Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que mediante RE-2024-16583808-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 186/23, 187/23 y 188/23 dictadas el 26 de diciembre de 2023, por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro II de la A.F.I.P-D.G.I..
En primer lugar, manifiesta que se trata de observaciones en los períodos fiscales 2017 a 2019 por compras y/o gastos, créditos fiscales y pagos vinculados entre supuestas operaciones y proveedores (sic), remitiéndose al descargo de la presentación al contestar la vista.
Se agravia de la suspensión de los sumarios hasta que se dicte sentencia penal. Alega que las sanciones debieron establecerse conjuntamente con la determinación de cada uno de los gravámenes. Afirma que “el dictado de cada una de estas resoluciones no justificó en modo alguno su aplicación en el presente caso respecto de las normas legales y reglamentarias. Por ende, no puede convalidarse el dictado de estas impugnadas DDJJ por ser un acto nulo no pudiendo convalidar o sanear su existencia” (sic).
Finalmente, reserva la cuestión federal y solicita se revoquen los actos apelados con costas.
II. Que el Fisco Nacional mediante IF-2024-34000797-APN-DTD#JGM contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar, solicita se rechace el planteo de nulidad esbozado por la actora, indica que los actos administrativos atacados reunen todos los requisitos esenciales enumerados en el artículo 7° de la Ley Nº 19.549 de Procedimiento Administrativo. Los mismos han sido emitidos dentro de los lineamientos de la normativa vigente, carriles dentro de los cuales se expresó en forma concreta, las razones que indujeron a emitirlos, completándose el esquema con el hecho de haber sido dictados por autoridad competente.
Indica que tienen un objeto cierto, física y jurídicamente posible. Se cumplimentaron todos los requisitos esenciales y sustanciales exigidos por las normas que reglan la sustanciación del procedimiento previstos en el ordenamiento jurídico como así también aquellos que resulten implícitos, cumpliéndose con la finalidad que resulta de la normativa que otorga las facultades pertinentes del órgano emisor.
Sostiene que las resoluciones mencionadas, fueron dictadas con fundamento en las circunstancias de hecho y de derecho, es decir que no sólo se ha cumplido con los requisitos externos de validez, sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que la presuponen. Asimismo, se expresó en forma concreta las razones que indujeron a emitir los actos, se sustentó en los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa -es decir la O.I. N° 1.804.674 -, y en igual sentido se detalló el derecho aplicable.
Alega que conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa, las tareas de fiscalización desarrolladas por el personal de la A.F.I.P., así como el procedimiento determinativo que desembocó en el dictado de las resoluciones cuestionadas, se han ajustado en un todo a la normativa en vigor y a parámetros de razonabilidad y legalidad, respetándose acabadamente el derecho de defensa de la contribuyente, quien en todo momento tuvo acceso a las actuaciones y oportunidad de ser escuchada y de efectuar las aclaraciones y descargos que estimase convenientes.
Manifiesta que del análisis de los elementos obtenidos surgieron indicios con relación a los proveedores involucrados que por su gravedad, precisión y concordancia, permitieron confirmar la hipótesis del caso, esto es, su carácter de apócrifos, lo que motivo la impugnación de los créditos fiscales computados por la contribuyente en el Impuesto al Valor Agregado, involucrados en las operaciones declaradas, en los períodos fiscales mencionados, como así también los gastos en el impuesto a las ganancias y se consideró dichos egresos como salidas no documentadas.
Expresa que en función de los elementos colectados por el personal fiscalizador, no se consideró probada adecuadamente la existencia real y efectiva de los supuestos proveedores, en las operaciones gravadas en las que quien figura documentalmente no resulta tal, pues no se ha configurado a su respecto el hecho imponible. No hubo ningún hecho imponible en cabeza del sujeto cuestionado por inexistencia de uno de los elementos esenciales del nacimiento de tal hecho como es el sujeto.
Manifiesta que el conjunto de elementos colectados en las presentes actuaciones, hacen colegir que la documentación respaldatoria, carecen de valor probatorio como para acreditar la efectiva producción de los gastos con los proveedores impugnados, no habiéndose probado por otros medios -siquiera indiciariamente-, que las erogaciones hubieran sido destinadas a obtener, conservar o mantener ganancias gravadas.
Con respecto a los intereses resarcitorios manifiesta que los mismos han sido consentidos por la recurrente, en tanto no formula agravio alguno.
En lo relativo a la aplicación de multa manifiesta que en autos las sanciones aplicadas se fundamentan en los incs. a), b) y c) del art. 47 de la ley de rito, habiéndose constatado los presupuestos fácticos sobre el que se asientan las presunciones legales, a las cuales se ajusta acabadamente la conducta de la imputada, por cuanto las diferencias establecidas estuvieron originadas en la disparidad existente entre los antecedentes obrantes en poder de la apelante con el contenido de las declaraciones juradas presentadas.
Afirma que los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos surgidos de las declaraciones juradas presentadas, evidencian grave contradicción entre sí, puesto que fue necesaria una verificación a fin de solucionar la misma a los efectos de determinar los impuestos adeudados. Este actuar deja entrever mayormente una actitud de ocultación del verdadero movimiento económico de la actora, en contraposición con una conducta culposa, hecho que a su vez trasunta en importes de impuesto a ingresar marcadamente inferiores a los que en realidad corresponden conforme la normativa vigente en la materia. Hace reserva de caso federal, efectúa oposición a la prueba y solicita se confirmen los actos, con costas.
III. Que, no habiendo la parte actora ofrecido medios probatorios para sustentar su postura, a través de PV-2024- 35794357-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y mediante IF-2024-43854529- APN-VOCV#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. En cuanto al planteo de nulidad articulado por la actora cabe señalar en primer lugar que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
En definitiva, se observa que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Por otro lado, en cuanto a los agravios vertidos por la suspensión de los sumarios, corresponde señalar que el Fisco procedió a la suspensión sólo respecto de los períodos fiscales del año 2018 del Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 2017 y 2018 del Impuesto a las Ganancias -Salidas no Documentadas- y 2017 y 2018 del Impuesto a las Ganancias. En los actos recurridos se aplicaron sendas sanciones en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2019, en el Impuesto a las Ganancias -Salidas no Documentadas- por el año 2019 y en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 3/17, 4/17, 6/17 a 12/17, 2 y 3 de 2019. Sentado ello, cabe señalar que las resoluciones Nros. 186/23, 187/23 y 188/23 fueron dictadas dentro del marco previsto por la Ley Penal Tributaria y atento lo dispuesto por el articulo 20 de la misma.
Se destaca asimismo que lo actuado fue de conformidad con lo allí dispuesto que ordena no aplicar sanciones hasta la existencia de sentencia firme en sede penal. Habiendo dado cumplimiento con la normativa legal vigente en la materia que establece, que verificada las condiciones objetivas de punibilidad debe efectuarse la denuncia penal pertinente.
Cabe destacar que los agravios de la actora al respecto carecen de todo sustento, quedando reservada la posibilidad, al Fisco Nacional, de expedirse en el momento oportuno por aplicación del artículo 20 del Régimen Penal Tributario.
Cabe señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que corresponde entrar al análisis de la cuestión traída a decisión de este Tribunal.
Como consecuencia de las tareas de verificación desarrolladas por del Organismo, se observó que el actor durante los períodos fiscales 2017 a 2019 registró compras y/o gastos, créditos fiscales y pagos vinculados a supuestas operaciones concertadas entre el contribuyente del asunto y los proveedores CASTRO CLAUDIO SEBASTIAN CUIT N° 20-29615158-1, DERUDI PATRICIO ALEJO CUIT N.° 20-35373303-7, PASCOLAT LUIS ANGEL CUIT N.° 20- 08490754-6, ROVERANO GUSTAVO HERNAN CUIT N.° 20-28543666-5, TORREZ DAIANA SOLEDAD CUIT N.° 23- 37038380-4, WATAYA S.A CUIT N.° 30-71525125-2, NUTMEG S.A. CUIT N.° 30-
71525119-8, MAKELET S.A. CU1T N.° 30-71528632-3, GRANER S.A. CUIT N. 30-71507729-5, TEX Y SHOE 1NVESTMENT S.A. CUIT N.° 30-71539647-1, VECRO SRL CUIT N.° 30-71553222-7, FANENDO 1NFORMATICA SRL CU1T N.° 30-71542020-8, CRUZ NATALIA SOLANGE CUIT N.° 23-34907449-4, GRAMAJO FLORENCIA ANDREA CU1T N. 27-37897404-1, W1LBERGER ERIKA FERNANDA CUIT N.° 27-26034249-0, GONZALEZ FRANCISCO OSCAR CUIT N.° 20-08317063-9, GOMEZ LUCIANA ANDREA CUIT N.° 23-26380410-4, MELFI ELIZABETH TERESA CUIT N.° 27-31585337-6, AMAYA MARCOS ROBERTO CUIT N.° 20-27029220-9, LUNA ELBA SUSANA CUIT N.° 27-11955066-7, ROJO BRENDA A1LEN CUIT N.° 27- 39672998-4 y VERON MARIA ESTER CUlT N° 27-22386901-2, los cuales se encuentran incluidos en la base de contribuyentes apócrifos por carecer de capacidad operativa, económica y/o financiera o ser usina única venta de facturas, ello a partir de las investigaciones realizadas por las Direcciones Regionales pertenecientes al Organismo Fiscal.
Del análisis de los elementos obtenidos surgieron indicios con relación a los citados proveedores que por su gravedad, precisión y concordancia, permitieron confirmar la hipótesis del caso, esto es, su carácter de apócrifos, lo que motivó la Impugnación de los créditos fiscales computados por la contribuyente en el Impuesto al Valor Agregado, involucrados en las operaciones declaradas con el aludido, en los períodos fiscales mencionados, como así también los gastos en el impuesto a las ganancias y se consideró dichos egresos como salidas no documentadas. (vide Anexo I obrante en IF-2024-34224253-APN-DTD#JGM fs. 1099/1136)
VI. Que en relación al fondo del asunto, la impugnación de dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional, en el cual se acredita entre otros, que se trata en todos los casos de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que de acuerdo con información obtenida de las consultas a las bases de datos de del Fisco Nacional, y de la documentación aportada por el contribuyente surge que la recurrente incluyó en concepto de créditos fiscales, costo/gastos en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto a las Ganancias Salidas no Documentadas e Impuesto al Valor Agregado en los períodos fiscales 2017 a 2019, el proveniente de facturas emitidas por los proveedores observados, según detalle obrante en el Anexo I que se adjunta en las actuaciones administrativas obrante en IF- 2024-34224253-APN-DTD#JGM.
Corresponde señalar que se detallan en dicho de Anexo las indicios recolectados respecto de los pretendidos proveedores por el cual se sustenta e impulsa el cargo formulado por el Fisco Nacional, bajo la siguiente denominación: Anexo "Indicios Proveedores", en el cual se detallan los datos referidos a la conducta fiscal de las firmas aludidas, así como también, las situaciones de hecho constatadas a su respecto por parte del personal fiscalizador del Organismo y la documentación respectiva, a los que en mérito a la brevedad cabe aquí remitirse. Además de las consideraciones antes expuestas, es dable mencionar que los proveedores observados poseen la CUIT INACTIVA y que se les asignó la Categoría E en el SIPER. Asimismo muchos de los proveedores observados fueron incluidos en la base e-Apoc del Organismo con la condición "Usina Sin Capacidad Operativa, Económica y/o Financiera", registran escasas acreditaciones bancarias, inconsistentes con su nivel de facturación. No poseen propiedades inmuebles, tampoco poseen bienes registrables, no declaran empleados en relación de dependencia.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que aquellos proveedores impugnados hayan sido los verdaderos proveedores cuyos gastos y créditos fiscales se encuentran controvertidos, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos siendo que justamente no se pudo probar el circuito comercial de las compras ni del servicio ni el económico, es decir no se comprobó la real prestación del servicio ni la existencia de la compra de bienes -su sustantividad-, ni tampoco se pudo verificar el verdadero destino de los fondos supuestamente empleados para abonar los bienes adquiridos ni la prestación de los hipotéticos servicios.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013), lo que lleva a confirmar la impugnación del crédito fiscal en el IVA y del costo en el Impuesto a las Ganancias.
Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232). Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.” (el resaltado me pertenece). Que, esta posición se ve corroborada por la Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remite en mérito de brevedad, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas."
“En efecto, como lo reconoce el propio pronunciainiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectívamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
Asimismo corresponde señalar que ante la constatación por parte del Organismo de las inconsistencias descriptas de los proveedores señalados, la recurrente, no efectúa agravio concreto alguno, no aporta pruebas, limitándose a remitirse a lo expuesto al contestar la vista, la cual padece la misma orfandad en materia de agravios y de ofrecimiento de prueba, que el escrito recursivo de autos.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Que como ya se ha dicho al respecto, “Quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada” (cfr. Fallos 331:881), básica regla que en la especie no podría ser dejada de lado, pues ni el carácter inquisitivo ni el principio de búsqueda de la verdad material que informan el procedimiento que se desarrolla ante este Tribunal implican o suponen negar su existencia, ya que aquellos principios hallan su límite en otros de similar gravitación como lo son el de la igualdad entre las partes en el proceso y el de imparcialidad del juzgador. Que atento lo expuesto precedentemente, corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias -Salidas no Documentadas-. Con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que, cabe por último examinar si las multas que se aplicaron en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2019, Impuesto a las Ganancias -Salidas no Documentadas- período fiscal 2019 e Impuesto al Valor Agregado perÍodos fiscales 3/17, 4/17, 6/17 a 12/17, 2 y 3 de 2019, se ajustan a derecho.
En primer lugar, cabe advertir que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido recientemente tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla. Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben sería pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello, entrando al análisis de las las multas por defraudación aplicadas en las tres resoluciones aquí en trato, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde confirmar las multas aplicadas al contribuyente de autos. No obstante ello, en cuanto al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifiquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.05.06 13:05:26 ART Date: 2024.05.06 13:09:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.06 15:16:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.06 15:16:34 -03:00
Fin de la sentencia