienes del exterior que toma el Fisco Nacional, surge de las actuaciones administrativas que se tomaron en función de la información brindada por el contribuyente en sede administrativa, conforme presentaciones digitales del 14/5/21 y 12/11/21. Por último, no debe perderse de vista que aún con las diferencias apuntadas los peritos son contestes en que pudieron comprobar que el cálculo del monto del Aporte que correspondería pagar según el cálculo efectuado es coincidente en un 99% con el importe determinado por la AFIP-DGI.
En definitiva, la escasa idoneidad probatoria del informe contable conlleva a que la pretensión deducida carezca de la prueba “clara y precisa” o “concluyente” que ha exigido la Corte, razón por la cual no puede acogerse el planteo de la recurrente en autos.
Ello así, cabe confirmar la resolución apelada con costas.
VI. Que, respecto de los intereses resarcitorios cabe precisar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo tanto, se confirman los intereses fijados en la determinación recurrida, con costas.
VII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental. En ese sentido, es sabido que dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
Por su parte, el segundo artículo agregado mediante la ley 27.430 a continuación del artículo 50 de la ley de rito, incorpora que se entenderá por “error excusable” cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Y continúa, en orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. En el caso de autos, nada de ello ha sido acreditado.
En tales condiciones, en el caso particular, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto corresponde confirmar la resolución apelada en autos en todos sus términos. Con costas.
Por ello SE
Confirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.05.22 16:00:29 ART Date: 2024.05.22 19:21:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.22 20:28:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.22 20:28:26 -03:00
Fin de la sentencia