Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
I. Que mediante RE-2023-33919424-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 25/2023 DV SRR1 de fecha 03/03/2023, dictada por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la Dirección General Impositiva.
Opone la excepción de litispendencia de la acción respecto de la demanda judicial —acción declarativa de certeza constitucional entablada en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación— que tramita por ante la justicia federal, en tanto se verifican los presupuestos jurídicos que hacen a su progreso y que conllevan a la paralización de éste.
Indica que este nuevo gravamen sobre la totalidad de los bienes de las personas humanas, en la forma en que se encuentra delineado y estructurado, afecta en el caso concreto su derecho de propiedad tutelado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, toda vez que transgrede en forma manifiesta el principio constitucional de no confiscatoriedad —y consecuente principio de razonabilidad— en tanto absorbe una porción sustancial de la renta que producen los bienes alcanzados por ese tributo en conjunto con el otro gravamen patrimonial existente que es el «impuesto sobre los bienes personales» del ejercicio fiscal 2020.
Alega que la ley 27.605 instituye un verdadero —e ilegítimo— impuesto nacional cuya causa jurídica es la sobrecargada aprehensión de los bienes totales como medición de la capacidad contributiva de los sujetos obligados — la más alta e intensa al no modular la misma con sus deudas, pasivos y, en definitiva, la verdadera dimensión del patrimonio de la persona— evidenciada por la titularidad de todos sus bienes en el país a tasas muy elevadas.
Manifiesta que la sumatoria de los importes determinados por ambos impuestos patrimoniales arroja una suma de dinero que excede ampliamente el rendimiento que sus activos han generado en el año 2020, de modo que el nuevo gravamen no resiste el test de razonabilidad en términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sostiene que el carácter de emergencia no tiene que ver con la situación de pandemia ni la crisis económica de nuestro país —de los últimos 90 años— sino que constituye un «salvoconducto» constitucional en virtud de las limitaciones en el reparto de potestades tributarias que surgen del artículo 75 de la Constitución Nacional. Es elocuente que su carácter de emergencia tiene que ver con la limitada potestad constitucional otorgada a la Nación para el establecimiento de impuestos directos.
Alega que el impuesto a las ganancias hoy vigente, y desde antes el impuesto a los réditos, constituyen tributos de «emergencia» con el objetivo de cumplir formalmente con la cláusula que instituye el reparto constitucional de las potestades tributarias entre la Nación y las provincias.
Sostiene que si bien el legislador pretende dar a conocer esta nueva figura jurídica como un «aporte» tendiente a soportar y/o mitigar los efectos críticos de la pandemia en — entre otros ámbitos— la economía general del país, lo cierto es que la figura legal instaurada constituye —clara y sustancialmente— un nuevo —y adicional— impuesto nacional sobre todos los bienes de las personas.
Afirma que a los fines de establecer la ratio de confiscatoriedad en los términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se debe estar a los rendimientos que el bien o activo gravado con el impuesto produce. No resultan computables las rentas y/o ganancias o rendimientos personales del sujeto, pues éstos no fueron forjados ni adquiridos con la explotación de los bienes alcanzados.
Sostiene que la carga tributaria que soporta su patrimonio resulta desproporcional e irrazonablemente mayor con la exigencia del nuevo impuesto que se objeta, tornándose palmariamente confiscatorio al absorber una porción más que sustancial de sus rentas.
Alega que la confiscatoriedad en el caso de impuestos patrimoniales —que impactan fiscalmente en los bienes totales de las personas humanas sin ninguna aprehensión del pasivo o de sus deudas tomadas para la adquisición de esos bienes— se verifica cuando el importe a pagar absorbe una parte sustancial de las utilidades efectivamente producidas por el conjunto de bienes gravados.
Destaca que la pretensión tributaria del Estado implica confiscar la totalidad de la renta del contribuyente y afectar una parte importante de su patrimonio, lo que en palabras del Alto Tribunal determina que la obligación de pago establecida por la ley 27.605 importe ya no un impuesto (confiscatorio), sino un despojo, lo cual le quita todo tipo de legitimidad constitucional.
Sostiene que las conclusiones de los precedentes citados son trasladables al campo de debate que se promueve mediante esta demanda, donde el «nuevo impuesto nacional patrimonial a la riqueza» afecta en concreto el derecho de propiedad y consecuente interdicción de la irrazonabilidad de los actos de gobierno.
La actora alega que el disímil tratamiento en cuanto a las alícuotas y formas de escalonamiento de las mismas según se trate de bienes situados afuera o en el país carece de toda razón y por ende es arbitrario. La discriminación efectuada resulta transgresora del principio de igualdad tributaria por cuanto la ubicación de los bienes no es una pauta razonable para establecer una diferencia tributaria tan intensa como la prevista en este impuesto.
Alega que la actora no ha realizado ninguna acción u omisión que pudiera considerarse adecuada a la tipicidad del artículo 45 de la ley 11.683.
Manifiesta que estamos frente a la existencia de un error sobre el deber jurídico tributario concreto no penal. Quien padece de un error sobre la existencia del deber tributario no penal, no puede conocer la ilicitud de su obrar y por ello no se le puede reprochar una conducta típica a título de dolo o culpa.
Considera improcedente la liquidación de los accesorios sin la existencia de mora culposa atribuible a su parte, dado que cuestiona íntegramente la validez del aporte. Asimismo, sostiene que la suma intimada en concepto de intereses resarcitorios es nula y debe ser dejada sin efecto porque –según arguye- “…no fue acompañado y/o notificada en forma conjunta al acto en crisis, las liquidaciones y/o planillas de los mismos de modo tal de poder ejercer el derecho de defensa sobre su cuantía, base de cálculo y tiempo de la presunta mora, siendo obligatorio que dicha liquidación forme parte integrante e inescindible de cada acto determinativo”
Acompaña documental. Ofrece prueba informativa y pericial contable, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante IF-2022-122128576-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas.
La representación fiscal manifiesta que la determinación de oficio apelada tiene su origen en la fiscalización practicada por el Organismo Fiscal, en uso de las facultades conferidas por los artículos 33 y 35 de la Ley N° 11.683 (t. o. en 1998 y sus modif.) y de conformidad con la Orden de Intervención N° 1.958.146, con el objeto de verificar la presentación de la declaración jurada y pago del Aporte Solidario y Extraordinario –para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia- creado por la Ley N° 27.605, sancionada a fines del año 2020, habiéndose detectado que el contribuyente de autos poseía bienes que superaban el mínimo exento, dejando en consecuencia de declarar e ingresar dicho Aporte.
Alega que los agentes fiscalizadores analizaron las participaciones societarias del contribuyente en las firmas informadas en su declaración jurada del Impuesto a los Bienes Personales por el período fiscal 2020, observando que los importes declarados en el ítem “TÍTULOS, ACCIONES, CUOTAS O PARTICIPACIONES SOCIALES Y OTROS TÍTULOS O VALORES”, coinciden con los datos informados por la firma ACTIVIA S.A., mientras que con la firma CATALINAS CENTER S.A. no coincide. Al respecto, la valuación exteriorizada por el responsable en el detalle de bienes sujetos al impuesto solidario al 18/12/2020 ($ 65.675.789,18.-), resulta muy superior al informado en el origen del cargo ($ 1.798.535.89.-), no observándose un perjuicio fiscal al respecto. Afirma que se observó en la declaración jurada de Bienes Personales presentada por el contribuyente por el ejercicio 2020 que los bienes en el exterior NO fueron repatriados.
En cuanto al planteo de litispendencia manifiesta que corresponde referir que no existe norma legal que impida seguir adelante con un procedimiento de determinación de oficio mientras se esté tramitando otro proceso jurisdiccional, tampoco el procedimiento de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Sin perjuicio de ello, informa que no hubo ningún pronunciamiento de la Justicia que impidiera a la Administración proseguir con dicho procedimiento ni tampoco relativo al trámite de las presentes actuaciones.
Manifiesta que mediante la Ley N° 27.605 se creó con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio (art. 1°), que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley – 18/12/2020 - determinados de acuerdo con las disposiciones de ésta.
Alega que conforme lo previsto por el artículo 2° del citado texto legal se encuentran alcanzadas por el Aporte en trato y en lo que al caso interesa, las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la Ley N° 23.966, de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Manifiesta que el contexto de emergencia económica y sanitaria que sustentó el dictado de la Ley N° 27.605 resulta incontrovertible. Así también resulta la legitimidad de su dictado a través de los procedimientos constitucionales vigentes, y el limitado universo de contribuyentes afectados por sus términos. También debe tenerse en cuenta que se trata de una medida de excepción, extraordinaria y por única vez.
Sostiene que al aporte puesto en crisis se le ha dado el carácter de “solidario” puesto que su finalidad ha sido la de morigerar los efectos adversos que trajo aparejada la pandemia del Covid–19, tanto en lo económico como en lo social y en lo sanitario, requiriéndose a tal efecto una mayor participación estatal y, particularmente, una asignación de recursos sobre el sistema sanitario en general y sobre los sectores de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia y el ASPO.
Indica que no cabe duda de que el mentado Aporte se creó al único efecto de combatir las disvaliosas consecuencias que implicó y que implica la pandemia Covid–19 y la propagación de esa enfermedad que, como es de público conocimiento, repercutió a nivel social, económico, sanitario, entre otros aspectos. Expresa que al día de hoy se desconoce la real magnitud de estas consecuencias al ser este un hecho sin precedentes en la historia contemporánea, tal como la conocemos.
Sostiene que la norma bajo análisis, reglamentaria del derecho de propiedad, no lo lesiona, sino que lo regula con el fin de atender una situación extraordinaria que exhibe más que nunca las desigualdades sociales y que exige una actuación rápida y eficaz del Estado a fin de resguardar el derecho humano primordial de la población argentina, que es el derecho a la vida.
Alega que si bien el apelante entiende que el aporte cuestionado atenta contra el principio de no confiscatoriedad, en modo alguno acredita dicho extremo; sus principales agravios en torno a la confiscatoriedad alegada constituyen únicamente una disconformidad con los aspectos liquidatorios del Aporte, y por lo tanto no pueden tener acogida favorable.
Afirma que no es posible ni legítimo realizar análisis técnicos o jurídicos vinculados a la pretensión del actor con prescindencia –como lo hace en el marco de su recurso- de la consideración a las excepcionales circunstancias que determinaron la creación del Aporte.
Indica que el apelante posee capacidad contributiva suficiente como para hacer frente al Aporte Solidario y Extraordinario de conformidad con los parámetros establecidos por la Ley N° 27.605. Obsérvese que del escrito y del informe profesional que acompaña el recurrente surge que su patrimonio ascendería a $ 493.822.084,52.- –entre sus bienes en el país y en el exterior-.
Alega que las argumentaciones del actor relacionadas con una supuesta absorción de su renta –y esto teniendo en cuenta que el recurrente en sus cálculos adiciona al valor del Impuesto a los Bienes Personales el del Aporte Solidario para fundamentar tal hipótesis que plantea (confiscatoriedad)- carecen de total sustento tanto fáctico como jurídico.
Sostiene que la única prueba acompañada para fundamentar sus dichos carece de exactitud y valor probatorio en tanto se basa en cálculos unilaterales que arrojan resultados no comprobados fehacientemente, y que a su vez, los datos allí volcados no corresponden a las circunstancias fácticas consideradas para la determinación del aporte. Alega que la sumatoria de ganancias netas de fuente Argentina es de $ 8.460.004,94.-, más las ganancias netas de fuente Extranjera es de $ 208.628,19.-, lleva a un total de $ 8.668.633,13.-, muy diferente de las manifestadas en el informe contable acompañado –y al que alude el actor para avalar su postura-. Vale destacar que todo porcentaje que aplique, de ninguna forma sirve de parámetro para calcular el 33% que el agraviado pretende hacer valer porque no toma la totalidad de las rentas percibidas sino un importe parcial, y a su vez debe ser verificado por el Organismo Recaudador. Nuevamente, observa que en su artículo 2 la Ley N° 27.605 define el objeto del Aporte Solidario, entonces resulta impugnable el cálculo que realiza tomando la rentabilidad de sus bienes. Sostiene que según la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales Período 2020 exterioriza Bienes en el país y en el exterior gravados y exentos/no alcanzados por $ 503.030.497,57.-, es decir más que el importe que dice se encuentra alcanzado por el ASE $ 439.181.138,80.-
Destaca que la manifestación de bienes que certifica, no contiene un detalle pormenorizado de los bienes que el contribuyente poseería al 18/12/20, que permita conocer a ciencia cierta lo que se certifica, ni cómo han sido valuados los bienes, por ejemplo, informa un listado de supuestos bienes que poseería en el país y en el exterior, dinero y depósitos en dinero sin ningún tipo de certeza o prueba de que ellos sean los únicos bienes, tampoco surge si sus respectivas valuaciones resultan fidedignas. En relación a las acciones y participaciones societarias tampoco se conoce si la valuación se ajusta a lo establecido en el art. 1° del Decreto N° 42/21 reglamentario de la Ley N° 27.605. No adjunta documentación respaldatoria alguna de lo que se certifica.
Señala que la confiscatoriedad que argumenta el actor como sustento de sus agravios no puede resultar meramente “declarada” sino que inevitablemente debe ser “comprobada”, siendo que, a ese fin, el peticionante, debe demostrar acabadamente su configuración a través de las constancias de la causa en un contexto de bilateralidad.
Sostiene que el planteo del actor es, además, incongruente teniendo en cuenta el criterio temporal utilizado en la Ley N° 27.605. Al respecto, hace notar que el Aporte Solidario no es uno de carácter anual; por el contrario, es uno de índole extraordinaria y por única vez. Mal puede entonces tenerse por probada confiscatoriedad alguna si, además de optar por un criterio erróneo (rentabilidad en lugar del valor efectivo de los bienes), se pretende amalgamar rentabilidades de un solo año con una obligación que se impone por única vez en toda la vida del contribuyente.
Manifiesta que el actor posee capacidad contributiva suficiente como para hacer frente al aporte extraordinario de conformidad con los parámetros establecidos por la Ley N° 27.605. Reitera que el aporte solidario y extraordinario, tiene una base netamente patrimonial, independientemente de la capacidad de generar ganancias de los bienes alcanzados, y su aplicación está dada por la titularidad de dichos bienes como manifestación de capacidad contributiva, y no en la capacidad de generar ganancias. Ergo, entiende que lo consignado por el recurrente acerca de los hipotéticos rendimientos de tales bienes carecen de sustento fáctico y jurídico para fundamentar la supuesta confiscatoriedad alegada y no probada.
Afirma que no puede equipararse el aporte solidario aquí cuestionado con el Impuesto a los Bienes Personales, siendo que constituyen dos instrumentos completamente diferentes. En tal caso, sostiene que la recurrente debería mencionar en qué norma se funda a fin de sostener la prohibición de una eventual doble imposición a la misma manifestación de riqueza: el patrimonio. En el caso contrario, puede colegirse que este planteo se traduce en una clara disconformidad con el plexo normativo impugnado, máxime al considerar que en la especie se trata de un impuesto nacional frente a un aporte solidario de emergencia, aplicable por única vez, a nivel nacional. De tal manera, no se advierte en qué principio, regla o norma sustenta el actor el agravio efectuado.
Con respecto a los intereses resarcitorios alega que los mismos son accesorios del principal, quedando por lo tanto subordinados a la cuestión de fondo sobre la que me se ha explayado en extenso en su responde, por lo que -dicecorresponderá también su confirmación.
Acompaña antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que mediante INLEG-2023-76952964-APN-VOCV#TFN este Tribunal resuelve rechazar la excepción de litispendencia, con costas. Que mediante IF-2024-28220778-APN-DTD#JGM se abre causa a prueba ordenándose producir la prueba informativa y pericial contable. En el IF-2023-123187295-APN-DTD#JGM, IF- 2023-122560380-APN-DTD#JGM, IF-2023-122560584-APN-DTD#JGM se produce la prueba informativa. En el IF-2024-28220778-APN-DTD#JGM se produce la prueba pericial contable.
IV. Que en atención al estado de la causa, por PV-2024-34605947-APN-VOCV#TFN se clausura el período probatorio. Seguidamente la parte actora mediante IF-2024-35447625-APN-DTD%JGM e IF-2024-35447399- APN-DTD#JGM la parte actora acompaña la cédula de notificación con el dictamen pericial contable presentado por el perito de oficio en la acción declarativa de certeza. Este Tribunal resuelve tenerlo por agregado para su valoración en la etapa procesal oportuna sin perjuicio de estar a la pericial ofrecida y producida en autos por los peritos de ambas partes y se elevan los autos a consideración de la sala “B”. El Fisco Nacional solicita se desglose la pericia y subsidiariamente hace sus apreciaciones respecto al informe acompañado.
Mediante PV-2024-44378746-APN-VOCV#TFN este Tribunal resuelve estar a lo dispuesto oportunamente y a través del IF-2024-47622156-APN-VOCV#TFN la Sala los pone para alegar, la parte actora presenta su alegato mediante IF-2024-51279129-APN-DTD#JGM y el Fisco Nacional a través del IF-2024-54067233-APN- DTD%JGM. Finalmente, mediante IF-2024-58960707-APN-VOCV#TFN se llaman los autos para sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, el presente cargo surge con fecha 30/08/2021, mediante notificación al domicilio fiscal electrónico de la recurrente. Se inicia la fiscalización al responsable con la notificación del Formulario 8000/1 - N° 0710002021047267607 y del requerimiento F.8600/1 N° 0710002021047292904 con vencimiento el día 15/09/2021.
Allí se le solicitó al responsable respecto del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia, creado por la Ley N° 27605, lo siguiente:
1. Aportar los papeles de trabajo de la declaración Jurada, acuse de presentación y comprobantes de pago correspondientes.
2. Detalle de los bienes gravados por la mencionada Ley al 18/12/2020 y valuados a esa fecha de acuerdo a lo establecido en dicha norma y su Decreto Reglamentario N° 42/2021.
3. Poner a disposición la documentación respaldatoria de cada uno de los bienes informados en cumplimiento de lo requerido en el punto anterior y de su valuación al 18/1212020.
4. Informe las donaciones efectuadas en los 180 días anteriores al 18/12/2020, indicando apellido y nombre y CUIT del beneficiario, monto de la donación, detalle de los bienes donados. Asimismo aporte documentación respaldatoria de las donaciones realizadas.
5. Detalle valorizado y documentación respaldatoria de aportes a trust, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N 27605.
6. Indicar las modificaciones acaecidas en el porcentaje de su participación en sociedades y demás participaciones, entre la fecha de cierre del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad al 18/12/2020 y esta última fecha.
7. Detalle de la variación de los bienes exteriorizados en su DDJJJ de Bienes Personales 2019 y la tenencia al 18/12/2020, de corresponder.
Al vencimiento, el contribuyente presentó el 16/09/2021, mediante presentación digital 202101060840 nota por la que informa que no presentó la declaración jurada del ASE, porque cuestiona la validez del mismo y realizará presentación judicial declarativa de certeza constitucional ante la Justicia Federal competente, indicando que ha cumplido con el régimen informativo de aporte cuyos papeles obran en el sistema registral del organismo recaudador. Indicando que próximamente cumplimentará los puntos 2 a 7 del requerimiento.
Con fecha 29/09/2021 la fiscalización reitera el requerimiento inicial mediante F 8600/1 Nro 0710002021054222404 notificado mediante su publicación en el sistema Publicador de Comunicaciones No Sistémicas, siendo el mismo notificado por acceso del contribuyente con fecha 30/09/2021 según constancia de notificación 00000000002628778982021 obrante a fojas 11.
Con fecha 14/10/2021 el recurrente mediante presentación digital, 202101177903 cumplimenta parcialmente el requerimiento formulado al inicio de inspección, aportando:
Nota indicando que ha procedido a interponer una acción judicial declarativa de certeza constitucional por ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, que tramita bajo expediente caratulado "CAMAÑO JUAN LUIS C/ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD"
Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora N° 3, Secretaría N° 9. Indica en la citada nota que, el objeto de la acción es que la Justicia Federal haga cesar el estado de incertidumbre jurídica que existe sobre mi derecho patrimonial con motivo de la instauración de una nueva obligación de naturaleza tributaria a través de la ley Nº 27.605 ... "toda vez que transgrede en forma manifiesta el principio constitucional de no confiscatotiedad —y consecuente principio de razonabilidad- en tanto absorbe una porción sustancial de la renta que producen los bienes alcanzados por ese tributo en conjunto con el otro gravamen patrimonial existente que es el impuesto sobre los bienes personales del ejercicio fiscal 2020." Continúa expresando que, "en el caso concreto, la sumatoria de los importes determinados por ambos impuestos patrimoniales arroja una suma de dinero que excede ampliamente el rendimiento que sus activos han generado en el año 2020, de modo que el nuevo gravamen no resiste el test de razonabilidad en términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Termina concluyendo que, "por lo expuesto, siendo que la controversia se encuentra sometida a decisión del Poder Judicial de la Nación y dado el concreto control de constitucionalidad al que tengo derecho frente a la afectación palmaria de mi derecho de propiedad y la violación de principios constitucionales tributarios, estaré a derecho frente a lo que el Poder Judicial determine en forma definitiva sobre el tema."
Informa que no ha efectuado donaciones en los 180 días anteriores al 18/12/2020.
Agrega que no realizó aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nro. 27.605.
Indica no haber modificado su participación accionaria en las sociedades, entre la fecha de cierre del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad al 18/12/2020 y esta última fecha.
Informa no haber tenido variaciones entre sus bienes entre 31/12/2019 y la tenencia al 18/12/2020, siendo el patrimonio al 18/12/2020 (493.822,084,50) mayor que el patrimonio al 31/12/2019 (345.344.688,34). Sin perjuicio de ello, indica que se produjo al 18/12/2020 la incorporación de inversiones en el país, a saber: (i) Acciones YPF SA, $ 4.411.569,90, y (u) ADR Grupo Financiero Galicia, $ 2.247.704,24.
Respecto al punto 3 del requerimiento, donde se solicita la documentación de respaldo de los bienes al 18/12/2020, el contribuyente solicita una prórroga de diez días hábiles. El punto 3 del requerimiento reiterado, no fue cumplimentado, cuya prórroga de vencimiento operó el día 01/11/2021. Motivo por el cual, con fecha 10/11/2021, los fiscalizadores solicitaron: (i) vía sistema GDE marca del padrón y, se envió acta por incumplimiento vía SEFI a la División Jurídica de esta Dirección Regional Sur.
Los fiscalizadores analizaron las participaciones societarias del contribuyente en las firmas informadas en su declaración jurada del Impuesto a los bienes personales por el período fiscal 2020, observándose que los importes declaradas en el ítem "TITULOS, ACCIONES, CUOTAS O PARTICIPACIONES SOCIALES Y OTROS TITULOS O VALORES", coinciden con los datos informados por la firma ACTIVIA SA, mientras que con la firma CATALINAS CENTER S.A. no coincide. Al respecto, la valuación exteriorizada por el rubrado en el detalle de bienes sujetos al impuesto solidario al 18/12/2020 ($ 65.675.789,18), resulta muy superior al informado en el origen del cargo (1.798.535,89), no observándose un perjuicio fiscal al respecto.
Se observa en la declaración jurada de Bienes Personales presentada por el contribuyente por el ejercicio 2020 que los bienes en el exterior NO fueron repatriados.
El detalle de bienes al 18/12/2020 aportado por el rubrado, asciende a un importe de bienes en el país de $ 439.181.138,60 y en el exterior de $ 54.640.945,72, totalizando un importe total de bienes en el país y en el exterior de $ 493.822.084,52 alcanzados con la Ley 27.605.
La aplicación de las alícuotas para bienes en el país y bienes en el exterior, arroja un impuesto solidario y extraordinario omitido por el período fiscal 2020 de $ 11.278.563,93 (se adjuntan papeles de trabajo a fs. 26/29).
VI. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho.
Previo a adentrarnos en las particularidades de la causa conviene resumir, en su parte pertinente, la normativa involucrada.
Así, el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (...)”.
El art. 3° aclara que “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $ 200.000.000.
Cabe señalar en primer término que sin perjuicio del nomen iuris utilizado por el legislador, el Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27605 se encuentra incluido dentro del concepto de “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” al que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional. En efecto, se trata de “una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos” (CSJN, in re “Cladd Industria Textil S.A. Y otro c/Estado Nacional -SAGPYA resol. 91/03”, sentencia del 4/8/2009; “Camaronera Patagónica S.A. C/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, del 15/4/2014).
Tiene dicho el Alto Tribunal que para arribar a la caracterización de un tributo, cabe prescindir de la denominación asignada por las normas y atender sólo a su naturaleza, pues no se trata de un problema terminológico sino sustancial (Fallos 303:640); y que para definir su carácter debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide (Fallos 280:176).
En ese sentido, el Máximo Tribunal ha dicho que “la norma define un presupuesto de hecho que, al verificarse en la realidad del caso concreto, da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones establecidas por ella, siendo que tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado y que su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares afectados, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia” (CSJN, in re “Pablo Horvath c/Nación Argentina”, Fallos 318:676, sentencia del 4/5/1995). En función de esa doctrina jurisprudencial cabe concluir que de las previsiones de la ley como de las de su decreto reglamentario, surge que el Aporte en cuestión constituye una contribución de carácter pecuniario, obligatoria, impuesta unilateralmente por el Estado mediante el dictado de una ley en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional según el procedimiento consagrado en la Constitución Nacional, en circunstancias excepcionales en el contexto de una emergencia sanitaria.
El destino de los fondos recaudados no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la Ley 27.605. Tampoco la clasificación formulada por la Secretaría de Hacienda mediante la resolución 22/2021, que en su artículo 1° dispone incorporar “... el concepto ‘12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’ en la clase ‘12.9 Otros’ del tipo ‘12. Ingresos no tributarios’ del clasificador de recursos por rubros”, forma obstáculo para considerar al aludido aporte como un tributo, dadas las circunstancias apuntadas más arriba en orden a la real naturaleza de dicho aporte–que se subsume en los términos que definen el tributo- (véase CNCAF, Sala I, en los autos “T.,S. c/ EN -AFIP- ley 27605 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022). En definitiva se trata de una calificación que conduce a un encuadre y tratamiento administrativo de los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la gabela, que carece de virtualidad y efectos a los fines de mudar la naturaleza y rasgos esenciales de la misma -definidos por vía legal-, proceder que por lo demás, le está vedado llevar a cabo al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria (en tal sentido, CNCAF, Sala II, in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio c/ EN AFIP Ley 27605 s/Amparo Ley 16.986, sentencia del 14/02/2023).
Sentado ello y entrando al análisis de los agravios constitucionales esbozados por la parte actora, los que deben ser analizados en esta instancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley 11683, debe recordarse que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 345:951).
La Corte Suprema sostuvo que “el control de constitucionalidad, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en que tal derecho –cuya función social se ha de tener presente- se halla con la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el hecho de serlo” (Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/07/2009).
La Corte ha dicho también que “…escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301). Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder (Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293)” (“HERMITAGE S.A. C/ PEN – MeyOS”, 15/06/2010).
En cuanto al planteo de la parte de violación al principio de igualdad, cabe señalar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, cabe considerar la condición de las personas que soportan los impuestos en orden al carácter y magnitud de la riqueza (arg. Fallos: 207:270). Cabe recordar que la igualdad en materia tributaria alude a establecer gravámenes idénticos a los contribuyentes en condiciones análogas (arg. Fallos: 138:313), lo cual comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación específica sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (arg. Fallos: 149:417).
Así pues, en el precedente “Unanué” (Fallos: 138:313) se dejó sentado que: “...la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución, importa, en lo relativo a impuestos, establecer, que en condiciones análogas deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes. Fallos: tomo 132, página 198 y los allí citados. Que en ese mismo orden de ideas ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos que la garantía constitucional mencionada no se propone erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases como serían si se hicieran depender de diferencias de color, raza, nacionalidad, religión, opinión, política u otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes (Bell's Gap Railward Cº.V. Pennsylvania 134 U. S. 232). Que, en consecuencia, cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (Cooley On Taxation 3ª ed. página 75 y siguientes; Willonghby, On The Constitución, página 593)”. En el precedente “Drysdale” (Fallos: 149:417), la CSJN afirmó: “Que la igualdad ante la ley, impuesta en el precepto citado, comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Y en materia impositiva esta Corte ha establecido reiteradamente que la observancia de aquél principio se cumple cuando en condiciones análogas se imponen gravámenes iguales a los contribuyentes”.
Asimismo corresponde señalar que en lo relativo al principio de capacidad contributiva, se ha señalado en distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la misma debe ser entendida como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular, a partir de la existencia de una riqueza en su posesión, siendo que constituye la causa jurídica del tributo (conf. Jarach, Dino, El Hecho Imponible, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, ps. 85/86, 91, 102/103, 119; citado por la Sala III de la CNCAF en la causa 5267/2021; P., S. O. c/ EN-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO).
En el caso de la Ley 27.605, que aquí nos ocupa, se advierte que el hecho imponible ha sido establecido en base a un criterio de manifestación directa de capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo en virtud de la existencia de un determinado patrimonio, y siendo que la contribución será igual para todas las personas de igual capacidad contributiva. Ello así, es dable concluir en la ausencia de arbitrariedad en las clasificaciones realizadas por el legislador al definir el hecho imponible. Dicho ello, cabe analizar el agravio sustentado por la parte en cuanto a la pretendida alegación de confiscatoriedad del aporte determinado por el Fisco Nacional.
En particular, en relación al supuesto de confiscatoriedad, se ha señalado inveteradamente que, para que ésta exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros). Bajo tales pautas, y como ha dicho esta Sala B en otros antecedentes (Casino de Misiones, del 19/07/2019) , debe interpretarse que la confiscatoriedad no puede ser establecida sino a consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condiciona su aplicación, en definitiva, la violación del derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado, debiendo estarse al valor real de los bienes, no a su valuación fiscal, y considerar su productividad posible, esto es, su capacidad productiva potencial (Fallos: 314:1293 ya citado y sus citas). En esa línea conceptual se ha establecido asimismo, que la comprobación del índice de productividad es "siempre indispensable" (Fallos: 209:114) o un "elemento de juicio primordial e insustituiblemente necesario para estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del impuesto" (Fallos: 220:1082).
También se ha sostenido que la doble imposición no importa por sí misma violación constitucional (Fallos: 210:500, 257:127, 263:534, 327:1729, entre otros).
Cabe considerar que la manifestación de capacidad contributiva escogida por el legislador para establecer el ASE es el capital, patrimonio o riqueza –aunque únicamente sobre los bienes-, no cabe considerar las rentas o ganancias reales que haya obtenido la recurrente, como elementos para establecer la posible confiscatoriedad en este tributo patrimonial.
En ese sentido, la Corte ha dicho que “la presunta conformidad de las leyes nacionales o provinciales con las normas constitucionales, que es el principio cardinal de la división, limitación y coordinación de los poderes en nuestro régimen institucional, no debe ceder -por transgresión a ese principio y a esas normas- sino ante una prueba contraria tan clara y precisa como sea posible y particularmente cuando se trata de impuestos creados por el Poder Legislativo en virtud de sus facultades no discutidas, cabe tener presente que el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar no de una mera estimación personal, aunque ella emane de peritos ilustrados y rectos, ni de circunstancias puramente accidentales y eventuales, sino de una relación estimada entre el valor del bien gravado y el monto de ese gravamen, al margen de accidentes transitorios y circunstanciales sobre la producción el aprovechamiento de aquél” (Fallos 207:238; replicado por la Corte en “Gómez Alzaga, Martín Bosco c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 21/12/1999).
En definitiva, en palabras de la Corte (in re “Gómez Álzaga”, antes citado), “...surgen principios básicos aplicables en casos semejantes: a) el carácter confiscatorio de los tributos debe relacionarse con el valor real y actual del bien o su potencialidad productiva; b) esta apreciación de una situación fáctica no debe surgir de una mera calificación pericial de la racionalidad presunta de la explotación sino de la comprobación objetiva de los extremos indicados precedentemente; y c) la acreditación del agravio constitucional debe ser clara y precisa, esto es, inequívoca.” (el destacado es propio).
Es por ello que la posible consideración de las rentas potenciales en el análisis de confiscatoriedad del ASE, sería viable frente a la intención de establecer una valuación de determinados bienes, a partir de la potencialidad de rentas –flujos futuros de rentas estimadas-, cuando dicha valuación difiera de la valuación fiscal establecida a los fines de este Aporte.
Nada de ello se encuentra debidamente acreditado en las presentes actuaciones.
La informativa producida en IF-2023-123187295-APN-DTD#JGM, IF-2023-122560380-APN-DTD#JGM, IF- 2023-122560584-APN-DTD#JGM se encuentra dirigida a obtener información sobre su calidad de accionista de la sociedad y el porcentaje de participación con el que cuenta.
Entrando al análisis del informe pericial producido en autos. En primer lugar corresponde advertir que el cálculo del importe a ingresar en concepto de aporte que efectúan los peritos, es coincidente con el determinado por el Fisco Nacional en el acto apelado.
Que los restantes puntos de pericia propuestos por la parte actora están dirigidos a que los expertos informaran el porcentaje de la renta declarada por el contribuyente en el período fiscal 2020 que sería absorbida por el pago de la sumatoria del Impuesto a los Bienes Personales de ese período, Bienes Personales participaciones societarias y el Aporte Solidario (punto 3 y 4 del Informe Pericial IF-2024-28220778-APN-DTD#JGM).
En tal sentido, no se advierte que la prueba producida haya arrimado la información que se ha estimado prudente a la luz de la doctrina emanada en los fallos citados anteriormente, habida cuenta que nada dice respecto del valor real de los bienes que la actora posee, ni respecto del valor potencial estimado de sus bienes a partir de los flujos de rentas o ingresos que producirían aquellos bienes. Es decir, no se encuentra acreditado que el importe del ASE determinado por el Fisco Nacional, resulte una absorción sustancial de los bienes alcanzados por aquél, en los términos requeridos en los precedentes jurisprudenciales de nuestro Alto Tribunal antes citados. El mismo análisis y conclusiones corresponde efectuar respecto de la presentación efectuada mediante IF-2024- 35447399-APN-DTD#JGM, en la que acompaña una pericial producida en el marco de la declarativa de certeza que tramita ante la justicia federal. Más aún, se observa en la misma que el Aporte Solidario a ingresar que surge del anexo que allí se acompaña del citado informe pericial ascendería a $ 12.819.142,44 es decir un monto superior al determinado en autos y al que arriban los peritos en la presente causa que asciende a $ 11.278.563,93. No obstante, se observa que en la respuestas 3 y 4 de los puntos de la actora se consigna un monto distinto (menor) en concepto de Aporte, el que difiere del consignado en el citado anexo y en el punto 5 de los puntos propuestos en aquella causa por la AFIP, sin que se encuentre explicitada la razón de dichas diferencias. Por otra parte se observa que el punto 5 (pedido por la actora) del informe estaba enderezado a que el experto efectuara un cálculo del aporte en clara contradicción con la metodología establecida por la Ley y que el porcentaje que consigna en el punto 5 (pedido por la AFIP) que representaría el ASE sobre el total de bienes sujetos al mismo, en realidad no es el 42% sino el 0,42%, considerando los montos allí consignados.
En definitiva, la escasa idoneidad probatoria del informe contable conlleva a que la pretensión deducida carezca de la prueba “clara y precisa” o “concluyente” que ha exigido la Corte, razón por la cual no puede acogerse el planteo de la recurrente en autos.
Ello así, cabe confirmar la resolución apelada con costas.
VII. Que, respecto de los intereses resarcitorios cabe precisar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo tanto, se confirman los intereses fijados en la determinación recurrida, conforme el cálculo que surge del Anexo glosado a la misma, con costas.
VIII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental. En ese sentido, es sabido que dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
Por su parte, el segundo artículo agregado mediante la ley 27.430 a continuación del artículo 50 de la ley de rito, incorpora que se entenderá por “error excusable” cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Y continúa, en orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. En el caso de autos, nada de ello ha sido acreditado.
En tales condiciones, en el caso particular, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto corresponde confirmar la resolución apelada en autos en todos sus términos. Con costas.
Por ello SE RESUELVE:
Confirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.06.11 16:31:20 ART Date: 2024.06.11 17:04:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.12 09:38:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.12 09:39:07 -03:00
Fin de la sentencia