Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Nro. RESOL-2024-391-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (DI RAHI), en las actuaciones SIGEA Nro. 17134-1085-2019.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-42730198-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 24 de Abril de 2025 Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2024- 41954195--APN-SGASAD#TFN “ VITERRA ARGENTINA S.A. (anteriormente OLEAGINOSA MORENO HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA) C/DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Mediante el IF-2024-41954118-APN-DTD#JGM se presenta la firma VITERRA ARGETNINA S.A.
(anteriormente OLEAGINOSA MORENO HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA) e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. RESOL-2024- 391-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (DI RAHI), en las actuaciones SIGEA Nro. 17134-1085-2019, mediante la cual se dispuso no hacer lugar a la solicitud de devolución de la suma de pesos un millón doscientos veinte mil quinientos cuarenta y tres con 95/100 ($ 1.220.543,95), con más sus intereses, en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la Decreto 793/08, en relación a la destinación Nro. 18057EC01007621Z. Entiende que el Poder Ejecutivo Nacional fijó ilegalmente, a través de Decreto 793/08, la alícuota aplicable en concepto de derechos de exportación, ya que fue dictada por el Ministerio de Economía en clara violación al principio de legalidad en materia tributaria (artículos. 4, 17, 52, 75 inc. 1°, 76 y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional) y a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada (art. 17 de la Constitución Nacional).
En el mismo sentido, plantea que la facultad de legislar en materia aduanera e imponer contribuciones, le corresponde al Congreso. Solicita la aplicación de la doctrina asentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica S.A. c/ Dirección General de Aduanas”, resultando inconstitucional la alícuota fijada por el decreto mencionado, ello en virtud del principio de legalidad tributaria. Sostiene que, en el precedente señalado, la CSJN concluyó que los derechos de exportación son tributos, y que por ello deben ser creados por el Congreso, que sus elementos esenciales deben estar establecidos por esa misma institución, y que las alícuotas podrían ser fijadas por el PE en tanto exista una delegación legislativa clara y precisa, que cumpla con los requisitos del artículo 76 de la Constitución Nacional.
En este sentido, entiende que el artículo 755 del CA no satisface las exigencias del artículo 76 de la Constitución Nacional ya que no califica como una norma delegante válida a efectos de que el PEN pueda fijar derechos de exportación. Cita jurisprudencia que sustenta su postura. Afirma que la prohibición de actualización de los créditos fiscales y tasa de interés, que resulta aplicable para los casos de repetición, afectan el derecho de propiedad y violan los principios constitucionales de igualdad, legalidad, razonabilidad y no confiscatoriedad. Es por ello que entiende inconstitucionales lo establecido por los arts. 7 y 10 de la Ley N° 23.928, modificada por el art. 4 de la Ley 25.561, y en el art. 5 del Decreto 214/2002, y la tasa de interés establecida en el art. 4 de la Resolución 3/2024, solicitando que se aplique una tasa de interés para la repetición interpuesta equivalente a 1,3 veces la tasa activa efectiva mensual de los descubiertos en cuenta corriente no solicitado al Banco Nación.
Ofrece prueba, hace reserva de plantear el caso federal, y solicita que se revoque la resolución apelada, ordenando la devolución de los montos pagados, con más los intereses peticionados y con costas al Fisco.
II. En el IF-2024-74716900-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido y mediante IF-2024-80442845-APN-DTD#JGM acompaña las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 17134-1085-2019. Hace una breve reseña de los hechos y formula una negativa genérica. Comienza haciendo un relato de los antecedentes normativos que otorgaron la facultad de establecer los derechos de exportación. Señala que la interpretación que hace la actora del precedente “Camaronera” es desacertada y no respeta el análisis completo de dicha sentencia ni el sentido que quiso darle el más Alto Tribunal. Sostiene que dicho Tribunal ha declarado la invalidez de las alícuotas por los derechos de exportación y que, muy por el contrario, ha declarado la validez de dichos derechos.
Asimismo, señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo decide en procesos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos. Sostiene que el decreto atacado ha sido dictado en el marco de las funciones que se le confiere al PE conforme el art. 755 del Código Aduanero. Asimismo, entiende no se trata de una norma carente de respaldo legal puesto que el Decreto 793 cuestionado, a diferencia de la Resolución 11/02, se encontraba sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la Ley N° 26.122, que reconoce la validez de la norma delegada desde el mismo momento de su entrada en vigencia, en tanto no sea expresamente derogada por el Congreso de la Nación.
Ello así por cuanto el Decreto 793 no fue rechazado por el Congreso, en los términos del artículo 24 de la Ley N° 26.122 sino que, por el contrario, el artículo 82 de la Ley N° 27.467 mantuvo su validez y vigencia, apenas tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial. Y, por si fuera poco, el Poder Legislativo volvió a declarar la validez y vigencia del Decreto 793 en el artículo 54 de la Ley N° 27.541. Explica que si bien el Decreto 793 invoca en sus considerandos el ejercicio de la facultad reglamentaria contenida en el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional, lo cierto es que, con independencia de la naturaleza de la atribución ejercida, dicha norma fue sometida al control del Congreso que finalmente la refrendó en dos oportunidades.
Manifiesta que aun con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 793, la alícuota aplicable para la mercadería que se exportó al amparo del P.E. debiera haber sido la del 30% fijada por el Anexo XIII del Decreto 1126 y no del 0%. Expone que, en ejercicio de las facultades mencionadas, mediante el Decreto 133 se estableció en el 30% la alícuota aplicable a la posición arancelaria en trato, y se redujo al 0% (sin eliminarla) la alícuota aplicable a otras posiciones arancelarias allí determinadas. Posteriormente, y en ejercicio de las mismas facultades, mediante el Decreto 1126 se mantuvo la reducción de la alícuota establecida para otras mercaderías en el Decreto 133, como así también se mantuvo la alícuota del 30% aplicable a la mercadería amparada por el P.E., y concluye esta idea revelando que al momento del dictado del Decreto 793 los elementos esenciales del tributo (derechos de exportación) tenían rango legal y por ello el Poder Ejecutivo estaba facultado a modificar la alícuota del derecho de exportación, que ya existía y se encontraba fijada en el 30%.
Sostiene la imposibilidad del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad del decreto en razón de lo normado por el art. 1164 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia. Solicita que se aplique la doctrina establecida el fallo plenario dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación, con fecha 26/04/2022. En subsidio, requiere que se rechace la repetición intentada atento a que la actora trasladó los derechos de exportación cuya devolución reclama, no existiendo así perjuicio alguno. Solicita que se aplique el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en la causa “Cencosud S.A.” y los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del Código Aduanero. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que en fecha 15 de abril de 2025 (PV-2025-39643965-APN-VOCXXI#TFN) se elevan los autos a la Sala “G” y, en fecha 16 de abril de 2025 (IF-2025-40137532-APN-VOCXXI#TFN), se pasan a sentencia.
IV. La Actuación SIGEA N° 17134-1085-2019 se inicia a fs. 1/13vta. con el recurso de repetición de las suma pagada en concepto de derechos de exportación, interpuesto por la actora, con fecha 30/5/2019, en sede aduanera. A fs. 14 obra constancia de ingreso al sistema SIADERE y a fs. 15 obra resumen de devolución cargada de acuerdo al Formulario 7458. A fs. 16/22 lucen agregadas copias de la Destinación N° 18057EC01007621Z, y de la documentación complementaria. A fs. 24 obra informe técnico efectuado por la Sección Inspección Simultanea de la Aduana de San Lorenzo, por el cual se expresa que no corresponde la devolución solicitada y que se abonó conforme a la normativa vigente. A fs. 25, la Sección Económica Financiera, informa el monto afectado a la destinación en dólares y el tipo de cambio. A fs. 26/27 obran comprobantes de pago de la liquidación manual. A fs. 32/35 obra la Resolución N° RESOL-2024-391-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI apelada en autos, y a fs. 36/37 su correspondiente constancia de notificación. A fs. 40 obra el escrito por el cual la actora comunica la interposición del recurso ante el TFN y finaliza agregando diferentes anexos con documental.
V. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”
VI. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación al Permiso de Embarque Nro. 18057EC01007621Z en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 793/2018 mediante el cual se dispuso fijar, hasta el 31/12/20, un derecho de exportación del 12% para la exportación a consumo de todas las mercaderías comprendidas en las PA de la NCM fijándose un tope de $4 o $3 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda.
VII. Las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164).
Por lo expuesto, voto por:
1).- CONFIRMAR la Resolución Nro. RESOL-2024-391-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (DI RAHI), en las actuaciones SIGEA Nro. 17134-1085-2019. 2).- Costas a cargo de la actora.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al fondo de lo resuelto, excepto en relación a las costas, que considero deben ser impuestas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- CONFIRMAR la Resolución Nro. RESOL-2024-391-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (DI RAHI), en las actuaciones SIGEA Nro. 17134-1085-2019. 2).- Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.-
Date: 2025.04.22 14:59:17 ART Date: 2025.04.22 16:45:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.24 11:36:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.24 11:36:59 -03:00
Fin de la sentencia