Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2025-34488119-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA Nº SIGEA N° 12206-6606-2013 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 11073IT14000267X. Costas a cargo del Fisco.
2Confirmar el art. 1° de la Resolución N° RESOL-2024-6564-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 27/12/2024. Costas a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-114661801-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 15 de Octubre de 2025 PESCARMONA S.A.
Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2025-34488119--APN- SGASAD#TFN: “INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A. C/DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° RESOL-2024-6564-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 27/12/2024, en la actuación SIGEA N° 12206-6606-2013, en cuanto condena a la actora al pago de una multa equivalente a $ 28.374,75 formulándole cargo, así como a la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en concepto de tributos por la suma de U$S 5.689,74 (Derechos de Exportación, Tasa de Estadística e IVA), atento a encontrarla responsable de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en virtud de la mercadería importada temporariamente mediante destinación N° 11073IT14000267X, con vencimiento el 07/02/2013.
II. Fundamentos de la apelación: Mediante el IF-2025-34488045-APN-DTD#JGM, en fecha 03/04/2025, se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la resolución antes citada. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos que dieron origen a la causa. A continuación, explica que con las constancias obrantes en las actuaciones administrativas quedó comprobado que se reexportó la totalidad de la mercadería importada mediante la DIT en trato (a través de los permisos de embarque 12038EC03000141B y 12008EC03000394X), cuestión que imposibilita reproche infraccional alguno. Especifica que la reexportación quedó comprobada con las constancias arrimadas en sede administrativa, en oportunidad de contestar la vista conferida, sin que el servicio aduanero lo haya valorado o tenido en cuenta. Opone que operó la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Subsidiariamente, impugna la liquidación tributaria. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2025-61291024-APN-DTD#JGM, en fecha 06/06/2025, la representación fiscal contesta el traslado del recurso y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Luego de relatar los hechos del caso, formula una negativa general. Defiende la plena vigencia de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer penas. Cita jurisprudencia. En cuanto al fondo de la cuestión, se expide en relación al régimen de excepción al que la importadora se adhirió y a la carga de la prueba. Afirma que no se encuentra acreditada la reexportación ni la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente. Argumenta que la liquidación tributaria es legítima y cita el fallo “Volkswagen Argentina S.A.” de la CSJN. Asimismo, explica la procedencia de la tasa de interés aplicable y de los intereses conforme lo dispone el C.A. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-6603-2013 (archivo embebido al IF-2025-90478825-APN-DTD#JGM) se inician a fs. 1/11 con la documental vinculada a la solicitud de cancelación de la DIT. A fs. 12 luce el acta de denuncia N° 81/15. A fs. 16 y 17 se efectúan el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 24, en fecha 28/12/2018, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 42 se liquidan los tributos y la multa mínima. A fs. 47/48 se dispone correr vista de lo actuado, notificada en fecha 09/06/2022 y 13/06/2022 (cédulas de fs. 48 y 51). A fs. 53/63 y 82/90 la importadora y la aseguradora contestan vista. A fs. 123/125 vta. se emite el acto apelado, notificado a fs. 127/128. A fs. 134 la actora da cuenta del recurso interpuesto y acompaña formulario F4 a fs. 136 y vta. V.- Que en fecha 19/09/2025, por PV-2025-104600371-APN-VOCXXI#TFN se elevaron los autos a la Sala “G” y, fecha 20/09/2025, pasaron a sentencia (IF-2025-104922748-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que preliminarmente corresponde tratar la excepción de prescripción opuesta por la actora en el escrito inicial.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción-relativo a la acción que ejerce el Fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: "Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera", comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 07/02/2013. Por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2014 y que el mismo vencía el 31/12/2018.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario.
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto suspensivo, el acto debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al auto de apertura, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería y se formuló la liquidación de los tributos (fs. 16/17 de las act. adm.).
Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 28/12/2018 (ver fs. 24 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 27 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que de dicho plazo- restaban cumplirse 4 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 28/12/2018) “... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión:...”. Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 894/2017) dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (28/12/2018) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 27/12/2024- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 12/03/2025 (Comunicación/notificación 25001NOTI052073Z) , cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, en cuanto a la acción del Fisco para imponer penas, cabe precisar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 07/02/2013 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2014. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 28/12/2018). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 29/12/2018, finalizando el 28/12/2023.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado (27/12/2024), no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones, por aplicación de la suspensión de un año derivada de la Ley N° 27.562 (Art. 17). Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, con costas y rechazar el planteo en lo que respecta a la acción para imponer penas, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
VII. Que debiendo abordar el fondo de la cuestión, cabe determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VIII. Que el Decreto N° 1330/04- a cuyo amparo se autorizó la operación en trato- establece que la mercadería “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6)
Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Por razones debidamente justificadas, el mencionado Organismo podrá autorizar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, cuando la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA comunique que el usuario ha presentado un informe técnico preliminar respecto del proceso de perfeccionamiento industrial involucrado, conforme las condiciones que establece el presente decreto. A los fines enunciados, los beneficiarios deberán contar con un dictamen o informe técnico elaborado por un organismo científico o tecnológico, cuya especialización y competencia sea acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación que se solicite. La Autoridad de Aplicación dispondrá los procedimientos y requisitos técnicos-administrativos para la implementación de lo establecido en el presente artículo.” (Art. 15)
IX. Que corresponde abocarse al fondo de la cuestión objeto de autos.
A esos fines, cabe puntualizar que a fs. 93 (Nota N° 5357/2022) el área técnica determinó que “…no se puede determinar el insumo en el CTIT correspondiente, por lo que no se puede constatar la relación insumo/producto, como así tampoco la regularización de la DIT…”
Que, teniendo a la vista la DIT en trato, en especial en lo que hace al campo “declaración de la mercadería” asiste razón al área técnica en tanto existe una imposibilidad de identificar el insumo en el CTIT aplicable N° 9199/2011, ya que existen diversos insumos con códigos diferentes para una misma posición arancelaria (8311.2000). La descripción de los referidos insumos resulta disímil en cada caso y no puede advertirse en cuál de ellos debería encuadrar el insumo importado mediante la DIT en trato. Que, más allá de que la actora manifiesta que “…el CTIT 9199/11, no sólo individualiza el insumo correspondiente a la PA SIM 8311.20.00.000G, sino que, también, individualiza con precisión a este insumo con el CÓDIGO 649…” de los cálculos correspondientes a la relación insumo/producto que se menciona en la solicitud de cancelación (1500 kgs. /UN) no coincide con las cantidades declaradas por cada permiso.
Que por todo lo expuesto, no cabe más que confirmar el art. 1° de la resolución aduanera, con costas a cargo de la actora.
Que, en virtud de todo lo expuesto, VOTO POR:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA Nº SIGEA N° 12206-6606-2013 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 11073IT14000267X. Costas a cargo del Fisco.
2).- CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución N° RESOL-2024-6564-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 27/12/2024. Costas a cargo de la actora.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Por estrictas razones de economía procesal, previo a adentrarme en los fundamentos de mi voto, me remito y hago parte del presente la descripción efectuada por el vocal preopinante con relación al objeto del proceso, los fundamentos de la apelación y la contestación del traslado (considerandos I, II y III). Considero, a su vez, que en la presente litis, a diferencia de lo decidido a través del voto que me precede, corresponde revocar la Resolución n° RESOL-2024-6564-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 27 de diciembre de 2024. Paso a desarrollar, a continuación, los fundamentos de mi posición al respecto.
II. Tanto el artículo 805, inciso a), como el artículo 937, inciso a), ambos del Código Aduanero, disponen que el auto que ordena la apertura del sumario produce, respectivamente, la suspensión de la prescripción de la acción de cobro de tributos y la interrupción de la acción para imponer sanciones. Ahora bien, la postura mayoritaria —con la que discrepo— entiende que tales efectos se generan de modo automático, sin necesidad de notificación alguna al presunto deudor o infractor. Dicho de otro modo, bastaría la existencia formal de la resolución que dispone la apertura del sumario para que se detenga o reinicie el curso de la prescripción. Este entendimiento, reiteradamente avalado tanto en sede administrativa como en sede judicial, descansa en la idea de que la sola decisión estatal de iniciar la investigación produce consecuencias sobre los plazos prescriptivos, aun cuando el sumariado no haya tenido noticia ni oportunidad de ejercer su defensa.
Con relación a la hermenéutica a tener en cuenta para la determinación del alcance de cada una de estas disposiciones, ya tuve oportunidad de manifestarme con respecto a la importancia que presenta la notificación de aquellos actos administrativos que poseen un efecto interruptivo de la prescripción liberatoria (causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”). Allí sostuve, con relación específicamente al auto de apertura del sumario, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificarlo; y que la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación.
Ello, en tanto no puede hablarse de un acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida en que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación -, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración. No cabe duda, a mi entender, que estamos hablando de algo más que de la mera “eficacia”; estamos haciendo referencia a su entidad jurídica, es decir, de su “validez”. Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, este debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En este sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “[…] [s]i el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho […]” (Corte Constitucional - Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados; es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate, de alcance general y particular.
III. Al retomar los hechos involucrados en el sub examine, se logra constatar que la infracción tipificada mediante el art. 970 del C.A. (hecho generador de la deuda tanto tributaria como infraccional), tuvo lugar el 7 de febrero de 2013. Como consecuencia de ello, en virtud de lo establecido por los arts. 803, 804, 934 y 935 del C.A., los plazos quinquenales respectivos de prescripción comenzaron a correr el 1 de enero de 2014 y terminaron por cumplirse el 31 de diciembre de 2018. Por otra parte, si bien el dictado del auto de apertura del sumario correspondiente tuvo lugar el 28 de diciembre de 2018 (a fs. 24 de las actuaciones administrativas n° 12206-6603-2013), su corrida de vista se ordenó, recién, el 9 de junio de 2022 (a fs. 46 ibid.), y las correspondientes notificaciones tuvieron lugar entre esta última fecha y el 15 de junio del mismo año. De esta manera, se logra constatar que la notificación del acto administrativo tuvo finalmente lugar aproximadamente tres años y seis meses a posteriori de su dictado, y nueve años y seis meses del hecho infraccional. Por consiguiente, sobre la base de lo desarrollado ut supra (considerando II), en el presente caso tanto la acción del fisco para exigir tributos, como aquella tendiente a imponer penas, se encuentra prescripta.
IV. Manifestada mi posición disidente con relación a la resolución de las cuestiones preliminares oportunamente planteadas por el apelante, corresponde a continuación presentar, a título de obiter dictum, algunas observaciones con respecto al alcance otorgado por el vocal preopinante a lo dispuesto por el art. 805, inc. a) in fine, del C.A. frente a aquellas situaciones donde la notificación de la resolución objeto del presente recurso (acto administrativo a partir del cual, según lo estipulado por la disposición mencionada, debería retomarse el conteo del plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos) se haya llevado a cabo en un plazo particularmente irrazonable (en la presente litis, si bien dicha resolución fue dictada por la autoridad competente el 27 de diciembre de 2024, habría sido notificada al sujeto pasivo de la obligación tributaria recién el 12 de marzo de 2025). Así, según lo manifestado mediante el voto que me precede, a los fines de que el plazo prescriptivo no quede suspendido sine die, se debería tener en cuenta lo estipulado por el art. 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto n° 894/2017) y, por consiguiente, correspondería entender que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el art. 805, inc. a), del C.A., sólo debería operar hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, “…reanudando su cómputo a partir de dicho instante”. A su vez, con el objeto de justificar su posición, el vocal preopinante haría referencia a lo manifestado por el voto mayoritario en la causa Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación (expediente EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN, sentencia del 3 de febrero de 2022; decisión donde tuve oportunidad de manifestar mi opinión al respecto, diferente a la desarrollada por la mayoría).
En mi opinión, el asunto traído a debate, lejos de agotarse en la mera exégesis del art. 805 del C.A., nos conduce a una nueva reflexión que no puede quedar relegada al margen del expediente y debe dejarse expresamente plasmada en este pronunciamiento. En efecto, el contraste entre los actos que abren el sumario y aquellos que lo clausuran o deciden sobre la acción del Fisco impone distinguir, con rigor conceptual y sentido de justicia, los requisitos de eficacia que cada uno demanda, so pena de convalidar un sistema procesal asimétrico donde el tiempo se detiene o reinicia al arbitrio exclusivo de la Administración. Así, la apertura del sumario no constituye un acto meramente interno ni un trámite burocrático destinado a engrosar el expediente, sino el punto de partida de un contradictorio que afecta la esfera jurídica del encartado. Su oponibilidad frente al particular sólo se cumple con la notificación válida, pues de otro modo se consagraría un procedimiento secreto en el que la prescripción quedaría paralizada sin que el justiciable tuviera siquiera noticia de la imputación, en flagrante contradicción con el derecho de defensa que garantiza la Constitución.
Distinta es la lógica respecto de las decisiones que ponen fin a la suspensión del curso del plazo, pues aquí lo decisivo no es abrir el debate, sino evitar que la autoridad administrativa prolongue artificialmente su poder de persecución. En tales supuestos basta el mero dictado del acto administrativo, ya que condicionar su eficacia a la notificación implicaría otorgar al Estado la llave de un reloj que podría detener y reanudar a su antojo, con la sola excusa de no haber cumplido una carga que le incumbía. En este sentido, resulta inaceptable que el órgano que concentra la potestad de dictar y notificar pretenda beneficiarse de su propia omisión, configurando un inadmisible abuso procesal bajo el disfraz del formalismo. No se trata aquí de discutir sutilezas doctrinarias, sino de aplicar el principio más elemental de buena fe: nemo potest commodum capere de injuria sua propria. El Estado no puede colocarse en la cómoda posición de ampliar sus plazos por la sola vía de demorar la entrega de lo ya resuelto.
La interpretación propuesta no sólo armoniza la normativa aduanera, sino que encuentra sólido fundamento en principios de jerarquía superior como el del plazo razonable y la tutela administrativa efectiva. Un procedimiento que se prolonga indefinidamente, no por la complejidad del caso sino por la desidia del órgano, no es un procedimiento justo sino un laberinto kafkiano. En otras palabras, lo que depende por entero de la Administración y redunda en su exclusivo provecho debe leerse en el sentido más restrictivo a su posición. De allí la regla dual: dictado suficiente para poner fin a la suspensión del artículo 805, inc. a) del C.A., notificación indispensable para que la resolución condenatoria del artículo 937 inc. d), del C.A. interrumpa. La hermenéutica propuesta armoniza el ordenamiento y se ancla en principios de jerarquía superior. El plazo razonable impide que los procedimientos se eternicen por desidia del órgano. La tutela administrativa efectiva impide que se alarguen en secreto por cargas que el propio órgano retacea cumplir. Porque, en definitiva, el derecho administrativo debe garantizar un equilibrio honesto entre la defensa del encartado y la eficacia del interés fiscal.
De esta manera, la doctrina que se fija preserva la seguridad jurídica sin desarmar el sistema. En virtud de lo expuesto, voto por:
1).- Revocar la Resolución n° RESOL-2024-6564-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 27 de diciembre de 2024.
2).- Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA Nº SIGEA N° 12206-6606-2013 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 11073IT14000267X. Costas a cargo del Fisco.
2).- CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución N° RESOL-2024-6564-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 27/12/2024. Costas a cargo de la actora.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.10.14 22:34:35 ART Date: 2025.10.15 08:13:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.15 13:00:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.15 13:01:39 -03:00
Fin de la sentencia