Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 20.440-I
I. Que a fs. 88/131 vta. la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 162/2011 (DV MRRI) de la AFIP-DGI de fecha 15 de diciembre de 2011, dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Microcentro de la AFlP, en virtud de la cual se determinó de oficio, con carácter parcial y por conocimiento cierto, la obligación fiscal respecto al Impuesto a las Ganancias - Retención del artículo incorporado a continuación del artículo 69, por los pagos de dividendos efectuados en los períodos fiscales 8/2005, 12/2005 y 06/2006; más intereses resarcitorios. Asimismo, se le aplicó una multa conforme lo previsto en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t. o. en 1998 y sus modif.), equivalente al 70% (setenta por ciento) del tributo omitido.
Plantea la nulidad de la mencionada resolución por considerar que adolecía de falta de motivación y fundamentación; como también, de arbitrariedad del acto por omitir y existir contradicción con los antecedentes que debieron considerarse.
Dentro de los motivos que llevan a requerir la nulidad, señala que: en la vista no existía una explicación sobre el criterio adoptado que fuera clara y precisa; debió recurrir al expediente para tratar de comprender los cálculos y los argumentos técnicos que habrían llevado a notificar el ajuste, como también para analizar los razonamientos de la argumentación técnica de la pretensión fiscal; se ha omitido todo tipo de mención a las "dudas" interpretativas planteadas sobre la aplicación del criterio de la proporcionalidad, mención que era fundamental -a su entender-, ya que demuestra que la posición se basa en argumentos técnicos que el propio Fisco Nacional considera "dudosos"; se ha omitido realizar un análisis de antecedentes de doctrina, como de todo tipo de mención y criterio sobre la respuesta a su consulta vinculante.
Resalta la improcedencia del cálculo del Impuesto de Igualación sobre la base de la proporcionalidad, toda vez que la interpretación que se realizó contradice la norma aplicable.
Explica que se le consultó al inspector actuante el motivo del pretendido ajuste, y que este le manifestó de manera informal, que se basaba en un criterio “discutible” y que la AFIP habría comenzado a determinar el Impuesto de Igualación sobre la base de la teoría de la proporcionalidad, basándose en un dictamen interno.
Añade que no correspondió el ajuste formulado, pese a reprocesar la planilla de cálculos acompañada en la resolución apelada (vide Anexo I fs. 105, antecedentes administrativos).
Comenta que al momento de la vista, sólo pudo identificar la Actuación N° 821/10 (DI ALIR), en la que se evaluaba el significado de la palabra “proporcionalidad” mencionada en el artículo de la Ley del Impuesto a las Ganancias; a su vez, transcribe las partes que considera más relevantes.
Manifiesta que, de la interpretación literal de la norma, se concluye que cuando se habla de proporcionalidad, se refiere a que debe proporcionarse el "impuesto pagado”, razonamiento que torna a la pretensión fiscal en improcedente, ya que el cálculo con dicho criterio reduciría a cero el tributo a ingresar. Sin embargo, dice que el Fisco Nacional interpretó que la intención del legislador, respecto a proporcionar el impuesto pagado, debía ser extensiva a la ganancia impositiva, lo que lleva a que cuando se distribuyen dividendos inferiores al resultado contable acumulado, puede computarse una proporción de la ganancia impositiva equivalente al porcentaje que representan los dividendos distribuidos sobre dicho resultado contable acumulado.
Pone de relieve errores en la planilla de cálculo, como es el de considerar en un año que se ha distribuido más del 100% del resultado contable (el 107%); en consecuencia explica que, del mayor porcentaje aplicado, en el año 2002 se determina un monto acumulado de dividendos distribuible sin impuesto de igualación negativo, y que ese monto negativo es el que se compara con el monto de dividendos distribuidos. Además, alega que en determinados períodos se toma que ha existido pérdida acumulada contable, y sobre la base de la misma se han distribuido dividendos, situación que tampoco se ajusta a lo sucedido realmente según los balances y actas que surgen del expediente (períodos 2003 y 2005). Enfatiza que es improcedente y contrario a las normas, no adicionar a la cuenta del impuesto de igualación los dividendos cobrados de sociedades subsidiarias, porque está expresamente previsto en la ley y porque la palabra "proporcionalidad" no afecta este componente de la cuenta, toda vez que en el caso de aplicarlo, llevaría a duplicar la imposición de utilidades impositivas que ya han tributado en la sociedad. En apoyo a sus dichos, menciona como antecedente la respuesta de la AFIP de fecha 18/6/2009 (en el marco del Comité del Grupo de Enlace entre AFIP y la FACPCE), en la cual expresamente se había manifestado que el término "proporcionalidad" aplica exclusivamente al "impuesto pagado" para el cálculo del Impuesto de Igualación.
Se agravia que no se consideró para realizar los cálculos de la planilla del ajuste a los excesos de la Reserva de Impuesto de Igualación, con respecto a los dividendos distribuidos al período siguiente. Considera que la auditoría fiscal adolece de un error de cálculo insalvable, ya que, en cada uno de los períodos, cuando el monto de utilidades libres del Impuesto de Igualación excede el dividendo distribuido, en lugar de trasladar dicho exceso al período siguiente, elimina dicho excedente del cálculo del impuesto del período siguiente.
Señala que formuló una consulta vinculante al ente fiscal, sobre el tratamiento de la distribución de prima de emisión en el impuesto en trato, en la que se concluyó que debía ser tratada como un "dividendo"; y en relación con el cálculo del impuesto, se describió el procedimiento sin mencionar la aplicación de la proporcionalidad, lo que demostraría que no se consideraba relevante dicha palabra para el cálculo. Explica que en la resolución recurrida, se determinó que la prima de emisión distribuida no lleva Impuesto de Igualación por tratarse de capital, dejando de lado la respuesta a la consulta vinculante antes mencionada. Y además, sostiene que tampoco fue coherente, al incluir las distribuciones de prima de emisión para la base de cálculo del impuesto de las presentes actuaciones.
Considera que la doctrina enunciada en la resolución recurrida no condice con el tratamiento que finalmente se dispensó para realizar el ajuste. Por otra parte, realiza una interpretación de las normas involucradas para explicar el concepto de “Reserva del Impuesto de Igualación” y el de “proporcionalidad”.
Resalta que el legislador consagró en el primer párrafo del artículo 69.1 de la Ley del Impuesto a las Ganancias que cuando se distribuyen dividendos, para determinar si debe retenerse Impuesto de Igualación, se debe comparar el dividendo distribuido, con la ganancia impositiva acumulada al cierre del ejercicio inmediato anterior. Y que el segundo párrafo de la norma no modifica en absoluto este procedimiento, sino que solamente aclara que la utilidad impositiva de cada período a considerar, es la que resulta de las normas generales de la ley, detrayendo el Impuesto a las Ganancias pagado, y sumando los dividendos cobrados de empresas subsidiarias.
Cita como antecedentes administrativos los Dictámenes (DIATEC) 1/2006, 18/2008 (DIATEC), 40/2003 (DIATEC) y 44/2006 (DIATEC), emitidos por la Dirección de Asesoría Técnica, los cuales se habrían pronunciado sobre el término proporcionalidad y su aplicación exclusiva al impuesto pagado. Detalla los criterios de interpretación de las normas y procura demostrar que el criterio aplicado violenta los principios básicos interpretativos Para el caso que se entienda que corresponde el ingreso del Impuesto de Igualación reclamado, justifica que corresponde la eximición de intereses resarcitorios en razón de no haber existido culpa en su actuar, dado que procedió de buena fe y observando dentro de parámetros razonables, la normativa aplicable, la doctrina y la jurisprudencia en general, por lo que queda demostrada la ausencia de todo tipo de culpa en su accionar.
Asimismo, considera que al no surgir de la norma la pretensión fiscal, no se le puede imputar ningún tipo de culpa, ya que al contrario, los criterios adoptados son los que respetan las normas aplicables. Esgrime que el acto atacado, se limita a citar la norma de intereses resarcitorios, y no se detuvo en una valoración de cada una de las causales eximentes de los mismos.
Respecto a la sanción impuesta, precisa que hay ausencia del elemento material necesario para la tipificación del ilícito, solicitando que se deje sin efecto la aplicación de la multa por la presunta comisión de una infracción y se archiven las actuaciones.
En cuanto al elemento subjetivo, reflexiona que ha obrado con la mayor diligencia posible, tomando todos los recaudos que debía considerar para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, máxime cuando ha presentado en el año 2005 una consulta vinculante sobre el procedimiento que debía adoptarse para calcular el impuesto de igualación, y que ha ajustado el procedimiento a lo respondido por la propia AFIP. Cita jurisprudencia respecto a la improcedencia de la multa.
Finalmente, ofrece prueba, solicita que se revoque la resolución recurrida, con costas y hace reserva de caso federal.
II. Que a fs. 148/191 contesta el recurso el representante fiscal y por razones de hecho y de derecho que expone, peticiona se rechace el planteo de la apelante, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva de caso federal.
III. Que a fs. 227 este Tribunal resolvió abrir la causa a prueba; a través de la PV-2025-65984867-APN- VOCIII#TFN se clausuró el período probatorio y se elevaron las presentes actuaciones a consideración de la Sala “A”; en el IF-2025-85258905-APN-VOCIII#TFN se pusieron los autos a disposición de las partes para que se produzcan los alegatos, obrando en RE-2025-90527808-APN-SGAI#TFN y RE-2025-
91778719-APN-SGAI#TFN los escritos correspondientes al Fisco Nacional y la actora -respectivamente-; por último, con el IF-2025-120331391-APN-VOCIII#TFN los autos pasaron a sentencia.
IV. Que las presentes actuaciones tiene su origen en el informe emitido por la División Investigación de la Dirección Regional Microcentro, donde se deja constancia que “… se detectó que la contribuyente expone en la declaración jurada presentada por el Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2006 dentro del rubro “Otros” una disminución del patrimonio por un importe de $23.750.000.79 […] que podría tratarse de distribuciones de dividendos no obstante haber determinado quebrantos impositivos desde el período fiscal 2000 hasta 2007”.
En consecuencia, dicho informe propone establecer la procedencia o no de la aplicación de lo normado por el artículo agregado a continuación del artículo 69 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. A tales efectos, la fiscalización elabora el cálculo del Impuesto de Igualación de conformidad con lo resuelto por el organismo recaudador en la Actuación N° 821/10 de fecha 30/08/2010, que expresa “… corresponde entender que, cuando la previsión normativa bajo análisis exige que, si se distribuye solo una parte de las utilidades contables, debe computarse la proporción del impuesto determinado en relación con aquellas, ello supone, de una manera implícita y sobreentendida, que idéntica tesitura - proporcionalidad- se aplique a la ganancia impositiva determinada sobre la base de la aplicación de las normas generales de la ley, sobre la cual se ha calculado el impuesto a las Ganancias en cuestión […] En virtud de las consideraciones vertidas […] corresponde aplicar la proporcionalidad prevista en el segundo párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 69 de la ley del tributo, considerando que cuando la distribución de utilidades sea parcial con respecto al resultado contable distribuible, debe computarse la parte proporcional de la ganancia determinada y del impuesto pagado correspondiente a dicho porcentaje de utilidades contables” (vide Informe final de inspección, fs. 51y 52). El destacado me pertenece.
Sobre la base de este razonamiento la auditoría fiscal realizó los cálculos para establecer los excedentes anuales sujetos a retención en línea con la interpretación asignada al artículo 69.1 de la ley de marras.
V. Que corresponde ahora analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis, sobre la cual no existe discrepancia entre las partes respecto a los hechos.
Es prudente destacar que sobre los agravios formulados “sabido es que los jueces de la causa no están obligados a tratarlos cuando a su juicio no sean decisivos para la correcta solución del caso”, o que “Los tribunales no están obligados a examinar todas las cuestiones propuestas, ni a considerar los argumentos desarrollados por las partes que, en su criterio no sean decisivos” (Fallos: 297:362; 310:267; 311:1191; 316:2908; 322:271).
VI. Que, en primer término, procede referirse a la nulidad absoluta e insanable del acto administrativo planteada por la actora, por entender que dicho acto carece del elemento esencial de la motivación y resulta arbitrario, lo que habría ocasionado una lesión al debido proceso objetivo, afectando su derecho de defensa.
Tanto de la lectura del acto apelado, como del análisis de las actuaciones seguidas por el ente recaudador no se vislumbra que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan, ni que haya incumplido con el procedimiento reglado por la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) para determinar el tributo en autos. Es más, en el presente caso la recurrente tuvo conocimiento de las actuaciones seguidas por la inspección y el juez administrativo, pudiendo presentar su descargo en oportunidad de contestar la vista corrida (fs. 114/192, Antecedentes Administrativos), lo que evidencia que los agravios vertidos por la apelante como fundamento de la defensa de nulidad intentada, se tratan de una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de acto alguno.
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima ‘no hay nulidad por la nulidad misma’, receptado en el artículo 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 -Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (v. "Anteurquiza, Mugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros), circunstancia que no ha sido acreditada en autos.
Respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto al acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7° de la Ley N° 19.549 (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos) y en particular, el de la motivación. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Este Tribunal interpreta que “... como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (Fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como "in extenso", en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho...” in re “Mirror Holding S.A”, 15/9/06 expte. N° 20.440-I.
Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re "Ferioli, Jorge Oscar" (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “... al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto ‘Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó “como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal” (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia’ (B- 485-XLV, "Bolland y Cía. S.A.", sentencia de fecha 21/02/2013).
VII. Que, seguidamente, se aborda la cuestión de fondo tendiente a determinar si la recurrente debe ingresar el Impuesto de Igualación sobre los pagos de dividendos efectuados en los períodos fiscales 08/2005, 12/2005 y 06/2006, conforme el criterio fiscal.
Siendo ello así, es necesario comenzar con el análisis de las normas en disputa que regulan el régimen en cuestión toda vez que, tal como se ha señalado, “la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, de la que no cabe apartarse cuando ella es clara, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ésta, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violación de sus términos o su espíritu (Fallos 330:2286, entre otros)”.
Teniendo en cuenta dicha pauta, cabe destacar que el denominado “Impuesto de Igualación” fue establecido por la norma incorporada por la Ley N° 25.063 (B.O. 30/12/98) a continuación del artículo 69 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que establece: “Cuando los sujetos comprendidos en los apartados 1, 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, así como también los indicados en el inciso b) del mismo artículo, efectúen pagos de dividendos o, en su caso, distribuyan utilidades, en dinero o en especie, que superen las ganancias determinadas en base a la aplicación de las normas generales de esta ley, acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de dicho pago o distribución, deberán retener con carácter de pago único y definitivo, el treinta y cinco por ciento (35%) sobre el referido excedente.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la ganancia a considerar en cada ejercicio será la que resulte de detraer a la ganancia determinada en base a la aplicación de las normas generales de esta ley, el impuesto pagado por el o los períodos fiscales de origen de la ganancia que se distribuye o la parte proporcional correspondiente y sumarle los dividendos o utilidades provenientes de otras sociedades de capital no computados en la determinación de dicha ganancia en el o los mismos períodos fiscales. Si se tratara de dividendos o utilidades en especie, el ingreso de la retención indicada será efectuado por el sujeto que realiza la distribución o el agente pagador, sin perjuicio de su derecho a exigir el reintegro por parte de los beneficiarios y de diferir la entrega de los bienes hasta que se haga efectivo el régimen”. Por otra parte, el artículo agregado a continuación del artículo 118 de la Ley del Impuesto a las Ganancias reza que: “A efectos de lo dispuesto en el artículo incorporado a continuación del artículo 69, las ganancias gravadas a considerar serán las determinadas a partir del primer ejercicio fiscal finalizado con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma y los dividendos o utilidades que se imputarán contra la misma, serán los pagados o distribuidos con posterioridad al agotamiento de las ganancias contables acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la referida vigencia”.
Del análisis de las normas transcriptas se infiere que a los efectos de determinar si corresponde el Impuesto de Igualación sobre la distribución de dividendos, se deben acumular los resultados impositivos generados con posterioridad a la vigencia de la norma (B.O. 30/12/98).
Por ende, se debe computar en cada uno de los períodos la sumatoria algebraica de todos los componentes (resultados impositivos posteriores al inicio de la vigencia del impuesto de igualación - impuestos a las ganancias pagados + dividendos cobrados de subsidiarias), y comparar el monto resultante, denominado en la práctica como “reserva del impuesto de igualación” o “fondo de acumulación impositivo”, acumulado al cierre de cada período, con el dividendo efectivamente distribuido.
Conforme a calificada doctrina “... Si bien no es la existencia de excedente la que obliga al ingreso del Impuesto de Igualación, sino su distribución, esto es el pago de los dividendos o utilidades que excedan al fondo de acumulación impositivo. Para efectuar dicha comparación, debemos delimitar los conceptos de fondo de acumulación impositivo y de distribución de dividendos o utilidades computables. A los efectos de la conformación del fondo de acumulación impositivo deben: -Acumularse los resultados netos impositivos (desde la fecha de puesta en vigencia del régimen, esto es para los ejercicios cerrados a partir del 31/12/1998 inclusive) [...] con los siguientes ajustes técnicos: –Adicionarse los dividendos ganados distribuidos por sociedades de capital constituidas en el país (no computables para la sociedad de capital que distribuye los dividendos o utilidades, cfr. art. 64, LIG) […] -Detraerse los importes determinados en concepto de impuesto a las ganancias a la fecha del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de distribución de los dividendos o utilidades” […] Las distribuciones de los dividendos se absorben contra el saldo del fondo de acumulación impositiva al momento de la puesta a disposición de la distribución…” (Darío Rajmilovich, “Manual del Impuesto a las Ganancias”, con las modificaciones de la Reforma Tributaria, Ley 27.430 y Decreto 1170/2018, 4° edición 2019, La Ley, págs. 577 y 578).
En este contexto, se observa que la metodología de cálculo llevada a cabo por las partes fue la siguiente: ‘… la actora ha determinado el cálculo del impuesto de igualación, adoptando el criterio denominado en las actuaciones de la “Reservas del Impuesto de Igualación” [...] Teniendo en cuenta que en cada uno de los períodos objeto de las actuaciones el monto de los dividendos distribuidos ha sido inferior al monto de la citada “Reserva de impuesto de igualación”, la actora no ha determinado ni ingresado impuesto de igualación sobre la distribución de dividendos, y se ha limitado a reducir el monto de la citada “Reserva de impuesto de igualación” en el monto de los dividendos efectivamente distribuidos […] Por su parte la AFIP, ha aplicado en su determinación fiscal el denominado criterio de la “proporcionalidad”[…] incluido en el segundo párrafo del artículo 69.1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias […] implica que el Fisco determina en primer lugar el porcentaje que representan los dividendos distribuidos sobre los resultados contables acumulados.
Ese porcentaje, representa la “proporción” de la reserva del impuesto de igualación que, a criterio del Fisco, corresponde computar para ser comparada con los dividendos distribuidos, determinando impuesto de igualación sobre el exceso de los citados dividendos sobre la proporción de la reserva de impuesto de igualación computable [...] En las actuaciones el Fisco expone una interpretación del citado artículo 69.1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias expresando que si bien la norma literalmente dispone que debe proporcionarse solo “el impuesto pagado”, teniendo en cuenta que la “ganancia impositiva” guarda directa relación con el “impuesto pagado”, no resulta coherente no aplicar la proporcionalidad también a la citada ganancia impositiva”(cfr. informe pericial contable, fs. 271/272).
El razonamiento detallado encuentra su correlato en los cálculos expuestos en los Anexos B.1 (fs. 253) y I (fs. 261), lo que evidencia que la estimación realizada por el Fisco Nacional es ajena a las normas y doctrina transcriptas.
En efecto, la “proporcionalidad” referida -tal como pretende ser aplicada por el ente fiscalizador- no surge de las normas enunciadas, debiendo recordarse que “las palabras de la ley deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (CSJN, Fallos: 306:796 y sus citas), aplicando directamente la letra de la ley cuando esta no exija un esfuerzo de interpretación, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 325:1525; 328:43; 329:3470 y 5621; 330:1356, 4476 y 4988, entre otros)” (cfr. CSJN, “Compañía Mega S.A. c/ EN - AFIP DGI Resol. 93/04 94/04 (RDEX) y otros s/ Dirección General Impositiva”, 11/07/2019). Por lo tanto, el concepto de “proporcionalidad” no puede extenderse a otros componentes del cálculo del Impuesto de Igualación distintos al "impuesto pagado", como ser los dividendos cobrados de empresas subsidiarias, los que expresamente deben ser computados en su totalidad de acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, se aprecia que de la redacción del artículo en crisis a continuación de la mención del “impuesto pagado por el o los períodos fiscales de origen de la ganancia que se distribuye”, se hace alusión de manera directa a la “parte proporcional correspondiente” sin estar ni siquiera separada por una coma.
Frente a ello, no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros), sin que se pueda atribuir a las normas un alcance que implique la tacha de inconsecuencia en el órgano del cual emanan (Fallos: 310:1689, entre otros). Dicha conclusión no varía al considerar sujeta al Impuesto de Igualación los pagos en concepto de desafectación de la prima de emisión de acciones pagada a sus accionistas, que por imperativo normativo (art. 102.1 D.R. 1344/98, B.O. 25/11/1998) debe ser tratada de igual manera que los "dividendos", tal como surge de la opinión vertida por el perito de la recurrente (vide informe pericial contable fs. 273, punto III.B, 3° párrafo) que en esta instancia se comparte.
A tenor de todo lo expuesto, analizando cada uno de los períodos objeto de estas actuaciones se ha constatado que el monto de los dividendos distribuidos ha sido inferior al monto de la reserva (vide pericia contable fs. 261), lo que llevaría a que la actora no debe tributar el Impuesto de Igualación sobre la distribución de dividendos en los períodos cuestionados. En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida e imponer las costas.
Por todo ello, SE
Revocar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2025.11.14 09:40:52 ART Date: 2025.11.14 12:25:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.14 16:44:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.14 16:46:04 -03:00
Fin de la sentencia