Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Fallo N° 113/2015 (AD SATO) dictada en la Actuación SIGEA N° 12321-33-2008 (Sumario Contencioso N° 84-176/2010).
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-55201619-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Mayo de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 36.649-A: “ROTCHEN, ALFREDO JOSÉ c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Fallo N° 113/2015 (AD SATO) dictada en la Actuación SIGEA N° 12321-33-2008 (Sumario Contencioso N° 84-
176/2010), mediante la cual se condena a ALFREDO JOSÉ ROTCHEN al pago de una multa por la suma de $ 162.042,20 por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. b) del C.A. Ello, en relación a la mercadería documentada mediante destinación de importación a consumo N° 07 084 IC05 001650 S.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 15/20 se presenta ALFREDO JOSE ROTCHEN mediante apoderado e interpone recurso de apelación ante este Tribunal contra la antes referida resolución. En primer lugar, efectúa un breve relato de los antecedentes acaecidos en sede aduanera, destacando una contradicción en el informe efectuado por la Sección Fiscalización y Valoración de Importación respecto de la destinación documentada mediante la cual se importaron dos máquinas forestales usadas para reacondicionamiento. Sostiene que en opinión de la Aduana no se habría presentado como contestación a un memorándum la documentación requerida sino un documento consularizado de evaluación del equipo, aunque señala que en el apartado del Análisis se haría mención a que al momento de la oficialización del DI sí se habría adjuntado el certificado de reacondicionamiento emitido por la firma exportadora en USA. Indica que dicho certificado detalla el proceso de reacondicionamiento, que lleva la firma del exportador, del presidente de la Cámara de comercio respectiva y el visado consular. Alude a la normativa aplicable. Señala que durante la fiscalización no se verificó la maquinaria. Se agravia respecto de que el fisco considere inválido el certificado basándose en un informe técnico realizado a posteriori de la importación. Señala que el desconocimiento de un documento de carácter público y consularizado, que fuera presentado junto con el despacho de importación, debe presumirse verdadero y que para desconocerlo, debe ser redargüido de falsedad. Argumenta que no puede apreciarse cuál es la acción punible pretendida por la aduana. Afirma que el certificado da cuenta que el exportador se encontraba calificado para reacondicionar la mercadería y para emitir certificaciones de reacondicionamiento, siendo un experto en la materia. Sostiene que, en todo caso, se podría encuadrar la cuestión en el art. 995 del C.A. y no en el art. 954 inc. b) del C.A. Alude a ésta última figura infraccional y hace referencia al bien jurídico tutelado. Cita jurisprudencia al respecto. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se la sobresea de la infracción imputada.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 31/33vta. la representante del fisco contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. En primer lugar, niega todos y cada uno de los asertos de la contraria que no fueran expresamente reconocidos y efectúa una breve reseña de los hechos acaecidos en sede aduanera. Cita el texto del art. 954 inc. b) del C.A. Sostiene que la firma debió haber probado las afirmaciones que invocara. Manifiesta que se trata de una figura culposa en la que se tipifica una responsabilidad objetiva. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas Nro. 12321-33-2008 se inician a fs. 1 con la Multinota DGA presentada en relación a la destinación N° 07 084 IC05 001650 S documentada por la firma ROTCHEN ALFREDO JOSÉ anoticiando un error en la condición de venta y en el país de origen. A fs. 2 luce INF. REG. N° 308/07 de fecha 05/10/07 informando que la solicitud se ajusta a lo prescripto en el artículo 225 del C.A. y que, por ende, “… correspondería acceder a lo peticionado. Asimismo, se informa que, del control documental efectuado por esta Sección, surge una inconsistencia entre el valor declarado como flete en el OM1993 SIM ($ 4.344, 04) y la Certificación de Flete aportada ($ 4.377,04), motivo por el cual debería registrarse una liquidación manual por la diferencia de tributos resultantes, sin perjuicio de las actuaciones sumariales que pudieren corresponder por infracción al C.A.”.
A fs. 3 obra la Nota Sección “V” N° 89/2008 (AD SATO) de fecha 14/05/08. A fs. 4 luce el sobre original del DI N° 07 084 IC05 001650 S. A fs. 5/6 luce Memorando N° 222/08 (DV FOPO) requiriendo documentación. A fs. 7/48 se presenta la firma en fecha 31/10/08, en contestación del referido Memorando y acompaña documentación mediante copias certificadas. A fs. 49/54 obra el Acta de Fiscalización de fecha 10/11/08 y fotografías tomadas en ocasión de la misma. A fs. 55/58 obra mail interno. A fs. 59/67 se presenta la firma importadora en fecha 12/11/08 a fin de complementar su anterior presentación aportando nueva documentación. A fs. 68/72 luce constancia de consulta al Sistema Registral. A fs. 73 obra Acta de Constancia de fecha 11/12/09.
A fs. 74/76 obra el Informe N° 69/10 (SE FVIM) de fecha 09/06/10. A fs. 77 luce Acta de Denuncia N° 35/2010 de fecha 09/06/10. A fs. 78 luce la Nota N° 085/10 SE FVIM de fecha 14/06/10. A fs. 79, con fecha 08/07/10, se resuelve instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A. y se corre la vista respectiva. A fs. 80/81 luce constancia de notificación a la firma importadora de dicha providencia en fecha 10/10/10. A fs. 82/87 contesta vista la firma en fecha 02/11/10. A fs. 89/92, con fecha 19/11/10 la firma acompaña copia certificada de Certificado en cumplimiento de la Res. N° 909/99 modif. por Res. 1472. A fs. 93 luce providencia de fecha 31/10/12 mediante la cual se tiene por producido el descargo y se provee la prueba ofrecida y se clausura la etapa probatoria.
A fs. 94/98 obra el alegato presentado en fecha 06/12/12. A fs. 99, con fecha 12/01/15 se clausura la etapa para alegar. A fs. 100/101 luce constancia de consulta al Registro de Infractores. A fs. 102/104 luce Dictamen N° 105/2015 (AD SATO). Finalmente, a fs. 105/113, luce la resolución aduanera apelada Fallo N° 113/2015 (AD SATO).
V. Que corresponde analizar si en el caso de autos ha quedado configurada la infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inc. b) del C.A. respecto de la mercadería documentada por ALFREDO JOSÉ ROTCHEN mediante el DI N° 07 084 IC05 001650 S.
Que el Código aduanero tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante las aduanas.
Que el art. 954 del C.A. “… da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante —salvo los supuestos previstos en la propia ley— o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tiende a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan” (CSJN, 12/5/1992, “Subpga SACIE e I”, Fallos 315:942).
Que específicamente, el art. 954, ap. 1, inc b) del C.A. dispone: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (…) b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción”. Sin embargo, no toda declaración inexacta resulta punible en tanto el legislador ha condicionado dicho aspecto al cumplimiento de las consecuencias previstas en el referido artículo. En ese sentido y tal como lo señala Juan Patricio Cotter (“Las Infracciones Aduaneras, 1a. ed. Buenos Aires: AbeledoPerrot, 2011, pg. 198) “…para la configuración del tipo aquí analizado corresponde que: a) exista una declaración aduanera que difiera con el resultado de la comprobación física o documental, b) esta diferencia tenga entidad para pasar inadvertida a la Aduana; c) esta inexactitud tenga entidad para generar alguna de las consecuencias previstas en los incs. a), b) o c) del art. 954 del C.A.”.
VI. Que, conforme surge de las actuaciones administrativas, ALFREDO JOSÉ ROTCHEN documentó con fecha 05/10/07 la destinación de importación N° 07 084 IC05 001650 S, mediante la cual importó 2 unidades de la mercadería que clasificó en la P.A. 8436.80.00.919D cuya descripción reza: “Las demás Autopropulsadas Los demás –Las demás máquinas y aparatos LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA, AVICULTURA O APICULTURA, INCLUIDOS LOS GERMINADORES CON DISPOSITIVOS MECÁNICOS O TÉRMICOS INCORPORADOS Y LAS INCUBADORAS Y CRIADORAS AVÍCOLAS.” Marca “BELL”, Modelo “SUPER T”, CA01 “REACONDICIONADAS/DOS”, con un valor FOB total de U$S 34.622,96. Asimismo, en cuanto al estado de la mercadería, manifestó “USADO IMPORTADO, INCL. REACOND” y en el campo “Documentos a Presentar” consignó “USACERTREACONDIC=SE ADJUNTA”. En el campo correspondiente a la “LIQUIDACIÓN” también se observa que pagó el 28% en concepto de derechos de importación por bienes usados de la Res. 909/04. (ver sobre del despacho obrante a fs. 4 de las act. adm.)
Que, el servicio aduanero consideró, luego de analizar los artículos 1° y 2° de la Res. N° 909/94, de conformidad con la modificación introducida por la Res. 1472/94, que “… no puede considerarse que el certificado mencionado precedentemente y agregado al sobre contenedor de la documentación acompañada al tiempo de oficializar el Despacho de Importación del caso resulte aplicable a los efectos de acreditar el carácter de reacondicionada, por cuanto, y conforme lo expresa el área técnica el mismo solo relata tareas efectuadas en forma somera, sin dejar constancia que las mismas excedan a un mero mantenimiento o reparación. …” (ver dictamen N° 105/2015 (AD SATO) obrante a fs. 102/104 de las act. adm.)
Que, de este modo, la Aduana no cuestiona la falta de presentación del certificado de reacondicionamiento sino el incumplimiento de lo establecido por la Res. MEOySP N° 909/94 y su modificatoria Res. MEOySP N° 1472/94 respecto de la aplicabilidad del mismo. Ello, por las razones expuestas en el párrafo precedente. Asimismo, la resolución aduanera aquí apelada sostiene que se trata de “… una prohibición de carácter económico, atento su finalidad, y relativa, toda vez que permite la importación de determinada mercadería con el cumplimiento de determinados requisitos. (…) de la lectura conjunta de los arts. 1 y 2 de la Resolución MEyOySP n° 909/94 actualizada, surge que ésta condiciona la importación definitiva de cierta mercadería usada, a que ésta revista la calidad de acondicionada o sometida a un proceso de reconstrucción, lo cual debe ser acreditado por medio de un certificado emitido respetando ciertos requerimientos …”. Por tal motivo, condenó al importador por considerar configurada a su respecto la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. b) del C.A. (ver Fallo N° 113/2015 (AD SATO) obrante a fs. 105/113 de las act. adm.)
VII. Que tal como sucedieron los hechos antecedentes de la cuestión, cabe ahora referirse a las Resoluciones cuya aplicabilidad pretende el servicio aduanero en el sumario antecedente de estos autos.
Que, a la fecha de oficialización del despacho involucrado en autos, la importación de bienes usados correspondientes a la partida aquí involucrada estaba reglada por la Resolución MEOSP N° 909/94, la cual fuera luego modificada -entre otras- por las Res. MEOSP Nros. 1472/94, 748/95, 155/95, 160/95, 534/08 y los Decretos Nros. 2646/12, 1205/2016, 406/2019, 541/19, 557/2023 y 384/2024. Es dable señalar que el Decreto N° 1205/2016 introdujo importantes modificaciones, así como también nuevos artículos, estableciendo principalmente la creación del certificado CIBU (Certificado de Importación de Bienes Usados) a los fines de la importación definitiva para consumo de los bienes usados.
Que la versión vigente a la fecha de la destinación de autos de la Resolución N° 909/94, disponía en su art 1º que “Los bienes usados comprendidos en los Capítulos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 y que se importen en forma definitiva para consumo comprendidos en las posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M) que se detallan en el Anexo I de la presente resolución, deberán tener la calidad de acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción o en su defecto, dichos bienes, deberán cumplimentar los procesos indicados en el país”. Por su parte el art. 2º establecía “Cuando el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción a que se alude en el artículo precedente, fuera efectuado en el país de origen o de procedencia del bien usado importado, el mismo deberá acreditarse mediante certificación emitida por parte del fabricante originario del bien o mediante certificación de pericia realizada en origen, emitida por ente técnico especializado, legalizada por la correspondiente Sección Comercial de la Embajada de nuestro país o por el Consulado Argentino. El acondicionamiento o el proceso de reconstrucción podrá ser efectuado en el país por el importador, que a su vez, deberá reunir la condición de usuario directo del bien usado. En este caso, los mismos estarán sujetos al régimen de comprobación de destino por el término de dos (2) años, en cuyo lapso queda prohibida la enajenación a título gratuito u oneroso de dichos bienes.”. (el subrayado me pertenece)
Que no se halla controvertido en estos autos que la posición arancelaria correspondiente a la mercadería en cuestión se encontraba ubicada dentro de las contempladas en la Resolución N° 909/94 y sus modificatorias.
VIII. Que, respecto de la citada Resolución se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa N.
6. XLVI, caratulada “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA c/DGA” (TF N° 22.220-A) sentencia del 12/06/12, en la cual haciendo suyos los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuradora Fiscal, distinguió claramente las mercaderías sujetas a una prohibición de importación de aquellas otras cuya importación está permitida bajo la vigencia de ciertas y determinadas condiciones o requisitos que no constituyen estrictamente prohibiciones. Los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que la CSJN se remitió, fueron los siguientes:
“El Código Aduanero regula de manera genérica el régimen de las prohibiciones en su Sección VIII. Tal como surge de la exposición de motivos de dicho cuerpo -de la que V.E. hizo mérito en el precedente de Fallos:319:1046-, este sistema, junto con el concerniente a los tributos y al control sobre el tráfico internacional de mercadería, "constituyen el eje principal de la legislación aduanera" (punto 1), y con él se ha buscado establecer un "estatuto básico" para "reunir los principios y reglas que regulan la materia" para que "se aplique en forma supletoria con relación a las normas que impongan prohibiciones", puesto que, de tal manera "la tarea del legislador se verá facilitada notablemente en el futuro, pues al dictar la medida respectiva sólo deberá expresar el objeto de la prohibición y los puntos en que quiera apartarse de las disposiciones generales y supletorias previstas en el código" (punto 2).”
“Asimismo, de la exposición de motivos surge que el término "prohibiciones" designa a las restricciones directas, es decir "las que impiden en forma directa la importación o la exportación", agregando que es claro "que no se pretende abarcar aquí el tratamiento de un sinnúmero de restricciones operativas tales como la concerniente al despacho de cierta mercadería por una determinada aduana, a la realización de las operaciones dentro de horarios hábiles, etc., que serán de cumplimiento obligatorio dentro de las pautas fijadas con carácter general por este código o bien establecidas por la repartición aduanera o por otros organismos en la esfera de su respectiva competencia" (puntos 3 y 4), agregando que el Código no establece específicamente prohibición alguna, sino que ellas "deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate" (punto 5).” “La Resolución 909/94, con las modificaciones introducidas por su similar 1.472/94, estableció, con claridad, un régimen de prohibición de importación para consumo en su art. 4°, para las mercancías detalladas en su Anexo II.”
“Pero además, según aprecio, contempló otros dos conjuntos de mercaderías a la que sujetó a regímenes de diversa naturaleza al mencionado. Por una parte, aquellas que si bien estaban comprendidas en las posiciones arancelarias mencionadas en el art. 1° no resultaban incluidas en ninguno de los anexos, las que podrían importarse libremente con un arancel cero (art.5°, segundo párrafo). Y, por otro lado, en lo que aquí interesa, el régimen de los arts. 1° y 2°, que abarcaba a ciertos bienes usados, cuya importación definitiva para consumo se regulaba sujeta a ciertas condiciones, a saber: a) acondicionados fuera o para ser acondicionados dentro del país, b) el importador debía ser su usuario directo; c) éste se veía imposibilitado de enajenar el bien durante dos años, estando sujeto al régimen de comprobación de destino correspondiente; y, d) sujetos a un arancel diferencial (…)”
“Es decir que, según la naturaleza del bien y su inserción de cara a la política comercial y económica seguida en ese momento, su importación estaba prohibida o bien permitida bajo ciertas condiciones. Y así 1o reconoció el propio Poder Ejecutivo en las sucesivas resoluciones que complementaron y modificaron el régimen, sincrónicamente, a medida que se apreciaban cambios en las condiciones de la economía nacional. (…)” “… sostener la tesitura de la demandada, en cuanto a que la resolución 909/94 y sus modificatorias, in totum, fijaban exclusivamente un régimen de prohibición, implicaría -como 1o advirtieron tanto el propio legislador en la exposición de motivos citada más arriba como la Cámara- elevar a tal categoría a todas las restricciones y simples condicionamientos para la exportación o importación de mercaderías, dando a los arts. 608 y cc. del código de la rama una latitud tan vasta que llevaría, en la práctica, a desvirtuar el sistema diseñado.” “En efecto, toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que -siempre desde esta perspectiva que considero errónea- se trataría de una "excepción" a la regla de la prohibición.”
“Así las cosas, estimo que, al no tratarse de una prohibición de importación para consumo el supuesto de autos, la conducta seguida por las actoras demuestra ser carente de la necesaria tipicidad para ser pasible de configurar una infracción aduanera. …”.
Que, resulta oportuno señalar, tras la cita del referido fallo de la CSJN, que dicha jurisprudencia ha sido confirmada por un fallo más reciente del Máximo Tribunal en los siguientes términos: “… Que resulta aplicable en las presentes actuaciones el criterio establecido por el Tribunal, el 12 de junio de 2012, en la causa CSJ 6/2010 (46-N)/CS1 “NATE Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A) c/ DGA”, sentencia a cuyos fundamentos corresponde remitirse, en lo pertinente, por razones de brevedad. Por ello, se declaran formalmente procedentes los recursos extraordinarios interpuestos y se revoca la sentencia apelada. …”
(FSA41000334/2010/CS1 “Casas, Carlos Arturo y otro c/ AFIP – DGA s/impugnación de acto administrativo” Sent. del 03/08/2023)
Que, de este modo, mediante la jurisprudencia invocada se determina que el Código Aduanero no establece prohibiciones específicas, sino que las mismas deben necesariamente surgir de la ley y que, en tal sentido, la Res. 909/94, con las modificaciones introducidas por la Resolución 1472/94, únicamente estableció un régimen de prohibición de importación para consumo respecto de las mercaderías detalladas en su Anexo II (art. 4). Mientras que los arts. 1 y 2 de la mentada resolución (invocados en la resolución aduanera aquí apelada), abarcaban a ciertos bienes usados, cuya importación definitiva para consumo se encontraba sujeta a ciertas condiciones como por ejemplo –y en cuanto aquí interesa- “acondicionados fuera o para ser acondicionados dentro del país”. Y, para éste último caso donde la jurisprudencia bajo análisis determina inequívocamente que no se trata de una prohibición de importación para consumo, también establece que no resulta pasible de de configurar una infracción aduanera.
Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que conforme surge de la documentación obrante en la carpeta original del DI en trato, allí obra el original del certificado de reacondicionamiento –cuya autenticidad no ha sido cuestionada- emitido por la firma CAMBIUM INTERNACIONAL INC., con las firmas ológrafas del representante de dicha compañía y la del Presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cary, Carolina del Norte. Esta última, debidamente legalizada por la Sección Consular de la Embajada Argentina en Washington D. C., Estados Unidos. La traducción de dicho certificado detalla que “Las máquinas cortadoras-apiladoras marca BELL EQUIPMENT fabricadas en Sudáfrica, modelo SUPER T, número de serie BCH286688 y BCH186586, fabricadas en 1997, conforme se describe en nuestra factura número 030, fueron reacondicionadas en nuestro taller en Cary, NC. El proceso de reacondicionamiento se llevó a cabo bajo normas del fabricante original y todos los repuestos sustituidos son nuevos. Ninguno de los materiales utilizados es material de desecho, contaminante o desechado. El aceite de motor, aceite hidráulico y filtros utilizados son nuevos e inocuos para el medio ambiente. Conforme al acuerdo del fabricante original, la empresa LATIN EQUIPMENT S.A., con domicilio en Hipólito Yrigoyen 937, el Dorado, Misiones, es el distribuidor oficial que garantiza la provisión de repuestos y servicio técnico post venta en caso de necesidad …” (ver certificado y traducción, obrantes en el sobre original del DI a fs. 4 de ls act. adm.)
Que, en virtud de todo lo antes expuesto, y más aún, teniendo en cuenta que en el caso de autos fue presentado el certificado de reacondicionamiento en cumplimiento de la normativa vigente a la fecha de la oficialización del despacho involucrado en autos, considero que en el caso de autos no resulta configurada la infracción imputada por el servicio aduanero.
Que, en consecuencia, corresponde revocar la resolución aduanera apelada.
IX. Que las costas se imponen a la parte vencida (conf. Art. 1163).
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución Fallo N° 113/2015 (AD SATO) dictada en la Actuación SIGEA N° 12321-33-2008 (Sumario Contencioso N° 84-176/2010).
2. Costas a la vencida.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Revocar la Resolución Fallo N° 113/2015 (AD SATO) dictada en la Actuación SIGEA N° 12321-33-2008 (Sumario Contencioso N° 84-176/2010).
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.05.22 16:03:06 ART Date: 2025.05.22 19:41:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.23 13:49:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.23 13:49:43 -03:00
Fin de la sentencia