Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 36.304-I
I. Que mediante RE-2023-114339217-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Sumarial N° 2943/23 (DV JRES) de fecha 04/09/2023, dictada por el Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional Resistencia de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le aplica una multa de $ 1.006.392,50, equivalente al 100% del Aporte Solidario y Extraordinario (en adelante “ASE”), período fiscal 2020, supuestamente omitido con la reducción a ¼ conforme los términos de los artículos 45, 49 y 50 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
Solicita la actora que se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
Manifiesta en el marco de la Orden de Intervención N° 1952286, la AFIP detectó la falta de presentación de la declaración jurada original del ASE período fiscal 2020, existiendo a criterio del organismo materia imponible sujeta a tributación, la cual a los efectos de evitar litigiosidad con el Fisco, la recurrente procedió a efectuar su presentación e ingresar el saldo correspondiente con más los intereses respectivos.
Explica que el Fisco Nacional instruyó sumario N° 402-657-22, a través del cual se le imputó la presunta infracción establecida en el artículo 45 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y que al momento de presentar el descargo explicó que la declaración jurada presentada arrojó un activo total de $ 201.278.500,80, lo que implica que el mínimo que la dejaba exenta de la obligación de pagar el ASE se excedió en $ 1.278.500,80, es decir, en menos de uno por ciento (1 %) y que en base a la información que había recibido antes del vencimiento de la obligación, la suma de la totalidad de los bienes ascendía a $ 192.988.663,63. Señala que dicha diferencia tiene su origen en dos cuestiones puntuales de valuación, a saber: la primera de ellas respecto de títulos públicos nacionales, en donde la propia AFIP publicó su en su sitio de internet tres (3) valuaciones diferentes de títulos públicos nacionales, por lo que –dice- entendió que podía tomar cualquiera de ellas, siendo utilizada la menor; y la segunda relacionada con la valuación de su participación accionaria en la sociedad Laguna Limpia S.A en donde explica que declaró la misma en función de la información recibida por la sociedad, pero que luego ésta determinó un valor distinto frente al Impuesto sobre los Bienes Personales. Sostiene que la naturaleza jurídica del ASE no sería la de un impuesto, sino que constituiría una contribución en los términos del art. 4 de la Constitución Nacional, por lo que entiende que el art. 45 de la Ley 11.683 no aplica al presente caso, ya que prevé la figura de omisión de impuestos, para aquellos casos en que los contribuyentes hayan dejado de pagar un tributo de dicha naturaleza. Indica que una multa por la infracción del art. 45, resulta violatoria de los principios vigentes del derecho tributario infraccional.
Entiende que el Fisco Nacional carece de potestades para instruir sumario y aplicar sanciones relativas al ASE, por falta de delegación legislativa en materia infraccional, siendo que únicamente posee potestades para aplicar, percibir y fiscalizar el ASE, no así para instruir sumarios y mucho menos para aplicar una sanción de multa. Advierte que para el caso que este Tribunal considere que la AFIP cuenta con potestades para instruir sumario y aplicar sanciones con relación al ASE, como también la aplicación del art. 45 de la Ley 11.683 al caso, plantea la ilegitimidad de la sanción aplicada en virtud de que no se ha cometido la infracción que se le imputa, toda vez que, al momento del dictado de la Resolución, la declaración jurada del ASE se encontraba debidamente presentada y el saldo por ella arrojado -con intereses resarcitorios- abonado en su totalidad.
Considera que resulta arbitrario e ilegítimo pretender castigar con una multa por omisión cuando surge de las actuaciones administrativas que no han mediado ajustes a la declaración jurada oportunamente presentada. Aduce que en atención a lo establecido en el art. 13 de la ley de rito, hasta el momento en que no efectivice la presentación de la declaración juradas, mal podría la contribuyente ser responsable de una omisión de impuesto. A su vez, indica que a partir de la reforma introducida por la Ley N° 27.430 al art.49 de la ley de procedimiento fiscal, la eximición de sanciones materiales cuando no media reincidencia —como seria en el presente caso— opera cuando no media actividad fiscalizadora por parte de la AFIP, no resultando idóneo el proceso fiscalizador para los casos en que exista demoras en la presentación de las declaraciones juradas.
Remarca que no se realizó el emplazamiento dispuesto en el art. 31 de la ley 11.683, sino que el organismo fiscal arbitrariamente decidió dar inicio a la fiscalización y así restringirle el derecho a la eximición de sanciones prevista en el primer párrafo del art. 49 de la ley 11.683, conducta que le resulta no solo absolutamente ilegítima, recaudatoria y persecutoria por parte de la AFIP sino que además violatoria de los derechos constitucionales como el derecho de defensa, propiedad, debido proceso adjetivo igualdad. A ello sumado que se contrapone con la esencia de la propia Ley 27.605, la cual fue creada pura y exclusivamente con fines extrafiscales. Explica que se omitió tener en cuenta las particularidades que rodean al caso, en cuanto a que no hubo una omisión en la presentación de la declaración jurada ni del pago del ASE, sino tan sólo una demora, lo cual sería pasible de sanción en los términos del art. 38 de la ley 11.683.
Indica que la aplicación de la sanción impuesta resulta improcedente por cuanto no se da el elemento subjetivo requerido y que no existe afectación del bien jurídico que la fundamente. No obstante, para el caso que el Tribunal entienda lo contrario, entiende que la misma resultaría insignificante por cuanto se consensuó, se presentó la declaración jurada del ASE el 31 de enero de 2022 e inmediatamente se canceló en febrero de ese mismo año, con más sus intereses correspondientes.
Asimismo, solicita se la exima de la sanción con arreglo a la causal de error excusable prevista en el artículo 50.2 de la Ley de rito.
Concluye diciendo que, en el caso no se trató de una omisión de impuestos sino eventualmente de un error eximente de responsabilidad que elimina toda subjetividad en la conducta desplegada, toda vez que declaró y pagó el ASE, solo que tardíamente, dada las cuestiones que se suscitaron en relación a la valuación de determinados bienes.
Cita doctrina y jurisprudencia en favor de su postura. Ofrece prueba documental. Concede autorizaciones. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente solicita se revoque se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante IF-2024-11706337-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal. Niega todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos.
III. Que mediante la PV-2024-27732991-APN-VOCVI#TFN se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y en el IF-2024-30344757-APN-VOCVI#TFN se dispuso los autos a sentencia.
IV. Que corresponde señalar que, conforme se desprende del Informe Final de Inspección obrante a fs. 04/07 de los antecedentes administrativos obrante en el IF-2024-08089350-APN-DTD#JGM, el cargo se inicia en fecha 04/08/2021 por cruces sistémicos de sujetos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario (Ley 27.695) que hayan declarado un monto inferior al estimado por la AFIP.
Se trata de un contribuyente inscripto en el Impuesto al Valor Agregado como sujeto exento, en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto sobre los Bienes Personales, cuya actividad declarada es Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de órganos de administración y/o fiscalización de sociedades anónimas, siendo que al momento de inicio de la inspección la recurrente no había presentado la declaración jurada original del ASE periodo fiscal 2020.
Que en fecha 24/08/2021, por medio del servicio “Prestaciones Digitales” de la AFIP, la contribuyente acompañó detalle de bienes valuados a fechas 20/03/2020 y 18/12/2020, junto con la documentación respaldatoria respecto de la tenencia de bonos y dinero en efectivo. Asimismo, proporcionó detalle de la declaración jurada de ASE periodo fiscal 2020 perteneciente al Sr. José María Franchino (padre de la recurrente), la cual fuera presentada en atención a que éste computó dentro de su patrimonio una donación efectuada por la contribuyente consistente en una serie de acciones que ésta poseía en una sociedad del exterior radicada en Uruguay (CORNAMUSA SA). Por su parte, durante el transcurso de la fiscalización se le solicitó a la actora que corrobore algunas diferencias encontradas en la declaración de Valor Patrimonial Proporcional de las firmas cuyas acciones y cuotas partes se encuentran en su poder, respecto del detalle valorizado de bienes presentado en fecha 24/08/2021 y respecto de las inversiones declaradas en la tenencia de bonos nacionales en cartera según lo informado por la firma ITAU SA.
De todo ello se deriva que la fiscalización se concentró en tres cuestiones: (i) las diferencias en la declaración de Valor Patrimonial Proporcional respecto de la firma Laguna Limpia SA en relación con la DDJJ de Bienes personales-Acciones y participaciones de aquella firma, (ii) las inversiones declaradas en la tenencia de Bonos Nacionales en cartera en relación con lo informado por la Firma ITAU VALORES SA y (iii) respecto a la donación efectuada al Sr. José María Franchino, en donde se concluyó que el monto de ASE abonado por éste con las inversiones de CORNAMUSA SA dentro de su patrimonio, tuvo un mayor impacto del que tendría si aquellas fueran declaradas por Josefina Franchino, por lo que, en virtud del mayor capital gravado que declaró José María Franchino, la porción de activos bajo análisis resultó gravada a una alícuota mayor de la que le hubiese correspondido en caso de declararse dentro del patrimonio de Josefina Franchino. No surgiendo más observaciones.
En base a ello, en fecha 22/02/2022 la contribuyente realizó una presentación digital en donde aclara acerca de algunos puntos establecidos en la normativa, respecto de los bienes que correspondería atribuir al marido de la fiscalizada, sin observaciones de los actuantes al respecto. Por su parte, en fecha 31/01/2022 la recurrente presenta la declaración jurada del ASE periodo fiscal 2020, allanándose a las pretensiones fiscales.
V. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que, en cuanto al planteo efectuado por la parte relativo a que el ASE no se trata de un impuesto sino de un aporte y, por ello, no corresponde la aplicación de la sanción apelada, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (...)”.
El art. 3° aclara que “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $200.000.000.
Cabe señalar en primer término que sin perjuicio del nomen iuris utilizado por el legislador, el Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27605 se encuentra incluido dentro del concepto de “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” al que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional. En efecto, se trata de “una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos” (CSJN, in re “Cladd Industria Textil S.A. Y otro c/Estado Nacional -SAGPYA resol. 91/03”, Sentencia del 4/8/2009; “Camaronera Patagónica S.A. C/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, del 15/4/2014).
Tiene dicho el Alto Tribunal que para arribar a la caracterización de un tributo, cabe prescindir de la denominación asignada por las normas y atender sólo a su naturaleza, pues no se trata de un problema terminológico sino sustancial (Fallos 303:640); y que para definir su carácter debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide (Fallos 280:176).
En ese sentido el Máximo Tribunal ha dicho que “la norma define un presupuesto de hecho que, al verificarse en la realidad del caso concreto, da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones establecidas por ella, siendo que tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado y que su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares afectados, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia” (CSJN, in re “Pablo Horvath c/Nación Argentina”, Fallos 318:676, sentencia del 4/5/1995). En función de esa doctrina jurisprudencial cabe concluir que de las previsiones de la ley como de las de su decreto reglamentario, surge que el Aporte en cuestión constituye una contribución de carácter pecuniario, obligatoria, impuesta unilateralmente por el Estado mediante el dictado de una ley en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional según el procedimiento consagrado en la Constitución Nacional, en circunstancias excepcionales en el contexto de una emergencia sanitaria.
El destino de los fondos recaudados no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la Ley 27605. Tampoco la clasificación formulada por la Secretaría de Hacienda mediante la resolución 22/2021, que en su artículo 1° dispone incorporar “... el concepto ‘12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’ en la clase ‘12.9 Otros’ del tipo ‘12. Ingresos no tributarios’ del clasificador de recursos por rubros”, forma obstáculo para considerar al aludido aporte como un tributo, dadas las circunstancias apuntadas más arriba en orden a la real naturaleza de dicho aporte -que se subsume en los términos que definen el tributo- (véase CNCAF, Sala I, en los autos “T.,S. c/ EN -AFIP- ley 27605 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022). En definitiva se trata de una calificación que conduce a un encuadre y tratamiento administrativo de los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la gabela, que carece de virtualidad y efectos a los fines de mudar la naturaleza y rasgos esenciales de la misma -definidos por vía legal-, proceder que por lo demás, le está vedado llevar a cabo al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria (en tal sentido, CNCAF, Sala II, in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio c/ EN AFIP Ley 27605 s/Amparo Ley 16.986, sentencia del 14/02/2023).
Ello así, los agravios de la actora en este aspecto no pueden prosperar.
VII. Que, señalado ello, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada por el Fisco Nacional referente al aporte solidario extraordinario, con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (texto vigente).
Dicho artículo establece que será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren: a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas (...).
Al respecto, y en términos genéricos, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, tratándose de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”.
En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Ahora bien, entonces, corresponde evaluar si en el caso particular concurren ambos elementos.
Del informe final de inspección surge que la actora presentó la declaración jurada del ASE a instancias de la fiscalización atendiendo a los criterios del Fisco Nacional relativos a las cuestiones de valuación de títulos públicos y acciones, lo que, en principio, configura una omisión de impuesto. Sin embargo, ello no implica que no deba analizarse si se configuran en el caso particular el elemento subjetivo que requiere la figura sancionatoria en trato a los fines de su configuración, en consonancia con las particularidades de la norma tributaria en crisis. En relación con el elemento subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por la contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
En el caso particular, tal como se reseñó, la omisión y determinación del gravamen se originó en la diferencia de valuación de ciertos títulos públicos y de la valuación de la participación social de la sociedad Laguna Limpia S.A. En efecto, se puede observar de las actuaciones administrativas que durante la fiscalización efectuada a la contribuyente de autos presentó la declaración jurada correspondiente al ASE en fecha 31/01/2022, exteriorizando un total de bienes alcanzados en el país y una base imponible sujeta a impuesto de $ 201.278.500,80, con un monto a ingresar de $ 4.025.570,02, (vide fs. 4 de los antecedentes obrantes en el IF-2024-08089350-APN- DTD#JGM).
Cabe indicar que conforme expone la recurrente, ésta había considerado criterios de valuación diferentes que la llevaron a concluir que no estaba alcanzada por el ASE, en razón de no superar el mínimo exento, dado que los bienes según ella, totalizaban $ 192.988.663,63 (vide fs. 37 de los antecedentes administrativos). Al respecto, de las presentes actuaciones y de los antecedentes administrativos surge que la recurrente esgrime:
1. En cuanto a la valuación de la participación societaria en instancia administrativa acompañó una nota enviada por la sociedad Laguna Limpia (fs. 51) en cumplimiento con lo establecido en el penúltimo párrafo del art. 2º del Decreto 42/2021 que obliga a las sociedades a informar ciertos datos a los fines de la valuación, donde informa el patrimonio neto y el porcentaje en la participación de sus accionistas -entre ellos el aquí apelante-. Menciona que luego la sociedad determinó un valor distinto toda vez que cierra su ejercicio el 30/11 de cada año y el aporte venció el 30/03/2021 lo que pudo generar esta diferencia en la información.
2. En relación a la valuación de los títulos públicos esgrime que tenía títulos de Denominación AL29 cantidad 3.278 y de Denominación AL30 cantidad 44.057. El conocido como AL29, es un título público que, conforme se acredita, con la documental que se adjunta, es un bono emitido por la República Argentina cuyo código ISIN es ARARGE3209Y4, emitido en dólares estadounidenses el 04/09/2020, en el marco del Decreto (PEN) 676/020 y la Resolución 381/2020 del Ministerio de Economía de la Nación Publicada el 18-08-2020. El código de la Caja de Valores es 05927.
Expresa que a los efectos de la liquidación del Aporte Solidario, la Resolución General de AFIP 4930, en su artículo 2, dispone: "Art. 2 - Esta Administración Federal pondrá a disposición de los sujetos alcanzados la información requerida a los efectos de realizar la valuación de los bienes (cotización de divisas, valuación de automotores y moto vehículos, entre otros datos), de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° y 3° de la ley, en el micrositio "Aporte Solidario y Extraordinario" (http://www.afip.gob.ar/aporte-solidario/) obrante en el sitio "web" institucional..."
La contribuyente tomó la cotización publicada por AFIP en tal sentido, es decir U$$39,85/100 x 82.64 como valuación unitaria. El planteo de la fiscalización fue que cabía tomar la otra cotización publicada por AFIP que era $5857/100 como valuación unitaria. El título es el mismo. Tiene diversas cotizaciones según se venda en pesos, o se venda en dólares cable, o se venda en dólares en Argentina. Todas ellas son cotizaciones oficiales de la bolsa argentina.
Señala que el titulo no se vendió, por eso entendía que cualquiera de las tres cotizaciones eran perfectamente válidas, atento a que eran distintas formas de comercializar el mismo bien. Idéntico planteo realiza con el título AL30.
Invoca que es la propia AFIP la que llevó al contribuyente a entender que estaba actuando correctamente al utilizar una cotización informada por dicho organismo. Expresó que no tenía por qué valuar los títulos a la mayor de todas las cotizaciones publicadas, que ninguna norma exige eso. Por eso entendió que podía aplicar cualquiera de las admitidas por AFIP.
No obstante ello, aceptó la propuesta de valuación efectuada por la inspección, presentó su declaración jurada, pero sin renunciar a reabrir la discusión sobre el tema vía repetición, ya que se trata de utilizar una u otra de las cotizaciones publicada, siendo ambas correctas.
Expresado ello, respecto de la existencia de un error excusable, el segundo artículo agregado mediante la ley 27.430 a continuación del artículo 50 de la ley de rito, incorpora qué se entenderá por “error excusable” cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado.Y continúa, en orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición de la contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades.
Por su parte, la jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, la contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel, el Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
Asimismo, cabe destacar la causa “Arca S.A.” de fecha 18 de marzo de 1998, esta Sala en su anterior composición dijo que “El error excusable comprende tanto supuestos de error de hecho cuanto de derecho. La admisibilidad del error de derecho, en tanto equiparable al error de hecho, requiere que se alegue y pruebe la existencia de oscuridad en los diferentes preceptos de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surjan dudas acerca de la situación frente al tributo. Así debe agregarse que la causal exonerativa del error excusable precisa, a efectos de su viabilidad, que el mismo sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar del contribuyente...”. En similar sentido se ha expedido la Sala “A” de este Tribunal, en sentencia de fecha 19 de julio de 2007, in re “Unilever de Argentina S.A.” y la Sala “C” de este Tribunal, con fecha 29 de julio de 2013, in re “Carraro Argentina S.A.”, expediente Nº 36.304-I.
Siguiendo esta línea, la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, el 8 de septiembre de 2004, en autos "Colegio San Gregorio" sentenció que si la persona actuó con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se la puede condenar.
En virtud de ello, y tal como dispone el nuevo texto de la ley, este Tribunal debe tener en cuenta la norma incumplida, la condición de la contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. Ello así, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa, los argumentos expuestos por la actora resultan atendibles. En efecto, del examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la eximir de responsabilidad a la aquí recurrente. No puede perderse de vista que en el caso, el valor patrimonial originalmente considerado por la recurrente fue el que le informó la sociedad Laguna Limpia S.A., -como las otras participaciones de las otras sociedades que también acompaña y que no han sido motivo de cuestionamiento por parte del Fisco Nacional-, no pudiendo imputarse error alguno al contribuyente de autos, quien en forma diligente requirió la información a las empresas a fin de efectuar la liquidación del tributo de marras.
Y en el caso de la valuación de los títulos se puede observar de la publicación de la base de AFIP que surgen tres tipos de valuaciones para el mismo código de título lo que pudo prestar a confusión de la contribuyente, máxime que tratándose de bonos emitidos en dólares, pudo razonablemente considerar la contribuyente que correspondía tomar alguna de las valuaciones publicadas en esa moneda.
Ello así no se observa una conducta negligente, por el contrario, se entiende razonable la conducta de la contribuyente en las circunstancias que rodearon su accionar.
En consecuencia, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 50.2 de la Ley 11683, atendiendo a las particularidades de la causa y a la condición de la contribuyente, teniendo en cuenta la colaboración con la fiscalización, su aceptación de los ajustes propuestos; teniendo además en consideración la falta de antecedentes en infracciones materiales tal como surge del informe glosado a fs. 57 de los antecedentes administrativos de la causa, corresponde revocar la resolución apelada. Las costas se imponen por su orden en atención a la complejidad de la cuestión y que el Fisco se pudo considerarse en el derecho de aplicar la sanción.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada, costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.04.08 12:44:00 ART Date: 2024.04.08 13:42:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.08 15:34:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.08 15:35:00 -03:00
Fin de la sentencia