Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 31.980-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que regresan estos autos a conocimiento del Tribunal Fiscal, en virtud del pronunciamiento emitido con fecha 14 de octubre de 2016 por la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal (véase fs. 109/110 y vta.) que resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco, revocando la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2015 (v. fs. 56/62 y vta.) mediante la cual esta Sala “F”, teniendo en cuenta las particularidades del caso, había declarado la inconvencionalidad y por ende, la inconstitucionalidad de la aplicación efectuada por la Dirección General de Aduanas respecto al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero haciendo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la apelante “Aseguradora de Cauciones SA Cía., de Seguros”.
Que, para así decidir, la Excma. Cámara consideró que la acción del Fisco para percibir los tributos en relación a las DIT Nº 02874 E, 02875 F y 4793 G no se hallaba prescripta, pues los hechos imponibles tuvieron lugar el 31/05/02 (para las DIT Nros. 02874 E y 02875 F) y el 1/9/03 (en el caso del DIT Nro. 4793 G) por lo que el cómputo del plazo de prescripción comenzó a correr en fecha 1 de enero de 2003 y 2004, respectivamente, y la resolución que dispuso la instrucción de sumario fue dictada el día 5 de diciembre de 2006, es decir, con anterioridad a que venciera el plazo quinquenal pues la Resolución (DE PLA) Nº 6439 fue dictada el 27 de septiembre de 2011 mientras que la Resolución aclaratoria (DE PLA) Nº 6121 lo fue el 10 de septiembre de 2012. Que, en consecuencia, el Tribunal Superior sostuvo que el plazo que medió entre la apertura de sumario y el dictado de la resolución definitiva (y su modificatoria) no ha excedido los plazos razonables y, por ende, no se hallaba prescripta la posibilidad del Fisco del cobro de los tributos. Por las razones expuestas, ordenó la remisión de los presentes autos a este Tribunal Fiscal a fin de que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
II. Que, en sede aduanera, se le imputó a la firma importadora “Lonera del Rosario SA” la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria, tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, por no cumplir, en tiempo y forma, con la reexportación de la mercadería amparada por las destinaciones de importación temporaria Nros. 01 001 IT14 002874 E, 002875 F, 004793 G y 001994 H cuyo vencimiento habría operado el 31/05/02, 31/05/02, 1/09/03 y 1/11/2002, respectivamente.
Que corresponde aclarar que en la especie se le exige a, la aquí recurrente, “Aseguradores de Cauciones SA Cía., de Seguros”, en concepto de tributos la suma de $ 545.459,61.-, más intereses, en virtud de su condición de garante, de la firma importadora, en las mencionadas destinaciones de importación temporaria con excepción de la nro. 001994 H que ha sido garantizada por la firma “Chubb de Fianzas y Garantías SA” careciendo la firma recurrente de legitimación pasiva por las obligaciones emergentes de dicha destinación.
III. Que, en primer término, la firma aseguradora se agravia respecto de la falta de agregación, en las actuaciones administrativas, de los despachos de importación temporaria en aparente infracción.
Que cabe destacar que si bien asiste razón a la recurrente cuando señala que el servicio aduanero no agregó, a las actuaciones administrativas, las carpetas originales de las destinaciones de importación temporaria lo que impediría determinar la presunta comisión de una infracción aduanera y los hechos constitutivos del hecho imponible -en lo que aquí interesa-, lo cierto es que de la compulsa de los antecedentes administrativos surge que la firma importadora “Lonera del Rosario SA” acompañó copias de las destinaciones denunciadas nros. 01 001 IT14 002874 E, 002875 F y 004793 G (véanse las fs. 44/45, 41/42 y 30, respectivamente, de las actuaciones administrativas).
Que lo dicho precedentemente resulta suficiente para deducir que los hechos y constancias de las actuaciones administrativas vinculadas a la causa difieren sustancialmente de aquellos tenidos en cuenta por el suscripto al sentenciar los expedientes, “ROMI S.R.L. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” expte. N° 31.980-A, de fecha 3/7/17 y FERRERO ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” expte. N° 30.672-A, de fecha 10/10/18, entre otros, donde se declaró la nulidad del auto de apertura de sumario por la falta de agregación de la carpeta original de la destinación de importación temporaria toda vez que ello impediría verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, ni determinar, tampoco, si por el mismo se ha concedido o no prórroga a los fines de la regularización del régimen.
Que la diferencia se advierte con claridad en el caso sub-examine, puesto que las copias acompañadas por la recurrente poseen los datos necesarios a efectos de poder verificar el cumplimiento o incumplimiento del régimen de destinación suspensiva de importación temporaria.
Que lo expuesto hasta aquí permite concluir que nulificar el auto de apertura de sumario por la falta de agregación, por parte del servicio aduanero, de las carpetas originales de las destinaciones de importación temporaria nros. 01 001 IT14 002874 E, 002875 F y 004793 G carece de finalidad práctica, pues su declaración no haría más que convalidar la nulidad por la nulidad misma.
IV. Que, en segundo lugar, corresponde referirse al agravio de la recurrente por el que afirma que el servicio aduanero clasificó y valoró la mercadería, en presunta infracción, mucho tiempo después de la apertura de sumario. Al respecto, la actora señala que la liquidación carece de fecha cierta, pero que evidentemente se practicó con posterioridad al 29/09/10.
Que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo tercero del Título II de la Sección XIV (cfr. arts. 1080 y 1117 del CA).
Que el artículo 1094 del Código Aduanero establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario en el procedimiento para las infracciones, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma ; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. (el destacado me pertenece).
Que a los fines de interpretar la citada norma se ha señalado que “...el art. 1094 utiliza el vocablo imperativo “dispondrá” y no una expresión facultativa como “podrá disponer”, no dejando así lugar a interpretación alguna que le otorgue carácter opcional al acto de disponer la liquidación tributaria correspondiente” (Sala IV de la Cam, Nac. en lo Cont. Adm. Fed., in re “ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO SA (TF 28836-A) C/DGA , expte. 21830/2012, sentencia del 11/06/2013). Cabe destacar que, en este sentido, se ha pronunciado el Tribunal de Alzada respecto de la exigencia del inc. b del art. 1094 —con razonamientos igualmente aplicables al caso del inc. d- (Sala I, “Unisel S.A. c/ AFIP – DGA – Resol. 9315/99 s/ ANA”, expte. 20.634/00, sentencia del 23/02/2010).
Que los requisitos mínimos e indispensables que se desprenden del art. 1094 del C.A., y que resultan ser obligatorios para aperturar un sumario infraccional son a saber: 1) OM 2090 debidamente intervenido; 2) Carpeta original de la destinación denunciada; 3) Informe circunstanciado de los hechos objeto de la denuncia, consignando expresamente motivo, destinación, cantidades de mercadería en infracción, ítem, subítem, vencimiento del plazo de permanencia, prórrogas y demás datos relevantes; 4) datos del imputado y de la/s aseguradora/s involucrada/s en la operación, debiendo dar intervención, de estimarlo corresponder, a la Sección Control de la Recaudación y Garantías; 5) informe de la División Verificación indicando valor en aduana y gravámenes de la mercadería a la fecha de infracción, y si la misma resulta de importación prohibida por el régimen general a dicha fecha; 6) determinación del monto de los tributos adeudados (en dólares y en pesos) por intermedio de la Sección Liquidaciones.”.
Que, con fecha 5/12/06, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispuso la intrucción del sumario (véase fs. 95 de los antecedentes administrativos), pero sin que con anterioridad o inmediatamente con posterioridad, se haya procedido a indicar el valor en aduana y gravámenes de la mercadería a la fecha de infracción, y si la misma resultaba de importación prohibida por el régimen general a dicha fecha, como así tampoco se había determinado el monto de los tributos adeudados (en dólares y en pesos) por intermedio de la Sección Liquidaciones.
Que “...la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, como lo exige el art. 1094, inc. d, del Código Aduanero, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a, del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente corrida de vista al particular —lo que no se garantizaría si, como en el caso, la vista de la liquidación se corrió 9 años después de realizado el hecho gravado—; y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas. La realización de la liquidación tributaria correspondiente, por ello, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero” (Sala IV de la Cam, Nac. en lo Cont. Adm. Fed., in re “ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO SA (TF 28836-A) C/DGA , expte. 21830/2012 , sentencia del 11/06/2013).
Que de la compulsa de los antecedentes administrativos surge que que la valoración y clasificación de la mercadería fue realizada el 15/09/10 (véanse fs. 120/122 de las act. adm.). Adviértase que si bien la liquidación de tributos carece de fecha cierta, de la compulsa de fojas 124/139 y vta., de las actuaciones administrativas, se colige que dicho acto tuvo lugar entre fines del año dos mil diez y principios del año dos mil once, es decir, luego de transcurrido el plazo quinquenal para el impulso de la acción del Fisco para percibir tributos que venció el 1/1/08 (para las DIT Nros. 01 001 IT14 002874 E, 002875 F y 004793 G, toda vez que el hecho imponible ocurrió en el año 2002) y el 1/1/09 (para la DIT Nº 004793 G pues el hecho imponible ocurrió en el año 2003) siendo que la clasificación, valoración y liquidación de tributos aduaneros no exigen una dificultad mayor para un funcionario aduanero competente en la materia.
Que, de lo dicho, se desprende que resulta de plena aplicación al presente caso lo resuelto por la Sala V de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en “Alba Compañía Argentina de Seguros c/ DGA s/ recurso directo” (Expte. 61569/2016, del 30/03/17) que no avaló que el servicio aduanero integre el auto de apertura de sumario -con la liquidación tributaria- una vez producido el vencimiento del plazo de prescripción considerando extinguida la acción del Fisco percibir los tributos.
Que, por lo tanto, se evidencia que en la especie el auto de apertura del sumario ha sido dictado al solo efecto de suspender el curso del término de la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos. Por todo ello, cabe concluir que el auto de fecha 5/12/06 (véase fs. 95 de los ant. adm.) constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario pero que no puede pretender ostentar los efectos suspensivos, toda vez que el servicio aduanero debió realizar, con anterioridad o concomitantemente a dicho acto, la valoración y clasificación de la mercadería como así también la liquidación de los tributos correspondientes. Que, en consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.) y al estar viciada por tanto la causa, los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordante con la profusa jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha entendido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales -ora infraccionales- (CSJN - "Fallos", 96:23; 99:284; 183:68; 295:591,entre muchos otros) .
Conforme lo expuesto, VOTO por:
Declarar nulo el auto de apertura de sumario y, por ende, la prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos respecto de “Aseguradores de Cauciones SA Cía., de Seguros”. Costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, hago propio el relato de los hechos formulado por mi colega de grado, así como también la detallada descripción que de los elementos acollarados a la presente realizada a lo largo de su voto. Anticipo que no comparto los fundamentos que conforman el razonamiento que la sustenta, en tanto entiende que, centralmente, la médula de su razonamiento para restarle los efectos suspensivos al auto de apertura del sumario de fecha 5/12/06 (fs. 95 de las AA) en tanto con “anterioridad o inmediatamente con posterioridad, se haya procedido a indicar el valor en aduana y gravámenes de la mercadería a la fecha de la presunta infracción y si la misma resultaba de importación prohibida por el régimen general… (T)ampoco , a esa fecha, se había determinado el monto de los tributos adeudados (en dólares y en pesos) por intermedio de la Sección Liquidaciones” lo que, según analiza, fue incorporado a fs.124/139vta, esto es “luego de transcurrido el plazo quinquenal para el impulso de la acción del fisco para percibir tributos que venció el 1/1/08…siendo que la clasificación, valoración y la liquidación de tributos suplementaria aduanera no exigen una dificultad mayor para un funcionario aduanero competente en la materia”.
Entendamos el Dr. Garbarino sostiene –con cierta razonabilidad- que la norma establecida en el art.1094 del C.A. impone una obligación al Administrador de aduana, atendiendo para ello a la sesgada literalidad de lo allí dispuesto.
Empero, estimo que la literalidad en abstracto no puede constituir la base de la construcción de lo justo y por ello, destaco dos aspectos neurálgicos que alimentan la lógica que erige mi posición al respecto:
a) No puede inferirse que los elementos comprendidos en la norma resulten un numerus clausus que importe -como deber absoluto- el cumplimiento acabado de lo allí establecido so pena de nulidad. La referencia allí contenida relativa a a las “medidas cautelares que correspondieren…” así lo evidencia, pues -puedo aseverar quesi hubo de acaecer una mención a las mismas en algún caso que tramitó en el Tribunal Fiscal de la Nación, sin dudas fue excepcional y no recuerdo haber tenido el gusto de ilustrarme con algún caso adonde se plantease la nulidad de la apertura del sumario por no colegirse la referencia a las medidas cautelares que hubieren -o nocorrespondido dictar.
b) Atendiendo a la naturaleza jurídica de las nulidades, puede afirmarse que la inobservancia de alguna de esas “obligaciones” pueda ser suficiente fundamento para extirpar del proceso al acto que la contiene sin evaluar la trascendencia de sus efectos ni la conveniencia práctica en lo que al debido proceso se refiere, máxime cuando ni siquiera esa “irregularidad” fue observada por la recurrente con anterioridad de dictarse la Resolución que conforma el objeto de este recurso.
Veamos, la sesuda ponderación el operador debe definir la entidad de ese yerro o vicio y las consecuencias de mantener su existencia pues, ante la duda, el acto debe subsistir, ya que ne pas de nullité sans grief. Las nulidades –en general- son esencialmente relativas en tanto puedan ser subsanadas con posterioridad (lo que aconteció en la especie y bien destaca el vocal instructor) pues, lo que se busca con la tutela jurisdiccional efectiva, es garantizar el debido e irrestricto respeto por parte de la autoridad al derecho de defensa del pretenso obligado y no es en la inobservancia a la –como dije- forzada taxatividad que se le da a la literalidad de la norma adonde se verifica la lesión al derecho de defensa del contribuyente, sino más bien a una particularidad que queda al desnudo tras el relato de las condiciones fácticas que enmarcaron el proceso en análisis.
Cabe destacar que no puede escapar al lector –ni mucho menos a quien tiene la obligación suprema de juzgar- que las consecuencias prácticas de la declaración de nulidad que se propone –en razón de lo establecido en los arts. 805 inc.a) es que, como consecuencia de la teoría del fruto del árbol envenenado- el plazo quinquenal establecido por el legislador como causal de extinción de las acciones tributarias y penales –respectivamente- ha transcurrido en exceso, y esa es la lógica que recepta el vocal instructor, pues así declara la suerte de la acción como forma de dar solución a este entuerto.
Ahora bien, el ejercicio de la magistratura en el proceso dialéctico-racional de decir derecho debe ser contenido en esencia por la prudentia la cual se expresa –con evidencia didáctica- con el examen general de lo acontecido en el expediente y el impacto concreto de la decisión a adoptar pues, ésta “no puede dictarse desatendiendo las graves consecuencias que, de modo inmediato, podrían derivar de ella...”, ya que “ninguna solución es defendible si, en lugar de asegurar el orden público, genera el riesgo de un absoluto desorden” (Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación. Voto del Dr. Fayt. R. 1309. XLII).
Esa decisión que pone fin a un proceso, tiene efectos concretos y directos en la suerte de las partes que han sometido su conflicto a la autoridad para que con sapiencia técnica e incolumidad moral dirima quién tiene la razón. A eso, sintéticamente, podemos referirnos cuando nos invitan a definir cuál es la misión de un órgano jurisdiccional especializado como lo es el Tribunal Fiscal de la Nación.
Esta Sala se ha erigido desde su actual conformación titular, como estandarte en este Tribunal del control de legalidad tamizado a través del bloque de garantías convencionales en los procesos que son sometidos a su estudio y no han sido pocos los casos adonde se ha decretado la nulidad de actos administrativos cuya vigencia causaba por su invalidez efectos concretos y lesivos en los derechos del contribuyente, apelando para ello a todas las herramientas que el universo constitucional y convencional pone a disposición del operador jurisdiccional que ejerce una actividad sustancialmente judicial como los Vocales del Tribunal Fiscal de la Nación. Ese contribuyente, encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación una primera instancia imparcial e independiente a la que arriba en defensa de sus derechos con la garantía de la suspensión del solvet et repete, en este derrotero jurisdiccional que se inicia ante las distintas aduanas que cumplen, con un rol eminentemente inquisitivo, su indispensable misión a lo largo del país o territorio aduanero.
Dicho ello, también es importante velar porque ese celo que el operador jurisdiccional imprime en el proceso intelectual aplicado a su margen de discreción a través de la sana crítica racional para la toma de decisión, no llegue al extremo de atentar contra el mismo sentido de lo que se pretende preservar: disponer lo justo en el caso concreto.
El maestro Palacios nos ilustraba señalando que son tres los presupuestos a que se halla condicionada la declaración de nulidad: 1) Existencia de un vicio en alguno de los elementos del acto procesal, 2) Demostración de interés jurídico en la invalidación del acto y 3) Falta de convalidación del acto viciado.
Claramente, esa convalidación en el caso de autos puede descartarse en tanto el acto en que transmuta aquella nulidad relativa es la resolución que recurre ante estos estrados.
Ergo, es hasta el dictado de la resolución que recepta la ponzoña -que nace en el acto administrativo de apertura del sumario al no contemplar alguno de los componentes descriptos en la norma- que puede acaecer su subsanación, o, incluso, su convalidación, lo que claramente acaeció en el caso.
¿Cuál es el objetivo teleológico que como jueces de garantías debemos evaluar al dictar una nulidad en un proceso inquisitivo como el que conforma el aquí analizado? Simple y concretamente proteger el derecho de quien puede verse afectado por la vigencia de un acto que nace con alguna irregularidad que vicia su validez. En suma, se debe mantener la vigencia del acto aceptando apriorísticamente una validez “precaria” en tanto puede ser saneada –o aún consentida- posteriormente en la medida que ese acto no revista una gravedad tal –como lo sería la destrucción dolosa de un medio de prueba, cuestiones de competencia y de legitimación o un acto que implique la imposibilidad material de incorporar un elemento probatorio que pudiere desaparecer- que torne al derecho de defensa como un derecho abstracto cuasi ilusorio.
Como lo dije, en la medida de que esa irregularidad no afecte al derecho de defensa, sea por su entidad o porque es subsanada con posterioridad a su dictado, su potencial nulidad carece de fundamento que la justifique razonablemente.
Es por ello que no puedo compartir la solución a la que arriba mi colega de grado y, atendiendo a: el cúmulo de tareas que pesan sobre esta dependencia y la ya evidente demora que se verifica en el dictado de una solución definitiva al entuerto –pues el pronunciamiento primigenio de este Tribunal que disponía una solución similar ya fue revocado por el Superior-, me limito a votar por no hacer lugar a la prescripción propuesta debiendo volver los obrados a la Vocalía de origen para que se expida sobre el fondo de la cuestión.
Así lo voto.-
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo, aclarando que resulta conteste en todas las Salas de la Alzada el criterio estricto para que proceda la nulidad del auto de apertura del sumario. Considero, en consecuencia, que no corresponde hacer lugar al planteo de la actora que procesalmente funciona como una excepción previa que se rechaza, debiendo volver los autos a la Vocalía instructora para que prosigan su trámite, según su estado.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2. Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y Dra. Mariela Virginia Luciani (27-14569887-7). Date: 2024.04.30 14:56:02 -03:00 Date: 2024.04.30 19:16:28 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.30 19:40:21 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.30 19:40:22 -03:00
Fin de la sentencia