Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada N° 134/2023 en cuanto determina impuesto al valor agregado, con más accesorios y multa, con costas a la recurrente.
2Confirmar las resoluciones apeladas N° 135/2023 y 136/2023 en cuanto determinan impuesto, con más accesorios -Resolución Nº 136/2023-, relativo al proveedor Gustavo Ernesto Sanz, con costas a la recurrente.
3Revocar las resoluciones N° 135/2023 y 136/2023 correspondientes al Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas- por los restantes proveedores. Con costas al Fisco Nacional.
4Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente.
I. Que mediante RE-2024-15524780-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 134/2023, 135/2023 y 136/2023 todas de fecha 22/12/2023, dictadas por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP-DGI. El apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas a:
1. Impuesto al valor agregado mediante el cual se determinó de oficio las obligaciones de los períodos fiscales 01/2017 a 12/2018, con más intereses resarcitorios y aplicación de multa equivalente al 200% del gravamen presuntamente defraudado por los períodos fiscales 02/2017 y 03/2017 en los términos del art 46 de la Ley 11.683;
2. Impuesto a las Salidas No Documentadas por el cual se determinó de oficio las obligaciones tributarias por las erogaciones efectuadas en los meses de 01/2017 a 12/2020, con más intereses resarcitorios, suspendiendo la aplicación de sanciones en los términos del art 20 del régimen penal tributario.
3. Impuesto a las ganancias determinado por los períodos fiscales 2017 y 2018, estableciendo una diferencia que disminuye el saldo a favor de ambos períodos;
En primer lugar, señala que las determinaciones de oficio apeladas han sido dictadas a partir de conclusiones ajenas a las operaciones declaradas por Cattorini respecto a las compras de vidrio a los proveedores SANZ, DÍAZ, MUÑIZ, MARCH DE ARGENTINA S.A. y CARRIZO, toda vez que se apoya en una investigación administrativa que en ningún pasaje se relacionan con el contribuyente de autos.
Por otro lado, afirma que el juez administrativo se aferró a un expediente administrativo llevado contra esos proveedores, sin indagar los hechos concretos sobre las ventas de vidrios mezcla conforme la documentación que la empresa aportó en la fiscalización.
Destaca que las compras de vidrios son bienes concretos ingresados a las plantas de la empresa y utilizados para la elaboración de botellas de vidrio, por lo que -dice- fueron destinados a la obtención de ganancias gravadas. Alega que el juez administrativo no ha valorado y/o analizado la totalidad de la pueba documental aportada, las facturas, recibos, órdenes de pago, retenciones, comprobantes de ingresos del vidrio a las plantas, ingresos de vehículos, que ampararon a todos los traslados de mercadería adquirida a los proveedores objetados. Exponiendo que las resoluciones constituyen técnicas de argumentación arbitrarias, descontextualizadas, ajenas al caso y con el único propósito de mantener un cuantioso ajuste impositivo.
Entiende que la investigación se apoya en presuntas irregularidades en la situación fiscal de los proveedores impugnados, lo que de ningún modo determina ausencia de capacidad para vender y generar débitos. Señalando que, los indicios son débiles e improcedentes y están referidos a la falta de capacidad operativa porque no posee personal o bienes de uso, y dice que esas cuestiones le son ajenas.
Alega que no existe fundamento en los expedientes administrativos que sustente la presunta “inexistencia de las operaciones de compra” de materia prima esencial realizadas por Cattorini, ni tampoco fundamenta qué grado de participación pudo haber tenido la empresa al contratar puntuales y concretas entregas de bienes, pagarlas y recibir los comprobantes respectivos para su ulterior cómputo.
Expresa que la actividad manufacturera que realiza, requiere de la compra de ese insumo esencial pues cuanta mayor cantidad de vidrios rotos y molidos se incorporen a la producción, menor será el uso de los componentes químicos que levaron vidrio (sic). Agrega que la adquisición de esa mercadería se realiza a través de proveedores que aparecen en esta actividad y obtienen de innumerables fuentes el vidrio.
Sostiene que las operaciones con los proveedores son significativas y habituales por lo que deben cumplir con la legislación vigente, constituyendo un eslabón en la cadena de producción, estando éstos inscriptos ante las autoridades fiscales con autorización para facturar y cumpliendo sus propias obligaciones impositivas. Señala que Cattorini siempre canceló las operaciones mediante cheques en pesos, cruzados, a la orden de los proveedores cumpliendo con los mecanismos cancelatorios contemplados en las normas antievasión y practicó las retenciones impositivas, presentó las declaraciones juradas correspondientes e ingresó los pagos a las cuentas del organismo recaudador.
La recurrente refuta los indicios empleados por el Fisco Nacional para la impugnación de los créditos fiscales (vide págs. 26 a 38 del escrito de apelación RE-2024-15524780-APN-SGAI#TFN) y alega que el juez administrativo ha impugnado a determinados proveedores por encontrarse investigados en causa ajena a la relación concreta con Cattorini o por no poder cobrarles las deudas tributarias que tienen ellos con el ente fiscal. Adiciona que no puede perjudicar su buena fe, habiendo hecho un control razonable de las operaciones realizadas, castigándolo.
El apelante destaca que el funcionario olvida que la responsabilidad de determinar la capacidad operativa de cada contribuyente inscripto y habilitado para operar no es otro contribuyente, sino el propio organismo fiscal. Asimismo plantea la improcedencia de los ajustes fiscales en el Impuesto a las Ganancias señalando que la ley autoriza la deducción de ciertos gastos en la medida que los mismos estén destinados a obtener, mantener y conservar ganancias.
Manifiesta que cualquier consecuencia derivada del eventual incumplimiento del sujeto pasivo generador del débito fiscal en el IVA y de la renta en Ganancias, atañe exclusivamente a este y dice que el organismo recaudador no puede sino a este mismo sujeto exigirle que cumpla o pague la presunta deuda por sus propias obligaciones tributarias.
Efectúa una cita de la causa “CARGILL S/INF. LEY 24.769” y la doctrina que se desprende de su fallo en lo que hace a la existencia de las compras y la falta de responsabilidad de los adquirentes.
Con respecto a Salidas no Documentadas, considera que no se han verificado los presupuestos contenidos en la ley 20.628 para la aplicación de esa figura en tanto se han documentado conforme a derecho las compras y se han pagado las mismas a personas físicas y jurídicas debidamente individualizadas, no solo a nivel de facturación sino también con la debida identificación mediante retenciones impositivas. Subsidiariamente, plantea, de resultar impugnados los créditos fiscales, los bienes comprados fueron incorporados en la actividad productiva de CATTORINI por lo que no es aplicable, conforme lo dispone el artículo 41 de la ley 20.628 y el artículo 55 del reglamento de esa ley, la tasa del treinta y cinco por ciento sobre el gasto y la prohibición de su deducibilidad. Cita doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que considera aplicable al caso.
En otro orden, la recurrente plantea la improcedencia de la multa aplicada por presunta defraudación fiscal de Impuesto al Valor Agregado y dice que todas las operaciones fueron debidamente informadas por lo que no existió alteración u ocultación de las mismas para con el organismo recaudador. A su vez, entiende que resulta improcedente la aplicación de multa alguna al no constituir ilícito alguno la conducta desplegada por la empresa y/o sus responsables, en tanto se recibieron los bienes, pagándose por ellos el precio pactado y los correspondientes impuestos.
Formula reserva del caso federal, acompaña documental y ofrece prueba pericial contable.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoquen las determinaciones de oficio, con costas.
II. Que en IF-2024-44892699-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace los planteos de la recurrente, que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
El Fisco Nacional niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho que esgrime la actora que no sean objeto de aceptación expresa o surjan de los antecedentes administrativos.
Señala que la actora fue verificada a fin de establecer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales correspondientes al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2017 y 2018 e Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2017 a 12/2017. Asimismo, se constató que la recurrente ha realizado erogaciones de fondos falsamente documentadas o no documentadas.
Sostiene que las pruebas recolectadas constituyen probanzas contundentes de las irregularidades e inconsistencias detectadas respecto de los "proveedores" observados, que permiten corroborar la existencia de entidades funcionales a la emisión de facturas apócrifas, lo que convierte a la recurrente, por su carácter de compradora, en la responsable de acreditar la veracidad de las operaciones que alega.
En adición a ello, indica que no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que deberá probarse que la operación existió. Al respecto, aclara que, si bien en el caso sub exámine fueron aportados legajos de los proveedores observados conteniendo algunas facturas, órdenes de pago, remitos, listado de retenciones, entre otros, los mismos no resultaron suficientes para acreditar la validez de las operaciones impugnadas. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Enfatiza que las actas labradas por funcionarios gozan de la fe que caracteriza a un instrumento público, los que conforman una prueba de importante valor, que no fue rebatida por la recurrente al poner sus objeciones, sin sustento, a las referidas constataciones.
Agrega que, la compra de vidrios que se pretende hacer valer, pudo ser necesaria para el desarrollo de la actividad de Cattorini Hnos. SAICFEI, pero no demuestra en modo alguno que esas compras particulares existieron y hayan sido efectuadas a los proveedores impugnados.
En ese entendimiento, señala que la recurrente no puede invocar que por cuestionarse a cinco de los más de sus novecientos proveedores de vidrio, se vea desprovista de dicho insumo para hacer frente al desarrollo de su actividad.
Asimismo, señala que como se calculó el tributo en concepto de Salidas No Documentadas pues los fondos que habrían sido orientados a la cancelación de las presuntas operaciones no habrían tenido, en la realidad de los hechos, el destino indicado, y al no haber demostrado la responsable, durante la etapa fiscalizadora que, la dirección asignada a esas erogaciones observadas fue la de obtener, mantener o conservar ganancias gravadas, en tanto las mismas carecerían de respaldo documental que las avale, constituyendo Salidas No Documentadas, encuadradas bajo las previsiones del art. 37 de la ley de Impuesto a las Ganancias.
Respecto a la procedencia de los ajustes, la representación fiscal nuevamente manifiesta, que se detectaron numerosas inconsistencias que llevaron a la convicción de que ciertos proveedores no pudieron desarrollar las actividades por las cuales emitieron las facturas, por no poseer capacidad económica suficiente ya que no poseen personal en relación de dependencia, bienes registrables, cuentas bancarias y si las poseen no tienen depósitos efectuados, los domicilios fiscales son inexistentes o no se condicen con el de personas que desarrollen actividades comerciales como las facturadas y en virtud de ello se efectuaron los ajustes impugnados. Es por ello que señala, que para probar la existencia de una operación, no basta con que la factura que la pretende respaldar cumpla con los requisitos formales, o que se encuentre autorizada su impresión por parte del Organismo, sino que también deben concordarse elementos que den fe o sustento a la realidad fáctica de las operaciones.
Respecto del agravio de la actora respecto a la improcedencia de los ajustes fiscales en el impuesto a las ganancias por tratarse de gastos genuinos tendientes a mantener y conservar la fuente de ganancias, la representación fiscal argumenta que del propio plexo legal surge la exigencia que las partidas se documenten y que en su defecto la necesidad del gasto debe ser probada por la contribuyente, pudiendo recurrir a cualquier medio de prueba que demuestre la concreción de la erogación, la existencia de un bien o prestación de servicio y los sujetos intervinientes en la misma. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Destaca que, en el presente caso los comprobantes de los que la responsable sustenta su pretensión resultan falsos por no reflejar la real ocurrencia de las operaciones alegadas por aquella, no pudiendo probar la encartada que las erogaciones fueron efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, destinadas a la adquisición de insumos –vidrios- como pretende.
Respecto a los agravios referidos a la figura de las Salidas No Documentadas, la representación fiscal sostiene que no se permite su deducción como gasto y el pagador está obligado a ingresar la tasa máxima sobre el importe erogado a título propio, como responsable sustituto del verdadero beneficiario, respecto del cual se presume que, al no haber emitido comprobante o bien el mismo es falso, no abonó el impuesto que le corresponde. Añade que resulta de plena aplicación la figura, puesto que no existen indicios que permitan inferir la existencia real de alguna transacción.
En cuanto a la procedencia de la sanción aplicada, el Organismo fiscal manifiesta que la conducta de la actora encuadra en la infracción que establece el art 46 de la Ley de Procedimiento Fiscal, afirma que los elementos objetivo y subjetivo se verifican plenamente en el accionar de la encartada a la luz de lo preceptuado en los artículos 46 y 47 incisos a), b) y c) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), correspondiendo por ende, rechazar el planteo de la recurrente.
En cuanto a los intereses resarcitorios, considera que el elemento está configurado por el mero acaecimiento del plazo (mora automática), lo cual tiene sustento en que la obligación de abonar los intereses devenga sin necesidad de interpelación alguna.
Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Acompaña los antecedentes administrativos.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se dicte sentencia confirmándose las resoluciones recurridas. Con costas.
III. Que en PV-2024-79091774-APN-VOCV#TFN se abre la causa a prueba haciéndose lugar a la prueba pericial contable. En IF-2024-130509824-APN-DTD#JGM se produce la prueba pericial contable y mediante PV- 2024-138581224-APN-VOCV#TFN se clausura el período probatorio.
A través de PV-2023-118008938-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y se ponen para alegar, los cuales lucen en IF-2025-15441754-APN-DTD%JGM e IF-2025-19499573-APN- DTD%JGM, pasando luego los autos a sentencia.
IV. Que expuesto lo que antecede, cabe analizar el informe final de inspección obrante a fs. 65/80 del IF-2024- 48063135-APN-DTD#JGM acompañado entre los antecedentes administrativos, resaltando que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada, a raíz de la detección de operaciones con contribuyentes incluidas en la base E-Apoc.
Según se desprende de las actuaciones administrativas, la recurrente es una sociedad anónima, cuya actividad principal declarada es la fabricación de envases de vidrio y cierra sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
Del cruce de información de operaciones realizadas por el contribuyente con la base de datos eApoc por los periodos 01/2017 a 12/2018, surgieron los siguientes proveedores: Gustavo Ernesto SANZ, Lidia Susana DÍAZ, Lila Elisabeth MUÑIZ, March de Argentina S.A. y Romina Lourdes CARRIZO.
En primer lugar, en relación con el proveedor, Gustavo Ernesto SANZ, el informe indica que fue cargado en la Base EApoc del Organismo por la Dirección Regional Sur, bajo la condición “Usinas de Única Actividad Venta de Facturas” de fecha 01/01/2015 (cargado el 08/11/17). Total facturado a Cattorini Hnos. S.A.: $608.146. Concepto facturado: Por mano de obra, materiales y equipos para la reparación de dos camisas de agua de refrigeración para lentes de cámara de televisión hornos Períodos facturados: 03/2017 a 11/2017. Entre los datos más relevantes, se desprende que de las circularizaciones analizadas, se observa que la mayoría de los cheques fueron endosados y cobrados por otras personas. No surgen, prácticamente, ingresos de impuestos a favor de la AFIP, por los períodos no prescriptos. Se concurrió al domicilio fiscal declarado por el contribuyente observando que se trata de una casa precaria, donde efectuado el llamado por el actuante, fue atendido, sin traspasar la puerta de entrada, por quien dijo ser la exesposa, que algunas veces el contribuyente pernocta en el lugar, esporádicamente, para visitar a sus hijos, quienes conviven con la señora, en una pobreza extrema. Con respecto al Sr. Sanz, indicó que es albañil, y efectúa otras tareas de carácter precario, manifestando que no podía suministrar su actual domicilio por no estar autorizada.
El contribuyente registra presentaciones de las DDJJ por sus impuestos activos, su relación débito/crédito es aproximadamente igual a 1, no declara empleados en relación de dependencia. No posee bienes registrables a su nombre, no registra acreditaciones bancarias, los pagos realizados al organismo, por impuestos, no concuerdan con el volumen de ventas. En el periodo comprendido entre 11/2016 y 10/2018 ha facturado electrónicamente un importe de $ 29.786.513,50 y en el mismo periodo recibió facturas por un importe total de $ 823.172,30 (vide informe final y cpo. Proveedor Sanz Gustavo obrante en IF-2024-48062995-APN-DTD%JGM).
A continuación, en relación con Díaz Lidia, Concepto facturado: vidrio mezcla. Período facturado: 01/2017 a 12/2018. Total facturado a Cattorini Hnos. S.A.: $ 4.680.777 Fecha carga Base Eapoc fecha detección 13/11/2015 (Sin capacidad económica). De los aspectos más salientes se observa que el agente fiscalizador se apersona en el domicilio el día 17 de abril de 2019 y del acta surge que la contribuyente manifiesta: …”que no realiza al día de hoy trabajo alguno”… ”que era empleada de limpieza en Dorrego”…”que nunca tuvo una empresa”….
”siempre fue empleada”… ”respecto de quién manejaba la clave fiscal, manifiesta…”. La contribuyente identifica al Sr. Marcelo como la persona que usa su clave fiscal, resultando ser el Sr. Marcelo Claveros (CTUIT 20-31618949-1) cotitular de las cuentas bancarias.
Según el detalle aportado la cancelación de las operaciones fue efectuada mediante transferencias bancarias realizadas a través del Banco Credicoop. Se circularizó al Banco Supervielle (donde fueron remitidas las transferencias), informando mediante PD 202200923631 del 29-07-22 que “…la Sra. DIAZ LIDIA, CUIT 27- 12264824-6, y el Sr. CLAVEROS MARCELO, CUIL 020- 31618949-1, son titulares de la CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 03062934- 001, actualmente en estado cancelada, registrando el último movimiento el día 13/05/19. La CLAVE BANCARIA UNIFORME de la misma es 02700793 10030629340019 y su fecha de apertura fue el 27/10/15 (hoja 89 del cpo. Proveedor).
Asimismo aportó copia de los resúmenes mensuales de esta cuenta corriente desde la apertura hasta la fecha del último movimiento. En los mismos se visualizan las transferencias recibidas del contribuyente del asunto durante los periodos 2017, 2018 y de enero a abril 2019. Se observa que durante los primeros meses del año 2019, hay varios cheques rechazados (hojas 89 a 248 del cpo. Proveedor).
En el caso de Muñiz Lila Elizabeth, surge del informe final que la fiscalización al contribuyente fue realizada: “... como resultado de los procedimientos efectuados en el marco de causa FMZ 29171 "Santander Rubén Daniel S/Asoc. Ilícita." Concepto facturado: vidrio mezcla. Período facturado: 01/2017 a 07/2018. Monto total facturado a Cattorini Hnos. S.A.: $19.944.778. Fecha carga Base Eapoc 01/12/2015, concepto “Sin capacidad Económica”. Entre los aspectos más salientes, surgen los siguientes: Por una parte la verificada no posee ni local comercial, ni tampoco galpones, depósitos u otros inmuebles propios y/o alquilados, que le permitan llevar a cabo su actividad de venta de materiales de desechos, chatarra y vidrio. Tampoco posee una oficina administrativa, ni personal en relación dependencia imprescindible para realizar las actividades que dice desarrollar. Si bien cumple formalmente con sus obligaciones fiscales, no ingresa los saldos que resultan a favor del fisco. Alega la verificada haber adquirido a cirujas que operan en basurales y cuyo pagos dice haber hecho en efectivo.
Se destaca que en el período comprendido entre el 01.01.2017 al 31.12.2017 emitió Facturas Electrónicas por $19.922.392. A su vez, se consignan en los registros compras, mercaderías adquiridas en el mes de junio de 2017 a la firma March de Argentina SA cuit 30709597988, contribuyente incorporado a la base apoc conforme fiscalización realizada bajo O.I. N' 1.692.172.
La cancelación de las operaciones fue efectuada mediante transferencias bancarias realizadas a través del Banco Credicoop, a la cuenta del proveedor observado en el Banco ICBC. Se circularizó al banco ICBC, aportando mediante Presentación digital de fecha 4/4/2022, extractos de movimiento de la cuenta corriente en pesos N° 05160210711539 por los periodos comprendidos entre 01/01/2017 y el 31/08/2018 (hojas 116 a 297 cpo. proveedor)
Asimismo informó que la cuenta fue cancelada con fecha 18/01/2019, y no registraba autorizados para operar con ella (hoja 116). De la lectura de los resúmenes se visualizan las transferencias bancarias hasta el mes 11/2017, a partir del cual constan multas y rechazos de cheques.
March de Argentina S.A. al igual que el anterior, la fiscalización fue iniciada “... como resultado de los procedimientos efectuados en el marco de causa FMZ 29171 "Santander Ruben Daniel S/Asoc. Ilícita.". Concepto facturado: vidrios mezcla. Periodo facturado: 01/2017 a 02/2018. Total facturado a Cattorini Hnos. S.A.: $ 5.901.912. Fecha carga Base Eapoc: 01/12/2015 “Sin Capacidad Económica.”
a) Por una parte la empresa a partir del mes de Agosto-Septiembre de 2017, posee un local comercial de venta al público (consumidores finales) de productos de limpieza, químicos y cosméticos. De esta actividad se detectan bienes afectados (inmueble alquilado) y compras y ventas asentadas en los registros. Desde el punto de vista formal y material esta actividad es ejercida dentro de las normas legales y reglamentarias vigentes. Cabe consignar que las ventas a consumidores finales en el período 2016/2017 no alcanzan al 10% de las ventas totales declaradas por la verificada. b) Con anterioridad a la fecha indicada en el párrafo precedente, la sociedad no ha podido demostrar la existencia de un lugar físico donde desarrollaba su actividad, como tampoco bien alguno (propio o alquilado) afectado a una explotación tan importante como la comercialización de chatarra, metales, vidrios, desperdicios, etc.- Tampoco una estructura comercial y/o empresarial que permita el desarrollo de la misma, sumado esto a la cantidad de contribuyentes apoc con los que respalda la compra de mercaderías, que luego dice vender a importantes firmas industriales de las provincias de Tucumán y Córdoba y finalmente el hecho de haber sido ya considerada apoc en fiscalizaciones a terceros contribuyentes que declararon haber operado con la verificada.
Con relación al apartado b) anterior las tareas de verificación llevadas a cabo permiten concluir que se trataría de una actividad apócrifa, limitada a la facturación de mercadería a grandes clientes industriales, cuyo origen no es posible probar y menos aún su existencia, al no poderse verificar los mínimos elementos relativos a su adquisición, almacenamiento, traslado, etc.
La firma aportó detalle de las transferencias bancarias realizadas a través del Banco Credicoop para cancelar las operaciones, aportando asimismo el CBU de la cuenta a la cual fueron efectuadas (Banco ICBC).
Se circularizó al banco ICBC, que informó que MARCH DE ARGENTINA S.A. registra las siguientes cuentas (hojas 80, 81 y 90 cpo. Proveedor):
CUENTA CORRIENTE PESOS 05160210564534 PICCIONE, MARIANA SABRINA con DNI 28701501, la cuenta fue cancelada en Octubre de 2018.
CUENTA CORRIENTE PESOS 05160210731972 PICCIONE, MARIANA SABRINA con DNI 28701501, la cuenta está activa y no tuvo movimientos en el período solicitado (01/01/2017 al 31/03/2018)
Asimismo adjuntó copia digitalizada de extracto de movimientos de la CuentaCorrientes Pesos N° 05160210564534 en el período entre 01/01/2017 al 31/03/2018. La cuenta 05160210731972 no tuvo movimientos en el periodo solicitado (hojas 91 a 196 cpo. Proveedor).
En los extractos bancarios se visualizan las transferencias recibidas del contribuyente del asunto durante los periodos 2017 y 2018. Se observa que durante los primeros meses del año 2018 hay varios cheques rechazados. Carrizo Romina Lourdes. Período fiscal facturado: 03/2018 a 04/2019. No surge la actividad de la proveedora. Concepto facturado: vidrio mezcla. Monto total facturado a Cattorini Hnos. S.A.: $3.824.954. Fecha carga Base Eapoc 01/01/2015 “Usina sin capacidad Operativa, económica y/ o financiera.
Entre las conclusiones de la División Fiscalización 2 (Dir. Reg. Mendoza) se desprenden entre otras (vide hojas 93 y 94 cuerpo proveedora Carrizo): La fiscalizada es una chica de 24 años que está estudiando en la facultad. Su domicilio fiscal es una casa de familia humilde. No ha pagado impuesto alguno desde el 2015. No se informan consumos relevantes. No posee personal en relación de dependencia. No posee bienes registrables, salvo un automotor Gol 1.6 5 puertas modelo 2010. En el período fiscalizado emitió facturas electrónicas de ventas por un monto total de $ 10.041.368,56 (desde marzo 2018 a abril 2019). No hay coherencia entre los importes facturados y el nivel de vida de la contribuyente.
En nota declaró como domicilio del depósito de aceite Lugones 6005 y los funcionarios de AFIP verificaron que es Lugones 6027. En dicho domicilio hay una casa de familia, donde hay botellas de aceite de 5 lts. y bidones. La proveedora reveló no saber el precio de venta del aceite ni con qué porcentaje remarca. Respecto al vidrio, cartón y chatarra expresó que lo compra al cirujeo en un predio en El Borbollón, que no recuerda donde queda exactamente. Informó que el cartón y la chatarra se prensa en el depósito y que respecto al transporte a veces contrata un flete, otras veces lo llevan las mismas personas a las que se los ha comprado. La proveedora manifestó que el transporte del material reciclado lo realizan los changarines, sin embargo del cruce de los sistemas informáticos de esta Administración con los vendedores las liquidaciones de compra aportadas, se infiere que varios son empleados en relación de dependencia y tienen bienes registrables a su nombre, por lo que no pueden ser considerados como "changarines". Otros no están inscriptos en ningún impuesto ni actividad, tampoco tienen automotores que permitan realizar el transporte del material reciclado, por lo que no se puede determinar cómo se transportó 2.322.234 kg. de residuos.
Cattorini Hnos. S.A. aportó detalle de pagos efectuados para cancelar las operaciones con el proveedor, las cuales corresponden a transferencias bancarias desde la cuenta en el Banco Credicoop, con excepción de dos cheques emitidos a través del BBVA.
Se circularizó al banco Credicoop para que informara las cuentas pertenecientes a Carrizo Romina Lourdes (hoja 95/6). En su respuesta informó la Cuenta Corriente pesos N° 115-020553-8 que se encontraba radicada en la sucursal 115-Mendoza con fecha de baja 26/06/2019, aportando asimismo resúmenes mensuales en formato pdf (hojas 103 a 165 cpo. Proveedor).
De la lectura de los mismos se visualizaron las acreditaciones por las transferencias realizadas por Cattorini SA como así también en los días siguientes surgen débitos cuyas leyendas corresponden principalmente a “Pago cheque por caja titular de cuenta y Retiro en efectivo por caja de cuenta corriente”.
Como resultado de la fiscalización se impugnan las operaciones realizadas por Cattorini Hnos SA con los proveedores mencionados ut supra, y se realiza un ajuste correspondiente a la utilización de facturas emitidas por contribuyentes sin capacidad económica, donde, tanto la operación como los pagos resultaron simulados para el organismo fiscal, y los comprobantes fueron destinados a aumentar el gasto o computar crédito fiscal sin que se verifique actividad alguna.
V. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si las resoluciones apeladas se ajustan o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referidos a la tacha de apócrifos de los proveedores cuestionados y la prueba producida a lo largo del presente. Que entrando al análisis de la impugnación de los citados proveedores, corresponde señalar que uno de ellos se trata de operaciones por prestación de servicios -SANZ- y el resto por compras de vidrio mezcla -DIAZ, MUÑIZ, MARCH DE ARGENTINA S.A. Y CARRIZO-.
En cuanto a la prueba documental aportada por la actora principalmente radica en los legajos confeccionados para cada uno de los proveedores cuestionados, exponiendo un muestreo que cruza la documentación respaldatoria de las mismas.
Por otra parte, en lo relativo a la prueba pericial contable producida en esta instancia en IF-2024-130509824- APN-DTD#JGM se desprende que la empresa disponía de fondos suficientes para cancelar las facturas cuestionadas, más allá de girar en descubierto en ocasiones y que casi la totalidad de las mismas, se cancelaron mediante transferencia bancaria, a cuentas cuyo beneficiario coincide con el cliente, emisor del comprobante. Con excepción del proveedor Gustavo Ernesto Sanz, que las facturas fueron abonadas con cheques, que son propios de CATTORINI HNOS., de los que se detalla el número del cheque y el banco de los que se debita el dinero. No son cheques de terceros, y su beneficiario coincide con el cliente, emisor del comprobante.
En adición, el perito de la actora señala que las órdenes de pago coinciden con las facturas y las transferencias. Afirma que el circuito de pago es perfecto. No hay ningún pago en efectivo, que esta todo bancarizado. En cuanto al perito del Fisco Nacional se remite a las conclusiones y resultados de las circularizaciones efectuadas en la instancia administrativa y detalladas en el informe final de inspección -conclusiones que ya se reseñaron en el considerando anterior-.
VI. Que definidos los extremos precedentes, huelga pronunciarse sobre la determinación efectuada en torno al Impuesto al Valor Agregado en autos en relación a todos los proveedores cuestionados.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que, en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los servicios y bienes involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Asimismo, la prueba aportada en esta instancia no es idónea para revertir dichos indicios y acreeditar que se trataban de los verdaderos proveedores.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, los meros cumplimientos de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Asimismo, cabe poner de resalto que en casos como el presente cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que solo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional. Al respecto, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Molinos Río de la Plata SA”, el 25/8/2015, la aquí recurrente carecería de legitimación para efectuar el citado reclamo en atención a que las retenciones ingresadas constituyen un anticipo del gravamen en cabeza de sus proveedores. Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar la Resolución Nº 134/2023 en cuanto determina el Impuesto al Valor Agregado. Con costas.
VII. Que en cuanto a la determinación del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a las Ganancias Salidas No Documentadas, corresponde distinguir el análisis respecto del prestador de servicios Sanz de los proveedores Diaz Lidia, Muñiz, March de Argentina y Carrizo que vendieron bienes a la recurrente.
En efecto en cuanto a Gustavo Ernesto Sanz, no solo no se probó que era el verdadero proveedor como se expuso en el considerando anterior sino que no se pudo acreeditar la existencia del servicio prestado ni que fuera el verdadero beneficiario de los fondos. En consecuencia, cabe concluir que su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, atento que la actora no logró derribar la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registra con la actora.
Ahora bien, respecto de Diaz Lidia, Muñiz, March de Argentina y Carrizo se evidencia que los elementos colectados por la inspección no resultan suficientes para fundar la impugnación fiscal en los impuestos a las Ganancias y Salidas No Documentadas, ya que no se ha demostrado de manera suficiente la inexistencia de los bienes, por el contrario de la probanza de autos se evidencia que los mismos fueron ingresados a las instalaciones de la recurrente de autos.
En efecto, los agravios de la recurrente referidos a la efectiva existencia de los bienes, se encuentran acreditados con la prueba documental aportada en la causa, con el cruce de los datos de las facturas, remitos de los bienes y de los transportes efectuados, pesajes, fotos de los vehículos con los ingresos de los bienes, entre otros elementos colectados que permiten junto a la pericial contable concluir en la real existencia de los mismos. Más aún, cabe advertir que de la documental aportada oportunamente por la contribuyente surgen los datos de los transportistas, perono se evidencia que la Administración hay intentado siquiera circularizar a los mismos.
En lo que aquí interesa, el art. 17 de la LIG prevé que "Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga", mientras que, el art. 80 de la citada ley dispone que "Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina".
A su vez, el artículo 55 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias establece que cuando existan indicios suficientes de que tales erogaciones han sido destinadas a la adquisición de bienes, la erogación será objeto del tratamiento que dispensa la ley a los distintos tipos de bienes, según el carácter que invistan para el contribuyente.
Asimismo, respecto de la determinación del Impuesto a las Ganancias como en el acto determinativo de Salidas No Documentadas, se reiteran los fundamentos de la resolución del Impuesto al Valor Agregado. No obstante, dichos razonamientos no alcanzan a desvirtuar en sustancia la propia operación discutida, en tanto no se trata aquí de la atribución de prestaciones a un proveedor, sino de establecer, según la realidad económica, la procedencia de la deducción de los gastos en que indispensablemente se haya incurrido para obtener las ganancias gravadas o mantener y conservar la fuente que las produce.
Que respecto al ajuste relativo al Impuesto a las Ganancias -Salidas no Documentadas- se destaca que el artículo 37 de la Ley del tributo que nos ocupa establece que cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento que se considerará definitiva.
Sin embargo, por su parte, el artículo 38 de la citada ley expresa que no se exigirá dicho ingreso en los casos en que se presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes o cuando se presuma que los pagos no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario.
Que conforme lo expuesto, por aplicación de lo establecido en el artículo 38 de la ley de Impuesto a las Ganancias -antes referido-, cabe concluir que las erogaciones fueron efectuadas para adquirir bienes, por lo que no resulta exigible el pago en concepto de Salidas no Documentadas.
En consecuencia, tal como surge del análisis realizado respecto de la prueba señalada, no se contaría con elementos suficientes a efectos de considerar la inexistencia de los bienes involucrados en los ajustes de marras, más allá de quienes hubieran sido los reales prestadores de los mismos, con la salvedad indicada sobre el proveedor Gustavo Ernesto Sanz de quien no se pudo probar el servicio efectuado.
Ello así, voto por confirmar el ajuste relativo al proveedor Gustavo Ernesto Sanz en las Resoluciones Nros. 135/2023 y 136/2023 y revocar el ajuste determinado en aquellas por los restantes proveedores en el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas- recurridos en autos. Con costas conforme los respectivos vencimientos.
VIII. Que por su parte, en relación a los intereses resarcitorios determinados respecto de los ajustes confirmados cabe su confirmación ya que cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que resta tratar si la multa aplicada en autos, en lo que respecta al ajuste en el impuesto al valor agregado con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a), b) y c) de la Ley 11.683, se ajusta a derecho. Que, con relación a la sanción por defraudación debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las multas previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”. En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no solo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada N° 134/2023 en cuanto determina impuesto al valor agregado, con más accesorios y multa, con costas a la recurrente.
2. Confirmar las resoluciones apeladas N° 135/2023 y 136/2023 en cuanto determinan impuesto, con más accesorios -Resolución Nº 136/2023-, relativo al proveedor Gustavo Ernesto Sanz, con costas a la recurrente.
3. Revocar las resoluciones N° 135/2023 y 136/2023 correspondientes al Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas- por los restantes proveedores. Con costas al Fisco Nacional.
4. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.04.03 14:16:36 ART Date: 2025.04.03 15:16:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.03 15:58:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.03 16:00:20 -03:00
Fin de la sentencia