Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 24.473-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente las resoluciones N° 309/2004 (DV CRR2) y N° 10/2005 (DV CRR2), con más intereses resarcitorios y multas, reduciendo la graduación de las sanciones a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
2Ordenar a ARCA-DGI que, en el plazo de treinta (30) días, practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
I. Que a fs. 88/98, en el marco del Expte. N° 24.473-I la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 309/2004 (DV CRR2) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 30 de noviembre de 2004, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2000, 2001 y 2002, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $445.566,31.-, con más $199.006,83.- en concepto de intereses resarcitorios y aplicándose multa por $255.832,38.- equivalente a tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la ley de rito.
A fs. 191/201vta., en el marco del Expte. N° 24.475-I, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 308/2004 (DV CRR2) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 30 de Noviembre de 2004, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales marzo de 2001 a noviembre de 2002, ambos inclusive, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $236.628,56.-, con más $61.569,81.- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa por $138.377,55.- equivalente a tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido por los períodos fiscales marzo a diciembre de 2001, ambos inclusive, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la ley de rito.
A fs. 281/292, en el marco del Expte. N° 24.788-I la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 10/2005 (DV CRR2) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 20 de Enero de 2005, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 1999, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $9.898,60.-, con más $9.957,99.- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa por $29.695,80.- equivalente a tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la ley de rito. A fs. 372/380 vta., en el marco del Expte. N° 24.789-I, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 9/2005 (DV CRR2) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 20 de Enero de 2005, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales enero de 1999 a febrero de 2001, ambos inclusive, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $49.573,97.- por los períodos fiscales junio de 1999 a septiembre de 2000 y noviembre de 2000 a febrero de 2001, ambos inclusive en los dos tramos, con $50.393,66.- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa por $148.721,91.- equivalente a tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido en los mismos períodos fiscales que arrojaron saldo de impuesto a ingresar, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la ley de rito.
De modo preliminar, la recurrente expresa que la presente causa, que abarca la totalidad de los períodos fiscales mencionados anteriormente, tiene su origen en el libramiento de un oficio judicial por parte de la Jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Secretaría N° 46, donde tramitara el Concurso Preventivo de la aquí actora, relativo a ciertos créditos que resolvió desestimar a fin de que se investigue A su vez, señala que el oficio dirigido a la AFIP refería específicamente a la eventual infracción por parte de la Cooperativa del régimen establecido por la Ley N° 25.345, Antievasión. Ello así, toda vez que dicha magistrada resolvió no admitir la verificación de los créditos del grueso de la masa de acreedores en el marco de dicho proceso concursal, a efectos de no permitirles su participación en la votación de la propuesta concordataria. Asimismo, señala la recurrente que ello obligó a los acreedores que pretendieran cobrar sus acreencias, a iniciar los respectivos procesos incidentales de revisión de créditos (fs. 89 y fs. 92).
Afirma que ello derivó en la impugnación por parte del Fisco Nacional de las operaciones de crédito celebradas con veintidós (22) acreedores, lo que culminó con un ajuste fiscal basado en la aplicación al caso concreto de las presunciones establecidas en el art. 18 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). La recurrente, en resumen plantea, los siguientes argumentos defensivos: (i) el carácter de exenta que reviste en tanto cooperativa, de conformidad con lo establecido en el art. 20 inciso “d” de la Ley N° 20.628, (ii) las irregularidades cometidas por el ente recaudador en el marco del trámite de empadronamiento general correspondiente a la RG AFIP N° 729/99, (iii) el hecho de que las entidades cooperativas no son sujetos del impuesto a las ganancias, (iv) la naturaleza concursal de los créditos reclamados por AFIP, sujetos a verificación tardía en el proceso concursal y al plazo de prescripción establecido por el art. 56 de la Ley N° 24.522, de Concursos y Quiebras, y (v) en el caso puntual de los ajustes vinculados a los Exptes. N° 24.788-I y N° 24.789-I, su nulidad debido a la violación de las normas del capítulo XIII de la Ley N°11.683, referidas al régimen especial de fiscalización denominado “Bloqueo Fiscal”.
Por su parte, cuestiona la constitucionalidad de la tasa de interés establecida en el art. 37 de la norma ritual (fs. 96/96 vta.), la aplicación de las sanciones precedentemente mencionadas (fs. 96), hace reserva del caso federal (fs. 96 vta.), ofrece prueba documental, pericial contable, informativa y testimonial (fs. 96 vta./97 vta.) y, finalmente, peticiona se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 111/116, fs. 215/222, fs. 301/303 vta. y fs. 391/398 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos, desestima los agravios de la recurrente, ratifica en todas sus partes las resoluciones determinativas de oficio que motivan las presentes actuaciones, solicitando el rechazo de los recursos impetrados por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas.
Asimismo, se opone a la prueba ofrecida por la parte actora, plantea el caso federal y pide se confirmen las resoluciones recurridas, con costas a la actora.
III. Que a fs. 400/400 vta. obra la sentencia de acumulación de los Exptes. N° 24.475-I, N° 24.788-I y N° 24.789-I a estas actuaciones.
IV. Que entre fs. 409 y fs. 454 obran agregadas diversas piezas consistentes en cédulas de notificación con o sin transcripción de las resoluciones pertinentes y/o con las copias de las sentencias dictadas en el marco de distintos incidentes de revisión que tramitaran ante el Juzgado del Concurso Preventivo, en los cuales se resolviera finalmente la verificación favorable de un número significativo de los créditos que aquí cuestiona el Fisco Nacional, todo lo cual fuera puesto de manifiesto como hechos nuevos por la recurrente a medida que recibía las notificaciones comentadas. A su vez, y previo traslado obrante a fs. 455 (pto. 2°), el Fisco Nacional ensayó su defensa a fs. 460/461.
V. Que a fs. 467/467 vta. este Tribunal dispuso la apertura a prueba de las presentes actuaciones, haciendo lugar a la totalidad de la prueba ofrecida por la parte actora, limitando la prueba testimonial de acuerdo a las pautas establecidas en los artículos 429 y 430 C.P.C.C.N.
A fs. 544/545, fs. 551/556 y fs. 559/569, obran las contestaciones de oficio del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Secretaría N° 46, la Cámara Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), respectivamente. Respecto de la prueba informativa dirigida al Registro Nacional de las Personas, la misma se tuvo por decaída a fs. 732.
A fs. 518/529 obra el informe pericial contable producido por los peritos contadores oportunamente designados. A fs. 509/513 obran las declaraciones testimoniales brindadas por Oscar Facundo Eugenio GONZÁLEZ DEMATINE, Liliana Delia CALDERÓN, Fernando Néstor PÉREZ -quien declarara por sí y también como representante legal de COMSOFT S.A.- Mónica MAYOR, y Virginia ANDRÉS DE TEJADA, respectivamente. A fs. 590/714 la recurrente aporta prueba documental certificada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Secretaría N° 46 vinculada a los primeros cuatro testigos mencionados anteriormente, así como también al acreedor Daniel Alejandro PUENTE -y socio de COMSOFT S.A.-.
Por último, a fs. 715 obra acompañado por la parte actora un Certificado de Exención en el Impuesto a las Ganancias extendido por AFIP en los términos del art. 20 inciso “d” de la ley del referido gravamen en el marco de la RG AFIP N° 2681.
VI. Que a fs. 796 se clausura el período probatorio en la presente causa, a fs. 805 se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, la que dispuso poner las presentes actuaciones para alegar. A fs. 809/814 obran agregados los alegatos del Fisco Nacional, no haciendo uso de su derecho la parte actora. A fs. 819 se ponen los autos para sentencia.
VII. Que a fs. 824/831 luce la sentencia de este Tribunal mediante la cual se resolvió revocar las resoluciones apeladas, salvo en la parte que se confirman las determinaciones de oficio en el Impuesto al Valor Agregado, con costas. A su vez se confirmó la multa aplicada con relación a dicho impuesto.
A fs. 841/843 el Fisco Nacional acompañó la reliquidación ordenada e interpone recurso de apelación contra el decisorio de fecha 01/06/2022. Seguidamente a fs. 857 se aprobó la reliquidación efectuada por el Ente Fiscal. A fs. 877/883 se encuentra agregada la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala II, mediante la cual resolvió: “Hacer lugar a la apelación del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar la resolución del TFN recurrida en tanto fue materia de agravios, debiendo volver los autos a la instancia de origen a efectos del tratamiento de las restantes cuestiones no resueltas”.
VIII. Que en primer lugar, corresponde recordar que este Tribunal entendió que en el caso de autos la Cooperativa se trataba de un ente cooperativo que se encontraba exento del Impuesto a las Ganancias conforme establece el inciso “d” del art. 20 de la Ley N° 20.628 (t.o. Decreto N° 649/97).
Ahora bien, conforme la forma en que resolvió la Alzada corresponde expedirse sobre los demás ajustes relacionados en el Impuesto a las Ganancias.
En cuanto al fondo de la cuestión, el Fisco Nacional ajustó el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, en virtud de que la recurrente había omitido presuntamente la declaración de ingresos en el impuesto, derivados de la impugnación de pasivos que no pudo justificar mediante prueba fehaciente, lo que constituyó según el criterio fiscal un incremento patrimonial no justificado, en los términos del art. 18 inc. f) de la ley de rito.
Ello así, corresponde recordar que es doctrina de esta Sala que “...resulta evidente que los métodos presuntivos, son alternativas válidas que habilita la ley en favor de la administración para que pueda cumplir sus objetivos, en aquellos casos en que debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias respaldatorias, documentación que no resulte fehaciente e insuficiencias de diversa índole, deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (“Dadea, Marta Elisa”, Sala B, de fecha 22/12/1983).
Lo dicho no implica que el contribuyente no conserve en todo momento el derecho de probar y cuestionar, tanto la existencia y características del hecho cierto tomado como base, como la relación entre el hecho inferente y el hecho inferido. Ha dicho la Excma. Cámara que las presunciones son el resultado de un proceso lógico mediante el cual de un hecho conocido cuya existencia es cierta, se infiere un hecho desconocido cuya existencia es probable (Philips Argentina S.A c. Fisco Nacional, CNACAF, Sala I, 07/08/1990).
Es importante recordar a esta altura que los ajustes aquí apelados se originan en el informe enviado por la Jueza del concurso a la AFIP por la existencia de pasivos no comprobados. En definitiva, la cuestión a dilucidar, se trata de una cuestión de hecho y prueba por lo que corresponde su análisis.
En ese sentido, cabe detallar el conjunto de la prueba ofrecida y producida por la recurrente para justificar los pasivos impugnados (conforme Anexo fs. 58). A fs. 410/413 de las actuaciones la parte actora adjunta como hecho nuevo la resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23 en autos 49125 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/CONCURSO PREVENTIVO S/Incidente” en donde se hace lugar a la revisión y declara verificado el crédito de la Sra. Liliana Delia Calderon. A fs. 418/420 adjunta copia de autos 49122 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/CONCURSO PREVENTIVO S/Incidente” donde se declara verificado el crédito perteneciente a la Sra. Norma Aprea, a fs. 425/428 luce el auto recaído en el Expte. N° 49123 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/CONCURSO PREVENTIVO S/Incidente” que declara verificado el crédito de Luis Daniel Volante; a fs. 433/436 luce la resolución del Expte. 49.112 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/CONCURSO PREVENTIVO S/Incidente” que verifica el crédito del Sr. Gonzalez Dematine Oscar Facundo; a fs. 441/444 luce auto recaído en el Expte. N° 49.115 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/CONCURSO PREVENTIVO S/Incidente” que verifica el crédito de la Sra. Esther Gonzalez Agueda; a fs. 451/452 luce auto recaído en el Expte. N° 49.126 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA. S/CONCURSO PREVENTIVO S/Incidente”
que verifica el crédito del Sr. Fernando Néstor Pérez y de la Sra. Virginia Andres de Tejada, a fs. --- el Expte. N° 49.127 “COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA INDEPENDENCIA LTDA.
S/CONCURSO PREVENTIVO S/Incidente” que verifica el crédito de la empresa COMSOFT SA.
De dichos pronunciamientos, amén de hacer lugar a la verificación concursal, detallan los fundamentos por los cuales se tuvieron por acreditados los requisitos formales y materiales que otorgan validez a los préstamos realizados a dichos fines. Conforme surge del oficio de fs. 544/545 enviado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia las sentencias señaladas se encuentran firmes.
A esta altura, teniendo en cuenta el origen del cargo y que la propia jueza del concurso verificó los créditos impugnados, en cuanto a los pasivos detallados en el párrafo que antecede, se revoca el ajuste, con costas. Los demás pasivos -cabe adelantar- no corren la misma suerte. Ello así, a fs. 509/513 lucen las testimoniales donde surge que a los testigos, tal como menciona el Fisco Nacional en su alegato, les corresponden las generales de la ley, pero además, se comprometieron a acompañar documentación que acreditara sus dichos, circunstancia que nunca tuvo lugar.
Con relación a estas pruebas testimoniales la jurisprudencia (Villa Ricardo Mario, Sala A, 11/04/2002) ha establecido un valor relativo de las mismas, máxime considerando la relación de dependencia o económica que existe en estos casos en relación a la sociedad y la falta de pruebas documentales que avalen sus dichos, como para desvirtuar la pretensión fiscal.
En efecto, ha dicho la Sala B en la causa “Compar Compensación Argentina SA”, del 16/06/99 que “el testigo hábil para declarar puede sin embargo, encontrarse en situación que haga ineficaz su testimonio (…) tal situación se basa en el interés presunto que el testigo tiene en el proceso, en el parentesco, en la enemistad grave o la amistad íntima o la dependencia económica del mismo respecto de una de las partes, en el carácter de apoderado o defensor de éstas. Que en consecuencia, siendo los deponentes empleados de la firma recurrente, corresponde declarar que constituye un muy débil medio de convicción que deviene ineficaz si, como en el caso, no se encuentra acompañado de otro medio de prueba”. En idéntico sentido se ha expresado el Máximo Tribunal in re S.I.A. S.A. 06/09/1967.
A fs. 519/529 luce el informe pericial y con respecto a la bancarización se informa que por el tipo de registros de los depósitos bancarios y los ingresos de “caja” detallados en los asientos contables, que mayoritariamente los saldos registrados son depositados en cuentas corrientes bancarias de la Cooperativa y en cuanto a la aplicación de los fondos, que habrían sido recibidos por las financiaciones en cuestión y cuyo destino sería el objeto de la entidad.
Sin embargo, no hay documentación adicional que demuestre la veracidad de los mismos. Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En consecuencia, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, ésto es, cuáles fueron sus verdaderos ingresos y evidenciar la realidad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intenta probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado recientemente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Por lo que, por los restantes pasivos, cabe confirmar el ajuste fiscal, con costas.
XI. Que, no habiendo agravios concretos en materia de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación por la parte que se admite – conforme lo resuelto en el considerando precedente -, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XII. Que, finalmente resta expedirse con respecto a la procedencia de las multas apeladas en las presentes actuaciones relativas a la parte que se confirma en el Impuesto a las Ganancias, que encuentran sustento normativo en los artículos 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley 11.683.
En efecto, cabe recordar que tal como sostuvo esta Sala “B” -en su anterior conformación- in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...” En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...” En el caso particular, el aspecto material de las multas se encuentra debidamente acreditado, atento el modo en que se resuelve con relación a los ajustes efectuados.
Con relación al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el artículo 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del artículo 47 -como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
Por lo tanto, si se analiza la presunción utilizada en la especie, debe puntualizarse en el inciso b) del artículo 47 de la ley de rito no cualquier incidencia allanaría el camino hacia una presunción adecuadamente conformada, sino que es necesario que el juez administrativo fundamente que la merma de materia imponible reúne la calidad de “grave” (véase “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A.”, Sala “B”, de fecha 11/02/2008).
En ese sentido, los hechos discutidos en la presente causa revelan la grave incidencia que prescribe la norma y que la propia determinación fiscal muestra, en contraste con lo originariamente declarado por el contribuyente. En función de lo expuesto, la presunción que invoca el ente recaudador se encuentra bien activada y correspondía a la parte actora la carga de probar la ausencia de conducta dolosa en su accionar, cuestión que no ocurre en la especie. Por ello, corresponde confirmar las multas apeladas en autos.
No obstante ello, en cuanto al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente las resoluciones N° 309/2004 (DV CRR2) y N° 10/2005 (DV CRR2), con más intereses resarcitorios y multas, reduciendo la graduación de las sanciones a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
2. Ordenar a ARCA-DGI que, en el plazo de treinta (30) días, practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados, y archívese. Date: 2025.04.04 15:50:24 ART Date: 2025.04.04 17:02:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.07 10:53:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.07 10:54:16 -03:00
Fin de la sentencia