Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago del impuesto, intereses y multa discutidos en autos, con costas.
I. Que a fs. 440/471vta la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 24/14 (DV RRCU) de fecha 21/04/2014, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto de la Dirección General Impositiva - Administración Federal de Ingresos Públicos, en virtud de la cual se dispuso determinar de oficio las obligaciones tributarias de TEX ARGENTINA S.R.L. (TEX) en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), estableciéndose una diferencia a ingresar de $219.118,94 por los períodos fiscales 11/2004, 12/2004 y 01/2006 y una disminución del saldo a favor de la responsable por los períodos 01/2003 a 10/2004, 01/2005 a 12/2005 y 02/2006 a 06/2006, con más intereses resarcitorios en la suma de $543.277,43 y se aplica una sanción de multa conforme art. 46 y el art. 47 de la ley de rito por $657.356,82 equivalente a tres (3) veces el impuesto omitido.
La actora expresa que no fue formal y efectivamente notificada de las actuaciones administrativas que se impugnan (proceso de determinación de oficio), hasta el día 02/07/2014, oportunidad en la que el Dr. Juan Zanotti se constituyó en la sede de la AFIP-DGI en la ciudad de Rio Cuarto y tomó vista de las mismas, con motivo de la resolución judicial de amparo dictada, pocos días antes, por el Juzgado Federal de Villa María.
Por ello manifiesta que las cédulas de notificación labradas a estos efectos, que obran glosadas a las referidas actuaciones, nunca llegaron a conocimiento de TEX.
Conforme los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que expone, solicita que se deje sin efecto la determinación de oficio que por esta vía se recurre y consecuentemente, los intereses pretendidos y la multa impuesta con imposición de las costas a la contraria.
En primer lugar, la actora solicita que se declare la prescripción de las obligaciones tributarias por los períodos involucrados que fueron objeto del procedimiento determinativo, atento haber transcurrido en exceso los plazos procesales establecidos por la ley del rito para que el Fisco Nacional pueda determinar de oficio dichas obligaciones y aplicar sanciones sobre la base de aquellas.
En subsidio solicita se declare la nulidad absoluta y manifiesta del procedimiento determinativo y punitivo que se recurre porque se le ha impedido a TEX el derecho de defensa en el marco del debido proceso legal. Por todo lo expuesto, solicita se revoque el acto administrativo impugnado y desestime en todas sus partes la pretensión recaudatoria y sancionatoria que por esta vía se recurre, por no resultar ajustada a derecho; ni reflejar tampoco la verdad real -o realidad económica- de los hechos en los que intenta fundarse.
La actora indica que la empresa es una PyME de estructura familiar típica, productora y proveedora primaria de la cadena agro-exportadora argentina, conformada a fines del año 1989 por la producción agrícola de la provincia de Córdoba-Oncativo-Oliva.
Solicita que las defensas de prescripción y nulidad sean ser resueltas procesalmente con las cuestiones de fondo, de manera tal que se tenga la oportunidad de conocer con profundidad los argumentos de la defensa y valorar las pruebas que han de producirse en autos.
Con respecto a la prescripción de las facultades legales del Fisco Nacional para determinar las obligaciones tributarias que se recurren, sostiene que tomando el último de los períodos involucrados, se tiene que la prescripción de las acciones determinativas y punitivas operó en su totalidad al 31/12/2011.
Advierte que han transcurrido los plazos legales establecidos por la norma específica que rige la materia, dentro de los cuales la AFIP-DGI se encontraba habilitada para determinar de oficio, exigir el pago de la obligación tributaria y aplicar la sanción que nos ocupa, sin que existan actos suspensivos y/o interruptivos del término corrido, conforme lo regula la normativa aplicable (cfme, art. 56 y ss. de la Ley 11.683).
Indica que si se adicionara el año de suspensión de la prescripción contemplan en el art. 44 de la Ley de Regularización Impositiva Nº 26.476, cuya aplicación por cierto es resistida por la más autorizada doctrina de nuestro país, igualmente opera la prescripción aquí planteada, ya que el plazo transcurrido supera holgadamente su cómputo. En tal caso, la prescripción habría operado el 31/12/2012.
Por otra parte, si la AFIP, a los efectos de soslayar la prescripción operada, pretendiese invocar lo acontecido en el marco de la acción declarativa de certeza, en particular, que la medida cautelar dictada a favor de la empresa le impidió de hecho obrar en tal sentido, desde ya corresponde advertir que ello no permite ser subsumido en ninguno de los actos suspensivos e interruptivos de la prescripción que, en carácter de norma especial, contempla la Ley 11.683.
Lo mismo sucedería si se pretendiera aplicar las normas del Código Civil, que si bien entiende que las disposiciones allí contenidas en el Código Civil en materia de computo de la prescripción -y dispensa de la prescripción- ceden como normas generales ante las disposiciones especiales de la Ley 11.683, de igual modo corresponde observar que si aún se aplicaran dichas normas, conforme sus propios términos, también operaría la prescripción articulada.
Sostiene que respecto de los períodos 01/2003 a 09/2005, en efecto, la AFIP-DGI podría invocar que se encontraba imposibilitada de hecho para ejercer sus facultades determinativas y sancionadoras, con motivo de la medida cautelar dictada a favor de TEX.
En este sentido, el art. 3980 del Código Civil consagra: “Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de las consecuencias de la prescripción cumplida durante al impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses…” La actora sostiene que dicha norma transcripta no ofrece dudas en cuanto a su interpretación y aplicación. De existir alguna imposibilidad de hecho que hubiera impedido el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor (en este caso al Fisco Nacional) de los efectos de la prescripción, siempre que, después de cesar dicho impedimento, el acreedor hubiera hecho valer sus derechos en el término de tres meses. Por lo que lo acaecido en autos, en modo alguno impide considerar cumplido el plazo de prescripción que se opone en tanto la APIP-DGI no hizo valer tales derechos dentro de los tres meses de cesado el impedimento. La actora expone que mediante la sentencia dictada con fecha 21/8/2007, se ordenó al Fisco Nacional que se abstenga de reclamar suma del IVA por los períodos fiscales 01/2003 a 09/2005 especialmente, que se abstenga de realizar cualquier acción administrativa y suspenda aquellas que estuviere realizando mediante la inspección y cualquier tipo de reclamo administrativo y/o judicial, hasta tanto recaiga resolución definitiva en la causa. Esta sentencia cautelar fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, mediante la resolución de fecha 15/09/2009.
Luego, mediante la sentencia de fecha 03/02/2011 del Juzgado Federal de Bell Ville que resuelve hacer lugar a la acción declarativa de certeza interpuesta en contra del Estado Nacional y AFIP-DGI por cuanto, en lo que respecta a la inspección, se entiende que su actuar excedió el marco legal y la legislación tributaria. Finalmente, mediante la sentencia de fecha 13/09/2011, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la AFIP-DGI, y revocó la resolución de primera instancia y con ello, también la medida cautelar oportunamente concedida, concluyendo que juzgaba oportuno que el organismo recaudador continúe con sus tareas fiscalizadoras y una vez obtenido el resultado de las mismas, de no ser conformado lo actuado, se inicie el procedimiento de determinación de oficio prescripto por las artículos 16 y 17 de la Ley 11.683, permitiendo a la firma TEX recurrir la resolución determinativa por las vías previstas en el art. 75 de dicho cuerpo normativo.
Dicho decisorio fue recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que mediante la resolución de fecha 26/02/2013 (notificada a la AFIP el día 11/3/2013), desestimó el recurso extraordinario interpuesto. De este modo la actora expone que los efectos de la medida cautelar cesaron con la sentencia revocatoria dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de fecha 13/09/2011 ya que, a partir de dicho momento, la AFIP se encontraba en condiciones de accionar en contra de la recurrente.
La actora indica que el análisis de la cuestión tampoco varía si se toma como fecha de cese del impedimento, la resolución de la Corte Suprema de Justicia que desestimó el recurso extraordinario intentado por la empresa, pronunciada con fecha 26/02/2013, oportunidad en que quedó firme la sentencia revocatoria de la medida cautelar.
Entonces la actora entiende que la AFIP debió accionar determinativa y punitivamente dentro de los tres (3) meses de operada dichas fechas (esto es, cesado el impedimento), invocando precisamente la denominada "dispensa de la prescripción" consagrada el art. 3980 del Código Civil (con fundamento en la imposibilidad de hecho derivada de la vigencia de la citada medida cautelar).
De modo que para intentar hacer valer dicha dispensa, en el primer caso (Sentencia de fecha 13/09/2011), el Fisco debió accionar antes del 13/12/2011, en el segundo (Sentencia de fecha 26/2/2013), antes del 26/5/2013. Sin embargo, nada ello aconteció en la presente causa.
Indica que con fecha 21/04/2014 la Jefatura de la División Revisión y Recursos de la AFIP-DGI Dirección Regional Río Cuarto dictó la resolución determinativa y sancionadora que se apela, de ello se impone que transcurrieron holgadamente los plazos legales de prescripción y vencieron, también holgadamente, los plazos dentro de los cuales la AFIP debió accionar para invocar la dispensa judicial del art. 3980 del Código Civil. Manifiesta que el análisis y las conclusiones no varían si a estos efectos, se pretendiera computar, en lugar de la fecha en que fueron dictados los actos determinativos y punitivos, el momento en el que la AFIP ordenó correr la vista del procedimiento determinativo y sumarial (ocurrido el 04/02/2014).
En definitiva, la actora concluye que se encuentran legalmente prescriptas las facultades determinativas y sancionatorias que fueron ejercidas indebidamente por la AFIP en los actos que por esta vía se recurren. De esta manera, los periodos fiscales 01/2003 a 09/2005 (comprendidos en la medida cautelar comentada), como así también los períodos 10/2005 a 06/2006 (ajenos a aquel procedimiento de fiscalización, pero incorporados luego en la presente determinación de oficio), se hallan prescriptos en su totalidad, con lo que deviene improcedente su reclamo en las presentes actuaciones.
La actora plantea la nulidad en atención a que, de los antecedentes de la causa, surge nítidamente que el procedimiento determinativo y sancionatorio que se recurre adolece de graves e insubsanables vicios legales que ponen a la recurrente en un claro estado de indefensión.
En primer término, se agravia del menoscabo al ejercicio pleno del derecho de defensa de la firma contribuyente en el marco del debido proceso legal.
Indica que conforme las constancias obrantes en AFIP (cédulas de notificación Nº 04/14 y 71/14), para anoticiar a la firma, la "vista" de la determinación de oficio y la "resolución" que contiene el acto determinativo y sancionatorio finalmente pronunciado, se habría utilizado el procedimiento contenido en el inc. e) del art. 100 de la Ley 11.683.
Manifiesta que los procedimientos llevados a cabo en ambas ocasiones no han cumplido con su finalidad ya que no llegaron a conocimiento de la recurrente en tiempo y forma oportuno, además, no fueron realizados conforme a derecho más allá de la formalidad que contienen que, precisamente, no es más que una deformación de la verdad real.
Indica que el Sr. Dendarys no es agente notificador de la AFIP, sino agente fiscal del Distrito de la AFIP que tiene a su cargo la gestión de cobro judicial de las obligaciones tributarlas y sanciones que son objetos del recurso.
La actora sostiene que, al practicar las notificaciones, la AFIP no ajustó su accionar a las prescripciones legales establecidas en la materia y las mismas no cumplieron su objetivo, imponer de su contenido a la firma interesada. Sostiene que los actos supuestamente notificados nunca llegaron a conocimiento de la empresa y el agente que practicó las notificaciones, al no ser un empleado de AFIP revestido de facultades para realizar dicho acto, no puede dar fe del cumplimiento del procedimiento que se invoca lisa y llanamente porque carece de atribuciones legales para ello.
Manifiesta que, en estos casos, la ley requiere que la notificación se efectúe personalmente por medio de un empleado de la APIP-DGI, quien dejará constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma de recibido. Sí éste no supiere o no pudiera firmar, podrá hacerlo, a su ruego, un testigo. Por su parte, si el destinatario no estuviese o se negare a firmar, dejará igualmente constancia de ello en acta. En días siguientes, no feriados, concurrirán al domicilio del interesado dos (2) funcionarios de la AFIP para notificarlo. Si tampoco fuera hallado, dejarán resolución o carta que deben entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona que lo reciba suscriba el acta. En último término, si no hubiere persona dispuesta a recibir la notificación o si el responsable se negase a firmar, procederán a fijar en la puerta de su domicilio y en sobre cerrado el instrumento, pero nada de ello se cumplió.
Por ello sostiene que la AFIP-DGI no actuó conforme a derecho desde que el texto de la Ley 11.683 establece un régimen especial de notificaciones, el que se encuentra contemplado en el art. 100, que si bien debió cumplirse - según las circunstancias de hecho señaladas el mecanismo establecido en el inciso "b"; lo cierto es que se invocó lo prescripto en el art. 100 inc. "e", dicho inciso, prevé expresamente que las notificaciones deben ser practicadas por medio de los empleados que designe a estos efectos el Administrador Federal.
Indica que las cédulas Nº 04/14 y Nº 71/14 fueron diligenciadas por el abogado José Dendarys, invocando el Leg. 34609/45, en el primer caso y las matriculas que lo habilitan para el ejercicio de la profesión, en el segundo caso. Paradójicamente, mediante el legajo administrativo citado con el cargo que reviste como "agente fiscal" y no como "agente notificador".
Sostiene que los agentes fiscales sólo están habilitados para representar a la AFIP en sede judicial y en juicios de ejecución fiscal; ergo, no tienen facultades para practicar notificaciones en instancias administrativas como la que se convoca.
Manifiesta que, habiéndose desarrollado el proceso administrativo sin la participación de la contribuyente, corresponde invalidar todo lo actuado en dicha sede a partir de la "vista" y de todos los actos dictados en su consecuencia, en adelante.
Esta decisión permitirá resguardar el ejercicio pleno del derecho de defensa de la firma contribuyente, que comprende el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y obtener una resolución fundada en los antecedentes y pruebas propios de la causa que, por cierto, para la sede administrativa indebidamente agotada, resguarda de modo expreso la normativa legal vigente (art. 16, 17,76 y c.c. de la Ley 11.683).
Se agravia por la exclusión del Registro de Operadores de Granos, ya que en lugar de iniciar el procedimiento de determinación de oficio que asegurara dar cumplimiento a lo ordenado por el fallo dictado por la Cámara Federal de apelaciones de Córdoba (firme y consentido por las partes), procedió sin más a suspender a la recurrente del Registro de Operadores de Granos y Legumbres Secas, bajo apercibimiento de excluirla en forma definitiva en caso de no conformar los ajustes.
La actora manifiesta que las operaciones realizadas con los proveedores cuestionados responden a preceptos legales y principios de buena fe y a usos y costumbres propios de la comercialización de granos, teniendo recaudos al momento de concretarse las operaciones, verificando la viabilidad de la operación (RG 1394), las cuales fueron documentadas y registradas.
La actora se agravia de que en ningún momento se le permitió ofrecer y producir pruebas que acrediten la veracidad de las operaciones cuya impugnación motiva el ajuste impositivo que se apela y demostrar con ello la realidad económica de los hechos verificados.
La actora indica que se advierta también la trascendencia del presente planteo desde que, el acto administrativo que en definitiva se cuestiona, no solo determina cuantiosas obligaciones tributarias sino que impone también a la recurrente una gravosa sanción de multa en los términos del art. 46 de la Ley 11.683, sanción que requiere para su configuración la verificación del dolo en la conducta reprimida, encontrándose en juego, nada menos que el oportuno respeto de la presunción constitucional de inocencia.
En último término, también reclama la nulidad de lo actuado en sede administrativa porque, además de violentar elementales normas formales o de rito, las ajustes impositivos y las sanciones que se aplican no resultan conciliables con el derecho vigente, presentan notorios defectos de causa y motivación que tergiversan, al mismo tiempo, la finalidad determinativa y punitiva que dicha sede debe resguardar, en tanto se reclaman obligaciones que se encuentran legalmente prescriptas, se efectúan ajustes que carecen de respaldo normativo y que en modo alguno reflejan la realidad económica dela explotación fiscalizada y por último, se sanciona a la firma por una infracción que no se tipifica, material ni subjetivamente.
Expone los argumentos de hecho y de derecho y finalmente, ofrece prueba documental, informativa y pericial contable, hace reserva de caso federal y solicita hacer lugar al presente recurso declarando prescriptas las obligaciones y sanciones establecidas, en subsidio de ello declare la nulidad o en su caso, revoque la resolución, con costas.
II. El Fisco Nacional a fs. 486/505 contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
El Fisco manifiesta que la actora se agravia por prescripción de las obligaciones tributarias por los períodos involucrados en el proceso determinativo, por entender que los períodos del 01/2003 al 06/2006 se encuentran prescriptos, por haber transcurrido en exceso el plazo de 5 años, entendiendo que la prescripción habría operado el 31/12/2012.-
En atención al planteo de prescripción el Fisco Nacional realiza un detalle de los hechos y fechas acaecidos en autos, y del término de prescripción que ha corrido en cada hecho suspensivo o interruptivo de la prescripción. Manifiesta que en atención a la resolución judicial que paraliza la fiscalización es del 26/02/2013, a partir de lo cual a esa fecha corrieron 4 años, 2 meses y 26 días contando un año más por la Ley 26.476 de moratoria, concluye que restan entonces 10 meses y dos días.
Indica que el fallo de Corte de fecha 26/02/2013 deja sin efecto la medida cautelar y autoriza la fiscalización; siendo la fecha de notificación el 11/03/2013.
Con respecto a los 90 días del art. 68 de la Ley 11.683 (t.v.) vencerían el 19/07/2013.
Expone que aplicando el resto de prescripción de 10 meses y 2 días, el cumplimiento del plazo de prescripción sería el 21/05/2014 para los períodos fiscales 01/2003 a 06/2006, para el período fiscal 12/2004 la fecha sería el 21/05/2015 y para el periodo fiscal 01/2006 la fecha sería el 21/05/2016, siendo estos últimos períodos los que arrojan deuda a favor del Fisco.- Por ello sostiene que en autos no ha operado la prescripción, y las deudas son exigibles y en consecuencia se deberá rechazar la excepción interpuesta como de previo y especial pronunciamiento, con costas.-
En atención al planteo de la excepción de nulidad, manifiesta que la misma es improcedente, toda vez que el agente José Daniel Dendarys, abogado T° 65 F° 587 CSJN, legajo N° 34.609/45, es agente notificador de la AFIP, y se encuentra facultado para realizar notificaciones en los términos del Art. 100 inc. e) de la ley 11.683, ello en virtud de la Disposición 187/13 (DGI) de fecha 29/08/2013, la cual lo designa en tal carácter. Por lo expuesto el agente, se hallaba facultado para realizar la notificación cuestionada. -
El Fisco indica que, si bien el recurso no es claro en cuanto a la contundencia de su pedido, refiere una "posible nulidad atento la errónea notificación de la vista y la resolución determinativa”, sosteniendo además que en el caso existe un "manifiesto desapego al debido proceso y el derecho de defensa en juicio". No solicita que la insinuada nulidad sea tratada como de previo y especial pronunciamiento.
No obstante, lo expuesto, el Fisco considera necesario realizar algunas aclaraciones que despejen totalmente cualquier sospecha de la pretendida nulidad que pueda afectar al acto en crisis.
En efecto, indica que en el caso no solo se han merituado correctamente las circunstancias que confluyeron en la imposición del ajuste sub examine sino que el mismo cuenta con el correspondiente fundamento y motivación, corolario de un proceso ajustado a derecho.
Sostiene que el ajuste practicado reconoce su origen en sólidos argumentos fácticos y normativos que actúan de basamento para la valoración de su existencia. Bastará para ello dar cuenta que la resolución apelada, establece los hechos, los desarrolla y fundamenta acabadamente de modo que por sí misma resulta eficaz para justificar el criterio fiscal y refutar los agravios esbozados, razón por la cual los considerandos se dan por reproducidos como parte integrante del recurso.
Menciona que el acto administrativo es sin duda, una de las instituciones más importantes. Su importancia tributaria no puede ponerse en duda ya que el Organismo recaudador se expresa mediante el dictado de actos administrativos, en ejercicio de sus potestades de gestión tributaria que la Ley 11.683 le confiere. Resulta relevante destacar que el art. 7° de la L.P.A. es el que establece los elementos esenciales del acto administrativo y que condiciona su validez y eficacia, a saber: competencia, causa, objeto, forma, motivación y finalidad. Destaca que la ley de rito fiscal no contempla en su articulado la figura de nulidad, por lo que de conformidad con su art. 116 deviene aplicable supletoriamente la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y sus modificaciones.
La citada normativa en su art. 14 incs. a) y b) ofrece un detalle taxativo de los casos que originan la nulidad del acto administrativo, los cuales se dan por reproducidos en mérito a la brevedad.
Que en vista de tales causales, corresponde merituar si los hechos y el derecho explicitado en el acto cuestionado presuponen su encuadramiento en la norma aludida.
Al desarrollar los cargos de la vista se han identificado precisa e inequívocamente todos los aspectos que le dieron origen, asimismo el responsable tuvo acceso a los elementos fundantes de los mismos.
Que, lo expresado viene a confirmar que el acto administrativo no se halla viciado en los términos previstos en el art. 14 de la L.P.A., considerándolo palmariamente legítimo.
A mayor abundamiento, cabe señalar que la citada norma dispone en forma taxativa y restringida los supuestos de nulidad absoluta e insanable, no encuadrando la petición de la actora en ninguno de los incisos del mencionado artículo. Al respecto, el art. 14 preceptúa que la nulidad procede en la medida que "la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agentes; o por simulación absoluta", o "..cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado...", " ....falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado". Circunstancias las detalladas que no se verifican en autos.
Indica que el art. 7 de la L.P.A. por su parte, enumera los requisitos esenciales del acto administrativo. El inc. b) de dicho artículo, se refiere a la causa del acto y el inc. e) a la motivación.
Ahora bien, en respuesta a los agravios formulados por la parte actora, rechaza su "insinuada" nulidad, ya que el acto en cuestión se ha dictado efectuando una clara y amplia descripción tanto analítica como numérica de los hechos y circunstancias tenidas en cuenta para producirlo, lo que ha permitido que el accionante ejerciera sin restricciones su derecho de defensa.
Manifiesta que la parte actora ha tenido a su disposición la totalidad de las actuaciones administrativas desde el momento mismo del inicio de su verificación. Es así que la actora tuvo acceso al debido proceso adjetivo. En tal sentido pudo, y así lo hizo, ejercer en todo momento su derecho de defensa, tomar vista de las actuaciones en diversas oportunidades, solicitar prórroga para responder a la vista, la que le fue concedida, extraer cada vez que lo solicitó, las fotocopias que estimó necesarias para responder los cargos del Fisco.
En mérito de lo expresado no cabe más que colegir que el acto cuestionado cumplimenta lo requerido por la L.P.A. en el inciso b) de su art. 7, el cual dispone que todo acto administrativo: "Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable". Debe entenderse por causa, la serie de antecedentes de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto.
Indica que la determinación de la deuda del contribuyente no está ligada a un criterio discrecional del Fisco, sino que ella está sustentada en la debida fundamentación, exponiendo con claridad los motivos por los cuales se sustentan los cargos formulados y los artículos infringidos de la ley de procedimiento tributario. Manifiesta que no se está en presencia de un acto carente de causa por no existir o ser falsos los hechos invocados en el mismo, sino por el contrario, el reclamo operó con fundamento en los hechos verificados por este Organismo a través de sus funcionarios y en el derecho vigente y aplicable al caso de marras.
En consecuencia, el acto no presenta vicio alguno y de él surge en forma indubitable, que contiene todos los elementos esenciales establecidos por la legislación vigente para considerarse un acto administrativo que preserva el principio del debido derecho adjetivo, con el único fin de propender a la "verdad material de los hechos". Respecto de la supuesta afectación de la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio y de las reglas del debido proceso, cabe manifestar que del cotejo de las actuaciones administrativas no se vislumbra en qué medida la recurrente ha visto menoscabada dichas garantías, ello si se tiene en cuenta que ha podido presentar su descargo en tiempo y forma, ofreció prueba y pudo presentar sin inconveniente alguno el recurso de apelación ante esta instancia jurisdiccional, exponiendo los argumentos que hacen a su derecho, por lo que el agravio formulado carece de sustento para fundar el planteo de nulidad.
A igual conclusión se arriba respecto de los agravios formulados sobre la falta de motivación de la resolución recurrida, ya que de los términos de la misma surgen las circunstancias de hecho y las normas en las cuales se basó para practicar el ajuste cuestionado, con lo que si bien no concuerda la actora con el mismo, esta discrepancia, no otorga sustento a la defensa planteada, toda vez que la apreciación de las circunstancias efectuadas por mi mandante es un elemento subjetivo cuya valoración puede o no compartirse, lo que eventualmente dará lugar a la revocación o no del acto apelado, pero nunca puede dar lugar a su anulación. En definitiva, el apelante discrepa con el ajuste practicado, lo que no constituye una cuestión que afecte la validez del acto, sino que integra el fondo mismo de la cuestión que se está debatiendo, encontrándose en la especie frente a un típico caso de "nulidad por la nulidad misma", tratado reiteradamente por la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal y Cámaras de Apelaciones.
Cabe recordar además que la presunción de legitimidad que caracteriza a los actos provenientes de la Administración Pública sólo puede ser destruida con elementos de prueba idóneos aportados por aquél que cuestiona el contenido de la resolución que lo afecta. En las presentes actuaciones, del control realizado por los agentes del Organismo fiscal se constataron que las operaciones presuntamente efectuadas por los proveedores cuestionados no reúnen los requisitos para ser consideradas veraces. A tal conclusión arriba la fiscalización luego del gran número de elementos recogidos durante la verificación efectuada. Todo ello generó un perjuicio concreto al Fisco, siendo que dichas circunstancias no estuvieron ajenas al conocimiento del inspeccionado, quien no arrimó durante la fiscalización a elementos de prueba que tuvieran el sustento requerido para dejar sin efecto el ajuste aquí en discusión.
En orden a las razones que expone, se opone a la prueba ofrecida, hace reserva del caso federal y pide se confirme la resolución apelada, con costas a la parte actora.
III. Que, a fs. 506 se difirió el tratamiento de las excepciones de prescripción y nulidad opuestas por la parte actora al momento de resolver el fondo de la presente causa.
A fs. 516 se ordenó la apertura a prueba de la presente causa, haciendo lugar a la prueba informativa y pericial contable propuesta por la actora.
A fs. 536/539 se acompañó el informe pericial contable. A su vez, a fs. 544/566 y 567/567vta se encuentra agregada la contestación de oficio dirigido al Juzgado Federal de Villa María.
A fs. 598/598vta este Tribunal declara a la parte actora en rebeldía.
A fs 604 se clausura el período probatorio y se elevan las presentes actuaciones a la Sala “B”. A fs. 606 se ponen los autos para alegar, haciéndolo solamente el Fisco Nacional, cuyos alegatos obran producidos a fs. 609/613vta. Finalmente, a fs. 616 se llamaron los autos para sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En primer lugar, por lógica precedencia cabe pronunciarse sobre el planteo de prescripción articulado por la actora.
Sobre el particular, cabe indicar que el procedimiento de fiscalización originario fue dejado en suspenso a partir del dictado de la medida cautelar, en el marco de una acción declarativa de certeza presentada por la contribuyente, la que con fecha 21/08/2007 fue acogida por el Juez Federal de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, en los siguientes términos: “… Acoger favorablemente la medida cautelar impetrada por la empresa TEX ARGENTINA S.R.L., en contra del Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, representados en la figura de la Dirección General Impositiva dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Consecuentemente, se ordena al fisco se abstenga de reclamar suma de tributo por aplicación del accionar impugnado. Especialmente, que la A.F.I.P. (DGI) se abstenga de realizar cualquier acción administrativa y, suspenda aquéllas que estuviere realizando mediante la inspección cuestionada en la acción, y de cualquier tipo de reclamo administrativo y/o judicial, con relación al Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2.003 y 2.004; y, en relación al IVA por los períodos de enero de 2.003 a septiembre de 2.005, ambos inclusive, hasta tanto recaiga resolución definitiva en la presente causa. Teniendo presente la reserva de ampliación de esta medida a otros períodos, anteriores o posteriores.”- (vide fs.54/62) Asimismo, la sentencia de fecha 15/09/2009 de la Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial de Córdoba rechaza el recurso de apelación interpuesto por la AFIP y confirma la procedencia de la medida cautelar dictada con fecha 21/08/2007 (vide fs.63/64vta)
Que por otra parte, mediante la Sentencia del Juzgado Federal de Bell Ville de fecha 03/02/2011 se resolvió hacer lugar a la acción declarativa de certeza interpuesta contra el Estado Nacional y AFIP por cuanto, en lo que respecta a la inspección, entendió que la actuación de aquella excedió el marco legal y la legislación tributaria ( vide fs.65/69).
Finalmente mediante la sentencia de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial de Córdoba de fecha 13/09/2011 se resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la AFIP y revocar la Resolución N° 82/2011 de fecha 03/02/2011 y con ello la medida cautelar oportunamente concedida, concluyendo que juzgaba oportuno que el organismo recaudador continúe con sus tareas fiscalizadoras y una vez obtenido el resultado de las mismas, de no ser conformado lo actuado, inicie el procedimiento de determinación de oficio prescripto por los artículos 16 y 17 de la Ley N° 11.683, permitiendo de este modo a la firma TEX recurrir la resolución determinativa por las vías previstas en el art. 76 del mismo cuerpo normativo. (vide fs.70/73vta)
Por último, la sentencia de fecha 26/02/2013 dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve que el recurso extraordinario no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (artículo 14 de la Ley 48), desestimándolo, con costas. (vide fs.74)
V. Para un mejor análisis corresponde en primer término resaltar la normativa aplicable en el caso particular. Así, cabe mencionar, que el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Tributario dispone que “Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben: a) Por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos...”.
Asimismo, el artículo 57 de la misma ley establece que “Comenzará a correr el término de la prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen”.
Al respecto, la ley N° 26.476 (B.O. 24/12/2008), en su artículo 44 estableció la suspensión con carácter general por el término de un (01) año del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos.
Acerca de esto último, el Máximo Tribunal tuvo ocasión de expedirse en el precedente “Distribuidora El Plata SRL”, en donde consideró que, en tanto el artículo 49 de la ley 23.495 disponía la suspensión del curso de la prescripción “con carácter general”, la misma alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes. Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re “AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15–, en donde, en relación con el artículo 44 de la ley 26.476 –que aquí incumbe–, se hizo referencia a la aplicación literal del precepto.
Que señalado ello, asimismo cabe considerar la aplicación a la especie del artículo 3980 del Código Civil, que luego de la reforma de la Ley N° 17.711, establece: “Cuando en razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses”. “Si el acreedor no hubiere deducido demanda interruptiva de la prescripción por maniobras dolosas del deudor, tendientes a postergar aquélla, los jueces podrán aplicar lo dispuesto en este artículo.”
En cuanto a la dispensa por imposibilidad de obrar la doctrina entiende: “No se trata de un caso de suspensión de la prescripción, por cuanto ésta se produce ipso iure por una causa legal, cuya existencia el juez sólo se limita a comprobar, sino de una dispensa que el juez puede conceder en virtud de una imposibilidad grave de obrar. Este impedimento no detiene el curso de la prescripción cumplida, sólo extiende el plazo para interponer la acción por el término de tres meses. La doctrina que establecía que la imposibilidad de hecho debía consistir en un acontecimiento grave de carácter general -una catástrofe meteorológica, una epidemia, etc.,- fue modificada por la jurisprudencia, que extendió dicho concepto a situaciones propias del individuo, no solo de situaciones de hecho, sino también de derecho. La imposibilidad de obrar puede ser anterior al nacimiento de la acción o sobreviniente, pero ella debe existir en el momento de vencerse el plazo, toda vez que la ley refiere a la prescripción cumplida durante el impedimento (BORDA, G.A., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, t. II, ps. 32/3, SPOTA, A.J., Tratado de Derecho Civil, t. I, Parte General, Vol. 3.8, ps. 324/6)”, extractado de Santos Cifuentes, Código Civil Comentado y Anotado, Tomo III, ps. 633/634.
Asimismo, cabe destacar que la Sala III de la CNACAF en la causa “Beltop S.A. Del 29/05/2014, expresó: “…cabe comenzar por recordar que el citado artículo 3980 del Código Civil no importa supuesto de suspensión alguno, sino que establece el instituto de la dispensa de la prescripción cumplida, el cual es de interpretación restrictiva, razón por la que la facultad que se le confiere a los jueces debe ser ejercida con la máxima prudencia (CSJN: Fallos: 313:173 y 334:62).”
“Puntualmente, la norma autoriza a los jueces a liberar de las consecuencias de una prescripción cumplida cuando en razón de dificultades o imposibilidad de hecho se hubiera impedido temporalmente el ejercicio de una acción, siempre que el interesado hiciera valer sus derechos en el plazo de tres meses contados a partir de la cesación de tal impedimento (conf. esta Sala, Causa 14.846/96, in re "Larrabeiti Yañez Anatole Alejandro y Otro c/ Estado Nacional s/ proceso de Conocimiento", del 4/11/04).”
Sobre el particular la CNACAF, Sala II, en una cuestión similar a la discutida en estos autos, donde expusiera el 5/09/2013 en la causa “La Lluvia S.A.”: “Sobre la interpretación que cabe otorgar al artículo mencionado, esta Cámara ha entendido que "[l]as circunstancias que autorizan la suspensión del plazo de caducidad, son las mismas a las que se refiere el art. 3980 del C.C. para la prescripción cumplida a quien se haya impedido temporalmente el ejercicio de una acción, en razón de dificultades o imposibilidad de hecho. Ella sólo resulta procedente ante impedimentos imprevisibles o insuperables, cuya apreciación debe ser juzgada con el mismo criterio que se utiliza para tener por configurada la fuerza mayor (Cám. Civil, Sala L, 'Varone, José V. с/ Romolo Laura A.M. s/ sucesión-escrituración", del 24/4/97)" -cfr. CNCAF, Sala I, in re "Galiana Enrique - Beneficio Litigar sin gastos y otros c/ B.C.R.A. -Resol. 155/00 (expte. 100.183/97 Sum Fin 921)", expte. 13.018/01, del 25/9/03-.”
En otros de sus párrafos el mencionado fallo expresa: “También el Alto Tribunal ha sostenido el carácter excepcional de la dispensa, así como el perentorio del plazo establecido por el art. 3980, al señalar que "[e]l instituto de la dispensa de la prescripción por reglar situaciones de carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y la facultad conferida a los jueces (art. 3980 del Código Civil) debe ser ejercida con la máxima prudencia, debiendo ponderarse las 'dificultades o imposibilidades de hecho' con relación a la persona misma del demandante (Fallos: 314:862; ver asimismo, Fallos: 313:173)”
“…Se desprende de lo hasta aquí expuesto, en síntesis, que la norma del art. 3980 prevé, para los casos en que el acreedor se ha visto impedido de ejercer su acción, la dispensa de la prescripción cumplida durante tal impedimento. Y es el juez de la causa quien tiene la facultad -que debe ser ejercida con suma prudencia- de otorgar dicha dispensa, prevista para casos excepcionales y siempre que el mencionado acreedor hiciera valer sus derechos dentro del término de tres meses.”
Reseñados los fallos y la doctrina respecto de la materia, surge en claro que la norma bajo análisis no establece un plazo de suspensión de la prescripción como pretende argumentar el Fisco Nacional. Más aún, cabe destacar que, tal como expresara la Alzada, Sala I, en la causa 67830/2015 “DURAN, JUAN BAUTISTA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/Recurso directo de organismo externo” si bien es cierto que en virtud de la medida cautelar ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia el organismo recaudador se vio imposibilitado de iniciar cualquier tipo de reclamo administrativo y/o judicial con relación a los conceptos del tributo que integran la cuestión de fondo, también es cierto que no es posible concluir, como aquél interpreta, que dicho impedimento sólo fue superado con la sentencia dictada por la Corte Suprema que puso fin a la cuestión controvertida. Ello así, la Cámara señala “En efecto, resulta de cardinal importancia señalar que las medidas cautelares tienen, ante todo, carácter provisional (Fallos: 327:5068). Es decir que subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron, conforme con lo dispuesto en el art. 202 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Dado, pues, que las medidas cautelares constituyen un anticipo de la garantía jurisdiccional, y se hallan encaminadas a asegurar el resultado práctico de otro proceso, parece claro, que aquéllas caducan con motivo de la sentencia que, en ese proceso, desestima la pretensión deducida por quien las obtuvo (Lino Enrique Palacio, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Ed. Abeledo-Perrot, 18ª edición, Buenos Aires 2004, pág. 773). Por lo tanto, en atención de lo hasta aquí expuesto, es dable inferir que con el dictado de la sentencia de fecha 4 de mayo de 2007 por parte de la Cámara Federal de Córdoba, que revocó el decisorio del juez a quo y, en consecuencia, rechazó la acción impetrada por la parte actora, desapareció todo obstáculo para que el Fisco Nacional ejerciera las facultades que la ley de procedimiento tributario le otorga a fin de determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por esa ley. Es que no puede dudarse que con la resolución de la Cámara Federal, que concluyó que no le asistía derecho al contribuyente en cuanto a la pretensión de fondo incoada, la medida cautelar perdió eficacia al desaparecer el sustento que legitimaba su vigencia, la verosimilitud del derecho”.
VI. Que ello así lo expuesto en autos y respecto del I.V.A. por los periodos fiscales 01-11/2003 la prescripción hubiera ocurrido el 01/01/2009, por 12/03 -11/04 la prescripción hubiera ocurrido el 01/01/2010, por 12/04-11/05 la prescripción hubiera ocurrido el 01/01/2011 y por 12/05-06/06 la prescripción hubiera ocurrido el 01/01/2012. A su vez, por aplicación del art. 44 de la Ley N°26.476, se extiende la prescripción un año más en cada caso. A partir de ello, al momento de la emisión de la resolución las facultades del Fisco se encontraban prescriptas por los periodos fiscales de 10/2005 a 06/2006, los cuales resultan ajenos a la medida cautelar. Cabe indicar que aun cuando el Fisco pudo haber considerado que estos periodos fiscales eran posteriores y con posibles derivaciones de aquellos incluidos en la medida cautelar, por lo que merecían un análisis conjunto, lo cierto es que, conforme se expondrá seguidamente, también estaban prescriptos al momento de emisión del acto recurrido. Con respecto a los periodos fiscales 01/2003 a 09/2005 (incluidos en tal medida cautelar) en el análisis de la prescripción, el Fisco Nacional se encontraba obligado a iniciar las acciones dentro del plazo de tres meses consagrado en el artículo 3980 del Código Civil, estableciendo el dictamen, en la parte que aquí interesa lo siguiente: “En los casos de medidas cautelares que ordenen al Organismo abstenerse de ejercer sus facultades legales de fiscalización y/o determinación, el plazo de prescripción de las acciones y poderes del Fisco para la determinación de los tributos se encontrará suspendido por aplicación del principio “agere non valenti non currit prescripto”, citado en el artículo 3980, Código Civil y su nota, y cuya procedencia es admitida por la jurisprudencia para casos en que existiere imposibilidad jurídica de obrar.”
“No obstante, ante hipotéticos y futuros planteos de prescripción que se pudieren llegar a formular, redundaría en una mejor defensa de los intereses del Fisco la invocación del artículo 3980 del Código Civil, de manera subsidiaria a la referencia que se haga al principio de derecho “supra” mencionado.”
“Por la misma razón, sin perjuicio de que, en rigor de verdad, no se estaría ante casos de dispensa de la prescripción corrida como los que regula el artículo 3980 del Código Civil, sino de suspensión de la prescripción lisa y llana, resultaría aconsejable que, la acción por la que corresponda hacer valer del derecho del Fisco al cobro de que se adeude y a la aplicación de sanciones, se concrete dentro del término de tres meses desde el momento de la cesación del impedimento -es decir del levantamiento de la cautelar- con el objeto de hacer, eventualmente, salvaguarda de la aplicación al caso de lo dispuesto por el Código Civil en su artículo 3980.” En virtud de todo lo expuesto, no cabe más que concluir que las acciones y poderes del Fisco también se encontraban prescriptos al momento de emitir el acto determinativo.
Recordando que la Resolución N° 24/14 (DV RRCU) recurrida en autos fue dictada con fecha 21/04/2014, es que corresponde hacer lugar al planteo de prescripción esgrimido por la actora, imponiendo las costas al Fisco Nacional.
Por la forma en que se resuelve, resulta inoficioso tratar la nulidad y los restantes agravios que plantea la actora sobre el fondo de la cuestión.
VII. Que, así lo expuesto corresponde hacer lugar a las excepciones de prescripción opuestas por la actora respecto de los períodos fiscales cuestionados, con costas y establecer que de acuerdo con la forma en que se resuelve la presente deviene abstracto el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en la causa.
Por ello, SE RESUELVE:
Declarar la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago del impuesto, intereses y multa discutidos en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.06.10 19:05:31 ART Date: 2024.06.10 19:47:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.10 21:43:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.10 21:45:05 -03:00
Fin de la sentencia