Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que mediante RE-2024-106583381-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2024-278-E-AFIPDVRRME#SDGOPII, emitida el 09 de septiembre de 2024, por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó de oficio, de forma parcial, su obligación en el Impuesto a las Ganancias para los períodos fiscales 2019 y 2020, con mas sus intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en el artículo 45 de la Ley 11.683. Que en primer lugar manifiesta que la cuestión debatida en las presentes actuaciones gira en torno a la impugnación de la actualización de las amortizaciones por parte del Fisco Nacional y su pretensión que se compute únicamente el 1/6 del ajuste por inflación regulado en la LIG. Importando con esto que la falta de aplicación del mecanismo de ajuste por inflación con su imputación total a los períodos fiscales 2019 y 2020, así como la no actualización de las amortizaciones trae como consecuencia la violación de los principios constitucionales que rigen en materia tributaria de no confiscatoriedad, capacidad contributiva, equidad, proporcionalidad, legalidad y el derecho de propiedad.
Alega que la actora procedió a efectuar la presentación de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2019 y 2020 y realizó la transferencia electrónica de los Estados Contables cerrados para ambos períodos fiscales en tiempo y forma.
Indica que en fecha 25/05/2020 la recurrente presentó multinota ante AFIP informando que calculó e ingresó el impuesto correspondiente al período 2019 aplicando el mecanismo de ajuste por inflación regulado por la LIG en su totalidad, dado que el tributo en cuestión sin tal ajuste o mediando la imputación del mismo en sextos deviene confiscatorio e implica una afectación al derecho de propiedad por cuanto configura una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o capital la Compañía. En igual sentido, con fecha 26.05.2021 Poliresinas presentó la multinota para el período fiscal 2020.
Sostiene que el ajuste por inflación impositivo fue introducido en la LIG por la Ley Nro. 21.894 (ajuste estático). Luego, la Ley Nro. 23.260 perfeccionó el sistema instaurado por la ley predecesora e introdujo cambios a la técnica del ajuste por inflación, transformando su carácter inicial de ajuste estático en ajuste dinámico. Ambos mecanismos fueron plasmados legislativamente en el título VI de la LIG.
Manifiesta que en la actualidad por aplicación de la Ley Nro. 27.541 el Estado está obligado a aceptar la utilización del mecanismo de ajuste por inflación, puesto que mediante tal normativa el mismo fue restablecido. Asimismo, se dispone el diferimiento del ajuste en sextos, lo cual señala que resulta claramente confiscatorio y violatorio del derecho de propiedad de Poliresinas.
Expresa que tal como resulta de público y notorio conocimiento durante el 2018 se dio un incremento exponencial de la inflación en la República Argentina, que fue reflejado en los informes técnicos emitidos por el propio INDEC para el mes de diciembre del 2018, que mide el acumulado interanual en relación con el mes de diciembre de 2017. Dichos informes oficiales dieron cuenta que la inflación acumulada del año 2018 fue según el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de un 73,5%, en tanto que conforme al Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) fue de un 47,6%.
Afirma que de ello se desprende que a diciembre de 2018 el IPIM del 73,5% superaba largamente el 1/3 sobre el 100% previsto en el artículo 95 de la LIG, reformada por la Ley Nro. 27.430 y ello, autorizaba de plano la aplicación del ajuste por inflación a los contribuyentes. Esta situación en torno a los índices de medición de la economía, motivó el dictado de la ley N° 27.468, que introdujo cambios en los artículos 89 y 95 de la LIG, modificando el índice aplicable para el ajuste por inflación, reemplazando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) por el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), como así los porcentajes fijados en el último párrafo del artículo 95 de la LIG aplicables para los periodos fiscales 2018, 2019 y 2020. Alega que este método previsto en la norma referida desnuda una finalidad recaudatoria, con el propósito de impedir la aplicación del mecanismo el ajuste por inflación, al modificarse ex profeso el índice de precios a aplicar por uno “más favorable” y exigirse un porcentaje del 55% de IPC para el primer ejercicio iniciado a partir de enero de 2018, rematando la interdicción con el diferimiento del resultado ajustado por inflación en tres ejercicios.
Sostiene que si bien no se han modificado los índices y el ajuste por inflación impositivo será aplicable a muchos contribuyentes, el nuevo prorrateo carece de fundamento alguno que justifique dicho diferimiento: la única razón es impedir la aplicación plena del mecanismo y, en consecuencia, no afectar la recaudación fiscal, pero, por otro lado, violentando los mismos derechos que cuando su aplicación no era aceptada por la Administración, confiscatoriedad, capacidad contributiva y razonabilidad.
Señala que la falta de aplicación del ajuste por inflación perjudica a los contribuyentes, porque pagan impuesto sobre ganancias nominales, que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con dichos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas.
Manifiesta que el esquema actualmente vigente del instituto de ajuste por inflación previsto en el Título VI de la LIG, con las modificaciones de las Leyes 27.430, 27.468 y 27.541, ha quedado establecido bajo los siguientes lineamientos:
Se restableció la vigencia del mecanismo de ajuste por inflación previsto en el Título VI para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero del 2018;
La operatividad de dicho mecanismo queda supeditada a que se verifiquen los umbrales mínimos objetivos, a saber: (i) variación del IPC acumulada en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100% y (ii) respecto del primer, segundo y tercer ejercicio que se inicien a partir del 1° de enero del 2018, la variación acumulada del IPC, calculada desde el inicio al cierre de cada uno, sea superior al 55%, 30% y 15% respectivamente;
En caso de ser finalmente aplicable dicho ajuste por inflación impositivo en el primer ejercicio que se inicie a partir del 1° de enero de 2018, éste no podrá computarse íntegramente en el ejercicio al que corresponda, sino que deberá ser diferido en 2/3 partes a los dos ejercicios inmediatos siguientes;
Sostiene que se aclara que para el año 2019 (enero a diciembre), la variación acumulada del IPC ascendió al 53,83%, mientras que para el año 2020 (enero a diciembre) la variación acumulada del IPC fue del 36,1% por lo que en ambos períodos se superó el umbral del 30% requerido por la norma para que resulten aplicables los citados mecanismos de ajuste por inflación (Título VI de la LIG).
Afirma que en caso de ser aplicable el ajuste por inflación impositivo en el primer ejercicio que se inicie a partir del 1° de enero de 2019, éste no podrá computarse íntegramente en el ejercicio al que corresponda, sino que deberá ser diferido en 5/6 partes (ya no en 2/3 partes) a los cinco ejercicios inmediatos siguientes, sin perjuicio del cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores.
Sostiene que tal y como se acredita en la presente, la falta de la íntegra previsión legal a través del “bloque normativo” descripto de los efectos distorsivos de la inflación y su cómputo en la determinación fiscal de los períodos fiscales 2019 y 2020, deviene en un incremento patrimonial ficticio en el balance fiscal de la recurrente, que conlleva a determinar en el caso una utilidad impositiva inexistente (ya que no contempla de forma plena e integral la desvalorización de la moneda y, por lo tanto, no es una ganancia real).
Afirma que se impone la necesidad de contemplar e imputar íntegramente el ajuste por inflación fiscal previsto en el Título VI de la LIG en dicha liquidación impositiva. Así funciona y para eso sirven los mecanismos de ajuste por inflación, toda vez que permiten establecer con la precisión que requiere un contexto inflacionario, la efectiva existencia y medida de la base imponible del gravamen.
Señala que la tasa efectiva de impuesto sin el cómputo integral del ajuste por inflación sobre el verdadero resultado sujeto a impuesto del ejercicio –el ajustado de forma plena e integral, es decir, el 100% del mismocontinúa siendo, en el caso concreto de su mandante, la aplicación de una tasa efectiva del Impuesto a las Ganancias, por el ejercicio fiscal 2019, del 65,72% y por el período fiscal 2020, del 47,30% (en lugar de la alícuota legalmente prevista del 30%).
Alega que el impacto de la cuestión planteada refleja una realidad económicamente grave, pues se determinaría un impuesto sobre ganancias inexistentes, que insume una porción sustancial de la renta, excediendo cualquier límite razonable de imposición, a lo cual se suma la gravedad de poder aplicarle el ajuste por inflación, pero difiriéndolo en sextos, los cuales, además, no pueden ser actualizados.
Para el período fiscal 2019 indica que el resultado Impositivo antes del Ajuste por Inflación impositivo asciende a $ 749.049.617,52. El ajuste por inflación impositivo asciende a $ 396.178.991,87- y el ajuste de las amortizaciones asciende a $ 10.957.039,27. En consecuencia, el Resultado Impositivo ajustado por inflación asciende a $ 341.913.586,38.-
Afirma que con este ajuste el Impuesto a las Ganancias determinado asciende a $ 102.574.075,91. El impuesto determinado, antes de la inclusión del Ajuste por Inflación impositivo y del Ajuste de las amortizaciones, ascendía a $ 224.714.885,26.
Señala que la tasa efectiva del impuesto, si no se hubiese aplicado el Ajuste por Inflación sería del 65,72% ($ 224.714.885,26 / $ 341.913.586,38). Asimismo, si se aplicara el 1/6 del Ajuste por inflación impositivo, el impuesto ascendería a $ 204.905.935,66. En este caso, la tasa efectiva del impuesto, calculada sobre el resultado impositivo ajustado por inflación sería del 59,93% ($ 204.905.935,66 / $ 341.913.586,38.-)
Indica que para el período fiscal 2020, la no aplicación del ajuste por inflación genera que Poliresinas deba tributar en concepto de IG $ 296.499.833,77, lo que implica una alícuota efectiva aplicada sobre el balance impositivo ajustado del 47,30%, claramente confiscatoria (teniendo en cuenta que el resultado impositivo del período ajustado por inflación asciende a la suma de $ 626.830.712,10-.)
Manifiesta que se pone de resalto que al aplicarse el ajuste por inflación durante el período fiscal en trato, Poliresinas debe tributar en concepto de IG $188.049.213,63-. Vale decir que, de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación para el período fiscal 2020, Poliresinas debería tributar en exceso la suma de $108.450.620.- Ello, en atención a que como consecuencia de la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación el resultado impositivo del ejercicio en cuestión -que antes del ajuste asciende a $ 988.332.779,22- se reduce a $ 626.830.712,10.
Alega que a partir de la sanción de la Ley Nro. 27.541 se dispuso una nueva modificación en el diferimiento del ajuste por inflación para el período fiscal 2019, estableciéndose la obligación de computarlo por sextos, conforme fuera mencionado precedentemente.
Considerando las disposiciones actualmente vigentes, es decir, el “bloque normativo” integrado por el primer párrafo del artículo 194 de la LIG (texto ordenado 2019, con las sustituciones, modificaciones y agregados establecidos por las Leyes 27.430, 27.468 y 27.541) y demás normas vinculadas conducen, en el caso concreto de la recurrente y para los períodos fiscales 2019 y 2020, impedir la íntegra aplicación e imputación de los mecanismos ajuste por inflación impositivo previstos en el Título VI de la ley e impedir el cómputo en su totalidad, en consecuencia, conllevan a la misma situación que ocurría con anterioridad a la aplicación por sextos. En efecto, explica que el ajuste debería entonces diferirse en seis ejercicios fiscales, lo cual importaría que Poliresinas tribute impuesto a las ganancias sobre una alícuota del 59,93% para el ejercicio fiscal 2019, que aún se podría ver más agravada en los períodos fiscales subsiguientes. Todo ello, dice, importa una grave afectación deviene confiscatorio tal como dice el precedente "Candy".
Alega que si bien para los períodos 2019 y 2020 se ha superado la suspensión objetiva del ajuste por inflación, el diferimiento nos plantea una situación similar. En efecto, sería manifiestamente injusta la aplicación de la Ley Nro. 27.541 si como resultado del diferimiento en 6 cuotas del impuesto a las ganancias determinado se absorbe una parte sustancial de la renta y el capital de los contribuyentes del período en que se debería deducir integralmente el ajuste por inflación negativo.
Señala que la absorción de la renta se advierte casi en forma inmediata al diferir el efecto de la inflación de un único período en 6 cuotas anuales posteriores, que además no pueden indexarse de alguna manera.
Destaca que ante el diferimiento del ajuste por inflación en 6 cuotas, no caben dudas de que existe una alícuota efectiva superior al 30% reglamentario de la LIG, aunque también inferior a una alícuota efectiva que podría resultar de la suspensión total del ajuste por inflación impositivo. De este modo, Poliresinas logró acreditar que la alícuota efectiva en el período 2019 producto del diferimiento del ajuste negativo en 6 cuotas, supera un “límite razonable de imposición”; esto es 59,93%. De igual modo, el diferimiento en 6 cuotas en el período 2020 asciende al 44,72%.
Sostiene que no caben dudas que en el caso de Poliresinas la confiscatoriedad es manifiesta: la empresa, de no aplicar el ajuste por inflación, que se le impide por el cepo legal a partir del porcentaje del IPC exigido para la procedencia de dicho ajuste (55%), está sometida a una alícuota efectiva del 59,93% y del 44,72% respectivamente, es decir, más del 100% de la legalmente prevista que asciende al 30% actualmente. Indica que la capacidad contributiva, cuya existencia y razonabilidad es requisito ineludible para la validez de la imposición, tal y como ha sido receptada en la Ley del Impuesto a las Ganancias, excluye la posibilidad de someter a imposición ganancias o utilidades ficticias o meramente nominales, como lo deja a las claras la inclusión en la ley del tributo del denominado ajuste por inflación. Esto es, el propio legislador ha entendido necesario integrar los efectos de la desvalorización de la moneda para establecer una correcta y realista capacidad contributiva que se pretende alcanzar mediante la gabela.
Señala que la Resolución Determinativa afecta el principio de razonabilidad. Este último -derivado de los arts. 14, 28 y 33 de la CN- importa, dentro del sistema constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos.
Con respecto a la aplicación de multa manifiesta que para justificar la imposición de la multa por omisión el Organismo Fiscal despliega una justificación que resulta a todas luces injusta y arbitraria. Es que, la Resolución Determinativa parte de la base de la supuesta culpabilidad de Poliresinas, tacha a la recurrente de imprudente, cuando lo que hizo Poliresinas no es ni más ni menos que aplicar la jurisprudencia y doctrina de la CSJN. Agrega que las multinotas presentadas responden a un actuar prudente y diligente. Indica que no ha sido imprudente ni menos aún ha tenido una conducta temeraria.
Ofrece prueba documental, pericial contable y formula reserva del caso federal, solicitando se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, mediante IF-2024-131879816-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el recurso.
Que en primer lugar, manifiesta que del análisis detallado de la documentación proporcionada por la empresa y de la declaración jurada de Impuesto a las Ganancias correspondiente al periodo 2019, se constató la realización de diversos ajustes sobre el resultado contable, específicamente aquellos que impactan negativamente en la utilidad o incrementan la pérdida, que surgen principalmente del cómputo de la totalidad del ajuste por inflación impositivo correspondiente al ejercicio en cuestión y a la actualización de amortizaciones de bienes de uso. Indica que también se efectuó la revisión de la declaración jurada de Impuesto a las Ganancias correspondiente al período 2020, detectándose las mismas inconsistencias del período anterior. Dentro de los ajustes que disminuyen la utilidad o aumentan las pérdidas el contribuyente computó la totalidad del ajuste por inflación impositivo correspondiente al ejercicio en cuestión y el monto correspondiente a la actualización de amortizaciones de bienes de uso -adquiridos con anterioridad al 01/01/2018-.
Con relación a las tachas de inconstitucionalidad alegadas por la recurrente, hace alusión a la improcedencia de tales planteos por ante este Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación, atento lo dispuesto expresamente por el art. 185 de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).
Alega que la firma imputó a resultados del ejercicio 2019 y 2020 la totalidad del resultado negativo surgido de la aplicación del ajuste impositivo por inflación, cuando debió computar solo una sexta parte de dicho resultado y diferir el saldo restante para su cómputo en cuotas iguales en los cinco períodos fiscales siguientes. Afirma que la inconstitucionalidad declarada por la Corte en el caso “Candy SA ” no puede ser equiparable en forma generalizada a todo el resto de los contribuyentes.
Destaca que el precedente “Candy SA ” involucra un reclamo por el año 2002, período de una profunda crisis política que comenzó con la declaración de default de la Argentina, lo cual se diferencia ampliamente con el período fiscal 2020 aquí reclamado, no resultando desde esta óptica asimilable a aquel.
Manifiesta que la actora en su demanda calcula la tasa que resultaría de relacionar el impuesto determinado con la aplicación del sexto del Ajuste por inflación que le permite la ley la cual sobre el resultado impositivo ajustado que resultaría de computarse el 100% del Ajuste por inflación, arrojaría -según los cálculos de la actora - una tasa superior al 65% por el ejercicio fiscal 2019 y superior al 47 % para el ejercicio fiscal 2020 es decir sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación sin aplicación del sexto.
Sostiene que la actora se refiere en todo momento al ajuste por inflación del Título VI, pero no detalla ni aporta prueba alguna que permita conocer cómo fue calculado el ajuste por inflación impositivo en la DDJJ del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2020, si el mismo solamente incluye el ajuste del Título VI de la Ley -es decir, ajuste estático y dinámico- o si además ha contemplado otros mecanismos de actualización.
Indica que no existe ningún tipo de sustento y/o justificación que asista a su planteo de consfiscatoriedad, toda vez que -además de lo mencionado- tampoco indica ni adjunta la fuente de información o documental verificada, ni tampoco los Estados Contables al 2019, cuando para el cálculo del ajuste por inflación impositivo del 2020, se debió partir de esos estados contables, por lo cual no se puede efectuar ninguna comparación.
Afirma que el cuestionamiento efectuado por la actora en la presente causa no está referido al rechazo de la aplicación del ajuste por inflación impositivo, el que como se dijo se encuentra operativo para los ejercicios 2019 y 2020 ya que superó el primer requisito del porcentaje de índice de precios requerido, sino que se refiere al cómputo de solamente un sexto del ajuste por inflación del Título VI determinado en ambos ejercicios y el diferimiento de los 5/6 restantes a los períodos fiscales siguientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 194 de las Disposiciones Transitorias de la LIG (t.o en 2019), en su redacción según la Ley 27.541.
Señala que en relación al principio de legalidad que la actora dice que se ve afectado, no cabe más que decir que no puede considerarse que el mecanismo instaurado por el art. 194 LIG en cuestión vulnere el principio de reserva de ley, cuando el mismo fue establecido mediante ley emanada del Honorable Congreso de la Nación, el que cumplió con todas las exigencias constitucionales a los fines de su sanción.
Sostiene que si bien la parte actora alega que se estaría violando su capacidad contributiva, no ha dado explicación específica del por qué. De la misma manera, no efectúa ningún cálculo que demuestre cuál es la capacidad que entiende posee y/o corresponde captar para fijar esas alícuotas. Y no acompaña prueba de sus dichos.
Manifiesta que el hecho de no poseer la disponibilidad financiera, no puede ser argumento válido para eludir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en el caso particular la obligación de pago del Impuesto a las Ganancias 2019/2020.
Alega que las condiciones de los períodos fiscales objeto de autos -correspondiente a los años 2019 y 2020- difieren de las acontecidas y valoradas por la C.S.J.N. al tiempo de expedirse en el fallo “Candy” (circunstancias críticas del país durante el año 2002), circunstancia que fue expuesta expresamente destacando la relevancia del cambio legislativo, modificación que de ninguna manera puede resultar indiferente al momento de analizar el caso.
Con respecto a la aplicación de sanción manifiesta que es el propio recurrente el que reconoce que en autos se dan los elementos tipificantes del tipo culposo, en tanto éste siempre ha afirmado que ha presentado declaraciones juradas -y ha liquidado el impuesto correspondiente- conteniendo datos y elementos improcedentes, como lo es el mentado e improcedente ajuste por inflación.
Alega que si se acepta que la ilicitud no es patrimonio del derecho penal y se reconoce que en el campo del derecho privado el hecho ilícito tenga su propia categorización y su particular régimen sancionatorio, fácil es concluir que si una norma de derecho tributario sustancial es violada, y tal conducta antijurídica incriminada, tales hechos (ilícitos) y sus consecuencias (sanciones) deberán ser analizados a la luz de reglas que le son propias. Indica que en autos no se da ninguno de los extremos mencionados precedentemente, mereciendo destacarse que el dictado de decisiones judiciales que podrían ser tachadas de contradictorias tuvo lugar con posterioridad a la presentación de la declaración jurada impugnada, a la vez que no está demás reiterar que la cuestión ha quedado resuelta definitivamente -según dice- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un todo de acuerdo a la postura fiscal - contraria a la del apelante -. De allí la inexistencia en autos de error eximente de responsabilidad. Señala que habiendo quedado debidamente acreditada la absoluta procedencia de la determinación de impuesto efectuada por el Fisco Nacional, no obstante lo señalado supra, destaca la absoluta legalidad que refleja la aplicación de intereses resarcitorios en un supuesto determinativo como el de marras y el cálculo que de los mismos se ha realizado, en los términos - como expresamente es mencionado por el juez administrativo - del art. 37 de la Ley de Procedimiento Fiscal, lo que a todas luces indica - también - la procedencia de su confirmación. Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que mediante PV-2025-26519591-APN-VOCV#TFN se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba pericial contable. En IF-2025-73541488-APN-DTD#JGM se produce la prueba pericial contable. En PV- 2025-84739771-APN-VOCV#TFN se clausura el período probatorio, en PV-2025-87634294-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B” y mediante IF-2025-89149726-APN-VOCV#TFN se ponen los autos para alegar, habiendo alegado las partes, en IF-2025-92686678-APN-DTD#JGM e IF-2025-94859951- APN-DTD#JGM. Finalmente, se llaman los autos a sentencia.
IV. Que a efectos de lograr una mayor claridad expositiva, cabe realizar un análisis de las normas aplicables al caso traído a decisión de este Tribunal.
Que el mecanismo denominado “ajuste por inflación” está expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, estableciéndose el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste. Por su parte, las leyes 27.430, 27.468 y 27.541, introdujeron diversas modificaciones en este aspecto. También por Decreto Nº 824/2019 se aprobó un nuevo texto ordenado de la Ley de Ganancias, que será el que se hará referencia a continuación, a los efectos del análisis de la normativa aplicable al caso de autos.
En efecto, el artículo 105 del mencionado texto ordenado establece que “...los sujetos a que se refieren los incisos a) a e) del artículo 53, a los fines de determinar la ganancias neta imponible, deberán deducir o incorporar al resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación que se obtenga por la aplicación de las normas de los artículos siguientes”.
Por su parte el artículo 106 establece el procedimiento a seguir a los efectos de practicar el ajuste por inflación al que se refiere el artículo anterior, disponiendo en lo que en este caso interesa, en sus dos últimos párrafos lo siguiente: “El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 93, acumulado en los TREINTA Y SEIS (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al CIEN POR CIENTO (100 %)”.
“Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %), un TREINTA POR CIENTO (30 %) y en un QUINCE POR CIENTO (15 %) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente.” Por otra parte, el artículo 194 (texto según Ley 27.541) establece: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de impuesto a las ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”.
Asimismo el artículo 93 del texto legal que venimos analizando dispone que: “Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 24.073. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 62 a 66, 71, 78, 87 y 88, y en los artículos 98 y 99, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor nivel general (IPC) que suministre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, conforme las tablas que a esos fines elabore la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS”.
V. Sentado ello, siguiendo la tónica marcada por nuestro Máximo Tribunal, cabe pronunciarse sobre los agravios de la apelante que intentan poner en evidencia un menoscabo en su derecho de propiedad, implicando la confiscatoriedad del impuesto discutido de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación en su totalidad, como única tangente válida admitida para hacer lugar hipotéticamente, en cada caso concreto, al ajuste solicitado y al reconocimiento de la actualización de las amortizaciones.
Que, al respecto, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
Que, a fin de resolver la cuestión ventilada en estos autos, ha de estarse al criterio de la Corte Suprema que, a partir del precedente "Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo", sentencia del 3/7/2009, viene resolviendo en toda cuestión análoga en el sentido de si se adecuan o no los hechos de la causa con los parámetros establecidos en dicha oportunidad (véase “Pettiti Automotores S.A.”, del 04/05/2010; “Carlisa S.A.”, del 07/09/2010 y “Pontoni, Roberto Luis y otros S.H.”, del 17/05/2011).
Que, así, en lo principal, el Alto Tribunal discurrió: “Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial - Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”. “Que en orden a ello, cabe destacar que en el caso, el Tribunal tiene especialmente en consideración que se trata de un ejercicio -el correspondiente al año 2002- signado por un grave estado de perturbación económica, social y política que dio lugar a una de las crisis más graves de la historia contemporánea de nuestro país, que fue reconocido por el Tribunal en oportunidad de pronunciarse en Fallos: 328:690, 329:5913 y 330:855...”. “Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (confr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, y en virtud de las conclusiones arribadas en los considerandos 8° y 9° del presente decisorio, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
Que, en consecuencia, las pautas rectoras que pueden extraerse de dicho precedente para delimitar la aplicación de la doctrina de la no confiscatoriedad en el impuesto a los réditos, son de carácter sustancial y no nominal, toda vez que el Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que, conforme las pruebas de la causa, entendió que en dicho caso el pago del impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste discutido, al representar para Candy S.A. más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas por inflación, resultaba confiscatorio.
Que, siendo ello así, ha de señalarse que habiendo advertido el citado Tribunal la desmesurada incidencia real del gravamen por la no aplicación del ajuste por inflación, el mismo concluyó que la ganancia neta determinada sin ajuste por inflación, no es adecuadamente representativa de la renta que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar (utilidades reales en lugar de ganancias ficticias). No obstante, ello deberá evaluarse en cada caso, en tanto no existe una línea divisoria absoluta que permita delimitar hasta dónde resulta aceptable en este contexto que la alícuota efectiva exceda a la legal, es decir, hasta qué punto se tolera cierta distorsión inflacionaria.
Que sentado ello, y en relación a la objeción expuesta por el Fisco Nacional en cuanto a que las condiciones del período fiscal objeto de autos -correspondiente a los años 2019 y 2020- difieren de las acontecidas y valoradas por la C.S.J.N. al tiempo de expedirse en el Fallo “Candy” (circunstancias críticas del país durante el año 2002), cabe reconocer que en efecto a diferencia de lo que ocurría entonces, la legislación actual aplicable al caso de autos reconoce la necesidad de que se practique el citado ajuste, sujeto a determinadas condiciones y con ciertas limitaciones. Ello así, además, cabe destacar que la confiscatoriedad no se encuentra condicionada a un año fiscal determinado sino a la configuración de las circunstancias fácticas que constituyan tal supuesto en el año fiscal de que se trate.
En otro orden, al respecto, cabe agregar que, conforme la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI” de fecha 25/10/2022, con remisión al dictamen de la Procuración Fiscal donde señala que “Por un lado, nada encuentro en la sentencia de la causa “Candy” que permita inferir que V.E. haya consagrado al título VI de la LIG como único mecanismo de ajuste permitido para demostrar la confiscatoriedad del tributo. Por otra parte, de la lectura de la LIG se desprende que, además del mecanismo previsto en su título VI, dicha ley permitía también reflejar las variaciones de precios para el cálculo de: a) las amortizaciones impositivas de bienes muebles (art. 84, primer párrafo, inc. 2º, LIG), inmuebles (art. 83, tercer párrafo, LIG) e inmateriales (art. 84, segundo párrafo, LIG); b) los costos impositivos computables correspondientes a los bienes muebles, inmuebles, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares enajenados (arts. 58, 59 y 60 de la LIG); y c) los quebrantos (art. 19 LIG). El estudio de tales preceptos conduce a colegir, sin hesitación, que la LIG regulaba en dichos rubros el impacto de las variaciones de precios ocurridas desde su fecha de alta hasta la correspondiente al mes de la fecha de cierre del periodo fiscal que se liquidaba y, para morigerar tales efectos, expresamente preveía la posibilidad de ajustarlos mediante los índices fijados por el INDEC (ver arts. 58 y 59, en cuanto allí remite al art. 89 de la LIG)”. En el caso concreto de autos, es dable hacer extensiva la solución propuesta a la cuestión aquí analizada -períodos fiscales 2019 y 2020- en atención a las conclusiones que este Tribunal extrae del informe pericial contable producido ante esta instancia.
En efecto del informe pericial contable producido en autos surge que ambos peritos son contestes en que: a) El resultado impositivo histórico -sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación en forma completa asciende a $ 749.049.617,53 para el ejercicio 2019 y a $ 988.332.779,22 para el año 2020.
b) El resultado con el diferimiento (1/6) asciende a 683.019.785,54 para el 2019 y $ 934.422.536,59 para el 2020. c) El Ajuste por Inflación Estático y Dinámico correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020 asciende a ($ 396.178.991,87) y (323.461.455,79).
d) La aplicación integral del ajuste por inflación sin el diferimiento establecido en el art. 194 de la ley y la reexpresión de las amortizaciones impositivas de los bienes adquiridos con anterioridad al 1/1/2018, arroja los siguientes saldos:
-Para el año 2019: Resultado Impositivo $ 341.913.586,39; Resultado Neto Sujeto a Impuesto $ 341.913.586,39 e Impuesto Determinado $ 102.574.075,92 -Para el año 2020 los saldos serían $ 626.830.712,10; $ 626.830.712,10 y $ 188.049.213,63, respectivamente. e) Los mismos conceptos calculados sin el mecanismo de ajuste por inflación ni la reexpresión de las amortizaciones arrojan los siguientes saldos:
-Para el año 2019: Resultado impositivo $ 749.049.617,53; Resultado Neto Sujeto a Impuesto 749.049.617,53 e Impuesto Determinado $ 224.714.885,26 -Para el ejercicio 2020: serían $ 988.332.779,22; $ 988.332.779,22 y $ 296.499.883,77, respectivamente. f) Esos mismos conceptos pero aplicando el diferimiento del artículo 194 de la ley, arrojan estos saldos: -Para el año 2019 $ 683.019.785,54; 683.019.785,54 y 204.905.935,66 -Para el 2020 $ 934.422.536,59; 934.422.536,59 y 280.326.760,98 g) El porcentaje que representa el Impuesto a las Ganancias calculado sin ajuste por inflación y sin la reexpresión de las amortizaciones sobre el resultado impositivo determinado considerando el ajuste por inflación y la reexpresión de las amortizaciones es del 65,72% para el ejercicio 2019 y del 47,30% para el 2020. h) El porcentaje que representa el Impuesto a las Ganancias calculado sin ajuste por inflación impositivo y sin reexpresión de las amortizaciones sobre el resultado contable ajustado por inflación antes del impuesto a las ganancias y sin considerar los beneficios por promoción industrial, representa el 96,48% para el 2019 y el 49,35% para el 2020.
i) El porcentaje que representa el Impuesto a las Ganancias calculado sin ajuste y sin reexpresión de las amortizaciones sobre el impuesto del ejercicio considerando el efecto del ajuste por inflación impositivo y la reexpresión, es del 219,08% para el 2019 y 157,67% para el 2020. A idénticos guarismos se llega considerando el porcentaje que representa el resultado impositivo sin ajuste ni reexpresión sobre el resultado impositivo con ajuste y reexpresión.
j) El porcentaje que representa el impuesto a las ganancias calculado con 1/6 del ajuste por inflación sobre el resultado impositivo determinado considerando el efecto del ajuste total y la reexpresión de las amortizaciones representa el 59,93% para el 2019 y el 44,72% para el 2020; y sobre el impuesto del ejercicio considerando el efecto del ajuste total y la reexpresión es del 199,76% para el 2019 y del 149,07% para el 2020. k) El porcentaje que representa el resultado impositivo con 1/6 del ajuste sobre el resultado impositivo con ajuste total y reexpresión de amortizaciones representa el 199,76 para el 2019 y 149,07% para el 2020.
Por último, la perito designada a propuesta del Fisco Nacional señala que si se relaciona el Impuesto a las Ganancias determinado sin ajuste por inflación con el resultado impositivo teniendo en cuenta el sexto correspondiente para cada período, el porcentaje sería del 32,90 para el 2019 y del 34,14% para el 2020; en tanto que si se relaciona el impuesto determinado sin ajuste con el resultado contable antes del impuesto se obtiene un coeficiente del 54,20% para el año 2019 y del 35,08% para el 2020 con lo cual a su criterio los coeficientes calculados se encontarían por debajo de los mencionados por la Corte en el precedente Candy. Al respecto, se comparte lo expuesto por el perito designado a propuesta de la actora en cuanto a que los valores a relacionar deben ser el Impuesto a las Ganancias con 1/6 del ajuste, como lo prevé el art. 194 de la ley, sobre el resultado impositivo determinado considerando el efecto del ajuste por inflación integral y con la reexpresión de las amortizaciones, lo que representa un 59,93% para el 2019 y 44,72% para el 2020. Aún sin considerarse la reexpresión de las amortizaciones, sería del 58,07% y del 42,16%, respectivamente.
En efecto, las conclusiones del informe pericial presentado por los peritos contadores mediante IF-2025- 73541488-APN-DTD#JGM llevan a este Tribunal a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en los considerandos 7° y siguientes del precedente “Candy” de la Corte.
Es dable agregar lo señalado por la Alzada en la causa “ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC (TF 123459521-I) de fecha 11/07/2024 en la que confirma la sentencia de esta Sala que dispone “En respuesta al primer agravio reseñado y teniendo en cuenta que las conclusiones del informe pericial contable producido en la instancia anterior no han sido objeto de cuestionamiento, cabe estar a lo resuelto por esta Sala in re “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Direccion General Impositiva”, sent. del 10/06/21. En esa oportunidad el Tribunal sostuvo que, aun cuando las diferencias no resultaban idénticas a las examinadas por la Corte en “Candy” (46,72% vs. 62%), la adopción de la tesitura fiscal no podía admitirse, pues implicaría —lisa y llanamente— la asunción por la contribuyente de una obligación tributaria que resulta confiscatoria respecto de la renta obtenida en el periodo 2015 al exceder de modo considerable la alícuota prevista en la ley de Impuesto a las Ganancias (doctrina replicada en el pronunciamiento dictado por este Tribunal in re “RPB Sociedad Anónima c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/03/22 en el que la alícuota efectiva ascendía a 47,70%). En esa misma línea, esta Cámara ha precisado que la ausencia de coincidencia con los porcentajes verificados en “Candy” no obsta a la aplicación de su doctrina en supuestos con cifras menores, con fundamento —invocada por el propio precedente de la Corte— en la magnitud de la desproporción entre las sumas exigibles. Así, se ha sostenido que, “en la medida en que la alícuota prevista en la ley del gravamen es del 35%, un porcentaje superior —en principio— redunda en un supuesto de confiscatoriedad en los términos que ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciendo aplicación de los arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional” (Sala III, “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 24/04/18; Sala II, “Central Piedra Buena S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. Del 16/07/15). Asimismo, este ha sido el temperamento adoptado recientemente por el Alto Tribunal al resolver la causa caratulada “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa “Paolini Hnos. S.A. c/ EN – AFIP – DGI s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 21/05/24, en la que aplicó el precedente “Candy” cuando la alícuota efectiva del impuesto representaba el 43,57% de la base imponible”.
Que de acuerdo con lo expuesto y a las conclusiones arribadas en los considerandos que anteceden, cabe concluir que la limitación de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación establecido en el Título VI de la ley de impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos por la CSJN en las causas "Candy" y “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI”, dado que el impuesto determinado por la AFIP excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad.
En consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio en esta instancia. Costas por su orden en atención a las particularidades y complejidad del caso en examen.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.09.22 12:26:14 ART Date: 2025.09.22 12:55:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.22 14:30:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.22 14:31:23 -03:00
Fin de la sentencia