Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 46.172-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional respecto del IVA, conforme lo dispuesto en el Considerando VII, con costas.
2Confirmar los ajustes impositivos tratados en el Considerando VIII y sus accesorios, con costas.
3Confirmar parcialmente las sanciones aplicadas, reduciéndolas a su mínimos legal, de acuerdo a lo dispuesto en el Considerando X. Las costas se imponen en virtud de sus respectivos vencimientos, salvo en la proporción en que se reducen, aspecto éste en que se establecen por su orden.
4Ordenar a la ARCA-DGI que, en el plazo de treinta (30) días, practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
I.-Que a fs. 67/93 y 238/264vta, se presenta la contribuyente e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nº 497/2015 y 498/2015 (DV RRME) de fecha 22/12/2015, dictadas por el Jefe (int.) de la Sección Determinación de Oficio de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la DGI. En la Resolución N°497/2015, se determinó de oficio en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por los periodos fiscales 07/2008 a 06/2009 y 03 a 06/2010, la suma de $343.747,51; con más intereses resarcitorios por $ 721.596,55; y se aplicó una multa por los periodos fiscales 07/2008 a 06/2009 por $154.075,70 equivalente al 70% del impuesto omitido, conforme lo dispuesto en el art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y por los periodos fiscales 03 a 06/2010 por $370.918,11, equivalente a tres tantos del impuesto omitido, conforme lo dispuesto en el art. 46 y 47 inc. a) de la ley de rito fiscal.
Por otra parte, a través de la Resolución N°498/2015 se determinó de oficio en concepto de Impuesto a las Ganancias, por los períodos fiscales 2009 y 2010, la suma de $882.004,31 para el período fiscal 2009 y $ 422.298,58 para el período fiscal 2010; con más intereses resarcitorios por $ 2.581.164,62; y se aplicó una multa por el período fiscal 2009 de $617.403,02 equivalente al 70 % del impuesto omitido, conforme lo dispuesto en el art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y por el período fiscal 2010 se formuló reserva, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 24.769.
La actora opone, como de previo y especial pronunciamiento, la excepción de prescripción y sostiene que los periodos fiscales de 07/2008 a 06/2009 en el Impuesto al Valor Agregado y el período fiscal 2009 en el Impuesto a las Ganancias se encontraban prescriptos, argumentando que la notificación de las vistas se realizaron con fecha 22/12/2015 y que no procede la suspensión de plazos establecida en los artículos 44 y 17 de las leyes 26.476 y 26.860 respectivamente, porque entiende que estas normas solo aplican a quienes se acogen a los regímenes de regularización tributaria, lo cual no es el caso.
Manifiesta la improcedencia de los ajustes practicados. En primer lugar, indica que, con respecto a la venta a Frigorífico Rioplatense SAICIF, el Fisco no aportó pruebas suficientes de tal operación.
En segundo lugar, expone que los depósitos realizados en los periodos cuestionados, en las cuentas bancarias de los Bancos Patagonia y Supervielle, corresponden a la negociación de cheques de terceros o también conocidos como "cheques de favor", y no a ventas o mutuos onerosos, y argumenta que esta operatoria es una práctica comercial habitual para obtener liquidez.
Se opone al encuadre que hace el Fisco de los préstamos de dinero como operaciones onerosas, argumentando que el artículo 1527 del Código Civil y Comercial no es aplicable considerando la época de celebración de las operaciones, dado que en ese entonces regía la presunción de gratuidad.
En tercer lugar, manifiesta no haber realizado la venta de 3.994 cabezas de ganado a Incomer SRL el 27/03/2010, alegando que la operación fue con Laboratorios del Sur SRL, pero que no se concretó por problemas con las garantías.
Al respecto, indica que la consignataria Ganadera del Sur SRL incluyó erróneamente a Incomer SRL como comprador, por esa razón se aportaron informes del SENASA que demuestran que no hubo movimiento de ganado.
Manifiesta que la aplicación de sanciones por infracción en base a los artículos 46 y 47 de la Ley 11.683 es improcedente, ya que no se ha demostrado la existencia del elemento subjetivo. También cuestiona el uso de presunciones para aplicar las multas, argumentando que la aplicación del art. 47 invierten la carga de la prueba, entendiendo que es el Fisco quien debe probar el dolo. Por último, considera que la sanción del artículo 46 no puede ser aplicada junto con la presunción del artículo 47.
En relación a la liquidación de intereses, la actora solicita que se la deje sin efecto, ya que se originan en operaciones presuntas que nunca existieron y que, al no existir impuesto por pagar, no corresponde los mismos. Finalmente, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, ofrece prueba documental, informativa, pericial contable, pericial agrónoma y por último, formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Que a fs. 135/152vta y 303/320vta se presenta el Fisco Nacional y contesta los recursos interpuestos por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos.
Indica que, a raíz de la verificación practicada, se observó que en los periodos fiscales 07/2008 a 06/2009, el total de acreditaciones bancarias depuradas fue superior al monto de las ventas netas declaradas por la responsable en dichos periodos fiscales.
Tal diferencia ascendería a $2.722.556,92, constituyendo -con fundamento en el artículo 18, primer párrafo, de la ley procedimental- ventas omitidas en los periodos fiscales mencionados.
Por otra parte, el Fisco informa que constató que en el periodo fiscal 07/2008 la responsable omitió declarar una operación realizada con Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F., por la suma de $ 23.184,32, correspondiente a la venta de hacienda, según comprobante de liquidación N° 0001-A-00023361 de fecha 31/07/2008, oportunamente aportado, en virtud de la circularización efectuada a dicha sociedad.
Asimismo, se verificó, en función de la información obtenida de Ganadera del Sur S.R.L., cuya actividad es el remate en feria de ganado bovino, que con fecha 27/03/2010 la actora efectuó operaciones de venta de ganado bovino a Incomer S.R.L., según consta en Liquidaciones N° 0002-00008277, 0002-00008278 y 0002-00008279. Con respecto al planteo de prescripción, la representación fiscal argumenta que las suspensiones de los plazos de prescripción establecidas por las Leyes 26.476 y 26.860 son de carácter general y aplican a todos los contribuyentes, no solo a aquellos que se acogieron a los regímenes de regularización. Además, señala que la notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio suspende el curso de la prescripción por 120 días, según el artículo 65.1 de la Ley 11.683, por ende, el plazo de prescripción no se encontraba cumplido. Con respecto a los cuestionamientos que efectúa la recurrente, el Fisco expone los argumentos por los cuales considera que resultan procedentes los ajustes practicados. En primer lugar, la venta a Frigorífico Rioplatense fue evidenciada por el propio frigorífico, el cual aportó el comprobante correspondiente.
En segundo lugar, el Fisco señala que la empresa no presentó documentación que respalde que el exceso de los depósitos en las cuentas bancarias no son ventas de ganado, sino que aquella sostiene que se deben a "cheques de favor" y concluye, por lo tanto, que tales diferencias bancarias constituyen ingresos por ventas omitidas. En tercer lugar, el Fisco presenta documentación de la feria Ganadera del Sur SRL que respalda la venta realizada por la contribuyente a Incomer SRL, incluyendo facturas y liquidaciones y además informa que la última mencionada computó el crédito fiscal de estas operaciones.
El Fisco, en relación a las sanciones aplicadas en el Impuesto a las Ganancias, explica que para el período fiscal 2009, se tipificó en el artículo 45 de la Ley 11.683, por omisión de impuestos mediante declaraciones juradas inexactas. En el Impuesto al Valor Agregado para los períodos fiscales de 07/2008 a 06/2009 y 03 a 06/2010, la conducta se encuadra en los artículos 45 y 46, y el art. 47 inc. a) de la ley de rito, respectivamente. El Fisco destaca que la carga de la prueba recae sobre el contribuyente, para desvirtuar las determinaciones de oficio y que la prueba ofrecida en esta instancia es extemporánea y no fue presentada en sede administrativa. En relación a la prueba documental ya se encuentra incorporada en los antecedentes administrativos. El Fisco explica que los intereses resarcitorios se aplican por la falta de pago de los gravámenes y tienen carácter resarcitorio, no penal.
Finalmente, acompaña los antecedentes administrativos y se opone a la prueba informativa, la pericial contable y la prueba pericial técnica. Cita jurisprudencia aplicable al caso. Hace reserva de la cuestión federal y solicita se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas a la actora.
III. Que a fs. 322 se resuelve tratar la excepción de prescripción con el fondo. A fs 339, luce la sentencia de acumulación del Expte. N° 46.172-I a las presentes actuaciones.
IV. Que, a fs. 341 se abrió a prueba la presente causa, haciendo lugar a las pruebas informativa, contable y técnica ofrecidas por la recurrente.
Que en atención a la prueba informativa se encuentran agregadas las contestaciones de los oficios dirigidos a la policía de Villa Mercedes- Provincia de San Luis a fs. 375, a Ganadera del Sur a fs. 380/404, al Banco Patagonia a fs. 416/608, al Canal Rural a fs. 633, al Centro Ganadero de San Luis a fs. 637/639, y a SENASA a fs. 643/645vta.
A fs. 369/373 luce agregado el informe pericial contable y a fs. 627/632 luce agregado el informe pericial de los ingenieros agrónomos.
Por ello, a fs. 666 se clausura el período probatorio en la causa y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “B”.
A fs. 671 se pusieron las presentas actuaciones a alegar. A fs. 679/682 obra agregado el alegato producido por el Fisco Nacional, no habiendo hecho uso la actora del derecho que le asistía.
Finalmente, a fs. 684 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
V. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la Litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Conforme surge del informe final de inspección, la recurrente tiene como actividad principal la cría de ganado bovino y el cierre del ejercicio es 30/06.
En los periodos fiscales 07/2008 a 06/2009, los fiscalizadores determinaron una diferencia de las acreditaciones bancarias respecto de las ventas declaradas de $2.722.566,92, concluyendo que se originaría en ventas omitidas, conforme el art. 18, primer párrafo, de la ley de rito. La responsable manifiesta que dicha diferencia se debe fundamentalmente a la negociación de cheques prestados de terceros, no originados como consecuencia de venta de hacienda. Dice que se trataría de “cheques de favor” y que esa práctica es de uso en todo el país. Según la recurrente, las empresas acuden a un mecanismo que consiste en recibir prestado un cheque de un tercero, entregándole a su vez un cheque propio (generalmente ambos de similar monto y fecha), obligándose recíprocamente a cubrir sus respectivos cheques emitidos y prestados. De esta forma, cada una descuenta, en los bancos con los que trabajan normalmente, los cheques recibidos y obtiene dinero de inmediato, que es acreditado en dichas cuentas. Cuando llega el vencimiento cubren al banco con los ingresos por ventas o, en caso no haberlas realizado todavía, vuelven a intercambiar cheques. Esta operatoria, a pesar del costo financiero que ocasiona el descuento, soluciona la falta de dinero para trabajar, pero genera dos (o más) movimientos en la cuenta bancaria. Analizado lo expresado por la responsable, los inspectores consideraron que resulta necesario el respaldo documental para probar la veracidad de sus dichos y de esta forma poder imputar los mismos como préstamos. La contribuyente no habría aportado la documentación respaldatoria necesaria y suficiente que demuestre fehacientemente sus dichos, por ejemplo, los contratos de préstamos en los que se determinan el monto de los mismos, plazos o vencimientos de las obligaciones y la tasa de interés.
La fiscalización revisó el listado aportado por la responsable, bajo el título: "Cheques prestados a terceros y que fueron debitados en nuestra cuenta corriente y cubiertos por nosotros", que corre a fojas 105 del presente legajo de IVA. Se constató que algunos cheques que han sido debitados de la cuenta corriente bancaria de la sociedad - no la totalidad de los mismos- no tienen causa aparente, sin embargo, no se pueden imputar a amortizaciones de los préstamos invocados, porque no existe documentación respaldatoria (mutuos) de los mismos. Como han sido debitados de la cuenta corriente bancaria, se podría inferir también que son erogaciones por operaciones de compras o gastos necesarios para obtener y mantener la ganancia gravada.
Además, sostiene que el préstamo de dichos valores es una operación de mutuo, que también resulta ser comercial y conforme lo dispuesto por el art. 1527 del Código Civil y Comercial de la Nación el cual establece la presunción que el mutuo es un contrato oneroso, y la forma de acreditación de lo contrario no solo debe ser invocada, sino acreditada conforme la carga regular del onus probandi (reclamante tiene a su cargo la acreditación de los hechos que hacen a su derecho, o de los elementos que obstan a sus cargas).
Sostiene el Fisco que la circunstancia de haber incorporado un listado de cheques, sus montos y los titulares de la cuenta de los mismos, no acredita que dichos cheques hayan sido obtenidos mediante la operación de muto referenciada, sólo acredita quién es el emisor de los mismos, y al ser un instrumento abstracto que adquiere independencia de la causa que le dio origen, no es elemento probatorio alguno de su causa, por lo que mal puede él pretender demostrar un contrato de mutuo.
Por todo lo expuesto anteriormente, la fiscalización reafirma que las diferencias de las acreditaciones bancarias constituyen ventas omitidas provenientes de la actividad desarrollada por la sociedad.
Por ello, se incluyó la suma de $ 2.722.556,92 como ventas omitidas en el IVA (periodos fiscales 07/2008 al 06/2009) y en el Impuesto a las Ganancias (periodo fiscal 2009), no habiendo la fiscalizada aportado elementos objetivos que demuestren lo contrario.
También se determinaron ingresos no declarados por $ 23.184,32, correspondientes a la venta de hacienda según comprobante de liquidación N° 0001- A 00023361, de fecha 31-07-2008 conforme informa Frigorífico Rioplatense S.A.I.CI.F - CUIT: 30-54008029-8 en respuesta de la circularización efectuada a dicha sociedad. (fs. 234 a 236 y 862 AA-Informe Avance de Inspección legajo de Ganancias).
Se verificó que esta operación de venta ha sido informada en la base de Datos e-Fisco CITI-COMPRAS, por Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F - CUIT: 30-54008029-8. (fs. 732 del cuerpo IV del Impuesto a las Ganancias). Posteriormente, se constató que la liquidación mencionada en los párrafos anteriores no ha sido registrada en el libro de IVA-Ventas del mes de 07/2008 en el que se lee “sin movimiento”, (fs. 13 del Cuerpo 1 del Impuesto a las Ganancias y papel de trabajo a fs.849 del Cuerpo V del Impuesto a las ganancias). Verificada esta situación se procedió a imputar esta operación como una venta omitida en ambos gravámenes.
En el periodo fiscal 2010 se detectaron, a partir de información provista por la feria Ganadera del Sur S.R.L cuya actividad es el remate en feria del ganado bovino, tres operaciones de venta de la contribuyente a la firma Incomer S.R.L., efectuadas el día 27-03-2010, que no habrían sido registradas en el periodo, cuya suma asciende $1.144.882,38.-
Según la fiscalización, la documentación aportada por la responsable en esta instancia, no evidencia elementos contundentes para considerar que las liquidaciones en cuestión no son verdaderas, por lo que, a criterio de aquella, las mismas son veraces, con lo que el hecho imponible nace en el mismo momento de la emisión de las respectivas liquidaciones efectuadas por Ganadera del Sur S.R.L.
Se observa que las emisiones de las liquidaciones se efectuaron con el objeto de instrumentar y documentar las ventas de hacienda a Incomer S.R.L.
Al respecto, la feria Ganadera del Sur S.R.L, aporta mediante Multinota F.206/I facturas, recibos, Gastos y Cuenta Corriente Comercial (fs. 158 a 200 de Cuerpo 1 y fojas 201 a 233 del Cuerpo II, ambos del Impuesto a Ganancias).
Se compararon las fotocopias de las liquidaciones aportadas por la responsable con las enviadas por la feria Ganadera del Sur S.R.L resultando coincidentes (fs. 199, 200 y 201 y el Resumen de Cuenta a fs. 231 a 233 del Cuerpo N° II, del legajo de Ganancias).
Finalmente, una vez analizado el resumen de cuenta de Ganadera del Sur se constató que las liquidaciones están registradas con fecha 27/03/2010, y se observó, también en el mismo el registro otras operaciones de ventas, compras y recibos de pago desde 24/07/2008 hasta el 31/11/2010, lo que reforzó la existencia de las ventas que la contribuyente pretende negar.
Teniendo en cuenta la documentación que se aportó, la fiscalización concluye que las ventas existieron, por tal motivo se incrementa el importe de las ventas originariamente declarado en la magnitud de $1.144.882,38 en ambos gravámenes (papeles de Trabajo a fs. 82, 83, 162 a 165 del presente legajo de IVA).
Respecto a lo que manifiesta la contribuyente en el sentido de que la firma Incomer S.R.L. nunca hizo "uso del teórico crédito fiscal", cabe indicar que dicha manifestación no se condice con la declaración jurada rectificativa del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al periodo 03/2010 en la que dicha empresa imputa crédito fiscal por un importe de $ 269.006,42 y débito fiscal por $ 0,00.(fs. 134 del legajo de IVA.)
Lo mismo sucede a la declaración jurada de IVA del mes de 04/2010 que imputa debito fiscal por $ 0,00 y un crédito fiscal por $ 87.179,14. (fs. 141 del legajo de IVA.) Sumados los importes de los créditos fiscales mencionados, la suma asciende a $356.185,56.
Conforme las declaraciones juradas rectificativas presentadas por Incomer S.R.L. el 08/07/2010, del Impuesto al Valor Agregado, periodos 03 y 04/2010, dicha empresa ha hecho uso real del crédito fiscal.
Asimismo, se identificaron personas que tienen relación con las dos firmas (Incomer S.R.L., y Las praderas S.A.), lo que se verifica al analizar la información obtenida de la Base de Datos del Fisco: Court, Andrea Raquel es Presidente de Las Praderas S.A. y Cotitular de cuentas en Incomer S.R.L., Court, Eduardo Federico es cotitular de cuentas en ambas sociedades, y Peirone, Victor Hugo es contador de Las Praderas S.A. y accionista de Incomer S.R.L. (fs. 157 a 161 del presente legajo de IVA.)
Finalmente, con respecto al periodo fiscal 06/2010, se efectuó un análisis del Libro de IVA- Compras, con una muestra relevante de comprobantes seleccionados al azar y se verificó el cómputo significativo de comprobantes de gastos particulares imputados por la contribuyente que asciende a la suma de $ 16.316,75 con IVA por $ 3.426,72 (papel de trabajo adjunto a fs. 116 del Cuerpo: " Anexo Análisis de Proveedores informe avance de inspección a fs. 863 del legajo de GAN).
Teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo anterior se procede a disminuir la suma de en concepto de crédito fiscal, del importe declarado originariamente de $162.810,79 en su declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al mes de 06/2010, por no encontrarse vinculación con operaciones gravadas, conforme lo prescripto por el art. 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
Por el motivo expuesto anteriormente, el importe que corresponde computar por el concepto en cuestión es de $159.394,07. (papel de trabajo el que corre a fs. 91 a 93 del presente legajo de IVA, fs. N° 116 del Anexo de Proveedores en la cual se detalla el ajuste realizado).
Se concluye que, teniendo en cuenta los ajustes antes mencionados, se confeccionaron las declaraciones juradas rectificativas del IVA y del Impuesto a las Ganancias, que se discuten en estos autos.
VII. Que, en primer término, corresponde expedirse sobre la cuestión previa introducida por la parte actora, en tanto plantea prescripción de los poderes y facultades del fisco nacional para determinar el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 07/2008 a 06/2009 y para el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2009.
Para un mejor análisis, corresponde en primer término resaltar la normativa aplicable en el caso particular. Así, cabe mencionar, que el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Tributario dispone que “Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben: a) Por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos...”.
Asimismo, el artículo 57 de la misma ley establece que “Comenzará a correr el término de la prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen”.
En relación al Impuesto al Valor Agregado, por los periodos fiscales 07/2008 a 06/2009, cabe diferenciar los periodos fiscales 07/2008 a 11/2008 donde el cómputo del plazo de la prescripción se inicia el 01/01/2009 y para los periodos fiscales 12/2008 a 06/2009, el 01/01/2010.
Con respecto a la determinación en el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2009, considerando que el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del período fiscal operó en noviembre de 2009, el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2010.
Con respecto a la ley N° 26.476 publicada en el boletín oficial el 24/12/2008 no resulta aplicable en este caso, en razón de que el cómputo de la prescripción comenzó en fecha posterior, por ende, no se puede suspender un plazo que aún no empezó a correr.
Diferente es la situación respecto de la Ley N° 26.860 (art. 17) publicada con fecha 03/06/2013, la cual dispuso con carácter general la suspensión por un año del curso de la prescripción.
Al respecto, tiene dicho nuestro Máximo Tribunal que la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquél, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376).
Acerca de esto último, cabría adicionar que la misma cuestión ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 –que instauró un régimen de normalización impositiva y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “con carácter general por el término de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”– resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656).
Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el Máximo Tribunal in re “AFIP-DGI c/ Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15–, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Ello así, cabe concluir que la mencionada suspensión anual aplica al presente caso, por ser aquella de carácter general, no siendo condición para ello que el contribuyente hubiera adherido al régimen de blanqueo contenido en las respectivas leyes.
Considerando dicha suspensión anual, para los periodos fiscales cuyo plazo comenzó a correr el 01/01/2009, la prescripción habría operado 01/01/2015; en tanto que para los que inició el 01/01/2010, la prescripción se produjo el 01/01/2016.
En efecto, la vista corrida en los términos del art. 17 de la ley 11.683 relativa al IVA fue notificada el día 22/12/2014, por lo cual considerando los 120 días de suspensión a los que hace referencia el art 65 de la ley 11.683, las acciones y poderes del fisco para la determinación y cobro del gravamen mencionado por los periodos fiscales 07/2008 a 11/2008 estaban prescriptos respecto de la resolución relativa al IVA, que tiene fecha 22/12/2015. Por lo tanto, corresponde hacer lugar al planteo de prescripción esgrimido por la actora, imponiendo las costas al Fisco Nacional.
Por último, queda expedirse respecto de los periodos fiscales en IVA 12/2008 a 06/2009 y en el Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2009. En estos casos, el cómputo comenzó a correr el 01/01/2010. Posteriormente, se aplica la causal de suspensión con carácter general por el término de un (1) año dispuesta por la ley 26.860 a partir de su publicación en el Boletín Oficial el 03/06/2013.
Por ello, cabe concluir que, al momento de emitirse las resoluciones determinativas (22/12/2015), el Fisco Nacional contaba con las facultades para determinar de oficio los impuestos en cuestión, atento que las mismas hubieran fenecido el 01/01/2016. En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción planteada. Que toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re "Colorín- IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI" sentencia del 2 de Julio de 2013).
VIII. Que finalmente, corresponde analizar los ajustes por los periodos fiscales no prescriptos en relación a las acreditaciones bancarias detectadas que superan a los ingresos declarados y respecto de las supuestas ventas omitidas.
En primer lugar, atañe expedirse sobre los agravios formulados por la apelante respecto del método de estimación utilizado por el Fisco Nacional para determinar de oficio las obligaciones tributarias en crisis. Que ello así, en cuanto a la determinación de los impuestos en base a la diferencia de ingresos en comparación con las acreditaciones bancarias en virtud de la presunción establecida por el artículo 18 inciso g), cabe señalar que el legislador, ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93; criterio receptado por esta Sala in re “Aybar Luis Alberto” del 6/3/2014 y “Granos y Semillas” del 11/8/2016, entre otros).
Que toda determinación sobre base presunta debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que, “probabilísticamente”, se acerque más a la real magnitud del hecho imponible.
Que por otra parte, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. “Armotec SACIFIC”, TFN, Sala B, 10/02/1999 y mantenido por la actual conformación de la Sala in re “Granos y Semillas” y “Aybar Luis Alberto”, antes citados, entre otros).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996) y por estos juzgadores in re “Granos y Semillas” y “Aybar Luis Alberto”, ya citados, entre otros). Que las reglas contenidas en el artículo 18 de la ley 11683 (t.o. citado) refieren a presunciones legales “iuris tantum”, cuya consecuencia es la de revertir la carga de la prueba. Así, el efecto fundamental de la presunción de marras es dispensar de la prueba del hecho presumido al favorecido por ella. Cuando resulta de aplicación una de estas presunciones, el que se beneficia con ella no debe probar sino el hecho antecedente, la ley suple su actividad y tiene por acreditada la conclusión, y la carga probatoria pesa sobre quien niega el hecho antecedente o la aplicabilidad de la presunción a su caso.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que, en este orden de ideas, respecto del acto determinativo apelado debe tenerse presente que en oportunidad de sentenciar en la causa "Emerson Argentina S.A.I.C.", la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que "...las resoluciones emanadas de la DGI gozan de presunción de legitimidad- art. 12 de la ley 19549-. Por consiguiente, la carga de la prueba pesa sobre aquel que impugna, el que debe demostrar los errores que la descalifican; esta conclusión concuerda con lo sostenido por la Corte, en el sentido de que cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba en relación a las que se aplican en los demás juicios..." (sent. Del 30/9/74).
Que, en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo. En el caso la parte actora no ofreció pruebas conducentes a rebatir la postura fiscal.
Que cabe destacar que si bien este Tribunal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 164 de la ley 11683 tiene "amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...", es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica "llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violacion del principio de igualdad procesal" -CNACAF, Sala 2°, "Tamileyfú SRL", sent. del 27/6/72-, debiendo las partes instar el procedimiento en la etapa probatoria, a fin de que el juzgador obtenga el grado más elevado de certeza luego del análisis de la prueba producida.
Sentado ello, cabe destacar que si bien la contribuyente, mediante meras manifestaciones y listado de cheques pretende justificar que la diferencia entre las ventas declaradas y los depósitos efectuados en las cuentas bancarias se debe fundamentalmente a la negociación de cheques de terceros o también llamados "cheques de favor" y no a la venta de hacienda o mutuos onerosos, lo cierto es que ello no basta para revertir la tesitura fiscal. En efecto, tal como surge de las circularizaciones bancarias acompañadas en las actuaciones administrativas las cuentas depuradas por el Fisco Nacional eran de titularidad de la aquí recurrente y no se ha demostrado lo contrario y; que a través de la prueba informativa realizada en autos el Banco Patagonia informó que durante el período requerido 01/2008 a 12/2010 la empresa Las Praderas S.A. operó en la entidad con “descuentos de cheques pago diferidos de tercero” acompañando documentación respaldatoria. El banco informó que no lleva registros de los beneficiarios y/o endosatarios de los cheques librados contra las cuentas corrientes, dejando en claro que tales documentos pudieron también haber sido librados sin indicación del beneficiario o al portador. En informe pericial contable se hace alusión a una documentación denominada “Contrato de mutuo gratuito” con relación a los cheques descontados que se encuentra firmada por las personas que dicen haber intervenido en el mutuo, que carecen de la correspondiente actuación notarial (punto 2.), cuyas copia o detalle no se adjuntan. Asimismo, los peritos informan (punto 3) que existen asientos contables en el libro Diario N° 2-Rubricado el 06/06/2008 ante el Registro Público de Comercio y que se ven reflejados en los Estados Contables certificados del periodo 2009 y 2010 bajo las cuentas Cheques descontados a cobrar (créditos) y Cheques descontados (pasivos).
No obstante ello, no es posible, con la información disponible en estas actuaciones y en particular con la prueba producida, identificar operaciones puntuales que puedan responder a las transacciones tales como las describe la recurrente, con las correspondientes acreditaciones bancarias a los fines de poder realizar una posible depuración. En relación a las ventas omitidas en función de la información obtenida de las circularizaciones a las sociedades con las que efectuó dichas operaciones y que no fueron consignadas en sus registros, como en el caso de la venta realizada a Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.IF. la que acompañó el comprobante de liquidación N° 0001- A 00023361 de fecha 31-07-2008 y de la prueba informativa realizada en autos, la empresa Ganadera del Sur S.R.L. acompañó documentación respaldatoria mediante copia certificada por Escribana Pública, en donde surge liquidaciones/facturas (tanto de las liquidaciones de compra a Las Praderas S.A. como de liquidaciones de venta a Incomer S.R.L.), recibos, resumen de cuenta. Cabe indicar que también se informa que siendo un remate televisado en el cual la hacienda no se traslada a las instalaciones de la Feria Ganadera, no hay comprobantes de traslado de la mismas, es decir que una vez vendida, las partes efectúan las pertinentes guías de traslado, no estando la empresa relacionada con dicha tramitación.
Con relación a la pericia técnica y en particular respecto del punto III) donde se consulta si es posible que informe si efectivamente hay animales en poder de Incomer S.R.L. que hayan estado marcados procedentes con la marca distintiva de Las Praderas S.A., en las cantidades aludidas en la supuesta venta de cabezas de ganado en marzo 2010, ambos peritos responden que es imposible realizar este punto ya dicha hacienda por los años transcurridos hoy no existe. En caso de animales menores (terneros, por ejemplo), a la fecha pudieron haber sido faenados. Por su parte, el perito de la actora deja aclarado que no existen comprobantes de movimiento de hacienda que involucre a tales empresas.
Por lo expuesto, y aun cuando no existan constancias de movimiento de animales, lo cierto es que la empresa intermediaria confirmó la existencia de operaciones de venta –sin especificar nada en el sentido que hubieran sido anuladas posteriormente- y en su caso Incomer S.R.L computó incluso créditos fiscales en IVA por estas operaciones, por lo que corresponde su confirmación.
Por último y con respecto al cómputo de créditos y gastos que no se encontrarían relacionados con la actividad (06/10), nada ha argumentado ni probado la parte actora, por ende, no queda más que confirmarlos. Ello así, corresponde sin más confirmar los ajustes efectuados, con costas.
IX. Que en relación a los intereses resarcitorios y respecto de los periodos fiscales no prescriptos, sólo cabe su confirmación, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que por ultimo corresponde analizar el aspecto infraccional. Es importante mencionar que el Fisco Nacional aplicó sanciones por los periodos fiscales 07/2008 a 06/2009 en el Impuesto al Valor Agregado y por el período fiscal 2009 en Impuesto a las Ganancias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Cabe recordar que se declaró la prescripción del IVA por los periodos fiscales 07/2008 al 11/2008 (vide Considerando VII), ante lo cual las sanciones aplicadas respecto de tales periodos quedan sin efecto, con costas. Que, sentado ello, corresponde señalar que el tipo de contenido dentro del articulo 45 requiere la culpa la cual se presume correspondiendo al contribuyente alegar y probar concretas y eficaces circunstancias exculpatorias si pretende ser eximido de la sanción.
Específicamente, requiere para la configuración de la infracción que típica la concurrencia de dos elementos por una parte la omisión de pago de impuestos y/o la omisión de actuar como agente de retención y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas siempre y cuando el Juez Administrativo descarte la existencia de "declaración engañosa" y en la medida que no exista error excusable.
Cabe indicar que la conducta incurrida por la actora en el caso de autos -omisión del pago de los impuestos determinados mediante la falta de presentación de declaraciones juradas-acredita el elemento objetivo requerido por la norma del artículo 45 la ley de rito, en atención a que la responsable omitió ingresar el impuesto a las Ganancias ambos periodos –determinación firme- implicando un daño al bien jurídico protegido que es la recaudación fiscal.
No obstante ello, tal como lo ha expresado la Alzada en numerosas oportunidades "si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas" (ver entre muchas otras, CNACF, Sala IV, "Club Atlético Rosario Central" del 23/05/2006).
Siguiendo esta inteligencia, será el contribuyente quien deba demostrar la existencia de circunstancias eximentes al acreditar la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le impidió contar con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta, lo que no aparece aquí justificado a la luz de las argumentaciones desarrolladas en el escrito de inicio ni en las actuaciones administrativas.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable.
La jurisprudencia ha señalado que "para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación" (CSJN, "Morixe Hnos. S.A.C.I" pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAE, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re "Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI", del 13/02/2013; Sala V, "Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-1) c. D.G.l", expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III "Arauca Bit A.FJ.P. S.A" (TF 36903-1) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017). Ello así, el examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante, quien no ha presentado pruebas sobre factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable.
En virtud de lo expuesto corresponde confirmar la multa aplicada, con costas. No obstante, se estima que la graduación de la pena en un 70% del impuesto omitido parece excesiva, en atención a que ninguna constancia de las actuaciones indica que la actora contara con antecedentes en materia sancionatoria –más allá de las multas que quedaron firmes en el marco de la misma fiscalización realizada- ni que hubiera obstaculizado o entorpecido la actividad de los inspectores actuantes. Estas circunstancias ameritan reducir el quantum de la pena a su mínimo legal.
Que, por las consideraciones que anteceden, corresponde confirmar parcialmente las multas apeladas, con costas en sus respectivos vencimientos.
Por los periodos fiscales 03 a 06/2010 se aplicó una multa en el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley de rito, con las presunciones del artículo 47 inc. a) de la citada normativa. Por ello, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual).
En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”. En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución apelada, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, que no ha aportado documentación respaldatoria, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del Fisco. Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en las declaraciones juradas presentadas no se correspondía con las constancias de los registros.
Que, en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar las multas aplicadas al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional respecto del IVA, conforme lo dispuesto en el Considerando VII, con costas.
2. Confirmar los ajustes impositivos tratados en el Considerando VIII y sus accesorios, con costas.
3. Confirmar parcialmente las sanciones aplicadas, reduciéndolas a su mínimos legal, de acuerdo a lo dispuesto en el Considerando X. Las costas se imponen en virtud de sus respectivos vencimientos, salvo en la proporción en que se reducen, aspecto éste en que se establecen por su orden.
4. Ordenar a la ARCA-DGI que, en el plazo de treinta (30) días, practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2025.05.12 18:58:46 ART Date: 2025.05.12 19:08:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.13 15:09:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.13 15:10:32 -03:00
Fin de la sentencia