Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2021-61114399-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Y
I. Que, mediante RE-2021-61104658-APN-SGAI#TFN y RE-2021-61113375-APN-SGAI#TFN, la actora interpone sendos recursos de apelación en los términos del artículo 76, inc. b) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra las Resoluciones N°42/2011 (DV NRR1) y N°43/2011 (DV NRR1), ambas de fecha 11/06/2021, dictadas por el Jefe (Int.) de División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte (DGI). En virtud de la Resolución N°42/2011 (DV NRR1), se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2016 y 2017, imponiendo la obligación de ingresar por la suma de $2.282.450,14 por el periodo fiscal 2016 y $ 479.087,54 por el periodo fiscal 2017, más intereses resarcitorios por un total de $ 4.869.949., haciéndose expresa reserva de la eventual aplicación de las sanciones que pudieran corresponder, conforme lo establecido en el art. 20 de la ley 24.769.
En cuanto a la Resolución 43/2021 (DV NRR1), se determinó de oficio la materia imponible por los periodos fiscales 07/15 a 11/2017 y la obligación de ingresar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los períodos fiscales 07/15 a 02/16, 04/16 a 06/16 por la suma de $ 1.316.803,28.- por los períodos fiscales 08/16, 09/16, 12/16 a 03/17, 05/17 y 06/17 la suma de $ 1.755.840,87.- y por los periodos fiscales 0/17 y 11/17 la suma de $149.009.- más intereses resarcitorios por un total de $6.013.484,53.- y se aplicó una multa de $ 447.027.- correspondiente a tres (3) veces el gravamen omitido por los períodos fiscales 10/2017 y 11/2017, conforme lo establecido en el artículo 46 y 47 incisos a), b) y c) de la Ley 11.683.
En primer lugar, la actora argumenta que en las resoluciones apeladas se desconoció la buena fe contractual y que la empresa tomó todos los recaudos a su alcance para asegurarse de que los proveedores se encontraban en condiciones fiscales de emitir las facturas. En este sentido, señala que los proveedores contaban con autorización fiscal para emitir los comprobantes, poseían CUIT y código de autorización electrónico vigentes, lo que a su entender indicaba una “buena salud fiscal.”
En segundo lugar, alega una contradicción del Fisco, al no discutir la validez formal de los comprobantes, pero desconocer la veracidad de las operaciones. Considera que no le son oponibles las circunstancias por las que atravesaron los proveedores.
En tercer lugar, sostiene que se le impone indebidamente la carga de la prueba sobre hechos de terceros, e insiste en la “buena salud fiscal” de los proveedores al momento de contratar. Argumenta que el Fisco debería probar que los proveedores eran apócrifos en ese momento.
En cuarto lugar, se agravia del rechazo de las medidas probatorias que ofreció, violando el principio de defensa y entiende que desde la mirada del derecho procesal vulnera el principio de amplitud probatoria. Afirma que el rechazo de las medidas de prueba ofrecidas, considerando de antemano que no serán útiles es arbitrario y absurdo. En quinto lugar, se agravia por la interpretación realizada sobre algunos medios de prueba aportados, tal es así que, manifiesta que se acompañó la denuncia penal del robo padecido por el presidente de la firma, en el cual se sustrajeron los resúmenes de cuenta y distintos documentos que atañen a estas actuaciones, poniendo en duda tal circunstancia.
La presunción a la que alude el Fisco debe ser desestimada, bajo la certeza de que jamás ha mentido en sus declaraciones juradas.
Asimismo, indica que, en cuanto a la acreditación de un crédito tomado, el Fisco no desconoce la existencia del mutuo hipotecario, pero considera que resulta inaplicable al caso, pues no coinciden los importes, pero contrariamente, la actora sostiene que el crédito tomado se encuentra probado y volcado a los ingresos de la sociedad en forma parcial.
En sexto lugar, se agravia y niega que la factura N° 003-00000053 del proveedor Argiro, Sergio Daniel haya sido registrada dos veces y expone que de la documentación acompañada al formular el descargo, la factura en cuestión ha sido registrada una sola vez y de forma correcta. Asimismo, indica que la factura 003-00000047 de fecha 27/05/2016 ha sido registrada también correctamente en el periodo fiscal oportuno, existiendo un error por parte del Fisco al tomar la factura con 003-00000053 como registrada en dos oportunidades, cuando en realidad se tratan de facturas diferentes.
Finalmente, ofrece prueba informativa, pericial contable y pericial informática. Hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional.
II.-Que en IF-2021-96830117-APN-DTD#JGM y en IF-2021-100200188-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta los recursos y niega todos los hechos esgrimidos por la parte actora. Solicita se rechace lo planteado por la recurrente y se confirmen los actos apelados, con costas. Acompaña Actuaciones Administrativas y hace reserva de caso Federal.
III.-Que por INLEG-2021-102690221-APN-VOCV#TFN este Tribunal resolvió acumular el EX-2021-61114399- APN-SGAI#TFN a las presentes actuaciones.
Que mediante la PV-2024-67787546-APN-VOCVI#TFN se ordenó abrir a prueba la causa haciendo lugar a la prueba informativa dirigida al Registro de Juicios Universales. Asimismo, se hace lugar a la oposición formulada por el Fisco Nacional en cuanto a la prueba informativa dirigida a la comisaria de Boulogne Seccional N° 3 de San Isidro por resultar inconducente y a la pericial informática y pericial contable, por resultar los puntos propuestos de los Antecedentes Administrativos (AA).
En el RE-2024-140488714-APN-DTD#JGM se encuentra agregada la respuesta al oficio dirigido al Registro de Juicios Universales.
Que en el PV-2025-50894377-APN-VOCVI#TFN se clausura el periodo probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “B” y en el IF-2025-55939891-APN-VOCVI#TFN se ponen los autos a alegar, encontrándose agregados los alegatos en el IF-2025-61221331-APN-DTD#JGM e IF-2025-62362494-APN- DTD#JGM.
Cabe destacar que la parte actora al momento de alegar informa como hecho nuevo lo resuelto por el Juzgado Penal Económico N°3 en la causa caratulada “ESTRUC S.A. y OTRO s/ INFRACCIÓN LEY 24769" (Expte. Nº 1321/2021), el cual dispuso: I) Declarar extinguida por prescripción la acción penal en la presente causa N°1321/2021 y respecto de Martín Horacio Tango y Estruc S.A., con relación a la situación fáctica descripta por el considerando 1° de la presente (arts. 59 inc. 3°; 62 inc. 2°, 63 y67, del C.P.; y 336 inc. 1 del C.P.P.N.). II) Sobreseer por extinción de la acción penal por prescripción con relación a Martín Horacio Tango y Estruc S.A., y la situación fáctica descripta por el considerando 1° de la sentencia (arts. 59 inc. 3°; 62 inc. 2°, 63 y67, del C.P.; y 336 inc. 1 del C.P.P.N.). En el IF-2025-69079974-APN-VOCVI#TFN, este Tribunal resolvió correr traslado al Fisco Nacional del nuevo hecho invocado y luce agregada la respuesta de la representación fiscal en el IF-2025-
71807524-APN-DTD#JGM.
Por último, se llaman los autos para sentencia en el IF-2025-104595575-APN-VOCVI#TFN.
IV. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que, en primer término, cabe considerar que la recurrente afirma que el rechazo de las medidas de prueba ofrecidas oportunamente, es arbitrario y absurdo. Aunque no lo plantea como una nulidad, se agravia del rechazo de las medidas probatorias que ofreció en instancia administrativa, entendiendo que ello vulnera el derecho de defensa y el principio de amplitud probatoria.
En cuanto a la no admisión de una prueba y aun cuando hubiese sido planteado como una causal de nulidad, ello no podría prosperar si se tiene en cuenta que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en los casos en que en la alzada deba realizarse una prueba que no ha sido admitida en la primera instancia (CPCC art. 260). Ello es también valedero en la instancia de este Tribunal, toda vez que las partes pueden ofrecer ante el mismo la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que establece la ley de procedimiento fiscal (doctrina TFN en la causa “Carboquimica SACIM” fallo del 05/7/77) lo que está corroborado por los pasos seguidos en la instrucción del presente caso durante la cual la actora ha tenido ocasión de proponer las medidas que estime conducentes a esclarecer los hechos controvertidos. También, se agravia por la interpretación realizada sobre algunos medios de prueba aportados, tal es así que, manifiesta que se acompañó la denuncia penal del robo padecido por el presidente de la firma, en el cual se sustrajeron los resúmenes de cuenta y distintos documentos que atañen a estas actuaciones, poniendo en duda tal circunstancia.
Con respecto a este planteo de la recurrente, si bien es cierto que el contribuyente tiene derecho a aportar pruebas durante el procedimiento, es el juez interviniente quien tiene la facultad de evaluar su admisibilidad procesal, circunstancia que se encuentra cumplida en el acto recurrido. Por supuesto, esta evaluación discrecional cae dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual deberá necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como ésta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal.
En definitiva, se observa que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que hace al fondo mismo de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal. Por todo lo expuesto, corresponde rechazarlos.
VI. Que, por otro lado, corresponde pronunciarse sobre el hecho nuevo alegado por la recurrente en virtud de la sentencia del Juzgado Penal Económico N°3 la cual resolvió el sobreseimiento por extinción de la acción penal por prescripción con relación a Martín Horacio Tango y Estruc S.A.
En este sentido, tal como lo señalara la Sala V de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, al sentenciar el 18/3/2006 la causa “Almeida Nora Mabel”, en ocasión del recurso de apelación interpuesto ante ella, “La norma -en referencia al artículo 20 de la ley 24.769- habla de “sentencia judicial”, lo cual implica el dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria”, agregando que, “En tal sentido, si el sobreseimiento se dispuso por una causal objetiva, es decir, porque el hecho no se cometió o porque es atípico, tiene que referirse esencialmente a lo fáctico, por lo que la resolución administrativa no puede alterar tal declaración sobre los hechos”. “Pero si el sobreseimiento se dispone por una causa extintiva de la acción penal, como la prescripción, lo cual no se refiere a cuestiones fácticas, nada impide que los hechos sean valorados por la autoridad administrativa para la determinación de la sanción.”
Ahora bien, resulta impensable pretender que este Tribunal acate pasivamente lo decidido en sede penal respecto de lo atinente al acaecimiento del hecho imponible o a los aspectos que hacen a la determinación impositiva del gravamen. En tal sentido, “El juez penal está facultado y debe analizar el hecho imponible del presunto delito investigado, mas ello no puede hacer pensar que su opinión y su propio encuadre normativo deba tener efecto vinculante para la sede contencioso administrativa” (EURNEKIAN, EDUARDO - TFN – SALA A- 27/9/2010). Por lo expuesto, corresponde rechazar los fundamentos esgrimidos por la recurrente con relación al referido pronunciamiento.
VII. Que, seguidamente corresponde resolver el fondo de la cuestión respecto de las Resoluciones N° N°42/2011 y N° 43/2011 (DV NRR1) que determinaron el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2016 y 2017 y el Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 07/2015 a 11/2017 respectivamente.
Conforme surge informe final de inspección que consta en las AA, mediante la OI 1.675.797 notificada el 27/04/2018 junto al primer requerimiento, se dispuso la fiscalización de la recurrente por los conceptos y períodos discutidos en autos. La contribuyente tiene declarada como actividad principal “Servicios relacionados a la construcción”, cerrando sus ejercicios comerciales el 30 de junio de cada año. La hipótesis de evasión de la generación de la mencionada OI es “Usuaria de facturas Apócrifas y Gastos improcedentes”.
Ante la falta de cumplimiento del requerimiento inicial y su reiteración, se cursaron notas externas. Con fecha 8/08/2018 se presentó el Sr. Martín Tanco -como Presidente de la empresa- e informó que en febrero de 2016 le sustrajeron los libros rubrados y demás documentación detallada en la denuncia correspondiente. Informa que todavía no cuenta con la reposición de dichos libros, no obstante, aporta las declaraciones juradas solicitadas y su respectivo papel de trabajo, listado de compras y ventas del periodo 2016 para ser copiados en los libros correspondientes.
La fiscalización solicitó que se identifiquen a las personas o representantes de los proveedores incluidos en la base Apoc y acompañe toda la documentación que pruebe la recepción de la mercadería, de la prestación del servicio, factura de servicios de flete, órdenes de pago. Asimismo, se solicitó la forma de pago, el circuito de pago, el Libro Diario General en caso de pagos en efectivo. Ante el incumplimiento se reiteró el pedido, habiéndose hecho presente el 23/10/2019 el presidente Sr. Tanco exhibiendo y acompañando copia de la denuncia penal de robo de fecha 03/10/2019 en la Comisaría San Martín, Seccional 4ta. José León Suarez, de donde se desprende que entre otras cosas le sustrajeron: “…Libros de la empresa Estruck S.A., Libro de Inventario y balance libro Diario y recibos de pagos de las facturas de los años 2015 a 2019 en original… dos copias de estatuto…, libro iva compras y libro iva ventas y documentación respaldatoria…”
Del análisis realizado por la fiscalización surgió que la recurrente declaró créditos fiscales en exceso en el IVA respecto de los periodos fiscales 08/16, 12/16, 02/17, 03/17, 05/17, 06/17 y 11/17, computados a partir de facturas emitidas por los proveedores Baires Construcción SA (Cuit 30-71238922-9), Constructora Ferme SRL (Cuit 30- 71539982-9), Maganu SA (Cuit 30-71239759-0), Urbanmat SA (Cuit 30-71474391-7), Persman Inc. SRL(Cuit 30-71556095-6), Núñez Gastón Miguel (Cuit 20-33006647- 5) y Arquinoba SA (Cuit 30-70940283-4), todos incluidos en la base apoc. Todos los proveedores emitieron facturas por provisión de bienes a la rubrada, salvo Constructora Ferme SRL y Persman Inc SRL que también lo hicieron por prestación de servicios.
Asimismo, la contribuyente habría declarado gastos en exceso documentados con facturas emitidas por los mencionados proveedores calificados como apócrifos, Constructora Ferme SRL y Persman Inc. SRL, respecto de los cuales el Fisco entendió que no se probaron las operaciones de servicios que se pretendieron documentar en las facturas de tales proveedores, para el ejercicio fiscal 2017 en el Impuesto a las Ganancias. Además, existiría una factura emitida por proveedor Argiro Daniel Sergio (N°0003-00000053 del 26/08/2016) que estaría registrada y computada por la contribuyente en forma duplicada en los meses de julio y agosto del año 2016 y en el ejercicio fiscal 2017, con implicancia en ambos impuestos. La contribuyente insistió en que estaba registrada una sola vez, en forma correcta, haciendo alusión además a la factura 003-00000047 del 27/05/2016 que también ha sido correctamente registrada por lo que entiende “…existe un error por parte del fisco a tomar la factura con terminación 53 como registrada en dos oportunidades, cuando en realidad se tratan de facturas diferentes”. El Fisco rechaza este argumento de la contribuyente, exponiendo que la factura terminada en 53 de este proveedor fue registrada en julio de 2016 y agosto de 2016 y que respecto a la factura terminada en 47 nada cuestionó dicho Organismo en la vista conferida oportunamente.
Respecto de los proveedores mencionados, los fiscalizadores identificaron las siguientes inconsistencias: -Constructora Ferme S.R.L.: las actividades que declara son “construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales; y residenciales; movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras; fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería; venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p; venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción; tratamiento y revestimiento de muebles y trabajos de metales en general; Actividades especializadas de construcción n.c.p.; construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos; servicio combinado de apoyo a edificios y Servicios relacionados con la construcción”. La firma no fue localizada en el domicilio fiscal ni en el legal. Posee Cuit inactiva. No respondió requerimientos. No posee bienes registrables. No surge titularidad de cuentas bancarias. No ostenta alta como empleador. No posee transferencia electrónica de Estados Contables a las bases del Organismo.
La composición societaria corresponde a contribuyentes insolventes. Analizados los integrantes de la firma se observa como socia gerente a Agüero, Silvina Karina CUIT: 27-25323511-5, quien no registra pagos de impuestos, posee automóvil, registra cuentas bancarias sin acreditaciones, no se encuentra informada en nómina salarial. Por su parte, la socia Dettler, Rosa Susana CUIT: 27-23476159-0. no registra pagos de impuestos, no posee bienes registrables, registra Cuentas Bancarias con acreditaciones por bajos montos, no registra retenciones sufridas. Se encuentra informada en nómina salarial como empleada de Enchapadora Industrial Delta S.R.L. (CUIT: 30-70797078-9). Ambas socias no fueron localizadas. Se evidencian signos de Usina de única actividad venta de facturas y/o empresa sin capacidad económica para el desarrollo de las actividades declaradas. Fue incluida en la base APOC.
- Persman Inc. SRL declara que sus actividades son: “Servicios relacionados con la construcción; actividades especializadas de construcción N.C.P; servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico N.C.P.; servicio combinado de apoyo a edificios; construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos; construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales y residenciales; venta al por mayor de artículos para la construcción N.C.P; Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes; servicios de limpieza n.c.p; servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano; alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios”.
La firma no fue localizada en el domicilio fiscal (casa particular), ni respondió requerimientos. Posee CUIT Inactiva. No posee bienes registrables (aunque una de sus actividades registradas es el alquiler de maquinarias). No declara nómina salarial. No posee acreditaciones bancarias. No registra alta en el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta ni en Bienes personales Participaciones Sociales y no realizó presentaciones de DDJJ del Impuesto a las Ganancias. Respecto de IVA posee presentaciones de DDJJ desde 2016 a 2018. Índice Débito /Crédito cercana a 1. No se registran pagos. Registra retenciones sufridas en concepto Impuesto a las Ganancias, pero contribuyente no efectuó Retenciones. No realizó transferencia electrónica de Estados Contables al Organismo. De la circularización realizada a presuntos proveedores, la mayoría respondió no haber realizado operaciones con Persman Inc SRL. De los clientes circularizados, no respondieron o arrojaron domicilio inexistente. Evidencia falta de capacidad económica y financiera para el desarrollo de las actividades declaradas y fue incluida en la Base e Apoc.
Por otro lado, analizados los integrantes de la firma, el Gerente Titular Varo Yenssen Karen Yessica CUIT 27- 95246418-9, tiene mismo domicilio que Persman Inc. SRL; es socia de la firma Befield Emprendimientos SRL CUIT 30-71555232-5, Intermech SRL CUIT 30-71552525-5 y Roca Vayen SRL (CUIT 30- 71552777-0), todas ellas incluidas en la Base eApoc. El otro socio es Rodriguez Carlos Daniel (CUIT 20-95268992-5), y además es socio de las mismas empresas citadas anteriormente.
- Baires Construcción S.A.: declara que sus actividades son “Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales; venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.; venta al por mayor de metales y minerales metalíferos; servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p.; alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios”.
La firma no fue localizada en el domicilio fiscal ni respondió requerimientos. No posee bienes registrables. No posee cuentas bancarias ni acreditaciones bancarias. Declara personal con alto grado de variabilidad, período a período y las remuneraciones declaradas en su mayoría por montos muy bajos. Posee registradas múltiples actividades sin relación entre sí. Índice Débito /Crédito aproximadamente igual a 1. Posee planes de pago por concepto de aportes y contribuciones caducos. La composición societaria corresponde a contribuyentes insolventes. Todo ello evidencia falta de capacidad económica financiera, tanto la sociedad como sus socios integrantes, para el desarrollo de las actividades que declara. Se incluye en base eApoc por causal “Sin Capacidad Económica y Sin Capacidad Financiera”.
- Maganu S.A. : las actividades declaradas son “Alquiler de maquinaria y equipo N.C.P., sin personal; venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción; venta al por mayor en comisión o consignación de minerales y productos químicos industriales; venta al por mayor de productos de madera excepto muebles; venta al por mayor de aberturas; venta al por mayor de artículos para la construcción N.C.P; venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción; servicio de transporte automotor de cargas N.C.P; movimientos de suelos y preparación de terrenos para obras y reparación y mantenimiento de máquinas y equipos N.C.P.”.
La firma no fue localizada en el domicilio fiscal, que es una vivienda para uso familiar. No posee bienes registrables (aunque una de sus actividades registradas es el alquiler de maquinarias). Posee presentaciones de DDJJ Imp. Ganancias desde 2012 a 2015. Posee presentaciones de DDJJ IVA desde 2012 a 2016. Posee acreditaciones bancarias solo del 09/12 hasta 03/2014. Cuenta con la autorización de CAI vigente. Registra retenciones sufridas en concepto Impuesto a las Ganancias e IVA y no efectuó Retenciones. Concluye que se puede considerar una empresa apócrifa, por las inconsistencias detectadas, se considera que debe ser ingresado a la base eApoc, según los lineamientos de la IG 748/2003, ya que se trataría de una firma fantasma que declara domicilios fiscales apócrifos pertenecientes a otras personas físicas.
Por otro lado, analizados los integrantes de la firma, el Sr. Nuñez Gaston Miguel, CUIT 20-33006647-5: se encuentra incluido en la Base e-Apoc y a su vez es accionista de Comerbay S.A. CUIT 30-71239552-7, Transbay S.A. CUIT 30-71239661-6 y Dcd Elevator Group S.A. CUIT 30-71004792-4, todas ellas incluidas en la Base e- Apoc. La Sra. Fleitas Maria Elena CUIT 27-13829770-0 se encuentra incluida en la Base e-Apoc y a su vez es accionista de Geodesico S.A. CUIT 30-70756391-1, Transbay S.A. y Robugo S.A. CUIT 30-71128846-1, todas ellas incluidas en la Base e-Apoc.
A mayor abundamiento, se destaca que el Sr. Núñez Gastón Miguel también es accionista de Arquinoba S.A. y Urbanmat S.A.
- Urbanmat S.A.: las actividades declaradas son “Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p; venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos; alquiler de maquinaria y equipo n.c.p sin personal; venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p; construcción, reforma y reparación de edificios residenciales y no residenciales; movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras; venta al por mayor de productos de madera excepto muebles; venta al por mayor de metales y minerales metalíferos; venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriales; Venta al por mayor de máquinas herramienta de uso general; reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p; venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción; servicio de transporte automotor de cargas n.c.p; venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control n.c.p; Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.”.
La firma no fue localizada en ninguno de los domicilios indicados, no se ubicaron domicilios comerciales, establecimientos o depósitos, donde puedan ser desarrolladas las actividades declaradas. No posee bienes registrables. Se constató la imputación de elevados créditos fiscales de manera de absorber los importes de ventas facturadas bajo CUIT que se analiza, creando una relación Debito-Crédito mínima. No registra personal en relación de dependencia desde el año 2017, situación inconsistente con las múltiples actividades que declara. Cuenta con acreditaciones bancarias como único titular, en los periodos 2016 y 2017, los cuales no guardan relación con la facturación emitida. No se ha logrado vincular el circuito de pago a proveedores ni el circuito de cobro de las ventas. Concluye que sería un contribuyente con perfil apócrifo, por considerar que no posee capacidad económica ni financiera y se ha resistido a dar respuesta a la fiscalización, incluyendo lo en la base eApoc como “No confiable”.
Por otro lado, en relación a los integrantes de la firma, la Sra. Aranda Ivana Verónica CUIT 27-26152622-6 –presidente y accionista- está incluida en la base e-Apoc y es también integrante de las firmas Mistyc S.A. CUIT 30-71245444-6 y Arquinoba S.A. CUIT 30-70940283-4, todas ellas incluidas en la base e-Apoc. El Sr. Nuñez Gastón Miguel CUIT 20-33006647-5 como accionista, se encuentra incluido en la Base e-Apoc y es accionista de Comerbay S.A CUIT 30-71239552-7, Transbay S.A. CUIT N0-71239661-6 y Dcd Eleva.Tor Group S.A. CUIT 30- 71004792-4, Maganu S.A. CUIT 30-7123959-0 y Arquinoba S.A. CUIT 30- 70940283-, todas ellas incluidas en la Base e-Apoc.
- Arquinoba S.A.: las actividades declaradas son “Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales; venta al por mayor de metales y minerales metalíferos; venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción; movimiento de suelo y preparación de terrenos para obras; venta al por mayor de máquinas — herramientas de uso general; venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos; Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p. sin personal; servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.”. La firma no fue localizada en el domicilio fiscal, es inexistente-desconocido, ni respondió requerimientos. Posee una propiedad informada pero hasta el año 2012. Declara un empleado hasta el período 06/17, siendo éste el Presidente de la firma Nuñez Gastón. El 99% de sus compras fueron a proveedores incluidos en la Base eApoc. No posee consumos relevantes informados. No se registra transferencia electrónica de Estados Contables. Destaca que emitió facturas entre 03/2016 a 06/17 por un importe total de $ 114.483.565,- y no posee acreditaciones bancarias en ese período. Se aclara que al momento de realizar el informe el contribuyente estaba con fiscalización en proceso.
Por otro lado, con respecto a los integrantes de la firma, el Sr. Nuñez Gastón Miguel CUIT 20-33006647-5 –presidente- se encuentra incluido en la Base e-Apoc y es accionista de Comerbay S.A. CUIT 30-71239552-7, Transbay S.A. CUIT 30-71239661-6 y Dcd Elevator Group S.A. CUIT 30-71004792-4, Maganu S.A. CUIT 30- 7123959-0 y Urbanmat S.A. CUIT 30-71474391-7, todas ellas incluidas en la Base e-Apoc. Asimismo, la Sra. Aranda Ivana Verónica CUIT 27-26152622-6, directora suplente, se encuentra incluida en la base e-Apoc y es también integrante de las firmas Mistyc S.A. CUIT 30-71245444-6 y Urbanmat S.A. CUIT 30-71474391-7, todas ellas incluidas en la Base e-Apoc.
- Nuñez Gastón Miguel: sus actividades declaradas son “Servicios personales n.c.p; servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas; venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.; venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos; venta al por mayor de máquinas — herramientas de uso general; venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriales y servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.”.
No fue localizado en el domicilio fiscal, ni respondió requerimientos. Posee como Bienes Registrables, un auto. No declara empleados en relación de dependencia. No tiene presentaciones de DDJJ de Impuesto sobre los Bienes Personales. Respecto de retenciones/percepciones no constan efectuadas. Sí posee sufridas en el Imp. a las Ganancias e IVA. Las DDJJ correspondientes al Imp. a las Ganancias presentadas no generan valores de impuesto considerable y no registra pagos por este gravamen. Presentó DDJJ de IVA hasta 03/17, siendo la relación débito/crédito igual o cerca a uno, aspectos que dan sustento al carácter apócrifo del contribuyente, calificándolo como Usina de facturas y Prestanombre.
Es integrante de distintas sociedades, las cuales se encuentran en la base de contribuyentes no confiables, a saber: Arquinoba S.A., Maganu S.A., Urbanmat S.A., Dcd Elevator Group S.A., Comerbay S.A., Transbay S.A. Asimismo, de las vinculaciones que surgen de la base del Organismo, se visualiza a la Sra. Campodónico Natalia Lorena CUIT 23-26979694-4 autorizada según F. 3283, incluida la misma en la base de contribuyentes no confiables.
Al respecto, se concluyó que, de la facturación de bienes de los proveedores cuestionados, se entiende que la operación existe, pero se trata de un proveedor ficto u oculto, en tanto que, en el caso de prestación de servicios, la contribuyente no logró demostrar la existencia de las mismas.
A partir de ello, la fiscalización concluye que los gastos improcedentes (por servicios facturados por proveedores calificados como apócrifos y el indebido cómputo duplicado de factura del proveedor Argiro) ascienden a $1.407.479.- que impactan en el periodo fiscal 2017 en el Impuesto a las Ganancias.
Por otro lado, los créditos fiscales improcedentes según la fiscalización (por bienes y servicios facturados por los proveedores calificados como apócrifos) originados en las operaciones realizados con todos proveedores observados ascienden a $1.843.144,50 para los periodos fiscales 08/16, 12/16, 02/17, 03/17, 05/17, 06/17 y 11/17 en el Impuesto al Valor Agregado.
También respecto del ejercicio fiscal 2016, se determinó un monto de $6.577.184,77 equivalente a las diferencias de depósitos en exceso respecto de los ingresos declarados como incremento patrimonial no justificado, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, con fundamento en el artículo 18 inciso g) apartado 1) de la Ley Procedimental. También se estimaron los débitos fiscales en IVA a partir de ventas omitidas calculadas a partir del mencionado incremento patrimonial, por los períodos fiscales 07/2015 a 02/2016 y 04/2016 a 06/2016.
La recurrente negó que existieran ventas omitidas, su Presidente expone que, “Con fecha 13 de diciembre de 2013 celebré en forma personal un contrato de mutuo con garantía hipotecaria mediante el cual obtuve un préstamo dinerario, el cual fue volcado a Estruc S.A. En defecto, como surge del acta de directorio que se acompaña, a los fines de desarrollar un proyecto de urbanización (que luego no se llevó a cabo) y con el objeto de obtener una financiación menos costosa que la bancaria, el dinero obtenido por el préstamo hipotecario fue trasladado a Estruc S.A.”. Culmina diciendo que “De manera tal que los importes de las acreditaciones en cuenta que superan las ventas declaradas…se corresponden a los ingresos por el mutuo hipotecario”. Al respecto, el Fisco descalificó este aporte dado que no aportó reflejo de sus dichos en los estados contables ni registros extraordinarios con las cancelaciones del préstamo, cuenta de los socios, como así tampoco origen y depuración de las acreditaciones bancarias a fin de verificar lo planteado. Tampoco se observaron en los extractos bancarios movimientos relativos a estos hechos, en cada uno de los periodos comprendidos en el ejercicio 2016. Los balances cerrados al 30/06/2016 no reflejaron este pasivo, tampoco surge de la cuenta Accionistas ni en aclaraciones adicionales al balance. En las DDJJ del Sr. Tanco no se desprende crédito alguno relacionado a este supuesto préstamo.
Asimismo, nada aporta la respuesta al oficio dirigido al Registro de Juicios Universales mediante el cual se informa que no figura como iniciados pedidos de quiebra, concurso preventivo ni quiebra de algunos proveedores.
VIII. Que, en primer lugar, respecto de los ajustes en IVA e Impuesto a las Ganancias determinados en los actos aquí apelados, originados en la aplicación de la presunción establecida en el artículo 18 inc. g) apartado 1 de la ley 11.683 por acreditaciones bancarias que superan los ingresos declarados en el periodo 2016, cabe señalar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente... deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007).
Es sabido que, en materia de determinaciones de oficio, la ley fija un orden de prelación cronológico: sólo cuando el Fisco no disponga de elementos que acrediten fehacientemente la exacta dimensión de la materia imponible (ausencia de elementos, insuficiencia de éstos o descalificación fundada de los existentes) se encontrará facultado para recurrir al método indiciario de determinación. En otros términos, la Administración Fiscal debe primero agotar los medios que permitan reconstruir la materia imponible de modo directo (o "sobre base cierta") y, sólo en los supuestos más arriba indicados, recurrir a aquel modo excepcional de determinación.
Ciertamente la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración, pero jamás se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la materia sujeta a impuesto (ver entre otros: "Dadea, Marta Elisa" - T.F.N. -Sala "B" – 22/12/83, "Antonio Gonzalez y Otros Mansión Almar" - T.F.N. - Sala "D" – 16/8/89, "Beraja, Alberto David y Dwek, José Roberto" - T.F.N. - Sala "A" – 25/2/98).
En tal sentido, el Fisco Nacional, una vez verificada la situación fáctica (ingresos omitidos no declarados), procedió a determinar la materia imponible en forma presunta conforme las previsiones de la norma legal pertinente, resultando por ello adecuado el método utilizado.
En el caso de autos, las determinaciones de oficio practicadas por el organismo fiscal se fundan en la presunción establecida por el mencionado apartado 1 del inc. g) del art. 18 de la ley de rito, esto es, la consecuencia prevista por la ley ante una determinada situación fáctica.
En la materia que se aborda, cabe mencionar que la presente causa refiere a una cuestión de hecho y prueba por lo que la recurrente debió tomar los recaudos suficientes para aportar a la fiscalización y/o en la instancia ante este Tribunal la documentación respaldatoria o aportar prueba eficiente como para contrarrestar las impugnaciones del Fisco Nacional, circunstancia ésta que como se verá en los considerandos siguientes, no fue debidamente acreditada por el recurrente.
Que la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, como ya se dijo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal.
Por ello si el actor no contaba con documentación respaldatoria de lo alegado, resultó válido el proceder del Organismo Recaudador de recurrir a las presunciones establecidas en la ley para determinar su obligación impositiva (conf. Sala IV in re: "Rodríguez, Luis A. -TF 15.728-I- c/DGI" del 6/8/2002).
Que en oportunidad de sentenciar en la causa "Emerson Argentina S.A.I.C.", la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que "...las resoluciones emanadas de la DGI gozan de presunción de legitimidad- art. 12 de la ley 19549-. Por consiguiente, la carga de la prueba pesa sobre aquel que impugna, el que debe demostrar los errores que la descalifican; esta conclusión concuerda con lo sostenido por la Corte, en el sentido de que cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba en relación a las que se aplican en los demás juicios..." (sent. Del 30/9/74)
Que cabe destacar que si bien este Tribunal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 164 de la ley 11683 tiene "amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes..", es jurisprudencia pacifica que en materia de prueba ello no implica "llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de igualdad procesal" -CNACAF, Sala 2°, "Tamileyfú SRL", sent. del 27/6/72-, debiendo las partes instar el procedimiento en la etapa probatoria, a fin de que el juzgador obtenga el grado más elevado de certeza luego del análisis de la prueba producida.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Corresponde mencionar que “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante, es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (cf. CNCiv., Sala C - La Ley T.117:808, 11371-S), razón por la cual, corresponde concluir que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones (Art. 377 del C.P.C.C.N.), al no ser sustentados por actividad probatoria idónea, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en la resolución apelada en autos.
Conforme surge de las presentes actuaciones, la parte actora tanto en sede administrativa como ante este Tribunal no aporta prueba suficiente en su defensa respecto del ajuste por omisión de ganancias netas determinadas, respecto al ejercicio fiscal 2016, que surge de las diferencias de depósitos e ingresos declarados en concepto de incremento patrimonial.
En cuanto al contrato de mutuo con garantía hipotecaria, al que hace referencia en sus agravios la actora con el cual intenta justificar que el dinero que los socios prestan a la recurrente es el producto de una hipoteca por ellos solicitada en la Escribanía Marsi, cabe indicar que, de los estados contables aportados por la contribuyente en el cpo ppal 2. a fs. 201 a 214, no se reflejan en los registros contables -o extracontables- las cancelaciones del préstamo ni en cuentas de socios. Tampoco se encontró aportó evidencia que relacione dicha hipoteca con las acreditaciones bancarias, a fin de verificar lo que la actora plantea y proceder a su depuración. Nunca aparecen como deuda de la firma al cierre de cada mes, ni al cierre del ejercicio fiscal 2016, ni como crédito de los socios. Tampoco la firma aporta el movimiento contable que permita verificar el ingreso de los fondos el día 1 de cada mes y de salida del día 26 de cada uno de los meses del ejercicio fiscal 2016. Asimismo, en los extractos bancarios que obran en las actuaciones, tampoco se observa movimiento alguno que se vincule con el monto señalado en el Acta de Directorio citada (ingreso de fondos día 1 de cada mes y salida día 26 de cada mes), en cada uno de los períodos comprendidos en el ejercicio fiscal 2016.
En el Balance General cerrado al 30/06/2016, no surgen deudas que puedan relacionarse a este concepto y de la cuenta Accionistas no surge ninguna apertura ni aclaración adicional, que permita identificar su composición. Por último, de la Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre Bienes Personales al 31-12-2015 del Sr. Tanco Martín Horacio, no se desprende del detalle del total de bienes situados en el país, crédito alguno informado respecto de personas humanas ni jurídicas, la otra socia no presenta declaraciones juradas personales.
Por ende, conforme lo expuesto, cabe confirmar este ajuste en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado.
IX. Que, por otro lado, corresponde expedirse con respecto al doble cómputo de crédito fiscal y de gasto del comprobante emitido por Daniel Sergio Argiro en julio y agosto de 2016 en el IVA y en los periodos fiscales 2016 y 2017 del Impuesto a las Ganancias, respectivamente.
En este sentido, sin perjuicio de las afirmaciones por parte de la recurrente con respecto a la factura 003- 00000047 (la cual no cuestiona el Fisco Nacional), corresponde destacar que, tal como surge de los Antecedentes Administrativos (vide IF-2021-96738723-APN-DTD#JGM), la factura 003-00000053 se encuentra registrada en dos oportunidades. Por lo expuesto, corresponde confirmar este ajuste en ambos gravámenes.
X. Que con respecto a los ajustes en el Impuesto al Valor Agregado, para los periodos fiscales 07/15 a 11/2017, a juicio de este Tribunal conforme las constancias de los Antecedentes Administrativos y de las presentes actuaciones, cabe anticipar que la impugnación de créditos fiscales se encuentra debidamente sustentada, en razón de los serios reparos respecto de la validez de las facturas y en forma concreta la capacidad de los mencionados proveedores para realizar las operaciones que constan en aquellas.
Así las cosas, debe señalarse que una factura es considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real. Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada “realidad económica”, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas..."
En este sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O.
“Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "(q)ue el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’.
Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Tal como explicara la Corte Suprema, por la propia mecánica del impuesto “el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
Corresponde señalar que las argumentaciones de la actora resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resulta inhábil por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Además, cabe indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en la causa ADM Argentina S.A. c/En- AFIP-DGI-Resol.24/08 25/08 (DV Dy R2) s/ Dirección General Impositiva, del 10/03/2015- ha puesto de evidencia que la existencia de retenciones practicadas no constituye un elemento capaz de acreditar la veracidad de las operaciones.
En síntesis, correspondía a la recurrente acreditar en forma fehaciente la capacidad operativa de tales proveedores y la participación efectiva de ellos en las operaciones cuestionadas.
Frente a los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores respecto su capacidad para llevar adelante las operaciones cuestionadas que van más allá de la inclusión o no de aquellos en la base Apoc, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas. La recurrente se limitó a hacer referencia al robo en febrero de 2016 de los libros rubricados y demás documentación y a exhibir y aportar de la copia de la denuncia penal de robo de fecha 03/10/2019 sin presentar otras evidencias concretas que pudieran rebatir los argumentos del Fisco Nacional en relación a la falta de capacidad económica y operativa de estos proveedores.
En función de ello, cabe confirmar el ajuste determinado por el Fisco Nacional en el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
XI. Que, corresponde abordar el ajuste en el Impuesto a las Ganancias relativo a la impugnación de gastos por servicios de los proveedores Constructora Ferme SRL y Persman Inc. Conforme surge del análisis efectuado en autos, no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del Impuesto al Valor Agregado, sino que en virtud de la normativa del Impuesto a las Ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los servicios hayan sido efectivamente prestados, dado que no se ofreció ni aportó prueba tendiente a demostrar que sin ellos no se hubiera podido llevar a cabo la actividad de la recurrente, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste.
XII.-Que, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XIII. Que resta tratar el aspecto sancionatorio con relación a la multa por defraudación aplicada en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 10/2017 y 11/2017, conforme los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley 11683, graduada en tres (3) veces el gravamen omitido.
Sentado ello y entrando al análisis de la sanción aplicada en autos, corresponde señalar que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no solo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljanovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (Causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”. En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal, más allá de las presunciones invocadas del art. 47, deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
La recurrente no ha aportado evidencia suficiente que permita rebatir los graves hechos cuestionados por el Ente Fiscal.
Que, en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditada en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
No obstante dicha confirmación, se estima que corresponde reducir el quantum de la misma al mínimo legal de la escala punitiva prevista en el artículo 46 de la ley de rito. Ello así, habida cuenta de la falta de antecedentes sumariales del contribuyente y de la ausencia de concreta justificación que amerite apartarse, bajo dicha particular circunstancia, de la razonable pauta de graduación que suministra aquella escala al establecer un mínimo y un máximo, de modo de dar al juzgador la posibilidad de sancionar con mayor monto de pena las situaciones en las que se verifiquen causas agravantes o se trate de infractores reincidentes (cfr. esta Sala, “Madero, María Silvina”, 08/06/2012; “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia”, 26/3/2019), situación que, como se ha adelantado, no aparece configurada en el caso bajo análisis.
Las costas en este aspecto se imponen a la vencida, salvo en la parte en que se reduce la multa, en la cual se imponen por su orden.
Que, por ello, SE
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.09.25 16:35:13 ART Date: 2025.09.26 10:17:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.26 13:49:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.26 13:50:07 -03:00
Fin de la sentencia