Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-132996523-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Fallo N° 564/2023 (AD ROSA) dictada por la Aduana de Rosario, en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-3712-2022.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-116970234-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Octubre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2023-132996523--APN- SGASAD#TFN “LDC ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que mediante RE-2023-132996343-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo N° 564/2023 dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en las actuaciones administrativas SIGEA 12542-3712-2022, mediante la cual se dispuso no hacer lugar a las solicitudes de devolución de sumas en concepto de derechos de exportación fijados mediante el Decreto N° 793/2018, en relación al Permiso de Embarque 18052EC01011016 E. Realiza una síntesis de los hechos. Entiende que la aplicación de los derechos de exportación mediante el Decreto 793/2018 y 865/2018 resulta inconstitucional, toda vez que el Poder Ejecutivo, a través de dichos decretos, crea derechos de exportación que son tributos, una facultad que le corresponde únicamente al Poder Legislativo. Considera que, la ratificación hecha por el Congreso de la Nación jamás podría tener efectos retroactivos, debido a que, al momento de la oficialización de la exportación, el decreto 793 y su modificatorio no habían merecido ratificación legislativa. Cita jurisprudencia y doctrina a su favor. Solicita que se aplique la doctrina sentada por la Corte en el caso “Camaronera Patagónica S.A. Sin más, agrega que, el Congreso no puede ratificar lo que se vincule con materias cuya delegación ha sido prohibida por la Constitución Nacional. En consecuencia, peticiona se declare la inconstitucionalidad o ilegitimidad del Decreto 793/18 y su modificatoria (Decreto 865/2018). Alega que el pago de los derechos de exportación afectó su derecho a ejercer toda industria lícita y su derecho de propiedad, consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional respectivamente. Por lo mencionado, sostiene que para obtener una reparación íntegra se debería aplicar la tasa pasiva promedio publicada por el BCRA. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita que se revoque la resolución apelada, y se ordene la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con costas.
II. Que mediante IF-2024-26758599-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. En primer lugar, presenta una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso y realiza una aclaración preliminar, donde sostiene, que la recurrente incurrió en un actuar negligente en la elección de la vía procesal, lo que debe acarrear indefectiblemente el rechazo de su acción. Luego, realiza una reseña de los antecedentes normativos. Alude que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera” es desacertada y no recepta el análisis completo de la sentencia dictada, ni el sentido que quiso darle la CSJN.
Alega que la Corte sostiene la validez del artículo 755 del C.A., de la misma manera que dicta un fallo en el que fija las pautas de la delegación legislativa reglamentaria (artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional) para el caso de los derechos de exportación. Argumenta que, el presente caso es distinto al del precedente referido, atento a que no se trata de una norma carente de respaldo legal porque el Decreto 793/18 y su modificatoria, se encontraban sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la Ley N° 26.122, que reconoce la validez de la norma delegada desde el mismo momento de su entrada en vigencia, en tanto no sea expresamente derogada por el Congreso de la Nación.
En definitiva, explica que, si bien el Decreto 793 y su modificatoria invoca en sus considerandos el ejercicio de la facultad reglamentaria contenida en el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional, lo cierto es que, con independencia de la naturaleza de la atribución ejercida, dicha norma fue sometida al control del Congreso que finalmente la refrendó en dos oportunidades otorgando rango legal. Agrega que toda vez que el Decreto 793 no fue derogado por el Congreso, actualmente se mantiene vigente y válido por expresa decisión del único órgano constitucional con competencia para crear tributos. Cita jurisprudencia relevante. Concluye que resulta equivocada la interpretación llevada adelante por la actora al sostener su invalidez desde el período de su publicación en el Boletín Oficial -04/09/2018- hasta la entrada en vigencia de la Ley 27.467.
En virtud de ello, entiende que tanto la liquidación como el pago de los derechos de exportación vinculados al P.E. son absolutamente legales. Hace referencia a las circunstancias extraordinarias que motivaron el dictado del Decreto. Por otro lado, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora, alega que su declaración es un acto de suma gravedad institucional y la última ratio del orden jurídico. Cita el art. 1164 del C.A. Recalca Limitación del Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad. En subsidio, solicita que se rechace la repetición intentada atento a que la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama.
Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, peticiona que se confirme la resolución apelada, con costas. En subsidio, solicita que, de hacer lugar a la repetición, se devuelva el importe en pesos por aplicación del Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del C.A.
III. Que en fecha 1/9/2025 (PV-2025-96379372-APN-VOCXXI#TFN) se elevan los autos a la Sala “G” y en fecha 9/9/2025 mediante IF-2025-100046598-APN-VOCXXI#TFN pasan a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA 12542-3712-2022 (IF-2024-26699492-APN-DTD#JGM) se inicia a fs. 1/23 con la interposición del recurso de repetición de los tributos pagados en relación al P.E. 18052EC01011016 E. A fs. 24/28 obran copias del P.E., acompañado con la documentación arancelaria correspondiente. A fs. 34 el Administrador de la Aduana de Rosario tiene por presentada a la parte, por agregada la prueba documental, remite la actuación a la Sección Económica Financiera a fin de que certifique el pago efectuado por el solicitante, para que luego pase a la Sección Inspección Simultanea a fin de que emita el informe técnico acerca de la procedencia del reclamo y el monto a devolver. A fs. 37 obra print de pantalla de consultas realizadas en el SIM. A fs. 38, a través de la Nota N° 04/2023, se expide la Sección Económica. A fs. 39 la Sección de Inspección Simultánea emite el Informe N° 203/03. A fs. 42/43 obra la Resolución Fallo N° 564/2023 (AD ROSA) dictada por la Aduana de Rosario por la cual se resuelve no hacer lugar a las solicitudes de repetición. A fs. 44 obra la notificación respectiva.
V. Que de la lectura de las actuaciones administrativas se desprende que, el P.E 18052EC01011016 E, se oficializó el 04/12/2018. En este sentido, señalarse que el Decreto 793/18 (BO: 04/09/18) y su modificatorio (Decreto 865/2018 BO: 28/09/18) fueron ratificados por el art. 82 de la ley de presupuesto para el año 2019, 27.467 (BO: 04/12/18). En consecuencia, a la fecha de la exportación referida en el párrafo precedente, el Decreto 793/18 y su modificatorio ya habían sido ya convalidados por el Congreso -el 04/12/18- no resultando controvertible su validez constitucional respecto de los derechos de exportación y las alícuotas que establece. En consecuencia, al adquirir el cuestionado decreto el rango de ley federal desde el 04/12/18 resulta inoficioso el tratamiento de todos los argumentos vertidos en autos respecto a la validez del Decreto 793/18 y su modificatorio, en los términos en que la cuestión aparece planteada por las partes. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada.
VI. Las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164).
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- Confirmar la Resolución Fallo N° 564/2023 (AD ROSA) dictada por la Aduana de Rosario, en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-3712-2022.
2).- Costas a la actora.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al fondo de lo resuelto, excepto en relación a las costas, que considero deben ser impuestas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- Confirmar la Resolución Fallo N° 564/2023 (AD ROSA) dictada por la Aduana de Rosario, en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-3712-2022.
2).- Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2025.10.20 19:01:17 ART Date: 2025.10.20 19:10:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.21 12:33:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.21 12:34:48 -03:00
Fin de la sentencia