Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 20.440-I
I. Que a fs. 2332/2353 vta. la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 127/2014 (DV MRRI) emanada de la División Revisión y Recursos Dirección Regional Microcentro de la A.F.I.P.- DGI, mediante la cual se determinó la obligación tributaria relativa al Impuesto al Valor Agregado - períodos fiscales 01/2007 a 12/2008- con más sus intereses resarcitorios. Asimismo, se difirió la aplicación de las sanciones -períodos fiscales 03/2007 a 06/2008 y 08/2008 a 12/2008- con sustento en el artículo 20 de la Ley 24.769.
Con carácter previo, sostiene la nulidad de la resolución por verificarse el supuesto de “falta de causa” que prescribe el artículo 14 –inc. b)- de la Ley 19.549.
En este aspecto, asevera que la resolución se sustenta en la deficiencia de la prueba documental acompañada mediante argumentos dogmáticos, arbitrarios e irreales.
Tras realizar una breve reseña de los antecedentes del caso, afirma que no es usuaria de facturas apócrifas, atento que la única empresa incluida en la base APOC era “HIERRO DE MITO S.A.” con un total de facturación que ascendía a $ 129. Así, manifiesta que incluyó en un plan de facilidades de pago las operaciones concertadas con los proveedores BROC S.A., PAPADOPULOS GUILLERMO, HIERROS DE MITO S.A. y G.D.P. DE FERNANDEZ FERNANDO, quedando afuera de dicha regularización las compras efectuadas a “VIRUMET DE JUAN CARLOS PELOSI”, objeto del presente recurso.
Explica que en su rubro -comercialización de metales no ferrosos- existen proveedores, como en el caso del Sr. Pelosi, que contactan a empresas para ofrecer rezagos de cobre y bronce que posee un tercero; una vez aceptado el pedido pactan el precio con aquel que tiene el material y luego con el comprador -en este caso Forestdelt S.A.-, para su posterior entrega en las plantas elaboradoras -Sotyl S.A., Vaspia S.A., Metales Andreoli S.A., Betco S.A. y Cooperativa Unión y Fuerza Ltda.-, por su cuenta y orden, quedando el flete a cargo del Sr. Pelosi. En esta operatoria, agrega que el proveedor no requiere depósito alguno. Menciona que de acuerdo a las circunstancias descriptas no podía existir coincidencia entre la materia prima que llevaba el Sr. Pelosi y la que finalmente era trabajada por las empresas elaboradoras. A ello agrega que existía, con anterioridad a los períodos discutidos, una cuenta corriente entre Forestdelt S.A. y las elaboradoras respecto de la materia prima, lo que también impedía que pueda cruzarse las cantidades ingresadas con las egresadas, dado que se contaba con un stock preexistente en cada planta. Siendo ello así, califica de dogmáticas las inconsistencias proyectadas sobre la documentación. Asevera que antes de la facturación de Pelosi, solicitaba información a la AFIP para validar las facturas del nombrado, cuyas constancias acompaña en distintos anexos de documental.
Considera que la realidad de las compras se encuentra verificada por la receptora de los rezagos, ya que esta debe analizarlos a través de procesos tecnológicos para determinar que sean aptos para cumplir el producto encargado por Forestdelt S.A.
Siguiendo esa línea, razona que las presunciones esgrimidas por la fiscalización caen frente a la realidad económica, lo que a su vez encuentra correlato en lo informado por las empresas elaboradoras a la inspección, cuyos datos –dice- no fueron puestos en tela de juicio.
Puntualiza, que la materia prima comprada a Pelosi y elaborada por Sotyl S.A. se encuentra avalada por la información recabada del sistema de seguridad y los registros de entrada y salida de la planta. Asimismo, recalca que sus dichos se hallan respaldados por la documentación facilitada por dicha empresa y acompañada en las presentes actuaciones.
Por otra parte, aclara que se produjo un error por parte de Sotyl S.A. al informar que le fue entregado material bajo el remito número 361, el cual responde a una entrega realizada a otra firma -Red Diamonds S.A.-. A tales efectos adjunta la factura y remitos del caso.
También, comenta que en el mes de enero 2007 no detalló facturas del Sr. Pelosi que permiten justificar la recepción de materiales manufacturados en ese mes. En igual sentido, destaca que durante dicho mes tampoco incluyó los comprobantes de Vaspia S.A. por la entrega de los productos ya terminados. Desde su perspectiva, arguye que las fotografías que muestran la entrega de materiales -de modo contrario a lo dicho por el Fisco Nacional- coinciden con las facturas y remitos informados por la aludida planta elaboradora.
A modo de corolario, argumenta que el juez administrativo cercenó su derecho de defensa al rechazar la prueba ofrecida de manera arbitraria.
Cita jurisprudencia que entiende apoyan su postura.
Finalmente, ofrece prueba documental, testimonial, informativa y pericial contable; hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 2358/2376 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso que oportunamente le fuera conferido, y por las razones de hecho y derecho que expone solicita se rechace, confirmando la resolución apelada, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa. Hace reserva del Caso Federal.
III. Que a fs. 2551 se abrió la causa a prueba; a fs. 2762 -punto 1°)- se dio por desistido e derecho de la actora a producir el informe pericial ofrecido; a fs. 2849/2874 la actora acompañó la sentencia recaída en la causa N° CP 1789/2014/TO1 “Vallejo Gustavo César s/ Infracción Ley 24.769”, dictada en fecha 29/11/2019 por el Tribunal Oral Penal Económico N° 1, y a fs. 2877 presentó una copia del proveído emitido por dicho tribunal que da cuenta del estado de firmeza del decisorio; a fs. 2895 la recurrente desistió de la prueba informativa vinculada con “Unión y Fuerza Cooperativa Ltda.”; mediante la PV- 2024-49183709-APN-VOCIII#TFN se declaró cerrado el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “A”; con el IF-2024-69766335-APN-VOCIII#TFN se pusieron las presentes actuaciones a disposición de las partes a fin de que se produzcan sus respectivos alegatos, obrando en IF- 2024-82117220-APN-DTD#JGM y RE-2024-82408578-APN-SGAI#TFN los alegatos del Fisco Nacional y la actora, respectivamente. En último lugar, en el IF-2025-120768091-APN-VOCIII#TFN se pasaron los autos a sentencia.
IV. Que, respecto de la nulidad planteada, cabe indicar que para su procedencia interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal, o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (v. “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
En lo que toca a la supuesta carencia de causa en la resolución apelada, debe tenerse presente que la discrepancia con los hechos en los que se basó el organismo fiscal, no resulta fundamento válido para la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo, es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
En esta inteligencia, no se observan agravios específicos contra los supuestos defectos o vicios del acto atacado, ni se han demostrado perjuicios concretos como consecuencia de éstos.
Cabe precisar que, en lo estrictamente formal, la resolución discutida aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos establecidos por el artículo 7º de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Además, tanto de la lectura de los actos apelados, como del análisis de las actuaciones seguidas por el ente recaudador no se vislumbra que el juez administrativo haya incumplido con el procedimiento reglado por la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) para determinar el tributo, expresándose en forma clara cuales fueron los motivos que dieron origen a la resolución atacada. Es más, en el presente caso la recurrente tuvo conocimiento de las actuaciones seguidas por la investigación fiscal y el juez administrativo, pudiendo presentar su descargo en oportunidad de contestar la vista corrida, lo que evidencia que los agravios vertidos por la apelante como fundamento de la defensa de nulidad intentada, se tratan de una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de acto alguno.
Por su parte, este Tribunal Fiscal interpreta que “... como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal [fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como "in extenso", en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho...” (in re "Mirror Holding S.A”, 15/9/06 expte. N° 20.440-I).
Por consiguiente, corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que los mismos no merecieron un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (v. CSJN, “Bolland y Cia. S.A.”, 21/02/2013).
V. Que sentado ello, se debe tratar el meollo del asunto a la luz de las constancias obrantes en autos y de la prueba incorporada en sede administrativa y jurisdiccional.
En el presente caso, la fiscalización encarada a través de la Orden de Intervención N° 591.155 reconoce su origen en la registración de compras con proveedores que se encontraban incluidos en la base E-Apoc de la AFIP, a saber: BROC S.A., PAPADOPULOS GUILLERMO, HIERROS DE MITO S.A. y G.D.P. DE FERNANDEZ FERNANDO. También se observaron compras con otros proveedores que si bien no se habían incluido en dicha base, presentaban -a criterio de la inspección- ciertas irregularidades fiscales: PUMP S.A., MONPAZ S.R.L., CONCRETE PUMPS S.A. y VIRUMET DE JUAN CARLOS PELOSI.
Como consecuencia de la referida auditoría fiscal, la recurrente procedió a conformar los ajustes propuestos a partir de la presentación de declaraciones juradas rectificativas, en concepto de Impuesto al Valor Agregado –períodos fiscales 03/2007 a 12/2007 y 01/2008 a 12/2008-, incluyendo la impugnación de la totalidad de los créditos fiscales relacionados con los proveedores mencionados precedentemente ( vide fs. 1041/1047, Cuerpo IVA), a excepción de aquéllos vinculados con VIRUMET DE PELOSI JUAN. En ese marco, el personal fiscalizador observó que la firma tenia registrado en su Libro IVA Compras facturas con el proveedor mencionado en concepto de materiales de rezago, para su posterior producción de bienes de cambio y consecuente venta a clientes, entre los cuales se encontraban RICHI S.A. y JELUZ S.A. (vide fs. 167, Cuerpo IVA).
Respecto a la mecánica aplicada en la adquisición de rezagos de cobre y bronce –provistos por el Sr. Pelosi, entre otros- la actora informó que “Los proveedores se presentan en la oficina de compras y ofrecen los materiales donde deben proceder a entregar el material para su pesaje, control y posterior procesamiento por parte de las empresas que elaboran las cintas y otros productos que nos facturan (Vaspia, Cooperativa Unión y Sotyl S.A.)” (cfr. fs. 156/157, Cuerpo IVA). Además, agregó que posteriormente Vaspia S.A. y Sotyl S.A. entregaban los productos elaborados en los depósitos de Forestdelt S.A., donde se procedía al corte y/o fraccionamiento según los pedidos de sus clientes (vide fs. 675, Cuerpo IVA).
Seguidamente, cabe referirse a las irregularidades detectadas por el único proveedor objetado, en el marco de la inspección efectuada a través de la O.I. 591.155 y la investigación realizada sobre el Sr. Pelosi en la O.I. 912.328, a saber: a) se concurrió al domicilio declarado para notificar un requerimiento en el cual se solicitó documentación, el que no fue cumplido (vide fs. 340/343, Cuerpo Circularización de Proveedores Foresdelt S.A.). Atento al incumplimiento del requerimiento, los fiscalizadores citaron al Sr. Pelosi mediante nota de fecha 29/05/2013, para que se hiciera presente en el organismo; habiendo vencido el plazo, recién con fecha 12/08/2013 se hizo presente ante la División Fiscalización N° 3 Regional Microcentro y se dejó constancia por acta que: “El Sr.
Pelosi manifiesta […] que, habiendo tomado conocimientos que había sido citado anteriormente en el marco de la actuación que se realiza a la firma Forestdelt S.A., y no habiendo podido concurrir, se presenta a efectos de responder a los requerimientos que corresponda. Preguntado si realiza operaciones con Forestdelt S.A, el mismo manifiesta que sí, entre los años 2005 hasta 2009 aproximadamente. Pregunta sobre qué comercializaba, el mismo responde: le vendía rezago de cobre proveniente de transformadores en desuso o quemados adquiridos en cooperativas o en fábricas de transformadores, entregándolo a la firma Sotyl S.A. en Pilar por cuenta y orden de Forestdelt S.A., para lo cual utilizaba camiones alquilados a distintas personas.
Preguntado con qué medios de pago realizaba las operaciones [...] manifiesta que compraba con dinero en efectivo proveniente de los cheques cobrados de Forestdelt por caja en la entidad bancaria […] Preguntado si posee o poseían depósitos o galpones, manifiesta que no en la actualidad”. En ese mismo acto se le hizo saber al Sr. Pelosi que en el término de cinco (5) días debía presentar la documentación requerida, donde consten las operaciones realizadas con las firmas Forestdelt S.A. y Sotyl S.A., compra de rezagos, etc.; lo que no fue cumplido (vide fs. 702/703 y 704 Cuerpo Circularización de Proveedores Forestdelt S.A.); b) se visitaron los domicilios de las Sras. Gamarra de Pelosi Asunción (esposa) y Pelosi María Inés (hija) a los efectos de citarlas por medio de sendos formularios 1500, notificados de acuerdo a las prescripciones del artículo 100 -inc. b)- de la ley de rito.
Los actuantes señalaron -en ambos casos- que se trataba de un edificio con departamentos para vivienda, donde se procedió a llamar a cada unidad funcional sin recibir respuesta, ni tampoco se encontró a persona alguna en la entrada del edificio (vide fs. 351 y 365 Cuerpo Circularización de Proveedores Forestdelt S.A.). También se destacó que al vencimiento de las mencionadas citaciones ninguna de las personas se hizo presente en la dependencia; c) de la consulta de la base de datos surgió que no posee empleados en relación de dependencia, posee baja definitiva de oficio en los Impuestos a las Ganancias (08/07/2013), a la Ganancia Mínima Presunta (07/01/2013) y sobre los Bienes Personales (08/07/2013), por el Decreto N° 1299/98.
Asimismo, se verificó la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias -períodos fiscales 2007 y 2008-, las cuales arrojaron saldos a su favor por retenciones sufridas, y a partir del período fiscal 2010 no presentó ninguna otra (vide fs. 376/378, Cuerpo Circularización de Proveedores Forestdelt S.A.). En relación al Impuesto al Valor Agregado, se observaron elevados montos en concepto de créditos fiscales que resultan similares a los débitos declarados (vide a modo de ejemplo fs. 391/394 y 700, Cuerpo Circularización de Proveedores Forestdelt S.A. y fs. 8, Cuerpo Actuación N° 10749-223-2014). Además, se detectó que desde el mes de julio de 2013 tiene la CUIT inactiva por aplicación de la Resolución General N° 3358 AFIP- DGI (vide fs. 1164/1165 Cuerpo IVA); d) se ordenó la apertura de la orden de intervención N° 912.328 en cabeza del Sr.
Pelosi, a efectos de profundizar las tareas de investigación y se procedió a notificar dicho acto en el domicilio fiscal constituido, como así también un requerimiento para que exhiba la documentación respaldatoria de sus operaciones, lo que no fue cumplido (vide fs. 46, Cuerpo Actuación N° 10749-223-2014); e) de la consulta a los sistemas informáticos del organismo, se verificó que tiene dos juicios iniciados por Quiebra en 1998 en el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 6, Secretaría 11 de CABA (vide fs. 44/45, Cuerpo Actuación N° 10749-223-2014); f) tras el análisis de todo lo actuado, los fiscalizadores concluyeron que las características de la casa habitación no se condice con los movimientos bancarios registrados.
En virtud de las circunstancias enunciadas, el 19/02/2014 se lo incluyó en la base E-Apoc bajo la condición “CON IRREGULARIDADES EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN” (vide fs. 1163, Cuerpo IVA).
Por otro lado, los fiscalizadores pusieron de resalto que el Sr. Gustavo Vallejo -presidente de Forestdelt S.A.- aportó por acta una cédula de notificación firmada por el abogado Marcelo Javier Gatti, en su carácter de Agente Fiscal de la Agencia N° 47, que hace mención al Expte. 535201/13, caratulado “AFIP- DGI REQUERIMIENTO SOBRE JUAN CARLOS PELOSI, CON DOMICILIO EN LA CALLE BOGOTÁ 2261, 1406 CABA”, donde se le hace saber al Sr. Pelosi que se ha dado de baja el requerimiento por presentación del mismo en los términos del artículo 113 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y que se decreta la suspensión de toda acción iniciada por la AFIP-DGI (vide fs. 1064/1065, Cuerpo IVA). A raíz de ello, relatan que el Sr. Vallejo consideró que la situación del proveedor estaba resuelta en sede administrativa y que, por lo tanto, no existiría motivo de reclamo. A causa de este hecho, con fecha 07/08/2013, los actuantes concurrieron a la sede de la Sección Cobranzas Judiciales de la Agencia N° 47, perteneciente a la Dirección Regional Centro, y labraron un acta donde dejaron constancia que el agente Marcelo Javier Gatti, tras ser consultado sobre la copia de la cédula de notificación aludida, desconoció su contenido y forma, siendo enviada dicha copia a la citada agencia para ser elevado a la Justicia (vide fs. 1066, Cuerpo IVA).
En función de lo expuesto, se impugnaron los créditos fiscales provenientes del proveedor Sr. Juan Pelosi.
VI. Que entrando al análisis de la cuestión de fondo, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Se debe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12, Ley IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (ver en este sentido, Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 10/03/2015).
En esta dirección, nuestro Alto Tribunal in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI", dijo: “9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...’. Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el casode los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó”.
VII. Que bajo tales pautas, corresponde tratar el elenco probatorio de la actora.
Tanto en la instancia administrativa como ante este Tribunal se presentó prueba documental dividida en múltiples anexos, los cuales serán mencionados y analizados a continuación:
ANEXO I: copia de las facturas de los supuestos proveedores Apoc (BROC S.A., PAPADOPULOS GUILLERMO, HIERROS DE MITO S.A. y G.D.P. DE FERNANDEZ FERNANDO), con el detalle de los comprobantes emitidos por las elaboradoras en concepto de mano de obra; las fotocopias de los cheques que cancelan las compras con los proveedores; los certificados de retención del Impuesto a las Ganancias; y las constancias de recepción del material a transformar firmados por las elaboradoras.
Con relación a la citada prueba, cabe poner de relieve que la misma se refiere a proveedores que fueron observados y posteriormente reconocidos por la actora mediante la presentación de las declaraciones juradas rectificativas correspondientes al impuesto y períodos que nos ocupa, cuyos saldos a pagar se incorporaron en el plan de pagos N° G502778 “Mis Facilidades RG 3451- Deuda Impositiva y Recursos Seguridad Social” (vide fs. 992/1039 y 1041/1047, Cuerpo IVA). En razón de ello, este punto no se encuentra ligado con el fondo de la cuestión aquí ventilada.
ANEXO II: contiene los formularios de verificación de validez de comprobantes emitidos (CAI) del proveedor Pelosi Juan Carlos (períodos 2007 y 2008).
En este contexto, vale aclarar que no es vital la oportuna aprobación por parte de la AFIP o de otros organismos estatales para que dichos sujetos, proveedores, se encuentren habilitados o en condiciones de existir jurídicamente, operar comercialmente o emitir facturación, todo lo cual podrá hacer final y eventualmente reprochable y sancionable el incumplimiento de deberes de los funcionarios actuantes. En este estadio de la controversia, lo que fundamentalmente debe establecerse es la materialidad y veracidad de la operación desde el punto de vista económico dado que el hecho imponible en crisis, que pudo haber dado lugar al cómputo de créditos fiscales, es un hecho económico más allá de las relaciones jurídicas entre las partes.
ANEXO III Compuesto por las facturas, remitos, recibos y los formularios de verificación de validez antes citados del Sr. Pelosi, correspondiente a los períodos 2007 y 2008.
En cuanto a las facturas, remitos y recibos aportados, es dable recordar que la validez de los mismos queda supeditada a la concreción de las operaciones en el campo factico y la existencia de las partes intervinientes, por lo que su mera existencia “per se” no acredita la realidad de los comprobantes, máxime cuando existen irregularidades que ponen en duda su verosimilitud.
Por lo tanto, el hecho que se cumpla con la normativa formal vigente, no enerva la obligación de la responsable de demostrar fehacientemente que celebró las transacciones comerciales con el Sr. Pelosi. ANEXO IV: comprobantes de compras que habría realizado el Sr. Juan Carlos Pelosi, emitidos por “Tubos Trans Electric S.A.” y “Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez Ltda.”.
Más allá que se presentan en copias simples, ya que no fueron relevadas por la auditoría fiscal pese a ser requerido al Sr. Pelosi, lo cierto es que su presentación no demuestra que haya adquirido esa mercadería y mucho menos que sea la que posteriormente vendió a Forestdelt S.A.
ANEXO V Manual de procedimientos de SISTEC, empresa tercerizada contratada por SOTYL S.A. No arroja luz a la cuestión en examen, dado que el citado manual es una copia, de donde surgen los sistemas de control de entrada y salida de personas y vehículos que la empresa contratada desarrollaría en la planta de Sotyl S.A.
ANEXO VI y ANEXO XIX –agregado en el expediente principal-: Autorizaciones de ingresos a la planta de SOTYL S.A. de camiones con rezago de cobre y bronce (latón) y su respectivo pesaje, del material que habría entregado el Sr. Pelosi para Forestdelt S.A.; ANEXOS VII y XVII -agregado en el expediente principal-: Fotografías aportadas por SOTYL S.A. sobre dichos ingresos; y ANEXO XVIII –agregado en el expediente principal-: correlaciona las fotografías con las autorizaciones de entrada a la planta de Sotyl S.A. y las facturas del Sr. Pelosi.
Aquí, es oportuno señalar que la fiscalización observó que tanto de lo informado por Sotyl S.A. como del detalle acompañado, surge que el Sr. Pelosi habría entregado materiales en la citada elaboradora con fecha 02/07/2007 con el remito N° 361, lo cual se contrapone con lo informado por la elaboradora Betco S.A. y la propia actora, dado que de la copia acompañada sobre dicho remito se desprende que los rezagos habrían sido entregados en RED DIAMONDS S.A. -proveedor de Betco S.A.- encargada del proceso y de la entrega del material transformado; circunstancia que coincide con la ausencia del comprobante de ingreso a la planta de Sotyl S.A. de esa fecha (vide fs. 2 – Anexo VI, fs. 3 – Anexo VIII, fs. 2 y 43/44 –Anexo XIV, y fs. 706/708, Cuerpo Circularización a Proveedores).
Asimismo, los inspectores cotejaron los detalles aportados por la recurrente y Sotyl S.A. que contenían las fechas de ingreso de los camiones con los materiales supuestamente proveídos por el Sr. Pelosi, contra las fotografías adjuntadas en el Anexo VII, observándose que se acompañó una fotografía con fecha 12/12/2007 que no condice con lo informado por la empresa elaboradora, la cual no registro ninguna entrega durante ese mes (vide fs. 2 –Anexo VI, fs. 48 – Anexo VII y fs. 706/708 Cuerpo Circularización a Proveedores).
En otro orden, los actuantes detectaron que durante los meses 03/2008, 05/2008 a 08/2008 y 10/2008 se muestran entregas de mercadería mediante fotografías, en contradicción con lo informado por Sotyl S.A., que no expone movimiento alguno en tales meses (vide fs. 2, 4/8, 12, 16/18, 22, 25/26, 28, 30, 33, 39/42, 45/47, 49/50, 58/59, 62/65, 67 y 70/71 – Anexo VII y fs. 706/708, Cuerpo Circularización a Proveedores). Además, de dichas fotos surgen ingresos de camiones que poseen patentes no informadas por Sotyl S.A. en oportunidad de contestar la circularización efectuada por la inspección, siendo ellas UUP 306, VQI 475 y WVQ 899, que a la fecha de las actuaciones se encontraban a nombre de los Sres. Martínez Fabricio Gastón (CUIT 20-31827680-4), Ojeda Corme Vicente (CUIT 20-10327365-0) y Bellani Hernán Alejandro (CUIT 20-26886249-9), respectivamente (vide fs. 1244/1246 Cuerpo IVA, fs. 17, 41, 47, 59, 63 y 71 - Anexo VII, y fs. 705/708 Cuerpo Circularización a Proveedores).
En ese orden de cosas, debe recordarse que el Sr. Pelosi no posee camiones de carga a su nombre, y que al hacerse presente ante el ente fiscal, manifestó que para entregar los rezagos en las elaboradoras utilizaba camiones alquilados a distintas personas, pero en ninguna oportunidad aportó el pertinente respaldo documental que acredite la contratación del servicio de transporte de mercadería (vide 702/703, Cuerpo Circularización a Proveedores).
En lo que hace al cuadro que confecciona la actora en el Anexo XVIII, es preciso indicar que la supuesta correlación entre las fotos y la facturación es insuficiente para demostrar la realidad de las operaciones en trato, pues es indispensable acreditar la trazabilidad completa del material, que incluye la recepción del mismo por parte de Forestdelt S.A., lo que implica que las cantidades recibidas tengan relación y coherencia con los materiales ingresados y egresados de la elaboradora; cuestión que -como se verá infrapresenta inconsistencias que impiden afirmar la veracidad de los movimientos.
ANEXO VIII: explicación de los procesos productivos de las cintas de latón y de cobre llevados a cabo por Sotyl S.A. sobre el material comprado por Forestdelt S.A. al Sr. Pelosi; planillas relacionadas con la facturación, comprobantes y pagos efectuados por el Sr. Pelosi, correspondiente a los años 2007 y 2008; y un detalle con la facturación de Sotyl S.A. por la mano de obra de los citados años -cuyas copias fueron acompañadas en los ANEXOS IX, X y XI-.
En primer lugar, cabe señalar que el valor probatorio de las facturas y demás comprobantes depende - como ya se dijo- que se acredite que los hechos que documentan se hayan concretado efectivamente, no resultando suficiente para ello su mera presentación. Sin perjuicio de ello, es preciso hacer hincapié en que aquí no se encuentra en discusión el ingreso de la materia prima a la elaboradora, el desarrollo productivo llevado a cabo por Sotyl S.A., el costo cobrado por la mano de obra, como así tampoco la forma de pago de las mentadas compras, ni si se ha efectuado el ingreso de las pertinentes retenciones -ya que de lo contrario se hubiera impugnado el gasto en el Impuesto a las Ganancias-, sino que lo que se está discutiendo es que la actora haya efectivamente celebrado las operaciones comerciales que dice haber practicado con el proveedor impugnado.
En esta dirección, tampoco se observa que la recurrente haya acompañado informe alguno que permita conciliar e imputar las facturas y remitos supuestamente emitidos por Pelosi con las facturas de Sotyl S.A. por la mano de obra, de manera tal que se vea reflejado que la materia prima facturada fue la que en definitiva transformó la planta elaboradora -teniendo en cuenta el stock allí registrado previamente-. Por otro lado, el juez administrativo remarcó la existencia de inconsistencias, ya que Sotyl S.A. en el mes de 01/2007 le emitió a Forestdelt S.A. diversas facturas en concepto de mano de obra por la transformación de los materiales que le habría provisto el Sr. Pelosi, siendo las primeras entregas de materiales practicadas por el cuestionado proveedor en el mes de 02/2007, lo que fácticamente es imposible dado que Sotyl S.A. no pudo haber transformado el material que entró con posterioridad a su planta (vide fs. 3 y 9 – Anexo VIII).
Por ende, el aporte de la prueba en este aspecto se presenta como insuficiente para revertir el criterio fiscal.
ANEXOS XII, XIII, XIV y XV: aportó la misma documentación, pero referida a las elaboraciones realizadas por VASPIA S.A., METALES ANDREOLI S.A., BETCO S.A. y COOPERATIVA DE TRABAJO UNIÓN Y FUERZA LTDA.
Respecto de estos anexos, al ser idénticos a la prueba analizada ut supra, corresponde remitirse a los argumentos allí expuestos en mérito a la brevedad.
Asimismo, cabe agregar que -según los fiscalizadores- se registraron mermas significativas que no son compatibles con las de cualquier otro proceso productivo. A modo de ejemplo, subrayó que con la factura N° 22936 de fecha 04/07/2007 emitida por Vaspia S.A., en concepto de la elaboración de 479 kilos de barras de latón, se recibieron 2.032 kilos de rezagos por parte del Sr. Pelosi y 13.297 kilos de lingotes de latón provistos por Broc S.A. -reconocido como apócrifo por la aquí apelante-, obteniéndose así un producto final considerablemente menor a las cantidades de materiales recibidos.
Por otra parte, se explicó que si bien Vaspia S.A. detalla los materiales que habría entregado en su planta el Sr. Pelosi desde enero 2007, el “Anexo XII” aquí acompañado expone que dichas entregas se hicieron a partir del mes 06/2007, omitiéndose informar las producidas en fechas 25/07/2007, 08/08/2007 y 26/11/2007, indicadas por la propia elaboradora al contestar una nota cursada por Forestdelt SA. Asimismo, se indicó que se consignaron entregas que no fueron contabilizadas por Vaspia S.A., en los días 17/06/2008, 12/08/2008 y 03/09/2008 (vide fs. 2 y 63/66 – Anexo XII).
También se dijo que: “... esta Instancia tras el análisis de las planillas resumen con el detalle de las supuestas facturas emitidas por Pelosi y las emitidas por cada una de las elaboradoras, observó una manifiesta inconsistencia entre las fechas de ingreso de los materiales que dice haberle adquirido al Sr. Pelosi y las fechas de las facturas emitidas por las elaboradoras, con motivo del cobro de la mano de obra, dado que carece de sentido que las empresas hayan transformado los materiales que aún a la fecha de las respectivas facturas emitidas por las firmas no habían ingresado a cada una de ellas” (cfr. fs. 56 de los presentes autos).
En esta línea, mencionó que según la planilla y la documentación adjuntada -referida a “Metales Andreoli S.A.”- la materia prima que vendió el Sr. Pelosi entró a la elaboradora el 25/07/2008, y ésta la procesó y la entregó con una fecha anterior a la citada, dado que figura que ello aconteció el 22/07/2008, lo que por supuesto no es posible (vide fs. 2 – Anexo XIII). Idéntica situación sucedió en el caso de Betco S.A., donde los materiales fueron entregados el día 24/04/2007, y la elaboradora lo procesó y entregó el día 09/04/2007 (vide fs. 2 – Anexo XIV).
A su vez, en esta tónica, se enfatizó que de las planillas entregadas surge que Pelosi le habría entregado 3.399 kilos de rezagos a la elaboradora, quien tras manufacturarlo habría producido 4.315 kilos de barras de latón, siendo imposible este hecho ya que no puede entregarle más kilos que los recibidos (vide fs. 2 – Anexo XIII). Situación similar se dio con la elaboradora “Cooperativa de Trabajo Unión y Fuerza Ltda.”, ya que de la información suministrada se desprende que en el año 2007 el Sr. Pelosi entregó 1.782 kilos de recortes de latón, mientras que la Cooperativa entregó 2.303,50 kilos de caños de latón (vide fs. 2 – Anexo XI).
Por último, siguiendo con las inconsistencias, la auditoría fiscal afirmó que: “... se observó que al pie de las facturas y de los remitos de Betco S.A. surge el detalle de la cantidad y el tipo de rezago que ésta le manufacturó a Forestdelt S.A., el cual si fueran ciertos los dichos de la encartada, deberían coincidir con el detalle de los materiales que le habría facturado Pelosi a la responsable, desprendiéndose que ello de ningún modo es así (vide fs. 46/66 – Anexo XIV)” (cfr. fs. 57 de los presentes autos).
ANEXO XVI: contiene las constancias de presentación de las declaraciones juradas del Sr. Pelosi, correspondiente al Impuesto a las Ganancias –períodos fiscales 2006 a 2008- y al Impuesto sobre los Bienes Personales –período fiscal 2008-.
En este aspecto, el juez administrativo puntualizó que: “... se procedió a abrir tanto las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias – períodos fiscales 2007 y 2008, como la de Bienes Personales – período fiscal 2008 [...] observando que el Sr. Pelosi declara, entre otros bienes, el inmueble donde tiene radicado su domicilio fiscal, y en donde el personal de esta Administración, le notificara los diversos requerimientos en el que nadie atendió (vide fojas 1247/1248, 1250, 1252/1254 – Cpo. IVA). Que además se observó que en la declaración jurada correspondiente al Impuesto a las Ganancias – período fiscal 2007, [...] un automóvil sedan, el cual es cambiado por otro de mayor valor en el 2008, que también es declarado en el Impuesto Sobre los Bienes Personales de ese período (vide fojas 1247, 1249/1251, 1253, 1255 – Cpo. IVA). Que asimismo en las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias – períodos fiscales 2007 y 2008, surge que el Sr. Pelosi declara participaciones en empresas, omitiendo consignar el total de los ingresos y de los gastos que permiten arribar al resultado neto por su participación. Tampoco exterioriza bienes de uso afectados a su actividad (vide fojas 1247, 1250, 1256/1263 – Cpo. IVA). Que de todo lo expuesto precedentemente, se desprende que el volumen de las acreditaciones bancarias no se corresponde con el patrimonio exteriorizado; como así también que a la fecha de la inspección no contará con ningún automotor apto para transportar los materiales a las elaboradoras, teniendo en cuenta la magnitud de las operaciones que éste concretaba con Forestdelt S.A., según lo manifestado por la quejosa” (cfr. fs. 58/59 de los presentes autos).
ANEXOS XX a XXIV -todos agregados en el expediente principal-: Cuentas de gestión (movimiento de materia prima a elaborar) de Vaspia S.A., Cooperativa de Trabajo, Unión y Fuerza Ltda., Metales Andreoli S.A., Betco S.A. y Sotyl S.A.
Sobre el particular, la apelante explicó que se trabajaba con cuentas corrientes o de gestión, por las cuales las elaboradoras contaban con stock de materia prima de Forestdelt S.A., que era utilizada junto con otros materiales para llegar al cumplimiento del pedido en concreto.
Ahora bien, a estas alturas, es conveniente reiterar que la referida registración vinculada con los materiales que ingresan o egresan de cada una de las empresas elaboradoras de manera alguna prueban o permiten concluir que cada movimiento pertenece efectivamente al Sr. Pelosi, independientemente de la leyenda con la que fueron consignados, pues se debe tener presente que “Todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas” (cfr. art. 33, Ley N° 11.683).
VIII-. Que en lo que respecta a la prueba informativa dirigida a Betco S.A. -fs. 2561/2608-, Sotyl S.A. -fs. 2612/2676-, Vaspia S.A. -fs. 2677/2722- y Metales Andreoli S.A. -fs. 2781/2797-, es menester mencionar que las constancias agregadas en autos dan cuenta de la recepción de la mercadería por parte de cada una de las elaboradoras y la cuenta corriente que tenían las mismas con Forestdelt S.A. referida a los materiales acopiados, cuestiones que no se encuentran aquí discutidas. Asimismo, se observa que se acompañaron remitos emitidos por el Sr. Pelosi que -como ya se dijo- no demuestran de manera unívoca que los materiales fueron entregados por él, en atención a las distintas irregularidades apuntadas en el Considerando precedente. Además, tampoco debe escapar a este análisis que mediante la respuesta de los oficios diligenciados se acompañó documentación similar a la aportada por el responsable en los distintos anexos enunciados más arriba, por lo que corresponde remitirse en mérito a la brevedad a las consideraciones allí desarrolladas.
IX. Que, en suma, la impugnación del proveedor ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves, precisos y concordantes, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos sobre la validez de las facturas, y que los bienes a los que ellas se refieren hayan sido adquiridos a tal proveedor, en tanto se acredita entre otros, que se trata de un sujeto sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesaria para efectuar las ventas que registra con la actora.
En el particular resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las compras impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (v. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007).
En efecto, la prueba aportada se limitó a documentación sobre los movimientos de los materiales, sin un informe que permita rebatir las distintas observaciones formuladas por la autoridad fiscal (vgr. las distintas fechas registradas entre los remitos y los ingresos en las plantas elaboradoras) y vincular las facturas impugnadas con las emitidas por Sotyl S.A. Vaspia S.A. y Metales Andreoli S.A., mediante una conciliación que acredite que la materia prima transformada haya sido entregada por el Sr. Pelosi en el carácter de proveedor real de las mismas, considerando para ello el stock que ya poseía la recurrente en cada una de elaboradoras -registradas en las cuentas corriente o de gestión-.
Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario, lo que no ha ocurrido en la presente causa.
En función a lo dicho, los distintos planteos formulados por la actora contra las irregularidades detectadas resultan meras afirmaciones dogmáticas carentes de virtualidad para rebatir el argumento fiscal. Cabe añadir, que se consideró irrelevante que el proveedor no figurase en la base APOC y que contaran con autorización para emitir comprobantes (Excma. Cámara, Sala III, Causa Nº 27618/2013, “Giménez Rosa Martina (TF 29583-I) c/ DGI” del 19-11-13; y Sala II, Causa Nº 17663/13, “Agroservicios Sur SA (TF 33325-I) c/ DGI” del 10-13), pues lo concreto y decisivo es que al demostrarse los extremos que tornan inverosímiles las operaciones, la inclusión o no del proveedor en la citada base, no comporta un factor que permita soslayar los datos obtenidos y menos aún prescindir de la realidad que implica la imposibilidad de la concreta realización de las mismas.
En conclusión, dado que la apelante no reúne los requisitos necesarios a fin de validar el cómputo de los créditos fiscales correspondientes, y que además, no ha logrado sustentar la existencia de las operaciones con medios probatorios idóneos, contando con dicha oportunidad, se resuelve confirmar la Resolución N° 127/2014 (DV MRRI), con costas.
X. Que el criterio expuesto no se ve alterado por la sentencia recaída en la causa N° CP 1789/2014/TO1 “Vallejo Gustavo César s/ Infracción Ley 24.769”, dictada en fecha 29/11/2019 por el Tribunal Oral Penal Económico N° 1, toda vez que allí se dijo “Que cabe aclarar a esta altura que todo lo expresado hasta aquí, aunque huelgue destacarlo, resulta exclusivamente aplicable para el análisis de la imputación de evasión tributaria agravada a VALLEJO (como responsable de FORESDELT S.A.) en el presente proceso penal y no pretende tener incidencia, lógicamente, en lo que quepa discutir y resolver en el proceso administrativo orientado a la determinación de la duda tributaria de la contribuyente de que se trata en lo que atañe a los créditos fiscales admisibles para establecer el monto del Impuesto al Valor Agregado de FORESDELT S.A. en los ejercicios 2007 y 2008, cuestión ajena a la competencia y jurisdicción del tribunal” (cfr. Considerando 72 de la sentencia penal glosada a fs. 2849/2873).
Por ello, SE
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. - Date: 2025.11.18 10:55:29 ART Date: 2025.11.18 13:13:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.18 14:03:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.18 14:04:08 -03:00
Fin de la sentencia