Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución. Costas por su orden.
Regísteres, notífiquese y oportunamente archívese.
I. Que mediante RE-2024-55614259-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 12/2024 (DV RRMR) de fecha 07/05/2024, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI.
El apelante impugna la mencionada resolución mediante la cual se determinó de oficio sus obligaciones relativas al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2021, por un total de $26.571.801,66 con más intereses resarcitorios por $50.675.437,25 y resolvió aplicar una multa de $26.571.801,66 equivalente al 100% del impuesto dejado de ingresar, bajo las previsiones del artículo 45 de la Ley 11.683.
Indica que el ajuste tiene origen en la Orden de Intervención Nº 1.997.936 que da cuenta del inicio de la fiscalización respecto del cumplimiento del Impuesto a las Ganancias contra la recurrente, como así también el Requerimiento Nº F.8600/I Nº 0210002022003003104 (del 26/01/2021) por medio del que la inspección actuante le solicitó información y documentación.
Señala que en la liquidación del impuesto a las ganancias, correspondiente al período fiscal 2021, computó del 100% del ajuste por inflación previsto en el Título VI de la ley del impuesto a las ganancias, pues de otra manera se presenta un supuesto de confiscatoriedad violatorio de su derecho de propiedad (art. 17 de la CN). Informa que interpuso demanda declarativa de inconstitucionalidad y que solicita la suspensión de las actuaciones ante este Tribunal.
Manifiesta que se encuentra tramitando ante el Juzgado Federal de Campana, Secretaria Civil N° 2, los autos “CAMBRE I. C. Y F. S.A. C/ AFIP S/ ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”
(Expte. N° 5037/2024) a fin de que se declare que la procedencia de computar la totalidad del resultado que arroja la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en el titulo IV de la LIG en la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2021. Ello, por el efecto confiscatorio que su aplicación produce en el caso concreto, deviniendo inconstitucional.
Detalla que la aplicación del ajuste por inflación impositivo diferida en sextos, tal como lo establecía el art. 194 de la ley de Impuesto a las Ganancias para el período 2021, implicaría para la sociedad una ganancia neta sujeta a impuesto $ 310.001.451,08, cuando su realidad es que las ganancias generadas por su actividad han sido de $ 221.428.778,88. Esto genera una tasa efectiva del 42% que excede ampliamente la alícuota del gravamen aplicable al 30%.
Cita la normativa involucrada, y jurisprudencia que apoya su postura, resalta que es claro que el diferimiento resulta contrario a la Constitución Nacional, pues se encuentra en infracción con los principios de capacidad contributiva y de razonabilidad de la imposición, por cuanto la aplicación de tal régimen legal llevaría a la sociedad a tributar sobre una renta neta ficticia y distorsionada, en la medida en que no permite reflejar en toda su magnitud la incidencia de la inflación, cayendo en el absurdo de anular los propios fines que el ajuste por inflación pretende.
Extensamente describe las afectaciones sufridas a los derechos amparados por nuestra Constitución Nacional, remarcando que existe en el caso una violación al principio de no confiscatoriedad, al principio de capacidad contributiva. Plantea agravios contra los intereses resarcitorios y sanción aplicada la que considera que es ilegítima por falta de configuración de los elementos objetivo y subjetivo. Considera aplicable al caso la causal de error excusable.
Ofrece prueba documental, informativa y pericial contable y formula reserva del caso federal, solicitando se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, mediante IF-2024-87426015-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el recurso, se opone a la solicitud de la actora de que se suspenda el presente juicio hasta tanto recaiga sentencia judicial firme respecto de la acción declarativa interpuesta por esa parte en la Justicia Federal, por ser improcedente dicha solicitud. Advierte que, si bien la apelante no le otorga a tal planteo el carácter de “excepción”, la Ley N° 11.683 (t. o. 16 en 1998 y sus modificaciones) le asigna tal carácter al contemplarlo en el artículo 171, y agrega que con sus manifestaciones la actora estaría alegando la existencia de identidad de objeto, partes y fundamentos; y efectúa su petición de manera “preliminar”.
Manifiesta que en relación a la suspensión del proceso solicitado por la recurrente, la misma deviene improcedente, dado que se trata de procesos que tienen un objeto distinto y que no se da el supuesto de que una misma pretensión sea juzgada dos veces, con más razón, habida cuenta de la restricción jurisdiccional que prevé el art. 185 de la Ley Nº 11.683, t.o. vigente.
En cuanto al fondo de la cuestión destaca que, si bien la contribuyente alega la afectación de principios constitucionales (tales como el de no confiscatoriedad, el derecho de propiedad, etc.) no logra probar en modo alguno cómo es que éstos resultarían violentados en el caso concreto de autos, por lo que entiende que su planteo -además de improcedente- deviene abstracto.
Esgrime que el diferimiento como solución se consagró dentro de un procedimiento legislativo producto del natural juego republicano y constitucional, es decir que, el Poder Legislativo sancionó con fuerza de ley la posibilidad de acudir al mecanismo de ajuste por inflación (Ley 27.541) conforme el citado artículo 194. Señala que ello así tiene el deber de llevar adelante sus funciones y facultades conforme la Ley vigente, motivo por el cual no se entiende el agravio de la actora, dado que, pretende para su caso que el Organismo Recaudador no aplique la ley. Expresa que no existe duda interpretativa respecto a la imputación en seis (6) ejercicios fiscales y partes iguales del resultado por inflación del período, sea este positivo o negativo, habiendo debido computar un sexto (1/6) en el ejercicio 2021 y diferir el resto.
Señala que corresponde la aplicación de los intereses aplicados y la sanción prevista en el art. 45 por configurarse la infracción allí prevista, se opone a la prueba ofrecida, se reserva el caso federal y se solicita se confirme la resolución apelada con costas.
III. Que el Tribunal por PV-2024- -APN-VOCV#TFN resuelve, elevar los autos a la Sala a fin de tratar el planteo de suspensión del proceso efectuado por la recurrente. En IF-2024-92636003-APN-VOCV#TFN se rechaza dicha petición.
Posteriormente, mediante PV-2024-115019951-APN-VOCV#TFN se abre la causa a prueba y se hace lugar a la prueba pericial ofrecida. En IF-2025-39333767-APN-DTD#JGM se encuentra agregada la pericial contable.
IV. Que en atención al estado de la causa por PV-2025-44292691-APN-VOCV#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2025-47869759-APN-VOCV#TFN los pone para alegar, producidos los alegatos, mediante IF-2025-60154494-APN-VOCV#TFN llama autos para sentencia.
V. Que a los efectos de resolver la cuestión de fondo traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
VI. Que a fin de lograr una mayor claridad expositiva, cabe realizar un análisis de las normas aplicables al caso traído a decisión de este Tribunal.
Que el mecanismo denominado “ajuste por inflación” está expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, estableciéndose el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste. Por su parte, las leyes 27.430, 27.468 y 27.541, introdujeron diversas modificaciones en este aspecto. También por Decreto Nº 824/2019 se aprobó un nuevo texto ordenado de la Ley de Ganancias, que será al que se hará referencia a continuación, a los efectos del análisis de la normativa aplicable al caso de autos.
En efecto, el artículo 105 del mencionado texto ordenado establece que “...los sujetos a que se refieren los incisos a) a e) del artículo 53, a los fines de determinar la ganancias neta imponible, deberán deducir o incorporar al resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación que se obtenga por la aplicación de las normas de los artículos siguientes”.
Por su parte el artículo 106 establece el procedimiento a seguir a los efectos de practicar el ajuste por inflación al que se refiere el artículo anterior, disponiendo en lo que en este caso interesa, en sus dos últimos párrafos lo siguiente: “El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 93, acumulado en los TREINTA Y SEIS (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al CIEN POR CIENTO (100 %)”.
“Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %), un TREINTA POR CIENTO (30 %) y en un QUINCE POR CIENTO (15 %) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente.”
Por otra parte, el artículo 194 (texto según Ley 27.541) establece: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de impuesto a las ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”.
Asimismo el artículo 93 del texto legal que venimos analizando dispone que: “Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 24.073. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 62 a 66, 71, 78, 87 y 88, y en los artículos 98 y 99, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor nivel general (IPC) que suministre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, conforme las tablas que a esos fines elabore la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS”.
VII. Sentado ello, siguiendo la tónica marcada por nuestro Máximo Tribunal, cabe pronunciarse sobre los agravios de la apelante que intentan poner en evidencia un menoscabo en su derecho de propiedad, implicando la confiscatoriedad del impuesto discutido de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación en su totalidad, como única tangente válida admitida para hacer lugar hipotéticamente, en cada caso concreto, al ajuste solicitado. Que, al respecto, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
Que, a fin de resolver la cuestión ventilada en estos autos, ha de estarse al criterio de la Corte Suprema que, a partir del precedente "Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo", sentencia del 3/7/2009, viene resolviendo en toda cuestión análoga en el sentido de si se adecuan o no los hechos de la causa con los parámetros establecidos en dicha oportunidad (véase “Pettiti Automotores S.A.”, del 04/05/2010; “Carlisa S.A.”, del 07/09/2010 y “Pontoni, Roberto Luis y otros S.H.”, del 17/05/2011).
Que, así, en lo principal, el Alto Tribunal discurrió: “Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial - Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”.
“Que en orden a ello, cabe destacar que en el caso, el Tribunal tiene especialmente en consideración que se trata de un ejercicio -el correspondiente al año 2002- signado por un grave estado de perturbación económica, social y política que dio lugar a una de las crisis más graves de la historia contemporánea de nuestro país, que fue reconocido por el Tribunal en oportunidad de pronunciarse en Fallos: 328:690, 329:5913 y 330:855...”. “Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (confr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, y en virtud de las conclusiones arribadas en los considerandos 8° y 9° del presente decisorio, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
Que, en consecuencia, las pautas rectoras que pueden extraerse de dicho precedente para delimitar la aplicación de la doctrina de la no confiscatoriedad en el impuesto a los réditos, son de carácter sustancial y no nominal, toda vez que el Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que, conforme las pruebas de la causa, entendió que en dicho caso el pago del impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste discutido, al representar para Candy S.A. más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas por inflación, resultaba confiscatorio.
Que, siendo ello así, ha de señalarse que habiendo advertido el citado Tribunal la desmesurada incidencia real del gravamen por la no aplicación del ajuste por inflación, el mismo concluyó que la ganancia neta determinada sin ajuste por inflación, no es adecuadamente representativa de la renta que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar (utilidades reales en lugar de ganancias ficticias). No obstante, ello deberá evaluarse en cada caso, en tanto no existe una línea divisoria absoluta que permita delimitar hasta dónde resulta aceptable en este contexto que la alícuota efectiva exceda a la legal, es decir, hasta qué punto se tolera cierta distorsión inflacionaria.
Que sentado ello, y en relación a la objeción expuesta por el Fisco Nacional en cuanto a que las condiciones del período fiscal objeto de autos -correspondiente al año 2021- difieren de las acontecidas y valoradas por la C.S.J.N. al tiempo de expedirse en el Fallo “Candy” (circunstancias críticas del país durante el año 2002), cabe reconocer que en efecto a diferencia de lo que ocurría entonces, la legislación actual aplicable al caso de autos reconoce la necesidad de que se practique el citado ajuste, sujeto a determinadas condiciones y con ciertas limitaciones. Ello así, además, cabe destacar que la confiscatoriedad no se encuentra condicionada a un año fiscal determinado sino a la configuración de las circunstancias fácticas que constituyan tal supuesto en el año fiscal de que se trate.
En otro orden, al respecto, cabe agregar que, conforme la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI” de fecha 25/10/2022, con remisión al dictamen de la Procuración Fiscal donde señala que “Por un lado, nada encuentro en la sentencia de la causa “Candy” que permita inferir que V.E. haya consagrado al título VI de la LIG como único mecanismo de ajuste permitido para demostrar la confiscatoriedad del tributo. Por otra parte, de la lectura de la LIG se desprende que, además del mecanismo previsto en su título VI, dicha ley permitía también reflejar las variaciones de precios para el cálculo de: a) las amortizaciones impositivas de bienes muebles (art. 84, primer párrafo, inc. 2º, LIG), inmuebles (art. 83, tercer párrafo, LIG) e inmateriales (art. 84, segundo párrafo, LIG); b) los costos impositivos computables correspondientes a los bienes muebles, inmuebles, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares enajenados (arts. 58, 59 y 60 de la LIG); y c) los quebrantos (art. 19 LIG). El estudio de tales preceptos conduce a colegir, sin hesitación, que la LIG regulaba en dichos rubros el impacto de las variaciones de precios ocurridas desde su fecha de alta hasta la correspondiente al mes de la fecha de cierre del periodo fiscal que se liquidaba y, para morigerar tales efectos, expresamente preveía la posibilidad de ajustarlos mediante los índices fijados por el INDEC (ver arts. 58 y 59, en cuanto allí remite al art. 89 de la LIG)”.
En el caso concreto de autos, es dable hacer extensiva la solución propuesta a la cuestión aquí analizada -período fiscal 2021- en atención a las conclusiones que este Tribunal extrae del informe pericial contable producido ante esta instancia.
En efecto, las conclusiones del informe pericial presentado por los peritos contadores mediante IF-2025- 39333767-APN-DTD#JGM llevan a este Tribunal a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en los considerandos 7° y siguientes del precedente “Candy” de la Corte. Cabe destacar que esta Sala se ha pronunciado en el mismo sentido en el precedente “ITA SA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA EN ACEROS SA (TF 111430918-I)” del 6/09/2024 -entre otros- que la Cámara ha confirmado en fecha 15/05/2025.
Que del informe pericial surge que el Ajuste por Inflación Impositivo Estático y Dinámico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 considerando la totalidad del ajuste determinado en función a la aplicación de las normas del Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019) asciende a una pérdida de $ 106.287.206,64; por otro lado, considerando el importe correspondiente al cómputo según lo previsto por el artículo 194 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019), el 1/6 de ajuste por inflación computable según el artículo 194 de la LIG asciende a una pérdida de $ 17.714.534,44. Dicha norma es la que establece computar sólo 1/6 del ajuste por inflación impositivo (Estático y Dinámico) correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021 por lo que se requiere dividir por seis la pérdida total del ajuste por inflación del punto mencionado precedentemente.
Surge del informe pericial que el Impuesto a las Ganancias determinado para el ejercicio fiscal 2021 tras aplicar la limitación del 1/6 es de $93.000.435,32 y el Impuesto a las Ganancias determinado para el ejercicio fiscal 2021 sin aplicar la limitación del 1/6 da la suma de $66.428.633,66. Conforme los datos expuestos anteriormente, el porcentaje que representa el impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2021 calculado aplicando 1/6 del resultado del ajuste por inflación, respecto del resultado impositivo ajustado por inflación sin la limitación ($ 221.428.778,88), asciende al 42%.
Agrega que, el Resultado impositivo del ejercicio fiscal 2021 tras aplicar la limitación del 1/6 es de $310.001.451,08 y sin aplicar la limitación del 1/6 de $221.428.778,88, del cociente de ambos resultados impositivos, se obtiene un índice que da como resultado: 1.40. Asimismo, que el Impuesto a las Ganancias determinado para el ejercicio fiscal 2021 tras aplicar la limitación del 1/6 es de $93.000.435,32 y sin aplicar la limitación del 1/6 de $66.428.633,66 obteniendo una diferencia entre ambos métodos de cálculo de $26.571.801,66. Así, informan que la diferencia entre ambos métodos de cálculo representa un 40% del Impuesto a las Ganancias determinado para el ejercicio fiscal 2021 sin aplicar la limitación del 1/6 (93.000.435,32 - 66.428.633,66) / 66.428.633,66).
Es dable agregar lo señalado por la Alzada en la causa “ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC (TF 123459521-I) de fecha 11/07/2024 en la que confirma la sentencia de esta Sala que dispone “En respuesta al primer agravio reseñado y teniendo en cuenta que las conclusiones del informe pericial contable producido en la instancia anterior no han sido objeto de cuestionamiento, cabe estar a lo resuelto por esta Sala in re “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Direccion General Impositiva”, sent. del 10/06/21. En esa oportunidad el Tribunal sostuvo que, aun cuando las diferencias no resultaban idénticas a las examinadas por la Corte en “Candy” (46,72% vs. 62%), la adopción de la tesitura fiscal no podía admitirse, pues implicaría —lisa y llanamente— la asunción por la contribuyente de una obligación tributaria que resulta confiscatoria respecto de la renta obtenida en el periodo 2015 al exceder de modo considerable la alícuota prevista en la ley de Impuesto a las Ganancias (doctrina replicada en el pronunciamiento dictado por este Tribunal in re “RPB Sociedad Anónima c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/03/22 en el que la alícuota efectiva ascendía a 47,70%). En esa misma línea, esta Cámara ha precisado que la ausencia de coincidencia con los porcentajes verificados en “Candy” no obsta a la aplicación de su doctrina en supuestos con cifras menores, con fundamento —invocada por el propio precedente de la Corte— en la magnitud de la desproporción entre las sumas exigibles. Así, se ha sostenido que, “en la medida en que la alícuota prevista en la ley del gravamen es del 35%, un porcentaje superior —en principio— redunda en un supuesto de confiscatoriedad en los términos que ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciendo aplicación de los arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional” (Sala III, “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 24/04/18; Sala II, “Central Piedra Buena S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. Del 16/07/15). Asimismo, este ha sido el temperamento adoptado recientemente por el Alto Tribunal al resolver la causa caratulada “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa “Paolini Hnos. S.A. c/ EN – AFIP – DGI s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 21/05/24, en la que aplicó el precedente “Candy” cuando la alícuota efectiva del impuesto representaba el 43,57% de la base imponible”.
Que de acuerdo con lo expuesto y a las conclusiones arribadas en los considerandos que anteceden, cabe concluir que la limitación de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación establecido en el Título VI de la ley de impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos por la CSJN en la causa "Candy", dado que el impuesto determinado por la AFIP excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad.
Que, en consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio en esta instancia. Costas por su orden en atención a las particularidades y complejidad del caso en examen. Que por lo expuesto, se
Revocar la resolución. Costas por su orden.
Regísteres, notífiquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.06.10 11:45:01 ART Date: 2025.06.10 12:22:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.10 15:08:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.10 15:09:33 -03:00
Fin de la sentencia