Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que mediante el IF-2021-80866910-APN-DTD#JGM, se interpone recurso de apelación contra la Resolución N°57/2021 (DV RRCU) de fecha 10/08/2021 dictada por la Jefa (Int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Rio Cuarto de la ex-AFIP (actual ARCA) por la que se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos fiscales 05 a 12/2017 y 02/2018 a 04/2019, por la suma de $264.111,59 (pesos doscientos sesenta y cuatro mil ciento once con cincuenta y nueve centavos) y la disminución del saldo a favor del contribuyente en los periodos fiscales 05/2017 a 08/2017 y 10/2017 y 02/2018 a 05/2018, 07/2018 a 12/2018, con más intereses resarcitorios por $335.108,80 (pesos trescientos treinta y cinco mil ciento ocho con ochenta centavos) y se aplicó una multa de $792.334,77 (pesos setecientos noventa y dos mil trescientos treinta y cuatro con setenta y siete centavos), correspondiente a tres (3) veces el gravamen omitido en los períodos fiscales 09/2017, 11//2017, 12/2017, 06/2018 y 01/2019 a 04/2019, conforme lo establecido en el artículo 46 y 47 inciso b) de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
La actora comienza con una breve exposición de la operatoria comercial de la firma Bressan y Cía., a fin de contextualizar su actividad y demostrar la transparencia de su accionar.
La firma desarrolla operaciones en el rubro de hacienda bovina, contando con una red de más de mil proveedores registrados y habilitados. En ese marco, las operaciones observadas por el Fisco representan menos del 0,01% del volumen total de transacciones realizadas, lo que evidencia su carácter absolutamente marginal dentro de la operatoria general.
Se agravia por cuanto se pretende atribuirle responsabilidad por presuntos incumplimientos de un proveedor (Diego Javier Rosales), cuya inclusión en la Base de Contribuyentes No Confiables (Base Apoc) se produjo con posterioridad a las operaciones impugnadas. Cabe destacar que dicho proveedor fue oportunamente habilitado por el propio Organismo Fiscal para operar en el mercado, circunstancia que refuerza la buena fe y diligencia de la firma al momento de contratar.
Sostiene que, todas las operaciones fueron canalizadas por medios legales y formales: se verificaron las habilitaciones correspondientes, se efectuaron los pagos mediante cheques y transferencias bancarias, y se cumplió con las obligaciones tributarias en tiempo y forma. Asimismo, la carga de hacienda fue controlada en cada caso por el SENASA, lo que acredita la trazabilidad y legalidad de las operaciones.
En este contexto, sostiene que se puede advertir una indebida traslación de responsabilidad fiscal hacia la firma, en violación de los principios que rigen el sistema tributario. El accionar del Fisco le genera una sensación de indefensión e impotencia que no puede ser tolerada en un Estado de Derecho, al pretender delegar en los contribuyentes funciones propias del poder de policía fiscal.
Afirma que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto la cuestión debatida en precedentes como “BILDOWN S.A.” y “Cargill SACI” (sentencia del 15 de mayo de 2015), en los cuales se estableció que no corresponde imputar a los contribuyentes la obligación de controlar el cumplimiento fiscal de sus proveedores, ni constituirlos como garantes de obligaciones ajenas sin norma legal que así lo disponga.
Por todo lo expuesto, sostiene que ha obrado con la debida diligencia, dentro del marco legal vigente, y que no puede ser responsabilizada por hechos que exceden su esfera de control.
Finalmente, se ofrece prueba documental e informativa, y se formula reserva del caso federal para el supuesto de que se mantenga la imputación cuestionada. Solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que en el IF-2021-108697582-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, negando todos y cada uno de los hechos invocados por la actora, que no sean expresamente reconocidos o no surjan en forma indubitable de los antecedentes administrativos, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado.
En virtud de que la parte apelante no ha formulado agravios respecto de los intereses resarcitorios calculados, y considerando que dichos intereses se encuentran dentro del marco normativo aplicable, corresponde confirmar sin más lo resuelto en la instancia anterior en relación con este aspecto.
Asimismo, dado que la recurrente no ha cuestionado la sanción impuesta correspondiente a los períodos fiscales de septiembre, noviembre y diciembre de 2017; junio de 2018; y enero a abril de 2019, resulta procedente solicitar la confirmación íntegra de dicha sanción, tanto en su contenido como en su cuantía. Ello, toda vez que la resolución recurrida ha expuesto de manera clara y fundada el accionar del contribuyente, el cual justifica la aplicación de la sanción prevista en el artículo 46 de la Ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones).
Por último, cita jurisprudencia y doctrina a su favor, hace reserva del caso federal, solicitando se confirmen las resoluciones apeladas, con costas III- Que mediante el PV-2023-135676770-APN-VOCVI#TFN se abre la causa a prueba ordenándose hacer lugar al oficio dirigido al SENASA ofrecido por la recurrente. Sin embargo, ante el incumplimiento de la parte actora a la intimación cursada para que impulse el oficio reiteratorio en la PV-2025-65716191-APN-VOCVI#TFN, mediante la PV-2025-114132926-APN-VOCVI#TFN se resolvió tenerla por desistida de dicha prueba.
En la PV-2025-117030727-APN-VOCVI#TFN seelevaron los autos a consideración de la Sala B y en el IF-2025- 120493987-APN-VOCVI#TFN se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N. In re. “Sopes. Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L.c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re.”Werner Tomás M. c/B.C.R.A. S/Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la OI Nro. 1797363, iniciada el 26/07/2019, en el marco del Operativo Ganado y Carnes 2019. Este operativo detectó Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) emitidos por el Sr. Rosales Diego Javier (CUIT N° 20-27606719-3), quien integra la base de “Contribuyentes No Confiables” (Base Apoc).
La fiscalización, practicada a la contribuyente BRESSÁN Y CIA S.R.L. (CUIT N° 30-70857151-9), estuvo referida al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dicha firma intervino como consignataria en los DT-e emitidos por Rosales.
Las verificaciones se centraron en determinar si el proveedor ROSALES, Diego Javier, poseía capacidad operativa y financiera, constatándose que no demuestra capacidad operativa para realizar los movimientos de hacienda que figuran en el detalle de los DT-e.
En cuanto a las irregularidades del proveedor (Rosales Diego Javier), cabe mencionar:
◦ Capacidad económica: Rosales fue incluido en la base e-APOC bajo la causa "sin capacidad económica" con fecha de detección del 27/01/2016. Esto se debió a que no demuestra capacidad económica para realizar las prestaciones o ventas facturadas. Posteriormente, se procedió a su carga en eApoc bajo los lineamientos “Con resistencia a la fiscalización” y “Sin Capacidad Económica”.
◦ Insolvencia y capacidad operativa: Rosales no fue localizado en el domicilio fiscal y no registra domicilio alternativo. No declara empleados en relación de dependencia. No informa bienes inmuebles a su nombre. Las acreditaciones bancarias no guardan relación con el movimiento de hacienda realizado. ◦ Movimiento vs. Declaraciones juradas de IVA: El movimiento de hacienda realizado ascendió a un valor estimado de $17.404.335. Sin embargo, presentó Débitos Fiscales en cero o declaraciones juradas de IVA sin movimiento en múltiples períodos, y las ventas declaradas en IVA ($1.786.546,29) no se condicen con el movimiento de hacienda.
Con respecto a los circuitos operativos de BRESSÁN Y CÍA S.R.L., se observó lo siguiente:
◦ Circuito financiero: Se procedió a circularizar a las entidades bancarias respecto a los cheques emitidos por Bressan. Se observó que los cheques, aunque estaban confeccionados a la orden y endosados por el Sr. Rosales, ninguno fue cobrado por él. En los casos investigados, los cheques fueron cobrados por personas ajenas y/o que no se vinculan con la actividad. Por lo tanto, se concluyó que los medios de pago no constituyen un elemento de prueba a favor de la autenticidad de las operaciones declaradas con este proveedor apócrifo.
◦ Circuito físico: La actora no aportó documentación que respalde los traslados de hacienda bovina. La fiscalización relevó los datos de las patentes consignadas en los DT-e emitidos por Rosales (con intervención de Bressan) y constató que la mayoría de los titulares no correspondían a transportistas de hacienda. De las 13 firmas inscriptas en la actividad de transporte circularizadas, seis (6) contestaron no haber realizado esa operación de flete con Rosales. En consecuencia, no queda probado el circuito físico de la mercadería.
Por lo expuesto, concluye la fiscalización, que se está frente a una simulación relativa, razón por la cual se procedió a impugnar el crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado considerado en las declaraciones juradas presentadas y relacionadas con las facturas objetadas por apócrifas.
VI. Que en relación a la impugnación de los créditos fiscales en IVA, cabe concluir que la impugnación de las operaciones con dicho proveedor ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la efectiva realización de las operaciones por parte del proveedor cuestionado por el Fisco Nacional.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores y que ellos realizaron operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que, si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la " actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que entrando al análisis de los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia de IVA, es dable recordar que conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora con las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que, según sus dichos, fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió del proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A. " de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando la impugnación de las operaciones en ellas consignadas.
Así las cosas y no obstante compartirse la tesis de que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por el proveedor cuestionado, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
En tal sentido, corresponde enfatizar que la recurrente únicamente ofreció como medio probatorio el diligenciamiento de un oficio al SENASA, el cual —según sus propios dichos— resultaba clave para acreditar el circuito físico y la trazabilidad de la hacienda. No obstante, ante la falta de impulso procesal por parte de la actora, este Tribunal la tuvo por desistida de dicha prueba.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dicho tercero haya sido el verdadero proveedor de la hacienda involucrada en las operaciones cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual, la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros o que no es su obligación verificar el domicilio comercial de su proveedor o que el Sr. Rosales no estaba incluido en base Apoc al momento de contratar con él.
En ese orden de ideas, corresponde advertir que dicha circunstancia no exime al contribuyente de su responsabilidad. Ello es así, toda vez que —más allá de la fecha en que el Sr. Rosales haya sido incorporado en la Base Apoc— las constancias obrantes en autos evidencian que ya en períodos anteriores se verificaban graves irregularidades en su accionar.
La inclusión del mencionado proveedor en dicha base obedece a procesos de verificación y constatación de inconsistencias que se remontan a fechas previas, incluyendo los períodos en los que se registran las operaciones declaradas por la recurrente. Tales operaciones, documentadas mediante facturas emitidas a nombre del Sr. Rosales, han sido objeto de impugnación por parte del fisco.
En definitiva, la ausencia de un proveedor en la Base Apoc no constituye prueba suficiente para validar una operación. La legitimidad de la misma debe fundarse en hechos debidamente acreditados y no en la mera omisión de su publicación en una base de consulta pública.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con el proveedor indicado en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que el proveedor impugnado haya realizado las operaciones de venta de hacienda que aquél le adjudicó. Cabe dejar sentado que intentar probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas o que dicho proveedor se encuentre inscripto, resulta claramente insuficiente para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas. Para ello resulta indispensable acreditar la materialidad –no sólo su instrumentación- de las operaciones impugnadas con el proveedor Rosales.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resulta inhábil por sí solo -ante la gravedad de los indicios expuestos- para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Cabe destacar que, en el presente caso no se ha producido prueba nueva, y la prueba documental acompañada resulta insuficiente para acreditar que el proveedor Rosales haya participado efectivamente en las operaciones de hacienda bovina que se consignan en las facturas impugnadas por el Fisco Nacional. De los antecedentes administrativos surge que dicho proveedor carece de capacidad económica y operativa para movilizar más de 1.000 animales, conforme se desprende de los 56 DT-e emitidos por el Sr. Rosales. Asimismo, se ha constatado que las patentes de los vehículos consignados en dichos documentos no corresponden a transportistas habilitados para el traslado de hacienda, lo que refuerza la presunción de falta de veracidad en las operaciones declaradas. Por otra parte, la actora sostiene haber obrado de buena fe y afirma que no corresponde imputar a los contribuyentes la obligación de verificar el cumplimiento fiscal de sus proveedores, invocando al efecto el precedente “Bildown S.A.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, dicho precedente jurisprudencial no resulta aplicable al caso bajo análisis, toda vez que en el citado fallo la actora logró acreditar la autenticidad de las operaciones comerciales, incluyendo tanto el circuito fiscal de la mercadería como el circuito económico vinculado a los pagos efectuados.
En cambio, en el presente caso, la firma recurrente no ha acreditado fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales con el presunto proveedor Rosales.
Que, en función de las inconsistencias detectadas, y toda vez que la actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribó el Fisco a través de la inspección realizada, acreditando la efectiva realización por parte del proveedor mencionado de las operaciones cuestionadas, corresponde confirmar la resolución que determina el Impuesto al Valor Agregado, en lo que hace a la impugnación de los créditos fiscales.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, con costas. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que, corresponde expedirse respecto de la multa aplicada respecto al Impuesto al Valor Agregado, en el marco de los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley de ritual, graduada en (03) veces el impuesto omitido en los períodos fiscales 09/2017, 11//2017, 12/2017, 06/2018 y 01/2019 a 04/2019.
Al tratarse de una multa por defraudación aplicada en la resolución aquí en trato, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”. En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
No puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo. La recurrente no ha aportado prueba que derribe los indicios graves colectados por el Fisco Nacional. Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
Conforme surge del acto aquí recurrido, el Juez administrativo utiliza la presunción del inciso b) del art. 47 de la ley de rito “Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”.
Así las cosas, es preciso advertir que fue necesaria la fiscalización para detectar la situación descripta, constatar que las declaraciones juradas presentadas no correspondían a la realidad y liquidar así el impuesto en su justa medida. Para lo cual, los fiscalizadores han aportado los elementos probatorios necesarios y contundentes, demostrando el ardid o engaño, con el cual, a través de la implementación de facturas apócrifas, se generó una grave incidencia fiscal.
Asimismo, la recurrente nada ha expuesto ni acreditado en sentido contrario como para rebatir ese grave cuestionamiento. A mayor abundamiento la única prueba ofrecida por la actora, ante la falta de impulso por parte de la recurrente ante las intimaciones cursadas se la tuvo por desistida.
En ese orden de ideas y considerando que se omitió íntegramente el tributo sobre el IVA en relación a tales operaciones inexistentes, lo cual denota la grave incidencia de tal omisión, cabe concluir que la presunción se encuentra correctamente activada.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las circunstancias analizadas en las presentes actuaciones han concordado elementos suficientes para tener por configurada la sanción impuesta y no existiendo elementos que justifiquen lo contrario, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos en la resolución N° 57/2021 (DV RRCU).
No obstante dicha confirmación, se estima que corresponde reducir el quantum de las mismas al mínimo legal de la escala punitiva. Ello así, habida cuenta de la falta de antecedentes sumariales del contribuyente y de la ausencia de concreta justificación que amerite apartarse, bajo dicha particular circunstancia, de la razonable pauta de graduación que suministra aquella escala al establecer un mínimo y un máximo, de modo de dar al juzgador la posibilidad de sancionar con mayor monto de pena las situaciones en las que se verifiquen causas agravantes o se trate de infractores reincidentes (cfr. esta Sala, “Madero, María Silvina”, 08/06/2012; “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia”, 26/3/2019), situación que, como se ha adelantado, no aparece configurada en el caso bajo análisis.
Las costas se imponen a la actora en la proporción de la multa que se confirma y por su orden en la parte que se reduce la misma.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.11.04 14:41:44 ART Date: 2025.11.04 19:47:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.05 11:06:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.05 11:07:22 -03:00
Fin de la sentencia