Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 47.242-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución N° 66/16 (DV RRCR), en cuanto a impuesto, accesorios y multa aplicada, correspondiendo la reducción de ésta última al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce la sanción aplicada, aspecto éste en que se imponen por su orden.
2Confirmar la resolución N° 67/16 (DV RRCR), en todas sus partes. Con costas.
I. Que a fs. 88/93 y a fs.264/268 se presenta la actora e interpone recursos de apelación contra las resoluciones N° 66/16 (DV RRCR) y N° 67/16 (DV RRCR), ambas de fecha 01/08/2016, suscriptas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la Dirección General Impositiva de la AFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Mediante la resolución N° 66/16 (DV RRCR), se le determina de oficio el Impuesto a las Ganancias de los periodos fiscales 2010 a 2013, por la suma de $ 5.420.171,36, más $ 1.311.220,66 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa por $ 1.105.866,45, equivalente a tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido en los periodos fiscales 2010 y 2011, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), dejándose expresa constancia de que la eventual aplicación de la sanción para los periodos fiscales 2012 y 2013, de conformidad con lo establecido por el art. 20 de la Ley 24.769. A través de la resolución N° 67/16 (DV RRCR), se le determina de oficio el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales 01/2010 a 12/2013, por la suma de $ 2.782.419,91 con más $2.139.212,72 en concepto de intereses resarcitorios. Dejándose expresa constancia que la aplicación de las eventuales sanciones, de conformidad con lo establecido por el art. 20 de la Ley 24.769.
En primer lugar, expone los antecedentes de hecho y derecho en los que se fundamenta el ajuste fiscal. En lo que hace al fondo de la cuestión, los agravios se centran en la impugnación de las facturas de Icnos S.R.L. por entender el Fisco Nacional que respaldan operaciones presuntamente inexistentes. Además, lo hace respecto de los ajustes relativos al cómputo de las contribuciones patronales, la deducción de intereses resarcitorios y punitorios en el Impuesto a las Ganancias, así como la impugnación de créditos fiscales de IVA y el tratamiento de los pagos a cuenta de IVA respecto de las tales contribuciones patronales.
Sostiene que no resulta pertinente la invocación de la doctrina emanada del fallo “Casa Marroquín S.R.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que dicho precedente aborda la inaplicabilidad de los plazos de prescripción concursal en materia tributaria, mientras que el caso de marras se centra en la pretensión del Fisco Nacional de desconocer el principio de cosa juzgada. Al respecto, aduce que el Fisco Nacional no puede desconocer la sentencia judicial firme en donde se hizo lugar a la verificación del crédito efectuada por Icnos S.R.L.
En cuanto al ajuste practicado respecto de las contribuciones patronales, explica que lo declarado y depositado en la cuenta sueldos resulta el monto efectivamente percibido por el empleado y que las cifras consignadas en el Formulario F. 931, incluyen retenciones, aportes y otros conceptos, que no se corresponden estrictamente con el Sistema Único de la Seguridad Social, como ser: primas de Aseguradora de Riesgos del Trabajo, aportes sindicales y obra social, etc.
Señala que, si la determinación de oficio se hubiera realizado observando los montos en bruto de los haberes, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo aplicable (CCT 40/89), computando las retenciones y sumando los aportes y demás importes derivados de una relación laboral debidamente registrada, se observaría una total concordancia entre lo incorporado en las declaraciones juradas respectivas y la realidad económica. En idéntico sentido concluye que no resulta procedente el ajuste practicado respecto de los períodos fiscales mencionados, en concepto de "Impugnación por Diferencia Cotejo Contribuciones Sociales".
Por otra parte, sostiene que el art. 81 de la ley del Impuesto a las Ganancias, permite deducir los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas, siendo que la norma en nada obsta a que se deduzcan los intereses devengados por una deuda tributaria.
Asevera que dicha cuestión resulta compatible con el régimen de la tercera categoría de dicho gravamen a la que pertenece, rigiéndose por el principio de lo devengado. Agrega que el art. 25 del Decreto Reglamentario, por remisión al art. 18 de la ley del impuesto, da prueba que la aplicación de dicho criterio influye en la posibilidad de deducir los intereses de prórroga de pago de impuestos.
Aduce que toda sanción pecuniaria derivada del incumplimiento de contratos u obligaciones, independientemente de su naturaleza, es deducible, ya que puede originarse por errores involuntarios o por decisiones de conveniencia financiera, donde los fondos no pagados pudieron haber generado un rendimiento sujeto a tributación. Entiende que impedir estas deducciones no resulta razonable y que el art. 145 del decreto reglamentario se extralimita, resultando violatorio de los arts. 19 y 99 inc. 2 de la Constitución Nacional, ya que la prohibición de estas deducciones solo puede ser establecida por ley. Por otro lado, expresa que resulta inoficiosa la multa aplicada, por entender que no procede la aplicación de las presunciones establecidas en la ley de procedimiento tributario, por cuanto de tratarse de una sanción eminentemente penal, le corresponden los principios del derecho penal tributario.
Cita doctrina y jurisprudencia a su favor. Ofrece prueba informativa y pericial contable. Solicita se haga lugar a los recursos de apelación incoados, con costas.
II. Que a fs. 113/126 y a fs. 285/293vta., se presenta el Fisco Nacional y contesta los recursos interpuestos por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la actora. Concede autorizaciones. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que a fs. 304 el Tribunal en pleno resolvió acumular el Expte. N° 47.242-I al Expte. N° 47.214-I. A fs. 321 se abre la presente causa a prueba, haciéndose lugar a los oficios solicitados y a la prueba pericial contable ofrecida. A fs. 343/401 luce la contestación del oficio remitido al Juzgado de Ejecución N° 2 de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut (Trelew). A fs. 404 se le tiene por decaído el derecho a producir la prueba informativa pendiente.
A fs. 480/480vta., se declara en rebeldía a la parte actora y se tiene por decaída la producción del informe pericial contable.
A fs. 509 se clausura el período probatorio y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”. A fs. 517/519vta. se encuentran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional, no haciendo uso la parte actora del derecho otorgado a fs. 512.
A fs. 521 pasan los autos a sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa, de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que, en cuanto a las determinaciones de oficio apeladas en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional al ajuste debatido en las presentes actuaciones.
De conformidad con lo que surge de las actuaciones administrativas que corren por separado, la recurrente se encuentra inscripta ante la ARCA en la actividad principal de servicio de transporte automotor de cargas ncp (CIIU 492290) y en las actividades secundarias de servicios de operadores logísticos (CIIU 523039), construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales (CIIU 410021) y de infraestructura para el transporte (CIIU 421000).
Que la fiscalización llevada a cabo mediante la Orden de Intervención N° 1.132.984, bajo los lineamientos de la Instrucción General N° 640/2002 (DI PYNF), tuvo su origen en la detección de una presunta omisión en la declaración de ingresos, así como también en una serie de inconsistencias relativas a la deducibilidad de compras y gastos.
Que en fecha 05/08/2014 la recurrente se presentó en concurso preventivo, el cual tramita ante el Juzgado de Ejecución N° 2 de la ciudad de Trelew, en los autos caratulados “VESPERA S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 497/2014), siendo designado como síndico el Cdor. Julio Cesar Pastor. Asimismo, en fecha 07/04/2014, se declara el estado de cesación de pagos y se detalla una cantidad de diez (10) acreedores presentados, entre los cuales se destacan la ex AFIP-DGI, Eduardo Delfor Castagno e Icnos S.R.L. (vide fs. 7/15 Cpo. Anexo VII Sentencia Concurso Preventivo de los antecedentes administrativos).
Con respecto al IVA de los periodos fiscales 01/2010 a 12/2013 se efectuaron los siguientes ajustes:
1. Crédito Fiscal:
a) Se observaron que las facturas N° 0001-00001601, 0001-00001604, 0001-00001605 y 0001-00001606 del proveedor ICNOS S.R.L., fueron emitidas en los meses de 06, 09, 11 y 12 de 2010, respectivamente, en tanto el lote de impresión que las contenía poseía fecha de impresión posterior, es decir el 15/09/2011. La recurrente, salvo la última mencionada, informa que las registró contablemente como “Honorarios”, computando, además del gasto en el Impuesto a las Ganancias, el crédito fiscal en IVA correspondiente.
Se corroboró que los débitos fiscales de las facturas N° 0001-00001601, 0001-00001604 y 0001-00001605 no fueron exteriorizados en las declaraciones juradas de IVA del mencionado proveedor.
Además, se pudo constatar que el Sr. Felipe José García, presidente de la recurrente (con un 95% de participación), también es socio gerente en la mencionada empresa proveedora (con igual participación). En función de ello, se consideró que las operaciones respaldadas por estas facturas eran inexistentes, impugnando los créditos fiscales computados, según Anexo I del acto determinado de IVA aquí recurrido (vide fs. 35,44, 46 y 48 del Cpo. Anexo III y fs. 92, 109/110 del Cpo. IVA de los antecedentes administrativos).
b) Declaraciones Jurada – Recursos de la Seguridad Social – Contribuciones: De los sistemas informativos surge que las contribuciones de la seguridad social de los periodos fiscales 01/2010 a 12/2012 fueron abonadas mediantes planes de pago Mis Facilidades. En función de lo establecido en el Decreto N° 814/2001, el crédito fiscal del IVA, resultó computable según la fecha y el importe abonado en cada cuota (Anexo II y III de resolución sobre IVA). No obstante, en los periodos fiscales 01/2011 y 04/2011, atento lo expuesto previamente, se consideró el crédito fiscal informado en sus respectivas declaraciones juradas, por aplicación del art. 4 del mencionado Decreto (Anexo II de tal acto).
Para los periodos fiscales 01/2010 a 12/2012, del cotejo del crédito fiscal declarado por tal Decreto con el crédito fiscal computable, surgen diferencias de crédito fiscal declarado en exceso, motivo por el cual se impugnó ante la falta de justificación (Anexo IV).
En cuanto a los periodos fiscales 01/2013 a 12/2013, fue impugnado el crédito fiscal declarado en los términos expuestos, por no constar pagos al respecto (Anexo IV).
c) Crédito Fiscal declarado en exceso: Para los periodos fiscales 01/2010 a 12/2012, ante la falta de justificación, se impugnó el crédito fiscal declarado en exceso (Anexo V), derivado del cotejo entre el computable y el declarado conforme en mencionado Decreto, como así también el que surgía de la comparación entre el crédito fiscal registrado en el IVA – Compras y el consignado en declaraciones juradas presentadas.
Por lo expuesto, a los fines de la determinación del crédito fiscal computable, para los periodos fiscales 01/2010 a 12/2010, del crédito fiscal declarado por la actora se dedujo el cómputo en exceso, por Decreto N° 814/2001 y por las facturas impugnadas del proveedor Icnos S.R.L. Mientras que, para los periodos fiscales 01/2011 a 12/2013, la detracción fue solo respecto de exceso según el mencionado Decreto (Anexo V).
2. Pagos a Cuenta: Se observó dicho concepto (Impuesto a la Transferencia de Combustibles), por falta de documentación respaldatoria y por no surgir constancia de pago en los periodos fiscales 01/2011 a 12/2011 (Anexo V).
3. Débito Fiscal:
a) Se consideró debito fiscal no declarado en los periodos fiscales 01/2011 a 12/2012, por cuanto la recurrente no logró justificar la diferencia entre el que fuera incorporado en Libro IVA – Ventas con el que surge de sus declaraciones juradas presentadas por tal gravamen (Anexo VI A) y B)).
b) Respecto de los periodos fiscales 01/2011 a 12/2011, la parte actora informó que en el rubro pasivo “Cuentas por Pagar”, se encuentran las operaciones celebradas con la firma Icnos S.R.L. consideradas inexistentes (vide fs. 91 del Cpo. IVA).
En virtud de que tales facturas se encontraban declaradas como pasivo en el Impuesto a las Ganancias, se impugnó la suma de $699.967,71como un incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18 inc. f) de la ley de procedimiento fiscal, imputado ingresos omitidos en el IVA por los periodos fiscales 01/2011 a 12/2011.
A dicho monto, se le dedujo la diferencia de $279.879,12 en concepto de ingresos gravados (producto del cotejo entre las ventas del Libro IVA-Ventas con las declaradas en el Impuesto a las Ganancias), arribando a un total de $420.088,59, suma que se le adicionó un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles ($42.0008,86), arribando a un total de ingresos omitidos de $462.097,45 y a un débito fiscal omitido de $97.040,46, el cual fue prorrateado en función de lo declarado por la actora.
En base a lo expuesto, a los efectos de la determinación del débito fiscal computable, al que fuera consignado en las declaraciones juradas, se le adicionó el surgido por diferencia de cotejo y el derivado del incremento patrimonial no justificado (vide Anexo VI “Detalle Débito Fiscal Computable”):
c) La recurrente suscribió con el Sr. Eduardo Delfor Castagno, en fecha 28/12/2011, un contrato de mutuo por la suma de $688.266. Dicho instrumento fue contabilizado con fecha 31/12/2013, y atribuido, conforme al criterio de la fiscalización, al período fiscal 2013 (vide fs. 75 del Cuerpo Anexo II y fs. 116 del Cuerpo Anexo VI de los antecedentes administrativos).
De la fiscalización efectuada respecto del mencionado se determinó que no contaba con capacidad económica suficiente para otorgar el referido mutuo, ni se reunían elementos que permitieran convalidar los créditos invocados en el concurso preventivo de la recurrente.
Asimismo, con fecha 18/02/2015, el magistrado interviniente en el proceso concursal resolvió declarar inadmisible el crédito pretendido por el Sr. Castagno (vide fs. 07/14 del Cuerpo Anexo VII – Sentencias Concurso Preventivo, obrantes en los antecedentes administrativos).
Por consiguiente, se determinó otro incremento patrimonial no justificado (Anexo VI C).
d) Al cierre del año 2013 también se verificó un aumento del pasivo respecto de Icnos S.R.L. por $75.678,03. Que tales rubros mencionados en c) y d) fueron impugnados y considerados por los actuantes como incremento patrimonial no justificado por un monto total de $763.944,03, en los términos del art. 18 inc. f) y g) de la ley de procedimiento fiscal.
A dicha suma, conforme la normativa indicada, se le adicionó un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles ($76.394,40), arribando a un total de ingresos omitidos de $840.338,43, sobre el cual se aplicó la alícuota del 21%, arrojó un delito fiscal omitido de $176.471,07, el cual fue prorrateado en el año 2013, en función del débito fiscal declarado por la actora originalmente.
Para la determinación del débito fiscal computable, al que fuera declarado por la actora se le adicionó el determinado por incremento patrimonio no justificado.
Conforme todo lo expuesto, para la liquidación final del IVA (Anexo VII) de los periodos fiscales 01/2010 a 12/2013, al débito fiscal determinado se le restó el crédito fiscal computable, las retenciones y percepciones sufridas junto con el saldo a favor del Fisco Nacional exteriorizado en las declaraciones juradas presentadas, obteniendo un monto total a ingresar de $2.782.419,91.
Ahora bien, en cuanto al Impuesto a las Ganancias, para el período fiscal 2010 (Anexo III del acto recurrido de este gravamen), se impugnó el gasto computado en virtud de haberse considerado inexistentes las operaciones realizadas con el proveedor Icnos S.R.L, conforme lo expuesto previamente (Anexo I del acto determinativo de este gravamen). Asimismo, se procedió a computar el crédito fiscal del IVA conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 814/2001, en función de la fecha e importe efectivamente abonado en cada cuota (Anexo II). También se devolvieron gastos (Impug Dto 814 en IVA, Anexo I).
Respecto del período fiscal 2011 (Anexo VI del acto recurrido de este gravamen), se determinaron ingresos omitidos por la suma de $279.879,12, en tanto la recurrente no logró justificar la diferencia existente entre las ventas registradas en el Libro IVA-Ventas y las declaradas en el Impuesto a las Ganancias (Anexo IV). Finalmente, tal como se expuso cuando se trató previamente el IVA, se consideró un incremento patrimonial no justificado por la suma de $420.088,59 respecto del pasivo con el proveedor Icnos SRL. A dicho monto se le adicionó un 10% en concepto de renta dispuesta o no consumida en gastos, conforme lo previsto en el artículo 18, inciso f), de la Ley de Procedimiento Fiscal, lo que arrojó un total de ingresos omitidos de $462.097,45 (Anexo V).
Se computó el crédito fiscal del IVA conforme a las disposiciones del citado decreto, según fecha e importe abonado en cada cuota. (Anexo II). También se devolvieron gastos (Impug Dto 814 en IVA, Anexo VI). En cuanto al periodo fiscal 2012 (Anexo IX del acto recurrido de este gravamen), del cotejo entre las ventas consignadas en el Libro IVA-Ventas y las declaradas en el Impuesto a las Ganancias, se verificó una diferencia de $155.014,76 que, ante la falta de justificación por parte de la contribuyente, fue considerada como ingresos omitidos (Anexo VII).
Asimismo, se computó el crédito fiscal del IVA conforme a las disposiciones del Decreto N° 814/2001, en función de la fecha e importe efectivamente abonado en cada cuota (Anexo II).
Por otra parte, se constató que en los Estados Contables se expone, bajo el rubro “intereses resarcitorios”, la suma de $3.957.899,15. Sin embargo, del relevamiento efectuado sobre los planes de facilidades de pago consolidados, surge que únicamente se abonó la suma de $103.889,51. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el artículo 145 del Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias, la fiscalización impugnó la suma de $3.854.009,64 (vide fs. 46 del Anexo II del Cuerpo Impuesto a las Ganancias de los antecedentes administrativos).
Por último, respecto del periodo fiscal 2013 (Anexo XIV del acto recurrido de este gravamen), al igual que en los años anteriores, se consideró la suma de $4.299,99 como ingresos omitidos en el Impuesto a las Ganancias respecto de lo que surge del libro de IVA Ventas.
Asimismo, con fundamento en lo expuesto en materia de IVA, se computó como incremento patrimonial no justificado la suma de $763.944,03, en virtud de la impugnación del mutuo financiero celebrado con el Sr. Castagno y del aumento del pasivo exteriorizado con Icnos S.R.L.
A dicha suma se le dedujeron $4.299,99 (Anexo X) correspondientes a la diferencia de ingresos gravados, resultando un total de $759.644,03. A este importe se le adicionó un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, conforme lo previsto en el artículo 18, inciso f), de la Ley N° 11.683, por $75.964,40, obteniendo un total de ingresos de $835.608,44 (Anexo XI).
También se impugnaron cargas sociales computadas en exceso, respecto de lo declarado en F. 931, por $ 3.646.809,01 (Anexo XII).
También se constató que, en el Anexo II – Aplicación de Gastos de los Estados Contables, el rubro "Otras Cargas Sociales" registra un importe de $1.050.747,32. Asimismo, del análisis del Libro Diario se verificó que, bajo el concepto "Otras Cargas Sociales", el Sindicato de Camioneros y la Policía del Trabajo registran una suma de $834.927 (vide fs. 107 del Cpo. PPal. del Impuesto a las Ganancias). Aportado el recibo emitido por dicha entidad por la suma de $68.024,42 y la Liquidación N° 17.652 por $18.108,09, surgió una diferencia sin justificar de $129.687,79 (vide Anexo XIII de la resolución apelada obrante a fs. 46 de las presentes actuaciones). Por otro lado, del detalle de intereses resarcitorios computados (obrante a fs. 91 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias) se desprende un importe de $5.032.084,49 que no fue abonado. De este monto, $4.507.025,83 corresponden a intereses punitorios por deudas con la ex AFIP y Rentas de la Provincia de Chubut. Por esta razón, fueron impugnados conforme al artículo 145 del Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Por último, se computaron a favor del contribuyente remuneraciones declaradas (Anexo XIII).
En virtud de lo expuesto, a los fines de la liquidación del Impuesto a las Ganancias, la fiscalización tomó como punto de partida el resultado contable declarado, al cual se le adicionaron o dedujeron los ajustes impositivos que incrementaron o disminuyeron la utilidad —ya sea los declarados por la actora o los determinados por el Fisco Nacional—, arribándose así al Resultado Neto Final Ajustado correspondiente a cada período.
El impuesto determinado resultó de aplicar el alícuota general del 35%, deduciéndose las retenciones sufridas, los anticipos ingresados y/o el cómputo del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias, lo que arrojó un saldo a favor del Fisco Nacional de $5.420.171,36.
VI. Que corresponde a este Tribunal analizar la cuestión traída a decisión, a los efectos de otorgar un adecuado tratamiento a los distintos agravios formulados por la recurrente contra los actos apelados y el accionar fiscal. En principio, cabe destacar que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Por lo tanto, la causa se refiere a una verdadera cuestión de hecho y prueba referida a varios ajustes realizados en el Impuestos a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo debiendo aportar prueba concreta y fehaciente.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
VII. Que ello así, en primer lugar, si bien la actora pretende refutar los cargos formulados argumentando que el Fisco Nacional se encuentra impedido de realizar observaciones respecto de la facturación de las operaciones de ICNOS S.R.L. que originaran la impugnación del crédito fiscal en el IVA y de gastos en el Impuesto a las Ganancias, porque tales acreencias fueron verificadas en el proceso concursal por el que atraviesa, con sustento en el principio de cosa juzgada, lo cierto es que dichos fundamentos no pueden tener acogimiento favorable alguno.
Pues tal como tiene dicho esta Sala “B”- en su antigua conformación –, “las normas que regulan el procedimiento concursal en la ley 24.522 como sus antecesoras, no impiden al Fisco Nacional el ejercicio de las facultades y poderes que emergen de la ley 11.683 y aplicar sanciones” (vide “Supercanal Internacional SA” del 23/10/2002). A ello sumado que el Juez del Concurso “carece de competencia cuando lo que se trata, es determinar la existencia de una obligación tributaria en cabeza del contribuyente. La existencia de materia imponible solo puede ser determinada por la Administración Fiscal y por este Tribunal” (vide “Del Valle Loza, Benjamín s/Apelación IVA” del 26/05/2003).
En tal sentido, yerra la recurrente al entender que la representación fiscal no puede formular objeciones respecto de un crédito verificado en el proceso concursal, toda vez que la determinación de deudas impositivas solo se puede llevar a cabo por los organismos y los procedimientos establecidos en la Ley N° 11.683 de Procedimiento Fiscal. Al respecto, también ha dicho esta Sala “B” – en su anterior conformación - que “a los fines de resolver la cuestión debatida, debe hacerse presente la inveterada doctrina que establece la especificidad del procedimiento tributario por encima del fuero de atracción originado por situación concursal (vide entre otros, Casa Marroquín S.R.L. Del 31-03-87, C.S.JN.), circunstancia que tiene como fundamento que la resolución de las cuestiones de naturaleza tributaria no puede ser delegada al juez comercial, sino que ello debe hacerse por los organismos y procedimientos que a tal efecto se estipula en la ley 11.683". (vide “Conarpesa Continental Armadores de Pesca” del 28/03/2006).
Por lo tanto, corresponde rechazar los argumentos de la actora en cuanto a que, el Fisco Nacional se encuentra impedido de ejercer sus facultades de verificación y determinación de oficio y, resaltar que no existe conexidad, accesoriedad o subsidiariedad exigida para la cosa juzgada, en el art. 347 inc. 6) del CPCNN, entre el proceso concursal y el de determinación de oficio.
En lo que hace a los agravios relacionados con el ajuste sustentado en los montos de las cargas sociales y la impugnación por deferencia de cotejo en las contribuciones patronales según Decreto 814/01, tampoco pueden contener acogida favorable, por cuanto al resultar meras manifestaciones sin que hayan sido acompañadas con prueba concreta y fehaciente, no logran conmover el criterio fiscal.
Por lo tanto, en función de lo expuesto, es que corresponde confirmar las resoluciones apeladas, en tales aspectos, con costas.
VIII. Que corresponde expedirse respecto de los ajustes sustentados en la impugnación de las deducciones de los intereses resarcitorios y punitorios en el Impuesto a las Ganancias.
Con relación a los intereses resarcitorios de deudas impositivas cabe indicar que son una deducción admitida según el Articulo 81 inciso a) de la Ley del gravamen que prevé la posibilidad de deducir los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan dichas ganancias, con las limitaciones establecidas en la ley. Sin embargo, los intereses de tipo punitorio y las multas, no resultan deducibles, según lo establecido en el Artículo 145 del Decreto Reglamentario de la Ley. Al respecto la Corte Suprema en la causa “Sociedad Ind. Americana Maquinarias Siam Di Tella Ltda” (13/03/1967), sostuvo que la deducción en el balance fiscal, en calidad de gastos, de los intereses pagados para acogerse a la prórroga en el pago del impuesto a las ganancias – no deducible según Artículo 88 inciso d) de la ley-, no significa hacer desaparecer la función resarcitoria que cumplen dichos intereses. Por lo expuesto, entendió que los mismos resultan deducibles en la determinación del impuesto.
A partir de lo expuesto, aunque resulte conceptualmente correcto el criterio de la actora en cuanto sostiene que deben ser computados los intereses en la determinación del Impuesto a las Ganancias conforme el método de lo devengado -por cuanto tributa por la tercera categoría-, lo cierto es que no aporta detalle o fundamentación que corrobore el cálculo de los montos computados.
Por su parte, en lo que hace a la falta de cómputo de los intereses punitorios derivados de deudas tributarias con el Fisco Nacional y con Rentas de la Provincia de Chubut, tal como se dijo en párrafos precedentes, por disposición expresa del art. 145 del Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias, los mismos no resultan deducibles en el impuesto en cuestión, razón por la cual no debe hacerse lugar al agravio esgrimido por la recurrente en este sentido.
Asimismo, con respecto al planteo que realiza la recurrente respecto de tal norma reglamentaria, cabe destacar que este Tribunal se encuentra impedido de declarar la inconstitucionalidad de las normas, a menos que previamente lo hubiese hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que no se ha verificado a la fecha. Por lo tanto, respecto de tales cuestiones, se debe confirmar la resolución N° 66/16 (DV RRCR) del Impuesto a las Ganancias y confirmar la resolución N° 67/16 (DV RRCR) en cuanto determina de oficio el IVA. Con costas.
IX. Que respecto de los restantes ajustes formulados en el IVA y el Impuesto a las Ganancias, ante la falta de agravios concretos por parte de la recurrente, y encontrándose debidamente justificados conforme las normas respectivas y los hechos constatados en las resoluciones recurridas, no cabe más que su confirmación. En efecto, como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
X. Que en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XI. Que corresponde ahora analizar el aspecto infraccional, respecto de los períodos por los que se aplicó multa. Cabe señalar que el Fisco Nacional encuadró la sanción en el artículo 46 de la Ley de rito, haciendo mérito de los incisos a), b) y c) del artículo 47 de la citada normativa.
Que con relación a la multa por defraudación debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la Ley N° 11.683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución apelada, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, que no ha aportado documentación respaldatoria, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del Fisco. Que, por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” – en su anterior conformación - in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en las presentes actuaciones se encuentran acreditados los supuestos que habilitaron al Fisco Nacional a la utilización de las presunciones establecidas los incisos a), b) y c) del art. 47 de la ley de procedimiento fiscal, por cuanto la recurrente evadió el pago del Impuesto a las Ganancias de los periodos fiscales 2010 y 2011, por consignar en sus declaraciones juradas datos inexactos, permitiendo inferir la existencia de declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas.
Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditada en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada a la contribuyente de autos.
En lo que hace al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución N° 66/16 (DV RRCR), en cuanto a impuesto, accesorios y multa aplicada, correspondiendo la reducción de ésta última al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce la sanción aplicada, aspecto éste en que se imponen por su orden.
2. Confirmar la resolución N° 67/16 (DV RRCR), en todas sus partes. Con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2025.08.12 13:25:30 ART Date: 2025.08.12 15:54:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.12 16:19:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.12 16:19:27 -03:00
Fin de la sentencia