Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-87329844-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1° de la Resolución Fallo N° 496/2022 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento Aduana de Mendoza, en fecha 06/07/2022, en la actuación SIGEA N° 12048-560-2014. Costas a cargo de la coactora importadora.
2Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución Fallo N° 496/2022 (AD MEND)
Declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE CON 41/100 CVOS. (U$S 271.311,41) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite de la suma máxima asegurada en la póliza N° 275131. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 56 % a cargo de las coactoras y en un 44 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-125342527-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Noviembre de 2025 APN-SGASAD#TFN;INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y otro Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el Expediente EX-2022-87329844- -APN- SGASAD#TFN “INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. C/DGA s/ recurso de apelación” y su acumulado Expediente N° EX-2022-87752267--APN-SGASAD#TFN “ AFIANZADORA LATINOAMERICANA CÍA. DE SEGUROS S.A. C/DGA s/ recurso de apelación”
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Fallo N° 496/2022 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento Aduana de Mendoza, en fecha 06/07/2022, en la actuación SIGEA N° 12048-560-2014, en cuanto condena a la coactora importadora al pago de una multa equivalente a $ 2.220.412,51 formulándole cargo, así como a la garante AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S 271.311,41 y $1.734.660,71 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias), atento a encontrar a la firma responsable de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en virtud de la mercadería importada temporariamente mediante destinación N° 13038IT04000029G, con vencimiento el 29/07/2014 (prórroga).
II. Fundamentos de las apelaciones:
*Coactora importadora: A través del IF-2022-87329689-APN-DTD#JGM la coactora importadora se presenta e interpone recurso de apelación contra la resolución apelada. Relata los antecedentes del caso y desarrolla sus agravios. Relata que, mediante el permiso de embarque N° 14038EC02000597R, oficializado en fecha 28/07/2014-con anterioridad a la fecha de vencimiento de la prórroga-la mercadería ingresó a zona primaria aduanera, contando con el verificado conforme. Explica los alcances de la previsión del art. 269 del C.A. y asevera que el servicio aduanero desconoció la norma. Como consecuencia de ello, argumenta que el servicio aduanero afectó el principio de legalidad y reserva de ley en materia tributaria. Adiciona que la destinación de exportación fue objeto de verificación física y documental en la Aduana de Mendoza, en forma previa al vencimiento del plazo. Agrega que el tránsito de exportación de la mercadería hacia la Aduana de Campana- en fecha posterior al vencimiento- no impide aplicar la previsión del art. 269 del C.A. En subsidio, impugna la liquidación tributaria, puntualmente, en cuanto a la moneda en la que fue formulada y a la inclusión de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
*Coactora aseguradora: Mediante el RE-2022-87751634-APN-SGASAD#TFN, en fecha 23/08/2022, se presenta la coactora aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA CÍA. DE SEGUROS S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución antes citada. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos que dieron origen a la causa. A continuación, explica que se afectó el derecho a obtener una decisión en plazo razonable notificándose la resolución condenatoria nueve años después de la oficialización de la destinación. Cita jurisprudencia. Se expide en relación a la naturaleza jurídica del seguro de caución y a los alcances de su responsabilidad. Recuerda el precedente “CLADD” en lo que hace a la improcedencia de la inclusión de los rubros de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Recuerda que el deber de responder debe circunscribirse al límite de la póliza Nro. 275131 (Garantía 13038000672M). En subsidio, plantea la confiscatoriedad de la tasa de interés aplicable a los tributos aduaneros. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación de los traslados:
Mediante el IF-2022-133822462-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas de la causa. Luego de relatar los hechos del caso, formula una negativa general. Se opone al planteo de la actora relativo a la afectación de la garantía a ser juzgado en plazo razonable. Reseña las previsiones del C.A. que entiende aplicables. Afirma que existe un contrato de garantía y que la aseguradora fiadora, al haber acaecido el siniestro, debe responder tal lo pactado, cancelando los cargos, conforme la normativa vigente en la legislación aduanera. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas. Por cauce del IF-2022-128062425-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Luego de relatar los hechos del caso, formula una negativa general. A continuación, contesta los agravios de la actora. Enfatiza que la infracción endilgada se configuró cuando venció el plazo otorgado, amén de la invocación que hace del art. 269 del C.A, ya que la mercadería habría ingresado a Zona Primaria de la Aduana de Campana con posterioridad. Recuerda que el importador, a quien se le han otorgado los beneficios del régimen preferencial sin el pago previo de tributos, no ha guardado en forma diligente el cumplimiento de los deberes a su cargo. Explica el funcionamiento del sistema de la carga de la prueba, la que recae sobre la beneficiaria. Defiende la liquidación tributaria, salvo en lo que hace a la inclusión del IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, rubros respecto de los cuales se allana. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12048-560-2014 (archivo embebido al IF-2023-23049492-APN-DTD#JGM) se inician a fs. 1/9 con la solicitud de suspensión del plazo de permanencia otorgado en la destinación objeto de autos. A fs. 14 se emitió la Nota N° 375/14 (DE TEIM) donde se resolvió no hacer lugar a lo solicitado. A fs. 20/46 se incluyen copias de la operación en trato y, a continuación, las constancias que dan cuenta de autorización de importación conferida por el plazo de 240 días, en virtud del art. 31 1 d) del Decreto N° 1001/82. A fs. 74 se adjunta acta de denuncia N° 464/14. A fs. 76 luce el aforo de la mercadería y se determinaron los tributos. A fs. 79 y vta. se dispone la instrucción de sumario, en fecha 04/12/2018. A fs. 80 se ordena la corrida de vista, notificada a fs. 82 a la coactora importadora, en fecha 18/12/2018 y a fs. 107 a la coactora aseguradora, en fecha 13/12/2021. A fs. 83/92 y 110/117 se incluyen las respectivas contestaciones de vista. A fs. 121 se agrega la póliza que garantiza la operación. A fs. 122/124 vta. se dicta el acto apelado, notificado a fs. 126 y 128. A continuación, se agregan constancias que dan cuenta de la interposición de los recursos de apelación y acompañados los formularios F4.
V. Que en fecha 06/11/2025, por PV-2025-123573082-APN-VOCXXI#TFN se elevaron los autos a la Sala “G” y, en la misma fecha, pasaron a sentencia (IF-2025-123558799-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que mediante la destinación de importación temporal N° 13038IT04000029G INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA importó temporalmente, en fecha 03/04/2013 (Aduana de Mendoza), ruedas hidráulicas para turbinas, autorizada por el régimen del Decreto N° 1001/82, que-en lo que aquí interesa-dispone: “Art. 31.- A los fines de lo previsto en el artículo 252 del Código Aduanero y sin perjuicio de lo establecido en regímenes especiales: 1. Consideráse susceptible de ser sometida al régimen de importación temporaria la siguiente mercadería (…) d) las máquinas y aparatos para ensayos, que hubieren de someterse a pruebas o controles, o bien aquellos que en espera de la entrega o de la reparación de mercadería semejante se pusieren gratuitamente a disposición de un cliente por el proveedor o el reparador, según fuere el caso.”.
A raíz de una prórroga concedida, el vencimiento original fue ampliado, resultando el nuevo plazo en fecha 29/07/2014.
VII. Que en su escrito inicial (IF-2022-87329689-APN-DTD#JGM) la coactora importadora se agravia puntualmente de que el servicio aduanero “ha priorizado el ingreso de mercadería en tránsito a la aduana de salida (Aduana de Campana) y no, como efectivamente hubiera correspondido, en priorizar la zona primaria de la aduana donde se oficializó el permiso de embarque y la zona primaria aduanera donde se practicó la verificación de la mercadería (Puerto Seco Mendoza, bajo jurisdicción de la Aduana de Mendoza).”
Añade que “al tiempo de la declaración de la destinación 14038EC02000597R, fue expresamente seleccionada la ventaja: “ING-DEP-PROV-EXP” (ver campo “Ventajas” del permiso de embarque); hechos y circunstancias que acreditan, en forma fehaciente, el cumplimiento por parte de IMPSA de las condiciones fácticas previstas en el Art. 269 del C.A. para lograr los efectos de la cancelación de la temporal en trato.”
Que, a los efectos de conferir el encuadre jurídico correspondiente al caso, corresponde señalar que no se encuentra controvertido en autos que la coactora importadora oficializó (en fecha 28/07/2014, un día antes del vencimiento del plazo de la temporal) la destinación de exportación a consumo N° 14038EC02000597R ante la Aduana de Mendoza, incluyendo en su hoja de detalle la cancelación de la destinación en trato.
Surge del referido permiso que fue incluida en la opción “opciones y ventajas” la leyenda “ING-DEP- PROV-EXP” y que la mercadería debía ser trasladada a la Aduana de Campana (conf. se desprende de la hoja de ruta incluida en el permiso).
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales.
Que, en miras al desarrollo del caso bajo análisis, es necesario precisar que la previsión del art. 269 del C.A. citada por la coactora importadora como sustento cuasi principal de su argumento defensivo no puede ser interpretada de forma aislada, ni mucho menos separada del sistema normativo del que forma parte. En efecto, el artículo establece que “Aun cuando no se hubiere reexportado definitivamente se considerará cumplida la obligación de reexportación asumida en el régimen de importación temporaria si, con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia acordado, se hubiere ingresado la mercadería en depósito provisorio de exportación y solicitado la pertinente destinación de reexportación a consumo.”
IX. A todas luces, existe una inescindible relación entre la prescripción del art. 269 y la efectiva reexportación de la mercadería, obligación principal del régimen.
El Dr. Basaldúa lo explica desde la finalidad del art. 269 del C.A., cuyos términos comparto: “Que la principal obligación del régimen de importación temporaria es la de reexportar la mercadería dentro del plazo fijado al efecto. Como pueden presentarse ciertas dificultades, tales como la no obtención de bodega para embarcar la mercadería en plazo, este artículo permite considerar cumplida la obligación de reexportar si el importador temporario entrega la mercadería en zona primaria aduanera bajo el régimen de depósito provisorio de exportación y solicita la exportación para consumo atento a que ello implica dar principio de ejecución a los trámites tendientes al cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería. En consecuencia, esta modalidad requiere del cumplimiento efectivo de la exportación definitiva solicitada. (conf. Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Juan P. Cotter (h.), Ana L. Sumcheski, Guillermo Vidal Albarracín (h.) Código Aduanero Comentado", Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, página 562). (El resaltado es propio, Sala “F”, en autos “TARCOL S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación", expediente n° 27.403-A, 12/07/2016).
Que, en efecto, no solamente no existen constancias en autos, ni surge de las actuaciones administrativas como tampoco de la prueba aportada por las coactoras, que acrediten la reexportación de la mercadería. Más aún, de los antecedentes de la causa, se advierten constancias documentales que dan cuenta de una interacción (vía correos electrónicos de las cuentas oficiales @afip.gob.ar, fs. 69/70) entre personal de las Aduanas de Mendoza y Campana de las cuales se desprende que (al 17/11/2014) la mercadería se encontraba en la terminal, sin carga programada a ningún buque. Anteriormente, se había informado que el buque BCC AFRICA (incluido en el permiso de embarque) no arribó a puerto por razones ajenas a la Aduana. A mayor precisión, de fs. 75 de las act. adm. surge que el permiso venció en fecha 29/07/2014, se solicitó la rehabilitación el 16/09/2014, venciendo nuevamente el 26/10/2014. Que es claro entonces que no se encuentra probado en autos el cumplimiento efectivo de la obligación principal, cual es-como ya se señaló-la reexportación de la mercadería, más allá del ingreso a depósito provisorio de exportación antes del vencimiento del plazo.
Que, por lo expuesto, no cabe más que confirmar el art. 1° de la resolución apelada.
X. Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del CA, y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la coactora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la coactora importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C. Civil y Comercial).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la DGA no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
Que, así las cosas, corresponderá confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, y delimitar la obligación tributaria respecto de la coactora aseguradora con los límites de la suma máxima asegurada en la póliza N° 275131 (fs. 121) equivalente a $ 3.300.000.
XI. Que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, debe recordarse que la representación fiscal-al contestar el traslado del recurso- se allanó parcialmente en relación a los rubros de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias (IF-2022-128062425-
APN-DTD#JGM).
Al respecto, cabe recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria sin incluir las percepciones aludidas (conf., a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación: TOTAL ADEUDADO POR TRIBUTOS EN VIRTUD DE LA DIT 13038IT04000029G U$S 271.311,41.
XII. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Por lo tanto, los intereses corren, en el caso, para las coactoras desde el 06/01/2018 (cfr. constancias de notificación de fs. 82 y 107 vta. de las act. adm.), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Que, en virtud de todo lo expuesto, VOTO POR:
1).-CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución Fallo N° 496/2022 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento Aduana de Mendoza, en fecha 06/07/2022, en la actuación SIGEA N° 12048-560-2014. Costas a cargo de la coactora importadora.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución Fallo N° 496/2022 (AD MEND)
declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE CON 41/100 CVOS. (U$S 271.311,41) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite de la suma máxima asegurada en la póliza N° 275131. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 56 % a cargo de las coactoras y en un 44 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1).-CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución Fallo N° 496/2022 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento Aduana de Mendoza, en fecha 06/07/2022, en la actuación SIGEA N° 12048-560-2014. Costas a cargo de la coactora importadora.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución Fallo N° 496/2022 (AD MEND)
declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE CON 41/100 CVOS. (U$S 271.311,41) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite de la suma máxima asegurada en la póliza N° 275131. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 56 % a cargo de las coactoras y en un 44 % a cargo del Fisco.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.11.10 13:28:10 ART Date: 2025.11.11 09:37:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.11 11:54:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.11 11:55:05 -03:00
Fin de la sentencia