Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 12.304-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio la incompetencia de éste Tribunal para entender en la presente causa, con costas.
2Intimar al apelante a que dentro del quinto día de notificada la presente ingrese la suma de pesos cuatro millones seiscientos quince mil cinco con noventa y seis centavos ($4.615.005,96) en concepto de tasa de actuación debida por ante este Tribunal, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda (conf. arts. 5° y 7°, Ley 25.964).
I. Que mediante IF-2025-584268028-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 883268 de fecha 30/04/2025 de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Salta - ARCA por medio de la cual se dispuso el “archivo” de la solicitud de reintegro de créditos fiscales de IVA atribuibles a operaciones de exportación correspondiente al período 01/2025.
Sostiene que el recurso fue presentado dentro del plazo legal, y explica que la empresa -radicada en Saltase dedica principalmente al curtido de cueros, que luego exporta. Por ese motivo -remarca- que exporta más del 90% de su producción, por lo cual el reintegro del IVA por dichas operaciones resulta esencial para su equilibrio económico y financiero.
Informa que, el 29 de agosto de 2024, presentó por vía digital su solicitud de reintegro de IVA por un total de $ 518.655.439,75. Como consecuencia, la AFIP emitió el Requerimiento Nº R202400030802 exigiendo que cumpliera con lo establecido en el DNU 609/2019 y en el artículo 26 de la Resolución General 5173/2022 respecto al ingreso y liquidación de divisas, advirtiendo que, si no lo hacía, el trámite sería archivado según el artículo 23 de la RG 2000/06.
Manifiesta que, aunque realiza ingresos y liquidaciones de divisas de forma constante, enfrenta un desajuste financiero desde la pandemia, lo cual ha provocado demoras. Por esa razón, ha sido calificada como “incumplida” por parte de los bancos, y esa información se refleja también en los sistemas del BCRA y la AFIP, lo que finalmente motivó el archivo del pedido de reintegro.
Destaca que esta situación se da en un contexto de crisis económica de la empresa, que ya fue fiscalizada por el BCRA desde junio de 2021 y ha sufrido pérdidas en los ejercicios contables de 2021, 2022 y 2023. Concluye que el archivo del trámite por no haber ingresado ciertas divisas se traduce en una sanción impuesta por el Fisco Nacional, que afecta directamente su derecho al reintegro del IVA. Por eso, entiende que el Tribunal es competente para intervenir, ya que el archivo constituye una sanción encuadrada en el artículo 159 inciso b) de la ley de rito.
También argumenta que la AFIP incorporó, mediante la RG 5173/2022, una nueva condición para poder solicitar el reintegro de IVA: no tener incumplimientos en el ingreso de divisas, conforme lo establece el DNU 609/19 y la comunicación A 6770 del BCRA. Si existen incumplimientos, el Fisco Nacional puede ordenar el archivo del expediente.
Considera que es claro que el caso encuadra dentro de la hipótesis de “sanciones de otro tipo” prevista en el artículo 159 inciso b) de la Ley 11.683.
Finalmente, afirma que esta situación vulnera los principios de reserva de ley y “non bis in idem”. Ofrece pruebas, formula reserva del caso federal, y solicita que se revoque la resolución de AFIP, con costas.
II. Que mediante PV-2025-73525165-APN-VOCIII#TFN se elevan los presentes autos a consideración de la Sala “A”.
III. Que cabe determinar con carácter previo, si el acto recurrido que comunica el archivo de las actuaciones en los términos de el/los artículo/s 23 y/o 45 de la Resolución General N° 2000 (AFIP) complementaria y modificatoria, vinculado a la solicitud del reintegro en concepto de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado atribuibles a operaciones de exportación correspondiente al mes de 01/2025, encuadra dentro de aquellos actos que habilitan la competencia de este Tribunal (conf. art. 32 del R.P.T.F.N. y su concordante, el art. 4 del CPCCN).
Que a tal fin, corresponde referirse al artículo 159 de la Ley 11.683 –t.v.- el que dispone que el Tribunal Fiscal de la Nación será competente para conocer –en razón de la materia impositiva- de los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que: determinen tributos y sus accesorios o ajusten quebrantos (inc. a); impongan multas o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto (inc. b) y las que denieguen reclamaciones por repetición de tributos así como de las demandas directas de repetición deducidas ante este organismo jurisdiccional (inc. c); también entenderá en los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante el organismo recaudador, en los casos previstos en el artículo 81 de la ley de rito (inc. d) y finalmente conocerá respecto de los recursos de amparo regulados en los artículos 182 y 183 de la misma ley. De ello se colige que, para que este Tribunal pueda darle tratamiento a la presentación que efectuare el actor se requiere de un acto que resulte determinativo de la materia imponible o sus accesorios - en forma cierta o presuntiva-, o de un acto que ajuste quebrantos o que imponga multa o sanción.
Sentado ello, es menester subrayar que no todo acto o conflicto tributario entre la Administración y los particulares es materia que permita un pronunciamiento válido de este organismo.
Resulta conveniente señalar que, tal como tiene dicho este Tribunal "La Dirección General Impositiva no realiza sólo funciones determinativas, ya que estando a su cargo la aplicación, percepción, y fiscalización de los tributos ejerce para ello un cúmulo variado de funciones que se materializan, a su vez, en una variedad de actos jurídicos administrativos relativos sea a la percepción, a la recaudación, a la ejecución, a la devolución, a la determinación de los tributos, sea asimismo a la interpretación de normas que le atañen (…) Que de ese conjunto de actos que continuamente produce la Dirección General Impositiva sólo un número determinado de ellos habilitan a los contribuyentes a iniciar una discusión en un órgano administrativo jurisdiccional como es este Tribunal Fiscal y que se encuentran expresa y explícitamente enumerados en el art. 141 (hoy 159)..." (Sala B, en distinta formación, “Cresol S.A. s/ apelación-I.V.A”, Expte Nº 12.304-I, sentencia de fecha 01/03/1993).
Asimismo, es de resaltar que el acto apelado no resulta ser uno de aquéllos que abren la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación de acuerdo a las previsiones de la ley de rito, en atención a que la referencia establecida por los artículos 159 -incs. a) y b)- y 165 de la Ley 11.683 relativa a multas o sanciones de otro tipo —salvo la de arresto—, alude a penas de naturaleza represiva en función de la reprochabilidad de la conducta imputada al transgresor de las obligaciones impositivas, que son susceptibles de ser impuestas en el marco de la responsabilidad infraccional en materia fiscal prevista en la ley citada (véase en similar sentido, sentencia de la Excma. Cámara, Sala V, en la causa “Del Piccolo, Juan Horacio (T. F. 32135-I) c. D.G.I.” del 22/02/2011).
Sentado ello, cabe destacar que en lo que atañe al caso particular el “archivo de la actuación” no encuadra en el concepto de “sanciones de otro tipo” dispuesto por el artículo 159 de la Ley 11.683, como pretende la parte actora. Ello así, toda vez que, para habilitar la competencia de este Tribunal, tal “archivo” no posee las características de una multa ni se trata de una sanción de naturaleza penal, sino que fue dictado con fundamento en los artículos citados, esto es, en el marco de facultades de la AFIP para analizar las solicitudes del reintegro de los créditos fiscales.
IV. Que así lo expuesto, cabe concluir que el acto apelado en autos, resulta indudablemente de naturaleza no determinativa ni sancionatoria y por lo tanto inhábil para abrir la competencia de este órgano jurisdiccional, por lo que cabe declarar de oficio la incompetencia de este Tribunal Fiscal para entender en la presente causa.
V. Que, en cuanto a la tasa de actuación adeudada por la recurrente, corresponde fijar la misma en la suma de pesos cuatro millones seiscientos quince mil cinco con noventa y seis centavos ($ 4.615.005,96) habida cuenta el monto del litigio, la alícuota del 2,50% aplicable sobre el mismo y la reducción al tercio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5° de la Ley N° 25.964. En consecuencia, debe intimarse a la apelante a que en el término de cinco (5) días ingrese la suma adeudada, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda conforme artículo 7° de la citada ley. VI.- Que, corresponde ordenar que una vez firme el presente pronunciamiento se remitan los autos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero – DGI – a fin que se le imprima el trámite que corresponda.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar de oficio la incompetencia de éste Tribunal para entender en la presente causa, con costas.
2. Intimar al apelante a que dentro del quinto día de notificada la presente ingrese la suma de pesos cuatro millones seiscientos quince mil cinco con noventa y seis centavos ($4.615.005,96) en concepto de tasa de actuación debida por ante este Tribunal, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda (conf. arts. 5° y 7°, Ley 25.964).
Regístrese, notifíquese, y una vez firme el presente pronunciamiento, remítanse los autos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero -Dirección General Impositiva- a fin que les imprima el trámite que corresponda.
Date: 2025.07.11 15:02:40 ART Date: 2025.07.11 15:42:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.07.11 15:55:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.11 15:55:50 -03:00
Fin de la sentencia