Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 35.334-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Fallo N° 729/2014 (AD MEND) dictada en las actuaciones SIGEA N° 12435-17-2009 (Sumario SA38-2009-402).
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-132064771-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Noviembre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 37.563-A: “FONTANA CRISTIAN DAVID y OTRA c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Fallo N° 729/2014 (AD MEND) dictada por el Jefe de la División Aduana de Mendoza en las actuaciones SIGEA N° 12435-17-2009 (Sumario SA38-2009-402), mediante la cual se condena a la firma BONOME DELIA ESTER y al despachante CRISTIAN FONTANA MARTINEZ al pago de una multa equivalente a la suma de $215.903 por encontrarlos responsables de la infracción prevista en el artículo 954 incs. a) y c) del Código Aduanero. Asimismo, se le intima a la importadora el pago de los tributos por la suma de U$S 74.853,50.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 12/16 se presentan las coactoras mediante apoderado y con patrocinio letrado, e interponen recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. Manifiestan que no se tuvieron en cuenta los descargos ni las pruebas arrimadas, las cuales acreditaban que el precio declarado fue el efectivamente pagado y que existían antecedentes de importación de mercadería idéntica y similar a precios inferiores a los documentados. Afirman que para la mercadería en trato (tapones de corcho natural) existían varias calidades y tipologías y que de los antecedentes no surgía que tuvieran la misma calidad que los importados. Consideran que el ajuste incumple el Acuerdo de Valor del GATT. Refieren a la nulidad de lo actuado por cuanto entienden conculcado su derecho a obtener una decisión en un tiempo razonable y sin dilaciones, lo cual se encuentra garantizado por tratados internacionales y la Constitución Nacional. Cita jurisprudencia al respecto. Sostienen que resulta ilegítimo practicar un ajuste de valor por el solo hecho de suponer que el precio declarado era inferior al pagado o por pagar por la importación de otras mercancías que se estiman semejantes. Alegan que la resolución aduanera se encuentra en pugna con distintos principios constitucionales. Finalmente, ofrecen como prueba las actuaciones administrativas, hacen la reserva del caso federal y solicitan que se revoque la resolución aduanera, con costas.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 27/35 la representante fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos que no fueran objeto de su expreso reconocimiento o bien surgieran de las actuaciones administrativas. En relación al agravio referido al plazo razonable, cita doctrina y abundante jurisprudencia. Destaca que una vez registrada, la declaración aduanera deviene inalterable y que las mismas comprometen la responsabilidad de quienes las formulan. Cita el art. 954 incs. a) y c) del C.A. Sostiene que basta la mera posibilidad de que la declaración incorrecta sea apta para producir el perjuicio fiscal. Cita el art. 748 del C.A. que refiere a valoración en exportación. Asegura que el rechazo del valor documentado se encuentra respaldado en la investigación de valor llevada a cabo por el área técnica. Sostiene que la actora no ha podido demostrar la veracidad de los precios declarados y que los mismos se corresponden con la realidad de la operación comercial. Manifiesta que del sufijo de valor declarado no puede inferirse que los corchos fuesen colmatados ni de segunda calidad. Alude a las obligaciones a cargo del despachante, a la causal de exculpación prevista en el art. 908 del C.A. y cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, las cuales fueran acompañadas conforme constancia de fs. 37 de autos, hace la reserva del caso federal, y solicita que se rechace la apelación interpuesta, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas Nro. 12435-17-2009 (Sumario SA38 N° 402/09) se inician a fs. 1/3 con la Nota N° 07/09 (SE FVIM) de fecha 30/01/09 que contiene el Estudio de Valor. A fs. 4/5 lucen el Memorando N° 98/04 (SC FVIM) de fecha 29/10/04 y la Notificación N° 012/08 (SE FVIM) de fecha 26/06/08. A fs. 6 luce constancia del correo argentino con fecha de recepción 28/06/08. A fs. 7/12 lucen copias del DI N° 04 038 IC04 003156 Z, Factura N° B 579, constancia de pago de importación de fecha 07/07/04 por la suma de U$S 79.622,63, Factura N° 1704 de fecha 20/09/04, Recibo N° 1087 de fecha 14/06/04. A fs. 13/18 lucen constancias de devolución al remitente de Notificaciones N° 18/08 y 21/08. A fs. 19/20 obra el apéndice I Nota N° 07/09 (SE FVIM) con antecedentes de valor. A fs. 21 luce la Nota N° 31/09 (DV FOME) de fecha 30/01/09. A fs. 22 obra el sobre original del DI N° 04 038 IC04 003156 Z (oficialización 05/07/04). A fs. 23, con fecha 16/12/09, mediante Res. Apert. Nro. 402/09 se resuelve instruir sumario contra la firma BONOME, DELIA ESTER y el despachante de aduana FONTANA MARTINEZ, CRISTIAN por la infracción prevista en el art. 954 incs. a) y c) del C.A., y se les corre vista de lo actuado. A fs. 25/26 lucen constancias de correo argentino dando cuenta de la devolución al remitente con motivo “se mudó”. Seguidamente luce agregada la Actuación N° 12438-115-2011. A fs. 37/43 obra la contestación de vista de la importadora en fecha 26/01/11. A fs. 44/67 obra la documentación acompañada por la importadora. A fs. 68 luce providencia de fecha 03/02/11. A fs. 69/70vta. obra la contestación de vista del despachante de fecha 08/02/11. A fs. 71/72, con fecha 01/08/12 se tienen por contestadas las vistas, se provee la prueba, se declara la cuestión de puro derecho y se ponen autos para dictamen. A fs. 73/76 lucen constancias del correo argentino con fecha de notificación 08/10/12 y 04/10/12. A fs. 79/80 lucen presentaciones de constitución de nuevos domicilios. A fs. 81 luce print de pantalla tras consulta al Registro de Infractores. A fs. 82/89 obra el dictamen N° 624/2014 de fecha 15/12/14. Finalmente, a fs. 90/100 luce la resolución aduanera de fecha 15/12/14, apelada en autos. A fs. 101 y 102 lucen sendas notificaciones de dicha resolución a la firma y al despachante en fechas 12/10/16 y 29/11/16, respectivamente.
V. Que, en primer lugar, y pese a que el planteo se encuentra subsumido en la fundamentación de los agravios del recurso, corresponde me expida en relación a la nulidad planteada por la recurrente. En tal sentido, considera que las dilaciones acaecidas en el trámite del sumario implican la nulidad de lo actuado por la Aduana de Mendoza, en tanto conculcan su derecho a obtener una decisión en un tiempo razonable.
Que, teniendo en cuenta que tal planteo se encuentra directamente vinculado con el cumplimiento de los plazos prescriptivos que rigen en el procedimiento infraccional, considero que, si bien la cuestión de la prescripción es de orden público, y en el particular se advierten elementos que permitirían la adopción de dicho remedio procesal, cierto es que en aquellos casos en que la imputación o la condena, cuya revisión es sometida a esta instancia, resulta de una manifiesta ajenidad respecto de la actora; debe optarse por resolver el fondo de la cuestión a efectos de dejar a salvo el buen nombre y honor del sometido al proceso. (Conf. sentencia de fecha 23/05/25, recaída en autos “CORVALAN CARLOS ALBERTO c/DGA”, Expte. N° 35.334-A)
Que, de conformidad con lo antes expuesto, la nulidad planteada por la recurrente debe ser desestimada, sin costas.
VI. Que, de este modo, corresponde determinar si en el caso se ha configurado la infracción de declaración inexacta, prevista y penada por el artículo 954 en sus incisos a) y c) del Código Aduanero, por la cual se la condena a la firma BONOME DELIA ESTER y al despachante CRISTIAN FONTANA MARTINEZ, en relación a la operación de importación documentada mediante la destinación N° 04 038 IC04 003156 Z.
Que, conforme surge de las actuaciones administrativas, mediante la referida destinación la firma antes mencionada, junto con su despachante de aduana, documentaron en fecha 05/07/2004 la importación a consumo de mercadería originaria y procedente de Portugal, la que se detalla a continuación (ver sobre del DI obrante a fs. 22 de las actuaciones administrativas):
CANTIDAD VALOR FOB VALOR TOTAL UNITARIO
PA DESCRIPCIÓN TOTAL (Millar) F.C.
Tapones 22.998,19 MANUFACTURAS DE CORCHO NATURAL 2.240 Sub ítem 1: Sub ítem 1:
NB01 = MARCADO Sub ítem 1: 1.680 E-579 117.248,59 10,2670 4503.10.00.000M NC00 = Ninguno Sub ítem 2: 560 Sub ítem 2: Sub ítem 2:
25.749,60 10,2671 ND01 = PARA VINO
Que, con fundamento en la Nota N° 07/09 (SE FVIM), se procedió a aperturar sumario contra las aquí recurrentes por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954 incs. a) y c) del C.A. Ello, por cuanto el servicio aduanero entendió que tras el relevamiento de “… antecedentes de valor en el Sistema Discoverer Web (…) de mercaderías idénticas o similares, …” el precio declarado presentaba “… una diferencia en menos con sus similares de comparación transados, que alcanza el 318,23%, cifra porcentual que escapa la tolerancia normal corriente para este tipo de mercaderías, …”. (ver Estudio de Valor obrante a fs. 1/3 de las act. adm.) Que, de este modo, aperturado el sumario respectivo y tras la contestación de la vista por parte de la importadora y su despachante, se las condenó en los términos de la infracción mencionada, mediante la resolución aduanera aquí apelada.
VII. Que, para resolver la cuestión de autos, en primer lugar, corresponde analizar el aspecto de la infracción (multa impuesta a ambas coactoras y exigencia tributaria a la firma importadora), para luego proceder a dilucidar la procedencia o improcedencia del “ajuste de valor” efectuado por la aduana, a fin de determinar si ha existido o no la declaración inexacta imputada.
Que, resulta oportuno recordar, que el tipo infraccional del art. 954 del C.A. requiere, en primer lugar, una diferencia entre alguno de los aspectos o rubros de declaración “exigibles” y la comprobación que efectúe el servicio aduanero respecto de tales aspectos. Asimismo, deberá determinarse si esa diferencia ha producido o –en caso de haber pasado inadvertida- hubiera podido producir -en el caso de autos- un perjuicio fiscal (inciso a) y el egreso hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere (inciso c), que resultan ser dos de los tres efectos previstos en la figura para hacer punible aquella diferencia. Que se distingue entonces la declaración (exigible) del “precio” y de todo otro elemento de declaración exigible relativo a las circunstancias comerciales de la operación (que inciden en la valoración), de la valoración que efectúa el documentante (y “revisa” la aduana), pues la figura infraccional de declaración inexacta sanciona la diferencia entre lo declarado exigible y lo “comprobado” (verificado física o materialmente) por la aduana al respecto. Concretamente, el valor en aduana, a mi juicio, no lo “comprueba” la Aduana, sino que lo determina (en consecuencia de la revisión, aprobando o desestimando la valoración consignada o determinada por el documentante). Sí, en cambio, en tal sentido, es susceptible de “comprobación” el precio que se hubiera declarado, o bien todo otro elemento también declarado relativo a las circunstancias comerciales de la operación que inciden en la valoración.
Que, al respecto debe señalarse también que cualquier diferencia (en la declaración y respecto de lo que la aduana “compruebe”) acerca de cualquiera de los restantes rubros (distintos del precio mismo y/o de las aludidas circunstancias comerciales de la operación), como la calidad y especie (P.A. correspondiente), cantidad, estado, origen, etc., puede ocasionar una diferencia de valor en la mercadería resultante o –lo que es lo mismo- que se esté ante una mercadería con un resultante valor en aduana diferente al documentado como valor en aduana –como base imponible para tributos-, y esa diferencia podría encuadrar en el tipo infraccional del inc. c) del art. 954, pero, en cualquiera de estos supuestos se habrá partido de la efectiva “diferencia” entre algún rubro o elemento de declaración “exigible” y el resultado de la comprobación aduanera al respecto.
Que, por lo expuesto, la declaración inexacta que podría imputarse, no podría ser otra que la inexactitud del “precio” declarado y/o documentado, y/o específicamente de alguna de las circunstancias comerciales de la operación que pudieran incidir en la valoración de la mercadería. Precio que como tal sí es de declaración exigible y susceptible de “comprobarse” su inexactitud.
Que, puedo adelantar que en el caso de autos no se trata de ninguna inexactitud observada por la aduana en cuanto a la declaración de las circunstancias de la operación comercial atinentes al valor (ni tampoco inexactitud de cantidad o de calidad que aparejara como consecuencia una diferencia de valor), sino sólo –lo que eventualmente pudo haberse dado- de la (hipotética o sospechada) relativa al precio mismo documentado, la inexactitud imputada en autos no podría ser otra que la falsedad de dicho precio (en el caso, en rigor, se imputó inexactitud del valor en aduana por desestimación del mismo), es decir que “realmente” se hubiera pactado (como precio pagado o por pagar), y efectivamente pagado, un precio distinto del precio declarado en la destinación y presentada ante la aduana. Queda claro que esta falsedad (diferencia de precio en el sentido expuesto) no se puede, lisa y llanamente, “presumir”, sino que debe acreditarse y/o tenerse por acreditada, lo cual debe resultar de una acreditación positiva (aun por suma de indicios plurales, concordantes y categóricos), la que no podría tenerse por producida con sólo la supuesta falta de justificación de un precio “en principio inaceptable” (no sólo como base de valoración sino como precio verdadero o real), en el caso por llamativamente bajo en las circunstancias dadas. Tal falsedad, o tal diferencia, por lo tanto, no se acreditó ni surge acreditada en el caso de autos, ni al momento de dictarse el fallo apelado ni después en el trámite del recurso de autos. Que, se pone de relieve entonces que de lo actuado en sede administrativa surge que la aduana pudo tal vez “impugnar y desestimar” el precio documentado, pero ello como base para determinar el valor en aduana, y no como precio de la realidad. En suma, de ningún modo ha quedado en el caso acreditada una diferencia entre el precio documentado y el precio efectivamente pactado y pagado. En tal sentido, el importe declarado en el DI en concepto de valor FOB total (U$S 22.998,19), en adición a los conceptos de seguro (U$S 133,73) y flete (U$S 3.748,08), en tanto la condición CIF pactada, resulta coincidente con el importe consignado en la Factura comercial (U$S 26.880), el cual fuera efectivamente pagado, de conformidad con el pago de importación gestionado mediante transferencia bancaria. (ver copias obrantes a fs. 7/10 de las act. adm. y documentación obrante en el sobre del DI agregado a fs. 22 de las act. adm.)
Que, resulta cierto que no se deban aceptar precios declarados que difieran en gran magnitud del valor en aduana correspondiente, o (“probablemente”) deformados, o sensiblemente inferiores a lo usual y, precisamente, en el caso, la aduana no aceptó el bajo precio declarado; claro que no lo aceptó como base para arribar al valor en aduana (y por ello elaboró el estudio de valor respectivo, obrante a fs. 1/3 de las actuaciones administrativas). En cambio, la irrealidad del “precio declarado” sí es un ilícito merecedor de la sanción correspondiente (delito o infracción según el caso), pero en materia penal tal irrealidad (que el precio declarado no sea el precio realmente pagado o por pagar) no puede presumirse, sino que debe ser o quedar acreditada; lo que no ha ocurrido en el caso de autos.
Que, por ende, considero que si cumplido el procedimiento reglado a los fines de la investigación de valor y, consecuentemente no se diera la “aceptación” del mismo, sino su desestimación (y su consecuente sustitución), la alternativa no resulta ser la eventual denuncia por comisión de la infracción de declaración inexacta (o del delito de contrabando en su caso), sino –simplemente- la mera desestimación del valor documentado (denominado “ajuste”). En su caso, por ende, el hecho de que haya denuncia o sólo ajuste, dependerá de que hubiera –al menosalgún indicio serio de falsedad del “precio” documentado o que no lo hubiera.
Que, en suma, en el caso de autos se está ante una situación que sólo pudo haber dado lugar a un “ajuste” o recomposición del valor documentado (en términos más propios o estrictos, una “desestimación” del valor documentado y su sustitución por el valor determinado por la aduana), a los fines de la determinación del valor en aduana, pero no ante una declaración inexacta como ilícito aduanero. Cabe poner de resalto al respecto que, en el presente caso, inicialmente se efectuó el estudio de valor y luego se aperturó el sumario por la infracción de declaración inexacta.
VIII. Que, sentado lo antes expuesto, corresponde analizar entonces si el ajuste de valor motivo de autos ha sido efectuado sobre la base de las normas establecidas en el Acuerdo Relativo para la Aplicación del Art. VII del GATT, Ley 24.425.
Que dicha ley aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC y, entre otros, el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT, incorporándose además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Que el Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT (en adelante “el Acuerdo”) establece que el “valor de transacción”, tal como se define en el artículo 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana para importación. Dicho artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8 que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador o estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. El artículo 1 ap. 1 de la Instrucción General, prevé que cuando el valor de transacción no pueda determinarse sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo, en los arts. 2 a 7 se establecen los diferentes métodos a aplicar para determinar el valor en aduana, los que deben aplicarse en el orden que se numeran, salvo la inversión que autoriza el art. 4 con relación a los métodos previstos en los arts. 5 y 6.
Que, de este modo, y sin perjuicio de que el valor de transacción constituye la primera base de valoración, considerado en conjunción con lo previsto en el artículo 8 –ajustes del precio pagado o por pagar- y recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el art. 1° se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas en forma sucesiva y excluyente en los artículos siguientes. Sin embargo, cabe aclarar, que ello no es óbice para que el Fisco pueda comprobar la veracidad de las declaraciones comprometidas, procediendo a investigar ante una duda legítima, los precios declarados.
Que, en tal sentido, el art. 17 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del GATT, aprobado por ley 24.425 dispone: “Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana”. Que, además, el párr. 6 del Anexo III de ese Acuerdo preceptúa: “El artículo 17 reconoce que, al aplicar el Acuerdo, podrá ser necesario que las Administraciones de Aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración que les sean presentados a efectos de valoración en aduana. El artículo reconoce por tanto que pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo, de comprobar si los elementos del valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación del valor en aduana son completos y exactos. Los Miembros, con sujeción a sus leyes y procedimientos nacionales, tienen el derecho de contar con la plena cooperación de los importadores en esas investigaciones”.
IX. Que, en virtud de las facultades previstas en el referido artículo 17 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del GATT, el servicio aduanero procedió a la fiscalización de la operación documentada mediante el DI N° 04 038 IC04 003156 Z y, a efectos de analizar el valor documentado, elaboró el estudio respectivo mediante Nota N° 07/09 (SE FVIM). Como se dijera anteriormente, en el mismo se concluye que el precio declarado presenta “… una diferencia en menos con sus similares de comparación transados, que alcanza el 318,23%, cifra porcentual que escapa la tolerancia normal corriente para este tipo de mercaderías…” (ver estudio de valor obrante a fs. 1/3 de las act. adm.).
Que, el servicio aduanero no ha seguido el procedimiento reglado para cuestionar el valor de transacción y apartarse fundadamente del mismo. En este sentido se limita a sostener sin fundamento alguno que “… el rechazo del valor de transacción contemplado en el criterio principal no se debió a la existencia de alguno de los impedimentos que menciona el art. 1°, como así tampoco de los elementos enunciados en el art. 8° (ajuste de precio) sino que se funda exclusivamente en que aquél resulta inferior a los precios corrientes de mercado para productos similares, teniendo en cuenta en este caso, los antecedentes de mercadería similar con valores sustancialmente superiores a los documentados por la encartada.”. E incluso reconoce mediante la siguiente afirmación, no haber encontrado elementos suficientes a los fines de descartar el valor de transacción: “… esta instancia entiende que, no obstante no darse ninguna de las circunstancias de inaceptabilidad previstas para desestimar el valor de transacción, tampoco debería aceptarse sin más, y como base idónea de valoración, al facturado y/o declarado cuando éste sea insostenible y considerablemente inferior a los precios o valores corrientes …”. (ver Dictamen y Resolución obrantes a fs. 82/89 y 90/100 de las act. adm.)
Que el Comité Técnico, a través de la Opinión Consultiva 2.1, sostuvo el criterio de que “… el mero hecho de que un precio sea inferior a los precios corrientes de mercado de mercancías idénticas no podría ser motivo de su rechazo a los efectos del artículo 1, sin perjuicio, desde luego, de lo establecido en el artículo 17 del Acuerdo.…” , norma esta última que expresamente dispone: “Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana.”.
Que, de ello se deduce que las normas del Acuerdo determinan, en consecuencia, que si la diferencia de precio se debe a que se ha incumplido alguna de las condiciones del Artículo 1 (situación que –como se vio- la propia Aduana reconoce que no se da en el caso de autos), no será aplicable el método del valor de transacción y, si el motivo de la diferencia reside en que no se han incluido en el precio pagado o por pagar alguno de los elementos que enumera el art. 8 (circunstancia que también la propia Aduana reconoce que no se da en el caso de autos), la Aduana deberá efectuar un ajuste para tener en cuenta la diferencia de precio. Si la diferencia se debe a cualquier otro motivo distinto de aquéllos, el precio, en principio, será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos.
X. Que, en el caso, la Aduana rechazó el valor de transacción de la mercadería importada en el DI en trato, ajustando el mismo en virtud del precio de “…mercaderías idénticas o similares”, lo cual resulta en principio ambiguo, ya que el Acuerdo no asimila tales conceptos y les otorga especialmente la entidad de ser métodos de valoración independientes y con un orden de prelación establecido entre ambos. Tampoco el estudio de valor funda la elección de alguno de dichos métodos de valoración, elegidos en reemplazo del previsto en el artículo 1 del Acuerdo (valor de transacción). Mientras que, por su parte, en el Dictamen N° 624/2014 y en la Resolución Fallo N° 729/2014 (AD MEND), si bien mayormente se hace referencia a que la diferencia detectada resulta de la comparación con “sus similares” o a que el precio documentado se encuentra anormalmente disminuido frente a valores de transacción de “mercaderías similares”, también se hace referencia –ambiguamente- a que el rechazo del valor de transacción se encuentra respaldado en la investigación de valor y en los antecedentes existentes respecto de “mercadería idéntica o similar a la cuestionada”. (ver Dictamen y Resolución fs. 82/89 y 90/100 de las act. adm.)
Que, en contraposición a lo que sostiene la Aduana, queda claro que los conceptos de mercadería “idéntica” y “similar” no pueden subsumirse bajo un mismo significado. En cuanto al primero de los términos, el Art. 2° del Acuerdo establece: “Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.”.
Que, por su parte, el art. 3° del Acuerdo dispone que, si el valor en aduana no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 (valor de transacción) y 2 (mercaderías idénticas), el valor en aduana será el valor de transacción de mercaderías similares para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercaderías objeto de valoración o en un momento aproximado. El apartado 2 del art. 15° del Acuerdo establece en el inc. b) que, se entiende por mercaderías similares a las que, aunque no sean iguales en todo, tienen características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones. Para determinar si son similares debe considerarse, la calidad, prestigio comercial y la existencia de una marca comercial. En el inc. d) dispone que sólo se consideraran mercaderías similares las producidas en el mismo país que las mercaderías objeto de valoración.
XI. Que, conforme surge del Estudio de Valor, el servicio aduanero se limitó a mencionar un solo antecedente (supuestamente de mercadería similar, y haciendo referencia únicamente al número de despacho y al valor unitario que se habría declarado en el mismo) en base al cual ajustó el precio declarado en el DI cuestionado en autos (ver cuadro inserto a fs. 2 del Estudio de Valor obrante a fs. 1/3 de las act. adm.).
Que, de este modo, y más allá de lo señalado respecto a la falta de fundamentación en el método de valoración elegido por la Aduana, no caben dudas de que necesariamente el servicio aduanero debió adjuntar –cuanto menos- el despacho de importación al que alude como antecedente de mercadería similar, es decir, la documentación aduanera pertinente que sirva de antecedente comparable, para dar pleno cumplimiento a las condiciones exigidas -en este caso- en el 3 del Acuerdo, por cuanto en autos se desconoce la fecha de oficialización del despacho, la posición arancelaria y descripción de la mercadería objeto del mismo, como tampoco se conoce el nivel comercial en que se pactó la operación, el país de origen y procedencia, ni otros datos necesarios para efectuar una comparación válida. A la par que sólo se hace referencia a un solo antecedente, lo cual resultaría insuficiente.
Que el recaudo de que se encuentren agregados los antecedentes de mercadería similar (en el caso de autos “el” antecedente), a los fines de poder analizar los elementos necesarios para determinar la procedencia –o no- del ajuste y así, en su caso, poder fundadamente tener por descartado el valor de transacción declarado por la importadora, ha sido reconocido por numerosa jurisprudencia de este Tribunal (v.gr. “CENCOSUD S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” Causa N° 34.204-A, Sent. 19/12/2022; “Automotores Cerro S.A. c/D.G.A s/apelación” Causa N° 30.512-A, Sent. 08/02/2022, Sala E; “Jofemar S.A. c/D.G.A s/apelación” Causa N° 29.739-A, Sent. 10/09/2021, Sala E; “INDUSNOR S.A. c/DGA s/ recurso de apelación” Causa Nº 38.839-A, Sent. 07/12/2018, Sala G; “Paraná SA de Seguros c/ DGA s/recurso de apelación” Causa Nº 29.248-A, Sent. 18/12/2017, Sala G; entre otros.).
Incluso se ha considerado, que “… mencionar un solo antecedente no es suficiente para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. Que, asimismo, no escapa a la vista del suscripto que no obran en sede aduanera ni en autos copia del antecedente invocado por el servicio aduanero, lo que impide analizar si son referentes idóneos para su comparación. No puede saberse si se trata de la misma mercadería, mismo nivel comercial ni del mismo país de origen o procedencia. Que dicha duda inicial respecto de la veracidad de los valores declarados por el importador debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los utilizados no resultan arbitrarios, lo que no ocurre en autos.
Que las circunstancias expuestas permiten concluir que no existen en el caso antecedentes que puedan tenerse como referentes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como incierto. Que, ello es así, por cuanto no puede desconocerse, a la luz del actual régimen de valoración de mercaderías, la imposibilidad de la aduana de desestimar directamente el precio de transacción, sin motivar su decisión, ni recabar más que un solo antecedente para cuestionar el valor de cada ítem, los cuales ni siquiera fueron acompañados por el servicio aduanero. …”. (“Compañía de Seguros la Mercantil Andina S.A. s/ recurso de apelación” Causa Nº: 37.350-A Sent. 02/09/2021, Sala F, Voto del Dr.
Licht en oportunidad de subrogar la Vocalía 18). Y en igual sentido la Sala E de este Tribunal se expidió en los siguientes términos, los cuales también comparto: “… dado que la Aduana ha tenido en cuenta a los fines del ajuste en cuestión una sola operación que no resulta suficiente a la luz del Acuerdo de Valoración del GATT para desestimar el valor declarado por la recurrente, cabe señalar que el cargo formulado no se encuentra debidamente fundado. Ello así dado que solo ha mencionado un solo antecedente de valor para desestimar el valor declarado por la recurrente, que conforme lo probado por la recurrente, es el valor de transacción de la importación. …”. (“A-Pyan Textil SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Causa Nº 30.110-A, Sent. 17/10/2019, Sala E).
Que, esta Sala se ha expedido en el mismo sentido en otros casos recientes (Causa N° 35.485-A “SHIMISA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, Sent. del 10/04/2025; Causa N° 37.141-A “SHIMISA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, Sent. del 25/08/2025; Causa N° 37.498-A “SHIMISA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, Sent. del 26/03/2025; Causa N° 35.249-A: “JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 26/05/2025; Causa N° 34.943-A: “PORRAS HUGO y OTRO c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 31/10/2024; Causa N° 35.949-A: “ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 14/11/2023; Causa N° 34.204-A: “CENCOSUD S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 19/12/2022)
XII. Que, a mayor abundamiento, y en relación a la carga probatoria en los casos de ajustes de valor, considero aplicable el lineamiento seguido por la Sala V de la CNACF la cual determina que: “Es un indiscutido principio procesal -aplicable a todo litigio aun no judicial- que siempre es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635, entre otros muchos más; esta Sala, 13- 9-2005, "Macnet SA -TF 14723-Ac/D.G.A."). Frente al principio establecido en el artículo 1, párrafo 1 en cuanto a que el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, es preciso que la Aduana, a fin de impugnar dicho valor declarado, deba aportar elementos de juicio suficientes para cuestionarlo. …” (“Donati c/DGA s/Apelación”-TF 19.481-A, CNACAF Sala V, Sent. del 17/3/2009).
En similar sentido, un pronunciamiento reciente de la Sala III agregó que: “…Con respecto a la queja relativa a que la carga de la prueba recae en el importador en caso de dudas acerca de la veracidad del valor declarado, cabe señalar que esta Sala ha establecido que cuando las autoridades aduaneras se pronuncian por el rechazo del precio declarado como base de valoración, queda a su cargo la prueba de los argumentos que sustentan dicho cuestionamiento y que la elección de la base de valoración dispuesta por el Acuerdo vigente hace que la impugnación del valor declarado por el importador –y que surge de la documentación agregada por él– recaiga sobre la aduana, sobre quien pesa la carga de la prueba de la inexactitud de la declaración (esta Sala, in re “Textil Hasbani SRL c/ EN – DGA s/ Administración Nacional de Aduanas”, del 20/2/09 y sus citas)”. (Sala III, “MASSUH SA (TF 19868-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, 20/02/2025)
Asimismo, considero aplicable lo sentenciado por la Sala II en cuanto establece que: “…VIII.- Ante todo, cabe recordar que, en el procedimiento de ajuste de valor, el que afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero; de modo que es quien ha de probar la veracidad de su cuestionamiento y, sólo en caso de lograrlo, transfiere al importador o exportador la obligación de demostrar la legitimidad de su declaración. Es decir que, mientras aquél no produzca prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste, ninguna carga pesa sobre el particular (conf. Sala IV del Fuero, en autos 30.379/2023 “Cosméticos Avon SACI (TF 39.493-A) s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 30/4/2024; entre otros).
“Así las cosas, por principio, hasta tanto la Aduana no produzca la prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste del valor declarado, ninguna carga pesa sobre el particular (conf., en este sentido, Sala V del Fuero, en autos 4589/2022 “Lartirigoyen y Cía. SA (TF 7411475-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. Del 14/5/2024 y sus citas; entre otros).
“Por tanto, y sin perjuicio de lo esbozado por el recurrente en torno a la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, así como respecto de la incidencia que, en su entendimiento, tendría la falta de cooperación de la importadora, en el caso, en tanto el presente litigio se inició ante el control llevado a cabo por la autoridad aduanera de las importaciones realizadas por Jofemar SA durante el período 2006-2008, la acreditación y demostración por medios fehacientes que el precio informado resultaba inadecuado, ameritando un ajuste de valor, se encontraba necesariamente a cargo del Fisco Nacional. …”. La sentencia de Cámara citada también se expide respecto de los casos en que se da la falta de cooperación de la importadora, como lo presupone el servicio aduanero en el caso de autos. Al respecto señala que: “… el ordenamiento vigente brinda al Fisco Nacional diversas herramientas para obtener información a efectos de lograr sus objetivos (en el caso, a título fiscalizatorio), así como para disuadir conductas no colaborativas de parte de los particulares (conf., a título ilustrativo, artículo 994 del Código Aduanero), las que, a todo evento, pudieron y debieron ser empleadas, de modo tal que mal puede justificarse la ausencia de obtención de la documentación pertinente, con base exclusivamente en la conducta de la importadora.
“IX.- Por otra parte, el hecho que la importadora no hubiera adoptado una conducta conteste y colaborativa con la fiscalización, en modo alguno habilitaba a la Administración a efectuar ajustes carentes de justificación suficiente;…” (CNACAF, Sala II, Expte. N° 30.412/2023 “Jofemar SA (TF 34.647-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Sentencia del 07/06/2024)
Sin embargo, conforme surge de las actuaciones administrativas, la firma importadora acompañó copias del DI, de la factura comercial expedida por el vendedor del exterior (LUSOBEL S.A.), de la transferencia bancaria, y del recibo y la factura de venta expedida por la importadora. Asimismo, y en oportunidad de contestar la vista respectiva, se acompañaron: cuadernillo de la firma vendedora del exterior relativo a la calidad de la mercadería importada, una planilla con importaciones registradas en Mayo y Octubre de 2004 de donde surgen valores menores al documentado en el DI cuestionado, copia de facturas de venta del producto a otra firma en 2010 y copia de lista de precios 2004 del vendedor del exterior LUSOBEL S.A. (ver fs. 7/12 y 51/67 de las actuaciones administrativas)
XIII. Que, sin perjuicio de lo expuesto, tampoco el servicio aduanero pudo suplir la referencia hecha al antecedente citado en el Estudio de Valor con el listado adjuntado como “APÉNDICE I – Nota N° 07/09 (SE FVIM) ANTECEDENTES DE VALOR” (obrante a fs. 20 de las actuaciones administrativas). La información brindada en dicho listado resulta insuficiente para efectuar un cotejo de todos los datos necesarios para evaluar la pertinencia de la recomposición de que se trata, ya que se desconocen parámetros tales como la descripción completa de la mercadería, la condición y calidad, y demás circunstancias de las operaciones y de la mercadería que resultan determinantes a la hora de decidir sobre la pertinencia de una recomposición de valor como la de autos. Asimismo, difieren la cantidad documentada en el despacho involucrado en autos y la obrante en el aludido listado agregado a las actuaciones administrativas (donde el antecedente aludido por la Aduana en el Estudio de Valor aparece resaltado en color rosa), como así también se observa que se alude a una operación registrada en el mes de Marzo de 2004, mientras que el despacho de autos fue oficializado en el mes de Julio de dicho año. (en el mismo sentido me pronuncié en el voto preopinante de la Causa N° 35.233-A: “HELM ARGENTINA S.R.L. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 28/09/22, y mismo criterio del voto minoritario siguió la Sala V de la CNACAF al resolver la apelación de dicha sentencia en fecha 19/10/23 en la Causa Nº 22.902/2023/CA1: “Helm Argentina SRL (TF 35233-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”).
Que las circunstancias antes expuestas llevan a concluir que no existe en el caso un referente válido a los fines de descartar el valor de la mercadería declarada. Y, en definitiva, el proceder de la Aduana se expone como abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia.
Que, en consecuencia, se rechaza el ajuste de valor efectuado por la Aduana, toda vez que la ausencia de fundamento (las comparables de valor para mercaderías equivalentes) no sólo atenta contra la convicción razonada que se exige en toda resolución, sino también contra el debido derecho de defensa de la encartada. Asimismo, y atento a la decisión a la que se arriba, deviene inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas.
XIV. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la vencida (conf. art. 1163 del C.A.).
Por ello, voto por:
1. Revocar la Resolución Fallo N° 729/2014 (AD MEND) dictada en las actuaciones SIGEA N° 12435-17-2009 (Sumario SA38-2009-402).
2. Costas a la vencida.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr. Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. Previo a todo, resulta menester hacer una digresión que, si bien no resulta decisiva, resulta ilustrativa y de significativa importancia. Ciertamente no acuerdo que la figura infraccional prevista en el artículo 954 del código aduanero resulte aplicable, en cuanto aquí interesa, a los casos en que se advierte diferencias entre lo declarado y lo comprobado física o materialmente. Efectivamente, so pretexto que el servicio aduanero no comprueba el valor en aduana sino que se determina, de modo que no podría configurarse inexactitud alguna en ese aspecto. Conforme a esa tesis, el “valor en aduana” no sería materia de comprobación por parte del servicio aduanero —a diferencia del precio y otras circunstancias comerciales declaradas— por tratarse de una determinación administrativa. Es así que, desde ese atalaya, la infracción de declaración inexacta solo terminaría sancionando discrepancias entre lo declarado y lo verificado físicamente, pero no divergencias en materia de valoración ni de precio.
Añadido a lo anterior, debe hacerse hincapié que la tesis tratada considera que no existiría diferencia entre el precio documentado y el efectivamente abonado, toda vez que se terminó pactando una condición CIF coincidente con el importe consignado en la factura comercial y el giro bancario. De seguro, en tales condiciones, al depender la inexactitud exclusivamente de una diferencia documental en los hechos resultaría casi imposible suponer un caso en que se configure la infracción, pues solo un error grosero o excepcional podría dar lugar a ella.
En ese sentido, advierto que luce manifiestamente errónea toda interpretación jurídica que conduzca a resultados disvaliosos o abiertamente irrazonables, pues el derecho no puede ser reducido a un ejercicio mecánico de literalidad, divorciado de la finalidad normativa y de la verdad objetiva que procura tutelar. Interpretar el régimen sancionatorio aduanero en el sentido de que solo serían sancionables las inexactitudes meramente documentales, con prescindencia de la realidad material de las operaciones, importaría admitir un contrasentido jurídico de magnitud, habidas cuentas de que se colocaría al declarante en posición de declarar hechos contrarios a la realidad sin riesgo alguno de sanción, siempre que la falsedad se halle prolijamente formalizada.
Va de suyo que semejante hermenéutica desvirtúa el sentido teleológico del sistema y vacía de contenido el deber de veracidad que inspira toda actuación ante la administración. En efecto, el ordenamiento no tutela las apariencias documentales sino la corrección sustancial de los datos que sirven de base a la determinación tributaria y al control aduanero. Admitir la impunidad de la falsedad formal cuando reproduce un contenido irreal equivaldría a consagrar la preeminencia de la forma sobre la verdad, desnaturalizando el principio de juridicidad y abriendo paso a la arbitrariedad.
Por el contrario, la razonabilidad exige entender que la sanción debe recaer sobre toda inexactitud relevante que altere la correspondencia entre lo declarado y lo efectivamente acontecido, pues el bien jurídico protegido no es la mera prolijidad documental sino la veracidad de la información sometida al control del servicio aduanero. Cualquier interpretación distinta vulneraría la lógica del sistema y atentaría contra la finalidad moral y jurídica del derecho que no es oro que hacer prevalecer la verdad sobre la ficción.
Es conocido que los operadores jurídicos, en cuanto servidores de justicia en el caso concreto, no pueden limitar su tarea a la aplicación mecánica o literal de las normas, desentendiéndose de las circunstancias fácticas que inciden en la resolución del conflicto, pues semejante proceder convertiría la aplicación de la ley en un acto incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados. Resulta sabido además que el derecho, como orden de razón práctica, exige una interpretación que armonice el texto normativo con su finalidad y con las consecuencias que de su aplicación se derivan, toda vez que la razonabilidad del fallo constituye un elemento esencial de su legitimidad constitucional.
En ese orden de ideas, la Corte Suprema ha sostenido, con criterio reiterado, que los jueces “no deben limitarse a la aplicación mecánica de las normas y desentenderse de las circunstancias fácticas con incidencia en la resolución del conflicto, pues de lo contrario aplicar la ley se convertiría en una tarea incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados, tarea en la que tampoco cabe prescindir de las consecuencias que se derivan de los fallos, pues ello constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de su decisión” (Fallos: 346:970, Universidad Nacional de La Matanza y otros c/ EN – Ministerio de Cultura y Educación s/ amparo ley 16.986, disidencia del juez Rosatti, 09/2023; ver en el Centro de Información Judicial)
En idéntico sentido, el Alto Tribunal ha reafirmado que “las normas han de ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial; ello así, porque no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma” (Fallos: 346:407, Caravetta, Juan Ignacio y otros s/ contrabando arts. 864 incs. b) y d) y tentativa art. 871 del Código Aduanero, disidencia del juez Rosatti, 05/2023; link CIJ)
Por consiguiente, la función judicial impone ponderar no sólo la letra de la norma sino también sus efectos prácticos, de modo que la aplicación del derecho no desemboque en soluciones disvaliosas o absurdas. La justicia del caso concreto no puede alcanzarse si se prescinde de la realidad que la norma intenta reglar y de las consecuencias que su interpretación genera. En esa inteligencia, la razonabilidad del fallo —entendida como congruencia entre el texto, el fin y las consecuencias de la decisión— se erige en el más seguro antídoto contra el formalismo vacío y en la garantía última de la juridicidad del acto judicial.
Desde luego, semejante hermenéutica equivaldría, en la práctica, a conferir al declarante un margen intolerablemente amplio para sustraerse a toda consecuencia sancionatoria. En efecto, si se aceptara que la veracidad exigida por el ordenamiento se agota en la coincidencia formal entre los documentos presentados y los datos consignados en la declaración, se consagraría en principio la impunidad de la falsedad perfectamente ordenada, esto es, de la simulación hábilmente revestida de apariencia documental[1].
Tal entendimiento conduciría a un resultado contrario a la finalidad del régimen, pues bastaría que el importador acompañe papeles que armonicen entre sí para quedar exento de reproche, aun cuando resulte palmario que el precio declarado no guarda correspondencia con la realidad económica de la operación. Ello implicaría sustituir la búsqueda de la verdad material —que constituye el eje del control aduanero— por la mera estética de la congruencia formal, desnaturalizando el principio de veracidad que informa todo el sistema.
Sostener esa tesis desvirtúa el bien jurídico protegido por la infracción aduanera de declaración inexacta, que es precisamente la veracidad y exactitud de la declaración. Permitir tal criterio equivaldría a habilitar un mecanismo de elusión de la verdad declarativa exigida por el ordenamiento aduanero.
Al respecto, cabe señalar que, desde la perspectiva de una regulación responsiva, entendida como aquella que procura ajustar la intensidad de la intervención estatal al grado de cumplimiento o de resistencia del administrado, resultaría un verdadero despropósito canalizar toda inexactitud documental o valorativa por la vía penal del contrabando. En efecto, el paradigma de la regulación responsiva —tal como lo desarrollan Ayres y Braithwaite en su teoría del responsive regulation— parte de la idea de que el Estado debe graduar su respuesta conforme al comportamiento del sujeto regulado, aplicando sanciones proporcionales y escalonadas antes de recurrir a la coerción penal. Bajo este enfoque, el sistema sancionatorio se estructura como una pirámide de intervención, donde la advertencia, la corrección administrativa y la sanción infraccional anteceden al castigo penal, reservado solo para supuestos de fraude doloso y resistencia contumaz. Obligar a que toda inexactitud deba ventilarse por la vía penal implicaría desnaturalizar este modelo y renunciar a la racionalidad progresiva que inspira la potestad sancionatoria moderna. En lugar de incentivar la cooperación y el cumplimiento voluntario, se instauraría un régimen de miedo y litigiosidad que, lejos de fortalecer la observancia de la norma, terminaría socavando la eficacia del control. El derecho penal perdería así su carácter de ultima ratio, transformándose en una herramienta de gestión rutinaria, incompatible con los principios de proporcionalidad, eficiencia y mínima intervención. Además, desde el punto de vista funcional, un sistema que relega toda inexactitud al ámbito penal introduce una distorsión grave: penaliza la desprolijidad y trivializa el delito. Lo hace porque equipara al error, la negligencia o la mera diferencia valorativa con la defraudación dolosa, diluyendo la frontera conceptual entre infracción y delito. Esa confusión vulnera la coherencia interna del ordenamiento aduanero, que distingue cuidadosamente entre el ilícito administrativo (art. 954 C.A.) y el penal (arts. 863 y ss. C.A.), precisamente para asegurar una respuesta gradual, racional y educativa del Estado.
Por ello, canalizar toda inexactitud por la vía penal no solo es disvalioso desde la teoría del castigo, sino que contradice la propia filosofía regulatoria del derecho administrativo contemporáneo, fundada en la idea de que la sanción no es venganza ni castigo, sino instrumento de persuasión y restauración de la legalidad. En suma, convertir el derecho penal en el único cauce posible ante cualquier discrepancia formal o material equivale a negar el principio de responsividad, el de proporcionalidad sancionatoria y, en última instancia, el mismo sentido de justicia que anima al derecho público.
Asimismo debe recordarse que el Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana, incorporado al derecho interno, establece como primera base de valoración el valor de transacción —esto es, el precio realmente pagado o por pagar— y prevé ajustes taxativos (artículo 8), procurando un sistema uniforme, neutral y no arbitrario. En consecuencia, la valoración debe fundarse en hechos y datos verificables, excluyéndose la fijación de valores ficticios por parte de la Administración.
De allí que la comprobación no se limite a una inspección física. El artículo 954 del Código Aduanero tipifica la infracción de “declaración inexacta” cuando lo declarado “difiere de lo que resultare de la comprobación”. El verbo “comprobar” comprende verificaciones tanto materiales como documentales o económicas, sin restringirse a la mera constatación física de la mercadería.
La normativa reglamentaria (v.gr. Decreto 1026/87) desarrolla los criterios y componentes del valor en aduana, definiendo qué gastos deben incluirse o excluirse. Ello demuestra que el contenido de la declaración de valor se encuentra normativamente predeterminado y, por ende, es susceptible de contrastación por la Aduana conforme a dichos parámetros.
La función del servicio aduanero no consiste en “crear” un valor alternativo ex novo, sino en verificar si el valor declarado se ajusta a los métodos legales de valoración (transacción, idénticos, similares, deductivo, computado o subsidiario) y a los ajustes previstos. Solo si de esa comprobación surgen inexactitudes o imposibilidad de aplicar el método principal, la Aduana puede determinar un valor distinto como consecuencia del control, y no en ejercicio de una potestad discrecional.
Restringir la “comprobación” únicamente al precio o a circunstancias fácticas de la venta —excluyendo el valor en aduana— implica desconocer que el propio sistema de valoración transforma esos elementos en un dato declarativo verificable, cuya exactitud puede y debe contrastarse documental y metodológicamente (facturas, contratos, cánones o regalías, assists, condiciones de venta, relaciones de vinculación, etc.). En consecuencia, la infracción de declaración inexacta también comprende la declaración de valor, cuando ésta difiere de lo comprobado —por ejemplo, por omitir ajustes previstos en el artículo 8 del Acuerdo de Valoración o por declarar condiciones que no reflejan la realidad económica de la operación—. El tipo infraccional no se agota en lo físicamente verificable, sino que abarca la totalidad de los extremos exigidos en la declaración aduanera. La jurisprudencia y doctrina nacionales han aplicado el artículo 954 del Código Aduanero en casos relativos al precio efectivamente pagado, ventas sucesivas y otras hipótesis vinculadas al valor en aduana, partiendo siempre de la contraposición entre lo declarado y lo comprobado por la Aduana. Ello confirma que la valoración integra el ámbito de lo controlable y, en su caso, sancionable.
En suma, el error de la tesis que se refuta radica en confundir los planos: a) el declarativo (el importador consigna el precio, las circunstancias y el valor en aduana conforme a la ley); y b) el verificativo (la Aduana comprueba su conformidad con los métodos y ajustes previstos). La determinación administrativa de un valor distinto no sustituye la comprobación, sino que la presupone.
Reconocer la comprobabilidad del valor en aduana no amplía indebidamente las potestades estatales; por el contrario, garantiza la efectividad de los principios de legalidad, neutralidad y verdad material que informan el régimen de valoración de la OMC y su recepción en el derecho interno, evitando valores arbitrarios y asegurando la equidad tributaria.
III. Sentado lo anterior, corresponde dejar en claro que la determinación de si existió o no inexactitud en la declaración debe efectuarse desde un enfoque probatorio, reconociéndose una amplia libertad de prueba tanto para el servicio aduanero como para el administrado denunciado.
En este orden de ideas, tratándose de una sanción de carácter infraccional, el estándar probatorio exigido al Fisco debe ser especialmente estricto, ya que la sola existencia de antecedentes con precios diferentes al declarado no basta, por sí misma, para descalificar el valor de transacción presentado por el importador. Tal diferencia, sin otros elementos de convicción, no permite afirmar que el precio declarado sea inveraz o artificioso. Sin embargo, aun compartiendo ese principio como pauta general de resguardo del derecho de defensa y de la presunción de veracidad de las declaraciones, entiendo que su aplicación no puede ser absoluta. Corresponde valorar su alcance atendiendo a la naturaleza específica de la mercadería y a las características propias del mercado en que se comercializa, pues existen supuestos en los que las particularidades técnicas o el contexto económico justifican una apreciación más flexible de la prueba y del margen razonable de comparación de precios.
En efecto, el servicio aduanero se encuentra facultado para cuestionar lo declarado y realizar verificaciones mediante métodos comparativos. Sin embargo, dicho accionar no puede ser automático ni indiscriminado, sino que debe ponderar las características propias de la mercadería objeto de análisis.
Así, tratándose de bienes genéricos, con amplia disponibilidad de referencias y antecedentes en el comercio internacional, la existencia de un único antecedente no resulta suficiente para justificar un ajuste de valor. Por el contrario, respecto de mercaderías poco frecuentes o con características singulares, podría ser razonable que un solo antecedente idóneo funde el cuestionamiento al valor declarado.
Aplicando este criterio al caso concreto, se advierte que la mercadería objeto de autos se caracteriza por ser un bien genérico, con múltiples referencias y antecedentes comerciales disponibles. En consecuencia, no resulta procedente convalidar un ajuste de valor sustentado exclusivamente en un único antecedente, máxime cuando la diferencia observada carece de entidad suficiente para desvirtuar el precio efectivamente declarado y documentado.
No obstante a ello, en el análisis probatorio específico, debe destacarse que existen distintas calidades de tapones naturales, y que el servicio aduanero no ha demostrado que el único antecedente utilizado corresponda efectivamente al producto importado. Por su parte, el importador acompañó documentación emitida por el proveedor —consistente en un cuadernillo técnico que detalla las distintas calidades de tapones naturales—, acreditando la existencia de diversas calidades del producto objeto de importación, y manifestó que el bien importado corresponde a tapones naturales de baja calidad, identificados bajo la clasificación BEMA A, B y C. Asimismo, el importador presentó una planilla comparativa de valores correspondientes a mercaderías similares, incluso con precios inferiores, del mismo período y origen. El precio unitario allí consignado asciende a USD 5,29, en tanto que el declarado por la actora fue de USD 10,26, mientras que el antecedente utilizado por la DGA refleja un valor significativamente superior, de USD 42,90.
Por último, se acompañó una factura emitida a favor de BVA S.A., por un valor de 13 euros, correspondiente al año 2012, con el objeto de evidenciar la desproporción del valor de referencia sostenido por la Aduana. De la valoración conjunta de estos elementos se concluye que no ha sido acreditado que el importador haya efectuado una declaración inexacta. La existencia de un único antecedente, no corroborado en cuanto a la identidad y calidad de la mercadería, no satisface el estándar probatorio exigible en materia sancionatoria. En consecuencia, corresponde revocar la resolución aduanera impugnada, por no haberse comprobado la configuración de la infracción prevista en el artículo 954 del Código Aduanero.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución AD MEND N° 729/2014.
2. Costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución Fallo N° 729/2014 (AD MEND) dictada en las actuaciones SIGEA N° 12435-17-2009 (Sumario SA38-2009-402).
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. [1] O, cuando menos, tal interpretación obligaría a canalizar cada supuesto como el examinado a través del complejo y costoso procedimiento penal del contrabando, pese a que este tipo de reproche debe operar como ultima ratio en el sistema jurídico. Una lectura semejante importaría desarticular la función preventiva y sancionatoria propia del régimen infraccional aduanero, transformando lo que fue concebido como un control administrativo ágil y eficiente en una respuesta penal desproporcionada, reservada únicamente para los casos de mayor gravedad. De este modo, se vaciaría de sentido la tipificación de infracciones formales y materiales en el Código Aduanero y se lesionaría el principio de proporcionalidad que exige adecuar la respuesta del Estado a la entidad del ilícito cometido, afectando con ello la coherencia del sistema sancionatorio y la razonabilidad de su aplicación.
Date: 2025.11.27 18:12:29 ART Date: 2025.11.27 19:37:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.28 14:46:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.28 14:48:52 -03:00
Fin de la sentencia