Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 34.804-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias, con más intereses resarcitorios y multas, reduciéndolas a estas últimas a su mínimo legal.
2Confirmar la multa aplicada en la Resolución N° 105/2012 (DV RRTU) del Impuesto al Valor Agregado, con la reducción a su mínimo legal.
3Imponer las costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, las que se imponen por su orden.
I. Que, a fs. 409/505, 963/1068 y a fs. 1226/1237 se presenta la actora e interpone recursos de apelación contra las Resoluciones N° 22/2010 (DV RRTU), 26/2011 (DV RRTU), 27/2011 (DV RRTU), 28/2011 (DV RRTU) y 105/2012 (DV RRTU) respectivamente, emitidas por el jefe de la Sección Determinaciones de Oficio a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la Dirección General Impositiva de la AFIP.
En virtud de la resolución N° 22/2010 (DV RRTU), de fecha 08/04/2010, se le determina de oficio el Impuesto al Valor Agregado (IVA) periodos fiscales 07/2008 y 08/2008 por la suma de $126.713,37 con más la suma de $47.521,53 en concepto de intereses resarcitorios.
Con respecto la resolución N° 26/2011 (DV RRTU), de fecha 16/03/2011, se le determina de oficio el IVA periodos fiscales 09/2005 a 03/2008 por la suma de $182.777,71, con la suma de $173.039,16 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa $ 548.333,13, equivalente a tres (3) veces el impuesto dejado de ingresar, con sustento en los arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.). En cuanto a la resolución N° 27/2011 (DV RRTU), de fecha 16/03/2011, se le determina de oficio el Impuesto a las Ganancias periodos fiscal 2006 por la suma de $42.372,79 con más la suma de $40.028,16 en concepto de intereses resarcitorios y, además, se le aplica una multa de $127.118,37, equivalente a tres (03) veces el impuesto dejado de ingresar, con sustento en los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley de rito.
A través de la resolución N° 28/2011 (DV RRTU), de fecha 16/03/2011, se le determina de oficio el IVA periodos fiscales 04, 05, 06, 09 y 10/2008 por la suma de $51.555,92 con más la suma de $31.592,67 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $154.667,76 equivalente a tres (03) veces el impuesto dejado de ingresar, con sustento en los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley de rito.
Por último, por medio de la resolución N° 105/2012 (DV RRTU), de fecha 19/11/2012, se le aplica una multa de $380.140,11 equivalente a tres (03) veces el impuesto dejado de ingresar, correspondiente al IVA periodos fiscales 07/2008 y 08/2008, con sustento en los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la ley de procedimiento fiscal. En primer lugar, expone los antecedentes de hecho y de derecho que motivaron el ajuste fiscal.
Plantea la nulidad de las resoluciones en cuestión por cuanto carecerían de causa, motivación y razonabilidad. Además, dice la recurrente por utilizar fundamentos falsos, aparentes y contradictorios, por arbitrariedad, falta de valoración de pruebas y de búsqueda de la verdad material.
A su vez, indica que se encuentra violentada la garantía del debido proceso y del derecho de defensa atento que el Fisco Nacional habría modificado los fundamentos de su pretensión apoyándose en nuevos argumentos que fueron introducidos al momento de dictar las resoluciones en crisis, los que resultarían arbitrarios por arribar a conclusiones contradictorias, meramente aparentes o autocompuestas derivadas de la falsedad y parcialización de los hechos y circunstancias del caso.
Por su parte, en el marco del Expte. Acumulado N° 34.804-I, solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 100 inc. e) de la ley N° 11.683, atento que no habría recibido las cedulas de notificación de las resoluciones N° 26/2011 (DV RRTU), N° 27/2011 (DV RRTU) y N° 28/2011 (DV RRTU), en contradicción con lo dispuesto en el inc. b), art. 11 de la ley de rito y el art. 40 del Decreto Reglamentario 1759/79 de la ley de procedimientos administrativos, situación que violentaría el principio de seguridad jurídica, su derecho de defensa, de igualdad y el debido proceso adjetivo.
En lo que respecta al fondo de la cuestión, explica que actúa en el mercado azucarero como agente intermediario para que los pequeños productores puedan vender los productos que constan en las órdenes de entrega a otros comitentes recibiendo una comisión por dicha actividad.
Señala que en la totalidad de los casos operó con los propietarios del azúcar, quienes eran a su vez titulares de las órdenes de entrega (contrato de maquila con los ingenios), salvo en el caso del Sr. González, cuyo comprobante de entrega fue objeto de una previa transferencia.
Afirma que ha obrado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes por cuanto las mismas no establecen ningún tipo obligación a su cargo respecto del control del cumplimiento de las obligaciones fiscales y jurídicas de los presuntos proveedores. A ello sumado que las operaciones impugnadas fueron instrumentadas de acuerdo a los recaudos establecidos las disposiciones legales vigentes al respecto, por lo que las mismas deben tenerse por válidas y representativas de los bienes que se han provisto.
Entiende que la inclusión de los proveedores en la base apoc debe operar a futuro ya que, a partir del momento en que son incluidos en la misma, les permite a los adquirentes de buena fe conocer el estado de los mismos y su supuesta incapacidad para operar comercialmente, toda vez que su aplicación retroactiva violentaría el principio de seguridad jurídica.
Concluye que se cumple con los requisitos normativos exigidos para que opere el reconocimiento del crédito fiscal en el IVA por lo que entiende que de las probanzas arrimadas a las presentes actuaciones, surge que ha intervenido en la comercialización de las ordenes de entrega transferidas por comitentes existentes al momento de cada operación efectuada, los que en forma previa contaban con su debida inscripción, no figurando en la base Apoc del organismo y percibiendo el valor correspondiente de las transacciones a su favor.
En lo que respecta a los intereses resarcitorios, arguye que no corresponden por no existir mora imputable a ella atento la falta de deuda alguna. No obstante, indica que tampoco le seria imputable por haber obrado con prudencia. Subsidiariamente, se agravia por considerar que los mismos le resultan confiscatorios y conculcatorios del derecho de propiedad. A su vez, indica que para el caso que se intente reclamar la eventual capitalización de los intereses, ello iría contra el alcance del art. 623, introducido por la modificación de la ley N° 23.029. En relación al Impuesto a las Ganancias, resalta que únicamente se objetaron las operaciones relacionadas con Agromeco SA y José Vidal, no así con el resto de los proveedores cuestionados.
Con relación a las multas por defraudación aplicadas, expresa que no se encuentran configurado los elementos objetivo y subjetivo requeridos para la configuración de las mismas, toda vez que entiende que los ajustes efectuados se basan en meras presunciones que conllevan a tener a las operaciones cuestionadas como invalidas. A ello sumado que no ha realizado ningún tipo de conducta con el propósito de soslayar las obligaciones a su cargo, por lo que concluye que no ha obrado de manera ilegítima y que, en tal sentido, debe soportar la presión por parte del Fisco Nacional quien pretende hacerla responsable de la supuesta inconducta de terceros. Acompaña prueba documental. Ofrece prueba pericial contable e informativa. Efectúa reserva de caso federal. Concede autorizaciones. Finalmente, solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional.
II. A fs. 516/535vta., 1083/109, 1248/1257vta, se presenta el Fisco Nacional contestando los recursos de apelación interpuestos por la recurrente. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Concede autorizaciones. Hace reserva de caso federal. Solicita que se rechacen los recursos intentados confirmando las resoluciones recurridas en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. A fs. 1127 y a fs. 1262 este Tribunal resolvió acumular el Expte. N° 34.804-I y el Expte. N° 37.104-I al Expte. N° 33.738-I, respectivamente.
A fs. 543 y a fs. 1131 se abre la presente causa a prueba haciéndose lugar a la pericial contable solicitada y ordenándose el libramiento de los oficios solicitados por la recurrente dirigidos a Jose Minetti y Cia. S.A.C.I., Konavle S.A., Atanor S.C.A., C.O.T.A.I.E. LTDA, Cia. Azucarera Los Balances S.A., Azucarera del Sur SRL, S.A. SER, Las Dulces del Norte S.A., Compañía Azucarera Concepción S.A., Arenal del Norte S.A. y Arcor S.A.I.C. para que informen datos sobre la titularidad de las órdenes de entrega, relación jurídica, datos de entrega, etc.
A fs. 581/582 y a fs. 1193/1178 lucen las contestaciones de los oficios dirigidos a José Minetti y Cia. S.A.C.I., a fs. 580 a Atanor SA., a fs. 1172 y 1175 a Azucarera del Sur SRL, a fs. 1178 a Las Dulces del Norte SA, a fs. 1182/1187 a Compañía Azucarera Concepción SA y a fs. 1284/1289 a Arcor SA.
A fs. 568/577 y a fs. 1202/1208 se encuentran glosados los informes periciales contables ordenados en autos. Por su parte, a fs. 1380 se tiene por decaída la prueba pendiente de producir por la recurrente, procediéndose a la clausura el periodo probatorio y a la elevación de las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”. A fs. 1398/1405 obran los alegatos producidos por el Fisco Nacional y a fs. 1406/1408 por la recurrente. Finalmente, a fs. 1409 se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la Litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. En cuanto a la determinación de oficio apelada en autos y en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional a impugnar la facturación atribuida a los proveedores cuestionados.
La contribuyente de autos tiene como actividad declarada ante AFIP la venta al por mayor en comisión o consignación. Conforme manifiesta la recurrente, es una intermediaria entre los productores de las cañas de azúcar y los adquirentes de las bolsas de azúcar. Los productores cañeros aportarían la materia prima (la caña de azúcar) y el ingenio se encarga de su industrialización, actuando como depositario y entregando las bolsas de azúcar a aquellos productores con el respaldo de órdenes de entrega que responden a contratos de maquila. El Fisco Nacional procedió a impugnar los comprobantes “Cuenta de Venta y Líquido Producto A” sobre la base de una serie de observaciones formuladas respecto de tales productores/comitentes de azúcar, conforme se detalla seguidamente. También se impugnaron facturas por servicios.
De conformidad con el Informe Final de Inspección obrante a fs. 196/206 del Cuerpo I y II del Impuesto al Valor Agregado de las actuaciones administrativas, el ajuste efectuado tuvo su origen en el seguimiento de usuarios de facturas emitidas por contribuyentes que se encuentran incluidos en la base Apoc, cuyo punto de partida radicó en las operaciones comerciales que la firma de autos efectuó con el contribuyente José Ariel González incluido en dicha base, al que se adicionó otros proveedores observados, por falta de capacidad económica y financiera para hacer frente a las operaciones facturadas.
Por su parte, en el Impuesto a las Ganancias, conforme surge del Informe Final de Inspección obrante a fs.136/178 del Cpo. Legajo Impuesto a las Ganancias de los Antecedentes Administrativos, tiene origen en la detección de contribuyentes en la base apoc y en particular, se observó que los servicios facturados por las firmas Vidal José Enrique y Agromeco SA no se hallan efectivamente realizados y pagados.
A continuación, se detallan algunas de las irregularidades expuestas respecto de cada proveedor impugnado:
1. José Ariel González: fue incluido en la base apoc el 31/07/2008 bajo la condición de “Sin capacidad económica”.
El Sr. González no registra empleados en relación de dependencia, ni bienes registrables a su nombre, ya sea inmuebles, automotores y/o maquinaria agrícola. Tampoco posee cuentas bancarias, por lo que se ha inferido que las facturas emitidas no fueron canceladas mediante depósitos bancarios y no registra pagos de sus obligaciones impositivas o previsionales.
De la documentación aportada (comprobantes cuenta de venta y líquido producto y órdenes de pago) por la contribuyente de autos, relativa a las adquisiciones que habría efectuado al Sr. González, consta que las mismas corresponderían a azúcar en bolsa, cuyos destinatarios serían Arquimedes Carrizo, Molsicol SA y Cerazuk SRL, por un total de 4820 bolsas de azúcar de 50kg cada una.
Por otro lado, de la información bancaria se observa que los cheques emitidos para cancelarlas, fueron cobrados por Jorge Daniel Lazarte, Martin Colombres, Lara Filguera, Analía Tapia Vergara, José A. Cruzado y Vanesa A. Rodriguez.
Al respecto, la fiscalización constató que el Sr. Lazarte es empleado en relación de dependencia de la recurrente de autos, la Sra. Tapia Vergara sería una profesional contable que facturó sus honorarios a la contribuyente de autos. A su vez, al cobrar los cheques, ambos consignaron como domicilio el mismo que Sociedad General Fiduciaria SA declara como fiscal. A su vez, resulta notoria la diferencia de firmas en los endosos, como en particular, con la firma que el Sr. González tiene en su DNI.
2. Pablo Daniel Zottola: incluido en la base apoc el 15/08/2008, bajo la condición de “sin capacidad económica”. No registra pago de impuestos ante la AFIP, ni posee empleados en relación de dependencia. Tampoco posee automotores, inmuebles o maquinarias agrícolas a su nombre.
De la documentación aportada por la contribuyente de autos consistente en fotocopias de comprobantes de cuenta de venta y líquido producto y órdenes de pago detallando los valores entregados, que las adquisiciones que habría efectuado al Sr. Zottola corresponden a azúcar en bolsa por un total de 670 bolsas de 50 kg cada una, cuyo destinatario de la venta resultó ser Rafael L. Ruiz.
De la información bancaria, se observa que el cheque fue cobrado por José A. Cruzado, quien citado ante el organismo fiscal, se pudo constatar que también cobró cheques a favor de José Ariel González.
Posee una sola retención de $380 efectuada en fecha 28/05/2008 por la firma Jose Minetti y Cia. LTDA SACI. No surgen operaciones de ventas informadas por terceros en el Sistema Citi-Compras. No aportó libros IVA Compras e IVA Ventas. Conforme surge de la consulta al sistema E-Fisco posee una caja de ahorros en el banco BBVA Banco Francés SA, sin acreditación alguna.
Por último, habría arrendado 3200 surcos los que no logran justificar la entrega de 49.378.660 kilos brutos de caña entregada a los ingenios Fronterita, La Trinidad, Bella Vista y Aguilares.
3. Guadalupe Del Valle Anis Figueroa: fue incluida en la base apoc el 08/08/2008 bajo la condición de “sin capacidad económica”.
No declara empleados ni tiene bienes registrables a su nombre que justifiquen su actividad. No realizó pagos a AFIP. No posee registros contables.
La recurrente aportó la documentación relativa a las adquisiciones que habría efectuado a la Sra. Anis Figueroa consistente en azúcar en bolsa, la que fue relevada por el inspector actuante de los comprobantes cuenta de venta y líquido producto y de las órdenes de pago.
De la información bancaria, se observa que los cheques fueron cobrados por Pedro Anis y José A. Cruzado. Cabe indicar que el Sr. Cruzado también cobró cheques de José Ariel Gonzalez y Pablo Daniel Zottola.
4. Rubén Félix Dávila: se encuentra incluido en la base apoc en fecha 24/10/2006 bajo la condición de “sin capacidad económica”.
La recurrente de autos acompañó oportunamente la documentación relativa a las adquisiciones que habría efectuado al Sr. Ávila, las que según los comprobantes Cuenta de Venta y Liquido Producto, consisten en azúcar en bolsa, sin aportar información respecto a la forma de pagos.
A su vez, el Sr. Dávila declaró llevar adelante la actividad de cultivo de caña de azúcar desde el año 2007, constatándose que realiza la actividad de taller de chapa y pintura en una vivienda precaria. No posee bienes registrables a su nombre ni tampoco aporta titularidad de campos. Los contratos de arriendo aportados fueron celebrados con el Sr. Luis Gómez (hijo), quien junto a su padre serían los verdaderos propietarios de la caña de azúcar entregada al ingenio y los comercializadores de la azúcar recibida. No posee cuentas bancarias, ni tampoco registra alta como empleador, por lo que no presenta declaraciones juradas de la Seguridad Social. Por su parte, todos los cheques recibidos en pago del azúcar comercializado, poseen la firma adulterada y fueron cobrados por personas de la misma comercializadora. Por último, el Sr, Dávila reconoció que los remitos que hizo imprimir fueron de favor, a los efectos de que el Sr. Luis Gómez entregue su caña de azúcar en el ingenio.
5. Mirtha Judith López Artero: fue incluida en la base apoc en fecha 31/07/2008, bajo la condición de “sin capacidad económica”.
La contribuyente de autos aportó la documentación relativa a las adquisiciones que habría efectuado a la Sra. López Artero, la cual fue relevada por el actuante de los comprobantes cuenta de venta y líquido producto y de las órdenes de pago, detallando los valores entregados.
No posee bienes registrables y únicamente cuenta con una caja de ahorros en el Banco Galicia, la cual consultada la base e-Fisco, no registra movimientos. Tampoco posee empleados a su cargo. No registra pagos ni acogimientos por ningún concepto y adeuda el ingreso de los saldos de las declaraciones juradas de IVA. Tampoco pudo demostrar la fuente productiva de sus ingresos, ni se pudo constatar el desarrollo de actividad productiva. Con relación al año 2007, aportó copia de un contrato de arrendamiento por 5123 surcos, por lo que se infiere que podría haber obtenido un total de 5.635.300 kilos de caña de azúcar, información que no coincide con la obtenida de la firma Los Dulces Norte SA, la que para el año 2007 la Sra. López Artero entregó un total de 18.833.128 kilos.
6. Agustín Leonardo Olivera: incluido en la base apoc en fecha 31/07/2008, bajo la condición de “sin capacidad económica”.
De la documentación relativa a las adquisiciones que habría efectuado al Sr. Olivera, las mismas corresponden a azúcar en bolsa. Dicha documentación fue relevada por el inspector actuante de los comprobantes cuenta de venta y liquido producto. A su vez, no se aportó la información referida a la forma de pago, a pesar de haber sido requerida.
Por su parte, se pudo verificar la inexistencia del domicilio fiscal del Sr. Olivera. Constituidos los inspectores en la calle Estados Unidos de la ciudad de Banda del Río Salí, no pudo localizarse el número 32 y consultados los vecinos, éstos manifestaron desconocer al presunto proveedor. Para realizar la apertura de la fiscalización, se publicaron edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán y en la Dirección Nacional del Registro Oficial.
7. Elva Inés Barraza: Incluida en la base apoc en fecha 07/08/2008, bajo la condición de “sin capacidad económica”.
No declara empleados, no posee bienes registrales que denoten su capacidad operativa. Se efectuaron presentaciones de IVA sin movimiento y no hay pagos de impuestos realizados.
La firma de autos acompañó la documentación relativa a las adquisiciones que habría efectuado a la Sra. Barraza de azúcar en bolsa, conforme surgen de los comprobantes cuenta de venta y líquido producto y órdenes de pago, junto con el detalle de los valores entregados.
Del análisis de la información bancaria, surge que los cheques fueron cobrados por los Sres. Martin Colombres, Jorge Daniel Lazarte, Analía Tapia Vergara y José Cruzado. También pudo observarse que Lazarte, Cruzado y Tapia Vergara también cobraron cheques de los Sres. José Ariel González, Pablo Daniel Zottola y Guadalupe Anis Figueroa, 8) Marcelo Andrés Sotelo: incorporado en la base apoc desde el 15/08/2008 bajo la condición de “sin capacidad económica”.
De la documentación aportada por la contribuyente de autos relevada por la inspección actuante, surge que las adquisiciones que habría efectuado al Sr. Sotelo corresponden a azúcar en bolsa, conforme surge de los comprobantes cuenta de venta y liquido producto y órdenes de pago, junto con el detalle de los valores entregados.
Esta persona residiría en una vivienda humilde, lugar que coincide con el domicilio fiscal declarado en AFIP. No realizó pago de impuestos. No declara empleados ni tiene bienes registrables a su nombre que denoten su capacidad operativa.
De la información bancaria, pudo observarse los cheques fueron cobrados por los Sres. Jorge Daniel Lazarte y Jose A. Cruzado quienes, a su vez, también cobraron cheques de Jose Ariel Gonzalez, Pablo Daniel Zottola, Guadalupe Anis Figueroa y Elva Barraza.
9. Juana Rosa Albornoz: incluida en la base apoc en fecha 28/11/2008 bajo la condición de “sin capacidad económica”.
La Sra. Albornoz declaró que nunca se inscribió ante AFIP, que habría entregado su DNI a un tal Sr. Moreno Antonio para ser beneficiaria de un plan de trabajo del gobierno, que no posee libros de IVA ni comprobantes, que nunca llevó caña a ningún ingenio, que no posee fincas ni ninguna propiedad, que no tiene trabajo en relación de dependencia, según consta en Acta de fecha 15/09/2008.
La recurrente aportó la documentación relativa a las adquisiciones que habría efectuado a la Sra. Albornoz de azúcar en bolsa, la cual fue relevada por los actuantes de los comprobantes cuenta de venta y líquido producto y de las órdenes de pago, detallando los valores entregados.
De la información bancaria surge que el cheque fue cobrado por el Sr. Jorge Daniel Lazarte, quién también cobró cheques de José Ariel González, Pablo Daniel Zottola, Guadalupe Anis Figueroa, Elva Barraza y Marcelo Sotelo.
10. Roberto Agustín Luna: Incorporado en la base Apoc en fecha 12/08/2008 bajo la condición de “sin capacidad económica”.
El supuesto proveedor tuvo una actitud de reticencia ante los inspectores. No se constató el desarrollo de actividad productiva. El Sr. Luna vive en condiciones muy precarias. No posee bienes registrables ni declara empleados en relación de dependencia.
La recurrente aportó la documentación relativa a las adquisiciones que habría efectuado al Sr. Luna de azúcar en bolsa. Dicha documentación fue relevada por el inspector actuante de los comprobantes cuenta de venta y liquido producto y órdenes de pago, detallando los valores entregados.
De la información bancaria se observa que los cheques fueron cobrados por Juan Marzoratti, Jorge Daniel Lazarte y Roberto Victor Sosa. El Sr. Lazarte cobró cheques de José Ariel González, Pablo Daniel Zottola, Guadalupe Anis Figueroa, Elva Barraza, Marcelo Sotelo y Juana Albornoz.
También surge que el mencionado Roberto Sosa es empleado de relación de dependencia de Sociedad General Fiduciaria SA.
11. La Cuesta SRL: incorporada a la base Apoc en fecha 18/09/2007.
Se trata de una sociedad inscripta ante la AFIP en la actividad de cultivo de caña de azúcar y cultivo de soja, con domicilio fiscal declarado Congreso N° 550, Piso 5°, Depto. F de la ciudad de San Miguel de Tucumán y con domicilio real en la calle Salas y Valdez N° 1547, Yerba Buena, Provincia de Tucumán. A su vez, se encuentra inscripta en el Registro en el Registro Público de Comercio de Tucumán desde el 13/05/2003, con cierre de ejercicio en febrero de cada año. No se encuentra incluida en el registro de operadores de granos. De la fiscalización efectuada oportunamente, se concluyó que esta empresa no logra demostrar que cuente con los medios necesarios para las operaciones que dice haber realizado, ni tampoco contar con el personal necesario para ello. Tampoco posee bienes registrables a su nombre, únicamente un rodado (camioneta doble cabina), ni posee máquinas agrícolas. No contestó los requerimientos cursados.
Presenta declaraciones juradas en el IVA con débitos y créditos fiscales irrelevantes. A su vez, de las circularizaciones efectuadas a los supuestos clientes, en su mayoría, informaron que no contaban con información sobre las supuestas entregas de materia prima y/o servicios prestados, que la cancelación se efectuaba con cheques.
En cuanto a la cancelación de las operaciones, solicitadas las respectivas copias a las entidades bancarias, se observa que fueron endosados por el Sr. Esteban Paz Posee (socio gerente), por el Sr. Julián Paz Posse y/o Rodolfo Paz Posse, consignándose un primer endoso y seguidamente un segundo hacia terceros beneficiarios sin depositarlos en la cuenta bancaria de La Cuesta SRL.
De la verificación de las cartas de porte de los transportistas de granos, algunos contestaron desconocer a La Cuesta SRL y en otros fueron devueltas por correo. Mientras que de los remitos por salidas de azúcar de los ingenios, se circularizó a los transportistas quienes informaron no prestar servicios o que desconocen a La Cuesta SRL.
De todo ello se concluyó que La Cuesta SRL no posee capacidad económica, operativa, financiera ni comercial que le permitan justificar la producción y ventas que pretende haber facturado.
12. Agromeco S.A.: fue incorporada en la base Apoc desde el 18/09/2008.
Se encuentra inscripta ante AFIP desde el mes de agosto de 2005, declarando como actividad principal la venta al por mayor en comisión o consignación de cereales, incorporando como actividades secundarias la prestación de servicios agrícolas NCP, cultivos de cereales, etc.
No ha sido localizada en el domicilio fiscal, ni en su domicilio alternativo. De la consulta a las bases del organismo, surge que no registra presentaciones de las declaraciones juradas de IVA desde 06/2006, ni tampoco en el Impuesto a las Ganancias. A su vez no registra pago alguno desde su inscripción ante el organismo fiscal. No posee bienes registrables a su nombre. Tampoco ha declarado empleados en relación de dependencia, por lo que se estaría en presencia de un contribuyente que no cuenta con respaldo patrimonial para desarrollar la actividad para la cual se ha inscripto.
Con respecto a un posible alquiler o arrendamientos de campos y a la contratación de servicios de laboreo para poder producir los granos entregados, no se observa que haya practicado retenciones al respecto. De todo ello se concluye que la referida firma no cuenta con capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera necesaria para efectuar las operaciones comerciales que surgen informadas en las bases de AFIP, lo que llevó al organismo a concluir que se estaría frente a la utilización de la firma para el blanqueo de compra de granos adquiridos en forma marginal, constituyendo una maniobra a los efectos de apropiarse del crédito fiscal de IVA, utilizándolo además para generar costo en la liquidación del Impuesto a las Ganancias.
13. José Enrique Vidal: se encuentra incorporado en la base Apoc desde el 02/12/2009.
No fue localizado en su domicilio fiscal y el domicilio fiscal alternativo consignado en la base eFisco corresponde al mismo edificio en el que se encuentra Sociedad General Fiduciaria SA.
Por su parte, las actividades económicas denunciadas corresponden al transporte automotor de cargas ncp, servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas, servicios relacionados con la construcción, alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios, cultivo de caña de azúcar, venta al por mayor de inmuebles e instalaciones para oficinas, fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción.
De las facturas emitidas surge como servicio prestado el control de carga y calidad de productos. El Sr. Vidal es el representante legal y cotitular de la cuenta bancaria junto con el Sr. José Humberto Catania de la firma Empire Norte SRL, con quien coincide su domicilio fiscal, el cual consta en las bases del organismo como inexistentedesconocido.
A su vez, surge que Vidal es dueño de un inmueble, sin que haya información al respecto. Tampoco surgen rodados, ni maquinarias agrícolas, ni empleados en relación de dependencia.
Presentó declaraciones juradas de IVA con saldo a ingresar por montos importantes en el año 2006, pero no efectuó ingresos por los impuestos ante la AFIP.
La recurrente de autos informó el detalle de las operaciones y la forma de cancelación, siendo en su totalidad en cheques, los que conforme las copias aportadas por el Banco Macro, fueron cobrados por terceras personas endosantes y los que a simple vista surge que las supuestas firmas del Sr. Vidal insertas, no guardan relación entre sí.
Por lo expuesto se impugnan los créditos fiscales en IVA y el gasto en el Impuesto a las Ganancias. En resumen, los ajustes efectuados por la fiscalización que dieron lugar a los actos apelados son:
- En el Impuesto al Valor Agregado resultan de la impugnación de créditos fiscales improcedentes generados por los comprobantes (cuenta de venta y liquido producto y facturas) donde constan proveedores que no tendrían capacidad económica y operativa para haber realizado las operaciones de ventas de bienes y prestaciones de servicios que se documentan, a saber: José Ariel González, Pablo Daniel Zottola, Guadalupe Del Valle Anis Figueroa, Rubén Feliz Dávila, Mirtha Judith López Artero, Agustín Leonardo Olivera, Elva Inés Barraza, Marcelo Andrés Sotelo, Juana Rosa Albornoz, Roberto Agustín Luna, La Cuesta SRL, José Enrique Vidal y Agromeco S.A.
- En el Impuesto a las Ganancias se impugnó la deducibilidad de gastos por las compras y los servicios prestados por las firmas José Enrique Vidal y Agromeco S.A considerando que no está probado que efectivamente hayan existido las supuestas operaciones y que aquellas hayan sido pagadas.
VI. Que procede en primer término analizar los planteos de nulidad articulados por la actora en relación a los actos administrativos apelados, con sustento en que estos carecen de causa, motivación y razonabilidad. Corresponde tener presente, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C. NAC. CONT. ADM. FED. SALA II, 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones apeladas en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Por lo que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Por otro lado, si bien la actora afirma que se violentó la garantía del debido proceso y su derecho de defensa por considerar que la AFIP habría modificado los fundamentos de su pretensión apoyándose en nuevos argumentos que fueron introducidos al momento de dictar las resoluciones en crisis, los que resultarían arbitrarios por arribar a conclusiones contradictorias, meramente aparentes o autocompuestas derivadas en la falsedad y parcialización de los hechos y circunstancias del caso, lo cierto es que tal como puede observarse de los antecedentes administrativos en instancia administrativa y en las presentes actuaciones, la recurrente realizó manifestaciones sin aportar ningún elemento de prueba convincente que permita rebatir el ajuste fiscal atacado.
Asimismo, tampoco se observan agravios específicos contra los supuestos defectos de las resoluciones apeladas en autos, ni ha demostrado perjuicios concretos como consecuencia de éstas, por lo que este Tribunal no observa que se haya violentado el derecho de defensa de la actora e incluso aun cuando hubiera existido se pudo haber subsanado en esta etapa jurisdiccional.
Así las cosas, corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra los actos determinativos apelados y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VII. Con relación al planteo de inconstitucionalidad formulado por la recurrente, referido al art. 100 inc. e) de la ley de rito en cuanto a la notificación de resoluciones aquí recurridas, corresponde remarcar que el art. 185 de la ley de rito, veda la posibilidad de que este Tribunal Fiscal pueda incluir pronunciamientos sobre la validez constitucional de leyes y sus reglamentaciones, sin que previamente la Corte Suprema se haya expedido al respecto.
No obstante ello, cabe indicar que no se observa que exista perjuicio alguno para la recurrente con tal metodología de notificación considerando que los recursos pudieron ser presentados en plazo.
VIII. Que en relación al fondo del asunto, cabe concluir que la impugnación de dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y los comprobantes de venta y líquido producto y la efectiva realización de las operaciones por parte de los proveedores cuestionados por el Fisco Nacional.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores y que ellos realizaron operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones, por los proveedores impugnados siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas y comprobantes cuestionados de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a que la inclusión de los presuntos proveedores a la base apoc debe operar a futuro o que la emisión de los comprobantes fue efectuada acorde a la normativa vigente, entre otras), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que entrando al análisis de los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia de Impuesto al Valor Agregado, es dable recordar que conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Con relación a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes comprobantes de compra válidamente emitidas que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. - TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los proveedores observados de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando la impugnación de las operaciones en ellas consignadas.
No obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores cuestionados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los productos involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que las operaciones fueron instrumentadas de acuerdo a los recaudos establecidos las disposiciones legales emitidas y vigentes al respecto o que los presuntos proveedores el hecho que se hayan sido incorporados en la base apoc con posterioridad a la celebración de las mismas.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas –o cuentas de venta y líquido producto- o que dicho proveedor se encuentre inscripto, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
En el caso de autos la prueba producida no logra acreditar que los proveedores hayan efectivamente prestado los servicios ni realizado las ventas de bienes que dan cuenta las facturas y los comprobantes impugnados –cuenta de venta y líquido producto- por el Fisco Nacional, conforme se indica seguidamente.
En cuanto a las pruebas informativas, cabe hacer referencia a la contestación de oficios por parte de Azucarera del Sur, de José Mineti y Cía Ltda., de Los Dulces Nortes S.A., de CACSA y de ARCOR, de donde surge que en general las empresas consultadas (ingenios azucareros) reconocen la existencia de las órdenes de entrega consultadas respecto de los supuestos proveedores (“cañeros”) como titulares de dichas órdenes, indicando que se trataría de contratos de maquila –los cuales no fueron aportados- y que el producto (el azúcar) fue entregado. Al respecto, cabe indicar que en relación al IVA, conforme el marco normativo y jurisprudencial expuesto anteriormente, no se discute la existencia de las operaciones salvo en los casos de los proveedores Agromeco S.A. y José Enrique Vidal, que no se mencionan en ninguna de las respuestas recibidas a dichos oficios. A fs. 568/577 y 1193/1208 lucen los informes periciales producidos, donde los peritos tampoco logran desvirtuar la falta de capacidad operativa y económica de los supuestos proveedores que observó el Fisco Nacional en el sentido de que pese a que los libros y registros contables son llevados en legal forma y de manera regular, además de existir concordancia entre las facturas y comprobantes de líquido producto y su registración en los libros, siendo las mismas canceladas mediante cheques, todo ello no logra demostrar en modo alguno “per sé” la realidad fáctica de las operaciones en cuestión respecto de los proveedores cuestionados por su mencionada falta de capacidad.
Que en función de las inconsistencias detectadas a los proveedores cuestionados, y toda vez que la actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribó el Fisco a través de la inspección realizada, acreditando la efectiva realización por parte de las nombradas de las operaciones, corresponde confirmar la resolución que determina el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
IX. Que en cuanto a la determinación del Impuesto a las Ganancias, en lo que aquí interesa, el art. 17 de la LIG prevé que "Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga", mientras que el art. 80 de la citada ley dispone que "Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina". A su vez, el artículo 55 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias establece que cuando las circunstancias del caso evidencien que tales erogaciones se han destinado al pago de servicios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, podrá admitirse la deducción del gasto en el balance impositivo, sin perjuicio del impuesto al que hace referencia el artículo 37, que pudiera corresponder.
Que cabe poner de relieve que en la determinación del impuesto a las ganancias se reiteran los fundamentos de la resolución que así lo hace por el Impuesto al Valor Agregado. No obstante, dichos razonamientos no alcanzan a probar en sustancia la propia operación discutida, en tanto no se trata aquí de la atribución de prestaciones a un proveedor, sino de establecer, según la realidad económica, la procedencia de la deducción de los gastos en que indispensablemente se haya incurrido para obtener las ganancias gravadas o mantener y conservar la fuente que las produce.
Que atento lo expuesto y tal como surge del análisis realizado respecto de la prueba señalada, conforme se indica en el Considerando anterior, no se aportaron elementos suficientes a efectos de contrarrestar la posición del Fisco Nacional en cuanto a la inexistencia de las operaciones y los servicios involucrados en los ajustes del Impuesto a las Ganancias (Agromeco S.A. y José Enrique Vidal). Es decir no se ha podido probar que los proveedores tengan capacidad operativa y económica para llevar adelante las operaciones cuestionadas sino que tampoco se aportó evidencia que acredite que dichas operaciones y su forma de pago realmente hayan existido.
X. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en la medida que se confirman los actos apelados.
XI. Que resta resolver respecto de las multas aplicadas con sustento en los arts. 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), cuyos ajustes en materia de impuesto y accesorios se confirma conforme las consideraciones vertidas en los puntos precedentes.
Al respecto debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, consistente en crearse operaciones con comerciales con proveedores comerciales que no poseen capacidad económica para conducirse como tales en el circuito económico.
Que en virtud de lo expuesto y no habiendo prueba que desestimen las multas aplicadas a la recurrente, es que corresponde su confirmación.
No obstante ello, en cuanto al quantum de las sanciones aplicadas si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exento de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en los actos atacados una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarlas en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Las costas en este aspecto se imponen a la actora en la proporción de las multas que se confirman y por su orden en la parte que se reducen.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias, con más intereses resarcitorios y multas, reduciéndolas a estas últimas a su mínimo legal.
2. Confirmar la multa aplicada en la Resolución N° 105/2012 (DV RRTU) del Impuesto al Valor Agregado, con la reducción a su mínimo legal.
3. Imponer las costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, las que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2024.04.17 09:30:12 ART Date: 2024.04.17 11:11:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.17 11:58:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.17 11:58:58 -03:00
Fin de la sentencia