Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 69/2018 (AD SALO) dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en la Actuación N° 12517-371-2013.
2Costas al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-37577216-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 10 de Abril de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 39.628-A: “COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Nro. 69/2018 (AD SALO) dictada en la Actuación N° 12517-371-2013 (Sumario Contencioso N° 057-SC-180-2013/1), mediante la cual se condena a la firma COFCO ARGENTINA S.A. por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954 apartado 1 incs. c) del Código Aduanero al pago de una multa por la suma de $ 1.652.211,28, en relación a las destinaciones de importación N° 13 057 IC65 124Z, 13 057 IC65 121 N, 13 057 IC65 123 P y 13 057 IC65 122 Y. Asimismo, se resuelve absolver al despachante de aduanas.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 59/73vta. se presenta COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. (sociedad absorvente de COFCO ARGENTINA S.A., antes denominada Noble Argentina S.A.) mediante apoderado, con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. Comienza efectuando un pormenorizado relato de los antecedentes de la causa y prosigue con los fundamentos del recurso. Considera que se ha formulado una denuncia, imputándose una infracción, sin la debida fundamentación legal, violentándose el principio de defensa en juicio. Entiende que un esquema de ventas sucesivas entre partes no vinculadas resulta lícito y que no puede suponer que el precio de importación declarado resulte inexacto. Manifiesta que la verificación por parte del servicio aduanero de un esquema de ventas sucesivas sólo podría haber motivado una investigación a fin de determinar si existía vinculación entre las partes y si, de existir, la misma influía en el precio. Alude a la Instrucción N° 14/2017 (DGA), al Dictamen N° 1085/2018 (DV DSAD) y a otros sumarios donde se resolvieron -a su entender- denuncias similares, desestimando las mismas por aplicación de la Instrucción y Dictamen antes citados. Refiere a la teoría de los actos propios y cita jurisprudencia al respecto. Efectúa diversas consideraciones en relación al valor en aduana en importación y al esquema de ventas sucesivas. Asegura que la condena de autos resulta infundada en tanto se basa en la existencia de una venta anterior entre su proveedor y el productor de la mercadería y en la cual no ha tenido participación. Refiere a la figura prevista en el art. 954 del C.A. manifestando que mediante la misma se tutela el principio de veracidad y exactitud de la declaración aduanera y que para su configuración se requiere una declaración que difiera del resultado de la comprobación y, además, que ésta genere o tenga entidad para generar alguna de las situaciones detalladas en los incisos a), b) y c). Sostiene que ha declarado el precio concertado con el vendedor del exterior resultando el precio real de transacción. Afirma que no se ha efectuado una desestimación del valor de acuerdo a los parámetros y métodos estipulados en el Acuerdo. Distingue los conceptos de precio y valor. Cita jurisprudencia. Cita el Comentario 22.1 del Comité Técnico de Valoración. Finalmente ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 85/90 la representante fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos acaecidos en sede aduanera. Cumple con la negativa genérica de rigor, negando todos y cada uno de los hechos y derechos alegados por la actora que no fueran expresamente reconocidos. Cita el art. 954 del C.A. Sostiene que de la operatoria aduanera surge que no se declaró en forma veraz y exacta el valor FOB. Alude al carácter objetivo de la infracción y cita jurisprudencia. Insiste en que se declaró un precio diferente al real, lo que conllevó a que se configurara típicamente la infracción que se le imputa. Considera probado el hecho de que existe una diferencia y un perjuicio en orden de un egreso hacia el exterior de un importe pagado distinto al que efectivamente correspondía. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas Nro. 12517-371-2013 se inician a fs. 1 con el Acta de Denuncia de fecha 12/09/13 en relación a la destinación N° 13057IC65000124 Z por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A. A fs. 2/3 luce la Nota N° 874/20123 “V” de fecha 10/09/13. A fs. 4 lucen pases internos. A fs. 5/19 lucen copias autenticadas del DI N° 13 057 IC65 000124 Z y de su documentación complementaria. A fs. 20/28 lucen copias autenticadas de mails internos. A fs. 29 luce reliquidación. A fs. 30/31 lucen copias autenticadas de prints de pantalla de la liquidación 13 057 LMAN 011235 B. A fs. 32/34 lucen copias autenticadas de la FC N° 359010624, de CO N° 001378 y de la FC N° 9284.
A fs. 35/37 luce copia del Decreto 1344/98. A fs. 38 luce listado de ingreso de denuncia en relación a la destinación 13057IC65000124Z por “… presunta infracción art. 954 c) C.A. por diferentes valores FOB en facturas y posible triangulación con paraíso fiscal según listado DECRETO 1344/98.”. Seguidamente, continuando con la foliatura, se agrega la Actuación N° 12517-372-2013. A fs. 39 luce el Acta de Denuncia de fecha 12/09/13 en relación a la destinación N° 13057IC65000121 N por la presunta infracción al art. 954 inc. c) del C.A. A fs. 40/41 luce la Nota N° 871/20123 “V” de fecha 10/09/13. A fs. 42 lucen pases internos. A fs. 43/57 lucen copias autenticadas del DI N° 13 057 IC65 000121 N y de su documentación complementaria.
A fs. 58/65 lucen copias autenticadas de mails internos. A fs. 66 luce reliquidación. A fs. 67 lucen copias autenticadas de prints de pantalla de la liquidación 13 057 LMAN 011228 D. A fs. 68/70 lucen copias autenticadas del CO N° 001379, de la FC N° 359010625 y FC N° 9285. A fs. 72/74 luce copia del Decreto 1344/98. A fs. 75 luce print de pantalla de ingreso de denuncia en relación a la destinación 13057IC65000121N. Seguidamente, continuando con la foliatura, se agrega la Actuación N° 12517-373-2013. A fs. 76 luce el Acta de Denuncia de fecha 12/09/13 en relación a la destinación N° 13057IC65000123P por la presunta infracción al art. 954 inc. c) del C.A. A fs. 77/78 luce la Nota N° 873/20123 “V” de fecha 10/09/13.
A fs. 79 lucen pases internos. A fs. 80/94 lucen copias autenticadas del DI N° 13 057 IC65 000123 P y de su documentación complementaria. A fs. 95/102 lucen copias autenticadas de mails internos. A fs. 103 luce reliquidación. A fs. 104/105 lucen copias autenticadas de prints de pantalla de la liquidación 13 057 LMAN 011232 V. A fs. 106/108 lucen copias autenticadas del CO N° 001380, de la FC N° 359010626 y FC N° 9286. A fs. 109/111 luce copia del Decreto 1344/98. A fs. 112 luce listado de ingreso de denuncia en relación a la destinación 13057IC65000123P por “… presunta infracción art. 954 c) C.A. por diferentes valores FOB en facturas y posible triangulación con paraíso fiscal según listado DECRETO 1344/98.”.
Seguidamente, continuando con la foliatura, se agrega la Actuación N° 12517-374-2013. A fs. 113 luce el Acta de Denuncia de fecha 12/09/13 en relación a la destinación N° 13057IC65000122Y por la presunta infracción al art. 954 inc. c) del C.A. A fs. 114/115 luce la Nota N° 872/20123 “V” de fecha 10/09/13. A fs. 116 lucen pases internos. A fs. 117/134 lucen copias autenticadas del DI N° 13 057 IC65 000122 Y y de su documentación complementaria. A fs. 135/142 lucen copias autenticadas de mails internos. A fs. 143 luce reliquidación. A fs. 144/145 lucen copias autenticadas de prints de pantalla de la liquidación 13 057 LMAN 011230 T. A fs. 146/148 luce copia del Decreto 1344/98. A fs. 149 luce listado de ingreso de denuncia en relación a la destinación 13057IC65000122Y por “… presunta infracción art. 954 c) C.A. por diferentes valores FOB en facturas y posible triangulación con paraíso fiscal según listado DECRETO 1344/98.”.
A fs. 150/151 luce la Res. N° 1217/13 (AD SALO) de fecha 01/11/13 mediante la cual se resuelve: acumular los SIGEAS 12517-371, 372, 373 y 374/2013; aperturar sumario contra la firma NOBLE ARGENTINA S.A. y el despachante de aduana por la presunta comisión de la infracción al art. 954 inc. c) del C.A. y correr vista de lo actuado, informándose asimismo el monto de la multa por la suma de $ 1.652.211,28. A fs. 152/164 lucen prints de pantalla con resultados de la consulta al sistema registral y de gestión de sumarios contenciosos. A fs. 165/166 lucen sendas constancias de notificación de la Res. N° 1217/2013 a la firma y al despachante en fechas 22/04/14 y 23/04/14, respectivamente. A fs. 171/173 luce la Nota N° 33/2014 “S” de fecha 25/04/14.
A fs. 174/176 obra la contestación de vista de la firma de fecha 8/5/14. A fs. 188 y fs. 190 lucen las providencias de fecha 30/06/14. A fs. 194 luce contestación efectuada por la firma NOBLE ARGENTINA S.A. en relación al despachante. A fs. 197/198 plantea revocatoria la firma con fecha 08/07/14. A fs. 199/202 se rechaza la revocatoria interpuesta. A fs. 207/210 la firma importadora informa cambio de denominación social y solicita pronto despacho en fecha 19/08/16. A fs. 212, con fecha 01/09/16 se ponen autos para alegar. A fs. 221/222vta. obra el dictamen N° 203/2017 de fecha 05/09/17. A fs. 231/236 luce la resolución N° 69/18, apelada en autos, la cual fue aprobada mediante RESOL-2018-121-E-AFIP-SDGTLA, según constancia de fs. 243 y vta.
VI. Que, a los fines de resolver la cuestión de autos, corresponde analizar el aspecto de la infracción endilgada a la recurrente.
Que, cabe recordar, que el tipo infraccional previsto en el art. 954 del C.A. requiere, en primer lugar, una diferencia entre alguno de los aspectos o rubros de declaración “exigibles” y la comprobación que efectúe el servicio aduanero respecto de tales aspectos. Luego, se determina si esa diferencia ha producido o –en caso de haber pasado inadvertida- hubiera podido producir -en el caso de autos- el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere (inciso c), que resulta ser uno de los tres efectos previstos en la figura para hacer punible aquella diferencia.
Que se debe distinguir entonces entre la declaración (“exigible”) del precio y de todo otro elemento de declaración exigible, relativo a las circunstancias comerciales de la operación (que inciden en la valoración), de la valoración que efectúa el documentante (y “revisa” la aduana), pues la figura infraccional de declaración inexacta sanciona la diferencia entre lo declarado exigible y lo “comprobado” (verificado física o materialmente) por la aduana al respecto. Concretamente, el valor en aduana, a mi juicio, no lo “comprueba” la Aduana, sino que lo determina (en consecuencia de la revisión, aprobando o desestimando la valoración consignada o determinada por el documentante). Sí, en cambio, en tal sentido, es susceptible de “comprobación” el precio que se hubiera declarado, o bien todo otro elemento también declarado relativo a las circunstancias comerciales de la operación que inciden en la valoración.
Que, al respecto debe señalarse también que cualquier diferencia (en la declaración y respecto de lo que la aduana “compruebe”) acerca de cualquiera de los restantes rubros (distintos del precio mismo y/o de las aludidas circunstancias comerciales de la operación), como la calidad y especie (P.A. correspondiente), cantidad, estado, origen, etc., puede ocasionar una diferencia de valor en la mercadería resultante o –lo que es lo mismo- que se esté ante una mercadería con un resultante valor en aduana diferente al documentado como valor en aduana –como base imponible para tributos-, y esa diferencia podría encuadrar en el tipo infraccional del inc. c) del art. 954, pero, en cualquiera de estos supuestos se habrá partido de la efectiva “diferencia” entre algún rubro o elemento de declaración “exigible” y el resultado de la comprobación aduanera al respecto.
Que, por lo expuesto, la declaración inexacta que podría imputarse, no podría ser otra que la inexactitud del “precio” declarado y/o documentado, y/o específicamente de alguna de las circunstancias comerciales de la operación que pudieran incidir en la valoración de la mercadería. Precio que como tal sí es de declaración exigible y susceptible de “comprobarse” su inexactitud.
Que, puedo adelantar que en el caso de autos no se trata de ninguna inexactitud observada por la aduana en cuanto a la declaración de las circunstancias de la operación comercial atinentes al valor (ni tampoco inexactitud de cantidad o de calidad que aparejara como consecuencia una diferencia de valor), sino sólo –lo que eventualmente pudo haberse dado- de la (hipotética o sospechada) relativa al precio mismo documentado, la inexactitud imputada en autos no podría ser otra que la falsedad de dicho precio, es decir que “realmente” se hubiera pactado (como precio pagado o por pagar), y efectivamente pagado, un precio distinto del precio declarado en la destinación y presentada ante la aduana. Queda claro que esta falsedad (diferencia de precio en el sentido expuesto) no se puede, lisa y llanamente, “presumir”, sino que debe acreditarse y/o tenerse por acreditada, lo cual debe resultar de una acreditación positiva (aun por suma de indicios plurales, concordantes y categóricos). Que, de la lectura del propio texto del artículo en comentario, se desprende entonces que la figura de declaración inexacta requiere, en primer lugar, la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
Que, en el caso de autos, lo que la Aduana cuestiona es la diferencia en los importes FOB declarados en cada una de las destinaciones aquí involucradas y los de las facturas comerciales que ampararían cada una de dichas operaciones. Más precisamente, el servicio aduanero, en cada una de las Notas que dan cuenta del análisis elaborado con motivo del control documental, observa una diferencia entre el importe de la factura comercial emitida por el vendedor del exterior (NITRON INTERNATIONAL CORPORATION) a la importadora de autos (NOBLE ARGENTINA S.A., antecesora de la recurrente) y el consignado en el certificado de origen relativo a la factura comercial emitida por INTERNATIONAL PETROCHEMICAL SALES LIMITED a NITRON INTERNATIONAL CORPORATION. De tal modo, considera posible la existencia de una triangulación en cada una de las operaciones, a la vez que entiende que las diferencias antes referidas conllevan a la configuración de la infracción prevista y penada por el art. 954 inc. c) del C.A.
Que, conforme surge de la compulsa de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, mediante los despachos de importación que se listan en el cuadro a continuación, NOBLE ARGENTINA S.A. (antecesora de la recurrente) documentó la importación de mercadería clasificada bajo la PA 3102.10.10.000U la cual reza “Con un contenido de nitrógeno, calculado sobre producto anhidro seco, superior al 45% en peso -Urea, incluso en disolución acuosa ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS”, declarando los siguientes conceptos:
VALOR FOB DI CANTIDAD (TN) FLETE (U$S) FC TOTAL (U$S)
N° 9284 (U$S 13057IC65000124Z 1.625 552.500 65.000
617.500)
N° 9285 (U$S 13057IC65000121N 1.625 552.500 65.000
617.500)
N° 9286 (U$S 13057IC65000123P 1.625 552.500 65.000
617.500)
N° 9283 (U$S 13057IC65000122Y 1.625 552.500 65.000
617.500)
Que tal como surge del cuadro, los importes declarados en cada uno de los despachos aquí involucrados se corresponden con los facturados a la importadora por el vendedor del exterior en la condición de venta pactada (CFR), no resultando contrastables –en principio- dichos importes –a los fines de determinar la posible configuración de la infracción bajo análisis- con los de las facturas emitidas por un tercero a éste último, situación que le es ajena a la importadora recurrente en estos autos, y a la que me referiré más adelante. Razón por la cual, queda descartada en el caso la posibilidad de configuración de la infracción de declaración inexacta prevista en el artículo 954 del Código Aduanero.
Que, como se ve, no se encuentran reunidos los elementos necesarios para afirmar la existencia de una declaración inexacta por cuanto no se advierte una diferencia entre la declaración comprometida -despachos de importación- y el resultado de la comprobación efectuada por el servicio aduanero. En tal sentido, el valor FOB declarado en cada uno de los despachos, resulta ser el mismo que el consignado en cada una de las facturas comerciales que amparan las operaciones de importación involucradas en autos. Y, a mayor abundamiento, surge de la prueba producida en autos (certificación contable obrante a fs. 76/77 de autos y respuesta del Banco Galicia brindada mediante soporte informático obrante a fs. 108 de autos) que las facturas declaradas en los despachos fueron pagadas –de conformidad con la condición de venta pactada- por los importes consignados en las mismas mediante transferencia bancaria.
Que, se pone de relieve entonces que de lo actuado en sede administrativa surge que la aduana pudo tal vez “impugnar y desestimar” el precio documentado, pero ello como base para determinar el valor en aduana, y no como precio de la realidad. En suma, de ningún modo ha quedado en el caso acreditada una diferencia entre el precio documentado y el precio efectivamente pactado y pagado. La irrealidad del “precio declarado” es un ilícito merecedor de la sanción correspondiente (delito o infracción según el caso), pero en materia penal tal irrealidad (que el precio declarado no sea el precio realmente pagado o por pagar) no puede presumirse, sino que debe ser o quedar acreditada; lo que no ha ocurrido en el caso de autos.
Que, en consecuencia, en este caso se está ante una situación que podría haber dado lugar –siguiendo el procedimiento reglado para ello- a un “ajuste” o recomposición del valor documentado (en términos más propios o estrictos, una “desestimación” del valor documentado y su sustitución por el valor determinado por la aduana), a los fines de la determinación del valor en aduana, pero no ante una declaración inexacta como ilícito aduanero. Sin embargo, en el caso de autos no fue elaborado el estudio de valor a los fines de determinar el valor en aduana tras descartar el valor declarado en cada uno de los despachos.
VII. Que, la valoración de mercaderías en Aduana, en materia de importación, se encuentra regida por las normas establecidas en el Acuerdo Relativo para la Aplicación del Art. VII del GATT, Ley 24.425. Que dicha ley aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC y, entre otros, el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT, incorporándose además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Que el Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT (en adelante “el Acuerdo”) establece que el “valor de transacción”, tal como se define en el artículo 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana para importación. Dicho artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8 que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador o estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. La Instrucción General, prevé que cuando el valor de transacción no pueda determinarse sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo, en los art. 2 a 7 se establecen los diferentes métodos a aplicar para determinar el valor en aduana, los que deben aplicarse en el orden que se numeran, salvo la inversión que autoriza el art. 4 con relación a los métodos previstos en los arts. 5 y 6. Que, de este modo, y sin perjuicio de que el valor de transacción constituye la primera base de valoración, considerado en conjunción con lo previsto en el artículo 8 –ajustes del precio pagado o por pagar- y recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el art. 1° se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas en forma sucesiva y excluyente en los artículos siguientes. Sin embargo, cabe aclarar que ello no es óbice para que el Fisco pueda comprobar la veracidad de las declaraciones comprometidas, procediendo a investigar ante una duda legítima, los precios declarados.
VIII. Que, de esta manera, y conforme surge de las actuaciones administrativas, el servicio aduanero no ha seguido el procedimiento reglado para cuestionar el valor de importación y apartarse fundadamente del mismo. Asimismo, el hecho de que la Aduana haya observado que la mercadería había sido previamente vendida por IPSL a NITRON a un valor distinto al facturado por NITRON a NOBLE ARGENTINA S.A., no constituye por sí solo un elemento que resulte suficiente para concluir que el valor declarado por la firma recurrente resulta inexacto o que no es el precio real de la operación. Es más, el servicio aduanero no comprobó la supuesta triangulación a la que alude en cada una de las Notas que siguen a la denuncia por infracción al art. 954 inc. c) del C.A. No obstante, considero oportuno reseñar aquí reciente jurisprudencia que trata las cuestiones antes referidas.
Que, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en oportunidad de sentenciar en los autos “Pioneer Argentina SRL c/DGA”, Expte. N° 20/2019 (TF N° 38.718-A), Sent. 22/10/2019, pone luz al concepto de ventas sucesivas o trianguladas. En tal sentido, se establece que la centralización de las ventas de exportación por intermedio de terceras sociedades (o traders) “… resulta perfectamente lícita, siempre y cuando no se trate de una “maniobra” para perjudicar intereses fiscales. …”. Que, a mayor abundamiento, resulta contundente lo sentenciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de resolver el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia antes referida, y que considero aplicable al caso de autos en relación al tema bajo análisis: “… el tipo infraccional del art. 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, al sancionar la declaración aduanera que difiera de lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida produjere o hubiere podido producir “el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”, circunscribe el examen de la discordancia entre el precio declarado y el importe egresado –tratándose de importaciones– a la última venta en supuestos de ventas sucesivas. En efecto, la cámara (…) limitó el análisis de la norma a la última venta realizada, independientemente de cuál había sido el precio pagado en la venta anterior (…). “Esta interpretación del art. 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero coincide con la interpretación realizada por el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas, órgano encargado de asegurar, a nivel técnico, la uniformidad de la interpretación y aplicación del “Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994” (en adelante, “Acuerdo de Valoración”), aprobado por la ley 24.425 (conf. art. 18 y Anexo II, art. 1).
“En el Comentario 22.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana, referido al “Significado de la expresión ‘se venden para su exportación al país de importación’ cuando existe una serie de ventas” adoptado en la 24a Sesión del 26 de abril de 2007 (recopilado en Zolezzi, Daniel, Valor en Aduana (Código Universal de la O.M.C.), 2da edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 471 y ss.) se analiza cuál de las ventas, en una serie de ventas, debe ser utilizada para determinar el valor de transacción con arreglo a los arts. 1° y 8° del Acuerdo de Valoración.
“El art. 1.1 del Acuerdo de Valoración establece que “[e]l valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8…”. Al respecto, el Comentario 22.1 señala que el valor de transacción (el precio) es la primera base para la determinación del valor en aduana. A continuación, el comentario se refiere al supuesto de las “ventas sucesivas” al sostener que “[e]n el caso de una serie de ventas es necesario establecer cuál de las ventas determina el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. La serie de ventas implica una última venta que se efectúa en la cadena comercial antes de la introducción de las mercancías en el país de importación (la última venta) y una primera venta (o venta anterior) en la cadena comercial”.
“El Comentario 22.1 concluye que “el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas cuando éstas se venden para su exportación al país de importación es el precio pagado en la última venta que se produce antes de la introducción de las mercancías en el país de importación, y no en la primera venta (o venta anterior). Esto es conforme con la hipótesis subyacente y con los objetivos y el texto general del Acuerdo” (el subrayado pertenece al Tribunal).
“Cabe también destacar que el texto del art. 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, al no contemplar el supuesto de ventas sucesivas de una misma mercadería, tampoco prevé que –a los efectos de establecer el precio que “efectivamente correspondiere”– deba prescindirse del precio de la última venta y atenderse a los precios de las ventas anteriores. (…)
“… independientemente del juicio de desvalor que puedan merecer las ventas sucesivas (triangulaciones) que involucren la sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, que van más allá de la materia aduanera para comprometer aspectos cambiarios y fiscales, no corresponde a los jueces juzgar el acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros …” (CSJN, Sent. 29/02/2024)
IX. Que, en virtud de las razones antes expuestas, habiéndose concluido que en el caso de autos no se configuró la infracción de declaración inexacta, corresponde revocar la resolución aduanera, con costas al fisco.
Por ello, voto por:
1. Revocar la Resolución N° 69/2018 (AD SALO) dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en la Actuación N° 12517-371-2013.
2. Costas al fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes sustanciales de la causa están suficientemente relatados en el voto preopinante. Por consiguiente, y por estrictas razones de economía procesal los hago propios y pasaré a estudiar el fondo de la cuestión planteada, no sin antes formular algunas aclaraciones sobre las circunstancias fácticas de autos que evidencian la complejidad de la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, dada la presencia de una operación de ventas sucesivas que debe ser analizada en forma integral.
Es por ello que, con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada, presento a continuación un cuadro que detalla la totalidad de la operación de ventas sucesivas, abarcando todos los montos y sujetos involucrados, y no únicamente la última fase en la que el importador ha centrado su atención, para pretender minimizar o neutralizar su conocimiento y participación en las etapas previas. Aunque, debo resaltar de manera preliminar, que se trató de un vano intento porque: (i) las operaciones de importación se documentaron al amparo del Acuerdo de Complementación Económica Nº 59, y el actor acompañó como documentación complementaria el certificado de origen que describió en el campo observaciones las distintas etapas de facturación; y (ii) tal como la propia Aduana manifestó a fs. 3, 41, 78 y 115 de las actuaciones administrativas, el actor acompañó las facturas comerciales emitidas por IPSL a Nitron International. Estos elementos evidenciaron que no fue ajeno a la concertación de la operación en su conjunto, las partes intervinientes y los precios asignados por cada una de ellas en las distintas fases que culminaron en cada una de las operaciones de importación denunciadas por el servicio aduanero.
Despacho de importación. Factura International Factura Nitron Factura Certificado Fecha. Petrochemical Sales International de origen. Fecha.
Limited. Fecha. Corporation. Fecha.
Precio FOB Monto FOB Monto FOB Monto FOB 13057IC065000124Z U-13-015B 359010624 9284 5/08/2013 25-06-2013 4/07/2013 25-06-2013 USD 552.500 USD 447.603,75 USD 510.412,50 USD 552.500 13057IC65000121N U-13-015-C 359010625 9285 5/08/2013 25/06/2013 4/07/2013 25/06/2013 USD 552.500 USD 447.603,75 USD 510.412,50 USD 552.500 13057IC65000123P U-13-015-D 359010626 9286 5/08/2013 25/06/2013 04/07/2013 25/06/2013 USD 552.500 USD 447.603,75 USD 510.412,50 USD 552.500 13057IC65000122Y U-13-015-A 359010623 9283 5/08/2013 25/06/2013 04/07/2013 25/06/2013 USD 552.500 USD 447.603,75 USD 510.412,50 USD 552.500 En consecuencia y conforme se desprende del cuadro que antecede, centrado el análisis en los precios de cada una de las transacciones, y con el objetivo de facilitar la comunicación y comprensión de la evolución de las mismas, el incremento del precio de USD 447.603,75 a USD 510.412,50 representó aproximadamente un 14,00%, mientras que el aumento de USD 510.412,50 a USD 552.500 fue de alrededor del 8,20%. Sin embargo y vista la operación en su conjunto el porcentaje de aumento del precio de USD 447.603,75 a USD 552.500 (puerto de salida a puerto de llegada) representó, aprox., el 23,4%.
II. Sentado todo lo que antecede y teniendo en cuenta cómo ha quedado delimitada la jurisdicción del Tribunal, debe dilucidarse si -en el marco fáctico antes descripto-, la actora incurrió en la declaración inexacta prevista y penada en el artículo 954 párrafo 1 inc. c) del Código Aduanero (“C.A.”), al comprobarse una diferencia existente entre el precio FOB de egreso de la mercadería desde Venezuela respecto del precio declarado en las destinaciones de importación en nuestro país.
Primeramente, debo advertir que no está controvertido en autos que estamos frente a un esquema que, en la jerga de la tributación internacional, y más precisamente en el campo de la planificación fiscal, suele llamarse “una triangulación comercial”. Ello por cuanto, un productor exportador en Venezuela vendió la mercadería a una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas a IPSL (International Petrochemical Sales Limited). Esta última no recibió físicamente la mercadería, pero esta circunstancia no le impidió revenderla a una empresa en Estados Unidos (Nitron International Corporation), que a su vez la vendió a una empresa en Argentina, quien finalmente la importó. En este contexto, resulta evidente de la prueba agregada a las actuaciones administrativas que a pesar de que la mercadería se transportó directamente desde Venezuela a la Argentina, las facturas siguieron una ruta distinta debido a la intervención de intermediarios que no manipularon físicamente las cargas. Tampoco está controvertido el hecho de que el importador de Argentina acreditó, con documentación contable y bancaria obrante en estas actuaciones, que el precio documentado en cada una de las destinaciones y facturas comerciales agregadas fue el efectivamente abonado a Nitron International Corporation.
III. Así planteado el problema, debo hacer notar que el argumento del Vocal preopinante que sostiene que la inexactitud sancionada por la figura infraccional solo recae sobre datos "comprobables", mientras que el precio se "determina", pretende hacer una distinción que no se encuentra en la norma. En rigor, la declaración inexacta implica que un dato consignado en la documentación es erróneo, sin importar la naturaleza del dato en cuestión. En ese sentido, no corresponde a los jueces introducir distinciones cuando el precepto no lo hace pues, según el conocido adagio, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (Fallos: 339:713). Sucede que, en efecto, no hay ninguna restricción normativa que limite la inexactitud solo a cantidades físicas o a la descripción de la mercadería. De hecho, el precio declarado es un dato esencial de la operación, tan relevante como el peso, la cantidad o la calidad de los bienes. Dado que la normativa exige que la declaración sea veraz en todos sus aspectos, cualquier desviación puede encuadrar en la infracción.
Así las cosas, no pareciera tener sentido interpretar la norma de forma restringida para excluir un elemento tan fundamental de la declaración, ya que el precio forma parte inequívoca de los datos que se deben consignar correctamente. Ciertamente el objetivo de la norma no es sancionar solo errores fácticos evidentes, sino preservar la exactitud de la declaración en todos sus aspectos, porque cualquier inconsistencia puede tener un impacto en la determinación de tributos, en el control del comercio exterior y en la prevención de maniobras evasivas. No ha de olvidarse que por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, corresponde indagar lo que dicen jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, no resulta adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuando así lo requiera una interpretación razonable y sistemática, ni es aceptable ajustarse estrictamente a una singular pauta gramatical en desmedro de la racionalidad de la norma (Fallos:338:1156).
En ese orden de ideas, cabe señalar que el precio declarado resulta determinante respecto de la liquidación de derechos aduaneros y tributos. Ya que, en efecto, si un operador sobrestima o subestima el precio generaría distorsiones en la base imponible de impuestos e incluso facilitaría esquemas de lavado de activos. Va de suyo que, si se aceptara el argumento de que la declaración inexacta no puede sancionar un precio incorrecto porque el precio “se determina" y no se "comprueba", se abriría la puerta a un debilitamiento del control estatal sobre la veracidad de las declaraciones. De manera tal que se generaría un incentivo perverso para que los operadores consignen precios sin temor a sanciones, facilitando prácticas como la sobrefacturación para la fuga de divisas o la subfacturación para la evasión de derechos aduaneros.
No cabe duda de que la finalidad de la norma impone una interpretación coherente con los objetivos del control aduanero y tributario, que no puede verse debilitado por un enfoque reduccionista del concepto de inexactitud. La pretensión de excluir el precio de la mercadería del ámbito de aplicación de la infracción de declaración inexacta carece de fundamento legal y desvirtúa el propósito de la norma. La literalidad del texto normativo, la finalidad de la figura infraccional y la lógica del control aduanero y tributario respaldan la interpretación de que un precio incorrecto (ya sea por sobre o subfacturación) puede dar lugar a la sanción correspondiente.
En suma, el artículo 954 del C.A. establece la infracción de declaración inexacta cuando el precio consignado en la destinación difiere del que resulte de la comprobación aduanera. La norma no distingue entre elementos objetivos y subjetivos de la declaración, sino que exige la veracidad de todos los datos consignados. En este sentido, el precio declarado constituye un elemento esencial de la destinación aduanera, cuya exactitud es exigible del mismo modo que la cantidad, la calidad o la clasificación de la mercadería. Interpretar que la inexactitud en el precio no configura infracción por considerarse una mera determinación administrativa desnaturalizaría el sentido de la norma, pues la veracidad del precio declarado incide directamente en la transparencia de las operaciones y en la efectiva aplicación de los tributos correspondientes. En consecuencia, debe considerarse que la infracción del artículo 954, inciso c), se configura cuando la inexactitud en el precio declarado sea sustancial, injustificada y haya podido inducir a error en la liquidación de tributos o en el control de los flujos económicos del comercio exterior, sin que resulte exigible para su configuración la prueba de una maniobra dolosa por parte del declarante, bastando la comprobación de la discordancia entre lo declarado y lo verificado conforme los parámetros normativos aplicables.
En efecto, la interpretación de las normas jurídicas no puede limitarse a una exégesis meramente literal de su texto, sino que debe considerar su finalidad, el contexto en que fueron sancionadas y las consecuencias de su aplicación, conforme los principios generales del derecho y las reglas hermenéuticas reconocidas en la jurisprudencia. La ley no se expresa en un lenguaje ordinario, sino en el lenguaje del derecho, cuyas reglas interpretativas responden a convenciones específicas que han evolucionado en la comunidad jurídica a lo largo del tiempo.
En este sentido, la teoría textualista, que postula una interpretación puramente gramatical y autónoma de las normas, ha sido objeto de profundas críticas, tanto en el ámbito jurídico como en la teoría literaria, por su incapacidad de reconocer la interdependencia entre el texto y su contexto normativo, histórico y social. Verdaderamente una visión estrictamente textualista del derecho aduanero llevaría a excluir la posibilidad de considerar la finalidad de las normas de control de comercio exterior y tributario, desnaturalizando su aplicación y permitiendo eludir sanciones a partir de interpretaciones formalistas que no se condicen con la realidad económica subyacente.
Por consiguiente, el aludido artículo 954 debe ser interpretado no solo en su literalidad, sino también en su propósito de garantizar la veracidad de las declaraciones aduaneras y evitar distorsiones que puedan afectar la determinación de tributos y la transparencia del comercio exterior. Así, una diferencia sustancial e injustificada en el precio declarado, más allá de su mera constatación fáctica, configura una infracción cuando tiene aptitud para inducir a error en la aplicación de las normas aduaneras y tributarias, sin que resulte admisible una interpretación restrictiva que, al escindirse del propósito de la norma, permita, inclusive, validar maniobras contrarias a la buena fe y a la seguridad jurídica Al respecto, debo hacer notar que la interpretación de la ley no puede reducirse a una lectura estrictamente literal de su texto, sino que debe considerar su contexto normativo, el propósito que persigue y las circunstancias en las que fue sancionada. Como ha sido señalado en la doctrina, la teoría del textualismo jurídico, que postula una interpretación autónoma de las normas sin referencia a elementos extratextuales, ha sido objeto de críticas [1] profundas, entre ellas, su equiparación con el enfoque del New Criticism , en la teoría literaria. Así como esta corriente sostenía que un texto debía analizarse sin referencia a su contexto de producción o a la intención del autor, el textualismo ha pretendido desvincular la interpretación jurídica de la finalidad de la norma y de las realidades fácticas que la rodean. Sin embargo, como lo han demostrado las corrientes postestructuralistas en el ámbito de la crítica literaria y el pensamiento jurídico contemporáneo, un texto –sea normativo o literario– nunca está completamente aislado del contexto social, cultural e histórico en el que se inserta. En el ámbito del derecho, esto implica que una ley no puede ser comprendida sin atender a las expectativas sociales que busca regular ni a [2] los efectos que su aplicación general .
Como han señalado los críticos del New Criticism, un texto nunca está completamente aislado del entorno social, cultural e histórico en el que se inscribe. De la misma manera, una ley no puede interpretarse sin considerar las circunstancias de su formulación y las necesidades sociales que busca regular. Aplicado al derecho aduanero, esto implica que el artículo 954 del Código Aduanero debe ser interpretado de manera teleológica y no puramente literal, en función de su finalidad de preservar la veracidad de las declaraciones aduaneras y evitar distorsiones en la determinación de tributos y el control del comercio exterior. En consecuencia, una diferencia sustancial e injustificada en el precio declarado, sin atender a su contexto económico y tributario, no puede ser desestimada con el único argumento de que el texto normativo no menciona expresamente sus efectos. El derecho no se agota en su formulación gramatical, sino que exige una interpretación que armonice su aplicación con los principios de justicia, equidad y seguridad jurídica, evitando resultados que desnaturalicen la norma y permitan maniobras [3] contrarias a la transparencia del comercio exterior .
Sucede que, en rigor, la interpretación de las normas jurídicas no puede realizarse en el vacío, desconociendo el contexto en el que fueron formuladas y las necesidades sociales que buscan regular. Así como en la teoría literaria se ha señalado que un texto nunca está completamente aislado de su contexto social, cultural e histórico, en el derecho tampoco es posible escindir una norma de las circunstancias que motivaron su sanción ni de las consecuencias que genera su aplicación. La hermenéutica jurídica exige atender no solo al tenor literal de la norma, sino también a su finalidad y al impacto que su interpretación puede tener en la equidad y la justicia del sistema normativo. En consecuencia, la determinación de una infracción aduanera no puede reducirse a una lectura aislada del texto normativo, sino que debe considerar las implicancias prácticas de la inexactitud en la declaración, su impacto en la fiscalidad y en la transparencia del comercio internacional, evitando interpretaciones que, en su afán de adherirse a una literalidad estricta, terminen socavando los principios fundamentales de justicia y equidad que subyacen en el ordenamiento jurídico.
En síntesis, me inclino por rechazar la distinción entre datos "comprobables" y datos que "se determinan" en el contexto de la inexactitud sancionada por el artículo 954, párrafo 1 inciso c) del C.A. dado que la norma no establece una diferencia entre tipos de datos, y cualquier información consignada en la declaración aduanera que resulte inexacta puede configurar una infracción, sin importar si es una cantidad física, una descripción de la mercadería o el precio.
IV. En tales condiciones, lo señalado tiene una relación intrínseca con la segunda de las cuestiones que llevan a disentir respecto del criterio interpretativo propuesto. Si se exigiera que la inexactitud del precio declarado solo pudiera ser sancionada cuando emerja de pruebas directas e irrefutables sobre la manipulación del mismo, en los hechos se consagraría un régimen de impunidad en el que la sanción sería excepcional y no la regla. La realidad del comercio exterior demuestra que las distorsiones de precio rara vez quedan expuestas de manera documental directa, sino que suelen evidenciarse a través de análisis comparativos, criterios de valoración y la utilización de referencias de mercado, todos ellos métodos reconocidos por la normativa aduanera y tributaria. Si se aceptara la premisa de que el Fisco debe probar de manera absoluta y sin margen de inferencia que el precio concertado ha sido disminuido o incrementado de manera artificiosa, se otorgaría una ventaja indebida a los operadores que recurren a estas maniobras, ya que en la mayoría de los casos resultaría inviable acreditar una inexactitud mediante prueba directa en términos absolutos. En tal sentido, la correcta interpretación del artículo 954 en comentario exige reconocer que la infracción se configura cuando existen diferencias sustanciales e injustificadas entre el valor declarado y el que resulta de la verificación aduanera.
En el derecho administrativo sancionador, y en particular en el ámbito tributario y aduanero, la carga de la prueba y el principio de facilidad probatoria resultan elementos esenciales para garantizar la eficacia de la administración tributaria y la equidad en la relación entre el fisco y el contribuyente. El principio de facilidad probatoria, reconocido en diversas jurisdicciones, establece que la carga de la prueba debe recaer en la parte que se encuentra en una mejor posición para aportarla lo que introduce una excepción a la regla general *actor in cumbit probatio*, permitiendo una distribución equitativa de la carga probatoria en función de la disponibilidad de la evidencia, con el fin de evitar que la falta de acceso a determinados documentos genere un obstáculo insalvable para la fiscalización.
Efectivamente, la diferenciación entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador es fundamental para determinar el estándar probatorio aplicable. Con toda seguridad, la presunción de inocencia es un principio común a ambos ámbitos, pero su aplicación en materia administrativa no es absoluta ni idéntica a la del proceso penal, en la medida en que el procedimiento sancionador persigue fines preventivos y regulatorios. Es por ello que, si bien la administración debe probar los hechos imputados, no se le puede exigir una actividad probatoria tan exhaustiva como la que rige en el ámbito penal, toda vez que ello haría inviable la aplicación de sanciones administrativas.
En efecto, el derecho administrativo sancionador debe ser interpretado con autonomía respecto del derecho penal, en tanto constituye una manifestación del *ius puniendi* del Estado con procedimientos propios y reglas diferenciadas.
En este sentido, la prueba indiciaria es un medio válido y necesario en el ámbito sancionador tributario y aduanero, dado que las infracciones en estas materias suelen revestir una naturaleza clandestina, lo que dificulta la obtención de dicha prueba directa. Cabe reconocer que, cuando no existen pruebas documentales concluyentes, los indicios deben ser plurales, concurrentes y estar lógicamente conectados con el hecho que se busca acreditar, distinguiéndose de la mera sospecha.
En este sentido, la sanción no puede basarse exclusivamente en presunciones generales sin más pruebas de cargo, pero que sí es posible establecer la existencia de un fraude fiscal mediante un conjunto de indicios sólidos, coherentes y concordantes, siempre que permitan una inferencia razonable de la conducta infractora. Específicamente, en el ámbito aduanero debe admitirse que la autoridad puede invertir la carga de la prueba cuando existen dudas razonables sobre el valor declarado en importaciones, y exigiendo al operador que aporte documentos que sustenten la veracidad de la declaración. En este marco, ha de colegirse que cuando la administración aduanera detecta inconsistencias en los precios declarados, el obligado no puede limitarse a una postura pasiva, sino que debe aportar pruebas que justifiquen la realidad de la operación por cuanto esta tesitura resulta esencial para evitar que la carga probatoria recaiga exclusivamente sobre la administración, lo que dificultaría la fiscalización y permitiría que maniobras de subvaloración o sobrefacturación queden sin sanción.
Todo lo señalado guarda relación con las diferencias sustanciales entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Mientras que en este último rige el principio de culpabilidad en su máxima expresión y la exigencia de una prueba inequívoca de responsabilidad más allá de toda duda razonable, el derecho administrativo sancionador ha reducido deliberadamente los umbrales probatorios necesarios para la acreditación de una infracción, en función de su naturaleza preventiva y de resguardo de intereses públicos esenciales. La traslación de un estándar probatorio propio del ámbito penal al régimen sancionatorio administrativo tornaría inviable su aplicación y desnaturalizaría su propósito, impidiendo que el Estado ejerza su facultad de control y supervisión sobre el cumplimiento de las normas.
Se trata, en última instancia, de una cuestión de proporcionalidad, incluso en términos de costos regulatorios, ya que el derecho administrativo sancionador no está destinado a reprimir aquellas conductas que el ordenamiento considera intolerables y que, por su gravedad, merecen la máxima sanción prevista en el sistema punitivo, sino que opera como un mecanismo de prevención y de reforzamiento de la autotutela del sistema administrativo. En este sentido, el artículo 954 del C.A. debe ser interpretado a la luz de estos principios, permitiendo la determinación de inexactitudes en la declaración aduanera a partir de indicios suficientes y de un análisis razonado de los elementos disponibles, sin exigir una prueba directa e indubitable de la intención del declarante, pues ello contravendría la lógica del régimen sancionador y generaría un umbral de impunidad incompatible con los objetivos del derecho aduanero y tributario.
V. En esa inteligencia del tema, el tercer cuestionamiento se vincula con la naturaleza del procedimiento que debe seguirse para la determinación de la responsabilidad en el marco del derecho administrativo sancionador aduanero. A este respecto, se advierte una confusión conceptual entre el procedimiento determinativo del valor en aduana, que debe ajustarse a las pautas establecidas en el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y el procedimiento sancionatorio dirigido a establecer la existencia de una infracción en los términos del artículo 954 del Código Aduanero.
En efecto, a poco que se analizan las distintas disciplinadas abordadas en los acuerdos de la OMC no es difícil advertir que no existe una armonización en materia penal dentro de su marco normativo. A diferencia de otras áreas del comercio internacional donde se han establecido principios comunes y procedimientos armonizados, como la valoración en aduana o las medidas antidumping, en el ámbito sancionatorio no se ha logrado un consenso global sobre normas infraccionales aduaneras ni sobre delitos relacionados con el comercio exterior. Con esto en mente, es pertinente insistir en que si bien los acuerdos de la OMC, como el Acuerdo de Facilitación del Comercio o el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1947), establecen ciertas [4] [5] pautas sobre la aplicación de sanciones —especialmente en términos de proporcionalidad , transparencia y [6] previsibilidad —, la naturaleza y el alcance de las sanciones quedan bajo la jurisdicción de cada Estado miembro. En este sentido, la OMC no impone sanciones penales ni establece un marco común de infracciones aduaneras, sino que deja en manos de cada país la determinación de qué conductas son ilícitas en materia aduanera.
Por ello insisto en remarcar que la normativa internacional vigente puede (y de hecho impone) criterios específicos para la determinación del valor en aduana, los cuales buscan garantizar la transparencia y uniformidad en la valoración de las mercaderías importadas, evitando distorsiones que puedan afectar la base imponible de los tributos aduaneros, pero estos criterios no regulan, ni pueden regular, la determinación de la responsabilidad en sede infraccional, dado que el régimen sancionatorio aduanero responde a principios autónomos del derecho administrativo sancionador y no a una convención internacional que establezca estándares uniformes en la materia. Así, mientras que la determinación del valor en aduana se sujeta a reglas de carácter técnico-económico que buscan establecer el valor en Aduana conforme a los principios del GATT, el procedimiento sancionatorio debe regirse por los principios propios del derecho administrativo sancionador, permitiendo que la responsabilidad se determine a partir de la existencia de una declaración inexacta que haya podido inducir a error en la aplicación de las normas aduaneras y tributarias. Pretender subsumir la determinación de responsabilidad infraccional dentro del esquema de valoración aduanera no solo resulta improcedente desde el punto de vista normativo, sino que implicaría una indebida restricción del ejercicio del poder sancionador del Estado, al exigir que la administración aduanera se limite a los mecanismos de valoración previstos en el GATT y renuncie a su potestad de sancionar conductas que afectan la veracidad de la declaración aduanera y la transparencia del comercio exterior.
En esa misma línea, lo recientemente señalado pone en evidencia el manifiesto yerro en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Pioneer. En dicha oportunidad, al juzgar la procedencia de una infracción al artículo 954 del Código Aduanero, se trajo a colación una interpretación del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas, vinculada a la valoración en operaciones de ventas sucesivas. Sin perjuicio del acierto o error de dicha interpretación en el ámbito específico del valor en aduana, su aplicación al análisis de una infracción sancionatoria resultó inadecuada, pues la cuestión debatida no versaba sobre la determinación del valor de las mercaderías conforme a los parámetros del Acuerdo de Valor del GATT, sino sobre la configuración de una declaración inexacta con potencial impacto en la fiscalidad aduanera. La valoración en aduana y la determinación de la responsabilidad infraccional responden a marcos normativos distintos y no pueden ser confundidos sin afectar la lógica del régimen sancionador aduanero. Mientras que la valoración en aduana se encuentra sujeta a convenciones internacionales que establecen criterios técnicos para fijar el valor imponible, la determinación de una infracción en los términos del artículo 954 se rige por principios propios del derecho administrativo sancionador. De este modo, el precedente Pioneer incurre en un error metodológico al extrapolar criterios de valoración a un ámbito en el que no resultan aplicables, lo que podría llevar a restringir indebidamente el ejercicio del poder sancionador del Estado, generando un umbral de impunidad en la fiscalización aduanera y tributaria. La correcta interpretación del artículo 954 del Código Aduanero exige analizar la veracidad de la declaración en función de los elementos disponibles y del impacto que la inexactitud puede generar en la recaudación de tributos o en el control del comercio exterior, sin que la existencia de una controversia sobre el valor en aduana pueda ser utilizada como una justificación para eximir de responsabilidad a los operadores que consignen datos inexactos en sus declaraciones aduaneras.
VI. En ese estado de cosas, resulta inaceptable sostener que un precio declarado en una operación aduanera es preciso y veraz únicamente porque coincide con el expresamente pactado con el vendedor. Afirmar esto supone desconocer la realidad económica y constituye una ofensa al sentido común, en la medida en que se pretende validar formalmente precios que pueden ser artificiosos o distorsionados en perjuicio del sistema tributario y aduanero. Insisto por ello que la carga de la prueba y el principio de facilidad probatoria son elementos clave para garantizar la eficacia de la administración tributaria y la equidad en la relación fisco-contribuyente. Aunque demostrar la existencia de un precio vil puede ser complejo, esto no implica que la autoridad fiscal deba enfrentarse a un estándar probatorio que, en la práctica, haga ilusorio el control sobre la veracidad de las declaraciones aduaneras.
En ese orden de ideas, cuando la administración tributaria aporta indicios suficientes de la existencia de una irregularidad, corresponde al contribuyente aportar pruebas que desvirtúen dichos indicios. Ya que, en efecto, se espera que el importador colabore aportando la documentación necesaria que sustente la veracidad de sus declaraciones. Esta colaboración es esencial para garantizar la transparencia y la correcta determinación de las obligaciones tributarias en el comercio internacional. Desde ya, la sola presentación de las facturas de la última fase de la operación, la registración contable de las mismas y el giro de divisas pertinente no bastan para disipar tales dudas, en tanto la administración tributaria tiene derecho a evaluar la operación en su conjunto y determinar si el precio declarado responde a la realidad económica o si encubre maniobras lesivas para el interés fiscal.
Por todo lo expresado, no suscribo que en los casos en que el valor FOB total de los despachos de importación coincida con el consignado en las facturas comerciales, la situación quede sustraída de la aplicación de la figura infraccional prevista en el artículo 954 del C.A. Al respecto, encuentro que esa interpretación de la normativa aplicable no da cuenta que la diferencia puede emerger en cualquier estadio del procedimiento de fiscalización y verificación de la mercadería que ingresa o egresa al territorio aduanero. A mi entender esa es la inteligencia acorde al bien jurídico tutelado por la norma en la declaración aduanera, el cual es su veracidad y exactitud, visto que a partir de ella se construye el sistema de despacho en confianza de la mercadería (cfr. doc.
Fallos 315:929 y 315:942), y en donde reposa todo un sistema dirigido a evitar que, al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 321:1614). Así las cosas, suponer que a los fines del art. 954, en la importación sólo interesa que el precio declarado se corresponda con el antes pactado entre el vendedor y el comprador refleja una interpretación limitada que no sólo no se corresponde con la completitud de la voluntad del legislador de atender a la función primordial del organismo aduanero que consiste en “ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías” y en donde “el inc. c, ap. 1° del art. 954 del Código debe ser apreciado desde esa amplia perspectiva, que se vincula y guardan coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado” (Fallos: 322:355), sino que desatiende el sentido del régimen de colaboración que tienen los responsables de los hechos imponibles con la entidad aduanera en el marco de lo dispuesto en el artículo 9 del decreto 618/97.
Es claro pues que, en el marco de la figura de la declaración inexacta, el precio declarado debe reputarse verosímil para que la acción endilgada no sea merecedora de reproche sancionatorio. Por ello es que, si bien es verdad que una discrepancia del valor declarado en aduana de la mercadería no es suficiente para encuadrar la conducta en la figura de marras, no es menos cierto que siempre será menester que el precio declarado sea verosímil. Afirmar, en consecuencia, que so pretexto de la naturaleza penal de la infracción endilgada es menester una prueba inequívoca del precio verdaderamente concertado representa una desnaturalización del régimen sancionador aplicable. Es verdad que la sola declaración de un precio distinto al declarado en el país de exportación por sí mismo no resulta un elemento suficiente para desestimar el precio declarado; pero, no es menos cierto que, al observarse diferencias manifiestas y constatándose la utilización de un esquema de ventas trianguladas sucesivas, será menester una explicación plausible que justifique las diferencias detectadas. Consecuentemente, y en orden a lo precedentemente detallado, no encuentro necesario que para desestimar el precio declarado resulte menester la prueba inequívoca de la falsedad de la facturación o de los registros de contabilidad. Por de pronto, ello es así, por cuanto la figura endilgada no requiere la presencia de las circunstancias ardidosas, toda vez que es suficiente la acreditación material del incumplimiento material del deber de ingresar la divisa que hubiera sido menester con sujeción al precio concertado. Efectivamente, debe advertirse que la acción no requiere que sea fraudulenta sino que corresponde la multa por el mero hecho de no declarar el precio debido. Por ello, es que debe analizarse si concurre en las presentes actuaciones, alguna causal exculpatoria. Ello así, destacando que una vez verificada la configuración material de la conducta infraccional imputada, corresponderá al interesado alegar y acreditar alguna causal de eximición suficiente, que permita tener por no configurado el elemento subjetivo en cuestión.
Por tanto, debo llamar la atención que no se surge de los actuados documentación con la entidad suficiente como para desvirtuar y/o justificar la diferencia existente el precio FOB de exportación -a su vez consignado en los documentos elaborados por el exportador (certificados de origen)- y el precio FOB declarado en cada una de las importaciones bajo investigación, reduciendo así a los dichos del actor, a meras afirmaciones carentes de fuerza para correr el velo de incertidumbre que aqueja a las operaciones bajo análisis.
Así, en el caso concreto, el fisco ha logrado demostrar inconsistencias de precios, sin que la recurrente haya podido justificar las diferencias con el grado de certeza necesaria para fulminar el argumento del servicio aduanero. Por ello, insisto, no encuentro en autos evidencia que permita justificar que, por exactamente el mismo producto, exista una diferencia de precio en más de un 24% sin que la actora pudiera justificarla. En tales condiciones, no queda sino inclinarme por la existencia de sobrefacturación.
VII. En ese orden de ideas, a la luz de los ojos de un observador imparcial, va de suyo que no existe una explicación satisfactoria sobre porqué habiéndose vendido la mercadería de cada una de las operaciones en Venezuela por un valor FOB total de 477.603,75, la misma mercadería haya sido comprada- en una venta sucesiva- por un valor FOB total de U$S 552.500 (un 24.4% mayor), habiendo sido entregada directamente al último comprador de la cadena, y siendo únicamente la facturación -y el movimiento de fondos- el que registró tres tramos. En el horizonte, de nada sirve explicar que el valor FOB total de cada importación coincide con el consignado en la factura comercial, por cuanto es de sentido común colegir que la triangulación entre empresas coloca al importador en las mejores condiciones de cargar con la demostración de las diferencias de facturación entre las distintas operaciones.
En esa comprensión del asunto, encuentro que la decisión de la autoridad administrativa de apartarse de la declaración consignada no surge del mero voluntarismo sino que precede de un razonamiento fundado en la experiencia de las cosas. Efectivamente, en orden al cumplimiento de su competencia y de los propósitos por los que se la otorgó no podía esperarse una actuación pasiva. La argumentación de la recurrente, expuesta más arriba, con la síntesis debida, no ha afectado los fundamentos de la resolución recurrida.
VIII. En tales condiciones, la decisión apelada debe mantenerse, en el sentido de que existe un precio no justificado en cabeza del obligado, toda vez que éste no logró probar la veracidad del precio informado. En función de lo anterior es que se comparte el criterio del organismo administrativo, en cuanto a que se encuentra configurada la situación prevista en el artículo 954 del Código Aduanero, en cuanto refiere al ingreso desde el exterior de un importe pagado distinto del que efectivamente correspondiere. Por ello, es importante insistir en que no se trata de una figura que no requiere la demostración de la falsedad del precio declarado o de la factura que no requiere la comprobación de una actividad dolosa, sino que sólo se requiere para su configuración que lo que resultare de la comprobación o verificación demuestre que dicho precio no se compadece con el valor real de la mercadería. Efectivamente si, para que se configure la infracción tipificada en el art. 954 del C.A. debe mediar falsedad de factura o precio tornaría la figura de dicha norma en una figura carente de contenido puesto que la mayor parte de los supuestos de falsedad de facturas quedarían abarcadas por la figura del delito de contrabando previsto en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del C.A. (Cfr. Voto del vocal Krause Murguiondo in re: Fullerton S.R.L, Sala G Nº 9173, 6/4/05).
Al respecto, no me resulta ajena la opinión contraria en orden a que debe mediar una prueba positiva y fehaciente de que el precio declarado es falso para que resulte ajustada a la figura penal en cuestión (art. 954 inc. c) del Código Aduanero). Sin embargo, encuentro que esa tesitura, por una parte, hace una lectura incorrecta de la ley aplicable confundiendo la figura de marras con la de contrabando. En efecto, si el hecho ilícito sería susceptible de encuadrar en ambas figuras represivas, es decir en la delictual del artículo 864 inciso b) y en la infracción del artículo 954, resultaría menester el necesario desplazamiento de la segunda según lo establecido en el artículo 913 del aludido Código.
Además de lo anterior, en la hipótesis que el documentante acompañase una factura conteniendo datos falsos, jamás podría pensarse que tal conducta podría encuadrarse culposamente, ya que el que sub o sobre factura siempre lo hace intencionalmente, por eso debería endilgársele la figura del delito de contrabando tipificado en el inciso b) del artículo 864 y no una mera infracción de declaración inexacta. Pues bien, en este contexto, debo hacer notar que no es cierto que, con sujeción a los principios del derecho penal, es menester que la aduana compruebe inequívocamente por medio de prueba directa que el precio pagado por la mercadería que se importó no se corresponde con el que efectivamente fue abonado.
Se colige entonces que, en materia sancionatoria, aun administrativa, lo que está vedado es la utilización de medios indirectos para acreditar una maniobra dolosa, pero no para la determinación de los hechos. Al respecto, la Corte Suprema ha tenido oportunidad de abordar una cuestión que presenta puntos de contacto con la que es objeto de discusión en el sub lite, al referir que, solamente cuando se trata de una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del Fisco no es posible utilizar las presunciones que contempla la ley para presumir —y tener de ese modo probada— la existencia de esa conducta, sino que tal extremo debe acreditarse con otros elementos de prueba (in re "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello", Fallos 322:519; "Montenegro Hermanos S.A.", Fallos 323:2172).
Este es el tratamiento legal dispensado a las figuras dolosas, lo que, a contrario sensu, permite aplicarlas para los casos en que la existencia de la infracción no requiere demostrar la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. En ese sentido, si bien va de suyo que la prueba recabada no podría servir de base para la imputación de una figura dolosa como el contrabando, si es suficiente para ser aplicada en el caso de autos y máxime que, como lo explica la jurisprudencia de la Corte Suprema, cuando se trata de determinaciones impositivas rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba, toda vez que el sistema está basado en declaraciones juradas presentadas por los propios interesados y puede éste formularlas en la forma que mejor cuadre a sus intereses, aun mediando inclusión de datos ajenos a la realidad.
(doc. Fallos: 268:514).
IX. Por lo expuesto, entiendo que la decisión apelada debe mantenerse, en el sentido de que existe un precio no justificado en cabeza del obligado, toda vez que éste no logró probar la veracidad del precio documentado. En función de lo anterior es que se comparte el criterio del organismo administrativo, en cuanto a que se encuentra configurada la situación prevista en el artículo 954 del Código Aduanero, en cuanto refiere a una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir un ingreso desde el exterior de un importe pagado distinto del que efectivamente correspondiere.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución Nº 69/2018 (AD SALO) dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en la Actuación Nº 12517-371-2013.
2. Costas a la actora.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que, en virtud de la jurisprudencia mayoritaria sobre esta materia específica, en este caso particular adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Revocar la Resolución N° 69/2018 (AD SALO) dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en la Actuación N° 12517-371-2013.
2. Costas al fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.- [1] El New Criticism fue un movimiento de crítica literaria desarrollado en Estados Unidos y Reino Unido en las primeras décadas del siglo XX. Este enfoque enfatizaba el análisis del texto literario en sí mismo, desvinculándolo de contextos históricos, biográficos o sociales, y priorizando el estudio cercano y detallado de su estructura, lenguaje y significados intrínsecos. I. A. Richards (Principles of Literary Criticism, 1924; Practical Criticism, 1929): Desarrolló las bases de la lectura cerrada y exploró la relación entre lenguaje y emoción en la literatura. T. S. Eliot: Aunque más conocido como poeta, su ensayo Tradition and the Individual Talent (1919) influyó en los principios críticos del movimiento. Cleanth Brooks (The Well Wrought Urn, 1947): Argumentó que la poesía debía analizarse como un "todo orgánico" en el que forma y significado son inseparables. John Crowe Ransom (The New Criticism, 1941): Introdujo el término "New Criticism" y promovió sus ideas fundamentales. William K. Wimsatt y Monroe Beardsley: Escribieron los influyentes ensayos "The Intentional Fallacy" y "The Affective Fallacy," delineando los errores de basar la crítica en la intención del autor o la emoción del lector.
[2] Véase "Textualism’s Mistake," Harvard Law Review, vol. 135, núm. 3 (enero 2022), disponible en https://harvardlawreview.org/print/vol-135/textualisms-mistake/.
[3] Wimsatt, W. K., y Beardsley, M. C., "The Intentional Fallacy," The Sewanee Review, vol. 54, no. 3 (1946), pp. 468–488. Brooks, Cleanth, The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry (New York: Reynal & Hitchcock, 1947). Eliot, T. S., "Tradition and the Individual Talent," en The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism (London: Methuen, 1920), pp. 47–59. Lentricchia, Frank, After the New Criticism (Chicago: University of Chicago Press, 1980). Eagleton, Terry, Literary Theory: An Introduction (Oxford: Blackwell, 1983), pp. 38–63. Culler, Jonathan, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature (Ithaca: Cornell University Press, 1975). Graff, Gerald, Literature Against Itself: Literary Ideas in Modern Society (Chicago: University of Chicago Press, 1979). Gallagher, Catherine, y Greenblatt, Stephen, Practicing New Historicism (Chicago: University of Chicago Press, 2000).
[4] Artículo VIII:3 del GATT 1947: Establece que "ninguna Parte Contratante impondrá sanciones severas por infracciones leves de los reglamentos o formalidades de aduana". También indica que las sanciones no deben ser superiores a las necesarias cuando los errores puedan subsanarse fácilmente y no haya intención fraudulenta. Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), Artículo 6.3: Requiere que las sanciones sean proporcionales al grado y la gravedad de la infracción cometida. Establece que no deben aplicarse sanciones excesivas por errores involuntarios o cuando haya fuerza mayor.
[5] Artículo X del GATT 1947: Obliga a los Estados a publicar y divulgar todas las normas comerciales y sancionatorias de manera accesible y oportuna. Las medidas restrictivas al comercio solo pueden imponerse si han sido publicadas oficialmente con carácter previo. Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC), Sección I, Artículo 1: Exige que los países publiquen información sobre las disposiciones relativas a sanciones por infracciones en importación, exportación o tránsito.
[6] Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC), Artículo 6.3.5: Exige que cuando una sanción sea impuesta, el afectado reciba una explicación por escrito con los fundamentos de la medida.
Date: 2025.04.09 20:27:44 ART Date: 2025.04.09 20:29:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.10 12:48:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.10 12:49:08 -03:00
Fin de la sentencia