Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-52837436-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y, en consecuencia, declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06001IT14000944F, por la firma INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C.F. en las actuaciones SIGEA N° 12197-450-2013, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Confirmar el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 8403/2018 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 07/11/2018, en la actuación SIGEA N° 12197-450-2013, la cual condena a la actora al pago de una multa equivalente a la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 43 CVOS. ($ 107.779,43), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 06001IT14000944F. Costas a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-70258953-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Junio de 2025 PESCARMONA S.A.I.C.F.
Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2019-52837436--APN-SGASAD#TFN:
“INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C.F. C/DGA S/ Recurso de Apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 8403/2018 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 07/11/2018, en la actuación SIGEA N° 12197-450-2013, en cuanto condena a la actora al pago de una multa equivalente a $ 107.779,43 formulándole cargo, así como a la aseguradora ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S 35.617,79 (Derechos de Exportación, Tasa de Estadística e IVA) y $ 78.639,64, atento a encontrarla responsable de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en virtud de la mercadería importada temporariamente mediante destinación N° 06001IT14000944F, con vencimiento el 30/06/2008.
II. Fundamentos de la apelación: Mediante el IF-2019-52837098-APN-DTD#JGM, en fecha 06/06/2019, se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la resolución antes citada. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos que dieron origen a la causa. A continuación, explica que la destinación en trato fue debidamente cancelada, mediante las operaciones Nros. 08001EC03018450X, 08001IC82000702K y 08001IC84001247R, resultando de aplicación el CTIT 2272/2007. Adiciona que todo ello fue puesto en conocimiento del servicio aduanero en oportunidad de contestar la vista conferida. Opone la prescripción de la acción para perseguir el cobro de los tributos y la imposición de la multa. Asevera que el servicio aduanero debió notificar la resolución definitiva dentro de los cinco días de su dictado, plazo que fue incumplido. Cita jurisprudencia. Subsidiariamente, impugna la liquidación y la moneda en la que fue efectuada. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2019-76664206-APN-DNTEID#JGM, en fecha 22/08/2019, la representación fiscal contesta el traslado del recurso y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Luego de relatar los hechos del caso, formula una negativa general. Defiende la plena vigencia de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer penas. Cita jurisprudencia. En cuanto al fondo de la cuestión, se expide en relación al régimen de excepción al que la importadora se adhirió y a la carga de la prueba. Afirma que no se encuentra acreditada la reexportación ni la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente. Enumera los requisitos establecidos mediante la Resolución A.N.A. 479/95 y la relevancia del CTC a los fines de establecer la relación insumo/producto y, con ello, acreditar la descarga. Afirma que resulta evidente que la importadora no cumplió con sus obligaciones y que, como consecuencia, la aduana, no pudo ejercer sus funciones de control sobre la mercadería ingresada temporariamente. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-450-2013 se inician a fs. 1/6 con la documentación presentada por el representante de la firma actora, solicitando la cancelación de la DIT en trato. A fs. 8 se agrega la carpeta original del despacho. A fs. 9 obra el acta de denuncia N° 166/2013. A fs. 11/14 se efectuó el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 18 y vta., en fecha 29/11/2013, se corre vista de lo actuado, notificada a fs. 33, en fecha 13/06/2018. A fs. 24/32 y 36/44 la actora y la aseguradora contestan vista. A fs. 45/46 luce la póliza N° 593719. A fs. 50/54 se emite la resolución apelada, notificada a fs. 55 vta. A fs. 56/57 la actora da cuenta del recurso interpuesto ante el Tribunal y adjunta formulario F4.
V. Que en fecha 03/06/2025, por PV-2025-59536695-APN-VOCXXI#TFN se elevaron los autos a la Sala “G” y, en fecha 04/06/2025, pasaron a sentencia (IF-2025-60218561-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que preliminarmente, corresponde tratar la excepción de prescripción opuesta por la actora en el escrito de apelación.
Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al auto de apertura, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería -fs. 11-y a fs. 13 obra la liquidación de tributos.
Que, por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 30/06/2008 (prórroga de la destinación), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2009.
Que en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 29/11/2013, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 10 meses y 28 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 1 mes y tres días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que, en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (29/11/2013) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 07/11/2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que la parte se notificó de dicho acto (personalmente) el 21/05/2019 (cfr. fs. 55 vta.) cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que cabe destacar que la actora se agravia puntualmente de la demora en notificar la resolución y resalta la obligación en cabeza del servicio aduanero de notificar los actos administrativos, en los plazos que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos establece.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
VII. Que el temperamento a adoptar respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones resulta diferente, a la luz del análisis que a continuación se efectúa.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 30/06/2008 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2009. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 29/11/2013). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 30/11/2013, finalizando el 29/11/2018.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado (07/11/2018), no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones y, como consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción en relación a la acción para imponer penas, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la cuestión.
VIII. Que, en cuanto al fondo de la cuestión, corresponde analizar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”.
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
X. Que mediante la DIT en trato la actora importó temporalmente 23.875 kgs. de productos laminados de acero inoxidable (de anchura superior o igual a 600 mm.), bajo la P.A. 7219.21.00.
Que a fs. 35 la División Control Ex Ante ratificó la denuncia de fs. 10 y explicó que, habiendo analizado la documentación acompañada por la actora, la relación insumo producto no habría sido aplicada correctamente (Nota N° 927/18 – DV CEXA).
Que, en efecto, asiste razón al área técnica en relación a la errónea aplicación de la relación insumoproducto, la cual se proyecta a las tres operaciones involucradas en autos.
Que conforme la documentación obrante en las actuaciones administrativas- en particular el permiso de embarque y las destinaciones de importación a consumo incluidas en el sobre de fs. 32, así como los CTC Nros. 2271/07 y 2272/07-no puede determinarse con precisión cual es la relación insumo-producto que se aplicó en ellos, toda vez que en el permiso de embarque se citan ambos CTC, que poseen una relación insumo-producto diferente. Lo mismo cabe concluir en relación a los porcentajes de mermas y pérdidas incluidos en cada instrumento.
Que por todo lo expuesto, no cabe más que confirmar el art. 1° de la resolución objeto del recurso, con costas a la actora.
Que, en virtud de todo lo expuesto, VOTO POR:
1).- HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por la actora y, en consecuencia, DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06001IT14000944F, por la firma INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C.F. en las actuaciones SIGEA N° 12197-450-2013, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 8403/2018 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 07/11/2018, en la actuación SIGEA N° 12197-450-2013, la cual condena a la actora al pago de una multa equivalente a la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 43 CVOS. ($ 107.779,43), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 06001IT14000944F. Costas a cargo de la actora.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por la actora y, en consecuencia, DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06001IT14000944F, por la firma INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C.F. en las actuaciones SIGEA N° 12197-450-2013, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 8403/2018 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 07/11/2018, en la actuación SIGEA N° 12197-450-2013, la cual condena a la actora al pago de una multa equivalente a la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 43 CVOS. ($ 107.779,43), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 06001IT14000944F. Costas a cargo de la actora.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.06.30 10:26:26 ART Date: 2025.06.30 12:25:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.30 12:25:53 -03:00
Fin de la sentencia