Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 44.297-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las resoluciones venidas en recurso. Con costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 32/66 la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 682/2015 (DV RRIIP) y Nº 683/2015 (DV RRIIP) de fecha 30/06/2015, dictadas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI.
El apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas a:
1. Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, con un saldo a ingresar a favor del fisco de $720.116,47 con más $1.800.531,21 de intereses resarcitorios.
2. Impuesto sobre los Bienes Personales, período fiscal 2006, con un saldo a ingresar a favor del fisco de $49.707,47 con más la suma de $124.285,24 de intereses resarcitorios.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
La recurrente plantea la excepción de prescripción, la cual fue rechazada por este Tribunal a fs. 113/115vta.
El apelante expresa que el 19/12/2014 se dio inicio a los procedimientos determinativos de oficio, y que presentó el descargo correspondiente expresando que había adherido al Régimen de Exteriorización Voluntaria de Tenencia de Moneda Extranjera previsto en la Ley 26.860 y con fecha 30/06/2015 el organismo recaudador dictó las resoluciones objeto del recurso.
Plantea la nulidad de los actos de determinación de oficio toda vez que se ha transgredido la norma de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera de la Ley 26860. Se agravia de que el funcionario reconoce la exteriorización, pero igual determina de oficio las obligaciones supeditándolas a las resultas de la causa penal Nº 1652/2014 “HSBC Bank Argentina SA y otros s/ infracción Ley 24.769”, sin que el contribuyente se encuentre imputado ni denunciado en dicho proceso judicial.
Señala que, con relación al blanqueo impositivo, el juez administrativo expresó que los certificados (CEDIN) fueron debidamente validados conforme los procedimientos del organismo, y que la suma exteriorizada resulta superior al monto base del ajuste en el marco de la instrucción.
El recurrente expresa que reconoció ser titular del 100% de los fondos de la cuenta y dice que quedó liberado de los tributos, que no debe pagar impuesto por el monto que exteriorizó. Agrega que, efectuada la adhesión, se le impide legalmente al Fisco Nacional recabar información sobre su procedencia u origen, y que la suma exteriorizada no puede ser objeto de ajuste.
Alega que el artículo 15, inciso d), de la Ley 26860 excluye a los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, circunstancia que dice no se da respecto del recurrente. Agrega que la denuncia formulada en la causa antes citada es indeterminada y sólo por los artículos 1 y 2 de la Ley 24769.
Plantea además la nulidad absoluta e insanable de todo el procedimiento por violación de la ley y transgresión al debido proceso adjetivo al no realizarse ningún proceso de verificación y fiscalización. Sostiene que el sustento probatorio de la pretensión fiscal para la verificación, según el juez administrativo, se basó en la información proporcionada por la Dirección General de Finanzas Públicas – Servicio de Control Fiscal de Francia a través de nota del 25/09/2014 en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Agrega que en función de ello el Fisco considera que existió “renta y activos no declarados” en el ejercicio fiscal 2006 conforme un incremento patrimonial no justificado.
Además, dice que, más allá de planillas sin firma y sin membrete no había ninguna otra consideración entre los actos administrativos. Señala que el convenio para evitar la doble imposición vigente entre Argentina y Francia no prevé (y a la vez impide) el intercambio de información sobre hechos acaecidos en otros Estados cuando la legislación de éstos últimos no permite ni prevé tal intercambio. Indica que la información con la que el organismo recaudador ha intentado construir sus reclamos es la brindada por el señor Falciani a Francia y que habría sido obtenida sobre la base de la violación de las normas suizas. Alega que resulta de aplicación la doctrina de exclusión de la prueba, y dice que las determinaciones de oficio deben anularse ya que la prueba de la que intenta valerse el Fisco Nacional es ilegítima, producto de un hecho ilícito, que no proviene de la autoridad fiscal de Suiza ni convalidada por esta. Asimismo, explica que el intercambio de información debe tener por objeto la aplicación material del tratado entre Francia y Argentina y no la correspondiente a su extensión de hechos, sujetos e información de otros países; y que nuestro país dejó sin efecto un Tratado con Suiza de modo que no se prevé ni permite en nuestra normativa intercambiar información con ese país.
Pone de resalto que en lo que respecta a la aplicación del art. 20 de la Ley 24.769 a fin de suspender el juzgamiento de su conducta con relación al Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006, sostiene que debe anularse por ilegítima toda vez que el saldo determinado en ambos tributos no alcanza al umbral cuantitativo mínimo establecido en el art. 1º de la Ley 24.769 ($400.000).
Ofrece prueba informativa y exhorto, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso; y por lo expuesto precedentemente solicita se haga lugar al recurso en todas sus partes y se revoquen las resoluciones recurridas, con costas. Formula reserva del caso federal.
II. Que, a fs. 78/103 la representación fiscal contesta el recurso y niega terminantemente todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por la contraria, que no sean objeto de aceptación o de un expreso reconocimiento de su parte, o surjan de manera indubitable de los antecedentes administrativos que acompaña como prueba.
Manifiesta que las presentes actuaciones tienen relación con la acusa caratulada “HSBC Bank Argentina SA y otros s/ infracción Ley 24.769” en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 1 donde el juez ordenó dar inicio al procedimiento previsto en el art. 18 de la norma.
Señala que el personal fiscalizador inició una fiscalización electrónica con el fin de establecer el cumplimiento fiscal del responsable frente a los Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales período fiscal 2006, iniciada a los fines de que el contribuyente aclare su situación frente a la titularidad de cuentas en dólares a su nombre situadas en la Confederación Suiza, informadas por la Administración Francesa en el marco del Convenio para evitar la doble imposición y prevenir el fraude fiscal suscripto entre Argentina y Francia.
Agrega que el organismo fiscal recibió de la Administración de la República Francesa información en soporte magnético en la cual consta que el contribuyente poseía al 31/12/2006 una cuenta bancaria no declarada en una entidad financiera de la Confederación Suiza. Además, sostiene que en el marco de la fiscalización electrónica se notificó requerimiento solicitando justificación la que no fue satisfecha por el contribuyente.
Por otro lado, explica que la afirmación del actor es inconsistente con lo que surge del propio acto administrativo, en tanto que el mismo acto no sostiene que la ley que se invoca en sustento de las determinaciones sea el Convenio para evitar la Doble Imposición como ley aplicable, sino que su sustento es lo dispuesto en la Ley 11.683.
Añade que existe aplicación del citado convenio en cuanto a la información que se ha recabado y que ha servido de base para establecer la real situación tributaria que le cabe. Indica que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del Convenio, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos. Insiste que no se advierte que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el art. 27 del convenio referido sino que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Destaca que el Instrumento Internacional en trato no regula expresamente el procedimiento para efectivizar el intercambio de información en materia tributaria, siendo potestad de los Estados Contratantes decidir en qué forma se efectuará.
Pone de resalto que la información fue obtenida de las autoridades competentes del Gobierno Francés en el marco de un tratado internacional que autoriza el intercambio de información en materia tributaria, información que el Gobierno Francés por su parte obtuvo en el marco de un allanamiento regularmente efectuado tal como lo sostuvo la Corte de Casación Francesa en el fallo del 27.11.13, desestimando así los planteos nulificantes de la información en cuestión vinculados con la obtención de la misma. Manifiesta que la AFIP recibió por parte del Fisco francés información financiera y bancaria referida a nacionales y contribuyentes argentinos vinculada a la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos iniciada contra la entidad bancaria HSBC en dicho país en un sobre cerrado y lacrado que contenía un CD.
Dice que al momento del dictado del acto recurrido el responsable se encontraba denunciado penalmente. Alega la existencia de la causa “HSBC BANK ARGENTINA Y OTROS S/Infracción a la Ley 24769” y que la ley 26860 establece una exclusión subjetiva respecto a aquellos contribuyentes que se encontraban imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero, por lo que se debió dejar suspendida la aceptación del régimen a lo que dicte el juez penal en su respectiva sentencia. Agrega que su mandante no podría esperar a que se dicte sentencia penal para determinar de oficio la materia imponible y el impuesto adeudado, bajo riesgo de prescripción de sus facultades, por lo cual procedió a suspender la aplicación de los beneficios referidos hasta tanto se encuentren configuradas las condiciones.
Considera que deviene prematuro promover la aceptación de los CEDINES presentados por la apelante y hacer efectivas las cualidades liberatorias sobre una contribuyente que se encuentra -según diceformalmente denunciada y cuya situación procesal aún no se encuentra definida en sede penal, que aun cuenta con la posibilidad de resultar imputada por lavado de dinero, constituyéndose la causal excluyente del régimen.
En relación a los dichos del actor en cuanto a que la suma determinada en Bienes Personales del periodo 2006 no arribaría a las condiciones objetivas de punibilidad, explica que no estaría habilitada la suspensión para aplicar sanciones, prevista en el art. 20 de dicho cuerpo legal y que hasta tanto no se defina la situación procesal del aquí actor en dicha causa, al Fisco le está vedado expedirse sobre la valoración de la conducta allí investigada y menos aún aplicar sanciones administrativas, solicitando por ende se rechace la pretendida indemnidad.
Respecto a los intereses resarcitorios manifiesta que permanecen fuera de todo cuestionamiento. Formula oposición a la prueba. Acompaña antecedentes administrativos. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, solicita se rechace el recurso en todas sus partes, con costas. Y formula reserva del caso federal.
III. Que a fs. 133 se celebró la audiencia de prueba prevista en el artículo 173 de la Ley 11683. A fs. 135 se abrió la causa a prueba, ordenándose únicamente la prueba informativa individualizada en el punto c) de fs. 63vta. A fs. 148 se le dió a la parte actora por decaído el derecho a su producción.
A fs. 151 se elevaron los autos a la Sala “A”, la que a fs. 156 los llamó para sentencia.
IV. A los efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo /Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
V. Que sentado ello, se estima que corresponde en primer lugar abordar el tratamiento de la cuestión referida a la exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el marco de la Ley Nº 26.860 que efectuara la recurrente.
Que la ley en cuestión regula la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, a través de la adquisición de los instrumentos financieros creados, a esos fines, por el Título I de la misma, y siendo reglamentada por la Resolución General N° 3.509 emanada de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La mentada ley, en su artículo 3°, dispone las condiciones en que será aplicable la exteriorización de moneda extranjera, la cual comprenderá la tenencia, en el país y en el exterior, al 30 de abril de 2013, inclusive, pudiendo, a su vez, incorporarse la tenencia de moneda extranjera que surja del producido de bienes existentes a dicha fecha.
En su artículo 5° establece que el importe exteriorizado no estará sujeto a impuesto especial alguno, quedando el goce de los beneficios, según el artículo 7°, supeditado a que dicho importe sea afectado a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros a que hace mención el Título I.
El artículo 9° establece, en la parte que aquí interesa, que “[l]os sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios: a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con respecto a las tenencias exteriorizadas. (…) c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. Eximición del pago de los Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice.
2. Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar. 3. Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas. 4. Eximición del Impuesto a las Ganancias por las ganancias netas no declaradas, en su equivalente en pesos, obtenidas en el exterior, correspondientes, a las tenencias que se exteriorizan (...)”.
El artículo 10°, por su parte, manifiesta que las personas físicas y las sucesiones indivisas podrán, mediante la exteriorización, “liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares”. Debe entenderse que el término “liberar” empleado por el legislador en referencia a las “obligaciones fiscales” indica que los beneficios de la ley alcanzan incluso a obligaciones que ya hubieren sido determinadas, por cuanto en caso contrario, de ser inexistentes, no podrían ser referidas como pasibles de liberación. Ello así, toda vez que de la misma ley surge que el Organismo Fiscal ha de abstenerse de sustanciar recursos por el valor del monto liberado contra los contribuyentes que se hubieren acogido al régimen mentado.
A los fines de determinar el monto en pesos de la moneda extranjera exteriorizada, de conformidad con el artículo 12°, “deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.”
A su vez, el artículo 13° prevé que “[s]erá requisito, para el usufructo de los beneficios que otorga la presente que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria.” Por su parte, el artículo 15° dice “Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones: (…) d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente (…)”
En el título III, por su parte, se establecen las disposiciones generales que regulan la presente ley. Siendo que el artículo 18° expresa que “[l]a Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el título II de la presente ley y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación”, corresponde hacer referencia a la Resolución General 3509/2013, dictada por el Fisco Nacional con fecha 06 de junio de 2013, por la cual se regula la ley bajo análisis.
Que la misma en su artículo 1° reproduce prácticamente de manera literal lo establecido por la Ley 26.860 en sus artículos 9° y 10°. El artículo 2°, en lo que hace a las presentes actuaciones, dispone: “La exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, conforme lo establecido por la Ley N° 26.860 (...) se considerará perfeccionada una vez cumplidos los requisitos, plazos y condiciones dispuestos por la citada ley, la presente resolución general y demás normas que se dicten al efecto.”
En el artículo 5° se aclara en qué situación se considerarán cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 13° de la ley para el usufructo de los beneficios por ella dispuestos. Se encontrarán consumados, explicita el articulado, cuando “las declaraciones juradas se hayan presentado, y el saldo resultante de las mismas se haya cancelado o incluido en un plan de facilidades de pago dispuesto por esta Administración Federal.”
VI. Que, no se encuentra controvertido en las presentes actuaciones el monto exteriorizado por la contribuyente ni que el monto de los dólares exteriorizados resulta ser superior a la materia imponible objeto de ajuste en los Impuestos determinados en las resoluciones apeladas.
Al respecto procede señalar que el Juez administrativo en los actos recurridos señala que el contribuyente procedió a la exteriorización de dólares por medio de la adquisición de Certificados de Depósito para la Inversión -CEDIN- (vide fs. 36/42 de los antecedentes administrativos que corren por cuerda) en los términos de la citada ley, por un importe total de U$S 2.260.000, reconociendo como propia la cuenta objeto del ajuste.
Agrega el funcionario fiscal que los mencionados certificados fueron debidamente validados conforme los procedimientos internos del organismo recaudador como que la materia imponible objeto de ajuste de U$S 2.193.138 resulta equivalente a los dólares exteriorizados por medio de la adquisición de los certificados CEDIN.
En definitiva, el juez administrativo reconoce expresamente en los actos recurridos que la exteriorización cumplida se enmarca en la Ley 26860 y que el contribuyente ha manifestado su acogimiento a ella aportando los certificados correspondientes que aplican a la pretensión fiscal de autos, pero entendió que se daba el supuesto de impedimento previsto en el artículo 15, inciso d), de la citada ley, razón por la cual consideró que correspondía determinar igualmente la obligación tributaria del recurrente, supeditando la intimación del impuesto a ingresar a la calificación penal que en última instancia se resuelva en la causa Nº 134.053/2014 caratulada “HSBC BANK ARGENTINA S.A. y otros s/Infracción Ley 24769”.
Ahora bien, con relación a la causal de exclusión de los beneficios que establece la ley incluida en el inciso d) del artículo 15, y que motivara la supeditación del goce de dichos beneficios al resultado de la causa penal ya citada, vale decir en primer término que dicho inciso excluye a los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y que de los mismos dichos de la AFIP, la denuncia que efectuara involucra las figuras de “Evasión Fiscal” y “Asociación Fiscal Ilícita” y no la del delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Vale decir entonces que no sólo no se encuentra acreditado en la causa que la recurrente se encontrara al momento del acogimiento imputada por el delito de lavado de dinero, sino tampoco surge de las constancias de autos que estuviera siquiera denunciada por los delitos de evasión o asociación ilícita, contrariamente a lo que afirma el Fisco en los actos recurridos.
Al respecto, de la lectura del inciso d) del artículo 15 de la ley 26.860, surge que el texto legal que nos ocupa es indudablemente de una claridad meridiana y requiere haber sido “imputado” en una causa penal por el delito de lavado de dinero. Y como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). Es doctrina inveterada de nuestro más Alto Tribunal que no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales que equivalga a prescindir de su texto, si no media para ello declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad (Fallos 285:358; 307:2153) pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra o de su espíritu.
Por lo tanto, de las constancias de autos ha quedado acreditado que el apelante adquirió CEDINES de acuerdo con lo establecido por la ley 26.860 y que no se encuentra comprendido en la causal de exclusión prevista en el inciso d) del artículo 15 de dicha ley, se considera que resultan aplicables al caso los beneficios previstos por la mencionada ley (en similar sentido, se ha pronunciado la Sala “B”, en su actual composición, al sentenciar con fecha 18/3/2022 el Expte. N° 44.297-I “Roiz Sara Graciela y sus acumulados OSTROPOLSKY, CECILIA PERLA Nº 44.343-I, OSTROPOLSKY, CLAUDIA RUTH Nº 44.346-I y OSTROPOLSKY, ANDRES MARCELO N° 44.348-I” -INLEG-2022-26100543-APN- VOCV#TFN-).
VII. En virtud de lo expuesto y resultando del propio texto de las resoluciones determinativas apeladas en autos, que la exteriorización cumplida por la recurrente se enmarca en la Ley 26.860 habiendo suscripto los correspondientes certificados de depósitos para la inversión -CEDINES- que aplican a la pretensión fiscal en los tributos determinados, corresponde hacer lugar al planteo de la recurrente en lo relativo a su acogimiento a la Ley 26.860 y, en consecuencia, revocar las resoluciones venidas en recurso. Con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar las resoluciones venidas en recurso. Con costas al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.04.03 12:05:49 ART Date: 2025.04.03 14:33:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.03 14:35:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.03 14:36:09 -03:00
Fin de la sentencia