Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 42.912-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución N° 116/13 (DV RRMP), en cuanto determina impuesto y accesorios, con costas.
2Declarar la nulidad de la Resolución N° 77/15 DO (DV RRMP), con costas.
I. Que, a fs.71/87 y a fs. 460/488vta., se presenta el recurrente e interpone recursos de apelación contra las resoluciones N° 116/13 (DV RRMP) y N° 77/15 DO (DV RRMP), suscriptas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la Dirección General Impositiva de la ex AFIP, hoy ARCA.
Por medio de la resolución N° 116/13 (DV RRMP), de fecha 27/03/2013, se le determina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos fiscales 01/2010 a 12/2010 por la suma de $139.701,51 con más $ 123.654,42 en concepto de intereses resarcitorios; haciéndose expresa reserva de la eventual aplicabilidad de las sanciones que pudieran corresponder, en orden a lo establecido por el art. 20 de la Ley 24.769 (vigente al momento de los hechos).
A través de la resolución N° 77/15 DO (DV RRMP), de fecha 31/03/2015, se le aplica una multa de $558.806,04 equivalente a cuatro veces el IVA presuntamente omitido en los periodos fiscales mencionados, con sustento en los arts. 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
Expone los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan el ajuste efectuado por el Fisco Nacional. En primer lugar, plantea la nulidad de las resoluciones apeladas. Respecto a la determinación de oficio, argumenta que la misma carece de causa y motivación y que posee una interpretación arbitraria de las constancias del caso. En cuanto a la resolución que aplica multa, argumenta que fue dictada antes de que existiera una sentencia firme en sede penal, de acuerdo con el art. 20 de la ley 24.769, vigente al momento de los hechos, violentando su derecho de defensa.
En lo que hace al fondo de la cuestión, sostiene que se le atribuye erróneamente la explotación del complejo "Bahía Playa Chica", cuando en realidad era llevada a cabo por el Sr. Alejandro Fabián Zanabria, con quien – dada su calidad de concesionario del lugar – el 31/12/2009 firmó un contrato de locación, por medio del cual le otorgó los derechos y obligaciones sobre la terraza y las terrazas exteriores del predio en cuestión. Explica que no resulta motivo suficiente para sustentar la postura fiscal el hecho de que el mencionado documento carezca de firma certificada, toda vez que se encuentra sellado en fecha 04/01/2010. A su vez, agrega que la sola manifestación por parte del Sr. Zanabria, de negar la titularidad de la mencionada explotación, resulta insuficiente como para atribuirle al actor, las ventas realizadas y los débitos fiscales declarados en IVA por el primero de ellos.
Asevera que, de las constancias del expediente administrativo, se desprende que la efectiva explotación del predio era llevada a cabo por el Sr. Zanabria. En particular, menciona que, del relevamiento de los trabajadores realizado, se ratificó que trabajaban para él.
Niega haber sido responsable de informar los datos, presentar las declaraciones juradas o atender las inspecciones del Sr. Zanabria. Aclara que la obtención de la clave fiscal es exclusiva de Sr. Zanabria, siendo éste el único responsable de su uso. Por lo tanto, considera que los débitos fiscales declarados deben ser atribuidos a Sr. Zanabria.
Sostiene que la emisión de los cheques a su nombre, se realizaban a pedido del locatario – el Sr. Zanabria-, con la finalidad de abonar tanto los servicios como a los proveedores, circunstancia que se estableció en el contrato en cuestión, por cuanto se lo autorizaba a utilizar las cuentas bancarias.
Por otro lado, argumenta que la existencia de las facturas emitidas a su nombre en concepto de compras a proveedores y pagos de servicios, obedece a que las mismas están relacionadas a su calidad de concesionario y a la necesidad de poseer una serie de servicios e insumos mínimos para su mantenimiento del lugar. Detalla que proveedores, como Pluma Blanca S.R.L., I.M.E.P.H.O. S.A., Cabrales S.A. y otros, informaron no haber tenido operaciones con él o que las operaciones no resultan evidencia de explotación. Además, asevera que la contratación de seguros y servicios (como electricidad y telefonía) se realizó a su nombre para el mantenimiento de la concesión y así garantizar el correcto funcionamiento del predio, así como en apoyo al locatario, por lo que entiende que no constituye un indicio de explotación del negocio y, por ende, la resolución debe ser revocada.
Asegura que erróneamente se toma como indicio la existencia de juicios laborales iniciados en su contra, los cuales se debieron a su rol como concesionario y en torno a la figura de solidaridad laboral.
En particular, informa que los procesos judiciales correspondientes a las Sras. María Gabriela Roselli y Daniela Solange Ruiz Díaz corresponden a relaciones laborales no comprendidas en los períodos fiscales en cuestión. Mientras que el perteneciente a la Sra. Elba Nélida Grosso, informa que no tuvo reconocimiento la existencia de una relación laboral que los una.
En forma subsidiaria, solicita que, se le computen los créditos fiscales consignados por el Sr. Zanabria en sus declaraciones juradas.
Con relación a la multa por defraudación aplicada, se remarca que el Fisco Nacional no explica la existencia del fraude, ya que no se encuentra acreditada la existencia de dolo, fundamentándolo en una conducta simplemente omisiva, sin describir la maniobra o ardid necesario para configurar el hecho que se le imputa. En subsidio, solicita que -para el caso que se confirme la sanción- se fije en el mínimo legal por cuanto le resulta desproporcionada e irrazonable.
Impugna los intereses resarcitorios calculados por resultarles claramente abusivos. Cita doctrina y jurisprudencia a su favor. Acompaña prueba documental. Ofrece prueba testimonial, informativa, pericial contable y pericial caligráfica. Concede autorizaciones. Efectúa reserva de Caso Federal. Finalmente, solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 124/133vta. y a fs. 542/552vta. se presenta el Fisco Nacional contestando los recursos interpuestos por el recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio, impugna la prueba ofrecida por el apelante y acompaña los antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentando confirmando las resoluciones recurridas, con expresa imposición de costas a la recurrente.
A fs. 561/561vta. el Tribunal en pleno resuelve acumular el Expte. N° 42.912-I, de igual caratula, a las presentes actuaciones.
A fs. 152 y fs. 584 se abre la presente causa a prueba.
En cuanto a la prueba informativa, a fs. 168/205 se encuentra la contestación del Fisco Nacional. A fs. 208/209 figura la respuesta del oficio dirigido al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, a fs. 221/228 obra la constancia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, mientras que a fs. 231/370 la de Supermercados Mayoristas Makro S.A. A fs. 391 se encuentra la respuesta de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. A fs. 397/399 se encuentra el informe pericial contable. A fs. 412/415 y fs. 600/603 la respuesta al oficio dirigido al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. En el punto 4) a fs. 576, se tiene por desistida la prueba informativa dirigida a Ámbito del Revestimiento S.A.
En el punto 2) de fs. 584 se tiene presente la contestación del oficio dirigido al Tribunal de Trabajo N° 3 de Mar del Plata y, en consecuencia, por Secretaría Letrada se agregan a las presentes actuaciones copia de los cuerpos 1 y 2 de prueba del Expediente N° 20.656, caratulado "Grosso Elva Beatriz c/ Fernández Gerardo Adrián s/ Cobro de Salarios".
70A fs. 620/626 lucen las contestaciones de los oficios dirigidos al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 Secretaría Penal 4, a la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 2 y al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 Secretarias Penales N° 6 y 8, todas de la ciudad de Mar del Plata, respectivamente.
A fs. 640/642 figuran la contestación del oficio remitido al Juzgado Federal de Primera Instancia, Secretaría Penal N° 2 de Mar del Plata y a fs. 645/646 se encuentra la respuesta de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 1 de Mar del Plata.
Finalmente, a fs. 628/631vta. y a fs. 653/657 se encuentra agregado el informe pericial caligráfico y su ampliación, respectivamente.
Por su parte, a fs. 670 se presenta el Dr. Jorge Andrés Mazzoni renunciando al patrocinio letrado en las presentes actuaciones e informando que el recurrente se encuentra concursado y que el Fisco Nacional verificó sus créditos en el Expte. N° 10608/2015 caratulado “FERNANDEZ GERARDO S/ QUIEBRA PEQUEÑA”.
Requeridas las partes a fs. 674, a los efectos que informen el estado procesal del concurso citado precedentemente, a fs. 783 y a fs. 803/803vta., se presenta el Fisco Nacional manifestando que “...el monto verificado en el proceso falencial tiene como origen la Boleta de deuda N° 127/633/04/2012 sustento de la ejecución fiscal caratulada: "FISCO NACIONAL AFIP DGI C/ FERNANDEZ GERARDO ADRIAN S/ EJECUCIÓN FISCAL" de trámite por ante el Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, Secretaría AD - HOC, Expte. N° 100743/2012. En el mismo se reclaman los importes impagos de las Decla de IVA por los periodos fiscales 1/2010 a 12/2010 presentadas por el contribuyente, los que por otra parte no fueron rectificadas. - ello sin perjuicio de la fiscalización, Determinación de Oficio y posterior aplicación de multa que por los mismos periodos se le formulara, los cuales entiendo se encuentran controvertidos por ante el TFN. - en conclusión, si bien hay identidad en cuanto al concepto y el periodo no se verifica en cuanto al monto y origen puesto que el verificado corresponde a los montos impagos de las DECLAS y lo controvertido en el TFN corresponde al ajuste y multa aplicado con posterioridad".
Citado a fs.785/785vta. se declara en rebeldía al Síndico.
A fs. 810 se clausura el periodo probatorio y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”. A fs. 829/829vta obran agregados los alegatos efectuados por la actora y a fs. 832/837vta los alegatos producidos por el Fisco Nacional. Finalmente, a fs. 839 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
III. Que corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
IV. Que en cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional a practicar el ajuste debatido en las presentes actuaciones.
De conformidad con los antecedentes administrativos que corren por separado, el recurrente se encuentra inscripto ante el Fisco Nacional en la actividad de servicio de restaurante y cantinas sin espectáculos. La fiscalización iniciada con la Orden de Intervención N° 61650 (IG N° 422/1998) se originó tras detectarse discrepancias entre las acreditaciones bancarias en la cuenta corriente N° 7961/5 del Banco de la Provincia de Buenos Aires a nombre del recurrente y los ingresos que éste había declarado. Según manifestaciones del propio Fernández, las diferencias se debían al uso de las cuentas bancarias por parte de la Sra. Romina Gramajo, con el fin de hacer frente a los gastos del negocio, ya que ella desarrollaba actividades en el restaurante (vide Informe Final de Inspección obrante a fs. 267/272 del Cpo. Ppal. Verificación 2 de los antecedentes administrativos). Con el objeto de verificar el origen de las acreditaciones bancarias en la cuenta mencionada anteriormente y de atribuir, si corresponde, dichas acreditaciones al desempeño del recurrente en una actividad gravada por el IVA, la fiscalización procedió a formular los requerimientos de forma, a partir de los cuales, en fecha 29/06/2011 el recurrente acompañó las siguiente documentación en copia: 1) contrato de concesión celebrado con la Municipalidad de General Pueyrredón en fecha 19/03/2007, 2) copia del contrato de locación con el Sr. Alejandro Fabián Zanabria de fecha 31/12/2009, 3) contrato de cesión parcial del área de explotación del 26/12/2007 al Sr. Diego Pessano y 4) detalle de los depósitos depurados entre 01 y 12/2010, correspondientes a la cuenta corriente N° 7961/5 del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, presentó una nota titulada "Información Complementaria Solicitada", en la cual se detalla que, durante los períodos en cuestión, “existe solamente una retención realizada por la firma Reginald Lee S.A.”, correspondiente a una operación llevada a cabo en 2009, por canje de publicidad, adjuntando su correspondiente certificado (vide fs. 71/199 y 201/223 de los Cpos. de Verificación IVA 1 y 2, respectivamente).
Por su parte, en fecha 27/07/2011, el Sr. Fernández. manifestó que el Sr. Alejandro Zanabria “no inició la habilitación de la sublocación debido a la demora de la Municipalidad de General Pueyrredón en la inspección final de obra”. A su vez, acompañó listado de los débitos fiscales de IVA, detalle de las ventas realizadas, presentaciones de las declaraciones juradas de los periodos fiscales 01/2010 al 12/2010 y copia de la inscripción de IVA (vide fs. 50/70 del Cpo. Ppal. Verificación IVA N° 1).
Con el fin de ratificar la documentación aportada, el 28/10/2011 se citó al recurrente, quien, pese a estar debidamente notificado, no asistió. La misma situación se presentó con la comparecencia de la Sra. Gramajo (vide fs. 224/229 del Cpo. Verificación IVA N° 2 y fs. 17 del Cpo. Auxiliar, respectivamente).
En fecha 04/08/2011, el Sr. Zanabria, citado a comparecer, desconoció ser el titular de la explotación de “Bahía Playa Chica”, respondiendo que en principio realizó tareas de mantenimiento (pintura, electricidad) y de limpieza en la cocina del restaurante para el Sr. Gerardo Fernández, solamente en el mes de enero de 2010 y que posteriormente realizó changas en otros domicilios. Manifestó haber firmado un contrato de locación, a petición e insistencia del Sr. Fernández, por el cual recibió la suma adicional de $70 semanales. Además, indicó que el recurrente lo citó para renovar dicho contrato a cambio de $500, oferta que no aceptó. Expresa asimismo que nunca manejó dinero proveniente de la explotación del negocio y que no posee cuentas bancarias. Desconoce haber contratado personal para el Compejo y todo manejo relativo a los proveedores y la explotación del restaurante (véanse fs. 05/06 del Cpo. Auxiliar Citaciones Circularización Sr. Zanabria y Gramajo Sabrina Daniela de los antecedentes administrativos).
Por su parte, se realizaron circularizaciones al Banco de la Provincia de Buenos Aires y a los proveedores Reginald Lee S.A., El Comercio Compañía de Seguros S.A., Telmex Argentina S.A., Broar S.R.L., Digamar S.R.L. y Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA S.A.), cuyas respuestas se encuentran incorporadas en los Cpos. Circularización Banco Provincia de Buenos Aires y Proveedores Circularizados de los antecedentes administrativos.
También la Municipalidad de General Pueyrredón, acompañó: 1) contrato de fecha 19/07/2007, mediante el cual, por Ordenanza N° 17451, se otorga al Sr. Fernández la explotación de la unidad turística, 2) habilitación integral a nombre del recurrente y 3) pliego de bases y condiciones, el cual se extrae de la página oficial de la Municipalidad, conforme nota de fs. 24 del Cpo. Circularización Municipalidad.
Finalmente, los actuantes concurrieron a los Tribunales de Trabajo Nros. 1, 2 y 3 de Mar del Plata, a los efectos de obtener información de los juicios laborales que constan en la MEV (Mesa de Entradas Virtual), entablados al Sr. Fernández, obrando su detalle en el Cpo. Auxiliar Consulta Juicios Laborales, a saber: 1) Tribunal de Trabajo N° 1, Expte. N° 55722 – “ROSELLI MARIA GABRIELA c/ FERNANDEZ GERARDO ADRIAN s/ DESPIDO”, 2) Tribunal de Trabajo N° 2, Expte. N° 53014 caratulado “DANIELA SOLANGE RUIZ DIAZ c/ FERNANDEZ GERARDO ADRIAN s/ INDEMINZACION POR DESPIDO” y 3) Tribunal de Trabajo N° 3, Expte. N° 24337 caratulado “GROSSO ELVA ELIZABETH c/ FERNANDEZ GERARDO ADRIAN”, cuya documentación se encuentra agregada en el Cpo. Consulta Juicios Laborales de los Antecedentes Administrativos.
En base a toda la documentación recolectada, la fiscalización arribó a los siguientes resultados: • La cuenta corriente del Banco de la Provincia de Buenos Aires está a nombre del recurrente como único titular y los depósitos fueron realizados en efectivo por él.
• Del cruce de los cheques emitidos para los pagos a EDEA S.A., se desprende que fueron librados por el Sr. Fernández.
• Según la información de terceros (proveedores de bienes y servicios), la titularidad de las compras y servicios con destino a la Unidad Turística están a nombre del Sr. Fernández, emitiendo cada uno de ellos factura tipo "A" con IVA discriminado.
• El contrato suscripto entre el recurrente y el Sr. Zanabria, no cuenta con las firmas legalizadas. • Según lo manifestado por el propio Zanabria, se deduce que desconoce haber participado en la explotación del predio, haber realizado presentación alguna ante la AFIP, efectuado depósitos bancarios, comprado bienes o productos, ni conocer la manera en que se explota el comercio y se maneja el dinero. Solo firmó un contrato de locación a pedido e insistencia del recurrente, recibiendo por dicho acto la suma de $70 semanales.
• De la consulta a la base de datos del Organismo, surge que el Sr. Zanabria no posee bienes ni cuentas bancarias, lo que lo torna insolvente ante las obligaciones tributarias. Tampoco existe habilitación municipal a su nombre. Además, se constató que tanto él como la Sra. Gramajo poseen domicilio fiscal en la oficina particular de la contadora pública Cristina Galli, al igual que el Sr. Fernández.
• De la documentación aportada por la Municipalidad de General Pueyrredón y la extraída de su sitio web, se concluye que no es posible subalquilar la unidad turística fiscal sin una autorización previa, que debe incluir la evaluación de la capacidad económica, financiera y la idoneidad del tercero para el otorgamiento de la misma, lo cual no consta que se hayan realizado los trabajos.
• Finalmente, de la consulta a los juicios laborales iniciados y de la documentación adjunta en el Cuerpo Consulta Juicios Laborales de los antecedentes administrativos, se reconoce la relación laboral entre el recurrente y los demandantes por los trabajos realizados en el período en que el Sr. Fernández niega haber explotado comercialmente el restaurante de "Playa Chica".
En consecuencia, la fiscalización concluyó que las operaciones realizadas en la Unidad Turística Fiscal Playa Chica, durante el año 2010, declaradas por el Sr. Alejandro Fabián Zanabria deben atribuirse al recurrente, en virtud del Principio de Realidad Económica.
A los efectos de determinar el IVA de los periodos fiscales 01/2010 a 12/2010, se imputó el débito fiscal declarado por el Sr. Zanabria en cada uno de ellos, así como los créditos fiscales que surgen de la información obtenida de terceros, proveedores de bienes y servicios y por facturaciones realizadas al recurrente. Se estableció un saldo técnico por la diferencia entre los créditos y débitos fiscales mencionados.
Por otro lado, se le computaron las percepciones sufridas, conforme a la información suministrada por los proveedores circularizados. De la diferencia con el saldo técnico determinado y la deducción de los montos consignados en sus declaraciones juradas presentadas, se arribó a una suma a ingresar a favor del Fisco Nacional de $ 139.701,51.
V. Que corresponde ahora el tratamiento de la nulidad de la resolución N° 116/13 (DV RRMP), planteada por el recurrente, que, si bien no es introducida como de previo y especial pronunciamiento, razones de lógica precedencia llevan a su tratamiento preliminar al del fondo de la cuestión traída a decisión de este Tribunal. El actor sostiene que resolución apelada carece de causa y motivación, ya que contiene una interpretación arbitraria de las constancias del caso.
En primer lugar, cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED. SALA II , 9/10/96, entre otros).
Respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, observándose en definitiva que los agravios de la parte actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que en modo alguno resulta un fundamento válido para determinar la nulidad del acto.
En cuanto al agravio referente a que la resolución en cuestión contiene una interpretación arbitraria de las circunstancias del caso, se debe recordar lo sostenido por esta Sala –en su anterior conformación- in re “Siev Publicidad S.A.” (sentencia del 01/04/2004): “debe rechazarse la defensa opuesta por la apelante en cuanto a la falta de fundamentación del acto determinativo y falta de consideración de lo alegado por ella, puesto que “el juez administrativo se encuentra investido de las facultades necesarias para decidir la cuestión conforme a su criterio, independientemente de lo alegado por las partes y siempre que su decisión sea fundada, situación ésta que se verifica en autos al sustentarse las resoluciones en los hechos y antecedentes del caso y en el derecho aplicable”
Por lo tanto, la mera discrepancia con la decisión del Fisco, en cuanto a la interpretación de los hechos ocurridos y la aplicabilidad de la ley, no constituye un fundamento válido para determinar la nulidad del acto. Por ende, el planteo de nulidad de la resolución N° 116/13 (DV RRMP), no puede prosperar.
Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto –en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”
En el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que corresponde a este Tribunal adentrarse en la cuestión a decidir, esto es, si las operaciones declaradas en el IVA por el Sr. Zanabria por la explotación de la Unidad Turística Fiscal "Playa Chica" deben ser atribuidas al recurrente, en virtud del principio de realidad económica, tal como sostiene el Fisco Nacional.
Que aclarado lo que antecede, resulta pertinente formular algunas apreciaciones sobre el principio de la realidad económica, invocado por el Fisco Nacional y receptado por el art. 2° de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.). Dicho principio “es una ejemplificación de la figura del abuso del derecho que contempla el artículo 1071 del C.C. Dicho principio interpretativo implica que en el supuesto de divergencia entre las formas jurídicas adoptadas por el contribuyente y la realidad económica, debe prevalecer esta última, en razón de constituir el hecho imponible el fruto de la voluntad de la ley, con el propósito de valorar la riqueza de acuerdo con una finalidad política y no de seguir a los contribuyentes, atribuyendo efectos a sus manifestaciones de voluntad (vid. Jarach, Curso Superior de Derecho Tributario, pág. 282). Este dogma autoriza a indagar los hechos y su relación con las figuras empleadas por las partes, consagrándose el sustrato económico subyacente en el hecho generador por sobre el ropaje jurídico utilizado por las partes intervinientes en el negocio; es en definitiva la posibilidad de otorgar preeminencia a la intervención empírica (situación de hecho) por sobre la jurídica (situación de derecho)” (vide “Shuberoff Oscar Rubén” de la Sala “A” de este Tribunal, 5/10/18). En derecho tributario, cuando el contribuyente comete un abuso de formas jurídicas, el intérprete está autorizado a desarrollar consideraciones económicas para la exégesis de la ley tributaria y para el encuadre del caso concreto frente al mandato resultante no sólo de la literalidad del texto legislativo, sino también frente a su espíritu. En tal sentido, se ha sostenido que la interpretación que prescinda de las formas jurídicas establecidas entre las partes solo se admitirá, en cada caso en concreto, para corregir situaciones anormales creadas artificiosamente por el contribuyente (Araujo Falcao, A: “El hecho generador de la obligación tributaria” – Ed. Depalma Bs. As. – 1964 – Pags. 44, 48 y 49).
Ello se traduce en que, el principio de la realidad económica debe ser utilizado por el Fisco Nacional con el máximo cuidado para no caer por vía interpretativa en la creación de hechos imponibles que niega el contribuyente haber realizado. En definitiva, se debe determinar si en el caso concreto las formas jurídicas utilizadas “no son manifiestamente” las que el derecho privado ofrezca y autorice para asegurar adecuadamente la intención económica y efectiva del contribuyente, para lo cual debe tenerse presente no sólo el texto de la norma sino las circunstancias fácticas del hecho.
Al ser ello así, y habida cuenta de que sólo es admisible privar de relevancia a la existencia de una determinada instrumentación, si se demuestra que ésta no refleja la realidad económica (Fallos 326;2989), debe repararse entonces que el principio de la realidad económica (contenido en el citado artículo 2 de la ley 11.683) no puede conducir –per se y sin la acreditación suficiente de los extremos relevantes- a la prescindencia de las formas jurídicas adoptadas por las partes ni a desvirtuar lo establecido en las normas que regulan una determinada relación tributaria, pues tal proceder sería susceptible de afectar el principio de reserva o legalidad, con serio menoscabo de la seguridad jurídica (Fallos 234:465; 251:78, 253:332; 254:62; 315;820; 316:3231; 317:218, entre muchos otros), (conf. Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal – 24/08/2007 – “Ferioli, Jorge Oscar”).
A mayor abundamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que dicho principio “es una pauta de interpretación para determinar el hecho imponible en los casos de evasión tributaria en sentido estricto, por lo que su aplicación se encontraría condicionada a la acreditación de la intención del contribuyente de evadir el tributo, o si, por el contrario, constituye una pauta de interpretación que habilita al órgano recaudador a determinar cuál es el hecho imponible en todos aquellos casos en los que se compruebe que más allá del "...esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al .mínimo legal..." (Fallos: 241:210) las formas o estructuras jurídicas por él utilizadas no coinciden, de modo manifiesto, con las formas o estructuras canónicas que el derecho ofrece para instrumentar su cabal intención con independencia de si hubiera existido ánimo de evasión, sin otro requisito para su aplicación que la demostración de la referida “falta de coincidencia.” ( vide cons. VII, “Consorcio de Empresas Mendocinas Potrerillos S.A. (TF 24.929-I) c/ DGI” del 31/10/2017 - CSJ 1312/2012 (48-C)/CS1 )
VII. Que en función de lo expuesto y en atención a las numerosas tareas de fiscalización e investigación desarrolladas que permitieron la recolección de una serie de hechos graves, precisos y concordantes, se concluye que el Organismo fiscal sustentó debidamente la determinación del impuesto basada en la omisión de declarar ingresos gravados a través de la interposición de un tercero, mediante un contrato de locación que, en realidad, era utilizado para desviar artificiosamente los ingresos generados por el desarrollo de su propia explotación. En ese sentido, tal como se detalló en el considerando IV, existen indicios contundentes que indican que el recurrente fue el verdadero dueño y titular de la explotación, mientras que el Sr. Zanabria era un mero "hombre de paja", sin ningún poder de decisión en el negocio y sin capacidad económica ni financiera para llevar a cabo dicha actividad.
En cuanto a la prueba ofrecida por la actora y producida en autos para derribar la tesis fiscal, si bien cada medio de prueba es susceptible de valoración individual, lo cierto es que, para llegar a la certeza de los hechos discutidos, generalmente resulta necesario analizar varios simultáneamente, incluso si algunos de ellos no guardan correspondencia entre sí.
Así, los diversos elementos de prueba deben ponderarse relacionándolos entre sí, comparándoselos con las diversas posiciones de las partes en punto a los hechos que invocan, de manera tal que al final se tenga un conjunto sintético, coherente y concluyente acerca de los hechos controvertidos. Esta actividad valorativa, en suma, es lo que se denomina el método reconstructivo de apreciación conforme las reglas de la sana crítica En tal inteligencia, del análisis de los elementos probatorios colectados durante el procedimiento seguido ante el organismo recaudador y plasmados en el acto apelado, se vislumbra un razonamiento congruente sobre la real titularidad de las actividades realizadas en el complejo “Playa Chica” durante el periodo en cuestión. En tal sentido, debe recordarse que si bien el Tribunal -cfme. art. 164 de la ley 11.683- tiene “... amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia añosa y pacífica, que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (v. CCAF, Sala II, “Tameyfú SRL”, sent. del 27/06/1972, entre otros), a lo que cabe agregar que las estimaciones de impuestos efectuadas de oficio gozan, en principio, de legitimidad e incumbe a quien las impugna demostrar los hechos en que sustenta su pretensión (v. criterio de Fallos 201:322, 205:31, 328:3720, entre otros).
Habiendo sido descrita la postura fiscal en el Considerando IV, en el marco de las facultades que le otorga el art. 2 de la ley de rito (principio de realidad económica), la actora debió desvirtuarla, acreditando sus dichos. Pues más allá de la documentación en la que se acredita la fecha de otorgamiento de la concesión y una locación del lugar entre el Sr. Fernández y el Sr. Zanabria, lo cierto es que el establecimiento se encontraba a nombre del contribuyente, así como los servicios, como el suministro eléctrico y el personal contratado para sus tareas en el lugar lo reconocen a él como empleador. La parte actora intenta desacreditar esto último argumentando su calidad de codemandado, en atención al principio de solidaridad laboral establecido en el art. 30 de la LCT. Por su parte, el informe pericial caligráfico obrante a fs. 628/631 y su ampliación de fs. 653/657 concluyen que las firmas estudiadas fueron realizadas por diferentes manos, por lo que no aporta información relevante a los hechos discutidos en las presentes actuaciones. Cabe recordar que el Sr. Zanabria reconoció haber firmado el contrato de locación con el recurrente y declaró que respecto de las inscripciones en AFIP, Rentas y la obtención de las facturas de ventas, fueron realizadas por la contadora y a quien acompañó y firmó la documentación que ésta le requería.
En cuanto a la utilización de la cuenta bancaria, destinada en gran parte al pago de los servicios y/o de proveedores y al hecho de que los depósitos fueron hechos en efectivo guardando similitud con los importes de ventas informados por el Sr. Zanabria, no se ha aportado ninguna evidencia que acredite la recepción por parte de tal persona del dinero con destino a esa cuenta, ni que permita inferir un uso diferente. Asimismo, cabe destacar que al ser el actor su único titular, ello impide al Sr. Zanabria la posibilidad de librar cheques para hacer frente al pago de las compras y de los servicios inherentes al giro comercial, independientemente que, conforme surge de la cláusula décima del contrato de locación firmado por los mencionados (vide fs, 76/78 del Cpo. Ppal. IVA de los antecedentes administrativos), el recurrente haya prestado conformidad a su uso por parte del Sr. Zanabria, a los fines de la operatividad del negocio. A ello sumado que no existe constancia alguna de la existencia de autorizados y/o cotitulares de la misma.
En resumidas cuentas, la explotación de la Unidad que implica en manejo del negocio, servicios, empleados, proveedores y la gestión financiera estaban efectivamente en manos del recurrente.
Finalmente, en lo que hace al planteo en subsidio, relacionado con la falta de imputación de los créditos fiscales consignados en las declaraciones juradas por el Sr. Zanabria, tampoco corresponder hacer lugar. Ello así pues, tal como observarse del cuadro “DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – PERÍODOS FISCALES 01 A 12/2010”, obrante a fs. 93 de las presentes actuaciones, y de la liquidación proyectada por la fiscalización de fs. 241/243 del Cpo. Ppal. Verificación IVA Período 01-2010 a 12-2010 de los antecedentes administrativos, el Fisco Nacional consideró para su cómputo, tanto el crédito fiscal derivado de la prueba documental como así también de la información obtenida de terceros proveedores durante dicha etapa. Es por ello, que lo sentado en el punto 3) del informe pericial contable, obrante a fs. 397/399vta. de los presentes actuados, no agrega nada nuevo, al tratarse de los mismos proveedores. Asimismo, cabe recordar que recae sobre el recurrente la carga de acompañar la documentación de respaldo de las operaciones de compra que alegue, de cuyo crédito fiscal inherente solicita su cómputo, lo que, en el presente, no ha acontecido. Lo indicado en el punto 4) del mencionado informe pericial, solo refiere al dato global de crédito fiscal, consignado en las declaraciones juradas del Sr. Zanabria.
Por lo tanto, conforme lo indicado, resulta improcedente el cómputo del crédito fiscal del que intenta valerse el actor.
En tales condiciones, cabe concluir que los agravios del recurrente, al no encontrar respaldo en probanzas fehacientes, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos volcados por el Fisco Nacional, habiendo reunido indicios serios, precisos y concordantes que confirman al recurrente como la persona que en los hechos llevaba a cabo las operaciones en la Unidad Turística Fiscal “Playa Chica”. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto determina de oficio el IVA, con costas.
VIII. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Si bien el recurrente argumenta que los mismos resultan abusivos y, por ende, deben ser morigerados, cabe precisar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
El actor no arrimó causales exculpatorias como para eximirlo de responsabilidad, por lo que corresponde confirmar la liquidación de intereses resarcitorios, con costas.
IX. Que finalmente resta expedirse con respecto a la multa aplicada al recurrente, con sustento en artículo 46 de la ley de rito, haciendo mérito los incisos a), b) y c) del artículo 47 de la ley ritual.
En lo que aquí interesa, debe primeramente abordarse el planteo de nulidad formulado por el apelante, con fundamento en fue la resolución fue dictada antes de que existiera una sentencia firme en sede penal, de acuerdo con el art. 20 de la ley 24.769, vigente al momento de los hechos, violentando su derecho de defensa. En este sentido, cabe destacar que con la resolución N° 148/12 (DV RRMP) de fecha 12/05/2012, se confirió vista de los cargos formulados y de las actuaciones administrativas. Por su parte, a través de la resolución N° 116/13 (DV RRMP), de fecha 27/03/2013, mencionada anteriormente, se determinó de oficio la obligación tributaria por el impuesto y los periodos fiscales en cuestión, junto con los respectivos intereses resarcitorios, haciendo expresa reserva de la eventual aplicabilidad de las sanciones correspondientes, según lo establecido en el art. 20 de la Ley 24.769 (vigente al momento de los hechos). Finalmente, mediante la resolución N° 177/14 DO (DV RRMP) del 07/08/2014, se dispuso la apertura del sumario correspondiente, el cual concluyó con la resolución N° 77/15 DO (DV RRMP) del 31/03/2015.
Conforme lo expuesto precedentemente corresponde señalar que, con respecto a los periodos fiscales analizados en el caso de marras, tanto en el acto determinativo de oficio como en la instrucción del sumario, ya se encontraba vigente la Ley N° 26.735 (B.O. 28/12/2011). Esta circunstancia invalida la reserva legal efectuada por el juez administrativo, resultando nula la resolución apelada en autos por la cual se intenta aplicar una multa a la recurrente.
En ese sentido, resulta necesario destacar que, a pesar de la argumentación teórica formulada por el juez administrativo en la resolución comentada, en relación a la reforma introducida por la mencionada norma, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Soler Diego s/ Recurso de Casación” y la resolución (PGN) N° 1467/2014, que dejó sin efecto la resolución (PGN) N° 5/2012, no es menos cierto que dicha directiva no es vinculante para el Fisco Nacional. Asimismo, no debe confundirse la oposición a la aplicación retroactiva de una ley en un proceso en trámite con la no formulación de la denuncia penal correspondiente por parte del organismo recaudador, quien no ha demostrado, en este caso concreto, la radicación de la misma en sede penal, no existiendo constancia de causas penales seguidas contra la aquí recurrente. Asimismo, debe hacerse especial referencia a que tampoco se cumple con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificatorias) el cual dispone que “(c)uando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determina el gravamen...”.
En ese orden, no puede convalidarse la apertura posterior del sumario infraccional con el dictado de la resolución N° 177/14 DO (DV MMRP) de fecha 07/08/2014 y el de la resolución N° 77/15 DO (DV RRMP) de fecha 31/03/2015, mediante la cual se aplicó una multa en el IVA de los periodos fiscales 01/2010 a 12/2010 por la suma de $ 558.806,04 equivalente a cuatro veces el gravamen presuntamente evadido, encuadrada en los artículos 46 y 47 incisos a), b) y c) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
En esta inteligencia, se ha sostenido que “(u)n acto administrativo resulta nulo, de nulidad absoluta e insanable cuando presenta vicios de tal entidad o gravedad que impiden la existencia de alguno de sus elementos esenciales (arts. 7, 8, 14 y 15 a contrario, Ley N° 19.549 -Adla, XXXIIB, 1752-)” (CNFed., Sala II Contencioso Administrativo, noviembre 13- 1979.-Rodríguez Blanco de Serrao c. Resolución Ministerio del Interior). Por su parte, el artículo 7 de la Ley N° 19.549 establece que son requisitos esenciales del acto administrativo entre otros, la causa: deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación: deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto.
En esa tónica, el caso traído a examen encuadra en las prescripciones del artículo 14, de la Ley Nº 19.549 que establece: “El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos: a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta. b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado”.
Cabe tener en cuenta que, por un lado, el Fisco debe propender a resguardar debidamente el derecho de defensa por ante su sede, y, por otro lado, es preciso destacar que la función del Tribunal Fiscal es realizar un control de legitimidad sobre los contenidos de las resoluciones apeladas ante su instancia jurisdiccional. En casos como el de autos, el acto recurrido no contiene los elementos mínimos para que puedan ser evaluados en su legitimidad por esta instancia jurisdiccional, por lo que no corresponde ya su revocación sino decretar, directamente, la nulidad del mismo. Es en esos casos donde la doctrina de la "subsanación" aplicada por el Tribunal en distintas oportunidades siguiendo precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe encontrar su justo límite para no terminar privando de sentido a todas las garantías que, indudablemente, enmarcan el procedimiento determinativo en sede fiscal (en tal sentido, TFN, Sala “B” in re “Ledesma, Julio César”, sentencia del 28/3/04).
En ese sentido, no toda nulidad administrativa es susceptible de ser convalidada en instancias procesales sucesivas conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 205:549; 247:52; 267:393, entre otros. Algunas revisten tal entidad que resultan de imposible subsanación posterior, puesto que admitir lo contrario, importaría asumir que la Administración Fiscal se encuentra facultada a disponer de las formas y requisitos legales y procesales a su libre discrecionalidad o arbitrio, convirtiendo en letra muerta a la ley adjetiva tributaria y a las garantías constitucionales que inspiraron su dictado, conclusión que repulsa a un ordenamiento jurídico tributario donde la sumisión a la ley es un deber inexcusable impuesto tanto a los contribuyentes como a la propia Administración.
Asimismo, cabe destacar que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sentenció en igual sentido el 29/10/2024, en los autos caratulados “MARINO, OMAR (TF 43445598-I) c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” (Expte. N° 41576/2023).
En consecuencia, corresponde reputar como nula, de nulidad absoluta e insanable, a la Resolución N° 77/2015 DO (DV RRMP), de fecha 31/03/2015, apelada en autos, con costas, por lo que deviene innecesario el tratamiento de los agravios formulados por el recurrente, en atención al modo en que se resuelve.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución N° 116/13 (DV RRMP), en cuanto determina impuesto y accesorios, con costas.
2. Declarar la nulidad de la Resolución N° 77/15 DO (DV RRMP), con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2025.06.09 18:57:28 ART Date: 2025.06.10 09:32:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.10 11:49:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.10 11:49:52 -03:00
Fin de la sentencia